MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN.

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SANTIAGO, 23 de mayo de 2007

MENSAJE Nº 216-355/

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO.

Honorable Senado:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación.

I.ANTECEDENTES.

“La calidad se ha convertido en un concepto dinámico que tiene que adaptarse permanentemente a un mundo cuyas sociedades experimentan hondas transformaciones sociales y económicas. Es cada vez más importante estimular la capacidad de previsión y anticipación. Ya no basta con los antiguos criterios de calidad. A pesar de las diferencias de contexto, existen muchos elementos comunes en la búsqueda de una educación de calidad que debería habilitar a todos, mujeres y hombres, para participar plenamente en la vida comunitaria y para ser también ciudadanos del mundo.” (Mesa redonda ministerial sobre la Educación de Calidad, UNESCO, 2003, P.1).

La necesidad de mejorar la calidad de la educación de manera que ésta constituya eficientemente un instrumento para el desarrollo de cada una de las personas que conforman la comunidad nacional es uno de los temas de mayor consenso en nuestro país.

Dicha problemática, recogida por los más diversos sectores de nuestra sociedad, ha sido también recogida por el Gobierno, el que ha visto en los temas planteados por el movimiento estudiantil del año recién pasado una oportunidad real de avanzar en acuerdos efectivos para lograr no sólo una educación de calidad sino que también equitativa.

Por ello, el Gobierno, consciente de la necesidad de involucrar en las soluciones a todos los miembros de comunidad educativa, constituyó el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, organismo consultivo integrado por personalidades ligadas al campo de la educación y al cual le encargó la elaboración de un conjunto de recomendaciones que nos permitan elevar la calidad de la educación.

Dada la magnitud de los problemas enunciados y la necesidad de construir amplios acuerdos para hacer posible los cambios que nuestro sistema educacional requiere, las recomendaciones y deliberaciones que una instancia de diálogo inédita en nuestra vida republicana ha ofrecido, deben ser consideradas por el Gobierno y por los poderes públicos en la formulación de políticas y de marcos institucionales.

Acorde con dicha iniciativa, el Gobierno constituyó, además, un Comité de Ministros, cuya misión fundamental ha sido estudiar las propuestas y conclusiones del Consejo Asesor ya indicado y, en virtud del actual marco legal, proponer los proyectos de ley y otras medidas destinadas a implementar las reformas que mejoren cualitativamente la educación.

Una profunda reforma al sistema educacional requiere no sólo aumentar los recursos destinados a estos efectos, sino que contar con un marco regulatorio que permita los mejoramientos necesarios y, en especial, situar el objetivo de la calidad en el centro del sistema. Tales reformas deben considerar la elevación al carácter de constitucional del derecho a una educación de calidad, la modernización del marco institucional actual, de modo de garantizar un sistema que en su conjunto vele por que dicho derecho llegue a todos y, asimismo, una administración eficiente, responsable y transparente de los recursos destinados a ese fin.

Así, dentro de las medidas adoptadas, en junio del año 2006, se envió a la H. Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional dirigida a equilibrar el derecho a la educación con la libertad de enseñanza y a asegurar el derecho a una educación de calidad, reforma que aparece del todo necesaria para el profundo cambio que sobre la materia la sociedad chilena requiere y ha demandado.

Asimismo, en abril de 2007, se presentó a esa H. Cámara el proyecto de Ley General de Educación. Este tiene por objeto establecer y explicitar los principios, fines, deberes del Estado, derechos y obligaciones de los actores del proceso educativo y las disposiciones generales sobre los tipos, niveles y modalidades del sistema educativo, así como las normas que fijen el ordenamiento de un currículo nacional flexible, moderno, democrático y orientado a las necesidades del siglo XXI.

Pero dichas iniciativas no lo son todo. Para el logro de una educación de calidad se requiere de la existencia de un verdadero sistema integral de aseguramiento de la calidad, que permita que ésta llegue a todos. Por ello, un lugar destacado en las reformas educacionales lo ocupa la ley que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y que crea la Comisión Nacional de Acreditación, la que fuera aprobada y promulgada como ley de la República bajo el Nº 20.129, y que ha establecido una institucionalidad destinada a velar por la calidad de la educación en este ámbito, con nuevos instrumentos convergentes al mismo propósito de mejoramiento y reforma cualitativa de la educación de ese nivel.

Dentro de este sistema de aseguramiento de la calidad se encuadra el presente proyecto de ley, que crea una Superintendencia de Educación, concebida como una agencia de aseguramiento de la calidad, reforzando, al mismo tiempo, el rol de planificador y promotor de las políticas educativas que le corresponde al Ministerio de Educación.

Las reformas en materia educacional requieren, asimismo, abordar la modernización de la gestión de la educación pública y el financiamiento y su rendición de cuentas.

En esta línea, no es posible dejar de mencionar el proyecto en actual trámite que establece una subvención preferencial, destinada, por un lado, a incrementar los recursos a disposición de los establecimientos que atienden estudiantes de condiciones vulnerables y, por el otro, a estimular en ellos una gestión escolar que eleve sus logros de aprendizaje.

Por otro lado, para complementar este paquete de medidas que surgen del debate del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, también se encuentran en estudio iniciativas para mejorar y fortalecer sustantivamente la gestión educacional descentralizada, de manera que se logre elevar el desempeño de la educación pública y se mejore el uso de los recursos que el Estado invierte en la materia.

Todas las iniciativas señaladas constituyen parte del esfuerzo del Supremo Gobierno por hacerse cargo de las dificultades que presenta la oferta educacional de calidad a todos los sectores del país.

En consecuencia, el proyecto de ley que se inicia con este Mensaje forma parte de un programa de reformas educacionales que responden a las exigencias que la sociedad, las familias y los jóvenes están haciendo al sistema educativo.

II.EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.

Una responsabilidad primordial del Estado es honrar la confianza que las familias depositan en las escuelas y liceos donde estudian sus hijos. Para ello, es necesario establecer mecanismos de aseguramiento que protejan el derecho de los ciudadanos a recibir una educación de calidad.

Hoy, calidad, equidad y eficiencia presentan nuevos y diferentes desafíos. Sólo porque hay avances en cada uno de estos ámbitos nos preguntamos por nuevas tareas en cada uno de ellos. Los avances logrados son la base para plantearnos retos de mayor envergadura. Las nuevas demandas son consecuencia natural del incremento de las expectativas propias de los países que avanzan hacia el desarrollo.

En este sentido, los desafíos pendientes son de otro nivel, no se refieren a las condiciones de base. Al contrario, son referidos a la calidad y, por tanto, constituyen desafíos de segunda generación.

Chile puede proponerse una revisión de los dispositivos de calidad y equidad porque muchos de los restantes objetivos propios de su sistema educativo han sido alcanzados. Entre otros, deben destacarse las altas tasas de escolarización, el aumento del tiempo de escolaridad de sus alumnos, la inclusión de niños de los sectores más desfavorecidos, la generación de dispositivos compensatorios para escuelas con necesidades especiales, el establecimiento de un currículo actualizado, la profesionalización de su cuerpo docente, la mantención en el tiempo de herramientas de evaluación, la incorporación de innovaciones y el estrechamiento de la brecha digital, la existencia de mecanismos de evaluación de sus docentes y un significativo esfuerzo por ir aumentando su presupuesto para educación. En este sentido, Chile posee un activo previo, que permite concentrar su futura agenda educativa en el mejoramiento de la calidad y la equidad, es decir, en asegurar una educación de calidad para todos.

Desde la restauración de la democracia, en el año 1990, ha habido una espectacular expansión de las oportunidades educativas comparativamente con las existentes para generaciones anteriores. Sin embargo, los resultados de aprendizaje no han tenido los mejoramientos y progresos necesarios. Hay convencimiento que se puede y debe lograr mucho más y, a la vez, disminuir las brechas de los resultados que dicen relación con los ingresos de las familias de los alumnos. No podemos dejar de reconocer que nos encontramos en un punto de inflexión, ante el cual se deben realizar correcciones importantes si queremos satisfacer la legítima esperanza de una educación de calidad para todos.

Si bien el país ha puesto sus esfuerzos en mejorar la educación, han permanecido invariables los componentes organizacionales de nuestro sistema educacional. Si bien ello ha permitido la obtención de muchos logros, especialmente en materia de cobertura, hoy es necesario producir cambios significativos en las condiciones institucionales en las cuales ha operado nuestro sistema escolar. Ese es un requisito básico para avanzar a una mayor calidad de la educación.

La experiencia de las políticas educativas de las últimas décadas muestra que el mercado y la competencia por sí solas no bastan para asegurar la calidad. Por ello, es fundamental enfrentar las fallas derivadas de esos factores. Las soluciones no pasan por ignorar la provisión por instituciones diversas del servicio educacional, sino por regular la prestación de dicho servicio, mejorando su funcionamiento; generando indicadores de calidad; transparentando los resultados y el uso de los recursos; creando los incentivos adecuados; y tomando medidas, por más estrictas que parezcan, cuando los oferentes no entregan un servicio de calidad.

Esa misma necesidad de reformas también quedó plasmada en las actas del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, al cual aprovecho de agradecer su gran esmero y generosidad, el que alcanzó acuerdos unánimes en torno a la idea de que una de las principales falencias del sistema educacional en Chile era la carencia de un régimen de aseguramiento de la calidad.

Este Gobierno considera que la creación de un sistema de aseguramiento de la calidad educativa contribuirá al mejoramiento de ésta, ya que otorgará transparencia y permitirá rendición de cuentas por los resultados. Ello es necesario dado que el sistema chileno constituye “Un sistema de provisión mixta y con financiamiento público (que) exige un conjunto de acciones que permitan verificar de forma periódica los procesos y logros del sistema educacional, para que la comunidad en su conjunto, y en especial las familias, puedan escoger la mejor educación posible para sus hijos.” (p 101, Informe final Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación).

En la misma línea, el Consejo Asesor concluyó que “un régimen de aseguramiento de la calidad, sea cual fuere la modalidad que finalmente se adopte, supone un cambio drástico en la manera en que el Estado realiza el control del proceso educativo y acarreará modificaciones institucionales significativas” (p 102, Informe final Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación).

Lo anterior se recoge, en parte, en el proyecto de Ley General de Educación, que hoy se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados, al cual esta nueva propuesta normativa viene a complementar.

Así, el desafío de velar por la calidad, como se indicó en el Mensaje a ese proyecto, demanda “una nueva institucionalidad educativa, en la que los compromisos y deberes de todos los actores se eleven significativamente, un currículo nacional moderno y actualizado, orientado a recoger con velocidad los avances de la ciencia y del conocimiento como, asimismo, a adaptarse flexiblemente a los requerimientos variados de distintos tipos y segmentos de educandos. Requerirá, además, definición de los roles esperados de todos los actores y de estándares para medir objetivamente sus desempeños. También requerirá estar orientada a resultados cuyos parámetros sean determinados socialmente y por instituciones de carácter plural y de la más alta competencia. Por último, requerirá de la creación de nuevas instituciones para ejercer la supervigilancia y el control del desempeño de las instituciones educativas y de sus actores” (p.2).

En este marco, con el envío del presente proyecto de ley, que crea una Superintendencia de Educación, se cumple con lo ya anunciado en su oportunidad.

Es ésta una institución que contribuirá, en el marco de su competencia, al aseguramiento de la calidad de la educación, complementándose al respecto con el reforzamiento de las facultades del Ministerio de Educación.

III.FUNCIONES PRINCIPALES DE UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN ESTE CAMPO.

La lógica del sistema actual supone que las consecuencias de una mala calidad de la educación debieran asumirlas los establecimientos, los cuales verán disminuida su matrícula y, por consiguiente, los recursos disponibles. Eso, en rigor, no ocurre en la magnitud prevista en la teoría, por lo que los establecimientos no asumen mayores costos ni beneficios por la calidad de la educación que imparten.

No existe en la actualidad un sistema claro, explícito y transparente de responsabilización de los establecimientos respecto de su propio desempeño. El diseño del sistema impide que se establezcan medidas correctivas para los establecimientos con un mal rendimiento permanente, y los incentivos que existen parecen no ser suficientes ni estar correctamente orientados como para provocar una mejora en los desempeños de los distintos actores.

Tal cual lo sostuvo el Consejo Asesor en su oportunidad “Un régimen de aseguramiento de la calidad supone la existencia de una institución pública y autónoma a la que se confiere la obligación de ejecutar acciones periódicas que le permitan:

•Verificar, basado en un sistema de estándares previamente definidos en línea con los que este informe promueve, los niveles de logro de cada una de las instituciones del sistema educacional.

•Verificar la mantención de los requisitos sobre cuya base las instituciones educacionales obtuvieron su reconocimiento.

•Disponer, o sugerir que la autoridad disponga, la salida del sistema para aquellas instituciones que, luego de los planes de mejora y las evaluaciones del caso, no alcanzan el rendimiento mínimo esperado. Un sector del Consejo planteó que, en el caso de establecimientos estatales, se debe recurrir a la intervención y no al cierre.

•Proveer información completa y fidedigna a la ciudadanía acerca de los niveles de logro del sistema escolar.

•En general, velar por el derecho a la educación, prestando asesoría legal a los padres y familias que sientan que ese derecho ha sido vulnerado de cualquier modo.”(p 105, Informe final Consejo Asesor para la Calidad de la Educación).

A mayor abundamiento, la revisión de las experiencias internacionales muestra que el éxito de los sistemas de aseguramiento de la calidad no es independiente de la aplicación de un marco institucional específico, donde si bien existen diferencias importantes en la distribución institucional de las funciones de aseguramiento, existe un marco de aseguramiento efectivo que establece claras y explícitas responsabilidades para todos los niveles y actores del sistema educativo.

Hoy se reconocen, a nivel de expertos y en la experiencia internacional, como funciones principales de un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación las siguientes:

1.Requisitos de operación.

Existen normas exigidas por el sistema para quienes deseen ofrecer servicios educativos, para entrar al sistema y para permanecer en él. Estos requisitos de operación deben estar definidos tanto para los establecimientos y sus sostenedores como para los docentes y los directivos.

2.Estándares de desempeño.

Enseguida, se siguen metas de desempeño establecidas para cada persona o institución que participa en la producción de la calidad educativa (qué deben saber y ser capaces de hacer los alumnos y los profesores, los establecimientos en cada grado y nivel del sistema), considerando en ello no sólo indicadores de aprendizajes sino también de proceso y de resultados intermedios.

3.Evaluación de desempeño.

Se refiere a la metodología para examinar el desempeño de cada uno de los actores e instituciones en relación con los estándares acordados. Estas evaluaciones se utilizan para tomar decisiones sobre los niveles de autonomía, intervención y apoyo otorgados a las personas y las instituciones, y sobre la rendición de cuentas y las consecuencias respecto de los diferentes niveles de desempeño.

4.Información sobre desempeño.

Estos son procesos para comunicar los resultados de las evaluaciones de desempeño, incluyendo la frecuencia, el contenido, la calidad, y los públicos objetivos de la información sobre desempeño de cada uno de los niveles del sistema.

5.Evaluación de impacto de políticas y programas.

Este es un mecanismo para mejor informar el ajuste de políticas y programas existentes, así como para el diseño de éstas.

6.Aseguramiento de recursos adecuados y equitativos.

Dice relación con los sistemas de gestión y los mecanismos de financiamiento y administración, para garantizar que los estándares de desempeño se puedan lograr.

7.Control, intervención y apoyo.

Son los recursos e instrumentos no financieros para asistir a los actores e instituciones en el logro de los estándares de desempeño. Esto incluye inspecciones para asegurar que se cumplen los requisitos de operación, asistencia técnicapedagógica a docentes y directivos, así como facilitar y coordinar el apoyo institucional y redes de apoyo (Estado y privados).

8.Rendición de cuentas y consecuencias.

Finalmente, los sistemas de aseguramiento contemplan mecanismos de premios y sanciones relacionados con el logro (y falta de logros) de los estándares de desempeño, tanto para las instituciones como para los individuos.

IV.EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA Y ROLES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA.

Crear las condiciones para la operación efectiva de un sistema de aseguramiento de la calidad supone el rediseño del actual sistema educacional y su institucionalidad.

El sistema de aseguramiento de la calidad que buscamos desarrollar para los niveles de la educación parvularia, básica y media que se imparte en los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, tendrá como misión la de ejercer funciones normativas, de fomento, de evaluación, de información y de fiscalización de la calidad de la educación y del cumplimiento de los derechos y deberes establecidos en las leyes y reglamentos de carácter educacional.

La tuición del cumplimiento del total de estas funciones de aseguramiento de la calidad de la educación será asumida por tres organismos públicos: el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y el Consejo Nacional de Educación. Cada una con responsabilidades específicas sobre las funciones indicadas, en sus respectivos ámbitos, de conformidad a las normas que regulen a cada uno de ellos.

En el sistema diseñado, corresponderá al Ministerio de Educación, además de sus funciones tradicionales, principalmente el diseño e implementación de políticas y programas destinados a fomentar la calidad de la educación, así como la elaboración de estándares. Asimismo, corresponderá a la Superintendencia de Educación constituirse como agencia de aseguramiento de la calidad, informando, evaluando, fiscalizando, interpretando normas y sancionando, cuando así corresponda; y al Consejo Nacional de Educación (hoy Consejo Superior de Educación), entre otras, la aprobación de marcos y bases curriculares y de los estándares de calidad, así como del plan de mediciones nacionales e internacionales de los logros de aprendizaje de los alumnos.

En el contexto señalado, también resulta fundamental el replanteamiento de las funciones que hoy cumple el Ministerio de Educación (político – legislativas, técnico – pedagógicas, evaluativas, fiscalizadoras, supervisoras, inspectivas; de provisión de insumos; de apoyo; y, de estudio, información y estadísticas), siendo, por tanto, necesario que éste vuelva a tomar el rol de planificador y promotor educativo que le corresponde.

Funciones tales como elaboración de marcos y bases curriculares y de planes y programas de estudio; de formulación de estándares de logros de aprendizaje y de desempeño; diseño e implementación de políticas y programas; formulación de planes de mediciones, tanto nacionales como internacionales; desarrollo de estudios; y apoyo pedagógico e intervención a los establecimientos educacionales que así lo necesiten constituyen los nuevos desafíos que al Ministerio de Educación le corresponden en esta etapa, reiterando su fundamental aporte a las familias en la formación integral de sus integrantes.

Es menester hacer mención a que el proyecto presenta, como lógica consecuencia de crear la Superintendencia, algunos cambios sobre la materia respecto del proyecto de Ley General de Educación sometido a actual discusión, que se formuló sin este órgano. En efecto, el presente texto somete a la Superintendencia de Educación funciones que en aquel proyecto, porque no existía este órgano, reiteramos, eran asignadas al Ministerio de Educación, tales como la evaluación de calidad de la educación a través de la aplicación de mediciones de logros de aprendizajes de los alumnos, tanto de carácter nacional como internacional; la evaluación de desempeño de establecimientos; la calendarización de las evaluaciones de desempeño, y la difusión pública de los resultados obtenidos.

Estos temas, junto con otros que surjan en el debate de ambos proyectos de ley, serán coordinados a través de indicaciones que en su oportunidad presentará el Ejecutivo en el trámite correspondiente, de modo de evitar superposiciones de facultades o áreas difusas en la distribución de competencias.

V.UNA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN QUE RECONOCE UNA HISTORIA PREVIA.

La propia experiencia nacional anterior en materia educativa, así como la existente en otros ámbitos de la vida nacional y las evidencias internacionales, indican que un organismo fundamental en el aseguramiento de la calidad es una Superintendencia.

En la educación chilena, la figura de una “Superintendencia” es de larga data; pero sólo en 1953 se llegaría a la creación concreta de un organismo específico para ejercer esta función. Sin embargo, aquella Superintendencia careció de capacidad ejecutiva, jurídica y material para fiscalizar. La propia ley la concebía como un organismo asesor y consultivo.

La llamada Superintendencia de Educación Pública albergó en su seno al Consejo Nacional de Educación de la época, alto organismo colegiado, de representación de los principales actores sociales e institucionales del campo de la educación que, en conjunto y en diálogo con las autoridades ministeriales, debía pronunciarse sobre las materias de política educativa y sobre los cambios curriculares. La consulta al Consejo era obligatoria, pero sin afectar las potestades decisorias propias del Poder Ejecutivo.

En el año 1974, el gobierno militar dispuso que se disolvieran los organismos colegiados del sector educación y se concentraran las facultades que poseían en las respectivas autoridades ejecutivas. Ésta fue una política general y no dirigida especialmente al Consejo Nacional de Educación, que era “el corazón” de la Superintendencia. Así, la Superintendencia fue incorporada y absorbida por el Departamento de Presupuesto del Ministerio, como una oficina de planificación y presupuesto, manteniendo la denominación de Superintendencia y la del cargo de su jefe, hasta desaparecer formalmente dentro de la nueva ley orgánica del Ministerio de Educación.

VI.EL ACTUAL CONTEXTO DE REGULACIÓN DE LAS SUPERINTENDENCIAS EN OTROS SECTORES.

En la actualidad, el sector público chileno engloba bajo el concepto y la denominación de Superintendencias a entidades de fiscalización de sujetos acotados, con fuertes potestades, caracterizadas orgánicamente por ser servicios públicos, descentralizados, dotados, por lo mismo, de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionan con el Ejecutivo a través de los Ministerios que atañen a su actividad.

Así, las actuales Superintendencias son organismos destinados a: i) fiscalizar o controlar los actos realizados por otra persona u órgano de acuerdo a un procedimiento previamente establecido; ii) verificar si dichos actos se han efectuado cumpliendo los requisitos establecidos en un marco normativo que es de naturaleza legal, reglamentaria y/o técnica; iii) formular exigencias a los fiscalizados, resolver conflictos entre los afectados por dichos actos y el órgano y persona fiscalizados, o conflictos entre los fiscalizados, como también para sancionar cuando el marco normativo no se ha implementado en las condiciones definidas, e iv) informar a los usuarios sobre el funcionamiento del sistema con el fin de orientarlos en la toma de decisiones.

Una revisión de los marcos legales de las actuales Superintendencias establece que éstas disponen en la mayoría de los casos de atribuciones tales como: i) fiscalizar el funcionamiento de los entes supervisados en sus aspectos jurídicos, administrativos y financieros; ii) velar por el cumplimiento de los requisitos mínimos fijados para la obtención de autorización para operar en un sector; iii) proponer reformas legales y reglamentarias orientadas a perfeccionar el funcionamiento del sistema respectivo; iv) interpretar la legislación y reglamentación vigentes e impartir normas generales y obligatorias para su aplicación por parte de los entes sujetos a su supervigilancia; v) ejercer funciones sancionatorias de carácter punitivo, correctivo o disciplinarias, tales como amonestar, imponer multas, revocar la autorización de funcionamiento o, incluso, administrar provisionalmente el servicio cuya calidad sea deficiente; vi) proporcionar a los entes participantes del sistema información fidedigna; vii) participar judicialmente ; y viii) coordinarse con otros órganos del Estado.

VII.LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN.

Siguiendo esos modelos, el órgano que se propone se distingue por lo siguiente:

1.Función.

La función central que se propone para la Superintendencia de Educación será velar por la calidad del sistema educativo. Esta será ejercida a través de la evaluación, información, fiscalización, interpretación administrativa de normas, atención de denuncias y reclamos, control del cumplimiento de las leyes y fiscalización efectiva, para contribuir a mejorar el desempeño de los establecimientos educativos y del sistema escolar en su conjunto.

2.Organización.

Se concibe a la Superintendencia de Educación como un organismo fiscalizador, funcionalmente descentralizado, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

Dicho organismo estará a cargo de un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, que será el Jefe Superior de la Superintendencia y tendrá la representación judicial y extrajudicial de la misma. Será designado conforme al mecanismo de la Alta Dirección Pública.

3.Atribuciones.

Las atribuciones de este nuevo órgano público también resultan fundamentales para el logro de sus finalidades.

Así, el proyecto contempla un variado catálogo de ellas, tales como la facultad evaluativa del grado de cumplimiento de los estándares de calidad del sistema educativo; de diseño, aplicación y validación de instrumentos de medición y de evaluación, tanto respecto de alumnos y establecimientos, como de sostenedores y docentes; de resguardo del cumplimiento de las leyes, reglamentos e instrucciones que ella imparta; de fiscalización del uso de los recursos públicos; de inspección; de recepción de consultas, denuncias y reclamos de los distintos miembros de la comunidad escolar; de formulación de cargos, sustanciación y resolución de procesos sancionatorios; de adopción de medidas para el resguardo del servicio educativo; de fiscalización de los requisitos para obtener el reconocimiento oficial del Estado; de la facultad sancionatoria; de la interpretativa de las leyes, reglamentos y demás normas educacionales; de la facultad normativa, junto con la de realizar estudios y estadísticas del sistema educativo y de publicación de los resultados de éste; la asesoría al Ministerio de Educación sobre materias de su competencia, y, en general, de la facultad de adoptar las medidas que estime necesarias en resguardo de todos los usuarios del servicio educacional y del interés público.

VIII.BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto tiene los siguientes contenidos esenciales.

1.Creación de una Superintendencia de Educación.

El proyecto establece la creación de una Superintendencia de Educación, como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

La Superintendencia constituye una institución fiscalizadora en los términos del DL N° 3.551, de 1981 y estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la Ley N° 19.882.

El proyecto dispone que el domicilio de la Superintendencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las Direcciones Regionales que existirán en cada una de las regiones del país. Al respecto, se faculta al Presidente de la República para que, mediante un decreto con fuerza de ley, establezca dichas direcciones regionales, definiendo sus potestades, funciones y el ámbito geográfico que abarcará cada una de ellas.

2.Objeto.

El proyecto establece que la Superintendencia tendrá por objeto la evaluación y fiscalización de los sostenedores y de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado en los niveles parvulario, básico y medio, a fin que cumplan con los estándares establecidos para el sistema educativo.

La Superintendencia, además, proporcionará información en el ámbito de su competencia, a los miembros de la comunidad educativa y otros usuarios e interesados, y atenderá los reclamos y denuncias de éstos, estableciendo las sanciones que en cada caso corresponda

3.Atribuciones.

Para el cumplimiento de su objetivo principal, la Superintendencia de Educación ha sido dotada de atribuciones normativas, fiscalizadoras, sancionatorias, de asesoría y coordinación, de información y de atención de usuarios y mediación.

a.Atribuciones normativas.

Respecto de las facultades normativas, a la Superintendencia le corresponderá aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales, reglamentarias y las demás normas que rigen la prestación del servicio educativo, cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones de carácter general al sector sujeto a su fiscalización

b.Atribuciones fiscalizadoras.

En cuanto a las funciones fiscalizadoras, en el proyecto se establece que la Superintendencia podrá fiscalizar y evaluar el grado de cumplimiento de los estándares establecidos para el sistema educativo; fiscalizar el uso de los recursos públicos traspasados a los sostenedores educacionales y exigir rendición de cuentas de los mismos; fiscalizar que las personas o instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos, e instrucciones que ella imparta, y fiscalizar el cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional.

En el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, la Superintendencia también podrá ordenar auditorías a la gestión financiera de los sostenedores educacionales que reciben recursos públicos. En el caso de establecimientos pagados, lo anterior procederá sólo si existieren denuncias o reclamos.

Asimismo, podrá acceder libremente a los establecimientos educacionales y dependencias administrativas del sostenedor, a objeto de realizar las funciones que le son propias.

También podrá acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin alterar el normal desenvolvimiento de las actividades del afectado, y examinar, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las personas y/o entidades fiscalizadas, y disponer de todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor fiscalización. Las mismas facultades tendrá la Superintendencia respecto de los terceros que administren y presten servicios a los establecimientos educacionales.

Asimismo, la Superintendencia podrá requerir al Ministerio de Educación que disponga el nombramiento de un administrador provisional de la gestión de los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado que obtengan resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos.

Finalmente, la Superintendencia podrá citar a declarar a los sostenedores, representantes, administradores y dependientes de las instituciones fiscalizadas respecto de algún hecho que estime necesario para el cumplimiento de sus funciones

c.Atribuciones sancionatorias.

En el proyecto se establece que la Superintendencia de Educación no sólo podrá fiscalizar el cumplimiento de la normativa que se encuentre dentro de la esfera de su competencia, sino que, además, podrá aplicar, previo procedimiento infraccional, determinadas sanciones.

Las sanciones, que se aplicarán según sea la gravedad y naturaleza de las infracciones, serán la amonestación, multa, inhabilitación temporal o perpetua de la calidad de sostenedor o para ejercer cualquier actividad relacionada con la administración de los establecimientos educaciones, y la revocación del reconocimiento oficial.

El proyecto se encarga de describir las conductas que configuran infracciones graves, menos graves y leves. Además, señala las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes de responsabilidad, que deberán ser consideradas para los efectos de la aplicación de la sanción que corresponda.

d.Atribuciones de asesoría y de coordinación con el Ministerio de Educación y con otros organismos públicos.

En el presente proyecto se señala que la Superintendencia de Educación podrá efectuar funciones de asesoría y coordinación, no sólo con el Ministerio de Educación sino también con otros organismos de la Administración del Estado.

Al respecto, se dispone que la Superintendencia podrá asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y otros organismos técnicos en materias de su competencia. También, que la Superintendencia podrá convenir con otros organismos de la administración del Estado o con entidades privadas, la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones.

e.Atribuciones informativas.

Se establece que la Superintendencia podrá elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.

También que podrá requerir de los sostenedores y docentes directivos de los establecimientos educacionales u otros organismos públicos y privados relacionados con la educación, la información que estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrá recoger la información proporcionada por las instituciones, validarla, procesarla cuando corresponda, y distribuirla a los distintos usuarios.

Además, estará facultada para poner a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de establecimientos educacionales, sostenedores, docentes y estudiantes, y crear y administrar los registros que sean necesarios para ejercer sus funciones.

f.Atribuciones de atención de usuarios y de mediación.

La Superintendencia de Educación podrá resolver consultas, investigar denuncias y resolver reclamos que los distintos miembros de la comunidad escolar presenten, pudiendo desarrollar instancias de mediación.

En el proyecto se faculta al Presidente de la República para que a través de un decreto con fuerza de ley, regule el procedimiento de mediación relativo a las denuncias y reclamos antes señalados.

4.La Superintendencia está sujeta a control.

Es necesario considerar que el ejercicio de las atribuciones conferidas a este nuevo organismo público, estará sujeto a control, como corresponde en todo estado de derecho.

En razón de lo anterior y para asegurar los derechos de las personas y la legalidad de sus actuaciones, en el proyecto se contemplan recursos administrativos y un reclamo judicial que podrán interponer las personas afectadas, para impugnar aquellas actuaciones de la Superintendencia que consideren contrarias a derecho.

La Superintendencia también estará sometida al control de la Contraloría General de la República en materia de entradas y gastos.

5.Organización de la Superintendencia y elevada idoneidad técnica de sus funcionarios.

El proyecto dispone que la Superintendencia se desconcentrará territorialmente a través de Direcciones Regionales, que serán establecidas mediante decreto con fuerza de ley.

Por otra parte, se establece que un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, con el título de Superintendente de Educación, será el Jefe Superior de la Superintendencia y tendrá la representación judicial y extrajudicial de la misma. En el artículo pertinente se establecen sus funciones y atribuciones, tanto en calidad de Jefe Superior del Servicio como Superintendente.

El Superintendente, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades

Por otro lado, y en cuanto a la idoneidad técnica de los funcionarios de la Superintendencia, el proyecto señala que dicho servicio estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la Ley N° 19.882.

En este mismo sentido, se establece que la planta de la Superintendencia será provista mediante el traspaso, sin solución de continuidad, de personal desde el Ministerio de Educación, Subsecretaría y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio.

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Subsecretaría de Educación directamente o utilizando el procedimiento que establece el artículo 23 del Estatuto Administrativo, llamará a un concurso abierto a los funcionarios de las instituciones enumeradas en el inciso primero, sean de planta o a contrata, los que deberán cumplir los requisitos de los cargos concursados y estar calificados en listas 1 o 2 de distinción o buena, respectivamente. Los funcionarios a contrata deberán, además, haberse desempeñado en tal calidad a lo menos durante los dos años previos al concurso.

Finalmente, se faculta al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, dicte normas complementarias para el adecuado desarrollo del concurso antes indicado.

6.La evaluación del sistema educativo.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto que se somete a discusión se refiere a la creación de un nuevo sistema de evaluación de la calidad de la educación que viene a complementar los instrumentos existentes con otros nuevos que se crean para tales fines.

En efecto, el proyecto establece que la evaluación del sistema educativo la realizará la Superintendencia a través de diversos procedimientos. Entre ellos cabe destacar la de medición de los logros de aprendizaje de los alumnos; y la evaluación del desempeño de los sostenedores y de los establecimientos educacionales.

Enseguida, el proyecto establece que la evaluación del sistema educativo se realizará a través de distintos procesos: el diseño y aplicación de mediciones, de carácter nacional, de logros de aprendizaje; aplicaciones de mediciones internacionales de logros de aprendizaje; evaluación de desempeño de establecimientos y sus sostenedores; auditoría selectiva del proceso de evaluación de desempeño establecidos en la ley; auditorías selectivas de evaluación de desempeño docente de aula, y docente directivo y técnico pedagógicos de los establecimientos municipales; validación de dichos procesos en los establecimientos particulares subvencionados y en aquellos regidos por el Decreto Ley Nº 3.166, de 1980, como de aquellos establecimientos particulares pagados que lo soliciten; y auditorías de rendición de cuentas.

El proyecto establece, además, las bases de la evaluación para cada ámbito a ser evaluado: sostenedor, establecimientos, alumnos, docentes.

Así, la evaluación de desempeño de los sostenedores considera los siguientes elementos: los resultados de los compromisos de gestión de directivos; los resultados de la evaluación de los establecimientos a su cargo; la aplicación de los instrumentos para medir el grado de satisfacción de alumnos, padres y apoderados y la participación de la comunidad educativa; el manejo de los recursos públicos y la gestión financiera de los establecimientos, y los demás que la Superintendencia determine.

Respecto de la evaluación de los establecimientos, se revisarán procesos y resultados en dimensiones como liderazgo pedagógico y directivo; gestión del currículo; gestión pedagógica y directiva del establecimiento; autoevaluación; administración de recursos; convivencia escolar y apoyo a los estudiantes; resultados educativos de los alumnos; y grado de satisfacción de los padres y apoderados y alumnos.

En el caso de los docentes municipales se auditará selectivamente la evaluación de desempeño establecido en la ley y se validarán los procedimientos creados por los sostenedores particulares subvencionados para este efecto.

Por otra parte, el proyecto establece que la evaluación de desempeño se realizará conforme a una calendarización fijada por la Superintendencia y con instrumentos de diseño público establecidos por ésta en concordancia con los estándares de desempeño respectivos. La evaluación considerará el proyecto educativo de cada establecimiento.

El proceso de evaluación dará origen a un informe que establecerá el grado de cumplimiento de los estándares medidos y formulará las observaciones y recomendaciones pertinentes.

Tratándose de los establecimientos particulares pagados, el proyecto establece que podrán someterse a evaluación sólo en caso de denuncia o reclamo, y previa constatación de incumplimiento de la normativa educacional vigente.

7.Las rendiciones de cuentas.

El proyecto establece que los sostenedores y entidades educacionales deberán rendir cuenta de la gestión educativa y financiera de sus establecimientos, según el calendario y de acuerdo a los instrumentos y formatos estandarizados que fije la Superintendencia, la que será obligatoria para los establecimientos que reciban financiamiento del Estado, con la periodicidad y en los plazos establecidos por la Superintendencia.

Tratándose de los establecimientos particulares pagados, éstos deberán rendir cuenta en las oportunidades en que la Superintendencia lo exija, si constata el incumplimiento o faltas a la normativa educacional, o si hay denuncias o reclamos en su contra.

El proyecto establece los ítems respecto de los cuales se deberá rendir cuenta (por ejemplo balance, resultados financieros, logros), y si de las auditorías sobre las rendiciones de cuenta se detectare infracciones que puedan ser constitutivas de faltas que sean objeto de sanción conforme a la normativa, la Superintendencia estará facultada para abrir el proceso correspondiente y formular los cargos que procedan.

8.La fiscalización.

El proyecto establece que la fiscalización de la Superintendencia tiene por objeto verificar la mantención de los requisitos que dieron origen al reconocimiento oficial del Estado, el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en conformidad a la ley, el cumplimiento de los requisitos que dan origen a la subvención educacional del Estado y otros aportes públicos, y el cumplimiento de los deberes y derechos establecidos en la normativa educacional y en las instrucciones emanadas de ésta, estableciéndose que para el cumplimiento de esta función la Superintendencia podrá actuar de oficio o a petición de parte. El incumplimiento de cualquiera de estos elementos dará lugar a la formulación de cargos e instrucción del debido proceso.

Para el ejercicio de la facultad de fiscalización se dota a la Superintendencia de la autoridad de requerir a los sostenedores y a los directivos de los establecimientos, en cualquier momento, todo tipo de información relativa a su gestión técnico pedagógica, administrativa y financiera, pudiendo, en todo caso, adoptar medidas cautelares en conformidad a las facultades que se establecen en este proyecto.

El proyecto contempla, asimismo, que la no entrega de información, la entrega incompleta o la entrega inexacta, será considerada infracción grave a las disposiciones de esta ley y dará lugar a la formulación de cargos y al proceso administrativo correspondiente.

9.Procedimiento sancionatorio.

El proyecto, por otra parte, establece que los procesos a que la actividad de fiscalización dé origen serán seguidos ante el Director Regional, quien, dictando una resolución fundada, designará un fiscal instructor encargado de su tramitación y de formular cargos.

Dicho fiscal deberá investigar los hechos, solicitar informes, ponderar las pruebas que se presenten en los descargos y/o disponer diligencias. La resolución que ordena instruir el proceso debe notificarse personalmente y/o por carta certificada al representante legal del sostenedor. El sostenedor debe presentar los descargos y medios de prueba que estime pertinentes en el plazo de diez días contados desde la fecha de la notificación.

Presentados los descargos, o transcurrido el plazo para tal efecto, el fiscal instructor elabora un informe y propone al Director Regional respectivo la aplicación de sanciones o el sobreseimiento, según corresponda.

El Director Regional apreciará los medios de prueba y mediante resolución fundada, aplicará la sanción o el sobreseimiento.

En este mismo ámbito, el proyecto contempla que el Superintendente podrá aplicar sanciones administrativas, las que podrán ser, dependiendo de la gravedad de los hechos: a) Amonestación; b) multa a beneficio fiscal, la que no podrá ser inferior a 50 Unidades Tributarias Mensuales (U. T. M.) ni exceder de 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (U. T. M.); c) inhabilitación temporal o a perpetuidad de la calidad de sostenedor o para ejercer cualquier actividad relacionada con la administración de establecimientos educacionales, y d) la revocación del reconocimiento oficial del Estado.

Las multas impuestas por la Superintendencia, que serán de beneficio fiscal, deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, dentro del plazo que en el proyecto se establece y en el caso de establecimientos educacionales subvencionados procederá el descuento, por el valor de la multa correspondiente, de la subvención mensual a percibir. El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia, en conformidad a la ley, devengará los intereses y reajustes establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Es importante destacar que en caso que la Superintendencia aplique la sanción de revocación del reconocimiento oficial, el Ministerio de Educación debe aplicar todas las medidas que resulten pertinentes para asegurar la continuidad de la educación de los alumnos del establecimiento educacional cuyo reconocimiento oficial se revoca.

En relación a los procedimientos de reclamo, el proyecto establece que contra las sanciones de Amonestación no procederá recurso administrativo alguno. En contra de las resoluciones del Director Regional, procede el recurso de reclamación ante el Superintendente.

En contra de los actos de la Superintendencia que se consideren ilegales, el proyecto establece que procede un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación, estableciéndose un procedimiento de apelación para estos efectos.

El proyecto contempla para todos los efectos de la presente ley, que los supervisores de evaluación habilitados como fiscalizadores tienen el carácter de Ministro de Fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomar declaraciones bajo juramento. Los hechos constatados por los funcionarios y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituyen presunción legal de veracidad para todos los efectos de la prueba judicial.

10.Sistema de atención de denuncias y reclamos.

Cabe destacar que el proyecto que se somete a discusión contempla un sistema de atención de denuncias y reclamos de los distintos integrantes y usuarios del sistema educacional y otros legítimos interesados, facultándose a la Superintendencia para conocer de las que se formulen y que se refieran a materias de su competencia y sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

Se define la denuncia, para los efectos de esta ley, como el acto de poner en conocimiento de la Superintendencia una supuesta irregularidad con el objeto de que ésta investigue y adopte las medidas que correspondan, sin que el denunciante se apersone al procedimiento. El reclamo es, a su vez y para los mismos efectos, la petición formal realizada a la Superintendencia por algunas de las personas señaladas en el presente proyecto, en orden a que ésta resuelva la controversia existente entre aquellas y alguna de las entidades fiscalizadas, apersonándose los denunciantes al procedimiento.

Respecto de los reclamos que se formulen, un reglamento establecerá la forma de tramitación y los requisitos que deben cumplir las diligencias, actuaciones y las medidas precautorias que se decreten, debiendo velar porque se respete la igualdad de condiciones entre los involucrados, la facultad del reclamante de retirarse del procedimiento en cualquier momento, la bilateralidad de la audiencia, la imparcialidad y la transparencia del proceso.

La Superintendencia debe mantener un registro público con las estadísticas de denuncias y reclamos conocidos y resueltos.

11.Personal.

El personal de la Superintendencia se regulará por normas propias y sólo supletoriamente por las normas del Título I del D.L. Nº 3.551, de 1981, y del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo, en lo que le fuere aplicable. En los casos que corresponda se regirá, además, por el Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882.

Siguiendo la modalidad instituida para este tipo de instituciones, el presente proyecto establece que el Superintendente, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

El ingreso del personal se efectuará por concurso público de antecedentes y oposición, según las normas que se establecen en el proyecto.

La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos.

12.Atribuciones del Ministerio de Educación.

Por otra parte, el Ministerio de Educación es uno de los elementos que forman parte del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. En tal sentido, el proyecto modifica la ley Nº 18.956, que reestructura el Ministerio, incorporando un artículo 2º bis, nuevo, otorgándole nuevas atribuciones y funciones, en este ámbito. Así, se le faculta para formular políticas destinadas a fomentar la calidad de la educación, para lo cual se le encomienda las atribuciones necesarias para elaborar los marcos y bases curriculares; formular los estándares de aprendizaje de los alumnos, y de desempeño para docentes, sostenedores y establecimientos; mantener un sistema de información pública; desarrollar estadísticas e indicadores para mejorar el diseño e implementación de políticas y programas; establecer y administrar los registros públicos que determine la ley, como también proponer el plan de mediciones nacionales e internacionales de los niveles de aprendizaje de los alumnos.

13.Sistema de información educativa.

Como parte integrante del sistema que permitirá velar por la calidad de la educación, el proyecto que se somete a discusión establece un sistema de información educativa para proveer de información pública sobre la educación parvularia, básica y media, de manera de lograr una amplia y completa transparencia en los logros de aprendizaje de los alumnos, de la gestión técnico pedagógica, administrativa y financiera de los establecimientos educacionales y de los sostenedores, para facilitar el ejercicio de los derechos, una adecuada toma de decisiones por parte de los alumnos y de las familias, así como para la labor de evaluación y supervisión de la Superintendencia, y para el estudio y el diseño de políticas, planes y programas educativos.

En virtud de lo anterior, se incorpora a la ley Nº 18.956, un Título III, nuevo, que regula las atribuciones del Ministerio de Educación para administrar los registros de información que se crean.

En este orden de ideas, se establece que el Ministerio de Educación mantendrá la información relevante de todos los establecimientos educacionales necesaria para que la comunidad educativa pueda formarse una apreciación respecto al aporte del establecimiento al aprendizaje de sus alumnos.

Esta información será pública y de libre acceso para todo el que tenga interés en consultarla. No obstante, tendrá carácter confidencial respecto de la identidad de los alumnos y los docentes evaluados de conformidad a la ley.

Para el cabal cumplimiento de esta normativa se establece la obligación de los sostenedores de otorgar la información solicitada por el Ministerio, en especial, aquella relativa a indicadores de eficiencia, tales como repitencia, promoción, abandono o retiro de alumnos, compromisos de gestión o metas institucionales del establecimiento, programas de apoyo, cobros a los alumnos, cuando procediere.

Enseguida, se establece que a partir de la información recopilada el Ministerio de Educación elaborará una Ficha Escolar, que resumirá la información relevante de cada establecimiento escolar sujeto a esta ley, la que será distribuida a los respectivos establecimientos educacionales, constituyendo obligación de éstos su entrega a los padres y apoderados y también a los postulantes al establecimiento.

Los Registros de Información comprenderán los siguientes: de Sostenedores, de Establecimientos Reconocidos Oficialmente por el Ministerio de Educación, de Establecimientos que reciban Subvenciones y/o Aportes Estatal, de Docentes, de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, estableciéndose en el proyecto de ley las menciones de cada Registro.

El Ministerio de Educación deberá administrar y mantener con información actualizada los registros señalados en el inciso anterior, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de Educación de establecer otros registros que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.

La no entrega de la información requerida, la entrega incompleta de dicha información o la inexactitud de la misma serán sancionadas por la Superintendencia como infracción grave.

14.Disposiciones transitorias.

Por último, el proyecto contempla una serie de disposiciones transitorias.

La primera de ellas faculta a dictar un decreto con fuerza de ley que regule las Direcciones Regionales de la Superintendencia.

La segunda, establece que el Ministerio de Educación tendrá el plazo de dos años para fijar los estándares de desempeño educativo de los sostenedores y de los establecimientos educacionales. En el intertanto, serán evaluados en base a la aplicación de los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación.

La tercera, faculta al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, fije la planta del personal de la Superintendencia y su régimen de remuneraciones.

La cuarta, permite que hasta que no se seleccione por el sistema de Alta Dirección al Superintendente, el Presidente lo podrá designar transitoria y provisionalmente.

La quinta establece que la planta de la Superintendencia será provista mediante el traspaso del personal del Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación y los servicios dependientes, previo concurso.

Como consecuencia de lo anterior, la disposición sexta transitoria faculta al Presidente de la República para regular los cargos de planta que queden vacantes, mientras que en la séptima transitoria, se establece que los traspasos de personal no podrán significar disminución de remuneraciones ni disminución de los derechos previsionales.

La octava faculta al Presidente de la República para conformar el primer presupuesto de la Superintendencia.

La novena transitoria faculta al Ministerio de Bienes Nacionales para que determine los bienes muebles e inmuebles fiscales que pasarán a formar parte del patrimonio de la Superintendencia.

El artículo décimo transitorio faculta al Presidente de la República para que mediante un decreto con fuerza de ley regule el procedimiento de mediación por denuncias o reclamos que los distintos miembros de la comunidad escolar presenten ante la Superintendencia.

La última disposición transitoria faculta al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, modifique las distintas normas legales de personal con el objeto de adecuarlas al traspaso de funciones que este proyecto establece, autorizándolo para reestructurar plantas.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“TÍTULO I

De la Superintendencia de Educación

Párrafo 1º

Naturaleza, Objeto y Atribuciones

Artículo 1°.-Créase la Superintendencia de Educación, en adelante “la Superintendencia”, servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

La Superintendencia constituye una institución fiscalizadora en los términos del DL N° 3.551, de 1981 y estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la Ley N° 19.882.

El domicilio de la Superintendencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las Direcciones Regionales que existirán en cada una de las regiones del país.

Artículo 2°.-El objeto de la Superintendencia es evaluar y fiscalizar que los sostenedores y los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, en los niveles parvulario, básico y medio, cumplan con los estándares establecidos para el sistema educativo. Asimismo, proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, y atenderá los reclamos y denuncias de éstos, estableciendo las sanciones que en cada caso corresponda.

Artículo 3°.-Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia tendrá especialmente, las siguientes atribuciones:

1.Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación de desempeño educativo de los sostenedores y los establecimientos educacionales, y fomentar la autoevaluación de los establecimientos educacionales.

2.Diseñar y aplicar un sistema de medición de los niveles de aprendizaje de los alumnos dentro del marco curricular nacional, de acuerdo al plan de medición establecido por el Ministerio de Educación. Asimismo, le corresponderá informar públicamente sus resultados y coordinar la participación de Chile en mediciones de carácter internacional en este ámbito.

3.Validar los mecanismos de la evaluación docente de aula, docente directiva y del personal técnico pedagógico para establecimientos educacionales administrados por sostenedores particulares subvencionados por el Estado o que reciban aportes de éste. En el caso de los docentes del sector municipal, realizará auditorias selectivas de los instrumentos y procedimientos de evaluación establecidos en la ley.

En el caso de los establecimientos particulares pagados, acreditará los instrumentos de evaluación que voluntariamente presenten sus sostenedores.

4.Fiscalizar que las personas o instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos e instrucciones que ella imparta.

5.Ordenar auditorías a la gestión financiera de los sostenedores educacionales que reciben recursos públicos.

6.Fiscalizar el uso de los recursos públicos traspasados a los sostenedores educacionales y exigir rendición de cuentas de los mismos.

7.Acceder libremente a los establecimientos educacionales y dependencias administrativas del sostenedor, a objeto de realizar las funciones que le son propias.

8.Acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin alterar el normal desenvolvimiento de las actividades del afectado, y examinar, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las personas y/o entidades fiscalizadas, y disponer de todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor fiscalización. La Superintendencia, mediante resolución, determinará aquellos libros, archivos y documentos que deberán estar permanentemente disponibles para su examen en el propio establecimiento educacional. Las mismas facultades tendrá la Superintendencia respecto de los terceros que administren y presten servicios a los establecimientos educacionales.

9.Citar a declarar a los sostenedores, representantes, administradores y dependientes de las instituciones fiscalizadas respecto de algún hecho que estime necesario para el cumplimiento de sus funciones.

10.Resolver consultas, investigar denuncias y resolver reclamos que los distintos miembros de la comunidad escolar presenten, pudiendo desarrollar instancias de mediación.

11.Formular cargos, sustanciar su tramitación y resolver los procesos que se sigan respecto de todos los incumplimientos o faltas que detecte respecto de la normativa educacional de su competencia y de las instrucciones y dictámenes que imparta, así como de los que conozca por la vía de denuncias o reclamos del público o por denuncia que formule el Ministerio de Educación u otros órganos públicos.

12.Disponer el nombramiento de un administrador provisional para la gestión de los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado que obtengan resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos.

13.Fiscalizar el cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional y, en caso de verificar su incumplimiento, remitir los antecedentes al Ministerio de Educación para que éste, en un plazo no superior al término del año escolar, proceda a la revocación del reconocimiento señalado.

14.Imponer las sanciones que establece esta ley.

15.Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales, reglamentarias y las demás normas que rigen la prestación del servicio educativo, cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones de carácter general al sector sujeto a su fiscalización.

16.Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.

17.Requerir de los sostenedores y docentes directivos de los establecimientos educacionales u otros organismos públicos y privados relacionados con la educación la información que estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrá recoger la información proporcionada por las instituciones, validarla, procesarla cuando corresponda, y distribuirla anualmente a los distintos usuarios.

18.Poner a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de establecimientos educacionales, sostenedores, docentes y estudiantes, y crear y administrar los registros que sean necesarios para ejercer sus funciones.

19.Convenir con otros organismos de la administración del Estado o con entidades privadas, la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones.

20.Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y otros organismos técnicos en materias de su competencia.

21.Cobrar y percibir los derechos por registro, aprobaciones, actuaciones y certificaciones que establezca la ley en el ámbito de sus atribuciones.

22.Adoptar las medidas que estime necesarias en resguardo de los usuarios del servicio educacional y del interés público, en aquellas materias de su competencia.

23.Realizar las demás funciones que le encomienden las leyes o los reglamentos.

Párrafo 2°

De la evaluación del sistema educativo

Artículo 4°.-La Superintendencia será la encargada de evaluar el sistema educacional a través de la medición de los siguientes elementos:

a)Los logros de aprendizaje de los alumnos;

b)El desempeño educativo de los sostenedores, y

c)El desempeño educativo de los establecimientos educacionales.

Para estos efectos, la evaluación comprenderá la medición permanente del grado de cumplimiento de los estándares fijados por el Ministerio de Educación para cada uno de los ámbitos señalados en el inciso precedente.

La Superintendencia podrá desarrollar las referidas evaluaciones directamente o a través de terceros.

Artículo 5º.-La Superintendencia evaluará el sistema educacional a través de los siguientes procesos:

a)Diseño y aplicación de mediciones, de carácter nacional, de logros de aprendizajes de los alumnos;

b)Aplicación de mediciones de carácter internacional de los logros de aprendizaje de los alumnos;

c)Evaluación de desempeño de establecimientos y sus sostenedores;

d)Auditoría selectiva del proceso de evaluación de desempeño establecido en la ley de los docentes de aula, docentes directivos y técnicopedagógicos del sector municipal;

e)Validación de los mecanismos de evaluación de desempeño de los docentes de aula, docentes directivos y técnicopedagógicos aplicados en los establecimientos particulares subvencionados y en aquellos regidos por el Decreto Ley Nº3.166, de 1980;

f)Validación de los mecanismos de evaluación de desempeño de los docentes de aula, docentes directivos y técnicopedagógicos de los establecimientos particulares pagados que lo soliciten, y

g)Auditorías de las rendiciones de cuentas.

Artículo 6º.-La evaluación de desempeño educativo de los sostenedores considerará los siguientes elementos: los resultados de los compromisos de gestión de directivos; los resultados de la evaluación de los establecimientos a su cargo; la aplicación de los instrumentos para medir el grado de satisfacción de alumnos, padres y apoderados y la participación de la comunidad educativa; el manejo de los recursos públicos y la gestión financiera de los establecimientos, y los demás que la Superintendencia determine.

En caso que la Superintendencia constate el incumplimiento o faltas a la normativa educacional objeto de su fiscalización, de oficio o en caso de denuncia o reclamo, podrá someter a esta evaluación a los establecimientos particulares pagados.

Artículo 7º.-La evaluación de desempeño educativo de los establecimientos revisará procesos y resultados en dimensiones como liderazgo pedagógico y directivo; gestión del currículo; gestión pedagógica y directiva del establecimiento; autoevaluación; administración de recursos; convivencia escolar y apoyo a los estudiantes; resultados educativos de los alumnos; y grado de satisfacción de los padres y apoderados y alumnos.

En caso que la Superintendencia constate incumplimiento o faltas a la normativa educacional objeto de fiscalización en los establecimientos particulares pagados, podrá someter a estos establecimientos a la evaluación del inciso anterior.

Artículo 8º.-El proceso de evaluación de que trata este párrafo, dará origen a informes que establecerán el grado de cumplimiento de los estándares medidos o evaluados y a las observaciones y recomendaciones que ameriten dicho proceso.

Artículo 9º.-Las evaluaciones de desempeño se realizarán conforme a una calendarización fijada por la Superintendencia, y con instrumentos establecidos por ésta en concordancia con los estándares de desempeño respectivos.

Las evaluaciones considerarán especialmente el proyecto educativo del establecimiento, su autonomía de gestión y los resultados de procesos de autoevaluación.

Párrafo 3º

De la Rendición de Cuentas

Artículo 10.-Los sostenedores y los establecimientos educacionales que reciban aportes o subvenciones del Estado en algunos de los niveles a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, deberán rendir cuenta de la gestión educativa y financiera de sus establecimientos, según el calendario y de acuerdo a los instrumentos y formatos estandarizados que fije la Superintendencia.

La Superintendencia examinará dichas rendiciones de cuenta a fin de evaluar la gestión educativa y financiera realizada por el sostenedor. Además, podrá requerir que se efectúen auditorías para comprobar la veracidad y exactitud de la información financiera que le hayan proporcionado. La contratación y financiamiento de estas auditorías corresponderá a la entidad requerida. El auditor deberá ser aprobado por la Superintendencia.

Artículo 11.-En el caso de denuncia o reclamo, o de constatación de incumplimientos o faltas a la normativa educacional objeto de su fiscalización respecto de los establecimientos particulares pagados, la Superintendencia podrá exigirles rendición de cuentas.

Artículo 12.-Los instrumentos y formatos de rendición de cuentas podrán incluir, entre otros, los siguientes componentes:

a)Balance según formato estandarizado;

b)Estado de resultados financieros;

c)Inversión en infraestructuras y materiales pedagógicos;

d)Operaciones con personas o entidades relacionadas;

e)Información referida al cumplimiento de los requisitos de reconocimiento oficial;

f)Estado de los logros en los distintos ámbitos que componen el quehacer educativo y de los procesos destinados a conseguirlo;

El informe a que de origen el literal anterior, podrá contener, entre otros, información sobre los siguientes aspectos:

a)Cumplimiento de planes y programas;

b)Cumplimiento de estándares del sistema educativo establecidos en conformidad a la ley, y

c)Cumplimiento de otros deberes y obligaciones que emanen de las disposiciones legales y reglamentarias en materia educativa.

Artículo 13.-De las auditorías sobre las rendiciones de cuenta, la Superintendencia deberá levantar un informe con las observaciones y recomendaciones que amerite. Si detectare infracciones que puedan ser objeto de sanción, deberá abrir el proceso sancionatorio correspondiente y formular los cargos que procedieren.

Párrafo 4º

De la Fiscalización

Artículo 14.-La fiscalización de la Superintendencia tiene por objeto verificar:

a)La mantención de los requisitos que dieron origen al reconocimiento oficial del Estado;

b)El cumplimiento de los estándares establecidos en conformidad a la ley para el sistema educativo;

c)El cumplimiento de los requisitos para impetrar la subvención educacional del Estado;

d)El cumplimiento de los deberes y derechos establecidos en la normativa educacional, en el ámbito de su competencia, y en las instrucciones dictadas por la Superintendencia.

Artículo 15.-En el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la Superintendencia actuará de oficio o a petición de interesado.

La Superintendencia formulará cargos e instruirá el respectivo procedimiento en caso de verificar, por sí o a través de terceros, la existencia de una o más contravenciones a lo dispuesto en el artículo precedente.

En el caso de denuncias derivadas de las actividades de fiscalización y de inspección de subvenciones del Ministerio de Educación, la Superintendencia ordenará directamente la formulación de cargos y la instrucción del respectivo proceso.

Artículo 16.-Para todos los efectos de la presente ley, el personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá el carácter de Ministro de Fe respecto de todas las actuaciones que realice en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrá tomar declaraciones bajo juramento. Los hechos constatados por los funcionarios y de los cuales deban informar, de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos de la prueba judicial.

Las acciones de fiscalización podrán llevarse a efecto en cualquier momento, para lo cual los entes fiscalizados deberán otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los referidos funcionarios.

Párrafo 5º

De las Sanciones

Artículo 17.-En caso de detectar alguna irregularidad, el Director Regional competente, mediante resolución fundada, ordenará la instrucción de un proceso y designará un fiscal instructor encargado de su tramitación, de formular cargos, de investigar los hechos, solicitar informes, ponderar las pruebas que se presenten en los descargos y/o disponer diligencias que correspondan.

Artículo 18.- La resolución que ordena instruir el proceso deberá notificarse personalmente y/ o por carta certificada al sostenedor o a su representante legal, dejando constancia en el expediente de la misma. La notificación por carta certificada se enviará a la dirección del establecimiento educacional donde hubieren ocurrido los hechos que dan origen a los cargos, o al domicilio del Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad o de la Corporación Municipal de que se trate, o a la dirección electrónica registrada por el sostenedor ante la Superintendencia, agregándose al expediente como constancia de la notificación el certificado o boleta del servicio de correos, o la constancia de la notificación electrónica, según corresponda. En este caso, el sostenedor se entenderá notificado transcurridos tres días desde la fecha en que se remitió la carta certificada o el correo electrónico.

En el caso de infracción a lo dispuesto en el artículo 25 letra b) de esta ley, la notificación se efectuará al obligado a proporcionar la información que se solicite.

Artículo 19.-La persona en contra de la cual se formulen los cargos, podrá presentar los descargos y medios de prueba que estime pertinentes en el plazo de diez días contados desde la fecha de la notificación.

Artículo 20.-Presentados los descargos, o transcurrido el plazo para tal efecto, el fiscal instructor elaborará un informe y propondrá al Director Regional respectivo la aplicación de sanciones o el sobreseimiento, según corresponda.

Artículo 21.-El Director Regional correspondiente apreciará de acuerdo a las reglas de la sana crítica, los medios de prueba y mediante resolución fundada, aplicará la sanción o sobreseimiento, según corresponda.

Artículo 22.-La Superintendencia enviará al Ministerio de Educación los antecedentes que correspondan, para la aplicación de las sanciones establecidas en las letras b), c) y d) del artículo 52 del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación, cuando ello sea procedente.

Artículo 23.-Comprobada la infracción a las disposiciones de la presente ley, la normativa educacional y/o a las instrucciones que emanan de la Superintendencia, y sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda, el Director Regional podrá aplicar las siguientes sanciones, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de éstas:

a)Amonestación;

b)Multa, a beneficio fiscal, la que no podrá ser inferior a 50 Unidades Tributarias Mensuales (U.T.M.) ni exceder de 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (U.T.M.);

c)Inhabilitación temporal o a perpetuidad de la calidad de sostenedor o para ejercer cualquier actividad relacionada con la administración de establecimientos educacionales;

d)Revocación del reconocimiento oficial.

Artículo 24.-Los hechos, actos u omisiones que constituyen infracciones administrativas, serán graves, menos graves y leves.

Artículo 25.-Son infracciones graves:

a)No efectuar la rendición de cuentas con la periodicidad, en el plazo y forma establecida por la Superintendencia.

b)No llevar o entregar los documentos, libros o antecedentes necesarios para dar cumplimiento a la obligación de rendir cuentas y / o no entregar la información requerida por la Superintendencia, entregarla en forma incompleta o inexacta.

c)No prestar el servicio educativo en conformidad a la ley, los reglamentos e instrucciones de general aplicación que hubiere dictado la Superintendencia o incurrir en incumplimiento de los convenios educacionales suscritos.

d)Perder o dejar de cumplir alguno de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado.

e)No cumplir reiteradamente los estándares exigidos en conformidad a esta ley.

f)Infringir los deberes y derechos establecidos en la ley, los reglamentos, o en las órdenes e instrucciones que hubiere dictado la Superintendencia.

g)Realizar maquinaciones dolosas destinadas a impedir, entorpecer u obstaculizar la fiscalización de la Superintendencia.

h)Realizar maquinaciones dolosas destinadas a obtener la subvención educacional.

i)No cumplir con las obligaciones de evaluación de desempeño, así como no desarrollar las auditorías de rendiciones de cuentas que contempla esta ley.

Artículo 26.-Son infracciones menos graves:

a)No validar los instrumentos de evaluación de los docentes de aula, docentes directivos y técnico pedagógicos de los establecimientos educacionales subvencionados y de aquellos regidos por el decreto ley Nº 3166, de 1980, a que se refiere esta ley.

b)No cumplir las recomendaciones de la Superintendencia o de los entes de apoyo técnico pedagógico, en su caso, formuladas con ocasión de la evaluación, conforme a lo establecido en esta ley.

En caso de infracciones que tengan el carácter de menos graves, sólo podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa establecidas en esta ley.

Artículo 27.-Son infracciones leves aquellas que los sostenedores de establecimientos educacionales cometieren en contra de las leyes, reglamentos y/o a las instrucciones impartidas por la Superintendencia que no tengan señaladas una sanción especial.

En este caso, podrán ser amonestados o sancionados con multa, a beneficio fiscal, de hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales (U.T.M.).

Artículo 28.-Corresponderá a la Superintendencia, sin perjuicio de la facultad de los tribunales, la calificación de la plausibilidad y racionalidad del o los motivos o justificaciones que presente el sostenedor para eximirse de la responsabilidad administrativa a que hacen referencia las infracciones descritas en los artículos anteriores.

Artículo 29.-Constituyen circunstancias atenuantes de responsabilidad administrativa:

a)Cumplir las recomendaciones formuladas por la Superintendencia, o los entes de apoyo en su caso, o subsanar los incumplimientos reportados por ella, dentro del plazo de 30 días contados desde la notificación.

b)No haber sido sancionado en los tres años anteriores con ninguna de las sanciones previstas por este cuerpo normativo o en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, de Ministerio de Educación, o en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, de Ministerio de Educación.

Artículo 30.-Se considerarán circunstancias agravantes de responsabilidad:

a)La no concurrencia de los sostenedores, representantes, administradores y dependientes de las instituciones fiscalizadas a las citaciones a declarar efectuadas por la Superintendencia, conforme a lo dispuesto en el número 9 del artículo 3º de la presente Ley.

b)El incumplimiento reiterado de las recomendaciones formuladas por la Superintendencia, respecto de los resultados de los procedimientos de evaluación de desempeño o de auditoria de cuentas.

c)Haber sido sancionado con antelación en virtud de alguno de los procesos administrativos previstos en la normativa educacional vigente.

Artículo 31.-La sanción de multa podrá acumularse a la de inhabilitación temporal o perpetua de la calidad de sostenedor y a la de revocación del reconocimiento oficial del Estado.

Tratándose de multa aplicada a establecimientos educacionales subvencionados, el pago de la misma se efectuará a través del descuento, total o en cuotas, de la multa correspondiente de la subvención mensual a percibir.

Un reglamento fijará la forma, modalidad y oportunidad en que este descuento se hará efectivo.

En los casos restantes, las multas impuestas por la Superintendencia serán de beneficio fiscal y deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días contado desde la fecha de la notificación de la resolución respectiva, ingresándose los comprobantes en sus oficinas dentro de quinto día de efectuado el pago.

El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia, en conformidad a la ley, devengará los intereses y reajustes establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Declarada judicialmente la improcedencia total o parcial de la multa, la Superintendencia deberá ordenar su devolución por la Tesorería General de la República, debidamente reajustada en la forma que señalan los artículos 57 y 58 del Código Tributario.

Asimismo, tratándose de establecimientos educacionales subvencionados a los que se les haya aplicado descuento de la subvención, conforme a lo establecido en el inciso segundo de este artículo, se efectuará el reintegro de dicho descuento en la forma, modalidad y oportunidad que establezca el reglamento.

El pago de las multas más los reajustes e intereses deberá efectuarse dentro del quinto día de ejecutoriado el fallo.

Artículo 32.-En caso que la Superintendencia disponga la sanción de revocación del reconocimiento oficial del Estado, el Ministerio de Educación deberá adoptar todas las medidas que resulten pertinentes para asegurar la continuidad de la educación de los alumnos del establecimiento educacional cuyo reconocimiento oficial se revoca.

Artículo 33.-Tratándose de infracciones reiteradas sancionadas con multa, podrá aplicarse la sanción de multa máxima que correspondiere a la infracción cometida aumentada en un 50%.

Artículo 34.-Contra la sanción de amonestación no procederá recurso administrativo alguno.

Artículo 35.-En contra de la resolución del Director Regional que aplique cualquiera de las sanciones señaladas, procederá el recurso de reclamación ante el Superintendente de Educación, el cual se interpondrá dentro del plazo de cinco días, contados desde la notificación de la resolución que se impugna.

El recurso y sus correspondientes medios probatorios, deberán interponerse ante la respectiva Dirección Regional, la que deberá remitir, sin más trámite, por correo electrónico y paralelamente por correo, los antecedentes al Superintendente.

Contra la resolución del Superintendente podrá interponerse el reclamo a que se refiere el artículo 56.

Párrafo 6º

De la Atención de Denuncias y Reclamos

Artículo 36.-La Superintendencia recibirá las denuncias y resolverá los reclamos que se formulen por los miembros de la comunidad escolar y que se refieran a materias de su competencia, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

Artículo 37.-Para los efectos de esta ley, denuncia es el acto por medio del cual una persona o grupo de personas, claramente individualizadas, ponen en conocimiento de la Superintendencia una supuesta irregularidad con el objeto de que ésta investigue y adopte las medidas que correspondan, sin que el o los denunciantes se apersonen al procedimiento.

Por su parte, se entenderá por reclamo la petición formal realizada a la Superintendencia, en el ámbito de su competencia, por alguna de las personas señaladas en el artículo anterior, en orden a que ésta resuelva la controversia existente entre el reclamante y alguna de las entidades fiscalizadas, apersonándose el reclamante al procedimiento.

Artículo 38.-Formulada una denuncia o recibido un reclamo, la Superintendencia podrá abrir un período de información previo con el fin de conocer las circunstancias concretas del caso y la conveniencia de iniciar un procedimiento.

Artículo 39.-Admitido una denuncia o reclamo a tramitación, el Director Regional ordenará la apertura de un expediente y designará al funcionario encargado de su tramitación, quien notificará al denunciado o reclamado.

Artículo 40.-El funcionario designado podrá citar a los interesados a una audiencia de mediación, en la cual ayudará a las partes a buscar una solución a su conflicto. Las opiniones que emita en esa audiencia no lo inhabilitarán para seguir conociendo de la causa.

Artículo 41.-Las notificaciones a los interesados se realizarán por medio de carta certificada al domicilio que éstos fijen en la primera actuación, y se entenderán practicadas desde el tercer día desde la fecha de su despacho en la oficina de correos.

Artículo 42.-Un reglamento establecerá la forma de tramitación y los requisitos que deben cumplir las diligencias, actuaciones y las medidas precautorias que se decreten, debiendo velar porque se respete la igualdad de condiciones entre los involucrados, la facultad del reclamante de retirarse del procedimiento en cualquier momento, la bilateralidad de la audiencia, la imparcialidad y la transparencia del proceso.

Artículo 43.-La Superintendencia deberá mantener un registro público con las estadísticas de denuncias y reclamos conocidos y resueltos.

Párrafo 7º

De la Organización de la Superintendencia

Artículo 44.-Un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, con el título de Superintendente de Educación, será el Jefe Superior de la Superintendencia y tendrá la representación judicial y extrajudicial de la misma. Dicho funcionario será seleccionado conforme al sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.

Artículo 45.-Corresponderá al Superintendente especialmente:

a)Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia y ejercer, respecto de su personal, las atribuciones propias de su calidad de Jefe Superior de Servicio.

b)Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Superintendencia.

c)Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio. En el ejercicio de estas facultades podrá administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza.

d)Nombrar y remover al personal del Servicio, de conformidad a la presente ley y a las normas estatutarias.

e)Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia, de conformidad a la ley.

f)Contratar las labores operativas de inspección o verificación del cumplimiento de las normas de su competencia a terceros idóneos debidamente certificados conforme al reglamento respectivo.

g)Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas, elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento.

h)Conocer y fallar los recursos que la ley establece.

i)Imponer las sanciones y multas que establece la presente ley y las demás disposiciones legales que regulen la actividad educacional, en el ámbito de su competencia.

j)Ejercer las demás funciones que le encomienden las leyes y reglamentos.

Sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Superintendente deberá poner en conocimiento de los organismos pertinentes los antecedentes de que disponga o de que tome conocimiento, para que éstos ejerzan a su vez las facultades fiscalizadoras que les sean propias.

Artículo 46.-La Superintendencia se desconcentrará territorialmente a través de Direcciones Regionales de conformidad a lo establecido en la presente ley.

Artículo 47.-El personal de la Superintendencia se regulará por las normas de esta ley y por la de los reglamentos que de conformidad a ella se dicten. Supletoriamente, le serán aplicables las normas del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 48.-El Superintendente, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

El personal a contrata de la Superintendencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Superintendente. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Superintendencia.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios, se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

Artículo 49.-El Superintendente podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la administración civil del Estado, sin que rijan las limitaciones establecidas por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes.

Artículo 50.-El personal de la Superintendencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos administrativos, lo que no obsta a las sanciones penales que procedan.

Artículo 51.- El personal de la Superintendencia tendrá prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su fiscalización otros servicios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta. Cualquiera infracción a esta norma será constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan de conformidad a la ley.

Artículo 52.-Sin perjuicio de las causales previstas en el DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo, para la cesación del cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

a)Necesidades de la Superintendencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Superintendencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II nivel jerárquico de la Superintendencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Superintendente ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que adoptarán y la forma y oportunidad en que recepcionarán la información y antecedentes requeridos al efecto.

b)Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a) precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 53.-El personal de la Superintendencia que detente cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos deberá desempeñarse con dedicación exclusiva. Sin perjuicio de lo anterior, podrá realizar labores docentes en los términos del artículo 8° de la ley N° 19.863, ejercer los derechos que le atañen personalmente, percibir los beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable y los emolumentos que provengan de la administración de su patrimonio.

Artículo 54.-La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos.

Párrafo 8º

Del Patrimonio

Artículo 55.-El patrimonio de la Superintendencia estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso y, en especial, por:

a)Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b)Los recursos otorgados por leyes especiales;

c)Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o adquieran a cualquier título;

d)Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios;

e)Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

f)Los ingresos que perciba por los servicios que preste;

g)Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título, y

h)Los demás que señale la ley.

La Superintendencia estará sujeta a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado y sus disposiciones complementarias.

TÍTULO II

OTRAS NORMAS

Párrafo 1º

Otras Disposiciones

Artículo 56.-Los afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones, podrán reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente a su domicilio, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación de la resolución que se impugna.

La Corte deberá pronunciarse en cuenta sobre la admisibilidad del recurso.

Admitido el recurso, la Corte de Apelaciones dará traslado de éste a la Superintendencia, notificándola por oficio, y ésta dispondrá del plazo de diez días, contado desde que se notifique la apelación interpuesta, para formular observaciones.

Evacuado el traslado por la Superintendencia, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala.

La Corte no podrá decretar medida alguna que suspenda los efectos del acto reclamado, salvo que se produjere daño irreparable producto del cumplimiento del acto o sea imposible el cumplimiento de lo que se resolviere en caso de acogerse el recurso.

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días. Contra ésta, se podrá apelar ante la Corte Suprema dentro del plazo de diez días hábiles, la que conocerá en la forma prevista en los incisos anteriores.

Artículo 57.-Los reglamentos que se dicten con ocasión de esta ley serán expedidos por el Ministerio de Educación, y serán suscritos, además, por el Ministro de Hacienda.

Artículo 58.-Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Artículo 59.-El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y en lo que faltare con cargo al ítem 5001032403104.

Párrafo 2º

Modificaciones a la ley N° 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación

Artículo 60.-Intercálase, a continuación del artículo 2º de la ley Nº 18.956, el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 2º bis.- Sin perjuicio de las atribuciones señaladas en el artículo anterior, también corresponderá al Ministerio:

a)Elaborar los marcos y bases curriculares, según corresponda, y los planes y programas de estudio para la aprobación del Consejo Superior de Educación;

b)Formular los estándares de aprendizaje y de desempeño para alumnos, docentes, sostenedores y establecimientos educacionales para la aprobación del Consejo Superior de Educación, cuando corresponda;

c)Diseñar e implementar políticas y programas, así como acciones de apoyo técnico pedagógico a sostenedores y establecimientos educacionales;

d)Proponer el plan de mediciones nacionales e internacionales de los niveles de aprendizaje de los alumnos para la aprobación del Consejo Superior de Educación, el que en el caso de las mediciones nacionales establecerá los grados a evaluar, los sectores de aprendizaje a medir y la frecuencia;

e)Desarrollar estadísticas, indicadores y estudios del sistema educativo, en el ámbito de su competencia, y poner a disposición del público la información que con motivo del ejercicio de sus funciones recopile. Esta información será pública y de libre acceso para todo el que tenga interés en consultarla. No obstante, tendrá carácter confidencial respecto de la identidad de los alumnos y los docentes evaluados de conformidad a la ley.

f)Establecer y administrar los registros públicos que determine la ley;

g)Designar a un administrador provisional en establecimientos subvencionados o que reciban aportes del Estado, que obtengan resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos, de conformidad a los estándares nacionales que se establezcan para tales efectos, cuando la Superintendencia de Educación lo haya dispuesto. El Ministerio no podrá negarse a dicha solicitud.

Se entenderá por resultados educativos reiteradamente deficientes, no cumplir con los estándares nacionales considerando a lo menos las últimas tres mediciones realizadas.

El Ministerio designará al administrador provisional de entre sus funcionarios o de entre instituciones acreditadas en el Registro que para estos efectos llevará el mismo Ministerio.

El administrador provisional asumirá las funciones que competen al sostenedor, con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento del establecimiento y la continuidad del servicio educativo sólo hasta el término del año laboral docente en curso.

El nombramiento del administrador provisional regirá de inmediato y permanecerá vigente durante el año laboral docente en curso, pudiendo extenderse en casos calificados.

El administrador provisional tendrá las facultades consignadas en el artículo 2132 del Código Civil, especialmente, la de percibir la subvención, y las demás establecidas en la ley.

El administrador provisional deberá dar cuenta documentada de su gestión al Subsecretario de Educación dentro de los treinta días siguientes al término de sus funciones, la cual deberá ser incorporada a un registro de carácter público.

h)Aplicar las sanciones en los ámbitos que determinen las leyes.”.

Artículo 61.-Incorpórase el siguiente Título III nuevo, a la ley Nº 18.956, pasando el actual Título III a ser Título IV, ordenándose sus artículos correlativamente:

“TÍTULO III

Artículo 17.- Para los efectos de los registros establecidos en la ley, los sostenedores deberán proporcionar toda la información solicitada por el Ministerio de Educación y, en especial, aquélla relativa a indicadores de eficiencia, tales como repitencia, promoción, abandono y retiro de alumnos, compromisos de gestión o metas institucionales del establecimiento, programas de apoyo propios o con otras instituciones u organismos, cobros efectuados a los alumnos en los establecimientos en que así procediere y aquella información mencionada en el artículo 8º de la ley Nº 19.979, en los casos que corresponda.

Artículo 18.- A partir de la información a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Educación elaborará una Ficha Escolar que resumirá la información relativa a cada establecimiento educacional.

La Ficha Escolar será distribuida a los respectivos establecimientos educacionales, y será obligación de éstos su entrega a los padres y apoderados y también a los postulantes al establecimiento.

La información a que se refiere el inciso precedente estará a disposición de cualquier interesado.

Artículo 19.- Los Registros de Información comprenderán, al menos, los siguientes:

a)Registros de Sostenedores, el que deberá incluir, al menos, la constancia de su personalidad jurídica, representante legal y cumplimiento de los requisitos de éste, domicilio, historial de infracciones, si las hubiera, y, en el caso de percibir subvención y/o aportes estatales, deberá también informarse sobre los recursos que el sostenedor percibiera.

b)Registros de Establecimientos Reconocidos Oficialmente, donde deberá incluirse, al menos, el nombre y domicilio del establecimiento educacional, identificación del sostenedor y representante legal, en su caso, la singularización del acto administrativo por medio del cual se otorgó el reconocimiento oficial, fecha de dicho reconocimiento, datos sobre la matrícula de alumnos en el establecimiento, nivel de enseñanza y modalidad que imparte, tipo de financiamiento y los resultados de las evaluaciones de desempeño y gestión, tanto del establecimiento educacional como de los profesionales de la educación, cuando corresponda.

c)Registros de Establecimientos que reciban Subvenciones y/o Aportes Estatales, el que deberá incluir, al menos, monto de dichas subvenciones y/o aportes y resultados de las evaluaciones de desempeño y gestión del establecimiento educacional.

d)Registro de Docentes, el que deberá incluir el establecimiento educacional donde se desempeña, así como información pertinente relativa a la obtención del título profesional, estudios conducentes a postitulo y/o postgrados y asignaciones a que tiene derecho, medidas judiciales o sentencias condenatorias relativas a la idoneidad para ejercer la profesión de conformidad a la ley.

e)Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, que estarán habilitadas para prestar apoyo a los establecimientos educacionales para ser designadas como administradores provisionales y para la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo. Tratándose de personas jurídicas, se deberá incluir, al menos, la constancia de su personalidad jurídica, domicilio y representante legal.

El registro podrá contemplar categorías según las especialidades técnicas de las entidades, pudiendo éstas optar a todas o sólo a algunas de ellas. Un reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir las personas y entidades para el ingreso y permanencia en el registro o subregistros de especialidades que se creen; el procedimiento de selección de las mismas; el tiempo de duración en el registro y las causales que originan la salida de éste, a fin de asegurar la calidad técnica y especialidad de dichas entidades.

El Ministerio de Educación deberá administrar y mantener con información actualizada los registros señalados en el inciso anterior, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de Educación de establecer otros registros que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 20.- La no entrega de la información requerida, la entrega incompleta de dicha información o la inexactitud de la misma serán sancionadas por la Superintendencia de Educación como infracción grave a la normativa educacional.

Artículo 21.- Un reglamento fijará la forma, modalidad y periodicidad en que deberá requerirse y publicarse la información establecida en los artículos 17 y 18, en especial el contenido de la Ficha Escolar.

Artículo 22.-Las universidades e Institutos profesionales deberán remitir al Ministerio de Educación la nómina de profesores titulados cada año de su respectiva institución. Tratándose de profesores titulados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, la deberán remitir, dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de la presente ley.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante un decreto con fuerza de ley expedido por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda, establezca las Direcciones Regionales de la Superintendencia de Educación, definiendo sus potestades, funciones y el ámbito geográfico que abarcará cada una de ellas.

Artículo segundo transitorio.- El Ministerio de Educación tendrá un plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta ley, para fijar los estándares de desempeño educativo de los sostenedores y los establecimientos educacionales. Durante este período, el desempeño de los sostenedores y los establecimientos educacionales será evaluado en base al resultado de la aplicación de los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Educación y las rendiciones de cuenta que efectúe.

Artículo tercero transitorio.-Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, fije la planta de personal de la Superintendencia de Educación y el régimen de remuneraciones que le será aplicable.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de la planta de personal que fije, así como los requisitos para el desempeño de los cargos, sus denominaciones y niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley Nº 19.882 y en el artículo 8° del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. En el mismo acto, fijará la fecha de vigencia de la planta de personal y la dotación máxima de personal para el año.

Mediante igual procedimiento, el Presidente de la República determinará la fecha de inicio de funciones de la Superintendencia de Educación.

El costo anual que represente la planta de personal de la Superintendencia no podrá exceder la cantidad de $6.700.000 miles.

Artículo cuarto transitorio.-El Presidente de la República nombrará, transitoria y provisionalmente, conforme al artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, al Superintendente, quién asumirá de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

Artículo quinto transitorio.-La planta de la Superintendencia será provista mediante el traspaso, sin solución de continuidad, de personal desde el Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, siguiendo el procedimiento que se establece en el inciso siguiente. Del mismo modo, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

Conforme lo anterior, la Subsecretaría de Educación directamente o utilizando el procedimiento que establece por el artículo 23 del Estatuto Administrativo, llamará a un concurso abierto a los funcionarios de las instituciones enumeradas en el inciso primero, sean de planta o a contrata, los que deberán cumplir los requisitos de los cargos concursados y estar calificados en listas 1 o 2 de distinción o buena, respectivamente. Los funcionarios a contrata deberán, además, haberse desempeñado en tal calidad a lo menos durante los dos años previos al concurso.

La Subsecretaría de Educación en forma previa, según la planta y sus requisitos, definirá, conjuntamente con el Superintendente, los factores, subfactores, competencias y/o aptitudes específicas a considerar, pudiendo fijarse por cargos o grupo de cargos o funciones.

El concurso deberá seguir, a lo menos, las siguientes normas básicas:

a)En la convocatoria se especificarán los cargos, las funciones a desempeñar y la localidad en la que estará ubicada la vacante.

b)En un solo acto, se postulará a una o más de las plantas o escalafones de la Superintendencia sin especificar cargos o grados determinados dentro de ellas, salvo que se postule sólo a determinadas localidades especificadas en la convocatoria.

c)La provisión de los cargos de cada planta se efectuará, en cada grado, en orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los postulantes.

d)En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme a los siguientes criterios: en primer término con el personal de planta, si quedaran vacantes se procederá con los funcionarios a contrata. De subsistir la igualdad se procederá conforme al resultado de la última calificación obtenida en la institución de origen. Por último, de mantenerse la igualdad se pronunciará el Superintendente.

e)El traspaso regirá a partir de la fecha en que quede totalmente tramitado el acto administrativo que lo dispone o de una fecha posterior si así éste lo estableciera.

Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, dicte normas complementarias para el adecuado desarrollo del concurso, aplicando en lo que estime pertinente, los preceptos del decreto N° 69 (H) de 2004.

Artículo sexto transitorio.-Facúltase al Presidente de la República para que a través de uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, regule los cargos de planta que quedaren vacantes, en el o los servicios en virtud de la creación de la Supertendencia de Educación . En el ejercicio de esta facultad además, podrá establecer la disminución de la dotación máxima en los servicios antes mencionados.

Artículo séptimo transitorio.-Los traspasos de personal no podrán significar disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos previsionales de los funcionarios traspasados. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.

Artículo octavo transitorio.-El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministro de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Superintendencia, incluyendo sus glosas y los recursos que se le traspasen por efectos del artículo quinto transitorio y aquellos asociados a las unidades cuyas funciones se transfieren por esta ley a la Superintendencia.

Artículo noveno transitorio.-Mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá también suscribirse por el Ministro de Educación, se determinarán los bienes muebles e inmuebles fiscales que se destinarán a la Superintendencia. El Superintendente requerirá de las reparticiones correspondientes las inscripciones y anotaciones que procedan, con el sólo mérito del decreto supremo antes mencionado.

Artículo décimo transitorio.-Facúltase al Presidente de la República para que a través de uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, regule el procedimiento de mediación relativo a las denuncias o reclamos que los distintos miembros de la comunidad escolar presenten.

Artículo undécimo transitorio.-Facúltase al Presidente de la República para que a través de uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, modifique las disposiciones orgánicas del Ministerio de Educación y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, a objeto de adecuarlas al traspaso de funciones que en virtud de la presente ley se efectúa a la Superintendencia de Educación. Asimismo reestructurará las plantas de personal de las referidas instituciones ajustándolas a las funciones que conserva el Ministerio o los servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, debiendo en todos ellos suprimir los empleos asociados a las funciones traspasadas.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

YASNA PROVOSTE CAMPILLAY

Ministra de Educación

ANDRÉS VELASCO BRAÑES

Ministro de Hacienda

Valparaíso, 5 de junio de 2007

Nº 527/SEC/07

A S.E. el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, en sesión del Senado del día de hoy, se dio cuenta del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación, correspondiente al Boletín Nº 5.083-04.

En atención a que el proyecto mencionado dice relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, el Senado acordó ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer, en cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República.

Lo que me permito solicitar a Vuestra Excelencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, incisos segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Adjunto copia del referido proyecto de ley.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE

Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS

Secretario General del Senado

?Santiago, 3 de julio de 2007

Oficio Nº 197

INFORME PROYECTO LEY 33-2007

Antecedente: Boletín N° 5083-04

Por Oficio N° 527/SEC/07, de 5 de junio de 2007, el Presidente del H. Senado, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley N° 18.918 y lo preceptuado en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, ha recabado la opinión de esta Corte respecto del proyecto de ley recaído en el Boletín N° 5083-04, que crea la Superintendencia de Educación.

Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, en sesión del día 22 de junio del presente, presidida por el subrogante don Ricardo Gálvez Blanco y con la asistencia de los Ministros señores Alberto Chaigneau del Campo, Urbano Marín Vallejo, Milton Juica Arancibia, Adalis Oyarzún Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, Sergio Muñoz Gajardo, señora Margarita Herreros Martínez, señores Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau y señora Gabriela Pérez Paredes, acordó informar favorablemente el proyecto, formulando las siguientes observaciones:

AL SEÑOR PRESIDENTE H. SENADO EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE

VALPARAÍSO

I. Antecedentes

El proyecto en mención crea la Superintendencia de Educación como un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República, a través del Ministerio de Educación.

Se establece como objeto de la Superintendencia la evaluación y fiscalización de los sostenedores y de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado en los niveles parvulario, básico y medio a fin de que cumplan con los estándares fijados para el sistema educativo.

Se asigna al organismo la función esencial de velar por la calidad del sistema educativo, que deberá ejercer, a través de la evaluación, información, fiscalización, interpretación administrativa de normas, atención de denuncias y reclamos, control del cumplimiento de las leyes y fiscalización efectiva para contribuir a mejorar el desempeño de los establecimientos educativos y del sistema escolar en su conjunto.

El proyecto reconoce a la Superintendencia atribuciones administrativas de diversa índole para el adecuado cumplimiento de sus funciones, entre las que figuran -en lo que interesa a este informe- la de aplicar sanciones, con arreglo a un procedimiento infraccional, cuyos aspectos básicos se regulan.

II. Contenido del proyecto

En el ejercicio de las atribuciones que se acaba de mencionar, corresponde al Director Regional imponer las sanciones que procedieren, como resultado de la pertinente investigación administrativa.

De acuerdo con lo que se dispone en el artículo 35 del proyecto, en contra de la resolución del Director Regional que aplique alguna de las sanciones que en el texto del mismo se señalan procede el recurso de reclamación ante la Superintendencia de Educación, el cual debe interponerse dentro del plazo de cinco días, contados desde la resolución que se impugna.

En contra de la resolución que sobre la materia pronuncie la Superintendencia es posible deducir el reclamo a que se refiere el artículo 56 del proyecto.

Este precepto establece un procedimiento contencioso administrativo, por medio del cual se puede reclamar ante la justicia ordinaria en contra de las resoluciones de la Superintendencia, que no se ajusten a la ley, reglamentos u otras disposiciones.

Dicho artículo dispone:

"Los afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones podrán reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente a su domicilio, dentro del plazo de diez días, contados desde la notificación de las resolución que se impugna.

La Corte deberá pronunciarse en cuenta sobre la admisibilidad del recurso.

Admitido el recurso, la Corte de Apelaciones dará traslado de éste a la Superintendencia, notificándola por oficio y ésta dispondrá del plazo de diez días, contado desde que se notifique la apelación interpuesta, para formular observaciones.

Evacuado el traslado por la Superintendencia o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala.

La Corte no podrá decretar medida alguna que suspenda los efectos del acto reclamado, salvo que se produjere daño irreparable producto del cumplimiento del acto o sea imposible el cumplimiento de lo que se resolviere en caso de acogerse el recurso.

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días. Contra ésta se podrá apelar ante la Corte Suprema, dentro del plazo de diez días hábiles, la que conocerá en la forma prevista en los incisos anteriores".

III. Conclusiones

La reclamación instituida en la disposición transcrita se asemeja en su tramitación a otros procedimientos de carácter contencioso-administrativo destinados a impugnar actos de instituciones públicas, de fiscalización y control.

Cabe reiterar en este informe lo expresado anteriormente en otros, referidos también a recursos del mismo ámbito, acerca de la conveniencia de que ellos sean interpuestos ante un Juzgado de Letras con posibilidad de recurrir en apelación ante la respectiva Corte de Apelaciones; con lo que queda marginada de intervenir en tales procedimientos la Corte Suprema, cuyo rol fundamental dentro de nuestro ordenamiento es el de un Tribunal de casación y no de segunda instancia.

Se advierte un error al emplearse en el inciso 3° del artículo 56 la expresión "apelación" en vez de "reclamación" que es el vocablo apropiado al caso, ya que la Superintendencia actúa como autoridad administrativa y no como tribunal.

Corresponde, en esta oportunidad, insistir en lo ya expuesto en anteriores proyectos de similar naturaleza en orden a la necesidad de suplementar los recursos del Poder Judicial, atendida la mayor carga de trabajo que habrán de asumir la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con el conocimiento de la reclamación que contempla la iniciativa legal que se informa.

Finalmente, cabe consignar que un señor Ministro concurrió al acuerdo formulando una prevención, en el sentido que se especifique, en el artículo 56 de la iniciativa, que el domicilio al que se hace referencia es el del afectado.

Dios guarde a V.E.

Enrique Tapia Witting

Presidente

Carola Herrera Brümmer

Secretaria Subrogante

?INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Superintendencia de Educación.

BOLETÍN Nº 5.083-04

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología tiene el honor de informar respecto del proyecto de ley de la referencia, en primer trámite constitucional, iniciado en un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, con urgencia calificada de “simple”.

Cabe señalar que este proyecto de ley fue discutido sólo en general, en virtud del artículo 36 del Reglamento del Senado.

A las sesiones en que se analizó esta iniciativa de ley asistieron, además de sus miembros:

Del Ministerio de Educación, la Ministra, señora Yasna Provoste; la Subsecretaria, señora Pilar Romaguera; los asesores de la Ministra, señores Eduardo Escalante y Freddy Ramos; el Jefe de la División Jurídica del Ministerio, señor Rodrigo González; la abogada de la División Jurídica, señora Misleya Vergara; el Jefe de la Unidad Curriculo y Evaluación, señor Pedro Montt; el Jefe de la División de Educación Superior, señor Julio Castro; el Jefe del Departamento Jurídico de la División de Educación Superior, señor Cristián Inzulza; la Abogada de la División Jurídica, señora Jenny Stone; la Jefa de la Unidad de Apoyo a la transversalidad, señora Elisa Araya, y la Asesora de Prensa del Ministerio, señora Patricia Armingol.

Del Ministerio de Hacienda, la Asesora de la Subsecretaría, señora Tania Hernández.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Ministro, señor José Antonio Viera-Gallo y el abogado asesor, señor William García.

De la Contraloría General de la República, el Contralor, señor Ramiro Mendoza y el Jefe de la División Jurídica de la Contraloría, señor Gastón Astorquiza.

De la Sociedad de Instrucción Primaria, su Presidenta, señora Patricia Matte.

De la Corporación Nacional de Colegios Particulares (CONACEP), el Presidente, señor Rodrigo Bosch; el Vicepresidente, señor Alejandro Hasbún; el Secretario Nacional, señor Leonardo Giavio; el Director Rodrigo Keterer; el Director, señor Alejandro Cifuentes; el Presidente de CONACEP V Región, señor Hendrich Zieller y la Secretaria de CONACEP V Región, señora Ana Rosa Ramos.

De la Asociación Chilena de Municipalidades, el Director Jurídico, señor Claudio Radonich.

Del Instituto Libertad, la Economista, señora Alejandra Candia.

De la Universidad de Chile, el Investigador del Programa en Educación, señor Cristian Bellei y el Profesor Investigador del Departamento de Ingeniería Industrial, señor Pablo González.

De la Universidad Alberto Hurtado, el Decano de la Facultad de Educación y Director del Centro de Investigación Desarrollo Educación (CIDE), señor Juan Eduardo García Huidobro.

De la Secretaría General de la Presidencia, el Abogado Asesor, señor William García.

De Libertad y Desarrollo, la Investigadora del Programa Social, señora Carolina Velasco, y el Director del Programa Legislativo, señor Sebastián Soto.

De la Federación de Instituciones de Educación Particular, el Secretario Ejecutivo, señor Carlos Veas y, el Abogado, señor Rodrigo Díaz.

Representantes de la Enseñanza Media, la Dirigenta del Liceo 7º de Santiago, señorita Camila Cancino; el Presidente del Internado Nacional Barros Arana, señor Daniel Olivares; de la Comisión Política Zonal Centro ANES, señor Hans González; del Liceo 7 de Providencia, la señorita Rosario Zúñiga, y de la Ex Comisión Política ANES, el señor Diego Calderón.

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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Crear una Superintendencia de Educación, cuyo objetivo será la evaluación y fiscalización de los sostenedores y de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado en los niveles parvulario, básico y medio, a fin de que cumplan con los estándares establecidos para el sistema educativo. Asimismo, la Superintendencia proporcionará información en el ámbito de su competencia, a los miembros de la comunidad educativa y otros usuarios e interesados, atendiendo los reclamos y denuncias de éstos, estableciendo las sanciones que en cada caso corresponda.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Os hacemos presente que deben aprobarse como normas de carácter orgánico constitucionales los artículos 1°, 3°, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 60 y los artículos transitorios primero, tercero, cuarto, quinto y undécimo, por tratarse de un conjunto de normas que se refieren a la creación, organizaciones y funcionamiento de los Servicios Públicos y de la carrera funcionaria. Asimismo, deben aprobarse con el mismo quórum los artículos 35 y 56 por tratarse de normas que establecen un recurso administrativo. Todo esto en virtud de lo dispuesto en los artículos 19 N° 11 y 38 de la Constitución Política de la República y del decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

El artículo 19 N° 11 de la Constitución Política de la República, indica que una ley orgánica constitucional señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento.

Cabe dejar constancia que, en su oportunidad, esta Corporación ofició a la Excelentísima Corte Suprema, con el objetivo de recabar su parecer respecto a la iniciativa de ley en estudio, la que emitió su opinión por Oficio N° 197, de 3 de julio de 2007, en el que se hace una prevención respecto del artículo 56 de este proyecto de ley.

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ANTECEDENTES

Para el debido estudio de esta iniciativa de ley, se ha tenido en consideración, entre otros, lo siguiente:

A.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

a) Los numerales 10º y 11º del artículo 19 de la Constitución Política, que consagran, respectivamente, las garantías del derecho a la educación y de libertad de enseñanza.

b) La ley N° 19.882 que regula la nueva política de personal de los funcionarios que indica.

c) La ley N° 18.956 que reestructura el Ministerio de Educación Pública.

d) El decreto ley N° 3.551, de 1981 que fija las normas sobre remuneraciones y sobre el personal para el sector público.

e) El decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

f) La ley N° 19.863 sobre remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la Administración Pública y da normas sobre gastos reservados.

g) El decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado.

h) El decreto ley N° 3.166, de 1980, que autoriza entrega de la administración de determinados establecimientos de educación técnico profesional a las instituciones o a las personas jurídicas que indica.

i) La ley N° 19.979 que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.

j) El decreto supremo N° 69, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que establece el Reglamento sobre concursos del Estatuto Administrativo.

k) El decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.

l) El decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales.

m) El Código Tributario en sus artículos 53, 57 y 58.

n) El Código Civil en su artículo 2132.

B.- ANTECEDENTES DE HECHO

El Mensaje que inicia el presente proyecto de ley destaca la necesidad de mejorar la calidad de la educación de manera que ésta constituya un instrumento para el desarrollo de cada una de las personas que conforman la comunidad nacional. Comenta que esta necesidad ha sido recogida por el Gobierno, luego de conocer los planteamientos formulados por el movimiento estudiantil del año recién pasado. En esa oportunidad, continúa, se alcanzaron una serie de acuerdos, a fin de implementar una educación de calidad y equitativa.

Para estos efectos, señala que el Gobierno constituyó el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, organismo consultivo integrado por personalidades ligadas al campo de la educación y al cual le encargó la elaboración de un conjunto de recomendaciones para elevar la calidad de la educación. Estas recomendaciones y conclusiones, prosigue, han sido estudiadas por un Comité de Ministros, encargado de proponer y de elaborar los proyectos de ley y otras medidas destinadas a implementar las reformas para mejorar cualitativamente la educación chilena.

Advierte que una reforma profunda al sistema educacional no sólo requiere de un aumento de los recursos, sino que también debe contar con una modificación del marco regulatorio existente. Sostiene que tales reformas deben considerar: la incorporación dentro de las garantías fundamentales el derecho a una educación de calidad, la modernización del marco institucional actual, a objeto de garantizar un sistema que en su conjunto llegue a todos los sectores y una administración eficiente, responsable y transparente de los recursos destinados a ese fin.

Dentro de las medidas adoptadas por el Ejecutivo destaca el envío a la Honorable Cámara de Diputados de un proyecto de reforma constitucional dirigido a equilibrar el derecho a la educación con la libertad de enseñanza y asegurar el derecho a una educación de calidad, y del proyecto de ley que establece la Ley General de Educación. Este segundo proyecto de ley, continúa, tiene por objeto: establecer y explicitar los principios, fines, deberes del Estado; los derechos y obligaciones de los actores del proceso educativo; y fijar las disposiciones generales sobre los tipos, niveles y modalidades del sistema educativo, así como de las normas que fijen el ordenamiento de un currículo nacional flexible, moderno, democrático.

Luego, afirma que para el logro de una educación de calidad se requiere, además, de la existencia de un verdadero sistema integral de aseguramiento de la calidad, y cita como ejemplo la ley Nº 20.129 que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, la cual ha creado toda una institucionalidad destinada a velar por la calidad de la educación en este ámbito. Comenta que dentro de este sistema nacional de aseguramiento de la calidad se encuadra el presente proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación, concebida como una agencia de aseguramiento de la calidad, y como una instancia planificadora y promotora de las políticas educativas que le corresponden al Ministerio de Educación.

Señala que estas reformas también deben abordar la modernización de la gestión de la educación pública, su sistema de financiamiento y la rendición de cuentas de los recursos públicos destinados a la educación, y menciona el proyecto de ley que establece una subvención escolar preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables, destinado, por un lado, a incrementar los recursos a disposición de los establecimientos que atienden estudiantes vulnerables y, por el otro, a estimular en ellos una gestión escolar que eleve sus logros de aprendizaje.

Enseguida, indica que nuestro sistema educativo ha alcanzado varios logros educativos, destacando entre otros: las altas tasas de escolarización, el aumento del tiempo de escolaridad de sus alumnos, la inclusión de niños de los sectores más desfavorecidos, la generación de dispositivos compensatorios para escuelas con necesidades especiales, el establecimiento de un currículo actualizado, la profesionalización de su cuerpo docente, la mantención en el tiempo de herramientas de evaluación, la incorporación de innovaciones, el estrechamiento de la brecha digital, la existencia de mecanismos de evaluación de sus docentes y un significativo esfuerzo para aumentar el presupuesto destinado a la educación. En este sentido, acota que Chile posee un activo previo, que permite concentrar toda su agenda educativa en el mejoramiento de la calidad y la equidad, a fin de asegurar a todos una educación de calidad.

Observa que pese a todos los esfuerzos que se han realizado en esta área, no se han alcanzado los resultados esperados. Agrega que tampoco se han modificado los componentes organizacionales de nuestro sistema educacional. Bajo este contexto, estima que es fundamental generar cambios significativos en las condiciones institucionales y enfrentar las fallas de nuestro sistema escolar. Las soluciones, continúa, pasan por regular la prestación del servicio educativo, mejorando su funcionamiento; generando indicadores de calidad; transparentando los resultados y el uso de los recursos; creando los incentivos adecuados; y adoptando las medidas que correspondan cuando los oferentes no entregan un servicio de calidad.

Sostiene que para el Ejecutivo es fundamental la creación de un sistema de aseguramiento de la calidad educativa, porque considera que éste contribuirá a su mejoramiento, ya que permitirá la transparencia y la rendición de cuentas por los resultados. Advierte que ello es necesario, dado las características del sistema educacional chileno, el cual reconoce un sistema mixto de financiamiento compartido y de financiamiento público.

El desafío de velar por la calidad de la educación, prosigue, demanda una nueva institucionalidad educativa y un currículo nacional moderno y actualizado, orientado a recoger los avances de la ciencia y del conocimiento, y que sea flexible a los nuevos requerimientos de los educandos. También, precisa que se requerirá de la definición de los roles de todos los actores y de los estándares nacionales para medir objetivamente sus desempeños. Agrega que este nuevo sistema deberá exigir resultados, cuyos parámetros sean determinados socialmente por instituciones de carácter plural y de la más alta competencia. Por último, indica que se requerirá de la creación de nuevas instituciones para ejercer la supervigilancia y el control del desempeño de las instituciones educativas y de sus actores. En efecto, arguye que este proyecto de ley tiene por finalidad crear la institución que contribuirá, en el marco de su competencia, al aseguramiento de la calidad de la educación.

Repara en que no existe en la actualidad un sistema claro, explícito y transparente de responsabilidad de los establecimientos educacionales que tienen un mal rendimiento permanente, ya que el diseño del sistema impide que se establezcan medidas correctivas para estos establecimientos. Por otra parte, reconoce que los incentivos que existen parecen no ser suficientes, ni estar correctamente orientados como para provocar una mejora en los desempeños de los distintos actores.

Enseguida, comparte lo expuesto por el Consejo Asesor, en el sentido de que debe establecerse un régimen de aseguramiento de la calidad que suponga la existencia de una institución pública y autónoma, a la que se le conceda la atribución de ejecutar diversas acciones periódicas, a fin de: verificar el cumplimiento de los estándares nacionales; constatar la mantención de los requisitos de las instituciones educacionales reconocidas oficialmente; disponer o sugerir a la autoridad el cierre de las instituciones que no han alcanzado el rendimiento mínimo esperado; proveer de información completa y fidedigna a la ciudadanía acerca de los niveles de logro del sistema escolar, y velar por el derecho a la educación, prestando asesoría legal a los padres y familias que sientan que se les ha vulnerado este derecho.

En materia de Derecho Comparado, comenta que la gran mayoría de las experiencias internacionales muestran que el éxito de los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación están relacionados con la aplicación de un marco institucional específico, el cual debe orientarse a crear un marco de aseguramiento efectivo que establezca en forma clara y explícita las responsabilidades para todos los niveles y actores del sistema educativo. Agrega que un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, conforme a la experiencia internacional, reconoce las siguientes características: la formulación de requisitos de operación para ingresar y permanecer en el sistema educativo para los establecimientos educacionales, sostenedores, docentes y directivos; el establecimiento de estándares o metas de desempeño para cada persona o institución que participa en la producción de la calidad educativa, considerando no sólo los indicadores del aprendizaje, sino también los de los procesos y de los resultados intermedios; la evaluación de desempeño de cada uno de los actores e instituciones; la comunicación de los resultados de las evaluaciones de desempeño, incluyendo la frecuencia, el contenido, la calidad, y los públicos objetivos de la información sobre desempeño de cada uno de los niveles del sistema; la evaluación de impacto de las políticas y programas existentes; el aseguramiento de los recursos adecuados y equitativos que dicen relación con los sistemas de gestión y los mecanismos de financiamiento y administración; el control, intervención y apoyo a los actores e instituciones en el logro de los estándares de desempeño, lo que incluye inspecciones, asistencia técnica-pedagógica a docentes y directivos y la coordinación entre el Estado y privados, y la rendición de cuentas.

Bajo este contexto, declara que para crear un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación se requiere del rediseño del actual sistema educacional y de su institucionalidad.

Explica que el sistema de aseguramiento de la calidad que se busca desarrollar para los niveles de la educación parvularia, básica y media, tendrá que ejercer funciones de carácter normativo, de fomento, de evaluación, de información y de fiscalización de la calidad de la educación y velar por el cumplimiento de todos los derechos y deberes establecidos en las leyes y reglamentos de carácter educacional. Informa que la tuición del cumplimiento del total de todas estas funciones será asumida por tres organismos públicos, a saber: el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y el Consejo Nacional de Educación.

En el sistema diseñado, continúa, corresponderá al Ministerio de Educación, además de sus funciones tradicionales, diseñar e implementar las políticas y programas destinados a fomentar la calidad de la educación, y elaborar los estándares nacionales. A la Superintendencia de Educación, prosigue, le corresponderá constituirse como agencia de aseguramiento de la calidad, informando, evaluando, fiscalizando, interpretando normas y sancionando, cuando proceda. En el caso del Consejo Nacional de Educación -hoy Consejo Superior de Educación-, entre otras funciones, le corresponderá la aprobación de marcos y bases curriculares y de los estándares de calidad, así como del plan de mediciones nacionales e internacionales de los logros de aprendizaje de los alumnos.

Bajo este contexto, señala que resulta fundamental que el Ministerio de Educación retome su rol planificador y promotor educativo, reasumiendo las funciones de elaboración de marcos y bases curriculares y de planes y programas de estudio; de formulación de estándares de logros de aprendizaje y de desempeño; de diseño e implementación de políticas y programas; de formulación de planes de mediciones, tanto nacionales como internacionales; de desarrollo de estudios; y de apoyo pedagógico y de intervención a los establecimientos educacionales que así lo necesiten.

Expone que este proyecto de ley presenta algunos cambios respecto del proyecto de ley que establece la Ley General de Educación, el cual fue formulado sin este órgano. En efecto, explica que el presente texto entrega a la Superintendencia de Educación funciones que en aquel proyecto eran asignadas al Ministerio de Educación, tales como: la evaluación de la calidad de la educación, a través de la aplicación de mediciones de logros del aprendizaje de los alumnos, tanto de carácter nacional como internacional; la evaluación de desempeño de establecimientos; la calendarización de las evaluaciones de desempeño, y la difusión pública de los resultados obtenidos. Aclara que estos temas, junto con otros que surjan en el debate de ambos proyectos de ley, serán coordinados a través de indicaciones que en su oportunidad presentará el Ejecutivo en el respectivo trámite constitucional.

Por otra parte, comenta que en la educación chilena la figura de una Superintendencia es de larga data. En el año 1953, continúa, se creó la Superintendencia de Educación Pública, como un organismo específico para ejercer esta función. Sin embargo, acota que esta entidad careció de la capacidad ejecutiva, jurídica y material para fiscalizar la calidad de la educación nacional, ya que fue concebida más bien como un órgano asesor y consultivo. Esta Superintendencia, prosigue, albergó en su seno al Consejo Nacional de Educación de la época, el cual era un alto organismo colegiado, de representación de los principales actores sociales e institucionales del campo de la educación que, en conjunto y en diálogo con las autoridades ministeriales, debía pronunciarse sobre las materias de política educativa y sobre los cambios curriculares. Observa que la consulta al Consejo era obligatoria, pero sus resoluciones no afectaban las potestades decisorias propias del poder Ejecutivo.

En el año 1974, refiere que la Superintendencia fue incorporada y absorbida por el Departamento de Presupuesto del Ministerio de Educación, asumiendo el rol de una oficina de planificación y de presupuesto, hasta desaparecer formalmente con la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica del Ministerio de Educación.

En la actualidad, informa que el sector público chileno engloba bajo el concepto y la denominación de Superintendencias a las entidades de fiscalización de sujetos acotados, con fuertes potestades, caracterizadas orgánicamente por ser servicios públicos, descentralizados, dotados de personalidad jurídica y de patrimonio propio, que se relacionan con el Ejecutivo a través de los Ministerios que atañen a su actividad. En efecto, refiere que las actuales Superintendencias son organismos destinados a: fiscalizar o controlar los actos realizados por otra persona u órgano de acuerdo a un procedimiento previamente establecido; verificar que los actos que se ejecutan cumplan con los requisitos establecidos en el marco normativo; formular exigencias a los fiscalizados; resolver conflictos; aplicar sanciones cuando el marco normativo lo faculte, e informar a los usuarios sobre el funcionamiento del sistema con el fin de orientarlos en la toma de decisiones.

Indica que al revisar los marcos legales de las actuales Superintendencias se establece que éstas en la mayoría de los casos tienen las siguientes atribuciones:

1) fiscalizar el funcionamiento de los entes supervisados en sus aspectos jurídicos, administrativos y financieros;

2) velar por el cumplimiento de los requisitos mínimos fijados para la obtención de autorización para operar en un sector;

3) proponer reformas legales y reglamentarias orientadas a perfeccionar el funcionamiento del sistema respectivo;

4) interpretar la legislación y reglamentación vigentes e impartir normas generales y obligatorias para su aplicación por parte de los entes sujetos a su supervigilancia;

5) ejercer funciones sancionatorias de carácter punitivo, correctivo o disciplinarias, tales como amonestar, imponer multas, revocar la autorización de funcionamiento o, incluso, administrar provisionalmente el servicio cuya calidad sea deficiente;

6) proporcionar a los entes participantes del sistema información fidedigna;

7) participar judicialmente, y

8) coordinarse con otros órganos del Estado.

La Superintendencia de Educación que se plantea crear a través de la presente iniciativa de ley, continúa, sigue el mismo modelo de las actuales Superintendencias. No obstante, acota que a nivel funcional se establece que ésta deberá velar por la calidad del sistema educativo. Agrega que esta función central contribuirá al mejoramiento del desempeño de los establecimientos educativos y del sistema escolar en su conjunto y que será ejercida mediante la evaluación, información, fiscalización, interpretación administrativa de normas, atención de denuncias y reclamos, control del cumplimiento de las leyes y fiscalización efectiva.

En cuanto a su organización, precisa que la Superintendencia de Educación se concibe como un organismo fiscalizador, funcionalmente descentralizado, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. Agrega que este organismo estará a cargo de un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, quien será el Jefe Superior de la Superintendencia y tendrá la representación judicial y extrajudicial de la misma, el cual será designado conforme al mecanismo de la Alta Dirección Pública.

Informa que esta norma le entrega un variado catálogo de atribuciones para el cumplimiento de su cometido, tales como: la evaluación del nivel de logro de los estándares de calidad del sistema educativo; el diseño, aplicación y la validación de los instrumentos de medición y de evaluación respecto de los alumnos, los establecimientos, los sostenedores y los docentes; el resguardo del cumplimiento de las leyes, reglamentos e instrucciones que imparta; la fiscalización del uso de los recursos públicos; la inspección; la recepción de consultas, denuncias y reclamos de los distintos miembros de la comunidad escolar; la formulación de cargos, sustanciación y resolución de los procesos sancionatorios; la adopción de medidas para el resguardo del servicio educativo; la fiscalización de los requisitos para obtener el reconocimiento oficial del Estado; la aplicación de sanciones; la interpretación de leyes, reglamentos y demás normas educacionales; la facultad normativa; la realización de estudios y análisis de las estadísticas del sistema educativo y la publicación de los resultados de los mismos; proporcionar asesorías al Ministerio de Educación en materias de su competencia, y, en general, la adopción de todas las medidas que estime necesarias para el resguardo de todos los usuarios del servicio educacional y del interés público.

Enseguida, comenta que este proyecto de ley concibe a la Superintendencia de Educación como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y con patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. Agrega que esta entidad constituye una institución fiscalizadora en los mismos términos que el decreto ley N° 3.551, de 1981 y añade que estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la Ley N° 19.882.

Asimismo, señala que el domicilio de la Superintendencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las Direcciones Regionales que se creen en cada una de las regiones del país. Al respecto, indica que se faculta al Presidente de la República para que, mediante un decreto con fuerza de ley, cree dichas instancias regionales, definiendo sus potestades, funciones y el ámbito geográfico que abarcará cada una de ellas.

Por otra parte, precisa que esta Superintendencia tendrá por objeto la evaluación y fiscalización de los sostenedores y de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado en los niveles parvulario, básico y medio, a fin de que éstos cumplan con los estándares establecidos para el sistema educativo. A su vez, menciona que la Superintendencia deberá proporcionar información en el ámbito de su competencia a los miembros de la comunidad educativa y a otros usuarios e interesados, y deberá atender los reclamos y denuncias que éstos presenten, aplicando las sanciones que en cada caso correspondan.

Reitera que para el cumplimiento de su objetivo principal, la Superintendencia de Educación ha sido dotada de atribuciones normativas, fiscalizadoras, sancionatorias, de asesoría, de coordinación, de información y de atención a usuarios y de mediación.

Dentro de las atribuciones normativas, señala que a la Superintendencia le corresponderá aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales, reglamentarias y las demás normas que rigen la prestación del servicio educativo, cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones de carácter general al sector sujeto a su fiscalización.

En el ámbito de las atribuciones fiscalizadoras, precisa que deberá fiscalizar y evaluar el grado de cumplimiento de los estándares establecidos para el sistema educativo; fiscalizar el uso de los recursos públicos traspasados a los sostenedores educacionales y exigir la rendición de cuentas de los mismos; fiscalizar que las personas o instituciones cumplan con las leyes, reglamentos, e instrucciones que ella imparta, y controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional. Asimismo, podrá ordenar auditorías a la gestión financiera de los sostenedores educacionales que reciben recursos públicos y en el caso de establecimientos particulares, sólo podrá intervenir en la medida que existieran denuncias o reclamos.

Asimismo, expone que podrá acceder libremente a los establecimientos educacionales y dependencias administrativas del sostenedor, a objeto de ejercer las funciones que le son propias. También, indica que podrá revisar todos los documentos, libros o antecedentes que sean necesarios para cumplir su función fiscalizadora, y examinar todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las personas y entidades fiscalizadas, y disponer de todos los antecedentes que juzgue necesarios. Las mismas facultades tendrá la Superintendencia respecto de los terceros que administren y presten servicios a los establecimientos educacionales.

La Superintendencia, continúa, podrá requerir al Ministerio de Educación que designe a un administrador provisional para que administre a los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado que tengan resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos.

Finalmente, la Superintendencia podrá citar a declarar a los sostenedores, representantes, administradores y dependientes de las instituciones fiscalizadas respecto de algún hecho que estime necesario para el cumplimiento de sus funciones.

En cuanto a las atribuciones sancionatorias, señala que el presente proyecto de ley plantea que esta Superintendencia también puede aplicar, según sea la gravedad y naturaleza de la infracción, algunas de las siguientes sanciones: amonestación, multa, inhabilitación temporal o perpetua de la calidad de sostenedor o para ejercer cualquier actividad relacionada con la administración de los establecimientos educaciones, y la revocación del reconocimiento oficial. En este orden de ideas, comenta que este proyecto de ley se encarga de describir las conductas que configuran las infracciones graves, menos graves y leves y, enseguida, menciona las circunstancias atenuantes y agravantes de esta responsabilidad.

A continuación, señala que la Superintendencia podrá efectuar funciones de asesoría y coordinación, no sólo con el Ministerio de Educación sino también con otros organismos de la Administración del Estado. Al respecto, dispone que la Superintendencia podrá asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y otros organismos técnicos en materias de su competencia. Asimismo, podrá convenir con otros organismos de la administración del Estado o con entidades privadas, la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones.

Establece que la Superintendencia podrá elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia. Asimismo, indica que podrá requerir de los sostenedores y docentes directivos de los establecimientos educacionales u otros organismos públicos y privados relacionados con la educación y que podrá recoger toda la información proporcionada por las instituciones, validarla, procesarla y distribuirla entre los usuarios.

Además, informa que estará facultada para poner a disposición del público toda la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de los establecimientos educacionales, los sostenedores, los docentes y los estudiantes. Agrega que para tales efectos, podrá crear y administrar todos los registros que sean necesarios para ejercer sus funciones.

Por otra parte, señala que la Superintendencia de Educación podrá responder consultas, investigar denuncias y resolver reclamos que los distintos miembros de la comunidad escolar le presenten. Señala que podrá promover instancias de mediación respecto de las denuncias y reclamos que se presenten ante ella. Este procedimiento de mediación, continúa, sería regulado mediante un decreto con fuerza de ley.

Advierte que la Superintendencia de Educación, estará sujeto a control, como corresponde en todo Estado de Derecho. En razón de lo anterior y para asegurar los derechos de las personas y la legalidad de sus actuaciones, prosigue, en el presente proyecto de ley se contemplan diversos recursos administrativos y un reclamo judicial que podrán interponer las personas afectadas, para impugnar las actuaciones de la Superintendencia que consideren contrarias a derecho. Asimismo, indica que la Superintendencia estará sometida al control que ejerce la Contraloría General de la República en lo concerniente al examen de las cuentas de entradas y gastos.

Enseguida, indica que este proyecto de ley dispone que la Superintendencia se desconcentrará territorialmente a través de las Direcciones Regionales, de conformidad a lo establecido en esta ley. Por otra parte, señala que el Jefe Superior de la Superintendencia será un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, quien detentará a la vez el título de Superintendente de Educación, y tendrá la representación judicial y extrajudicial de la misma. El Superintendente, continúa, establecerá la organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.

Por otro lado, refiere que este servicio estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882. En este mismo sentido, precisa que la planta de la Superintendencia será provista, mediante el traspaso sin solución de continuidad, de personal desde el Ministerio de Educación, la Subsecretaría y otros servicios dependientes o relacionados por su intermedio.

Para dar cumplimiento a lo anterior, prosigue, la Subsecretaría de Educación directamente o utilizando el procedimiento que establece el artículo 23 del Estatuto Administrativo, llamará a un concurso abierto a los funcionarios de las instituciones antes mencionadas. Agrega que podrán concursar todos los funcionarios de planta o a contrata, que cumplan los requisitos de los cargos concursados y que estén calificados en listas 1 o 2. Con respecto a los funcionarios a contrata, comenta que, además, se exige que se hayan desempeñado en tal calidad a lo menos durante los dos años previos a dicho concurso. Finalmente, señala que se faculta al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, dicte las normas complementarias para el adecuado desarrollo del concurso antes indicado.

Luego, destaca que uno de los aspectos más relevantes de este proyecto de ley es la creación de un nuevo sistema de evaluación de la calidad de la educación que viene a complementar los instrumentos existentes. En efecto, arguye que esta iniciativa de ley establece que la evaluación del sistema educativo la realizará la Superintendencia a través de diversos procedimientos, entre otros, menciona a: la de medición de los logros de aprendizaje de los alumnos, y a la evaluación del desempeño de los sostenedores y de los establecimientos educacionales.

Enseguida, informa que se establece que la evaluación del sistema educativo se realizará a través de distintos procesos, tales como: el diseño y aplicación de mediciones de logros de aprendizaje de carácter nacional; las aplicaciones de mediciones internacionales de logros de aprendizaje; la evaluación de desempeño de los establecimientos y de sus sostenedores; la auditoría selectiva del proceso de evaluación de desempeño establecidos en la ley; las auditorías selectivas de evaluación de desempeño de los docentes de aula y de los docentes directivos y técnicos pedagógicos de los establecimientos municipales; la validación de dichos procesos en los establecimientos particulares subvencionados y en aquellos regidos por el decreto ley Nº 3.166 de 1980, así como también en los establecimientos particulares pagados que lo soliciten, y la ejecución de auditorías de rendición de cuentas.

El proyecto, continúa, establece que las bases de la evaluación para cada ámbito a ser evaluado son: el sostenedor, los establecimientos educacionales, los alumnos y los docentes. En el caso de la evaluación de desempeño de los sostenedores, prosigue, se consideran los siguientes elementos: los resultados de los compromisos de gestión de los directivos; los resultados de la evaluación de los establecimientos a su cargo; la aplicación de los instrumentos para medir el grado de satisfacción de alumnos, padres y apoderados, y la participación de la comunidad educativa; el manejo de los recursos públicos y la gestión financiera de los establecimientos, y los demás que la Superintendencia determine.

Respecto de la evaluación de los establecimientos, informa que se revisarán los procesos y resultados en materia de: liderazgo pedagógico y directivo; gestión del currículo; gestión pedagógica y directiva del establecimiento; autoevaluación; administración de recursos; convivencia escolar y apoyo a los estudiantes; resultados educativos de los alumnos, y el grado de satisfacción de los padres, apoderados y de los alumnos.

En el caso de los docentes municipales, precisa que se auditará selectivamente la evaluación de desempeño establecido en la ley y se validarán los procedimientos creados por los sostenedores particulares subvencionados para este efecto.

Por otra parte, explica que este proyecto de ley establece que la evaluación de desempeño se realizará conforme a una calendarización fijada por la Superintendencia, con instrumentos de diseño público establecidos por ésta en concordancia con los estándares de desempeño respectivos. Observa que la evaluación considerará el proyecto educativo de cada establecimiento. Señala que el proceso de evaluación dará origen a un informe que establecerá el grado de cumplimiento de los estándares medidos y formulará las observaciones y recomendaciones pertinentes.

Tratándose de los establecimientos particulares pagados, comenta que éstos sólo podrán ser evaluados en caso de denuncia o reclamo, y previa constatación de incumplimiento de la normativa educacional vigente.

En materia de rendición de cuentas, prescribe que los sostenedores y entidades educacionales rindan cuenta de la gestión educativa y financiera de sus establecimientos, según el calendario y de acuerdo a los instrumentos y formatos estandarizados que fije la Superintendencia, la que será obligatoria para los establecimientos que reciban financiamiento del Estado, con la periodicidad y en los plazos establecidos por esta entidad. En el caso de establecimientos particulares pagados, acota que éstos deberán rendir cuenta en las oportunidades en que la Superintendencia lo exija, si se ha constatado el incumplimiento a la normativa educacional, o si existen denuncias o reclamos en su contra.

A su vez, comunica que este proyecto de ley establece los ítems respecto de los cuales se deberá rendir cuenta, como balances, resultados financieros y logros. En el caso que se detectaren infracciones, arguye que la Superintendencia estará facultada para abrir el proceso correspondiente y formular los cargos que procedan.

Este proyecto de ley establece que la fiscalización de la Superintendencia tiene por objeto verificar: la mantención de los requisitos que dieron origen al reconocimiento oficial del Estado; el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en conformidad a la ley; el cumplimiento de los requisitos que dan origen a la subvención educacional del Estado y otros aportes públicos, y el cumplimiento de los deberes y derechos establecidos en la normativa educacional y en las instrucciones emanadas de ésta. Establece que para el cumplimiento de esta función la Superintendencia podrá actuar de oficio o a petición de parte y sostiene que el incumplimiento de cualquiera de estos elementos podrá dar lugar a la formulación de cargos.

Faculta a la Superintendencia para solicitar a los sostenedores y directivos de los establecimientos educacionales todo tipo de información relativa a su gestión técnico pedagógica, administrativa y financiera. Asimismo, dispone que la no entrega de información, la entrega incompleta o la entrega inexacta, será considerada como infracción grave a las disposiciones de esta ley y dará lugar a la formulación de cargos y al correspondiente proceso administrativo.

Por otra parte, comunica que los procesos de fiscalización serán seguidos ante el Director Regional, quien mediante resolución fundada, designará a un fiscal instructor encargado de su tramitación y de formular cargos, en el caso que sea procedente. El fiscal designado, continúa, deberá investigar los hechos y disponer las diligencias que estime necesarias. Asimismo, informa que la resolución que ordena la instrucción del proceso deberá ser notificada personalmente y por carta certificada al representante legal del sostenedor. Agrega que el sostenedor deberá presentar los descargos y los medios de prueba que hará valer en el plazo de diez días contados desde la fecha de la notificación. Presentados los descargos, o transcurrido el plazo antes mencionado, refiere que el fiscal instructor deberá elaborar un informe, proponiendo al Director Regional la aplicación de sanciones o el sobreseimiento, según corresponda. El Director Regional, prosigue, luego de apreciar la prueba rendida y mediante resolución fundada, aplicará la sanción propuesta o el sobreseimiento, según sea el caso.

Enseguida, informa que el Superintendente podrá aplicar sanciones de carácter administrativo, las que podrán consistir, dependiendo de la gravedad de los hechos, en: una amonestación; una multa a beneficio fiscal, la que no podrá ser inferior a 50 Unidades Tributarias Mensuales ni exceder a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales; la inhabilitación temporal o a perpetua de la calidad de sostenedor o para ejercer cualquier actividad relacionada con la administración de establecimientos educacionales, o la revocación del reconocimiento oficial del Estado.

Advierte que las multas a beneficio fiscal impuestas por la Superintendencia deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, dentro del plazo que establece esta ley y en el caso de los establecimientos educacionales subvencionados procederá el descuento, por el valor de la multa correspondiente, de la subvención mensual a percibir. Agrega que el retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia, en conformidad a la ley, devengará los intereses y reajustes establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Destaca que en el caso que la Superintendencia aplique la sanción de revocación del reconocimiento oficial, el Ministerio de Educación deberá aplicar todas las medidas que resulten pertinentes para asegurar la continuidad de la educación de los alumnos del establecimiento educacional cuyo reconocimiento oficial sea revocado.

Asimismo, señala que en contra de las sanciones de amonestación no procederá recurso administrativo alguno y que en contra de las resoluciones que dicte el Director Regional, procederá el recurso de reclamación ante el Superintendente. A su vez, precisa que en contra de los actos de la Superintendencia que se consideren ilegales procede un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante, el cual deberá ser interpuesto dentro del plazo de diez días contados desde la notificación de la resolución recurrida.

Por otra parte, indica que se dispondrá de supervisores de evaluación habilitados como fiscalizadores, quienes tendrán el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones. Afirma que los hechos constatados e informados de oficio o a requerimiento por estos funcionarios constituyen presunción legal.

Enseguida, destaca que se contempla un sistema de atención de denuncias y reclamos de los distintos integrantes y usuarios del sistema educacional, facultándose a la Superintendencia para conocer de las denuncias que se formulen y que se refieran a materias de su competencia y sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

Para estos efectos, señala que esta norma entiende por denuncia, todo acto que se pone en conocimiento de la Superintendencia que implique una supuesta irregularidad, con el objeto de que ésta investigue y adopte las medidas que correspondan. A su vez, precisa que un reclamo es una petición formal realizada a la Superintendencia para que ésta resuelva una controversia entre algún usuario del sistema educativo y una entidad fiscalizadora.

Respecto de los reclamos que se formulen, indica que un reglamento establecerá la forma de su tramitación y los requisitos que deben cumplir las diligencias, actuaciones y las medidas precautorias que se decreten, debiendo velar porque se respete la igualdad entre los involucrados, la bilateralidad de la audiencia, la imparcialidad y la transparencia del proceso. Informa que la Superintendencia deberá mantener un registro público con las estadísticas de denuncias y reclamos conocidos y resueltos.

Con respecto al personal de la Superintendencia, comenta que éste se regulará por esta ley y supletoriamente por las normas del Título I del decreto ley Nº 3.551, de 1981 y del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo, en lo que le fuere aplicable. Además, agrega que se regirá por el Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882. Establece que el ingreso del personal se efectuará por concurso público de antecedentes y oposición, según las normas de esta ley.

Por otra parte, comunica que el Ministerio de Educación constituye uno de los elementos que forman parte del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. En tal sentido, expone que este proyecto de ley modifica la ley Nº 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación, proponiendo incorporar un artículo 2º bis, nuevo, que plantea otorgar nuevas atribuciones y funciones al Ministerio de Educación, tales como: la formulación las políticas destinadas a fomentar la calidad de la educación; la elaboración de los marcos y bases curriculares; la formulación de los estándares de aprendizaje de los alumnos, y de desempeño de los docentes, sostenedores y establecimientos; la mantención de un sistema de información pública; el desarrollo de estadísticas y de indicadores que mejoren el diseño e implementación de las políticas y programas; la administración de los registros públicos que determine la ley, y la proposición de los planes nacionales e internacionales de mediciones de los niveles de aprendizaje de los alumnos.

Asimismo, indica que este proyecto de ley establece un sistema de información pública de la educación parvularia, básica y media, con el objeto de lograr una mayor transparencia de los logros del aprendizaje de los alumnos, de la gestión técnico pedagógica, administrativa y financiera de los establecimientos educacionales y de los sostenedores. Agrega que este sistema de información pública facilitará la evaluación y supervisión que deberá ejercer la Superintendencia, el estudio y el diseño de las políticas, planes y programas educativos, el ejercicio de los derechos, y la toma de decisiones por parte de los alumnos y de las familias. En virtud de lo anterior, informa que se plantea agregar en la ley Nº 18.956, un nuevo Título III, que regule las atribuciones del Ministerio de Educación para administrar estos registros de información pública que se crean.

Esta información, continúa, será pública y de libre acceso para todo el que tenga interés en consultarla. No obstante, advierte que tendrá el carácter de confidencial respecto de la identidad de los alumnos y de los docentes evaluados de conformidad a la ley. Para el cabal cumplimiento de esta normativa, prosigue, se establece la obligación de los sostenedores de otorgar la información solicitada por el Ministerio de Educación, en especial, de aquella relativa a indicadores de eficiencia, como: la repitencia, promoción, abandono o retiro de los alumnos; los compromisos de gestión o metas institucionales del establecimiento; los programas de apoyo y de cobros a los alumnos, cuando procediere.

Enseguida, expone que a partir de la información recopilada por el Ministerio de Educación se elaborará una Ficha Escolar, que resumirá la información relevante de cada establecimiento escolar sujeto a esta ley, la que será distribuida a los respectivos establecimientos educacionales, los cuales tendrán la obligación de entregar dichas Fichas a los padres y apoderados, y a los nuevos postulantes al respectivo establecimiento educacional.

Agrega que los Registros de Información comprenderán los antecedentes de los sostenedores; de los establecimientos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación; de los establecimientos que reciban subvenciones u otros aportes estatales; de los docentes, y de las Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo. Luego, refiere que el Ministerio de Educación deberá administrar y mantener actualizado dichos registros. Advierte que la no entrega de la información requerida, o su entrega incompleta o inexacta será sancionada como infracción grave por la Superintendencia de Educación.

El presente proyecto de ley, continúa, contempla una serie de disposiciones transitorias. La primera de ellas, prosigue, faculta a S.E. la Presidenta de la República, por intermedio del Ministerio de Educación, a dictar un decreto con fuerza de ley para regular las Direcciones Regionales de la Superintendencia.

La segunda, informa que establece que el Ministerio de Educación tendrá el plazo de dos años para fijar los estándares de desempeño educativo de los sostenedores y de los establecimientos educacionales. En un principio, arguye que éstos serán evaluados en base a la aplicación de los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación. La tercera, indica que faculta a S.E. la Presidenta de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, fije la planta del personal de la Superintendencia y su régimen de remuneraciones. La cuarta, informa que mientras no se seleccione por el Sistema de Alta Dirección Pública al Superintendente, S.E. la Presidenta de la República podrá designar en forma transitoria y provisional al respectivo Superintendente.

La quinta, continúa, establece que la planta de la Superintendencia será provista mediante el traspaso del personal del Ministerio de Educación, de la Subsecretaría de Educación y de otros servicios dependientes, previo concurso público. La disposición sexta transitoria, prosigue, faculta a S.E. la Presidenta de la República para regular los cargos de planta que queden vacantes, mientras que en el artículo séptimo transitorio, se establece que los traspasos de personal no podrán significar una disminución de remuneraciones, ni una disminución de los derechos previsionales de los trabajadores.

Por su parte, agrega que la octava norma transitoria faculta a S.E. la Presidenta de la República para conformar el primer presupuesto de la Superintendencia y que la novena transitoria faculta al Ministerio de Bienes Nacionales para que determine los bienes muebles e inmuebles fiscales que pasarán a formar parte del patrimonio de la Superintendencia.

Enseguida, señala que el artículo décimo transitorio faculta a S.E. la Presidenta de la República para que mediante un decreto con fuerza de ley regule el procedimiento de mediación por denuncias o reclamos que los distintos miembros de la comunidad escolar presenten ante la Superintendencia y que la última disposición transitoria la faculta para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, modifique las distintas normas legales del personal, con el objeto de adecuarlas al traspaso de funciones que este proyecto establece, autorizándola para reestructurar dichas plantas.

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DISCUSIÓN GENERAL

Durante la discusión general del proyecto, la señora Ministra de Educación señaló que el país requiere de una nueva arquitectura para el sistema escolar, ya que se necesita de un nuevo cambio para asumir los avances logrados en los últimos años. Indicó que la educación es un tema de preocupación ciudadana que requiere de nuevos consensos.

Continuó diciendo que el sistema actual posee importantes trabas en materia de gobernabilidad, porque no exige resultados a los distintos agentes que intervienen en el proceso educativo. Asimismo, señaló que existe desigualdad en el acceso a la información entre las instituciones educativas y las familias. A su vez, indicó que se ha constatado un mala distribución y uso inadecuado de las capacidades técnico pedagógicas y un sistema de financiamiento no diferenciado según las características de los alumnos y no bien informado.

Comentó que dadas esta circunstancias se deben adoptar un conjunto articulado de medidas para implementar un sistema educativo orientado hacia una educación de calidad. Bajo este contexto, precisó que se enmarca esta iniciativa de ley, la cual está estrechamente vinculada con el proyecto de ley que establece la ley general de educación y el que establece una subvención escolar preferencial para niños y niñas socio-económicamente vulnerables.

Señaló que el sistema de aseguramiento de la calidad debe contemplar los siguientes puntos: el establecimiento de requisitos de operación, que regulen quienes pueden ofrecer servicios educativos, sus requisitos de ingreso y permanencia en el sistema educativo; la fijación de estándares de desempeño de los aprendizajes de los alumnos, de los establecimientos educacionales, de los sostenedores y de los docentes; la instauración de un sistema de evaluación de desempeño, para determinar el logro de los estándares; la implementación de un sistema de información pública; las evaluaciones del impacto de las políticas y programas educativos; el aseguramiento de los recursos adecuados y equitativos para garantizar que los estándares de desempeño se puedan lograr; el control, intervención y apoyo en materia de recursos e instrumentos no financieros para asistir a los actores e instituciones en el logro de los estándares, en una gradiente de menor a mayor grado de apoyo según sus resultados; la creación de un sistema de rendición de cuentas, que permita la aplicación de sanciones relacionadas con el logro de los estándares.

Informó que las instituciones que participarán en el sistema de aseguramiento de la calidad son:

- El Ministerio de Educación, quien deberá diseñar e implementar las políticas públicas en la materia; elaborar los estándares y prestar apoyo a los establecimientos y a los sostenedores.

- La Superintendencia, la cual estará encargada de evaluar y fiscalizar el cumplimiento de los estándares y el mantenimiento de los requisitos de operación de los establecimientos educacionales.

- El Consejo Nacional de Educación, órgano que deberá aprobar los estándares de calidad y el plan de mediciones de aprendizaje.

Destacó que el Consejo Nacional de Educación tendrá las tareas de aprobar el marco curricular para cada uno de los niveles de enseñanza regular, los planes y programas, los estándares y el plan de evaluaciones nacionales e internacionales elaborados por el Ministerio de Educación.

Por otra parte, informó que al Ministerio de Educación se le entregan las siguientes atribuciones: elaborar los marcos y bases curriculares y los planes y programas de estudio para la aprobación del Consejo Nacional de Educación; formular y presentar los estándares de aprendizaje de los alumnos, y los de desempeño de los establecimientos educacionales, de los sostenedores y de los docentes para que sean aprobados por el Consejo Nacional de Educación; diseñar e implementar políticas y programas, así como acciones de apoyo técnico pedagógico para los sostenedores y los establecimientos educacionales; proponer el plan de mediciones nacionales e internacionales de la calidad de los aprendizajes de los alumnos; desarrollar estadísticas, indicadores y estudios de evaluación del sistema educativo y del impacto de las políticas y programas implementados por el Ministerio de Educación; mantener un sistema de registros de información pública, y nombrar al administrador provisional de los establecimientos de educación de bajo desempeño reiterado, cuando la Superintendencia así lo haya dispuesto.

Luego, señaló que se implementará un sistema de información y de registros, administrados por el Ministerio de Educación, según las normas que establece esta ley. Informó que se crearán los registros de sostenedores, de establecimientos reconocidos oficialmente, de establecimientos subvencionados, de docentes y de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo. Agregó que estos registros estarán habilitados para prestar apoyo a los establecimientos educacionales para la elaboración y ejecución de su Plan de Mejoramiento Educativo. Comunicó que, además, existirán bases de datos y una ficha escolar de los establecimientos, de libre acceso al público.

A continuación, precisó que la Superintendencia, además, tendrá las siguientes atribuciones específicas: diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación del desempeño educativo de los sostenedores y de los establecimientos; diseñar y aplicar un sistema de medición de la calidad de los aprendizajes de acuerdo a los estándares y al marco curricular elaborado por el Ministerio de Educación, aprobado por el Consejo Nacional de Educación; validar los procedimientos de la evaluación docente que realicen los establecimientos particulares subvencionados y auditar selectivamente los procedimientos de la evaluación docente del sector municipal; designar a un administrador provisional para que se encargue de la gestión de los establecimientos educacionales que obtengan resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos; fiscalizar el cumplimiento de los requisitos para mantener el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales, y en caso de incumplimiento grave de los estándares de calidad o de los requisitos para operar, remitir los antecedentes al Ministerio de Educación para que revoque dicho reconocimiento; colocar a disposición del público la información de los establecimientos educacionales, de los sostenedores, de los docentes y de los estudiantes; interpretar administrativamente y fijar normas, e impartir instrucciones referidas a la prestación del servicio educativo en el ámbito de su competencia; formular cargos, sustanciar y resolver procesos que se sigan por incumplimiento a las normas vigentes que regulan esta materia; ordenar auditorías sobre la gestión de los establecimientos educacionales; fiscalizar el uso de los recursos del Estado y exigir rendición de cuentas de los mismos; recibir consultas, investigar denuncias y resolver reclamos que pudieran presentar los distintos miembros de la comunidad escolar, pudiendo en estos casos actuar como instancia mediadora; imponer las sanciones que establecen las leyes; adoptar las medidas necesarias en resguardo de los intereses de los usuarios del servicio educacional y del interés público, y asesorar al Ministerio de Educación en las materias de su competencia.

Por otra parte, señaló que la Superintendencia estará facultada para recibir denuncias y resolver reclamos que formulen los distintos integrantes y usuarios del sistema educacional, pudiendo también realizar mediaciones, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran entablarse. Advirtió que esta facultad se extiende a las denuncias y reclamos que se formulen en contra de los establecimientos particulares pagados.

En cuanto a la organización de la Superintendencia, explicó que el Superintendente será el jefe superior de este servicio, quien tendrá la calidad funcionario de Alta Dirección Pública, y que será nombrado por el Presidenta de la República. Dentro de sus atribuciones, mencionó, entre otras, la facultad de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia; la celebración de actos y de convenios con terceros para el cumplimiento de su cometido; el nombramiento y remoción del personal del servicio; la interpretación administrativa de las normas; conocer y fallar los recursos que establezca la ley, e imponer las sanciones y multas que las disposiciones legales regulen para la actividad educacional.

Asimismo, comentó que el personal de la Superintendencia se regulará por normas de esta ley y por los reglamentos que se dicten conforme a ella. Agregó que supletoriamente se aplicarán las normas del Estatuto Administrativo.

Luego, precisó que los artículos transitorios se refieren a las siguientes materias: al establecimiento de la estructura y planta de la Superintendencia; al plazo que tiene el Ministerio de Educación para fijar los estándares, y como se operará en este período de transición; al mecanismo mediante el cual se proveerán los cargos de la Superintendencia, y la concursabilidad de los mismos, y la adecuación de la estructura y dotación del personal del Ministerio de Educación y de otros servicios relacionados con las funciones que tendrán que realizar en el nuevo sistema educacional.

A continuación, el señor Contralor General de la República señaló que la Contraloría General de la República cumple con emitir su parecer acerca del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación, el cual fuera remitido por la Presidenta de la República al Senado por Mensaje N° 216-355, de 23 de mayo pasado, y que se encuentra actualmente en estudio en el Senado. Indicó que el presente informe tiene dos objetivos primordiales. Primero, el de comentar las disposiciones del proyecto que proponen la intervención físcalizadora de la aludida Superintendencia de Educación en ámbitos orgánicos y funcionales que el ordenamiento jurídico vigente somete al control de esta Entidad Fiscalizadora Superior. Luego, el de expresar su opinión acerca de la cuestión -no menos importante- que se suscita en torno al tratamiento normativo que prevé el proyecto con respecto al régimen de fiscalización a que estaría afecta dicha Superintendencia, atendida su condición de servicio de la Administración del Estado sujeto, por imperativo del artículo 98 de la Constitución Política de la República, al control jurídico y financiero de la Contraloría General.

Adicionalmente, al final de este informe, indicó que se ha estimado pertinente un apartado que incluye, a título ejemplar, algunas de las imprecisiones que se observan en el texto analizado.

Para mayor claridad la Contraloría General cree indispensable hacer previamente, desde su punto de vista, una mención general de algunos aspectos generales del proyecto.

1. En primer lugar, se refirió a algunos aspectos significativos del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación. En este sentido, expresó que el mensaje del Gobierno propone crear una Superintendencia de Educación, que es concebida por el artículo 1° del proyecto como "servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio" e "institución físcalizadora en los términos del DL N° 3551, de 1980".

El artículo 2° prevé como objeto principal de la Superintendencia el de "evaluar y fiscalizar que los sostenedores y los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, en los niveles parvulario, básico y medio, cumplan con los estándares establecidos por el sistema educativo". Si bien el objeto así definido pareciera referirse a una competencia orientada a supervigilar la efectiva sujeción de los establecimientos educacionales a determinados estándares técnicos de calidad en el orden pedagógico, otras normas del proyecto evidencian la idea de dotarlo de atribuciones fiscalizadoras importantes en materias relacionadas con la actividad financiera de los sostenedores públicos y privados del sistema educacional.

Para estos últimos efectos, el proyecto reconoce a la Superintendencia atribuciones físcalizadoras generales -artículo 3°, número 4- y específicas en el orden de las auditorías de la gestión financiera y del examen de las rendiciones cuentas que los sostenedores públicos y privados del sistema educacional le deben rendir -artículo 3°, números 5 y 6, entre otros. También la dota, entre otras, de atribuciones interpretativas -artículos 3°, números 15, y 44, letra g-investigativas -artículo 3°, número 11, entre otros- y sancionadoras -artículo 3°, número 14, entre otros- de importancia. En el orden de las auditorías e investigaciones que acometa, se le confieren amplísimas potestades para acceder libremente a los establecimientos educacionales, a las dependencias administrativas del sostenedor y a la documentación de propiedad del sostenedor o de los "terceros que administren y presten servicios a los establecimientos educacionales" -artículo 3°, números 7 y 8. Puede la Superintendencia aplicar sanciones que en su grado más severo contemplan la de "revocación del reconocimiento del establecimiento educacional" (artículo 23, letra d).

Con motivo de este comentario, es imprescindible destacar que, no obstante la importancia de la Superintendencia que se prevé, el proyecto propone, que esté sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos" (artículo 54). Para reclamar de los actos de este servicio, el proyecto contempla la sola instancia jurisdiccional (artículo 56).

2. Luego, se refirió a cuestiones relacionadas con la función físcalizadora de la Contraloría General de la República con respecto a los sostenedores de establecimientos educacionales y señaló que el proyecto de ley confiere a la Superintendencia atribuciones tanto en las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de los estándares de calidad de la educación y la normativa técnica pedagógica que los sostenedores de establecimientos de enseñanza financiados en todo o en parte con recursos públicos, deben cumplir, como también en lo que concierne a la administración de dichos recursos, con cuyo motivo estaría facultada para disponer auditorías de su gestión financiera y exigirles que rindan cuenta de los fondos respectivos.

Así, por ejemplo, el artículo 3°, otorga atribuciones a la Superintendencia, en su número 5, para "ordenar auditorías a la gestión fínaciera de los sostenedores educacionales que reciben recursos públicos", en su número 6, para "fiscalizar el uso de los recursos públicos traspasados a los sostenedores educacionales y exigir rendición de cuentas de los mismos". El párrafo 3° del Título I del proyecto -De la Rendición de Cuentas- regula con mayor minuciosidad sus pertinentes atribuciones.

Las atribuciones que el proyecto de ley reconoce a la Superintendencia en materia de control financiero, colisionan ciertamente con las de la Contraloría General, órgano autónomo al cual el artículo 98 de la Carta Fundamental encomienda, además del control de legalidad de los actos de la Administración, la fiscalización de la inversión de los fondos del Fisco y de las Municipalidades, entre otros entes, y le otorga para tal efecto atribuciones para los efectos de controlar financieramente, con énfasis variable, el uso de los recursos públicos correspondientes, a lo menos para verificar que con motivo del gasto respectivo se ha cumplido la finalidad prevista por la ley. Diversas disposiciones del ordenamiento complementan, en lo que interesa, la norma constitucional. Así, las de la propia ley N° 10.336, Orgánica de la Contraloría General, que en sus artículos 7°, 16, inciso segundo, 21 A y 25, hacen procedente que el Ente Contralor intervenga para verificar la regularidad de las operaciones financieras en distintos ámbitos del sector público y del privado. También la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, aprobada por decreto ley N° 1.263, de 1975, reconoce a la Contraloría General amplias atribuciones fiscalizadoras en el ámbito de los órganos y servicios públicos. En fin, el artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades -N° 18.695- le otorga especiales atribuciones para controlar las operaciones financieras de “las corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales de cualquier naturaleza”.

Dicho vasto marco normativo permite a la Contraloría General de la República ejercer atribuciones en todo el ámbito de sostenedores públicos y privados del sistema educacional que reciben aportes estatales, a los cuales este proyecto pretende someter en esta materia a la fiscalización de la nueva Superintendencia.

Esta realidad adquiere connotación todavía más severa, si se considera que diversas disposiciones del proyecto confieren, además, a la Superintendencia de Educación, atribuciones para emitir pronunciamientos jurídicos e instrucciones obligatorias. De acuerdo con el artículo 3°, número 15, le correspondería "fiscalizar e interpretar administrativamente las disposiciones legales, reglamentarias y las demás normas que rigen la prestación del servicio educativo, cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones de carácter general en el sector sujeto a su fiscalización". Por su parte, el artículo 45, en su letra g, confiere facultades al Superintendente para "interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas, elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento". Dada la competencia físcalizadora de carácter financiero que el proyecto propone para la Superintendencia, es razonable entender que tal atribución para emitir pronunciamientos interpretativos e instrucciones podría extenderse a dicho orden de materias, lo cual sería inconciliable ciertamente con las que la Contraloría General tiene para emitir dictámenes e instrucciones sobre el particular.

Para precisar la situación en que se encuentran los sostenedores de establecimientos educacionales con respecto a la fiscalización de la Contraloría General, corresponde considerar la distinta naturaleza de sus sostenedores. Por una parte, están los servicios de educación prestados directamente por las Municipalidades a través de sus Departamentos de Educación. Además, están los establecimientos educacionales administrados por corporaciones municipales. En fin, existen establecimientos privados administrados por sostenedores del sector privado que reciben subvenciones o aportes estatales.

En lo que atañe a los establecimientos de educación que fueran traspasados a las municipalidades al amparo de lo dispuesto en el en el decreto con fuerza de ley N°1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, es preciso tener presente que ellos se encuentran integrados en las respectivas municipalidades como dependencias suyas. Por tal motivo, la Contraloría General ejerce en este ámbito una fiscalización jurídica y financiera amplia, solamente circunscrita por la exclusión del régimen de control preventivo que afecta a los municipios. Ello significa que en dicha esfera no sólo tiene atribuciones en lo pertinente al control financiero mediante la auditoría, el examen y el juzgamiento de las cuentas, sino que también para utilizar los demás instrumentos de control de legalidad de que dispone. Entre dichos instrumentos se encuentran, por cierto, los dictámenes e instrucciones jurídicas que este Organismo Contralor emite con carácter obligatorio en el ejercicio de sus funciones.

Con respecto a los establecimientos de educación administrados por corporaciones municipales, debe recordarse que estas corporaciones son fiscalizadas por la Contraloría General conforme al mandato contenido en el artículo 136 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades -Ley N° 18.695-. Prescribe esta norma que "sin perjuicio de lo establecido en los artículo 6° y 25 de la ley N° 10.336, la Contraloría General de la República fiscalizará las corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales, cualquiera que sea su naturaleza, -.con arreglo al Decreto con Fuerza de Ley N° 1-3.063, del año 1980, del Ministerio del Interior, o de cualquiera otra disposición legal, respecto del uso y destino de sus recursos, pudiendo disponer de toda la información que requiera para este efecto".

Se puede apreciar que la disposición aludida reconoce también en el ámbito de la administración de los recursos de estas entidades, amplias atribuciones de control financiero a la Contraloría General. Estas aparecen potenciadas por las que posee como consecuencia de la remisión que hace dicho precepto al artículo 6° de la ley N° 10.336, Ley Orgánica de esta Entidad Fiscalizadora Superior, que se refiere a la potestad de la Contraloría para emitir dictámenes jurídicos en las materias de su competencia, y específicamente para "informar sobre cualquier asunto que se relacione o pueda relacionarse con la inversión o compromiso de los fondos públicos, siempre que se susciten dudas para la aplicación de las leyes respectivas".

A juicio del Organismo Contralor, el proyecto debería precisar con mucha claridad la improcedencia de que la Superintendencia de Educación pueda intervenir, por la vía del control financiero y del examen de cuentas, en el ámbito de los servicios educacionales administrados tanto por los Departamentos de Educación Municipal como por corporaciones municipales, sujetos a la intensa fiscalización de la Contraloría General de acuerdo a las disposiciones inequívocas que, de conformidad con la Constitución Política, prevé el ordenamiento sobre el particular. Como consecuencia de ello, no sólo debería estarle vedado a la Superintendencia realizar auditorías o examinar cuentas, sino que también emitir pronunciamientos o instrucciones jurídicas en estas materias.

La competencia de la Superintendencia de Educación, particularmente en estos sector, debería circunscribirse a los aspectos relacionados con los aspectos técnicos de orden educacional.

Similar criterio podría plausiblemente sostenerse con respecto a los establecimientos particulares que reciben subvenciones estatales, ya que ellos están sujetos también a la fiscalización de la Contraloría General, y de manera específica, al régimen de fiscalización que señala el artículo 25 de la ley N° 10.336 para los efectos de verificar la correcta inversión de los fondos públicos respectivos en lo que atañe al cumplimiento de la finalidad prevista por la ley autorizatoria.

Continuó diciendo que debía recordarse que la asignación de los recursos pertinentes es verificada por la Contraloría General por la vía de la fiscalización del órgano que los asigna, esto es, el Ministerio de Educación.

A juicio de del Organismo Contralor, para que la fiscalización de orden financiero de la Superintendencia de Educación pudiera entenderse compatible con la que, en armonía con el artículo 98 de la Constitución Política, reconoce a la Contraloría General el artículo 25 de la Ley N° 10.336, sería imprescindible precisar normativamente de manera explícita que tal actividad deberá realizarse con sujeción a la superintendencia técnica de la Entidad Fiscalizadora Superior y sin perjuicio de sus atribuciones de control.

3. En cuanto a cuestiones concernientes al régimen de fiscalización a que está sujeta la Superintendencia de la Educación en cuanto órgano de la Administración del Estado, señaló que el Organismo Contralor estima imprescindible destacar con especial énfasis lo relacionado con el régimen de control a que estaría sujeta la Superintendencia de Educación en caso de prosperar el proyecto de ley que se analiza. De acuerdo con su artículo 54, se prevé que la Superintendencia esté sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República "exclusivamente en lo que concierne al examen de cuentas de entradas y gastos".

Recordó que en este sentido, de acuerdo con el artículo 98, inciso primero, de la Constitución Política de la República, la Contraloría General "ejercerá el control de legalidad de los actos de la Administración", complejo orgánico este último del que pasaría a formar parte la Superintendencia de Educación en su calidad de servicio público descentralizado, en caso de prosperar este proyecto de ley. De ello resulta que la proposición legal aludida, en cuanto pretende excluir a los actos de dicho servicio administrativo del control de legalidad -y de los instrumentos del mismo en el orden del examen preventivo, de la facultad y de las acciones de auditoría de regularidad de las operaciones- se aparta drásticamente de la fórmula constitucional definitoria del sistema de poderes, competencias, limitaciones y controles recíprocos interorgánicos que es particular de la institucionalidad chilena, y vulnera concretamente la clara disposición que en materia de control de la actividad administrativa consagra e! mencionado precepto de la Carta Fundamental.

El propósito de excluir a los actos de la Superintendencia que se pretende crear, de la tutela físcalizadora de la Contraloría General, se vuelve a poner de manifiesto en el artículo 56 del proyecto, que parece privar a las personas de la posibilidad de reclamar ante este Órgano Contralor de las contravenciones administrativas que consideren lesivas de sus derechos o vulneratorias de los intereses colectivos.

La intención del proyecto de establecer, sin aparente justificación, un estatuto de fiscalización especial para la Superintendencia, se manifiesta, por lo demás, desde el punto de vista del control financiero, ya que el mismo artículo 54 sólo admite la intervención de Entidad Fiscalizadora Superior para los efectos del "examen de las cuentas de entradas y gastos", locución cuyo empleo parece querer excluir la posibilidad del juzgamiento de esas cuentas, de acuerdo con lo prescrito también por el artículo 98 de la Constitución Política.

Lo anterior es contradicho por el propio proyecto de ley, cuyo artículo 55 somete a la Superintendencia a las normas de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, aprobada por el decreto ley N° 1.263, de 1975. Es sabido, en efecto, que este cuerpo legal, al referirse en su Título V al Sistema de Control Financiero, contempla como elemento del mismo la participación de la Contraloría General, que tiene por objeto "fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que dicen relación con la administración de los recursos del Estado y efectuar auditorías para verificar la recaudación, percepción e inversión de sus ingresos y de las entradas propias de los servicios públicos" (artículo 52, inciso primero), como también examinar y juzgar "las cuentas de los organismos del sector público, de acuerdo con las normas contenidas en su Ley Orgánica" (artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975).

La aludida Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado dota a la Contraloría General de importantes potestades para llevar a cabo sus funciones de control, que incluyen la de formular observaciones y reparos a las cuentas (artículo 59 del decreto ley N° 1.263, de 1975), como asimismo las de suspender al empleado o funcionario responsable de la no entrega oportuna de las cuentas (artículo 60, inciso primero, del decreto ley N° 1.263, de 1975) y de retener las remuneraciones, desahucios y pensiones de quienes no hayan rendido su cuenta o cumplido reparos del Organismo de Control (artículo 60, inciso segundo, del decreto ley N° 1.263, de 1975).

Se advierte, así, que el régimen de fiscalización que el proyecto prevé para el servicio que pretende crear, no sólo se aparta del que contempla la pertinente normativa constitucional, sino que es contradictorio con el sistema de administración y control financiero a que el propio artículo 55 del proyecto sujeta a la Superintendencia.

La excepcionalidad del régimen de control a que aparece sometida esta Superintendencia, parece un elemento altamente crítico en un servicio como éste, dotado de atribuciones y potestades tan importantes y exorbitantes como las que de paso se mencionaron anteriormente en esta exposición, susceptibles de ser ejercidas tanto en el ámbito de actividades, establecimientos y recursos públicos y privados, muchas veces sin aparentes limitaciones significativas.

Se sugiere en esta parte someter a la Superintendencia de Educación a la plena fiscalización de la Contraloría General de la República. No parecen haber razones que lo desaconsejen.

4. Entre los aspectos de especial relevancia cabe hacer presente que el proyecto en análisis incurre en diversas imprecisiones e incongruencias. Entre ellas vale la pena mencionar las que enseguida se señalan:

El artículo 15 confiere a la Superintendencia la potestad para instruir procesos de subvenciones, en circunstancias de que dicha atribución la posee el Ministerio de Educación, según lo prescrito en el Título IV del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, de esa Secretaría de Estado.

La imprecisión de que adolece el proyecto en estudio, también se refleja en el artículo 22, ya que en éste se dispone que la Superintendencia realizará los procesos destinados a sancionar las infracciones a la normativa que regula las subvenciones educacionales y que, sin embargo, corresponderá al Ministerio de Educación aplicar la medida que proceda, lo cual ocasiona una mayor incertidumbre en cuanto a la exactitud de las competencias de uno y otro organismo.

Ahora bien, si la intención es que sólo la Superintendencia que se crea posea competencia en materias tales como la anotada, sería necesario que, con el objeto de evitar futuras dificultades en la aplicación e interpretación de la normativa de que se trata, se deroguen expresamente las disposiciones, que respecto de ellas, le confieren potestades al Ministerio de Educación.

Por otra parte, es dable consignar que en el artículo 32, no se precisa cuáles son las medidas que se pueden adoptar para asegurar la continuidad de la educación que se imparte en los establecimientos cuyo reconocimiento oficial se revoca, ni la duración de las mismas, como tampoco se precisa lo que ocurrirá con la subvención educacional que corresponda.

Enseguida, es preciso anotar que en el N° 12 del artículo 3°, se señala que corresponderá a la Superintendencia "disponer el nombramiento de un administrador provisional para la gestión de los establecimientos educacionales", lo que se encuentra en contradicción con lo prescrito en la letra g) del artículo 2° bis, que el artículo 60 agrega a la ley N° 18.956, ya que según esta nueva disposición, corresponderá al Ministerio de Educación "designar a un administrador provisional" en los referidos establecimientos.

Asimismo, cabe mencionar que en el proyecto en estudio no se precisan las facultades de que gozarán los referidos administradores provisionales, ni el plazo de su cometido en casos calificados, como tampoco se determinan las responsabilidades que a aquéllos les asistirían como consecuencia de su gestión.

En el artículo 44 se confiere al Superintendente de Educación la calidad de "funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República", en circunstancias que en el artículo 1°, inciso segundo, se dispone que la Superintendencia "estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública", lo que implica que dicha autoridad sólo poseerá la calidad de empleado de la exclusiva confianza en lo que respecta a su remoción, tal como lo precisara la Contraloría General a través de su dictamen N° 3.586, de 2006.

En este sentido es preciso recordar que, según lo establecido en el artículo 49, inciso final, de la ley N° 18.575, son funcionarios de la exclusiva confianza aquellos que se encuentran sujetos a la libre "designación y remoción" de la autoridad facultada para disponer su nombramiento.

En este mismo orden de ideas, es oportuno manifestar que en la letra a) del artículo 52, se faculta al Superintendente para declarar la vacancia de un cargo "por necesidades de la Superintendencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio", lo que no sólo vulnera la carrera funcionaría amparada en el artículo 38 de la Constitución Política, sino que, además, también transgrede lo prescrito en el artículo 46 de la ley N° 18.575, según el cual el personal de la Administración goza de estabilidad en el empleo y sólo podrá cesar por las causales que expresamente indica.

Así, pues, cumple la Contraloría General con informar al Senado acerca del juicio que, en lo pertinente, le merece el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación.

A continuación hizo uso de la palabra la señora Patricia Matte, Presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria, quien señaló que el sistema actual de fiscalización en el área de la educación tiene una excesiva burocracia e involucra altos costos, que deben ser soportados por los sostenedores de los establecimientos educacionales. Asimismo, precisó que éste se centra en los procesos educativos y no en la evaluación de los objetivos.

Destacó que existe un consenso nacional de promover y garantizar la calidad de la educación y el buen uso de los recursos, a través del cumplimiento de estándares previamente fijados por la autoridad.

En cuanto al proyecto de ley en estudio, señaló que la Superintendencia que se pretende crear tendrá las siguientes atribuciones: evaluar la calidad de la educación; fiscalizar la mantención de las condiciones que permiten el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales; auditar la rendición de cuentas, en materia de gestión educativa y financiera de los sostenedores; aplicar sanciones; atender denuncias y reclamos, y entregar información a los usuarios del servicio educativo. Enseguida, opinó que la fortaleza de esta Superintendencia es que se constituirá en un órgano abastecedor de información para los usuarios, al encomendársele la administración de una serie de bases de datos y de registros de los prestadores del servicio educativo.

Por otra parte, consideró que las debilidades de este proyecto de ley son: que entrega a una misma institución la fiscalización y el control de la calidad de la educación; que concede excesivas atribuciones a la Superintendencia, que coartan la discrecionalidad de los sostenedores al momento de gestionar el proceso educativo, y que genera incertidumbre por la constante amenaza que involucra la diversidad del sistema educacional.

Al respecto reparó que el Superintendente puede acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para cumplir sus fines de fiscalización. Asimismo, precisó que podrá examinar por los medios que estime convenientes, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las personas y entidades fiscalizadas, y disponer de todos los antecedentes que requiera para ejercer una mejor fiscalización.

Asimismo, comentó que se entregan amplias atribuciones al Superintendente, a modo de ejemplo señaló que se le faculta para: citar a declarar a los sostenedores, administradores y dependientes de las instituciones; formular cargos y resolver procesos respecto de cualquier incumplimiento o falta que detecte a la normativa educacional; aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales, reglamentarias y las demás normas que rigen la prestación del servicio educativo; adoptar las medidas que estime necesarias en resguardo de los usuarios del servicio educacional y del interés publico, en aquellas materias de su competencia; validar los mecanismos de evaluación docente de aula, docente directiva y del personal técnico pedagógico en los establecimientos subvencionados; disponer el nombramiento de un administrador provisional en aquellos establecimientos subvencionados con resultados educativos deficientes; evaluar el desempeño educativo de los sostenedores y de los establecimientos educacionales, y exigir rendiciones de cuenta, a fin de evaluar la gestión financiera de los sostenedores.

Indicó que no es apropiado que, también, se le faculte para revisar procesos y resultados, extendiendo su competencia incluso a los establecimientos particulares pagados cuando se han formulado reclamos o denuncias en contra de ellos.

Por otra parte, indicó que la Superintendencia tendrá atribuciones para interpretar las normas relativas al servicio educativo y para aplicar las sanciones que contemple la ley para los sostenedores que infrinjan las disposiciones que regulan esta materia. Luego, afirmó que no es conveniente que este organismo sea, a la vez, juez y parte.

Asimismo, señaló que existe una duplicación de funciones entre esta nueva Superintendencia y el Ministerio de Educación, por tal motivo sugirió definir claramente el ámbito de competencia de ambos órganos, realizando la respectiva concordancia normativa.

En cuanto a la sanción de revocar el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales, precisó que se debe regular claramente las situaciones en que procede aplicar esta sanción y no dejarla al arbitrio del Director Regional, como lo dispone el artículo 23 letra d) del texto del proyecto de ley en estudio.

A su vez, reparó que esta iniciativa de ley afecta gravemente a la libertad de gestión educacional, ya que propone una abundante normativa que merma la libertad de gestión de los sostenedores. Agregó que no sólo evalúa resultados, sino también los procesos educativos.

Asimismo, advirtió que este proyecto de ley es justamente lo contrario de lo que han solicitado los alcaldes, en su calidad de sostenedores de la educación municipalizada, y estimó que constituye un especial menoscabo para la educación municipal.

Luego, señaló que se trata de un proyecto de carácter centralizador, ya que incluso somete a su fiscalización a la educación particular privada, en caso de reclamos y denuncias de los usuarios.

Comentó que de la lectura del texto del proyecto de ley pareciera entenderse que se legisla partiendo de la mala fe de los sostenedores de los establecimientos educacionales y que confunde los términos de fiscalización, control y evaluación de la calidad de la educación.

A continuación, refirió que el proyecto alternativo presentado por la Alianza al proyecto de ley que establece Ley General de Educación, plantea crear un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (SNAC), conformado por instituciones especializadas, que se orienten a buscar la calidad de la educación. Bajo este contexto, precisó que la Superintendencia debe restringirse a fiscalizar y el Ministerio de Educación a evaluar los resultados de los procesos educativos.

Agregó que se necesita contar con un sistema de aseguramiento de la calidad independiente, que provea más y mejor información, inspeccione los establecimientos y asesore a los que presenten problemas. Asimismo, señaló que se debe instaurar un sistema que se oriente a reforzar las capacidades de autoevaluación, que aplique sanciones graduales para el evento de resultados insatisfactorios reiterados, que mejore la información entregada a los padres y que establezca evaluaciones estandarizadas para todos los establecimientos educacionales.

En relación a la Superintendencia de Educación, sugirió dotarla sólo de un rol fiscalizador del cumplimiento de la normativa vigente en materia de educación, eliminándose sus facultades discrecionales y la excesiva burocracia de este órgano. Propuso, asimismo, que la Superintendencia se encargue de: aplicar instrumentos objetivos y simples; conocer los reclamos presentados en primera instancia; recabar información para clasificar escuelas en base a los resultados obtenidos en las mediciones nacionales; elaborar bases de datos, y confeccionar una nómina pública de los sostenedores.

En cuanto al régimen sancionatorio, planteó consagrar y aplicar sanciones y multas claramente establecidas en la ley.

El Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, señor Juan Eduardo García-Huidodro, señaló que legislar sobre esta materia es una necesidad y que es evidente que después de más de 20 años de funcionamiento del sistema educacional actual queda de manifiesto que su regulación es insuficiente y que ésta debe ser enriquecida con acciones específicas que aseguren la calidad y la equidad.

Comentó que la idea de crear una Superintendencia surgió después de las protestas estudiantiles de mayo de 2006 y que dicha iniciativa fue incluida en la agenda de S.E. la señora Presidenta de la República en el mes de junio de 2006. Informó que esta propuesta fue tratada en el Consejo Asesor Presidencial, siendo uno de los temas que concitó mayor consenso entre sus participantes y agregó que la idea de Superintendencia también fue retomada en el proyecto alternativo de la Alianza.

Enseguida, insistió en que el marco regulatorio del sistema educacional es insuficiente para asegurar calidad y equidad. Señaló que en la actual regulación el Estado se limita a establecer algunos requisitos básicos de operación, financiar a las escuelas mediante la subvención por alumnos y proporcionar alguna información a las familias para facilitar su elección de la escuela para sus hijos.

Bajo estas condiciones, prosiguió, se produce una competencia entre la escuela y los padres. En la práctica, continuó, con este sistema no se está garantizando la supervivencia de las buenas escuelas y la salida de las escuelas con bajo desempeño. Declaró que en el año 2004 un Informe de la Educación Chilena de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) señaló que el sistema educacional chileno no garantizaba la calidad de la educación. Asimismo, trajo a colación el Estudio sobre el Diseño Institucional de un Sistema Efectivo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación en Chile del Banco Mundial, que compara el sistema chileno con nueve sistemas educativos exitosos de distintas culturas e ideologías, en los cuales existe una regulación estatal más fuerte en la legislación chilena.

Añadió que en el Mensaje de esta iniciativa de ley se señala que la experiencia de las políticas educativas de las últimas décadas muestra que el mercado y la competencia por sí solas no bastan para asegurar la calidad de la educación y precisó que la Superintendencia viene a suplir este déficit, implementando acciones específicas que aseguran la calidad de la educación, que protegen el derecho de los ciudadanos a recibir una educación de calidad y que, además, imponen una adecuada fiscalización de los recursos públicos traspasados a los sostenedores.

Con respecto a este proyecto de ley, señaló que falta una visión global del marco de la políticas en que se inscribe y comentó que forma parte del Programa de Reforma Educacional, anunciado en el Mensaje del proyecto de ley que establece la Ley General de Educación.

Reparó, enseguida, respecto de la estrategia legislativa que ha utilizado el Gobierno para abordar los múltiples temas de esta nueva reforma educacional, porque ha presentado diversos proyectos de ley, sin una secuencia lógica, lo que ha dificultado la percepción de una visión global sobre la nueva institucionalidad educativa.

En el caso de la Superintendencia, observó que hay aspectos poco claros con respecto a la forma en que ésta entidad se relacionará con las escuelas, ya que todavía no existe certeza si habrán modificaciones a la gestión de las escuelas municipales. Advirtió que en el Mensaje del presente proyecto de ley se menciona que se están preparando iniciativas legales para fortalecer la gestión educacional descentralizada, para elevar el desempeño de la educación pública, sin precisarse el sentido, ni la forma en que se afectará el accionar de la futura Superintendencia.

Hizo presente que el caso de la administración municipal es particularmente relevante, ya que existen abundantes antecedentes para sostener que este sistema está en crisis. Bajo este contexto, sugirió la implementación de agencias administrativas fuertes y técnicas, que tengan un rol sustantivo en lo que es el seguimiento y apoyo pedagógico de las instituciones escolares a su cargo. Planteó que la Superintendencia evalúe y fiscalice a estos organismos intermedios, disminuyendo así su rol de fiscalización directa sobre las escuelas y liceos.

En relación a las escuelas particulares subvencionadas, precisó que existen, al menos, tres puntos que debieran aclararse para poder determinar su rol. Informó que en el proyecto de ley que establece la Ley General de Educación se estipula que todos los sostenedores de educación particular subvencionada deberán ser entidades sin fines de lucro, cuya única finalidad sea la educación escolar. Reparó que esta iniciativa de ley no parece referirse particularmente a esta realidad, que supone un tipo especial de fiscalización económica, ni tampoco al período de transición entre la situación actual y la futura.

Enseguida, advirtió que el proyecto de ley que establece la Ley General de Educación no incorpora regulaciones para el financiamiento compartido, ni tampoco establece controles para el ingreso de nuevos establecimientos educacionales al mercado. Opinó que sin estos controles el sistema no tendrá la necesaria efectividad para disminuir la segregación social y para mejorar la calidad de la educación. Precisó que esta falta de regulación en las materias indicadas afectará las tareas de la nueva Superintendencia, especialmente en lo que se refiere a la creación de nuevos establecimientos.

Indicó que en Chile tenemos una alta cobertura educacional, lo que puede implicar que en varios sectores no se necesiten nuevos establecimientos educacionales. Estimó que esta situación obliga a diseñar algún mecanismo que regule la creación de nuevos establecimientos educacionales, sugiriendo que la nueva Superintendencia debiera tener la facultad de aceptar o rechazar a los nuevos establecimientos que se van a crear, y cuando exista la necesidad de crear nuevos establecimientos, en un sector determinado, planteó que se llame a concurso público y se seleccione al mejor proyecto. Asimismo, precisó que la creación de nuevos establecimientos no debe tener mayores restricciones, salvo que cuente con una matrícula razonable de unos 30 alumnos por curso al tercer año de funcionamiento.

Por otra parte, señaló que el presente proyecto de ley explicita en detalle las atribuciones de la Superintendencia de evaluar y de fiscalizar a los establecimientos educacionales, y no profundiza en el tratamiento de las otras funciones vinculadas al Sistema de Aseguramiento de la Calidad y Equidad. Bajo este contexto, arguyó que percibe un fuerte desequilibrio entre el control y el apoyo técnico pedagógico, sin perjuicio, de que en el Mensaje de esta iniciativa legal se sostiene que para el logro de una educación de calidad se requiere la existencia de un verdadero Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad y reparó que en el texto de este proyecto de ley no se advierte esta integración.

Precisó que un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación debe centrase en tres tipos de acciones interrelacionadas: la determinación de los estándares de calidad y equidad que se exigirán, debiendo ser revisados períodicamente, para que aseguren el cumplimiento de las metas propuestas; la implementación de un sistema de control, que involucre la fiscalización y la evaluación del cumplimiento de las metas propuestas, y la entrega de un apoyo diferenciado a los establecimientos educacionales.

Observó que este proyecto de ley presenta un desequilibrio, ya que pone únicamente énfasis en el control y en la evaluación de los resultados y en el uso de los recursos, en desmedro del apoyo y asesoría para las escuelas que deben mejorar sus resultados. Opinó que el balance entre el apoyo prestado a los establecimientos y la exigencia de cumplir ciertos estándares es fundamental para mejorar la calidad y la equidad. Refirió que probablemente la falta calidad y de equidad se deban a una desproporción entre las características del establecimiento y los problemas que enfrenta. Por tanto, arguyó que la fiscalización y el control deben ir acompañados de un despliegue de mecanismos de asesoría y de acompañamiento técnico-pedagógico, principalmente en los establecimientos de mayores riesgos educativos. Informó que este proyecto de ley señala sucintamente que esta tarea le corresponderá al Ministerio de Educación, sin desarrollar el modo en que se implementará frente a distintos tipos de establecimientos y cómo se complementarán y articularán estas dos funciones. De este modo, sugirió darle mayor énfasis a la supervisión técnico-pedagógica del Ministerio de Educación, a fin de complementar la tarea de la Superintendencia.

Asimismo, comentó que debe precisarse con mayor claridad la exigencia de revisar y enriquecer constantemente los estándares nacionales, que deben aprobar el Consejo Nacional de Educación a propuesta del Ministerio de Educación. Insistió sobre la importancia de este punto, ya que equivale a definir el tipo de educación que queremos para el país y los conocimientos, destrezas y valores que estamos privilegiando.

A su vez, señaló que este proyecto de ley carece de estrategias diferenciadas para tratar a los distintos tipos de establecimientos. En Chile, prosiguió, existen más de 11.500 establecimientos educacionales, de los cuales 4.600 corresponden a pequeñas escuelas y liceos rurales, de distinta complejidad y características y, por supuesto, de diferente calidad. Afirmó que a pesar de esta evidente diversidad, esta iniciativa de ley no prevé mecanismos, ni obligaciones diferenciadas. Sugirió hacer algunas distinciones respecto a la evaluación de los distintos establecimientos o, al menos, establecer algunos criterios de diferenciación, citando a modo de ejemplo el proyecto de ley que establece una subvención preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables, en el cual se distinguen según su desempeño tres tipos de establecimientos, con distintos niveles de autonomía.

Enseguida, señaló que dentro de las funciones de la Superintendencia debería incluirse la coordinación de las tareas y programas de apoyo que lleve adelante el Ministerio de Educación, ya que éste es un insumo indispensable al momento de ejercer las funciones de evaluación y de fiscalización. Asimismo, planteó que como a la Superintendencia se le encomienda la evaluación del desempeño de los sostenedores, de los establecimientos y la medición del aprendizaje de los alumnos debiera tener un rol más activo en el proceso de la evaluación docente, y no restringir su participación a las difíciles tareas de validar los mecanismos de evaluación docente que utilizan los establecimientos particulares subvencionados, la realización de auditorias selectivas de lo obrado en el sector municipal y la acreditación de los instrumentos de evaluación que voluntariamente presenten los sostenedores, en el caso de la educación pagada. Asimismo, consideró que la evaluación docente que se aplica en Chile, que mide la idoneidad profesional para actuar competentemente en la administración de una enseñanza coherente con un currículum determinado nacionalmente debe aplicarse a todos los docentes y no sólo a los profesionales que ejercen en el área municipal y deben establecerse metas y plazos de mejoramiento para los que no han sido bien evaluados.

Con respecto a los establecimientos particulares pagados, estimó que también deben ser fiscalizados y evaluados, ya que son establecimientos que imparten educación con reconocimiento oficial y, por ende, tienen la obligación de cumplir con el marco curricular común a todos y están lógicamente afectos a las normas generales de no discriminación de los alumnos y de participación de los padres y apoderados.

Opinó que en materia de evaluaciones se debería fijar la periodicidad de los distintos tipos de evaluaciones y de los procedimientos que se aplicarán. Por otra parte, valoró que esta norma considere a los proyectos educativos de los establecimientos, su autonomía de gestión y los resultados de sus procesos de autoevaluación y sugirió que se acompañe en cada proceso de autoevaluación un plan de desarrollo que enriquezca su proyecto educativo cada año.

En materia de fiscalización señaló que el legislador debe ser más explícito en relación a los temas que tienen que ver con los derechos de los estudiantes a no ser discriminados y con la garantía de acceso al aprendizaje, armonizando estos temas con la legislación vigente y con los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso.

Finalmente, reparó que existe una duplicidad de atribuciones entre el Ministerio de Educación y la Superintendencia en materia de entrega y fiscalización de las subvenciones y planteó dejar todo lo vinculado a subvenciones en manos del Ministerio de Educación.

El Profesor Investigador del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, señor Pablo González, señaló que las fuerzas del mercado están presionando para mejorar la calidad de la educación, ya que el diseño institucional del sistema escolar chileno no está dando los resultados esperados. Refirió que una competencia informada y una elección racional de los padres incentivaría que los establecimientos de buena calidad aumenten su matrícula y los otros desaparezcan.

Comentó que la educación debe visualizarse como un derecho, en donde todos tengan acceso a él y se garantice una educación de calidad. Observó que debe transitarse desde un Estado subsidiario a un Estado garante, ya que el mercado no garantiza el cumplimiento de las metas propuestas, por lo cual deben generarse mecanismos adicionales, que transformen a los beneficiarios pasivos de la educación en ciudadanos activos.

Señaló que para que una relación de mercado produzca resultados eficientes se requiere de un acuerdo mutuamente conveniente. En caso contrario, estimó que se necesitaría de la presencia de los siguientes criterios: mensurabilidad, verificabilidad por terceros y exigibilidad.

Enseguida, mencionó que existe un problema adicional respecto de la información que se tiene acerca de lo que se concibe como calidad en materia de educación y agregó que una medición externa podría tender a uniformar y limitar los servicios educativos. Por otra parte, afirmó que existe una asimetría de poder entre las partes involucradas. Señaló que las familias aspiran, en principio, a tener una relación de largo plazo con los establecimientos educacionales. No obstante, éstos pueden poner fin unilateralmente al contrato de prestación del servicio educativo.

Asimismo, precisó que la pérdida de matrícula en el caso de una mala provisión del servicio educativo es un proceso paulatino, que involucra un costo psicológico para los niños que deben cambiarse de colegio y, también, para los niños que se quedan. Comentó que en la mayoría de los casos de deterioro de la calidad o de quiebre de una empresa no se generan costos para los consumidores, lo que no ocurre en materia de educación.

Acotó que en las en zonas geográficas de baja densidad poblacional no hay espacio para más de un proveedor e informó que en esta zonas el costo de provisión por alumno es mayor, por lo que se ha aumentado la subvención escolar con el piso rural y la tabla de ruralidad. No obstante, arguyó que no se sabe con claridad cuál será la fuerza que incentivará al mejoramiento de la calidad de la educación en estas zonas.

Luego, refirió que un sistema de aseguramiento debe verificar el cumplimiento de los estándares; verificar si los establecimientos mantienen los requisitos ingreso; entregar información respecto a los logros; propender a la defensa del derecho a la educación, e intervenir, cerrar o licitar los establecimientos educacionales que obtengan reiteradamente resultados insatisfactorios.

En cuanto a los estándares, señaló que es fundamental definir con claridad qué se va a exigir y cómo, a fin de medir el logro educacional individual, el cual depende de variables exógenas a las escuelas, tales como: los niveles educacionales de los padres; el tipo de familia; los niveles de ingreso familiar; la concentración de alumnos vulnerables, y las historias personales. Precisó que en la gestión de las escuelas y en las aulas en cada curso se deben considerar las capacidades y los recursos con que cuentan las escuelas.

Para conocer qué establecimientos no estarían cumpliendo con los estándares fijados por la autoridad, planteó establecer una regla simple, que se base en determinar los establecimientos que sistemáticamente, en varias mediciones sucesivas, se encuentren por debajo del promedio de la desviación estándar. Como otra alternativa, sugirió que esta regla se fije teniendo como base a los alumnos que alcancen un determinado nivel de logro.

Por otra parte, comentó que frente a resultados deficientes de los establecimientos en varias mediciones, se deben considerar todas las variables exógenas, a objeto de corregir y aislar y, consecuencialmente, causar algún efecto en la escuela.

Declaró que cuando entre en operación la subvención preferencial, la relación negativa entre los recursos y los resultados educacionales debería quebrarse. Advirtió que será necesario evaluar en qué medida se alterará esta relación, debiendo afinarse dicho sistema. Todo esto, prosiguió, para determinar si la calidad de la educación continúa siendo deficiente.

En el evento que existan establecimientos educacionales que continúen con resultados deficientes, sostuvo que se deben prestar los apoyos técnicos pedagógicos en forma sistemática que se requieran y, si aún persisten los malos resultados, opinó que es fundamental que los estudiantes sufran el menor perjuicio posible. Para estos efectos, sugirió reubicar a los alumnos, en el caso en que se opte por el cierre del establecimiento, y si no es posible reubicarlos propuso optar por otro tipo de sanciones, como: la intervención, la licitación o la concesión de la escuela o de la suspensión de rigidez administrativa impuesta por el Estatuto Docente, en el ámbito de la educación municipal.

Con respecto a los requisitos de ingreso y de funcionamiento de los establecimientos afirmó que se debe prevenir que los sostenedores obren de mala fe y, para tales efectos, sugirió que se contrate a un auditor autorizado o que cada sostenedor constituya una garantía monetaria. Para corregir los errores del sistema escolar actual planteó: realizar una acreditación de la gestión institucional y de los procesos; evitar la generación de modelos únicos, y consagrar y aplicar sanciones efectivas como el cierre de los establecimientos por malos resultados, lo que según él debería generar una dinámica entre los sostenedores de hacer mejor las cosas.

En materia de información, señaló que prevé un avance paulatino en las recomendaciones de la Comisión SIMCE y advirtió que la calidad debe ser multidimensional, para que entregue efectivamente un valor agregado. Sostuvo, asimismo, que deben gestionarse acciones de perfeccionamiento en las áreas más débiles y establecer un sistema de rendición de cuentas.

Enseguida, destacó que el sistema escolar requiere de distintos apoyos especializados y advirtió que en este ámbito existen fallas de coordinación, externalidades y economías de escala que exigen un rol más activo del Ministerio de Educación en esta función.

En cuanto a la defensa del derecho a la educación, precisó que existe una buena especificación del derecho, ya que se eliminan las áreas grises y se hace coherente con la legislación vigente. En esta materia, planteó que la Superintendencia se convierta en un órgano mediador o que se consagre un sistema de arbitraje privado, con el objeto de no recargar de funciones a la Superintendencia.

Enseguida, estimó que será necesario modificar y adecuar la norma que establece una subvención preferencial para los alumnos socio-económicamente vulnerables y reparó que este proyecto de ley no ha considerado los objetivos de integración social y cultural de la educación nacional.

La Economista del Instituto Libertad, señorita Alejandra Candia, señaló que existe un consenso respecto de la necesidad de asegurar la calidad de la educación y refirió que la creación de la Superintendencia surgió como una propuesta del Gobierno en respuesta a las demandas de los pingüinos, lo que fue corroborado en las conclusiones del Consejo Asesor, al plantear la urgencia de contar con un régimen de aseguramiento de la calidad de la educación.

Dentro de las funciones de la Superintendencia, mencionó: la evaluación del desempeño educativo de los sostenedores, establecimientos, docentes, y la medición de la calidad del aprendizaje de los alumnos; publicación de los resultados obtenidos; la fiscalización del cumplimiento de los requisitos para mantener el reconocimiento oficial; la rendición de cuentas, la formulación de cargos y la aplicación de sanciones.

Luego, comentó que la institucionalidad que se cree debe estar, efectivamente, al servicio del cometido de asegurar la calidad de la educación, a fin de que sea independiente del Gobierno de turno. Para tales efectos, precisó que se debe fomentar una gestión eficiente amparada en la ley marco y actuar con absoluta independencia, lo que según ella se lograría al establecer que este órgano forme parte del Sistema de la Alta Dirección Pública.

Estimó que este proyecto de ley establece excesivas atribuciones de fiscalización en torno a los procesos llevados a cabo en los establecimientos y limita la gestión que ellos realizan, lo que en definitiva perjudica el objetivo final de esta norma, cual es mejorar la calidad de la educación.

Por otra parte, señaló que se exige a los establecimientos con financiamiento estatal cumplir con una detallada rendición de cuentas, sin aportar los recursos que se requieran para asumir estos nuevos costos y que se desvía la atención desde una gestión pedagógica hacia una financiera.

Precisó que una rendición de cuentas según instrumentos y formatos estandarizados por la Superintendencia, requerirá de la contratación y del financiamiento por parte del propio establecimiento educacional de auditorías, para evitar, en caso de no cumplimiento de estos engorrosos procesos, perder el reconocimiento oficial o ser sancionado con la suspensión del otorgamiento de la subvención escolar.

A su vez, reparó en que esta norma faculta a la Superintendencia para evaluar el desempeño educativo de los sostenedores y de los establecimientos, lo que le permitirá incidir en los procesos educativos y no en los resultados.

También, señaló que esta excesiva atribución de facultades a la Superintendencia entorpecerá la labor propiamente educativa de los establecimientos. Asimismo, trajo a colación el Informe emitido por el Controlar General de la República, el cual concluye que las atribuciones que este proyecto de ley reconoce a la Superintendencia en materia de control financiero, colisionan con las funciones entregadas a la Contraloría General de la República.

Advirtió que los buenos resultados en materia educacional están fuertemente relacionados con la autonomía en la gestión realizada por quienes imparten la labor educativa. Agregó que es clave permitir la autoevaluación, consagrando un sistema de premios y de sanciones, en base a metas propias que respeten los estándares fijados por la autoridad, entregando incentivos para mejorar la labor realizada.

Comentó que esta iniciativa legal es contradictoria porque, por una parte, fomenta la autoevaluación de los establecimientos educacionales y, por otra, promueve que la Superintendencia efectúe una revisión constante de las autoevaluaciones, limitando así la posibilidad de innovar en esta materia, lo que atenta contra la diversidad.

Recalcó que la autonomía asegura el respeto al proyecto educativo institucional e incentiva una comunidad educativa comprometida. Agregó que restringir la autonomía merma la capacidad de los sostenedores para tomar decisiones en cuanto al proceso llevado a cabo en su establecimiento y no permite terminar con la falta de claridad existente en materia de responsabilidades entre los actores del sistema educativo.

Reparó que la excesiva fiscalización y la exigencia de rendición de cuentas detallada, atentan contra el libre manejo de los recursos de los sostenedores al momento de planificar su labor educativa y, además, limita la posibilidad que tienen de sortear exitosamente el desafío de ofrecer una educación de calidad. Bajo este contexto, sostuvo que este proyecto de ley sólo hace una declaración de principios al establecer que en las evaluaciones se deben considerar, especialmente, el proyecto educativo del establecimiento, su autonomía de gestión y los resultados de procesos de autoevaluación.

Estimó más sensato liberar a los sostenedores de esta desmesurada rendición de cuentas, en la medida que los establecimientos demuestren un buen desempeño, de manera de generar un incentivo a alcanzar. Agregó que la independencia en el manejo de los recursos permitirá incentivar la obtención de resultados de calidad.

Por esta razón, arguyó que se propone que la fiscalización sea obligatoria respecto de los establecimientos que obtengan resultados bajo los estándares mínimos establecidos por la autoridad educacional. En caso de no encontrarse en esta situación, sugirió que los establecimientos opten voluntariamente someterse a un sistema de diagnóstico.

Señaló que una falencia actual del sistema escolar es la falta de información que se entrega a los padres. Por tal motivo, valoró que este proyecto de ley otorgue a la Superintendencia la función de proporcionar información, en el ámbito de su competencia, a la comunidad educativa y a todos los usuarios e interesados. También, respaldó la atribución de esta institución de recoger la información proporcionada por las instituciones, validarla, procesarla cuando corresponda, y distribuirla anualmente a los distintos usuarios, poniendo a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de los establecimientos educacionales, sostenedores, docentes y los estudiantes, creando y administrando los registros que sean necesarios para ejercer estas funciones.

En relación a las nuevas funciones que este proyecto de ley entrega al Ministerio de Educación destacó el desarrollar estadísticas, indicadores y estudios del sistema educativo, en el ámbito de su competencia y poner a disposición del público la información que con motivo del ejercicio de sus funciones recopile. Agregó que esta información será pública y de libre acceso para todo el que tenga interés en consultarla. No obstante, acotó que tendrá el carácter de confidencial respecto de la identidad de los alumnos y de los docentes evaluados de conformidad a la ley. Sin embargo, opinó que esta iniciativa de ley no asegura que los padres y apoderados reciban oportunamente la información recabada por la Superintendencia y el Ministerio de Educación.

En este mismo orden de ideas, señaló que para cumplir con la función de informar a la comunidad educativa, la Superintendencia debería: informar sobre la nómina de los sostenedores habilitados para recibir la subvención, entregando antecedentes de libre acceso al público en la página web de la Superintendencia; entregar información relevante para que la comunidad escolar se forme una apreciación respecto del aporte del establecimiento al aprendizaje de sus hijos; y proporcionar información sobre los establecimientos que reciben financiamiento estatal que no cumplen los estándares mínimos de calidad y de la medida que se aplique en caso de que el mal desempeño fuese reiterativo.

Advirtió que la creación de una Superintendencia de Educación resulta una condición necesaria, pero no suficiente para asegurar la entrega de una educación de calidad. Refirió que la calidad hay que financiarla, y actualmente aún no se han sincerado los costos de una educación de calidad.

Con respecto al financiamiento de este proyecto de ley, expuso que debe aclararse la frase “mayor gasto fiscal anual que en régimen significará la aplicación de la iniciativa”. Lo anterior, prosiguió, por cuanto mayor gasto significa la generación de un nuevo gasto para el Estado, lo que no tiene sentido para el caso del personal de planta de la Superintendencia, puesto que según lo señala el articulado transitorio de esta norma, ésta estará conformada por ex funcionarios del Ministerio de Educación. Agregó que esta aclaración es fundamental, ya que según las cifras entregadas en el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, el costo de la planta de la Superintendecia correspondería a prácticamente dos tercios del supuesto mayor gasto fiscal anual que en régimen significará la aplicación de esta iniciativa legal.

El Presidente de la Corporación de los Colegios Particulares (CONACEP), señor Rodrigo Bosch, señaló que la CONACEP valora cualquier iniciativa destinada a mejorar la calidad educacional y que está comprometida con apoyar este proyecto de ley con su experiencia.

Informó que el sector particular subvencionado hoy educa a 1.500.000 alumnos, en todas la modalidades de educación, con la participación de más de 80.000 trabajadores directos (docentes, paradocentes, personal administrativo y auxiliares). Agregó que alrededor de un 30% de sus alumnos son considerados vulnerables y que un 70% de ellos están matriculados en instituciones con fines de lucro. Asimismo, indicó que el 75% de los niños con discapacidades y necesidades especiales se educa en los establecimientos particulares subvencionados y que el 40% de los colegios privados subvencionados no cobran financiamiento compartido, son gratuitos y, por ende, no tienen la posibilidad de recibir recursos adicionales como los colegios municipales.

Destacó que hoy Chile muestra avances significativos, gracias a una adecuada colaboración público privada la que le ha permitido tener un 100% de escolaridad y contar con una educación general obligatoria de 12 años. Bajo este contexto, prosiguió, Chile asume el desafío de asegurar la calidad de la educación, mejorando los resultados de aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, observó que se asume este desafío sin considerar lo que realmente necesita el país y sin mantener la diversidad del sistema escolar chileno.

Reparó, también, que hoy se propone dejar fuera de este desafío al sector privado, a pesar de los tremendos logros de esta acción público-privada. Estimó que esta reforma educacional está centrada en la desconfianza en esta relación, porque se ha responsabilizado únicamente a los sostenedores de los malos resultados educacionales obtenidos.

Sostuvo que, también, se culpa a la educación privada de la segmentación de los resultados por grupos socio-económicos, como si del sector privado educacional dependiera el monto de la subvención que se entrega, el diseño segmentado de la política pública de vivienda, y la estructuración socio económica cultural tradicional de Chile.

Por otra parte, señaló que el sector subvencionado no es un sector no sujeto a regulación y reparó en la afirmación que comúnmente se hace de que el Estado no ha tenido suficientes atribuciones para fiscalizar los recursos públicos, ya que la entrega de la subvención escolar está sujeta a fuertes restricciones que llegan a perjudicar la gestión de dicha subvención. Estimó que la única explicación para la ocurrencia de ilícitos, como el caso de la escuela Britania, no es la falta de atribuciones de fiscalización, sino la flagrante violación de las normas existentes. Consideró que en nuestro sistema educacional falta mejorar las normas y el sistema de control.

Agregó que toda la regulación actual pone especial énfasis en los requisitos de entrada al sistema y en el control de los recursos, y no en la calidad del servicio educativo. Afirmó que el proyecto de ley en estudio perfecciona este mismo modelo, ya que se centra únicamente en evitar que los sostenedores lucren o malgasten los recursos públicos.

Enseguida, consideró necesario la creación de una Superintendencia de Educación que evalúe los estándares de los resultados de aprendizaje; que provea de información; que establezca consecuencias por el no cumplimiento de los estándares de aprendizaje, y que tenga claridad respecto del costo que tiene la calidad de la educación que se espera.

En consecuencia, arguyó que apoya la creación de una Superintendencia, pero con un énfasis diverso. Afirmó que debe seguirse un modelo de aseguramiento de la calidad basado en los siguientes criterios: potenciación de las confianzas entre los actores del mundo educacional; estimulación de las transparencias; mayor coherencia con el sistema educativo presente y una mejor coordinación con los entes reguladores y fiscalizadores del Estado, y el establecimiento de un marco básico para un mayor financiamiento de calidad.

Comunicó que rechaza el texto del proyecto de ley en estudio, porque, por una parte, plantea crear un costoso sistema de evaluación de los proveedores de la educación escolar, atendiendo aproximadamente a unos 11.000 colegios, 3.100 sostenedores, 80.000 trabajadores y a 1.500.000 de usuarios y, por otra, porque supone un sistema de calidad basado en la vigilancia y en el castigo, que controla en exceso los procesos y califica los gastos, cuestión que según él hará que las escuelas tiendan a la homogenización. Estimó que hoy lo que se requiere es estimular una oferta educativa que reconozca la diversidad, con capacidad para atender alumnos de múltiples características. Afirmó que este modelo homogeniza la gestión educativa en busca de una receta única, que sacrifica la diversidad.

Advirtió que la educación no es el resultado de una cadena de montajes, sino que es el ensamble de las capacidades de los gestores y del personal docente, por tal motivo sugirió que la responsabilidad educativa debe estar centrada en ellos, potenciándose un sistema de auto evaluación.

Asimismo, observó que este proyecto de ley duplica funciones fiscalizadoras, ya presentes en el sistema educativo, generando un desperdicio de recursos y una gran burocratización. Al mismo tiempo, comentó que confunde la garantía de los derechos ciudadanos, al crear una Superintendencia originada en la desconfianza y estimó que la fórmula debe centrarse en crear confianzas y garantizar derechos.

Refirió que falta establecer una mayor fiscalización respecto de los proveedores ineficientes, y dotar de una mayor autonomía a los eficientes. Señaló que existe una gran incertidumbre sobre los requisitos, facultades y consecuencias de la aplicación de este modelo, ya que no se conocen los estándares que se perseguirán, y el sistema de financiamiento asociado. Agregó que no resulta conveniente que la Superintendencia tenga las funciones de evaluación de la fiscalización y de verificar el cumplimiento de las sanciones, porque pasaría a convertirse en juez y parte, a la vez.

Reparó, finalmente, que esta Superintendencia está orientada a evaluar la gestión educativa y financiera, requiriendo de auditorías para comprobar la veracidad y la exactitud del gasto y advirtió que esto no asegura la calidad.

El Investigador del Programa en Educación de la Universidad de Chile, señor Cristián Bellei, señaló que es necesario reformar la institucionalidad educacional para mejorar el aprendizaje de los alumnos y sugirió concentrarse en este objetivo, en lugar de desgastarse en debates sobre la institucionalidad del sistema escolar. En efecto, precisó que mucha evidencia recomienda desconfiar de las reformas estructurales como medio de mejoramiento de los logros de aprendizaje. Advirtió que lo imprescindible es el mejoramiento de las capacidades docentes y su trabajo en el aula, ya que la investigación comparada muestra que es posible obtener buenos resultados de aprendizaje en sistemas educacionales organizados de forma muy diversa.

Afirmó que políticamente las reformas estructurales son de alto riesgo y a pesar de requerir de una inmensa inversión de recursos políticos, económicos y de tiempo, el impacto de ellas en los logros de aprendizaje es muy incierto. Nuestra propia historia, continuó, nos enseña que grandes movimientos o reformas orientadas a mejorar la calidad, no han tenido mayor impacto.

En este mismo orden de ideas, relató que nuestro actual sistema ha sido moldeado por la reforma estructural de los años 80 y por la reforma educativa del año 1990. Observó que esta reforma no ha mejorado nuestro sistema educativo porque contiene bajas exigencias para abrir escuelas; establece un sistema de selección de alumnos por parte de las escuelas que distorsiona los indicadores de calidad, ya que confunde mejores resultados y mejor calidad; establece un modelo de financiamiento compartido que segmenta aun más el sistema; no estimula a que las familias elijan la escuela para sus hijos, según un criterio de calidad instruccional; el Estado no cuenta con las herramientas necesarias para exigir calidad; las escuelas con resultados ineficientes no se cierran, pero inician procesos de descomposición institucional; las escuelas que ganan pueden mantener su liderazgo sin proveer una buena educación, ni estar presionadas por mejorar, por falencias sistémicas en materia de capacidades de los docentes, estructura de los ciclos, currículum, y bajas expectativas. Bajo este contexto, concluyó que la reforma de mercado no ha logrado conectar virtuosamente la institucionalidad del sistema con los procesos de mejoramiento educativo a nivel de las escuelas. Más aún, estimó que parece haber generado algunos procesos negativos a ese nivel.

Enseguida, comunicó que los programas del nuevo currículum y de la Jornada Escolar Completa tuvieron un impacto limitado en los resultados de aprendizaje, debido a defectos de diseño de los programas y a una mala implementación de los mismos; escasos recursos asignados para compensar las profundas desventajas; ausencia de modificación de las condiciones de trabajo, organización y gestión de las escuelas; confusión de responsabilidades entre los actores (docente-escuela-sostenedor-Ministerio de Educación), lo que ha generado una suerte de irresponsabilidad de los resultados de las escuelas; instauración de dinámicas de segregación y de competencia que dañan a las escuelas, especialmente a las focalizadas, y ausencia de resolución de los problemas básicos, como las capacidades docentes. De este modo, afirmó que la lógica de los programas de mejoramiento y la lógica de la organización del sistema no logran acoplarse institucionalmente. Agregó que las políticas educacionales de la década de 1990 abordaron directamente los procesos de enseñanza/aprendizaje, pero obtuvieron resultados insatisfactorios, por la institucionalidad en que operaron.

Compartió en la necesidad de generar un cambio institucional para avanzar hacia el mejoramiento de la educación y sostuvo que este proyecto de ley deber ser una parte de dicha reforma institucional. A continuación, enunció algunos de los problemas que se deben enfrentar: mejorar el sistema de reconocimiento oficial y de acceso a fondos públicos; mejorar los mecanismos de intervención y de responsabilidad de las escuelas con malos resultados educativos, y la creación de un sistema de aseguramiento de la calidad.

Destacó que debe tenerse presente que en los sistemas escolares con cobertura universal y en los países con bajo crecimiento poblacional, la hipótesis de que los sistemas mejoran por la fuerza destructiva de la competencia es sólo eso una ilusión. Informó que todos los sistemas desarrollados tienen un fuerte compromiso con el éxito de las escuelas que financian. Afirmó que el punto central de esta reforma es crear una institucionalidad que combine, lo más sabiamente posible, la presión-exigencia por mejorar el servicio educativo y la obtención creciente de mejores resultados, con el apoyo necesario para generar capacidades y sostener procesos de mejoramiento en las escuelas.

Enseguida, hizo presente que la actual institucionalidad educativa mezcla en una sola agencia -el Ministerio de Educación- las funciones de generación de estándares, evaluación, fiscalización, diseño e implementación de políticas y apoyo. En cambio, señaló que la nueva institucionalidad que se está configurando separa y especializa funcionalmente en diferentes agencias estos roles. En efecto, indica que este sistema plantea que el Ministerio de Educación proponga el currículo y los estándares que deben ser aprobados por el Consejo Superior de Educación y promueva el mejoramiento de la calidad de la educación. Por su parte, agrega que la Superintendencia debe evaluar y fiscalizar a los proveedores y opinó que estas funciones deben verse fortalecidas con esta mayor especialización institucional.

Valoró que este proyecto de ley implemente un sistema de fiscalización del buen uso de los recursos públicos y sugirió que éste se inspire en los siguientes principios: transparencia en su uso; mayor información sobre la disponibilidad de los recursos, para resguardar la fe pública y las políticas de equidad, y garantizar la equidad en los recursos destinados a la educación de los niños. No obstante, opinó que estas normas tendrán un carácter más crítico de aprobarse las normas del proyecto de ley que establece la Ley General de Educación que prohíbe el lucro a los sostenedores.

Con respecto a la función de la Superintendencia de recibir, investigar y resolver reclamos y denuncias de los usuarios, consideró que es vital conocer la experiencia del Programa Mineduc 600. Advirtió que en un sistema escolar tan descentralizado, con libre elección de los padres, con sistemas de selección y cobro a las familias, la función de resguardo de los derechos esenciales es imprescindible, puesto que su ausencia atenta contra el alma del sistema escolar, ya que ni los estándares, ni los derechos de los consumidores se respetan en la institucionalidad tradicional que tenemos. Refirió que esta función se hará aún más relevante de aprobarse la nueva carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad escolar que propone el proyecto de ley que establece una Ley General de Educación, dada la relevancia que han adquirido, en la actualidad, los siguientes temas: selección no discriminatoria de alumnos, regulación del co-pago de los padres, formulación de un proyecto educativo y dictación de reglamentos internos como verdaderos contratos educativos. Bajo este contexto, opinó que esta función de la Superintendencia será enormemente valorada y requerida.

Por otra parte, señaló que es fundamental crear un mecanismo de intervención de la gestión de las escuelas que prestan un mal servicio educativo, sean públicas o privadas que reciban recursos público. Agregó que en la materia existe un enorme vacío en nuestra institucionalidad, lo que se ha visualizado con las ineficaces sanciones aplicadas en el caso de los Colegios Britania, o con las improvisadas intervenciones que ha promovido el Ministerio de Educación frente a escuelas en una situación crítica a nivel institucional.

Reparó que nuestra autoridad educacional ha reducido la visión de los procesos evaluativos en el sistema escolar a la aplicación de una prueba de resultados finales a tres grados y en dos o tres asignaturas. Advirtió que un sistema evaluativo como el SIMCE no permite orientar el mejoramiento de la educación, ya que no considera al sostenedor como agente que requiere ser evaluado en su desempeño, ni tampoco evalúa a las escuelas en otras dimensiones.

En relación a este proyecto de ley, sugirió mejorar el sistema de fiscalización y de evaluación de la Superintendencia, distinguiendo cuatro dominios en el área de la fiscalización, a saber: requisitos para el reconocimiento oficial; requisitos para el otorgamiento de la subvención; respeto de deberes y derechos de los actores y de la normativa educacional, en general, y cumplimiento de los estándares de calidad. Sobre estos cuatro dominios, continuó, deben instaurarse mecanismos de verificación y de sanción por incumplimiento. No obstante, precisó que existirán situaciones en que el desacato a la norma no será tan evidente como en el ámbito de los derechos y deberes, porque en muchos de estos casos se tratarán de conflictos de convivencia escolar, por lo cual sugirió, también, contemplar dispositivos de mediación, asesoría para el mejoramiento de la convivencia en la escuela, y de monitoreo en el tiempo de solución satisfactoria de los casos.

Con respecto al dominio de cumplimiento de los estándares de calidad, explicó que éste no es asimilable a los otros, ya que no le es aplicable la lógica de fiscalización-sanción, sino de evaluación-mejoramiento. En efecto, señaló que no es razonable sancionar económicamente a una escuela que está obteniendo bajos resultados, ya que dicha medida podría agravar su situación escolar. Informó que en educación no satisfacer los estándares de calidad puede deberse a negligencia e irresponsabilidad, pero, también, puede ser por falta de recursos y de capacidades, o por una dificultad objetiva para aprender y desarrollar formas alternativas de trabajo que sean más efectivas. Bajo este contexto, afirmó que mientras no se comprendan las causas del bajo desempeño, no tiene sentido alguno la aplicación de sanciones. En este mismo orden de ideas, señaló que lo importante es contar con un adecuado repertorio de acciones, idóneas para resolver las causas de esa indeseable situación.

Asimismo, observó que en el proyecto de ley en estudio no se explicita suficientemente la conexión entre los procesos evaluativos y los de mejoramiento de las escuelas. En esta materia, señaló que se debiera aclarar que las evaluaciones institucionales son miradas complejas, que no se remiten al cálculo de indicadores estandarizados, que se vinculan con los estándares de lo que es una buena escuela o una escuela efectiva, que se apoyan en los procesos de auto-evaluación de las escuelas, que se enmarcan en un proceso continuo de mejoramiento escolar objetivado con planes de desarrollo plurianuales, que derivan en recomendaciones sobre cómo fortalecer los procesos de mejoramiento en el tiempo. Advirtió que esas evaluaciones son el insumo principal para las acciones de mejoramiento y de apoyo que deberá emprender el Ministerio de Educación y el sostenedor.

Sostuvo, también, que se debe graduar la intensidad-frecuencia de estos procesos evaluativos según la calidad del desempeño de la escuela en cuestión, según la siguiente fórmula: a mejor desempeño mayor autonomía y viceversa. Para que este criterio sea efectivo, prosiguió, se requieren evaluaciones válidas de la calidad del desempeño de los establecimientos y un sistema de control de los procesos selectivos de los alumnos.

Independiente de lo anterior, consideró que los bajos resultados educativos deberán desencadenar en procesos más intensivos de evaluación. Dichos procesos, continuó, deberán estar primeramente dirigidos a comprender las causas de esos bajos resultados, para que posteriormente pueden formular sugerencias de mejoramiento. Refirió que estos procesos pueden derivar en la necesidad de un mayor apoyo técnico y la necesidad de mayores recursos para las escuelas. Advirtió que con estas medidas no se está proponiendo premiar al mal desempeño, ya que los profesionales y responsables de la escuela deben estar sujetos a eventuales sanciones. Agregó que, obviamente, los programas de mejoramiento deben estar asociados a compromisos con plazos definidos.

Afirmó que el sistema en su conjunto debe estar abierto a aprender de los casos crónicos de mal desempeño o de los que demuestran grandes dificultades para mejorar. A veces, prosiguió, la explicación es una simple falta de compromiso, pero, también, existen otras situaciones en que aparentemente se hace todo lo requerido, pero los resultados siguen siendo negativos. Recalcó que un sistema inteligente debiera abordar esos casos con especial dedicación, pues ellos son fuente de aprendizaje.

En términos más generales, precisó que no se debe olvidar que la gran agenda ausente en todo este proceso de reforma es la creación de capacidades a la base del sistema. Al respecto, comentó que la experiencia internacional es contundente en esta materia, existiendo sistemas más exigentes basados en estándares y “accountability”, los cuales no son efectivos si no se desarrollan las capacidades profesionales a la base del sistema.

En otro orden de ideas, estimó que este proyecto de ley acierta al considerar al sostenedor como un actor a evaluar. No obstante, observó que no se considera la diversidad de los sostenedores. Bajo este contexto, reparó que no reconoce la especificidad de la educación pública, en la cual el sostenedor municipal presenta características muy peculiares. Al respecto, comunicó que tanto el Consejo Asesor como el Informe del Banco Mundial recomiendan estudiar y hacer distinciones en cuanto al tipo de relación con el Estado entre los sostenedores privados y los públicos.

Por otra parte, refirió que los sostenedores poseen distintas capacidades y grados de complejidad, sugiriendo modificar al sistema de reconocimiento oficial, agregando una nueva distinción que reconozca al sostenedor reconocido que tiene la posibilidad de abrir otra escuela. Más aún, agregó que se pueden establecer estándares para certificar o, al menos, para graduar la calidad de los sostenedores.

Asimismo, planteó que este sistema de evaluación-fiscalización diferencie entre los sostenedores de reconocida experiencia y los que recién están comenzando a prestar el servicio educativo. Con respecto a los nuevos sostenedores, planteó que éstos adquieran su autonomía luego de un período de prueba. La idea, prosiguió, es tratar de mejorar los proveedores educacionales de cada zona.

En materia de educación preescolar, precisó que esta norma implicará un cambio en el arreglo institucional del área preescolar, ya que en ese nivel el reconocimiento oficial no es obligatorio, como tampoco lo es asistir a él, por lo mismo, señaló que existen varias instituciones que operan sin dicho reconocimiento. Además, refirió que la nueva normativa ha implicado que muchos jardines infantiles, incluso los públicos, no puedan ser reconocidos. Bajo este contexto, consultó si los jardines infantiles que no cuentan con el reconocimiento oficial quedarán exento de la inspección de la referida Superintendencia y, además, preguntó como se conciliarán con las atribuciones de la Superintendencia con las de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).

El Director Jurídico de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Claudio Radonich, señaló que el tema fundamental de esta reforma debe ser la calidad y la equidad en la educación. Enseguida, informó que las municipalidades co-financian a la educación pública en más 120.000 millones de pesos, lo que justifica su interés en el contenido de esta normativa.

En relación al presente proyecto de ley, reparó que la Superintendencia de Educación, prácticamente, tenga las mismas facultades que la Contraloría General de la República en materia de fiscalización e interpretación de norma legales y reglamentarias. En cuanto a su atribución fiscalizadora, acotó que el control de la gestión administrativa, basado en el balance estandarizado es distinto al de la contabilidad gubernamental que contempla el Estatuto Administrativo. Esta duplicidad de sistemas contables, continuó, podría implicar para los sostenedores municipales la obligación de tener que llevar ambos sistemas, lo que involucraría, sin duda, mayores gastos para los municipios. También, reparó que no es recomendable que una misma institución tenga facultades fiscalizadoras y sancionadoras, a la vez.

Por otra parte, sostuvo que no existen las condiciones para que las municipalidades puedan realizar una mejora de la gestión de sus recursos. Bajo este contexto, estimó que para los municipios será muy dificultoso alcanzar los nuevos estándares de calidad. Asimismo, refirió que las municipalidades no tienen autonomía en materia de contratación docente y, por lo mismo, están impedidas de intervenir en la calidad docente. En consecuencia, afirmó que no es viable aplicar este sistema a la educación pública municipal.

El Director del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, señor Sebastián Soto, expuso que en el año 1954 en Chile se creó la primera Superintendencia de Educación que despertó fuertes críticas. Al respecto, comentó que el profesor Alejandro Silva Bascuñan señaló que las atribuciones que se concedían a esta Superintendencia sobrepasaban la letra y el espíritu de la Constitución vigente y no se ajustaba a la interpretación que resultaba de la historia fidedigna de su establecimiento.

Por otra parte, refirió que la Corte Suprema de Estados Unidos en diversos fallos resolvió que el Estado no puede regular la educación particular en forma tan invasiva como para convertir, en la práctica, a un establecimiento particular en uno público. Sobre este punto, señaló que la doctrina ha elaborado el principio de las condiciones inconstitucionales, el cual establece que el Estado no puede exigir que el receptor de un beneficio público renuncie a alguno de sus derechos fundamentales, aún cuando el Estado no tenga la obligación de conceder ese beneficio.

Asimismo, mencionó dos fallos del Tribunal Constitucional Español, en los cuales se reconoce el derecho al ideario educativo. Explicó que este derecho implica excluir que el financiamiento de la educación con fondos públicos suponga la posibilidad de exigirle al titular del establecimiento educacional la renuncia al ejercicio de sus derechos fundamentales. Informó que la Constitución española regula el deber de los poderes públicos de respetar este derecho y, asimismo, les impone la obligación de no exigir una prestación que implique la desaparición de los derechos fundamentales del titular del beneficio.

En el caso particular de nuestro país, señaló que existen dos fallos del Tribunal Constitucional, Roles 410 y 423, que citan normalmente nuestras Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. De estas sentencias destacó tres grandes temas: primero, la importancia del proyecto educativo, lo que se refleja a través de la libertad de enseñanza garantizada por la Constitución Política de la República, la cual supone el respeto y la protección de la plena autonomía del fundador o del sostenedor del establecimiento respectivo. Explicó que de acuerdo a estos fallos la libertad de enseñanza permitiría al sostenedor la consecución de su proyecto educativo en los ámbitos docente, administrativo y económico y sostuvo que si no se goza de una certeza jurídica en el cumplimiento de tales supuestos esenciales, se podría afirmar que no existe tal libertad.

Como segundo punto destacó que los establecimientos municipales son, también, objeto de la libertad de enseñanza, ya que según estas sentencias la libertad de enseñanza debe ser aplicada a todos los sostenedores, en cuanto titulares de este derecho, sean establecimientos de enseñanza, públicos o privados. Aclaró que el Ministerio de Educación no es dueño de los establecimientos educacionales municipales, ya que según nuestro Tribunal Constitucional éstos pertenecen a los municipios. Comentó que estas sentencias aclaran que la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, precisando que en estas tres facultades se condensan, por consiguiente, los elementos definitorios e inafectables de la libertad de enseñanza, consagrada en nuestra Carta Fundamental.

Y como tercer tema, mencionó a las obligaciones de los establecimientos subvencionados. Al respecto, recalcó que los establecimientos para recibir la subvención se encuentran obligados a cumplir determinadas exigencias legales, las cuales deben ser adecuadas y proporcionales al control que ellas llevan consigo y, por lo mismo, acotó que estas obligaciones deben ser ponderadas y razonables. Agregó que el Tribunal Constitucional declaró que el carácter de subvencionado de un establecimiento educacional no habilita a los órganos estatales para exigir el cumplimiento de condiciones, prohibiciones o requisitos que les impidan o tornen muy difícil o gravoso el ejercicio de un derecho constitucionalmente asegurado. Afirmó que en las obligaciones que se impongan al sostenedor debe haber un criterio de proporcionalidad y, en consecuencia, advirtió que no puede imponérsele cualquier carga a los establecimientos educacionales por el hecho de ser subvencionados.

En relación a este proyecto de ley, observó que el tipo de la fiscalización que se está planteando conlleva una excesiva carga para los establecimientos educacionales subvencionados. A modo de ejemplo, mencionó todas las exigencias relativas a la información financiera que los sostenedores deben presentar a la Superintendencia. Afirmó que estas exigencias implican un costo enorme para los sostenedores y, por ende, se tratan de cargas desproporcionadas e irracionales para el fin que se desea alcanzar.

Reparó que se entregan atribuciones excesivas a la Superintendencia, como las que le permiten acceder y examinar cualquier tipo de documento, archivo, libro o antecedente. Advirtió que ni siquiera al Ministerio Público se le ha dotado de tan amplias facultades y sólo mediante una resolución judicial podría acceder a dicha documentación. También, consideró excesiva la facultad que tiene la Superintendencia de citar a declarar a los sostenedores y a los administradores respecto de algún hecho que estime necesario.

Enseguida, cuestionó la atribución de la Superintendencia de intervenir incluso de oficio en el ámbito de la educación particular pagada y opinó que no es adecuada esta intromisión, ya que no existen recursos públicos comprometidos y, además, porque se vulnera la libertad de enseñanza.

En cuanto a la facultad de designar a un administrador provisional, estimó que si esta figura tiene como único objeto asegurar el derecho a la educación durante el respectivo año escolar, no adolecería de un vicio de inconstitucionalidad, puesto que la libertad de enseñanza y el derecho a la educación se complementarían para asegurar que los alumnos de un establecimiento puedan terminar su año escolar. De lo contrario, afirmó que esta figura sería inconstitucional, puesto que no precisa las atribuciones que tendría este administrador, ni el tiempo que duraría su cargo. Acotó que estos temas deben ser regulados en esta norma, a fin de evitar que se vulnere el derecho de propiedad de los sostenedores y de los padres y apoderados para llevar a cabo con completa autonomía su proyecto educativo.

Por otra parte, cuestionó el fundamento constitucional de este proyecto de ley, ya que en el Mensaje del proyecto de reforma constitucional que establece como deber del Estado el velar por la calidad de la educación, que se tramita en la Cámara de Diputados, se reconoce por el Gobierno que para velar por la calidad de la educación se requiere previamente de una reforma constitucional que así lo establezca. Dadas estas circunstancias, estimó que no sería pertinente aprobar primero esta iniciativa de ley, si aún no se aprueba la citada reforma constitucional.

Con respecto al rango de este proyecto de ley, opinó que esta norma debe ser votada como una norma de rango orgánico constitucional de acuerdo al artículo 19, numeral 11°, inciso quinto de la Constitución Política de la República, en el cual se consagra que una ley orgánica constitucional señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento.

A continuación hizo uso de la palabra el Jefe del Departamento Jurídico de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), señor Rodrigo Díaz. quien expuso que en general las Superintendencias que existen en nuestro país, tienen por finalidad preservar el mínimo estándar de un determinado servicio, normalmente entregado por particulares. Es decir, las Superintendencias de Bancos, de Salud, de AFP de Valores y Seguros, de Seguridad Social, de Combustibles, de Servicios Sanitarios, tienen como meta resguardar el derecho de los usuarios de esos servicios, pero en todas ellas se respeta y fomenta un sistema de mercado, es decir, de oferta y demanda de esos servicios. En cambio el proyecto de ley de Superintendencia de Educación, al menos en algunos aspectos, entiende su labor como cogestora, de los procesos internos de los establecimientos educacionales.

Luego, se refirió a las deficiencias del proyecto en análisis todas ellas referidas a la manera de concebir el servicio educacional como algo estandarizable, pero no solo en los resultados académicos, tema discutible, sino que también en los procesos, con lo cual se introduce en un ámbito que restringe y perturba la marcha interna de un establecimiento.

A fin de hacer más fácil el análisis del proyecto en comento, agrupó las deficiencias en dos apartados, el primero referido a problemas prácticos y el segundo a los procedimientos fijados en el proyecto. En seguida, analizó los artículos de dudosa constitucionalidad, los casos en que no habría responsabilidad administrativa, y finalmente sugirió algunas modificaciones.

En cuanto a los defectos prácticos se refirió a las dificultades prácticas que tendrá el ejercicio de facultades concedidas a la Superintendencia.

Mencionó en el artículo 3º, especialmente en el numeral tres, que se establece la evaluación docente pero de manera discriminada, ya que se focaliza solo en la educación particular subvencionada, dejando a los docentes de la educación municipalizada, con evaluaciones selectivas. Según su parecer, esto constituye un error de diseño, ya que en todas las mediciones de resultados, la educación municipal se encuentra en desventaja con respecto a la educación subvencionada. Lo razonable, señaló, sería aplicar un mismo método de evaluación docente a todo el sistema subvencionado, permitiendo a cada unidad educativa crear un sistema propio de evaluación que se adapte el proyecto educativo.

En el mismo artículo, en el numeral 22 (Adoptar las medidas que estime necesarias en resguardo de los usuarios del servicio educacional y del interés público, en aquellas materias de su competencia), indicó que se establecen facultades que son amplísimas, de manera tal que, verdaderamente se entrega una suerte de “voto de confianza”, a la Superintendencia, sin ningún tipo de control. Desde el punto de vista administrativo, consideró que constituyen facultades discrecionales, que en el evento de ser mal empleadas, sólo dejan la alternativa de acudir a los tribunales de justicia para evitar los abusos en la aplicación de esta disposición. Agregó que en la normativa educacional actual, no existe ninguna norma de rango legal siquiera semejante.

En el artículo 4º, indicó que se aprecia claramente que la idea que está en el trasfondo del proyecto, es que el sistema educacional chileno es homogéneo, ya que se permite que los estándares sean fijados por el Ministerio de Educación de manera centralizada. Del mismo modo que se habla de pacto social, debe existir una suerte de pacto educacional, en el cual se establezcan bases comunes en las que todos los actores estén de acuerdo, y ello debe quedar fijado por ley.

En el artículo 6º, se fija un procedimiento cuyo alcance no ha sido suficientemente dimensionado, toda vez que la Superintendencia puede entrar a fiscalizar con el simple reclamo de cualquier particular, respecto de los colegios particulares pagados. Esto puede provocar una avalancha de reclamos, muchos de los cuales no serán atendidos, generando a su vez, desconfianza en la nueva institución creada.

Al menos en 7 oportunidades, especialmente en los artículos transitorios, esta ley solicita delegación de facultades para el Presidente de la Republica, a fin de que regule una serie de materias a través de decretos con fuerza de ley. Señala que lo que impide claridad en la estructura de la Superintendencia, es que la fijación de planta no queda determinada en la ley.

En cuanto a los defectos de control, señaló que se demuestran algunas duplicidades y conflictos de competencia, en la manera de fijar los procedimientos a través de los cuales ejercerá su actividad la Superintendencia.

En el artículo 3º, numeral 3, se establece la discriminación, que no sólo afecta, y determina un prejuicio del legislador, en relación a los colegios particulares subvencionados, sino que también implica un defecto, que tendrá repercusiones en el sistema educacional en su conjunto. Se parte de la premisa de que los docentes de los colegios particulares subvencionados, requieren mayor atención desde el punto de vista de la validación de la evaluación de la docencia de aula, en comparación con los colegios municipales, los que simplemente se verían sometidos a mecanismo de evaluación selectiva. El error de control se encuentra en que el sistema completo de los docentes se enfoca a los resultados de los alumnos, y la separación entre docentes de colegios particulares y municipalizados, que establece el proyecto de ley, no tiene justificación alguna.

En el mismo artículo 3º numeral 5, existe otro defecto, ya que sin mediar justificación alguna se establecen auditorías financieras a los sostenedores particulares que reciben fondos públicos, y por lo tanto, se producen al menos dos conflictos de competencia, ya que por un lado, esto puede colisionar con lo dispuesto en la normativa del Servicio de Impuestos Internos y por otro lado pueden abarcarse elementos que debe regular la Contraloría General de la República. Si un sostenedor no tiene ningún tipo de problemas con el SII, no se aprecia por qué el MINEDUC puede solicitar auditorías sobre recursos que son controlados o por ese servicio público, o por la Contraloría. Además, cada uno de estos servicios, por su cuenta, tiene normativa que debería a lo menos, ser armonizada con la emanada por la Superintendencia.

En el numeral 13 del artículo 3º, la fiscalización en el cumplimiento de los requisitos exigidos para mantenerse como sostenedor, en principio incumben al Ministerio de Educación, salvo que esta facultad expresamente se le arrebate a dicha repartición pública, y sea entregada a la Superintendencia. De hecho el actual decreto supremo 177 de 1996, del Ministerio de Educación, establece que es un funcionario del Ministerio el que supervigila esta situación.

En el artículo 16 se está ante una facultad que es amplísima, y desconoce los procedimientos internos de cada establecimiento Educacional. En efecto en dicho artículo, especialmente en el inciso segundo, se establece que las acciones de fiscalización se pueden realizar en cualquier momento. Cree que debió indicarse, en el texto de la ley, que la fiscalización debería respetar los horarios internos del establecimiento.

En el artículo 31, inciso segundo, se crea una facultad, que implica necesariamente, una modificación a la actual ley de subvenciones, la que por su parte dispone que este tipo de retenciones de subvención debe ser efectuado previo proceso de subvenciones.

En cuanto a posibles inconstitucionalidades, la creación de una Superintendencia de Educación, si bien está dentro de las posibilidades que actualmente permite la Constitución, debe enmarcarse, tanto en la creación, como en la concreción misma de esta idea, dentro del margen de las garantías constitucionales, que la carta fundamental reconoce a los ciudadanos.

Desde este punto de vista, estimó que el articulado analizado contiene las siguientes cuestiones de constitucionalidad, o a lo menos de constitucionalidad dudosa, ya que afectan garantías constitucionales por las que el mismo Estado debiera velar, cuales son la libertad de enseñanza y el derecho a la educación.

En cuanto a la libertad de enseñanza, las facultades indicadas en el artículo 3º, numerales 6, 7, 9, 11, 17 y 22, entre otras vulneran diversas garantías constitucionales, o al menos, pueden inducir a lesionar los derechos que dicha garantía asegura. Si a esto se agrega la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones por la vía del recurso de protección, se encuentra reducida, especialmente en términos temporales, y en cuanto los efectos de la sentencia, considera que perturba la posición del administrado frente a los actos de la autoridad.

En el caso del numeral 6 considera que se ha cambiado la naturaleza jurídica de la subvención, la que desde su percepción, siempre se ha entendido que es dinero particular, que el sostenedor ha percibido por un servicio prestado, y que por ende, una vez agotados los ítems que la ley establece para su inversión o gasto, pasa a ser dinero del sostenedor. En este caso, además de vulnerar el artículo 19, Nº 11, afecta el derecho de propiedad del artículo 19, Nº 24.

En el caso del numeral 7, además de afectar la facultad de administrar y organizar el establecimiento educacional, afecta la autonomía profesional asegurada en el artículo 16 del estatuto docente, ya que un profesor en clase puede ver interrumpido su proceso, por una visita de la Superintendencia.

El numeral 9, al fijar la posibilidad de citaciones, sin proceso previo, afecta la garantía del debido proceso, y en el fondo se está prejuzgando al sostenedor por “comisiones especiales” y no por tribunales creados conforme a la ley.

El numeral 11, establece facultades normales, pero con una excepción, y es que se pueden formular cargos en caso de incumplimiento de dictámenes, e instrucciones de la misma Superintendencia, con lo cual se vulnera también el debido proceso. Este mismo tipo de atribuciones tiene el SII, y por lo mismo, ha sido objeto de críticas de falta de imparcialidad que justamente hace que se esté tramitando en el Congreso un proyecto de ley sobre juzgados tributarios. En un sentido similar se ha pronunciado ante el Senado, la Excelentísima Corte Suprema, en cuanto a generar en la Superintendencia una instancia adicional a las legales.

En el numeral 17 se instaura una serie de facultades que no tiene limitaciones normales como el respeto a la privacidad de las personas.

En el numeral 22 se instala una facultad que devela el prejuicio que existe respecto de los sostenedores, ya que se habla simplemente de usuarios del sistema educacional y en base a ello, la Superintendencia puede “adoptar las medidas que estime necesarias”. Es decir, sin límite expreso a esas atribuciones, en aras de las garantías como la libertad de enseñanza.

Asimismo, considera que también se vulnera la libertad de enseñanza en el caso del artículo 4°, ya que los estándares de calidad serían determinados por el Ministerio de Educación, es decir por un lado, se centraliza la manera de llevar y analizar el currículo a nivel nacional, en la elaboración de los estándares, y por otra parte, también se centraliza, en el control de los mismos.

En el caso del artículo 6º, en especial su inciso segundo, permite un control desmesurado de los sostenedores, ya que en el inciso primero establece los criterios de evaluación de desempeño de los sostenedores, incluyendo las instrucciones de la Superintendencia y en el inciso segundo, permite que en base a cualquier falta, incluso respecto de las instrucciones la Superintendencia, se fiscalice y evalúe incluso a los colegios particulares pagados.

Finalmente, sugiere la creación de una Superintendencia de Educación, que si bien puede ser resistida por algunos sectores, debería ser considerada de parte de los redactores del proyecto, como una oportunidad para la modernización del control público del sistema educacional chileno. En este sentido, y para que fuera razonable su creación, al igual que otras superintendencias, debería partir de bases menos prejuiciosas, respecto de los prestadores del servicio educacional. En efecto todas las Superintendencias respetan la posibilidad de que, antiguos servicios públicos, administrados y entregados directamente por el Estado, ahora se sometan a reglas de mercado, premisa que no se aprecia dentro en la estructura y normativa del proyecto analizado.

Estima que el proyecto debió también tomar en consideración, la necesidad de renovar el personal a través del cual se realizaría la gestión de la Superintendencia. Si se va a fiscalizar el sistema educacional chileno, especialmente el sector privado, con funcionarios del Ministerio de Educación, que incluso públicamente han señalado su no conformidad con un sistema de mercado, no debieran formar parte de ella, lo contrario es algo más que inquietante para los afiliados.

Los errores mencionados, y las posibles inconstitucionalidades del proyecto, debieran ser profundamente analizadas en el Congreso, ya que se insiste mucho en la labor de fiscalización, e incluso de control directo de algunos sostenedores, y poco en los índices de calidad que debieran ser medidos, y objeto de la principal atención de esta Superintendencia.

Terminó expresando que el proyecto hace mucho hincapié en controles y servicios de la Superintendencia a los usuarios, pero debería considerar un acápite para controlar los excesos de los demás funcionarios públicos que, en no pocas ocasiones entorpecen el buen funcionamiento de un centro educativo.

Enseguida, el dirigente estudiantil, Diego Calderón, estimó que hubiera sido más adecuado aprobar primero los proyectos de ley que aseguran la calidad de la educación.

Señaló que los sostenedores de los colegios subvencionados cometen graves irregularidades para continuar manteniendo su derecho a percibir la subvención escolar y mantener su reconocimiento oficial. Bajo este contexto, consideró que la Superintendencia debe ser un órgano fuerte con amplias facultades para fiscalizar y revisar incluso los reglamentos internos de los establecimientos educacionales, a fin de evitar que se sigan cometiendo actos que atentan contra los derechos fundamentales de los alumnos. Valoró que este proyecto de ley le otorgue facultades para revisar cualquier tipo de documentos o antecedentes que estime necesario para ejercer su función fiscalizadora. Asimismo, consideró positivo que tenga atribuciones para citar a declarar a los sostenedores y a los miembros administrativos de las escuelas.

Opinó que, también, deben ser objeto de fiscalización los colegios particulares pagados y estimó que las sanciones que se apliquen a los establecimientos deben ser acordes al número de alumnos matriculados en dicho establecimiento.

Reparó que esta iniciativa legal no contemple algún mecanismo para mejorar el nivel de los docentes, ya que estimó que los profesores adolecen de una mala formación.

Por otra parte, instó a la autoridad a realizar una reforma profunda al sistema educacional, ya que con dos o tres proyectos de ley aislados no se va mejorar la calidad de la educación y destacó la importancia de eliminar el concepto del lucro y los procesos de selección de los alumnos.

Consideró que en la práctica no existe una libertad de enseñanza, aunque así lo reconozca la normativa vigente y acotó que lo que realmente existe es una libertad de empresa, porque se permite a cualquier persona instalar un colegio. Finalmente, hizo un llamado a los miembros de la Comisión a suscribir un pacto político que recoja las distintas inquietudes que han planteado los distintos actores sociales.

Por su parte, la Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, señora Carolina Velasco, cuestionó los roles que se le están asignando a la Superintendencia, especialmente los de fiscalización, inspección y supervisión, ya que estas funciones hoy ya están en manos del Ministerio de Educación. Respecto de la calidad de la educación, opinó que para crear un órgano orientado hacia la calidad se requiere contar con personal especializado. De lo contrario, observó que no se logrará el fin último de este proyecto de ley, cual es asegurar la calidad de la educación y sólo se incrementará la revisión formal de los procesos de enseñanza.

El Honorable Senador señor Núñez consideró fundamental, antes de votar en general esta iniciativa de ley, definir si estamos ante un proyecto de ley constitucional o no, ya que de acuerdo a la exposición del representante de Libertad y Desarrollo este proyecto de ley adolecería de un evidente vicio de inconstitucionalidad.

El Honorable Senador señor Navarro señaló que este proyecto de ley viene a corregir las deficiencias del sistema educacional subvencionado. Opinó que estamos ante un problema ideológico que debe ser zanjado para asegurar la calidad en la educación. Por otra parte, consultó a los representantes de la FIDE sobre el resultado de sus colegios y sobre las alternativas de solución que proponen para mejorar la calidad de la educación chilena.

El Abogado de la FIDE apoyó la idea de crear una Superintendencia. No obstante, acotó que deben eliminarse todas las atribuciones que excedan el ámbito de su competencia. Por otra parte, refirió que la autoridad debe transparentar cuánto se debe gastar en educación para poder llegar a los estándares que el Gobierno pretende alcanzar y precisar cuánto es lo que se proyecta mejorar. Asimismo, señaló que de precisarse cuántos puntos se pretenden subir en el SIMCE con la subvención preferencial.

Comentó, también, que debe adoptarse alguna medida con los malos docentes, ya que éstos deben salir del sistema. Para esto, continuó, debe obligarse a los docentes a ser sometidos a un proceso de evaluación. Reparó que el Colegio de Profesores ha evitado por todos los medios someterse al proceso de evaluación docente, lo que estaría perjudicando la calidad de la educación.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la FIDE refirió que el tema central debe ser mejorar la calidad de la educación y no el lucro y la selección de los alumnos. Para mejorar la calidad de la educación, prosiguió, debe asumirse que no existe una única calidad de la educación, sino que hablarse de varias calidades, ya que nuestro sistema educativo es diverso. No obstante, estimó que las políticas que está adoptado el Ministerio de Educación tienden hacia la homogenización del sistema. Opinó que lo peor que le puede suceder a nuestro sistema educativo es tender hacia la homogenización, siendo que todos los países tienden a proteger la diversidad en materia educativa.

Por otra parte, aseguró que la selección de alumnos se opone a la exclusión, puesto que constituye un mecanismo óptimo para nivelar las distintas asimetrías que tiene el sistema. Reparó que el sorteo sea el instrumento idóneo para reemplazar a la selección, porque deja igual a un porcentaje de los alumnos fuera del sistema escolar. Afirmó que la exclusión se elimina definitivamente mejorando la calidad de la educación de todas las escuelas.

Consideró que no puede tratarse a todas las escuelas con el mismo tratamiento jurídico y acotó que debe implementarse un sistema que reconozca esta diversidad con escuelas que tengan la capacidad para atender a todo tipo de alumnos. En la actualidad, prosiguió, las escuelas están incapacitadas para recibir a todo tipo de alumnos, por lo cual planteó dotar de suficientes recursos humanos y financieros para mejorar la calidad del servicio educativo que presta. Asimismo, planteó mejorar la relación entre el Ministerio de Educación y las escuelas, respetando la autonomía de los establecimientos educacionales.

- Sometida a votación la idea de legislar en la materia fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Muñoz Aburto, Núñez y Ruiz-Esquide.

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TEXTO DEL PROYECTO

Como consecuencia del acuerdo adoptado, vuestra Comisión tiene el honor de proponer a la Sala la aprobación en general del siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY:

“TÍTULO I

De la Superintendencia de Educación

Párrafo 1º

Naturaleza, Objeto y Atribuciones

Artículo 1°.- Créase la Superintendencia de Educación, en adelante “la Superintendencia”, servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

La Superintendencia constituye una institución fiscalizadora en los términos del DL N° 3.551, de 1981 y estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la Ley N° 19.882.

El domicilio de la Superintendencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las Direcciones Regionales que existirán en cada una de las regiones del país.

Artículo 2°.- El objeto de la Superintendencia es evaluar y fiscalizar que los sostenedores y los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, en los niveles parvulario, básico y medio, cumplan con los estándares establecidos para el sistema educativo. Asimismo, proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, y atenderá los reclamos y denuncias de éstos, estableciendo las sanciones que en cada caso corresponda.

Artículo 3°.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia tendrá especialmente, las siguientes atribuciones:

1. Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación de desempeño educativo de los sostenedores y los establecimientos educacionales, y fomentar la autoevaluación de los establecimientos educacionales.

2. Diseñar y aplicar un sistema de medición de los niveles de aprendizaje de los alumnos dentro del marco curricular nacional, de acuerdo al plan de medición establecido por el Ministerio de Educación. Asimismo, le corresponderá informar públicamente sus resultados y coordinar la participación de Chile en mediciones de carácter internacional en este ámbito.

3. Validar los mecanismos de la evaluación docente de aula, docente directiva y del personal técnico pedagógico para establecimientos educacionales administrados por sostenedores particulares subvencionados por el Estado o que reciban aportes de éste. En el caso de los docentes del sector municipal, realizará auditorías selectivas de los instrumentos y procedimientos de evaluación establecidos en la ley.

En el caso de los establecimientos particulares pagados, acreditará los instrumentos de evaluación que voluntariamente presenten sus sostenedores.

4. Fiscalizar que las personas o instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos e instrucciones que ella imparta.

5. Ordenar auditorías a la gestión financiera de los sostenedores educacionales que reciben recursos públicos.

6. Fiscalizar el uso de los recursos públicos traspasados a los sostenedores educacionales y exigir rendición de cuentas de los mismos.

7. Acceder libremente a los establecimientos educacionales y dependencias administrativas del sostenedor, a objeto de realizar las funciones que le son propias.

8. Acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin alterar el normal desenvolvimiento de las actividades del afectado, y examinar, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las personas y/o entidades fiscalizadas, y disponer de todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor fiscalización. La Superintendencia, mediante resolución, determinará aquellos libros, archivos y documentos que deberán estar permanentemente disponibles para su examen en el propio establecimiento educacional. Las mismas facultades tendrá la Superintendencia respecto de los terceros que administren y presten servicios a los establecimientos educacionales.

9. Citar a declarar a los sostenedores, representantes, administradores y dependientes de las instituciones fiscalizadas respecto de algún hecho que estime necesario para el cumplimiento de sus funciones.

10. Resolver consultas, investigar denuncias y resolver reclamos que los distintos miembros de la comunidad escolar presenten, pudiendo desarrollar instancias de mediación.

11. Formular cargos, sustanciar su tramitación y resolver los procesos que se sigan respecto de todos los incumplimientos o faltas que detecte respecto de la normativa educacional de su competencia y de las instrucciones y dictámenes que imparta, así como de los que conozca por la vía de denuncias o reclamos del público o por denuncia que formule el Ministerio de Educación u otros órganos públicos.

12. Disponer el nombramiento de un administrador provisional para la gestión de los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado que obtengan resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos.

13. Fiscalizar el cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional y, en caso de verificar su incumplimiento, remitir los antecedentes al Ministerio de Educación para que éste, en un plazo no superior al término del año escolar, proceda a la revocación del reconocimiento señalado.

14. Imponer las sanciones que establece esta ley.

15. Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales, reglamentarias y las demás normas que rigen la prestación del servicio educativo, cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones de carácter general al sector sujeto a su fiscalización.

16. Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.

17. Requerir de los sostenedores y docentes directivos de los establecimientos educacionales u otros organismos públicos y privados relacionados con la educación la información que estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrá recoger la información proporcionada por las instituciones, validarla, procesarla cuando corresponda, y distribuirla anualmente a los distintos usuarios.

18. Poner a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de establecimientos educacionales, sostenedores, docentes y estudiantes, y crear y administrar los registros que sean necesarios para ejercer sus funciones.

19. Convenir con otros organismos de la administración del Estado o con entidades privadas, la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones.

20. Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y otros organismos técnicos en materias de su competencia.

21. Cobrar y percibir los derechos por registro, aprobaciones, actuaciones y certificaciones que establezca la ley en el ámbito de sus atribuciones.

22. Adoptar las medidas que estime necesarias en resguardo de los usuarios del servicio educacional y del interés público, en aquellas materias de su competencia.

23. Realizar las demás funciones que le encomienden las leyes o los reglamentos.

Párrafo 2°

De la evaluación del sistema educativo

Artículo 4°.- La Superintendencia será la encargada de evaluar el sistema educacional a través de la medición de los siguientes elementos:

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos;

b) El desempeño educativo de los sostenedores, y

c) El desempeño educativo de los establecimientos educacionales.

Para estos efectos, la evaluación comprenderá la medición permanente del grado de cumplimiento de los estándares fijados por el Ministerio de Educación para cada uno de los ámbitos señalados en el inciso precedente.

La Superintendencia podrá desarrollar las referidas evaluaciones directamente o a través de terceros.

Artículo 5º.- La Superintendencia evaluará el sistema educacional a través de los siguientes procesos:

a) Diseño y aplicación de mediciones, de carácter nacional, de logros de aprendizajes de los alumnos;

b) Aplicación de mediciones de carácter internacional de los logros de aprendizaje de los alumnos;

c) Evaluación de desempeño de establecimientos y sus sostenedores;

d) Auditoría selectiva del proceso de evaluación de desempeño establecido en la ley de los docentes de aula, docentes directivos y técnico-pedagógicos del sector municipal;

e) Validación de los mecanismos de evaluación de desempeño de los docentes de aula, docentes directivos y técnico-pedagógicos aplicados en los establecimientos particulares subvencionados y en aquellos regidos por el Decreto Ley Nº3.166, de 1980;

f) Validación de los mecanismos de evaluación de desempeño de los docentes de aula, docentes directivos y técnico-pedagógicos de los establecimientos particulares pagados que lo soliciten, y

g) Auditorías de las rendiciones de cuentas.

Artículo 6º.- La evaluación de desempeño educativo de los sostenedores considerará los siguientes elementos: los resultados de los compromisos de gestión de directivos; los resultados de la evaluación de los establecimientos a su cargo; la aplicación de los instrumentos para medir el grado de satisfacción de alumnos, padres y apoderados y la participación de la comunidad educativa; el manejo de los recursos públicos y la gestión financiera de los establecimientos, y los demás que la Superintendencia determine.

En caso que la Superintendencia constate el incumplimiento o faltas a la normativa educacional objeto de su fiscalización, de oficio o en caso de denuncia o reclamo, podrá someter a esta evaluación a los establecimientos particulares pagados.

Artículo 7º.- La evaluación de desempeño educativo de los establecimientos revisará procesos y resultados en dimensiones como liderazgo pedagógico y directivo; gestión del currículo; gestión pedagógica y directiva del establecimiento; autoevaluación; administración de recursos; convivencia escolar y apoyo a los estudiantes; resultados educativos de los alumnos; y grado de satisfacción de los padres y apoderados y alumnos.

En caso que la Superintendencia constate incumplimiento o faltas a la normativa educacional objeto de fiscalización en los establecimientos particulares pagados, podrá someter a estos establecimientos a la evaluación del inciso anterior.

Artículo 8º.- El proceso de evaluación de que trata este párrafo, dará origen a informes que establecerán el grado de cumplimiento de los estándares medidos o evaluados y a las observaciones y recomendaciones que ameriten dicho proceso.

Artículo 9º.- Las evaluaciones de desempeño se realizarán conforme a una calendarización fijada por la Superintendencia, y con instrumentos establecidos por ésta en concordancia con los estándares de desempeño respectivos.

Las evaluaciones considerarán especialmente el proyecto educativo del establecimiento, su autonomía de gestión y los resultados de procesos de autoevaluación.

Párrafo 3º

De la Rendición de Cuentas

Artículo 10.- Los sostenedores y los establecimientos educacionales que reciban aportes o subvenciones del Estado en algunos de los niveles a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, deberán rendir cuenta de la gestión educativa y financiera de sus establecimientos, según el calendario y de acuerdo a los instrumentos y formatos estandarizados que fije la Superintendencia.

La Superintendencia examinará dichas rendiciones de cuenta a fin de evaluar la gestión educativa y financiera realizada por el sostenedor. Además, podrá requerir que se efectúen auditorías para comprobar la veracidad y exactitud de la información financiera que le hayan proporcionado. La contratación y financiamiento de estas auditorías corresponderá a la entidad requerida. El auditor deberá ser aprobado por la Superintendencia.

Artículo 11.- En el caso de denuncia o reclamo, o de constatación de incumplimientos o faltas a la normativa educacional objeto de su fiscalización respecto de los establecimientos particulares pagados, la Superintendencia podrá exigirles rendición de cuentas.

Artículo 12.- Los instrumentos y formatos de rendición de cuentas podrán incluir, entre otros, los siguientes componentes:

a) Balance según formato estandarizado;

b) Estado de resultados financieros;

c) Inversión en infraestructuras y materiales pedagógicos;

d) Operaciones con personas o entidades relacionadas;

e) Información referida al cumplimiento de los requisitos de reconocimiento oficial;

f) Estado de los logros en los distintos ámbitos que componen el quehacer educativo y de los procesos destinados a conseguirlo;

El informe a que dé origen el literal anterior, podrá contener, entre otros, información sobre los siguientes aspectos:

a) Cumplimiento de planes y programas;

b) Cumplimiento de estándares del sistema educativo establecidos en conformidad a la ley, y

c) Cumplimiento de otros deberes y obligaciones que emanen de las disposiciones legales y reglamentarias en materia educativa.

Artículo 13.- De las auditorías sobre las rendiciones de cuenta, la Superintendencia deberá levantar un informe con las observaciones y recomendaciones que amerite. Si detectare infracciones que puedan ser objeto de sanción, deberá abrir el proceso sancionatorio correspondiente y formular los cargos que procedieren.

Párrafo 4º

De la Fiscalización

Artículo 14.- La fiscalización de la Superintendencia tiene por objeto verificar:

a) La mantención de los requisitos que dieron origen al reconocimiento oficial del Estado;

b) El cumplimiento de los estándares establecidos en conformidad a la ley para el sistema educativo;

c) El cumplimiento de los requisitos para impetrar la subvención educacional del Estado;

d) El cumplimiento de los deberes y derechos establecidos en la normativa educacional, en el ámbito de su competencia, y en las instrucciones dictadas por la Superintendencia.

Artículo 15.- En el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la Superintendencia actuará de oficio o a petición de interesado.

La Superintendencia formulará cargos e instruirá el respectivo procedimiento en caso de verificar, por sí o a través de terceros, la existencia de una o más contravenciones a lo dispuesto en el artículo precedente.

En el caso de denuncias derivadas de las actividades de fiscalización y de inspección de subvenciones del Ministerio de Educación, la Superintendencia ordenará directamente la formulación de cargos y la instrucción del respectivo proceso.

Artículo 16.- Para todos los efectos de la presente ley, el personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá el carácter de Ministro de Fe respecto de todas las actuaciones que realice en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrá tomar declaraciones bajo juramento. Los hechos constatados por los funcionarios y de los cuales deban informar, de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos de la prueba judicial.

Las acciones de fiscalización podrán llevarse a efecto en cualquier momento, para lo cual los entes fiscalizados deberán otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los referidos funcionarios.

Párrafo 5º

De las Sanciones

Artículo 17.- En caso de detectar alguna irregularidad, el Director Regional competente, mediante resolución fundada, ordenará la instrucción de un proceso y designará un fiscal instructor encargado de su tramitación, de formular cargos, de investigar los hechos, solicitar informes, ponderar las pruebas que se presenten en los descargos y/o disponer diligencias que correspondan.

Artículo 18.- La resolución que ordena instruir el proceso deberá notificarse personalmente y/ o por carta certificada al sostenedor o a su representante legal, dejando constancia en el expediente de la misma. La notificación por carta certificada se enviará a la dirección del establecimiento educacional donde hubieren ocurrido los hechos que dan origen a los cargos, o al domicilio del Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad o de la Corporación Municipal de que se trate, o a la dirección electrónica registrada por el sostenedor ante la Superintendencia, agregándose al expediente como constancia de la notificación el certificado o boleta del servicio de correos, o la constancia de la notificación electrónica, según corresponda. En este caso, el sostenedor se entenderá notificado transcurridos tres días desde la fecha en que se remitió la carta certificada o el correo electrónico.

En el caso de infracción a lo dispuesto en el artículo 25 letra b) de esta ley, la notificación se efectuará al obligado a proporcionar la información que se solicite.

Artículo 19.- La persona en contra de la cual se formulen los cargos, podrá presentar los descargos y medios de prueba que estime pertinentes en el plazo de diez días contados desde la fecha de la notificación.

Artículo 20.- Presentados los descargos, o transcurrido el plazo para tal efecto, el fiscal instructor elaborará un informe y propondrá al Director Regional respectivo la aplicación de sanciones o el sobreseimiento, según corresponda.

Artículo 21.- El Director Regional correspondiente apreciará de acuerdo a las reglas de la sana crítica, los medios de prueba y mediante resolución fundada, aplicará la sanción o sobreseimiento, según corresponda.

Artículo 22.- La Superintendencia enviará al Ministerio de Educación los antecedentes que correspondan, para la aplicación de las sanciones establecidas en las letras b), c) y d) del artículo 52 del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación, cuando ello sea procedente.

Artículo 23.- Comprobada la infracción a las disposiciones de la presente ley, la normativa educacional y/o a las instrucciones que emanan de la Superintendencia, y sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda, el Director Regional podrá aplicar las siguientes sanciones, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de éstas:

a) Amonestación;

b) Multa, a beneficio fiscal, la que no podrá ser inferior a 50 Unidades Tributarias Mensuales (U.T.M.) ni exceder de 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (U.T.M.);

c) Inhabilitación temporal o a perpetuidad de la calidad de sostenedor o para ejercer cualquier actividad relacionada con la administración de establecimientos educacionales;

d) Revocación del reconocimiento oficial.

Artículo 24.- Los hechos, actos u omisiones que constituyen infracciones administrativas, serán graves, menos graves y leves.

Artículo 25.- Son infracciones graves:

a) No efectuar la rendición de cuentas con la periodicidad, en el plazo y forma establecida por la Superintendencia.

b) No llevar o entregar los documentos, libros o antecedentes necesarios para dar cumplimiento a la obligación de rendir cuentas y/o no entregar la información requerida por la Superintendencia, entregarla en forma incompleta o inexacta.

c) No prestar el servicio educativo en conformidad a la ley, los reglamentos e instrucciones de general aplicación que hubiere dictado la Superintendencia o incurrir en incumplimiento de los convenios educacionales suscritos.

d) Perder o dejar de cumplir alguno de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado.

e) No cumplir reiteradamente los estándares exigidos en conformidad a esta ley.

f) Infringir los deberes y derechos establecidos en la ley, los reglamentos, o en las órdenes e instrucciones que hubiere dictado la Superintendencia.

g) Realizar maquinaciones dolosas destinadas a impedir, entorpecer u obstaculizar la fiscalización de la Superintendencia.

h) Realizar maquinaciones dolosas destinadas a obtener la subvención educacional.

i) No cumplir con las obligaciones de evaluación de desempeño, así como no desarrollar las auditorías de rendiciones de cuentas que contempla esta ley.

Artículo 26.- Son infracciones menos graves:

a) No validar los instrumentos de evaluación de los docentes de aula, docentes directivos y técnico pedagógicos de los establecimientos educacionales subvencionados y de aquellos regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, a que se refiere esta ley.

b) No cumplir las recomendaciones de la Superintendencia o de los entes de apoyo técnico pedagógico, en su caso, formuladas con ocasión de la evaluación, conforme a lo establecido en esta ley.

En caso de infracciones que tengan el carácter de menos graves, sólo podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa establecidas en esta ley.

Artículo 27.- Son infracciones leves aquellas que los sostenedores de establecimientos educacionales cometieren en contra de las leyes, reglamentos y/o a las instrucciones impartidas por la Superintendencia que no tengan señaladas una sanción especial.

En este caso, podrán ser amonestados o sancionados con multa, a beneficio fiscal, de hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales (U.T.M.).

Artículo 28.- Corresponderá a la Superintendencia, sin perjuicio de la facultad de los tribunales, la calificación de la plausibilidad y racionalidad del o los motivos o justificaciones que presente el sostenedor para eximirse de la responsabilidad administrativa a que hacen referencia las infracciones descritas en los artículos anteriores.

Artículo 29.- Constituyen circunstancias atenuantes de responsabilidad administrativa:

a) Cumplir las recomendaciones formuladas por la Superintendencia, o los entes de apoyo en su caso, o subsanar los incumplimientos reportados por ella, dentro del plazo de 30 días contados desde la notificación.

b) No haber sido sancionado en los tres años anteriores con ninguna de las sanciones previstas por este cuerpo normativo o en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación, o en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación.

Artículo 30.- Se considerarán circunstancias agravantes de responsabilidad:

a) La no concurrencia de los sostenedores, representantes, administradores y dependientes de las instituciones fiscalizadas a las citaciones a declarar efectuadas por la Superintendencia, conforme a lo dispuesto en el número 9 del artículo 3º de la presente ley.

b) El incumplimiento reiterado de las recomendaciones formuladas por la Superintendencia, respecto de los resultados de los procedimientos de evaluación de desempeño o de auditoría de cuentas.

c) Haber sido sancionado con antelación en virtud de alguno de los procesos administrativos previstos en la normativa educacional vigente.

Artículo 31.- La sanción de multa podrá acumularse a la de inhabilitación temporal o perpetua de la calidad de sostenedor y a la de revocación del reconocimiento oficial del Estado.

Tratándose de multa aplicada a establecimientos educacionales subvencionados, el pago de la misma se efectuará a través del descuento, total o en cuotas, de la multa correspondiente de la subvención mensual a percibir.

Un reglamento fijará la forma, modalidad y oportunidad en que este descuento se hará efectivo.

En los casos restantes, las multas impuestas por la Superintendencia serán de beneficio fiscal y deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días contado desde la fecha de la notificación de la resolución respectiva, ingresándose los comprobantes en sus oficinas dentro de quinto día de efectuado el pago.

El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia, en conformidad a la ley, devengará los intereses y reajustes establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Declarada judicialmente la improcedencia total o parcial de la multa, la Superintendencia deberá ordenar su devolución por la Tesorería General de la República, debidamente reajustada en la forma que señalan los artículos 57 y 58 del Código Tributario.

Asimismo, tratándose de establecimientos educacionales subvencionados a los que se les haya aplicado descuento de la subvención, conforme a lo establecido en el inciso segundo de este artículo, se efectuará el reintegro de dicho descuento en la forma, modalidad y oportunidad que establezca el reglamento.

El pago de las multas más los reajustes e intereses deberá efectuarse dentro del quinto día de ejecutoriado el fallo.

Artículo 32.- En caso que la Superintendencia disponga la sanción de revocación del reconocimiento oficial del Estado, el Ministerio de Educación deberá adoptar todas las medidas que resulten pertinentes para asegurar la continuidad de la educación de los alumnos del establecimiento educacional cuyo reconocimiento oficial se revoca.

Artículo 33.- Tratándose de infracciones reiteradas sancionadas con multa, podrá aplicarse la sanción de multa máxima que correspondiere a la infracción cometida aumentada en un 50%.

Artículo 34.- Contra la sanción de amonestación no procederá recurso administrativo alguno.

Artículo 35.- En contra de la resolución del Director Regional que aplique cualquiera de las sanciones señaladas, procederá el recurso de reclamación ante el Superintendente de Educación, el cual se interpondrá dentro del plazo de cinco días, contados desde la notificación de la resolución que se impugna.

El recurso y sus correspondientes medios probatorios, deberán interponerse ante la respectiva Dirección Regional, la que deberá remitir, sin más trámite, por correo electrónico y paralelamente por correo, los antecedentes al Superintendente.

Contra la resolución del Superintendente podrá interponerse el reclamo a que se refiere el artículo 56.

Párrafo 6º

De la Atención de Denuncias y Reclamos

Artículo 36.- La Superintendencia recibirá las denuncias y resolverá los reclamos que se formulen por los miembros de la comunidad escolar y que se refieran a materias de su competencia, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

Artículo 37.- Para los efectos de esta ley, denuncia es el acto por medio del cual una persona o grupo de personas, claramente individualizadas, ponen en conocimiento de la Superintendencia una supuesta irregularidad con el objeto de que ésta investigue y adopte las medidas que correspondan, sin que el o los denunciantes se apersonen al procedimiento.

Por su parte, se entenderá por reclamo la petición formal realizada a la Superintendencia, en el ámbito de su competencia, por alguna de las personas señaladas en el artículo anterior, en orden a que ésta resuelva la controversia existente entre el reclamante y alguna de las entidades fiscalizadas, apersonándose el reclamante al procedimiento.

Artículo 38.- Formulada una denuncia o recibido un reclamo, la Superintendencia podrá abrir un período de información previo con el fin de conocer las circunstancias concretas del caso y la conveniencia de iniciar un procedimiento.

Artículo 39.- Admitido una denuncia o reclamo a tramitación, el Director Regional ordenará la apertura de un expediente y designará al funcionario encargado de su tramitación, quien notificará al denunciado o reclamado.

Artículo 40.- El funcionario designado podrá citar a los interesados a una audiencia de mediación, en la cual ayudará a las partes a buscar una solución a su conflicto. Las opiniones que emita en esa audiencia no lo inhabilitarán para seguir conociendo de la causa.

Artículo 41.- Las notificaciones a los interesados se realizarán por medio de carta certificada al domicilio que éstos fijen en la primera actuación, y se entenderán practicadas desde el tercer día desde la fecha de su despacho en la oficina de correos.

Artículo 42.- Un reglamento establecerá la forma de tramitación y los requisitos que deben cumplir las diligencias, actuaciones y las medidas precautorias que se decreten, debiendo velar porque se respete la igualdad de condiciones entre los involucrados, la facultad del reclamante de retirarse del procedimiento en cualquier momento, la bilateralidad de la audiencia, la imparcialidad y la transparencia del proceso.

Artículo 43.- La Superintendencia deberá mantener un registro público con las estadísticas de denuncias y reclamos conocidos y resueltos.

Párrafo 7º

De la Organización de la Superintendencia

Artículo 44.- Un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, con el título de Superintendente de Educación, será el Jefe Superior de la Superintendencia y tendrá la representación judicial y extrajudicial de la misma. Dicho funcionario será seleccionado conforme al sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.

Artículo 45.- Corresponderá al Superintendente especialmente:

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia y ejercer, respecto de su personal, las atribuciones propias de su calidad de Jefe Superior de Servicio.

b) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Superintendencia.

c) Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio. En el ejercicio de estas facultades podrá administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza.

d) Nombrar y remover al personal del Servicio, de conformidad a la presente ley y a las normas estatutarias.

e) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia, de conformidad a la ley.

f) Contratar las labores operativas de inspección o verificación del cumplimiento de las normas de su competencia a terceros idóneos debidamente certificados conforme al reglamento respectivo.

g) Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas, elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento.

h) Conocer y fallar los recursos que la ley establece.

i) Imponer las sanciones y multas que establece la presente ley y las demás disposiciones legales que regulen la actividad educacional, en el ámbito de su competencia.

j) Ejercer las demás funciones que le encomienden las leyes y reglamentos.

Sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Superintendente deberá poner en conocimiento de los organismos pertinentes los antecedentes de que disponga o de que tome conocimiento, para que éstos ejerzan a su vez las facultades fiscalizadoras que les sean propias.

Artículo 46.- La Superintendencia se desconcentrará territorialmente a través de Direcciones Regionales de conformidad a lo establecido en la presente ley.

Artículo 47.- El personal de la Superintendencia se regulará por las normas de esta ley y por la de los reglamentos que de conformidad a ella se dicten. Supletoriamente, le serán aplicables las normas del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 48.- El Superintendente, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

El personal a contrata de la Superintendencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Superintendente. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Superintendencia.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios, se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

Artículo 49.- El Superintendente podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la administración civil del Estado, sin que rijan las limitaciones establecidas por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes.

Artículo 50.- El personal de la Superintendencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos administrativos, lo que no obsta a las sanciones penales que procedan.

Artículo 51.- El personal de la Superintendencia tendrá prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su fiscalización otros servicios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta. Cualquiera infracción a esta norma será constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan de conformidad a la ley.

Artículo 52.- Sin perjuicio de las causales previstas en el DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo, para la cesación del cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

a) Necesidades de la Superintendencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Superintendencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II nivel jerárquico de la Superintendencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Superintendente ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que adoptarán y la forma y oportunidad en que recepcionarán la información y antecedentes requeridos al efecto.

b) Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a) precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 53.- El personal de la Superintendencia que detente cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos deberá desempeñarse con dedicación exclusiva. Sin perjuicio de lo anterior, podrá realizar labores docentes en los términos del artículo 8° de la ley N° 19.863, ejercer los derechos que le atañen personalmente, percibir los beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable y los emolumentos que provengan de la administración de su patrimonio.

Artículo 54.- La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos.

Párrafo 8º

Del Patrimonio

Artículo 55.- El patrimonio de la Superintendencia estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso y, en especial, por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b) Los recursos otorgados por leyes especiales;

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o adquieran a cualquier título;

d) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios;

e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste;

g) Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título, y

h) Los demás que señale la ley.

La Superintendencia estará sujeta a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado y sus disposiciones complementarias.

TÍTULO II

OTRAS NORMAS

Párrafo 1º

Otras Disposiciones

Artículo 56.- Los afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones, podrán reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente a su domicilio, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación de la resolución que se impugna.

La Corte deberá pronunciarse en cuenta sobre la admisibilidad del recurso.

Admitido el recurso, la Corte de Apelaciones dará traslado de éste a la Superintendencia, notificándola por oficio, y ésta dispondrá del plazo de diez días, contado desde que se notifique la apelación interpuesta, para formular observaciones.

Evacuado el traslado por la Superintendencia, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala.

La Corte no podrá decretar medida alguna que suspenda los efectos del acto reclamado, salvo que se produjere daño irreparable producto del cumplimiento del acto o sea imposible el cumplimiento de lo que se resolviere en caso de acogerse el recurso.

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días. Contra ésta, se podrá apelar ante la Corte Suprema dentro del plazo de diez días hábiles, la que conocerá en la forma prevista en los incisos anteriores.

Artículo 57.- Los reglamentos que se dicten con ocasión de esta ley serán expedidos por el Ministerio de Educación, y serán suscritos, además, por el Ministro de Hacienda.

Artículo 58.- Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Artículo 59.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y en lo que faltare con cargo al ítem 50-01-03-24-03-104.

Párrafo 2º

Modificaciones a la ley N° 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación

Artículo 60.- Intercálase, a continuación del artículo 2º de la ley Nº 18.956, el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 2º bis.- Sin perjuicio de las atribuciones señaladas en el artículo anterior, también corresponderá al Ministerio:

a) Elaborar los marcos y bases curriculares, según corresponda, y los planes y programas de estudio para la aprobación del Consejo Superior de Educación;

b) Formular los estándares de aprendizaje y de desempeño para alumnos, docentes, sostenedores y establecimientos educacionales para la aprobación del Consejo Superior de Educación, cuando corresponda;

c) Diseñar e implementar políticas y programas, así como acciones de apoyo técnico pedagógico a sostenedores y establecimientos educacionales;

d) Proponer el plan de mediciones nacionales e internacionales de los niveles de aprendizaje de los alumnos para la aprobación del Consejo Superior de Educación, el que en el caso de las mediciones nacionales establecerá los grados a evaluar, los sectores de aprendizaje a medir y la frecuencia;

e) Desarrollar estadísticas, indicadores y estudios del sistema educativo, en el ámbito de su competencia, y poner a disposición del público la información que con motivo del ejercicio de sus funciones recopile. Esta información será pública y de libre acceso para todo el que tenga interés en consultarla. No obstante, tendrá carácter confidencial respecto de la identidad de los alumnos y los docentes evaluados de conformidad a la ley.

f) Establecer y administrar los registros públicos que determine la ley;

g) Designar a un administrador provisional en establecimientos subvencionados o que reciban aportes del Estado, que obtengan resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos, de conformidad a los estándares nacionales que se establezcan para tales efectos, cuando la Superintendencia de Educación lo haya dispuesto. El Ministerio no podrá negarse a dicha solicitud.

Se entenderá por resultados educativos reiteradamente deficientes, no cumplir con los estándares nacionales considerando a lo menos las últimas tres mediciones realizadas.

El Ministerio designará al administrador provisional de entre sus funcionarios o de entre instituciones acreditadas en el Registro que para estos efectos llevará el mismo Ministerio.

El administrador provisional asumirá las funciones que competen al sostenedor, con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento del establecimiento y la continuidad del servicio educativo sólo hasta el término del año laboral docente en curso.

El nombramiento del administrador provisional regirá de inmediato y permanecerá vigente durante el año laboral docente en curso, pudiendo extenderse en casos calificados.

El administrador provisional tendrá las facultades consignadas en el artículo 2132 del Código Civil, especialmente, la de percibir la subvención, y las demás establecidas en la ley.

El administrador provisional deberá dar cuenta documentada de su gestión al Subsecretario de Educación dentro de los treinta días siguientes al término de sus funciones, la cual deberá ser incorporada a un registro de carácter público.

h) Aplicar las sanciones en los ámbitos que determinen las leyes.”.

Artículo 61.- Incorpórase el siguiente Título III nuevo, a la ley Nº 18.956, pasando el actual Título III a ser Título IV, ordenándose sus artículos correlativamente:

“TÍTULO III

Artículo 17.- Para los efectos de los registros establecidos en la ley, los sostenedores deberán proporcionar toda la información solicitada por el Ministerio de Educación y, en especial, aquélla relativa a indicadores de eficiencia, tales como repitencia, promoción, abandono y retiro de alumnos, compromisos de gestión o metas institucionales del establecimiento, programas de apoyo propios o con otras instituciones u organismos, cobros efectuados a los alumnos en los establecimientos en que así procediere y aquella información mencionada en el artículo 8º de la ley Nº 19.979, en los casos que corresponda.

Artículo 18.- A partir de la información a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Educación elaborará una Ficha Escolar que resumirá la información relativa a cada establecimiento educacional.

La Ficha Escolar será distribuida a los respectivos establecimientos educacionales, y será obligación de éstos su entrega a los padres y apoderados y también a los postulantes al establecimiento.

La información a que se refiere el inciso precedente estará a disposición de cualquier interesado.

Artículo 19.- Los Registros de Información comprenderán, al menos, los siguientes:

a) Registros de Sostenedores, el que deberá incluir, al menos, la constancia de su personalidad jurídica, representante legal y cumplimiento de los requisitos de éste, domicilio, historial de infracciones, si las hubiera, y, en el caso de percibir subvención y/o aportes estatales, deberá también informarse sobre los recursos que el sostenedor percibiera.

b) Registros de Establecimientos Reconocidos Oficialmente, donde deberá incluirse, al menos, el nombre y domicilio del establecimiento educacional, identificación del sostenedor y representante legal, en su caso, la singularización del acto administrativo por medio del cual se otorgó el reconocimiento oficial, fecha de dicho reconocimiento, datos sobre la matrícula de alumnos en el establecimiento, nivel de enseñanza y modalidad que imparte, tipo de financiamiento y los resultados de las evaluaciones de desempeño y gestión, tanto del establecimiento educacional como de los profesionales de la educación, cuando corresponda.

c) Registros de Establecimientos que reciban Subvenciones y/o Aportes Estatales, el que deberá incluir, al menos, monto de dichas subvenciones y/o aportes y resultados de las evaluaciones de desempeño y gestión del establecimiento educacional.

d) Registro de Docentes, el que deberá incluir el establecimiento educacional donde se desempeña, así como información pertinente relativa a la obtención del título profesional, estudios conducentes a postítulo y/o postgrados y asignaciones a que tiene derecho, medidas judiciales o sentencias condenatorias relativas a la idoneidad para ejercer la profesión de conformidad a la ley.

e) Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, que estarán habilitadas para prestar apoyo a los establecimientos educacionales para ser designadas como administradores provisionales y para la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo. Tratándose de personas jurídicas, se deberá incluir, al menos, la constancia de su personalidad jurídica, domicilio y representante legal.

El registro podrá contemplar categorías según las especialidades técnicas de las entidades, pudiendo éstas optar a todas o sólo a algunas de ellas. Un reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir las personas y entidades para el ingreso y permanencia en el registro o subregistros de especialidades que se creen; el procedimiento de selección de las mismas; el tiempo de duración en el registro y las causales que originan la salida de éste, a fin de asegurar la calidad técnica y especialidad de dichas entidades.

El Ministerio de Educación deberá administrar y mantener con información actualizada los registros señalados en el inciso anterior, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de Educación de establecer otros registros que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 20.- La no entrega de la información requerida, la entrega incompleta de dicha información o la inexactitud de la misma serán sancionadas por la Superintendencia de Educación como infracción grave a la normativa educacional.

Artículo 21.- Un reglamento fijará la forma, modalidad y periodicidad en que deberá requerirse y publicarse la información establecida en los artículos 17 y 18, en especial el contenido de la Ficha Escolar.

Artículo 22.- Las universidades e Institutos profesionales deberán remitir al Ministerio de Educación la nómina de profesores titulados cada año de su respectiva institución. Tratándose de profesores titulados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, la deberán remitir, dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de la presente ley.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante un decreto con fuerza de ley expedido por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda, establezca las Direcciones Regionales de la Superintendencia de Educación, definiendo sus potestades, funciones y el ámbito geográfico que abarcará cada una de ellas.

Artículo segundo transitorio.- El Ministerio de Educación tendrá un plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta ley, para fijar los estándares de desempeño educativo de los sostenedores y los establecimientos educacionales. Durante este período, el desempeño de los sostenedores y los establecimientos educacionales será evaluado en base al resultado de la aplicación de los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Educación y las rendiciones de cuenta que efectúe.

Artículo tercero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, fije la planta de personal de la Superintendencia de Educación y el régimen de remuneraciones que le será aplicable.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de la planta de personal que fije, así como los requisitos para el desempeño de los cargos, sus denominaciones y niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley Nº 19.882 y en el artículo 8° del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. En el mismo acto, fijará la fecha de vigencia de la planta de personal y la dotación máxima de personal para el año.

Mediante igual procedimiento, el Presidente de la República determinará la fecha de inicio de funciones de la Superintendencia de Educación.

El costo anual que represente la planta de personal de la Superintendencia no podrá exceder la cantidad de $6.700.000 miles.

Artículo cuarto transitorio.- El Presidente de la República nombrará, transitoria y provisionalmente, conforme al artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, al Superintendente, quién asumirá de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

Artículo quinto transitorio.- La planta de la Superintendencia será provista mediante el traspaso, sin solución de continuidad, de personal desde el Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, siguiendo el procedimiento que se establece en el inciso siguiente. Del mismo modo, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

Conforme lo anterior, la Subsecretaría de Educación directamente o utilizando el procedimiento que establece por el artículo 23 del Estatuto Administrativo, llamará a un concurso abierto a los funcionarios de las instituciones enumeradas en el inciso primero, sean de planta o a contrata, los que deberán cumplir los requisitos de los cargos concursados y estar calificados en listas 1 o 2 de distinción o buena, respectivamente. Los funcionarios a contrata deberán, además, haberse desempeñado en tal calidad a lo menos durante los dos años previos al concurso.

La Subsecretaría de Educación en forma previa, según la planta y sus requisitos, definirá, conjuntamente con el Superintendente, los factores, subfactores, competencias y/o aptitudes específicas a considerar, pudiendo fijarse por cargos o grupo de cargos o funciones.

El concurso deberá seguir, a lo menos, las siguientes normas básicas:

a) En la convocatoria se especificarán los cargos, las funciones a desempeñar y la localidad en la que estará ubicada la vacante.

b) En un solo acto, se postulará a una o más de las plantas o escalafones de la Superintendencia sin especificar cargos o grados determinados dentro de ellas, salvo que se postule sólo a determinadas localidades especificadas en la convocatoria.

c) La provisión de los cargos de cada planta se efectuará, en cada grado, en orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los postulantes.

d) En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme a los siguientes criterios: en primer término con el personal de planta, si quedaran vacantes se procederá con los funcionarios a contrata. De subsistir la igualdad se procederá conforme al resultado de la última calificación obtenida en la institución de origen. Por último, de mantenerse la igualdad se pronunciará el Superintendente.

e) El traspaso regirá a partir de la fecha en que quede totalmente tramitado el acto administrativo que lo dispone o de una fecha posterior si así éste lo estableciera.

Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, dicte normas complementarias para el adecuado desarrollo del concurso, aplicando en lo que estime pertinente, los preceptos del decreto N° 69 (H) de 2004.

Artículo sexto transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que a través de uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, regule los cargos de planta que quedaren vacantes, en el o los servicios en virtud de la creación de la Supertendencia de Educación. En el ejercicio de esta facultad además, podrá establecer la disminución de la dotación máxima en los servicios antes mencionados.

Artículo séptimo transitorio.- Los traspasos de personal no podrán significar disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos previsionales de los funcionarios traspasados. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.

Artículo octavo transitorio.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministro de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Superintendencia, incluyendo sus glosas y los recursos que se le traspasen por efectos del artículo quinto transitorio y aquellos asociados a las unidades cuyas funciones se transfieren por esta ley a la Superintendencia.

Artículo noveno transitorio.- Mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá también suscribirse por el Ministro de Educación, se determinarán los bienes muebles e inmuebles fiscales que se destinarán a la Superintendencia. El Superintendente requerirá de las reparticiones correspondientes las inscripciones y anotaciones que procedan, con el sólo mérito del decreto supremo antes mencionado.

Artículo décimo transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que a través de uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, regule el procedimiento de mediación relativo a las denuncias o reclamos que los distintos miembros de la comunidad escolar presenten.

Artículo undécimo transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que a través de uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, modifique las disposiciones orgánicas del Ministerio de Educación y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, a objeto de adecuarlas al traspaso de funciones que en virtud de la presente ley se efectúa a la Superintendencia de Educación. Asimismo reestructurará las plantas de personal de las referidas instituciones ajustándolas a las funciones que conserva el Ministerio o los servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, debiendo en todos ellos suprimir los empleos asociados a las funciones traspasadas.”.

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Acordado en las sesiones celebradas los días 29 de agosto, 5, y 12 de septiembre y 3, 10 y 31 de octubre de 2007, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Mariano Ruiz-Esquide Jara (Presidente), Carlos Cantero Ojeda, Andrés Chadwick Piñera, Ricardo Núñez Muñoz (Pedro Muñoz Aburto) y Alejandro Navarro Brain.

Sala de la Comisión, a 2 de noviembre de 2007.

MARÍA ISABEL DAMILANO PADILLA

Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

(BOLETÍN Nº 5.083-04)

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Crear una Superintendencia de Educación, cuyo objetivo será la evaluación y fiscalización de los sostenedores y de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado en los niveles parvulario, básico y medio, a fin de que cumplan con los estándares establecidos para el sistema educativo. Asimismo, la Superintendencia proporcionará información en el ámbito de su competencia, a los miembros de la comunidad educativa y otros usuarios e interesados, atendiendo los reclamos y denuncias de éstos, estableciendo las sanciones que en cada caso corresponda.

II.ACUERDOS: aprobado en general (5x0).

III.ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de 61 artículos permanentes y 11 artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: deben aprobarse como normas de carácter orgánico constitucionales los artículos 1°, 3°, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 60 y los artículos transitorios primero, tercero, cuarto, quinto y undécimo, por tratarse de un conjunto de normas que se refieren a la creación, organizaciones y funcionamiento de los Servicios Públicos y de la carrera funcionaria. Asimismo, deben aprobarse con el mismo quórum los artículos 35 y 56 por tratarse de normas que establecen un recurso administrativo. Todo esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República y del decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

V.URGENCIA: no tiene.

VI.ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. la Presidenta de la República.

VII.TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primer trámite.

VIIIINICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 5 de junio de 2007.

IX.TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- Los numerales 10º y 11º del artículo 19 de la Constitución Política, que consagran, respectivamente, las garantías del derecho a la educación y de libertad de enseñanza.

2.- La ley N° 19.882 que regula la nueva política de personal de los funcionarios que indica.

3.- La ley N° 18.956 que reestructura el Ministerio de Educación Pública.

4.- El decreto ley N° 3.551, de 1981 que fija las normas sobre remuneraciones y sobre el personal para el sector público.

5.- El decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

6.- La ley N° 19.863 sobre remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la Administración Pública y da normas sobre gastos reservados.

7.- El decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado.

8.- El decreto ley N° 3.166, de 1980, que autoriza entrega de la administración de determinados establecimientos de educación técnico profesional a las instituciones o a las personas jurídicas que indica.

9.- La ley N° 19.979 que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.

10.- El decreto supremo N° 69, de 2004, del Ministerio de Hacienda que establece el Reglamento sobre concursos del Estatuto Administrativo.

11.- El decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.

12.- El decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales.

13.- El Código Tributario en sus artículos 53, 57 y 58.

14.- El Código Civil en su artículo 2132.

Valparaíso, a 2 de noviembre de 2007.

MARÍA ISABEL DAMILANO PADILLA

Secretario

CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Superintendencia de Educación, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (5083-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 21 en 5 de junio de 2007.

Informe de Comisión:

Educación, sesión 62ª, en 6 de noviembre de 2007.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

El objetivo principal de la iniciativa es crear una Superintendencia de Educación que evalúe y fiscalice a los sostenedores y a los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado en los niveles parvulario, básico y medio, a fin de que cumplan con los estándares establecidos para el sistema educativo.

Asimismo, la Superintendencia proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a los miembros de la comunidad educativa y a otros interesados.

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología discutió el proyecto solamente en general y lo aprobó por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Cantero, Chadwick, Muñoz Aburto, Núñez y Ruiz-Esquide.

El texto pertinente se transcribe en su informe.

Cabe hacer presente que los artículos 1º, 3º, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 56 y 60, permanentes, y los transitorios primero, tercero, cuarto, quinto y undécimo tienen carácter orgánico constitucional, por lo que requieren para ser aprobados el voto conforme de 22 señores Senadores.

Cuando la iniciativa se discuta en particular, deberá ser analizada también por la Comisión de Hacienda.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Procederé a abrir la votación, porque este es el último proyecto en tabla y se requieren 22 votos para aprobarlo.

En votación general el proyecto.

--(Durante la votación).

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora PROVOSTE ( Ministra de Educación ).-

Señor Presidente , esta iniciativa forma parte de los acuerdos alcanzados el día de ayer entre el Gobierno, nuestros parlamentarios y la Oposición, con el objeto de fortalecer la institucionalidad pública en materia educativa.

El proyecto de ley establece la creación de controles y mayores exigencias. La Superintendencia de Educación, que será un servicio público descentralizado y dotado de personalidad jurídica, hará exigibles las rendiciones de cuentas y tendrá funciones fiscalizadoras, normativas, informativas y sancionatorias.

La iniciativa se enmarca dentro del objetivo de instalar un sistema de aseguramiento de calidad en la educación, que hoy deseamos impulsar con mucha fuerza. Y estamos seguros de que contribuirá a aumentar su calidad y, además, a otorgar transparencia al sistema formativo en general.

Sin lugar a dudas, lo que vivimos ayer también refleja la voluntad expresa de alcanzar acuerdos muy concretos en materia educativa y de avanzar en la instalación de un sistema de aseguramiento de la calidad pedagógica. En ello, la creación de la Superintendencia juega un rol central en el ámbito de la transparencia de recursos, ya que dispondrá de facultades para establecer, solicitar y ordenar auditorías y garantizar que los recursos que el Estado asigne se inviertan en lo que corresponde.

Agradecemos el apoyo brindado a la iniciativa en las Comisiones de Educación y de Hacienda, donde fue aprobada por la unanimidad de todos sus miembros.

En los próximos quince días vamos a presentar indicaciones.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, la necesidad de mejorar la calidad de la educación de manera de que esta constituya realmente un instrumento para el desarrollo del país es uno de los asuntos que concita mayor consenso. Así, en las últimas horas hemos visto cómo todos los sectores políticos han participado de una forma u otra en ese afán.

También es importante reconocer que el marco regulatorio del sistema educacional con que cuenta actualmente el país es insuficiente -¡qué duda cabe!- para asegurar calidad y equidad. Contar con sistemas efectivos que garanticen esto es uno de los grandes desafíos por enfrentar.

El proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación es el instrumento que el Ejecutivo ha propuesto para avanzar en el derecho de los ciudadanos a recibir una educación de calidad, el cual se inscribe -como señala el mensaje- dentro de "un conjunto articulado de iniciativas para mover las condiciones en que opera el sistema hacia la calidad.".

Se trata, entonces, de un primer logro: reconocer el problema existente e incentivar la discusión sobre la base de los mecanismos más adecuados y de acuerdo con nuestra realidad.

Es interesante recordar que un informe realizado por el Banco Mundial sobre sistemas efectivos para asegurar la calidad de la educación señala que los países exitosos en garantizarla muestran diferencias respecto a los marcos institucionales que utilizan para ese propósito.

¡Qué duda cabe de que no existen recetas mágicas ni únicas!

En consecuencia, el logro del aseguramiento de la calidad de la educación no depende de la aplicación de un esquema institucional determinado, aunque para este propósito todos ellos deben contar con un marco regulatorio que asegure ciertas condiciones.

El proyecto sobre creación de una Superintendencia de Educación en el país considera estas condiciones y propone avances en una adecuada dirección.

Vale la pena detenerse, especialmente en algunos aspectos.

En primer lugar, la institucionalidad propuesta constituye un avance al separar las funciones de formulación de políticas y las de evaluación y fiscalización. Actualmente, todas ellas corresponden al Ministerio de Educación. Entonces, separar las funciones de juez y de parte permite asignar explícitamente roles y responsabilidades a cada uno de los participantes del sistema, facilitando, además, una mayor especialización de todos ellos.

Un segundo aspecto que encara el proyecto se refiere al requerimiento de contar con una institucionalidad que aporte para el aseguramiento de la calidad de la educación en nuestros establecimientos de enseñanza, a través de los medios y capacidades que permitan promover un mejoramiento a través de un régimen adecuado de incentivos.

Regular la prestación de dicho servicio, generar indicadores de calidad y evaluar resultados son requisitos básicos para enfrentar las fallas del mercado educacional.

Sabemos que tratamos con un desafío mayor, porque, entre otras dificultades, el contenido de lo que se entiende por "calidad de la educación" difiere ampliamente entre los diversos agentes. Calidad no solo tiene que ver con aspectos visibles, como cantidad de profesores, equipamiento e infraestructura, sino que además involucra aspectos mucho más profundos y menos evidentes, que exigen el trabajo de equipos amplios y de excelencia en la asesoría y acompañamiento técnico pedagógico de los establecimientos.

También es importante mencionar que, a través del proyecto, se busca fiscalizar el buen uso de los fondos públicos comprometidos en los servicios educacionales que se entregan. Ello incluye tanto la transparencia en su uso como una información más clara sobre su disponibilidad. Se avanza así en resguardar la fe pública y en garantizar equidad en los recursos destinados a la formación de los niños, que es financiada por todos los chilenos.

Finalmente, el proyecto representa un avance, por cuanto incorpora la idea de introducir un sistema de rendición de cuentas en el ámbito de los organismos nacionales de educación, con sus correspondientes consecuencias. En la actualidad, no existe un sistema explícito y transparente que defina la responsabilidad de los establecimientos respecto de su propio desempeño. Reforzando lo anterior, con el proyecto se subraya ese deber y se proponen mecanismos para la entrega de una completa información a la ciudadanía acerca de los logros del sistema escolar.

No obstante la iniciativa en debate y los acuerdos a que se ha arribado en materia de reformas educacionales, debo manifestar mi escepticismo respecto de cómo estamos enfrentando el proceso de modificaciones en un área de vital trascendencia para nuestro país.

No me opongo a la creación de una Superintendencia de Educación, que, a mi juicio, ayudará al sistema vigente en ese ámbito. Pero me parece insuficiente, así como los consensos a que se ha arribado.

Tengo preocupaciones que van en un sentido más profundo respecto a qué hacer para que nuestra educación sea de excelencia, y a ella puedan acceder todos aquellos que tengan méritos, al margen de su condición socioeconómica.

Lo que señalo se basa en hechos como el que enuncio a continuación.

Si consideramos el período comprendido entre 1998 y 2006, concluiremos que el gasto público en educación, expresado en términos reales, creció en 45 por ciento. En cambio, si cotejamos tal esfuerzo presupuestario con los resultados que registra la prueba SIMCE, en las disciplinas de lenguaje y matemáticas, encontraremos que, transcurridos ocho años, en la primera el logro fue positivo en +1,3 por ciento, lo que es muy bajo.

El señor ÁVILA .-

¡Y seguirá así!

El señor MUÑOZ BARRA.-

Y en matemáticas fue negativo, de -1,7 por ciento.

Es decir, algo se mejoró en lenguaje. En matemáticas, en cambio, la mayor inversión en educación no tuvo impacto. Aún más, transcurridos ocho años (1999-2006), los estudiantes sabían menos matemáticas que en 1999. Es decir, en rigor, no hemos mejorado la calidad formativa.

Con los nuevos instrumentos que estamos creando, esta situación puede, de alguna manera, mejorar. Pero tengo la convicción de que no será un gran avance. Y diré por qué.

Si se observa tanto a los que obtienen las mejores calificaciones como a los que logran las más bajas, medidas por la prueba SIMCE, encontraremos que los alumnos más ricos obtienen los mejores resultados, particularmente los que estudian en colegios particulares.

El señor ÁVILA .-

¡Obvio!

El señor MUÑOZ BARRA.-

Y los más pobres logran las calificaciones más insuficientes.

Los dos quintiles de menores ingresos están bajo los promedios nacionales de medición de la prueba SIMCE y los dos quintiles más ricos obtienen los puntajes más altos.

Mirado de otra manera, los alumnos de la educación municipalizada pertenecientes al tercer y al cuarto quintil, es decir, aquellos que provienen de hogares con mayores ingresos (cabe aclarar que no existen estudiantes del quinto quintil -el más rico- en la educación municipalizada), alcanzan mayores puntajes promedios que en los dos quintiles más pobres.

Estudios internacionales elaborados en las últimas décadas han concluido reiteradamente que dos son los factores más importantes para asegurar buenos resultados educativos: el entorno sociofamiliar del estudiante y la efectividad de la escuela.

En los países desarrollados, tales estudios atribuyen un peso de 80 por ciento a la familia y 20 por ciento a la escuela. En América Latina, dichos porcentajes son de 60 y 40 por ciento, respectivamente.

En efecto, los hogares pobres o de bajos ingresos carecen de computador; de una pequeña biblioteca; de estímulo y orientación de los padres para aportar a la formación del niño; de espacio físico para dedicar horas al estudio y de un entorno familiar que culturalmente estimule al niño, entre otras falencias.

En otras palabras, el origen socioeconómico de los educandos es un factor clave en su éxito o en el fracaso.

Para resolver tal situación, Chile debe mejorar la distribución del ingreso. De lo contrario, difícilmente daremos un salto cualitativo importante en la equidad en educación. La experiencia internacional señala que los países con mejor distribución del ingreso alcanzan mayor calidad y equidad en la educación. Esa es una lección que debemos aprender.

Pienso que una reforma educacional debe ser más profunda e integral y abordar aspectos como el que señalé.

Además del esfuerzo para mejorar la distribución del ingreso, nos corresponde reflexionar respecto del rol de los municipios, que hoy se encargan, sin mayor éxito, de la educación. Y también debemos atender aspectos educacionales propiamente tales, como mejorar la calidad de nuestra docencia y de los métodos de enseñanza, que hoy resultan rutinarios, memorísticos y aburridos; perfeccionar la dotación tecnológica de los colegios, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones al proceso enseñanza-aprendizaje. Y, como en los países desarrollados, debemos impulsar un mayor compromiso del Estado en el financiamiento de la educación en todos sus niveles.

No obstante, hoy estamos frente a un proyecto de ley que aborda una necesidad detectada por todos, cuyas motivaciones esenciales compartimos y que debe enfrentar el país.

De ahí la necesidad de legislar al respecto.

Hacia adelante, debemos asumir el compromiso en los términos expuestos, a fin de que en el debate futuro consensuemos los arreglos y mecanismos más adecuados para alcanzar los propósitos perseguidos.

Señor Presidente, por supuesto, concurriremos con nuestro voto favorable a la iniciativa.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.

Recuerdo que cada orador dispone de cinco minutos para su intervención.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, deseo precisar algunos aspectos del proyecto en debate.

En la Comisión de Educación concurrimos con nuestros votos favorables a la creación de una Superintendencia. Y lo hicimos antes de que se suscribiera el acuerdo en materia de educación que se concretó ayer. Y obramos así porque creemos que es importante y necesario contar con un organismo que tenga como misión principal y exclusiva todo lo que dice relación al control, fiscalización y transparencia del funcionamiento del sistema educacional y del cumplimiento de los deberes y obligaciones que dispone la ley.

Ahora bien, en el acuerdo que se celebró ayer se recogen fundamentalmente dos aspectos que nosotros consideramos muy relevantes: por una parte, la necesidad de perfeccionar el órgano de control, y por otra, lo relativo a la evaluación y seguimiento de la calidad de la educación.

¿Qué dice el acuerdo con relación a la Superintendencia? Lo señala su documento técnico, en el capítulo 3º y es algo que estimamos bastante trascendente en una entidad destinada a fiscalizar y a controlar: que será autónoma, tanto en su estructura superior como en cuanto a sus funcionarios y organismos técnicos.

En efecto, se dispone que el Superintendente será designado por el Presidente de la República de una terna que se confeccionará conforme al Sistema de Alta Dirección Pública. Por lo tanto, no estamos ante un funcionario de la exclusiva confianza del Primer Mandatario nombrado solo por él, porque, para reforzar los conceptos de autonomía y de profesionalización, se establece que la persona que encabezará el servicio será -repito- designada por el Presidente de la República de una terna elaborada conforme al Sistema de Alta Dirección Pública.

Además, el documento técnico que acompaña el Acuerdo agrega que todos los directivos de la Agencia serán seleccionados también a través del Sistema de Alta Dirección Pública, lo cual, a nuestro juicio, viene a potenciar a la Superintendencia como órgano de control, por cuanto su autonomía y profesionalismo nos garantizan que va a estar absolutamente ajena a cualquier intención o tuición de carácter político, gubernamental u otro de ese tipo. Un órgano de control no puede integrar un sistema en que se es juez y parte al mismo tiempo.

Ese es un aspecto fundamental dentro del acuerdo -lo quiero relevar hoy día- y, como ha dicho la señora Ministra , el Gobierno enviará las indicaciones correspondientes para efectos de materializar los principios de autonomía y profesionalización dentro del organismo de control.

Y hay un segundo elemento que deseo destacar.

Nosotros señalamos que no nos parecía adecuado que la Superintendencia, como órgano especialmente orientado a la administración y control de los recursos administrativos y financieros destinados a la educación, fuese a la vez la entidad que desarrollara las funciones de evaluación y control de la calidad del sistema de enseñanza.

Hoy existe un principio básico dentro de la organización de la Administración Pública: que cada órgano cumpla una sola función. En la medida en que a un órgano se le asignan varias funciones, máxime si son de distinta naturaleza, este normalmente deja de cumplirlas con el grado de excelencia a que se debe aspirar.

Por eso, en el acuerdo sobre educación se resolvió que, junto con la Superintendencia, que se va a dedicar exclusiva o preferentemente al control de los recursos, a la administración del sistema financiero y a la supervigilancia del cumplimiento de cada uno de los deberes y obligaciones consagrados en la ley, se cree un sistema distinto, de aseguramiento de la calidad de la educación, con un órgano propio que tenga a su cargo, en especial, las funciones de evaluar, controlar, seguir y apoyar todo lo que diga relación a los estándares educacionales, para los efectos de garantizar un proceso que permita mejorar la calidad de la enseñanza. Pongo énfasis en que se tratará de un sistema distinto del de la Superintendencia.

Por tales razones, señor Presidente , concurrimos con nuestros votos a aprobar la idea de legislar respecto de este proyecto a la luz del acuerdo alcanzado sobre la materia -todos los señores Senadores lo conocen; fue muy publicitado en el día de ayer-, el cual se va a materializar en las indicaciones que el Ejecutivo enviará en el plazo indicado por la señora Ministra y que, por una parte, viene a perfeccionar y potenciar los sistemas y órganos de control y, por la otra, nos permitirá tener, por primera vez en la historia de Chile, una entidad destinada en forma exclusiva a asegurar la calidad de la enseñanza, principal propósito que tuvimos en vista para suscribir el acuerdo en materia de educación.

Voto a favor.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.

El señor VÁSQUEZ.-

Señor Presidente, todos coincidimos en la urgente necesidad de trabajar, focalizar esfuerzos y ser más autoexigentes en la tarea de proveer y asegurar contenidos, conocimientos y valores de calidad en nuestras aulas a las decenas de miles de educandos del país. Los radicales siempre hemos abrazado ese desafío con vigor, pero enfocados en el objetivo de concentrar todos los esfuerzos preferentemente en la educación pública.

Satisfacción nos dio escuchar a la Presidenta el pasado 21 de mayo, cuando comprometió más recursos para el sector.

La Concertación centró inicialmente su empeño en atender el deterioro que sufrió la educación durante la dictadura y, más adelante, en la modernización del sistema. Se avanzó en recuperar la dignidad de la profesión docente; se expandieron las matrículas universitarias, y se han entregado múltiples beneficios a los estudiantes. Todo esto, sumado a las obras de infraestructura, ha significado inversiones cuantiosas.

Sin embargo, los resultados no reflejan la magnitud del esfuerzo y de los recursos invertidos.

Un gran factor de este problema ha sido la estructura administrativa y de gestión en la que se ha movido la educación en los últimos 25 años. La raíz de la situación se encuentra en el sistema existente.

En la década de los 80, el sistema nacional de educación se atomizó. De una educación pública se pasó a un modelo en que imperó la política de mercado a través de algunos sostenedores particulares.

La participación de actores no públicos ha sido, en algunos casos, desafortunada. Hay quienes han malentendido la función pública encomendada, procurándose solo un bienestar particular, en detrimento del interés de los educandos.

Esta realidad nos obliga a una modificación del marco regulatorio existente.

El presente proyecto persigue incorporar, dentro de las garantías fundamentales, el derecho a una educación de calidad y la modernización del marco institucional actual, con el objeto de garantizar un sistema que, en su conjunto, llegue a todos los sectores, así como una administración eficiente, responsable y transparente de los recursos destinados a ese fin.

Una cuota de responsabilidad importante en el panorama descrito les ha cabido al rol subsidiario asignado al Estado en la materia y a la libertad de enseñanza, la cual, al no ser bien entendida, en este caso se tradujo simplemente en una política de mercado.

En la actualidad, el Partido Radical ha asumido una fuerte defensa de dos puntos que considera vitales en este ámbito. Desprejuiciados de posiciones dogmáticas, nuestras dos grandes banderas de lucha y trabajo han sido la regionalización de la educación pública y el mejoramiento de la asignación y fiscalización de los recursos estatales, para que ellos estén efectivamente dirigidos a una educación de calidad y orientados sobre todo a quienes más los necesitan.

A nuestro juicio, el proyecto avanza en el camino correcto.

Con fuerza decimos hoy que los recursos que el Estado entrega debieran ser diferenciados para las entidades educacionales públicas. Pero, como en la actualidad el sistema sostiene, además, a particulares que participan en el sector, con más fuerza concurriremos con nuestros votos a aprobar esta propuesta del Ejecutivo , porque los dineros del Estado deben estar concentrados de manera efectiva en quienes más los necesitan y se debe fiscalizar también a los que mayormente se benefician con ellos.

Será tarea fundamental de la nueva entidad ejercer funciones sancionatorias, correctivas y disciplinarias, en especial respecto de quienes no cumplan las garantías mínimas exigidas ni se preocupen de respetar los acuerdos que la autoridad establezca.

Este novel órgano será el responsable de remitir los antecedentes al Ministerio de Educación, para que revoque los reconocimientos sectoriales que autoricen a un establecimiento particular o subvencionado funcionar como centro educacional cuando no alcance los estándares mínimos de calidad exigidos o no cumpla la tarea encomendada de colocar la información del establecimiento, de los sostenedores y de los docentes a disposición del público, de los estudiantes y de sus familias, para que estos puedan evaluar la educación que en cada uno se imparte. Lo anterior puede terminar por convertirse, finalmente, en un pilar fundamental para corregir el modelo educacional chileno.

Con esa misma convicción, a nuestro juicio, la figura del sistema de administrador provisional debe ser estudiada más a fondo, porque no es lógico que la gestión de los establecimientos educacionales deficientes, una vez cumplidos los plazos que se disponen en el artículo 60 de la iniciativa, vuelvan a sus titulares, sean estos particulares o municipales. Dichos establecimientos deben ser mantenidos garantizadamente por el Estado, en el caso de las escuelas públicas, en órganos más eficientes y responsables.

Por último, debo expresar que la educación pública no puede esperar más. En esa tarea, los radicales hemos comenzado a ayudar, seria y responsablemente -como siempre lo hemos hecho-, para que las decisiones que se adopten en materia educacional sean las mejores en pro del país y vayan en directo beneficio de quienes más lo necesitan.

En función de ello, voto a favor del proyecto.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente, en lo que respecta a la Superintendencia de Educación -sus atribuciones, ventajas comparativas y lo que significa para la nueva reforma educacional que estamos efectuando-, pienso que ya se ha dicho todo.

Prefiero limitarme a dos o tres aspectos vinculados con la iniciativa, con la reforma educacional que se inicia y con los acuerdos logrados y reflexionar un poco sobre lo que ha pasado en Chile en esta materia, porque da la sensación de que no hubiésemos avanzado nada en estos años. Y, en verdad, eso no es así.

Uno debe considerar que el proceso educacional chileno, a favor o en contra de nuestras opiniones, es permanente. La educación nacional se ha perfeccionado, deteriorado, aumentado sus ventajas, retrocedido de repente en algunos aspectos, según la perspectiva de cada uno de nosotros, desde el año 1820. Y si deseamos ser justos con lo que pasó antes, debemos señalar que también hubo un proceso educacional que fue cambiando.

Yo no creo, por ejemplo, que se pueda decir que, a pesar de toda la inversión realizada desde 1988 hacia adelante, no se haya avanzado nada. Por de pronto, se ha progresado en cobertura, lo cual no es poco. Cuando se llega a los niveles que tenemos hoy, parece irrelevante preocuparse de esa materia. Pero cuando no contábamos con una cobertura adecuada, como sucedió en los años 1965 y 1966 -período en el que se efectuó la segunda gran reforma en Chile-, ¡por Dios que era importante y tenía una significación trascendente!

Se dice: las pruebas siguen siendo igualmente malas. Mi pregunta es si, cuando se efectúa tal aseveración, se toman en cuenta dos o tres hechos. El primero es que, cuando se aumenta la cobertura, es natural que, si no existe el dinero suficiente, la necesidad de atender esa mayor exigencia puede terminar generando una situación que contraríe un mejoramiento adecuado. Si sube la cobertura -como se ha hecho-, es posible que la eficiencia de la mayor inversión efectuada no tenga el resultado que uno hubiese querido.

En segundo término, señor Presidente , deseo hacer una prevención sobre cierta actitud que se ha observado en el último tiempo a raíz del crecimiento y desarrollo del país. Tenemos tendencia a compararnos permanentemente con naciones que no son comparables con la nuestra, específicamente en educación. Cuando se cree que por invertir la misma cantidad per cápita se pueden conseguir los mismos resultados de Nueva Zelanda, Australia o Finlandia, hay que tener cuidado, pues se están comparando realidades -y esto lo digo a raíz de la argumentación utilizada por un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra- que no son comparables.

Si estamos de acuerdo en que la situación socioeconómica de una familia incide hasta en un 80 por ciento y por ello resulta esencial en la educación de los niños y jóvenes, ¿cómo podemos comparar la realidad de una familia chilena con la de una familia de esos países, que tienen un ingreso per cápita mucho más alto y una estructura social y una historia cultural a otro nivel?

No digo que no se puedan hacer algunas comparaciones, pero sí es preciso tener cuidado cuando se realizan.

Y el tercer elemento, señor Presidente, es el siguiente.

Entiendo que la manera de medir la educación o, mejor dicho, la instrucción chilena es a través del SIMCE o de cualquiera de los otros instrumentos de medición que se ocupan en el mundo entero. ¿Pero es eso lo que realmente queremos medir con la reforma que estamos propiciando? ¿Es eso, específicamente, lo que nos interesa?

En lo personal, considero indispensable, en una sociedad del saber como la que estamos hoy en Chile y en todo el planeta, que sepamos. Porque ahora el poder lo tiene el saber, a diferencia de lo que ocurría hace algunos años, en que el poder lo tenía la tierra o el dinero. Pero, ¡cuidado también! Resulta que uno de los países que miramos como modelo educacional a comienzos de los 90 fue Japón. Quien no aplaudía lo que pasaba allí hace unos diez años aparecía como obsoleto, como un dinosaurio absolutamente fuera de la realidad.

¿Qué se hizo en esa nación? Es evidente que ellos tienen muchas más horas de estudio al año (entre paréntesis, debo reconocer que aquí no se está cumpliendo el objetivo que se tuvo en vista con la jornada escolar completa). Sin embargo, a la luz de las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, vemos que actualmente en Japón el número de niños agobiados, que intentan suicidarse o que sufren depresión es tan salvaje que uno termina preguntándose, por lo menos desde mi visión humanista cristiana, si es eso lo que queremos y cómo podemos evitar que, aun haciendo bien las cosas, no terminemos con el mismo problema.

Quiero concluir señalando que vamos a votar a favor del proyecto. Hemos participado en su análisis y valoramos que constituya el primer paso concreto de los acuerdos a que se ha llegado, los cuales no representan un triunfo de alguien en particular, sino únicamente de la educación. Aquí nadie puede decir "Gané yo" o "Ganó el otro". La verdad es que todos ganamos en la medida en que gana la educación.

Señor Presidente , junto con destacar la importancia que tendrá esta iniciativa en la reforma educacional, he querido hacer estas pequeñas digresiones, porque creo que, para enfocar la educación chilena, obligatoriamente deberemos tener una visión mucho más amplia que aquella que se reduce a que los niños y jóvenes deben aprender más. Su formación comprende ocho o diez factores que deberemos tomar en cuenta si queremos hacer bien las cosas.

Voto que sí.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, quiero partir por valorar la política de los acuerdos, en especial el suscrito ayer, relacionado con la educación.

Me parece que cada uno de nosotros tiene la gran aspiración de mejorar todas las cosas en nuestro país, pero, cuando unos y otros tiran para un lado distinto, sin llegar a acuerdo, resulta imposible avanzar.

No me cabe duda de que el consenso alcanzado la víspera ha sido muy bien acogido por toda la ciudadanía, que justamente espera que nos pongamos de acuerdo para lograr cosas positivas en nuestro país. Y una de ellas, por cierto, tiene que ver con la educación.

Los Gobiernos de la Concertación han realizado ingentes esfuerzos en ese ámbito. Se han efectuado enormes inversiones que se han traducido en un aumento de la cobertura y en un mejoramiento en lo relativo a salas cunas, prekínder y kínder y en las enseñanzas básica y media. Hoy cerca de 700 mil jóvenes llegan a la universidad, cuando en 1990 ellos no eran más de 190 mil. Es decir, hemos ido avanzando, fuertemente, en todo orden de cosas.

Sin embargo, la queja generalizada es que la calidad de la educación es muy mala y no guarda relación con la enorme inversión que se ha realizado en el sector.

Por eso, estos acuerdos nos permiten tener los votos para sacar adelante varios proyectos de ley; entre otros, el que crea la Superintendencia de Educación -ahora lo estamos votando-, que tendrá la función central de velar por la calidad del sistema educativo, la cual será ejercida a través de la evaluación, información, interpretación administrativa de normas, atención de denuncias y reclamos, control del cumplimiento de las leyes y fiscalización efectiva, para contribuir a mejorar el desempeño de los establecimientos educacionales y del régimen escolar en su conjunto.

No me cabe duda de que todo este esfuerzo del país en materia de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y de roles de las instituciones públicas se traducirá en que nuestros niños aprendan de mejor forma, para que el progreso en dichos ámbitos sea acorde con el nivel de los avances del mundo.

Y esto -diría yo- es muy pertinente cuando nos hallamos discutiendo el Presupuesto de la Nación.

Llamo la atención de mis Honorables colegas en el sentido de que para educación se destinará 21,9 por ciento del Presupuesto de 2008; es decir, 3,5 billones de pesos, un tercio más de lo que se aprobó para el año en curso.

Haciendo una comparación, puedo señalar que siempre el Ministerio que se llevaba los mayores recursos era el del Trabajo. Y todos sabemos por qué: porque ahí se pagan las pensiones y todos los beneficios previstos para la gente más vulnerable. Pero ahora esta repartición se queda atrás, con solo 21,8 por ciento. Salud recibe 15,6 por ciento; Defensa, 9,5; Obras Públicas , 7,8. Y el resto de los Ministerios, Servicios y Poderes del Estado, 23,4 por ciento.

Entonces, el esfuerzo que se está haciendo en el ámbito de la educación es enorme. Y no podemos, lisa y llanamente, votar la plata sin esperar resultados. Se trata de una inversión inmensa que hace el país. Y es deber de todos preocuparnos porque rinda sus frutos. Y los frutos son el conocimiento que debe adquirir cada uno de nuestros jóvenes.

Por ello, con alegría, apruebo este primer proyecto producto del Acuerdo alcanzado, mediante el cual se crea la Superintendencia de Educación.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Ávila.

El señor ÁVILA.-

Señor Presidente, el llamado " Bacheletismo Aliancista " hizo su debut en un proyecto emblemático: el de la Educación.

Considero necesario alcanzar el mayor rigor en precisar los alcances de esta y otras iniciativas a que dará lugar el Acuerdo logrado, el cual ha tenido una avasalladora repercusión pública en el país.

La señora Ministra nos ha dicho que se trata de una nueva arquitectura.

A ese respecto, conviene tener en cuenta el hecho de que, en realidad, lo que se está haciendo es agregar uno o dos pisos a una estructura que se mantiene intacta. Sus cimientos no serán tocados.

Desde luego, la institucionalidad no sufre alteración. Vanos han sido los esfuerzos por dejar establecido en el proyecto correspondiente un compromiso en el sentido de cambiar esta forma defectuosa de descentralización por otra, más racional, más coherente y que responda a una visión sistémica. El hecho de que la educación pública se encuentre fraccionada en 345 partes rompe conceptos esenciales para el éxito de un sistema que pretenda un mínimo de coherencia.

Hay realidades que no pueden ocultarse. De 345 municipios, solo 12 poseen equipos técnicos apropiados para apoyar la labor educativa. El 80 por ciento de los niños más pobres del país se encuentran segregados en la educación pública a cargo de los municipios.

Aquí nada se hace por romper el denominado "apartheid educativo". Los más pobres se educan en la educación municipal. La clase media alta puede hacerlo en los colegios subvencionados, pagando el Estado una parte, y los padres, otra; es decir, el sector público consagra la segregación, la apoya y, además, pone dinero para eso. La clase alta, por su lado, se educa en sus colegios particulares pagados.

Se dice que hay esfuerzos sostenidos por tratar de mejorar la calidad de la educación y conceder un derecho que hasta ahora aparece solo en la retórica: el derecho a una educación de calidad para todos.

Pero, mientras se mantenga la segregación, eso es imposible. Estudios científicos de la más alta competencia han comprobado que el 60 por ciento de los resultados académicos se explica en función de la extracción social del alumno. Si no hacemos nada por la integración, cualquier esfuerzo que se realice, por ingentes que sean los recursos puestos a disposición para este propósito, los resultados van a ser muy magros.

Es un mito aquello de que hay escuelas "buenas y malas". Las "escuelas buenas" son las que seleccionan alumnos de extracción social alta, lo cual les permite conseguir mejores resultados precisamente por esa circunstancia. De ahí la mentira que año tras año arroja el SIMCE en términos de dar a conocer los estándares, los rankings de calidad de los colegios. Siempre será lo mismo, en la medida que las bases que componen el sistema educativo chileno no se alteren sustancialmente.

Pues bien, he dicho que la institucionalidad se mantiene intacta. Pero todavía hay algo más grave: la selección del quinto año hacia arriba puede verificarse sin problemas. Y allí estamos colisionando con un derecho constitucional, cual es el de una educación de calidad para todos. Si se practica la selección, vamos a tener una segregación en la etapa formativa más importante de nuestros alumnos.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Concluyó su tiempo, señor Senador.

El señor ÁVILA.-

No voy a alcanzar a extenderme a los otros puntos que deseaba mencionar, señor Presidente.

Para terminar, anuncio que, de aquí en adelante, el mercado ofrecerá dos grandes oportunidades de negocios.

¡Atención, señores inversionistas y comerciantes...!

Una permitirá contratar a terceros para realizar la verificación del cumplimiento de las normas de competencia. Y esto correrá por cuenta de la Superintendencia.

La otra viene dada por aquel "órgano distinto" del que nos hablaba el Senador señor Chadwick . Y acentúo la expresión por el hecho de que la Alianza consiguió un gran triunfo en este proceso: separar la fiscalización del aseguramiento de la calidad.

Debían ir juntos, obviamente, dentro de una misma orgánica. Sin embargo, quedaron completamente separados. De modo que la fiscalización andará por un lado, y el aseguramiento de la calidad, por otro.

Pero también habrá un campo de negocios muy propicio para "verificar" el aseguramiento de la calidad.

Entonces, ¡a crear agencias, para que después ocurra lo mismo que en la pesca, por ejemplo, donde los certificadores suben a los barcos y pagan los fiscalizados!

¡Así estamos en materia de fiscalización!

Ojalá que en el curso de la discusión, no solo de este proyecto, sino del conjunto de aquellos que se encuentran comprendidos en la reforma educacional, tengamos la posibilidad de hacer los mejoramientos necesarios. A ello nos obliga el compromiso de todos para que por fin un factor esencial de integración e igualdad de oportunidades, como es la educación, experimente la reforma profunda a que nos llamaron los "pingüinos" con su movimiento; a que convocan los profesores en su inmensa mayoría; a que los padres y apoderados también adhieren de manera ferviente.

Justamente esos actores, en la ceremonia de La Moneda, no pudieron alzar sus brazos, porque estaban ausentes.

¡Y ese es el drama!

La participación no puede ser un elemento meramente retórico: debe darse en los hechos. Y si vamos a transformar determinado ámbito de nuestra sociedad, hay que tener respeto por aquellos que lo integran y que son parte sustantiva de ese sector de chilenos que cifran sus esperanzas en lo que nosotros hagamos.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente, yo no alcé las manos en La Moneda, pero me siento representado, pues estaba el Presidente de mi Partido . Por lo tanto, siendo las cosas así, supongo que se han hecho bien.

Ahora, creo que la creación de la Superintendencia de Educación, que es la materia que nos ocupa hoy, debiéramos discutirla en otra oportunidad. ¿Por qué? Porque el mensaje que dio origen a la iniciativa que aprobamos en general por la unanimidad de la Comisión habla de la necesidad de "establecer mecanismos de aseguramiento que protejan el derecho de los ciudadanos a recibir una educación de calidad". Sin embargo, eso cambió.

Entonces, desde el punto de vista formal, no tendríamos que estar discutiendo este proyecto, pues varió su naturaleza. Él decía relación a la creación de una Superintendencia que, básicamente, tenía dos objetivos: por un lado, fiscalizar todas las inversiones que el Estado realiza tanto en la educación municipal cuanto en la particular subvencionada, y por otro, atender los aspectos involucrados en el plano de la calidad.

En virtud de los acuerdos -los respeto, aunque no levanté las manos-, se creó un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación que tiene una lógica distinta y es complementaria de esta.

Por lo tanto, desde el punto de vista formal, deberíamos recibir el proyecto que crea el referido sistema de aseguramiento, para los efectos de compararlo y procurar impedir que se produzca un fenómeno particularmente delicado: que se confundan los roles de ambas instituciones.

Felizmente, la Comisión acogió la idea de legislar. Y, sin duda, voy a concurrir con mi voto, como lo hice en dicho órgano, a aprobar en general algo que viene sosteniéndose en el país no desde ayer ni desde anteayer.

Ya en 1980, durante el Régimen militar, hubo voces que señalaban la necesidad de crear una instancia superior, distinta del Ministerio de Educación.

Con posterioridad, los "pingüinos" -los jóvenes estudiantes que salieron a las calles- fueron quienes pusieron el tema como algo muy central: la creación de una instancia del Estado con máxima capacidad de fiscalización y que asegurara calidad.

En mi opinión, no solo se trata de que la Superintendencia vele porque se utilicen en forma adecuada los recursos públicos, los cuales se hallan destinados a un objetivo fundamental: mejorar la calidad del sistema.

Y aquí vamos a tener una cosa rara, porque habrá una institucionalidad para fiscalizar los recursos y otra para fiscalizar la calidad de la educación. Ojalá que ambas se encuentren y que no tengamos dificultades posteriores para evaluar en forma adecuada.

Ya el Banco Mundial, a propósito de una petición que le hizo el MINEDUC el año 2004 -me parece-, estableció: "La experiencia de las políticas educativas de las últimas décadas muestra que el mercado y la competencia por sí solos no bastan para asegurar la calidad.".

Eso no lo determinaron estas bancadas ni el Gobierno actual, sino el Banco Mundial.

De ocho experiencias conocidas, gracias a investigaciones realizadas por dicho organismo, se concluyó que el país con menos presencia del Estado en el proceso educativo era Chile. Y el estudio pertinente abarcó a naciones de los más diversos tipos: con predominancia católica, evangélica, protestante; africanas, asiáticas, europeas, latinoamericanas.

Cuando decimos que es necesaria la presencia estatal en el proceso educativo, no estamos pensando en el viejo Estado docente de los siglos XIX o XX. Eso terminó. En Chile nunca hubo un Estado docente como el que algunos piensan que pensamos establecer. Se requiere un Estado mucho más dinámico en este proceso. Es el único que se halla en condiciones de asegurar la calidad que el país precisa para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Por eso, a pesar de que lo que aprobamos en la Comisión de Educación, en mi concepto, es distinto de lo que vamos a tener en los próximos días -reitero que, desde el punto de vista formal, a lo mejor no debiéramos estar discutiendo ahora este proyecto, porque su naturaleza cambiará en breve-, voy a votar a favor de la creación de la Superintendencia en comento, que solo fiscalizará recursos, en el entendido de que tendremos la posibilidad de discutir algunas indicaciones que nos señaló la señora Ministra para los efectos de contar con un organismo en forma.

En particular, me preocupa lo siguiente.

Si aquella será una entidad fiscalizadora y el sistema educativo de nuestro país presenta deficiencias y debilidades, especialmente en Regiones, donde no hay una institucionalidad que permita llevar a cabo aquel cometido en forma adecuada, por cierto que esperamos debatir una indicación que posibilite fortalecer la Superintendencia de Educación para que cumpla como corresponde las tareas que la iniciativa en debate le va a fijar.

Por eso, votaremos a favor, entendiendo que el otro proyecto, aquel que crea la Agencia de Aseguramiento de la Calidad Educativa, reviste tanta o más importancia que el que ahora nos ocupa y, por lo tanto, esperamos tener la oportunidad de discutirlo dentro de poco.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, todos coincidimos en la importancia de poder colaborar al mejoramiento del alicaído y deprimente estado de la educación pública.

Por mi parte, me preocupan no solo los resultados concretos de la presente iniciativa -como dijo el Honorable señor Chadwick , la estudiamos y aprobamos en la Comisión de Educación antes de los llamados "acuerdos" con la coalición opositora-, sino también las declaraciones del Senador señor Allamand en el sentido de que este sería el primer triunfo del "desalojo".

No sé si quienes alzaron las manos en La Moneda se hallaban conscientes de que al menos un importante parlamentario de la Alianza atribuye tal significado a ese gesto.

Por cierto, el Senador que habla no se encontraba entre ellos. Soy tan socialista como el Honorable señor Núñez y la verdad es que no comparto plenamente las conclusiones expuestas. Espero que tengamos la oportunidad de debatir en el Congreso los acuerdos políticos que mi Partido legítimamente ha tomado, pero que no son vinculantes para la soberanía que los ciudadanos han depositado en los parlamentarios a fin de analizar y decidir las leyes, máxime si no ha mediado ningún documento sobre ellos. Y como no conozco ni una línea, ni un solo concepto de los acuerdos, salvo una versión general, por supuesto no pude experimentar la alegría que algunos sintieron.

Y esa versión general me inquieta, porque creo que, en definitiva, podíamos avanzar, dar algunas batallas y no rendirnos a la primera. No soy de los que claudican sin disparar un tiro. Me hubiera gustado un debate mucho mayor.

Ya existe el lucro, establecido por la dictadura. Ahora tendremos un lucro controlado, establecido por la democracia, una democracia controladora.

Debo puntualizar que el fenómeno de la Superintendencia no lo inventamos nosotros: existía una desde 1953. Ese año se creó una entidad específica para ejercer las funciones pertinentes. Sin embargo, disponía de poca capacidad ejecutiva. La ley concebía como un organismo asesor y consultivo a la Superintendencia de Educación Pública, que albergó en su seno al Consejo Nacional de Educación.

En 1974, el Gobierno militar dispuso que se disolvieran los órganos colegiados del sector de la educación y que sus facultades se concentraran en las respectivas autoridades ejecutivas. Así, la Superintendencia fue absorbida por el Departamento de Presupuestos del Ministerio de Educación, pero mantuvo su denominación hasta desaparecer formalmente dentro de la nueva Ley Orgánica de esa Secretaría de Estado.

Entonces, existía tal concepto.

Llama la atención algo por lo cual nos alegramos mucho de haber discutido en la Comisión lo relativo a la Superintendencia, una muy buena idea e iniciativa del Ministerio. Ello se refiere a lo siguiente.

Se concibe a esa entidad como un organismo fiscalizador, funcional, y se establece, de manera particular, que ejercerá funciones extraordinarias, como proporcionar información, atender a los usuarios, disponer la fiscalización, evaluar el grado de cumplimiento de los estándares establecidos, fiscalizar el uso de los recursos públicos traspasados a los sostenedores, exigir rendición de cuentas, en fin.

Luego se consigna que también podrá acceder a cualquier documento o libro que sea necesario para fines de fiscalización; ordenar auditorías a la gestión financiera de los sostenedores que reciban recursos públicos; impartir instrucciones; verificar el cumplimiento de todos los requisitos exigibles para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional, y, además -una cosa vital-, disponer el nombramiento de un administrador provisional cuando un colegio fracase, eventualidad en la que este será intervenido.

Considerando lo anterior, uno se pregunta: ¿es que nada de ello se podía hacer durante 26 años? ¿Desde 1981 todos los organismos, todos los liceos, todos los colegios recibían plata sin que ninguna de las medidas expuestas se pudiera aplicar? ¿El Estado no ejercía control alguno sobre esos establecimientos?

¡Así era! ¡Nada se podía hacer! Ninguna de las facultades que hoy día se propone entregar a la Superintendencia -¡y en buena hora!- se podía llevar a la práctica.

¿Por qué la educación pública se encuentra hoy en condición catatónica? Precisamente porque el Estado no contaba con ninguna de esas atribuciones para fiscalizar. Había un laissez-faire absoluto, es decir, la más amplia impunidad.

Por eso, la iniciativa en examen representa un avance sustantivo para poder ejercer mayor control, administrar mejor los recursos y, por cierto, ir en pos de una educación pública de más calidad. Solo sabremos si tal objetivo de la Superintendencia va a tener éxito cuando se informe respecto de los acuerdos políticos. El Senador que habla, al menos, no los conoce.

Así nos impondremos de si lo que se pretende es poner más gendarmes para cuidarle el lucro a la señora Patricia Matte , a quien reconozco una capacidad extraordinaria en la Sociedad de Instrucción Primaria -estudié en uno de sus establecimientos-,...

El señor PROKURICA .-

¡Malagradecido!

El señor NAVARRO.-

... y de si la Superintendencia va a ser la guardiana del lucro de los privados o la guardiana de la calidad de la educación pública.

¡Porque se pueden querer más gendarmes para que, cuando haya lucro controlado -como se consigna en los acuerdos políticos-, se evite que se lo lleve alguien más que los sostenedores!

Ese es un aspecto que se debe dilucidar al calor del debate.

La Superintendencia se encargará de administrar la calidad de la educación y, efectivamente, controlará más, pero quiero saber qué va a controlar.

¡Sesenta y siete por ciento de los establecimientos educacionales de enseñanza media en la Región Metropolitana -que cuenta con seis millones de habitantes- son particulares subvencionados!

No es cierto, sino falso, y constituye una ironía sostener que se está privatizando la educación, Senador señor Ávila . Esta ya se encuentra privatizada en una forma muy amplia. Lo que hemos de hacer es rescatar, básicamente, lo que está quedando y tratar de recuperar terreno. Porque, como no variará de modo sustancial la institucionalidad; como no se modificará la municipalización y las corporaciones comunales seguirán haciendo perder la vida a millones de estudiantes al entregarles una pésima educación, la fiscalización recaerá en un sistema cuyas bases se hallan severamente dañadas.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Concluyó su tiempo, señor Senador.

El señor NAVARRO.-

Termino de inmediato, señor Presidente.

Estamos dando pasos sustantivos, pero no yendo al fondo del problema. En los acuerdos políticos no se toca el financiamiento compartido; se mantiene la selección, y se habla de "lucro controlado", tal como antes se empleaba la expresión "democracia protegida".

Como lo hice en la Comisión, voy a votar favorablemente la iniciativa, señor Presidente.

Ya conoceremos las indicaciones anunciadas por la señora Ministra. Solo pido que también se nos permita formularlas. Si el Ejecutivo las presentará en un plazo para tal efecto, entiendo que los Senadores tendremos la misma posibilidad.

El señor ÁVILA .-

¡Siempre que se tomen de las manos...!

El señor NAVARRO.-

Así es.

Espero que no sea parte del acuerdo político, señor Presidente , el que no podamos presentar indicaciones. No estoy dispuesto a entregar la facultad que nos han concedido los ciudadanos para debatir sobre la educación pública.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.

El señor ALLAMAND.-

Señor Presidente, quiero anunciar que los Senadores de Renovación Nacional votaremos a favor del proyecto y, fundamentalmente, hacer algunas reflexiones.

La primera dice relación al contexto en que surgió esta iniciativa y, en especial, a aquel en que han tenido lugar los acuerdos alcanzados en el ámbito educacional.

El tema no es menor. Y de las exposiciones de los Honorables colegas que me antecedieron en el uso de la palabra uno podría apreciar que existen, casi transversalmente, dos posiciones bastante distintas.

El Senador señor Muñoz Barra puso a disposición de la Sala un conjunto de antecedentes que, a mi juicio, son muy importantes.

¿Cuál es el estado de la educación chilena? ¿Es boyante, promisorio, esperanzador? ¿Tenemos por delante un camino lleno de posibilidades y oportunidades para todos, o, por el contrario, estamos en una situación crítica después de 17 años de gobiernos de la Concertación?

La verdad de las cosas es que en esto las cifras hablan por sí mismas. Los resultados educacionales son malos, desiguales y se encuentran estancados. Y las cifras expuestas por el Honorable señor Muñoz Barra en términos del aumento del gasto en educación y del nulo avance en materia de resultados reflejan esa realidad.

A la inversa, el Senador señor Ruiz-Esquide -a quien respeto, al igual que a todas sus opiniones- dice, por ejemplo, que las pruebas SIMCE no le gustan; que no constituyen un sistema de medición adecuado.

¡Muy bien! Tal vez así sea. Pero, entonces, cabría preguntarse lo siguiente. Si dicho sistema existe desde el año 1988 y a la Concertación no le gusta, ¿por qué no ha sugerido uno diferente? Es completamente absurdo rechazar un sistema de medición sin proponer su reemplazo. Es algo tan "tirado de las mechas", en el buen sentido de la palabra, como decir: "De ahora en adelante los médicos van a tener que operar sin termómetro".

Está bien, el SIMCE no es perfecto. Entonces, pregunto: ¿tendrán alguna ventaja, por ejemplo, ciertos sistemas internacionales? Existen dos:...

El señor ÁVILA .-

¡De qué va a servir el termómetro...!

El señor ALLAMAND.-

... PISA, que mide lenguaje, y TIMMS, que lo hace en el caso de matemáticas. ¿Cómo nos ha ido con esas mediciones, no con la del SIMCE? ¡Pésimo!

Desde el punto de vista de los recursos que gasta el país, los resultados que obtenemos en ambas mediciones internacionales denotan que la gestión y los logros en educación, como dijo el Senador señor Navarro -y, en ese sentido, estoy de acuerdo con Su Señoría-, son deprimentes.

Entonces, es muy importante conocer el punto de partida del acuerdo: la educación chilena pasa por un muy mal momento; y es preciso empezar a remontar la situación.

La segunda reflexión, señor Presidente, tiene que ver, en lo básico, con el verdadero aporte que significa esta estructura institucional.

Todos sabemos que modificar las instituciones del sector público es siempre particularmente complejo. Sin embargo, hoy se ha dado un gigantesco paso en la dirección correcta, en términos de un remozamiento del Ministerio de Educación, y bajo ninguna circunstancia de un debilitamiento. Cualquier persona que mire cómo quedará el Consejo Nacional de Educación se va a dar cuenta de que será más autónomo, con más facultades, con más personería. En definitiva, diría que quedará mucho mejor posicionado para ejercer sus altas funciones.

Por último -como dijo el Senador señor Núñez , esto tendrá que verse en detalle cuando se presenten las indicaciones-, la separación entre una superintendencia a cargo de la fiscalización básicamente de procedimientos y, por primera vez, un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación fue una iniciativa que concitó amplia unanimidad técnica en todas las personas y los sectores que participaron en el análisis.

De manera que constituye una muy buena noticia, señor Presidente , que hoy estemos dando un paso no solo en la dirección de cumplir el acuerdo, sino también en la de constituir una nueva arquitectura, una nueva fisonomía de la educación chilena.

Esos cuatro pilares: un ministerio remozado; un Consejo Nacional de Educación fortalecido desde el punto de vista de su autonomía, de su composición; una superintendencia que va a poder fiscalizar con rigor, con procedimientos adecuados, y un sistema nacional de aseguramiento de la calidad, constituyen, sin duda, un avance en el sentido adecuado.

Por eso, reitero, los Senadores de Renovación Nacional vamos a aprobar la iniciativa.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Recuerdo a Sus Señorías que en este momento llevamos 20 minutos excedidos en el tiempo.

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente, seré muy breve, porque la discusión que hemos iniciado hoy continuará con este proyecto reformulado y con otros que se hallan pendientes.

Solo quiero decir lo siguiente.

Voy a votar a favor. Creo que un elemento positivo del último acuerdo es que apunta en la dirección correcta al dar relevancia a uno de los problemas graves del sistema educacional, que es, como se ha expuesto, el de la calidad.

Y cabe precisar que ello no solo tiene que ver con la educación pública, sino también con la totalidad de la educación.

También la privada es mala. Se encuentra a mayor nivel que la pública, pero tampoco resiste una comparación internacional. Y resulta tan cara como otras mucho mejores.

Insisto en que la calidad de la educación es un asunto que afecta al conjunto del sistema. Por tanto, poner énfasis en establecer un sistema para su aseguramiento constituye, sin duda, un paso muy adelante.

Aplaudo el acuerdo alcanzado, señor Presidente.

Me pareció un poco futbolístico lo de las manos alzadas, pero, en fin, cada uno celebra como le parece. El deporte crea costumbres, hábitos, lo que está muy bien. No critico que alguien quiera levantar las manos por creer que se ha hecho un buen aporte.

Desearía saber qué relación se va a dar entre el Consejo, que velará por la calidad, y la Superintendencia, que realizará la fiscalización, lo que no es un detalle.

Tengo la impresión de que además habrá que leer mucho la letra chica. De lo contrario, podríamos establecer un sistema muy engorroso.

El segundo tema, que tiene que ver con el anterior, aunque es distinto, se refiere a la equidad.

Quiero hacer solamente una afirmación: por desgracia, a pesar de ser un punto muy central, el acuerdo, hasta donde lo conozco, aporta muy poco en esta materia. Eso, sin duda, es un problema, el cual queda pendiente.

Esa situación tiene que ver con que carecemos de un acuerdo en el país. Y se establece una contradicción muy severa, porque, al menos a nivel formal, todos dicen dos cosas.

En primer término, desde la última etapa de la pasada campaña presidencial constituye un lugar común afirmar que uno de los grandes desafíos de la sociedad chilena radica en superar sus extraordinarios niveles de desigualdad. Eso resulta evidentísimo.

En segundo lugar, todo el mundo sostiene que uno de los grandes instrumentos para resolver los problemas de inequidad es la educación. En eso existe un acuerdo universal, por lo menos a nivel del discurso.

Por mi parte, creo que no basta con la educación. Estimo fundamental, por ejemplo, la negociación colectiva, para mejorar los niveles de ingreso. Sin embargo, en eso no hay acuerdo.

Todo el mundo dice que la educación constituye un gran instrumento para combatir la desigualdad. Pero resulta que contamos con un sistema educacional cuya estructura reproduce la desigualdad. Y no movemos la estructura -esa es la cuestión-, que la subsegmenta.

Respecto de ello, en el acuerdo no existe nada.

Y se confunden los temas, porque dicha materia no se relaciona necesariamente con el lucro. Tiene que ver con el hecho de que si se determinan pagos privados para la educación subvencionada, cualquiera que sea el sostenedor, se establece una escala de ofertas diversas.

Lo anterior también ocurre en la educación municipal. Es algo que veo en la Región que represento, donde, en sectores medios-bajos con cierta capacidad de ahorro en educación, hay escuelas básicas con financiamiento compartido.

El señor ALLAMAND .-

No en la educación básica.

El señor GAZMURI.-

En la secundaria.

Entonces, está la subvención, más otra suma, que no pagan todos.

Por lo tanto, cabe considerar el sistema de financiamiento compartido en la educación sustentada por el Estado, cualquiera que sea el sostenedor, si queremos que efectivamente la escuela sea un espacio de nivelación.

El señor ÁVILA.-

Así es.

El señor GAZMURI.-

Lo otro sería que no lo fuera. Y no está siéndolo.

Estamos aplicando medidas paliativas como la que ya aprobamos en la Comisión, respecto de la subvención diferenciada, lo que está bien. Pero eso apunta a lo que ya se encuentra segregado.

Y si, en efecto -y con esto termino-, existe un elemento de desigualdad que tiene que ver con el capital cultural y que la escuela no corrige, al menos se consigue más si se cuenta con un colegio socialmente integrado. Y, en el mundo, todas las experiencias en que la escuela se transforma en un elemento de nivelación social corresponden a sistemas públicos, con muy distintos sostenedores, donde la calidad del establecimiento no depende del bolsillo del padre. Es algo tautológico.

El señor ÁVILA.- Son integradores.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Terminó su tiempo, señor Senador.

El señor GAZMURI.-

Y sobre ese tema, lamentablemente, vamos a tener que seguir discutiendo después del acuerdo, porque, mientras no lo enfrentemos, estaremos haciendo dos afirmaciones que no conjugan entre sí. Es algo que todavía está pendiente.

Pienso que se trata de una larga batalla -finalmente, democrática-, que resulta muy difícil dar en este país, porque sobre el asunto tenemos todavía diferencias muy de fondo.

Me alegro por lo avanzado, porque, al menos, establecemos la calidad como un derecho, determinamos mecanismos, fortalecemos instituciones que la aseguren. Pero, por desgracia, desde el punto de vista de la equidad del sistema, con estos acuerdos no progresamos.

El señor NAVARRO.-

¡Avanzamos al "desalojo"...!

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor y una abstención).

Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.

Se abstuvo el señor Flores.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Propongo fijar plazo para presentar indicaciones hasta el 3 de diciembre, a las 12.

Acordado.

Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora PROVOSTE (Ministra de Educación).-

Señor Presidente, agradezco a todos los Senadores que han concurrido con su voto favorable a esta iniciativa.

Muchas gracias.

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSION GENERAL DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN.

BOLETÍN Nº 5083-04

03.12.07

INDICACIONES

Del Honorable Senador señor Ávila:

ARTÍCULO 2º

1.-Para suprimir las frases “es evaluar” y “cumplan con los estándares establecidos para el sistema educativo”.

ARTÍCULO 3º

2.-Para suprimir los números 1.-, 2.-, 3.- y 16.-.

PÁRRAFO 2º

con sus ARTÍCULOS 4º, 5º, 6º, 7º, 8º Y 9º

3.-Para suprimirlos.

ARTÍCULO 12

letras a) y b)

4.-Para suprimirlas.

ARTÍCULO 14

letra b)

5.-Para suprimirla.

ARTÍCULO 60

Artículo 2º

bis

6.-Para intercalar, a continuación de la letra g), la siguiente h) nueva:

“h) Reubicar a los estudiantes de los establecimientos que hayan sido cerrados por disposición de la Superintendencia, teniendo para ello autoridad para asignarlos a centros educativos que reciban fondos públicos.”.

º º º º

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSION EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN.

BOLETÍN Nº 5.083-04

5-AGOSTO-2008.

INDICACIONES (II)

1 a.-De S. E. la Presidenta de la República, para reemplazar el proyecto por el siguiente:

“PROYECTO DE LEY SOBRE SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA

TÍTULO I

DEL SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA

Artículo 1º.-

La presente ley tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media en adelante “Sistema”, y los órganos que lo componen.

Artículo 2º.-

El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media considerará:

a)Estándares de aprendizaje de los alumnos y estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores, de los docentes y directivos.

b)Requisitos del reconocimiento oficial que deben cumplir los sostenedores y los establecimientos para ingresar y mantenerse en el sistema educacional según lo establecido en la ley.

c)Políticas, mecanismos e instrumentos para apoyar a los integrantes de la comunidad educativa y a los establecimientos educacionales en el logro de los estándares.

d)Evaluaciones de desempeño y mediciones de los resultados de aprendizaje para determinar el logro de los estándares.

e)Fiscalización del adecuado uso de los recursos y del cumplimiento de los requisitos del reconocimiento oficial y de la normativa educacional por los sostenedores y administradores del servicio educativo.

f)Evaluaciones del impacto de políticas y programas educativos.

g)Sistemas de información pública accesibles a toda la comunidad referidos al resultado de las evaluaciones de logro de los estándares, a la clasificación de los establecimientos y sus consecuencias, a los resultados de la fiscalización, y a las evaluaciones de las políticas y mecanismos de apoyo implementados.

h)Rendiciones de cuenta, reconocimientos y sanciones relacionadas con el logro de los estándares y con el cumplimiento de las normas aplicables a los establecimientos y sostenedores.

Corresponderá al Presidente de la República, por decreto supremo dictado a través del Ministerio de Educación, previo informe favorable del Consejo Nacional de Educación, establecer los estándares a que se refiere la letra a) de este artículo, los cuales tendrán una vigencia de seis años.

Artículo 3º.-

Los estándares de aprendizaje definirán los conocimientos, habilidades y competencias que se espera alcancen los alumnos en diversas etapas del proceso educativo, en relación con las bases curriculares nacionales.

Artículo 4º.-

Los estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores considerarán materias tales como gestión curricular; indicadores de calidad de procesos relevantes de los establecimientos; gestión de los recursos humanos y pedagógicos, convivencia escolar, y liderazgo.

Asimismo, el Ministerio de Educación elaborará estándares indicativos de desempeño para docentes de aula, directivos y técnicos pedagógicos.

Los estándares a que se refieren los incisos anteriores, cuyo incumplimiento no dará origen a sanciones, constituirán orientaciones para el trabajo de evaluación contemplado en esta ley.

TÍTULO II

DE LA AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Párrafo 1º

Objeto, funciones y atribuciones.

Artículo 5º.-

Créase la Agencia de Calidad de la Educación, en adelante “la Agencia”, servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

La Agencia estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882.

El domicilio de la Agencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas que pueda establecer cuando las necesidades del servicio así lo exijan y exista disponibilidad presupuestaria.

Artículo 6º.-

El objeto de la Agencia será evaluar y orientar para el mejoramiento de la calidad de la educación, considerando las particularidades de los distintos niveles y modalidades educativas.

Para el cumplimiento de dicho objeto tendrá las siguientes funciones:

a)Evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al grado de cumplimiento de los estándares respectivos, a través de instrumentos y procedimientos de medición estandarizados y externos a los establecimientos;

b)Realizar evaluaciones del desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores, de los docentes y sus directivos en base a los estándares indicativos;

c)Clasificar a los establecimientos según los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, y

d)Proporcionar información en materias de su competencia a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general.

Artículo 7º.-

Para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia tendrá las siguientes atribuciones:

a)Diseñar, implementar y aplicar un sistema de medición de los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, según las bases curriculares nacionales.

El sistema nacional de medición del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos será de aplicación obligatoria para todos los establecimientos. La Agencia podrá realizar las mediciones respectivas directamente o a través de terceros.

Las mediciones del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos se realizarán a través de instrumentos y procedimientos estandarizados que se aplicarán en forma periódica en distintos cursos y sectores de aprendizaje. En todo caso, deberán ser aplicadas en forma censal a lo menos en algún curso, tanto del nivel de enseñaza básica, como de enseñanza media.

b)Coordinar la participación de Chile en mediciones de carácter internacional sobre logros de aprendizaje de los alumnos.

c)Diseñar, implementar y aplicar un sistema de evaluación de desempeño de los establecimientos educacionales subvencionados, o que reciban aportes del Estado, y sus sostenedores, docentes y directivos referidos a los estándares indicativos.

d)Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, e impartir instrucciones de general aplicación, en las materias de su competencia.

e)Elaborar informes evaluativos que podrán incluir recomendaciones de carácter indicativo para mejorar el desempeño de los establecimientos y sus sostenedores. Estos informes serán de carácter público.

f)Requerir al Ministerio de Educación y a la Superintendencia, en su caso, la adopción de las medidas pertinentes derivadas de la clasificación de los establecimientos.

g)Validar los mecanismos de la evaluación de los docentes de aula, docentes directivos y del personal técnico pedagógico de los establecimientos educacionales particulares subvencionados, cuando sus sostenedores lo soliciten.

Los establecimientos particulares subvencionados podrán validar ante la Agencia de Calidad de la Educación sus sistemas de evaluación docente, los cuales podrán utilizar los estándares indicativos de desempeño elaborados por el Ministerio de Educación.

h)Poner a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de establecimientos educacionales, sostenedores, docentes y alumnos.

En caso alguno la publicación incluirá la individualización de los alumnos. Sin perjuicio de lo anterior, los padres y apoderados deberán ser informados de los resultados obtenidos por sus hijos o pupilos cuando las mediciones tengan validez y confiabilidad estadística individual, sin que tales resultados puedan ser publicados ni usados con propósitos que puedan afectar negativamente a los alumnos, tales como selección, repitencia u otros similares.

i)Crear y administrar los registros que sean necesarios para ejercer sus funciones.

j)Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.

Asimismo, elaborará informes acerca de la cobertura de las diversas materias del currículum nacional, así como también evaluaciones de impacto respecto del desempeño de los establecimientos.

k)Ingresar a los establecimientos educacionales y dependencias docentes del sostenedor, en coordinación con la Superintendencia, con el fin de evaluar la calidad de la educación y realizar las mediciones, visitas evaluativas y ejercer las demás atribuciones que le encomienda la ley, sin alterar el normal desenvolvimiento de las actividades pedagógicas del establecimiento.

l)Requerir a los sostenedores de los establecimientos educacionales u otros organismos públicos y privados relacionados con la educación, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

m)Convenir con otros organismos de la Administración del Estado o con entidades privadas, la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones.

n)Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y a otros organismos en materias de su competencia.

ñ)Coordinar con el Ministerio de Educación el plan nacional de evaluaciones nacionales e internacionales, especialmente en relación a su viabilidad y requerimientos de implementación.

o)Cobrar y percibir derechos por la evaluación y orientación que le soliciten los establecimientos particulares pagados y por las demás certificaciones que establezca la ley en el ámbito de sus atribuciones.

p)Ejercer las demás atribuciones que determine la ley.

Párrafo 2º

De la evaluación de desempeño de los establecimientos educacionales y sostenedores.

Artículo 8º.-

La Agencia evaluará el desempeño de los establecimientos de educación parvularia, básica, media y especial, y sus sostenedores, basándose en estándares indicativos elaborados de conformidad a la ley.

El objeto de esta evaluación de desempeño será fortalecer las capacidades institucionales, orientar sus planes de mejoramiento educativo y promover la mejora continua de la calidad de la educación que ofrecen.

La evaluación de desempeño considerará, entre otros, los resultados educativos, el grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos y otros indicadores de calidad de procesos relevantes de los establecimientos, los resultados de la autoevaluación institucional, el proyecto educativo y las condiciones de contexto del establecimiento educacional.

Artículo 9º.-

Las evaluaciones de desempeño podrán ser realizadas mediante requerimientos de información, visitas evaluativas u otros medios idóneos.

Al efectuar las evaluaciones, la Agencia deberá considerar, en primer lugar, las autoevaluaciones realizadas por el establecimiento.

La Agencia podrá realizar las visitas mencionadas directamente o a través de terceros.

Artículo 10.-

El resultado de la evaluación será un informe que señale las debilidades y fortalezas del establecimiento en relación al cumplimiento de los estándares, así como las recomendaciones para mejorar su desempeño.

La Agencia determinará la forma para la elaboración de estos informes, considerando, al menos, una etapa de consulta y recepción de observaciones por parte del sostenedor del establecimiento evaluado en su desempeño.

Artículo 11.-

La Agencia sólo podrá disponer visitas evaluativas, respecto de los establecimientos particulares pagados, cuando éstos lo soliciten.

Artículo 12.-

La Agencia administrará un registro de personas o entidades acreditadas para apoyar la realización de las visitas evaluativas. Un reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir las personas o entidades para el ingreso y permanencia en el registro; el procedimiento de selección de las mismas; el tiempo de duración en el registro, sus inhabilidades y las causales que originan la salida de éste, destinadas a asegurar la calidad técnica y eficacia de su apoyo.

Párrafo 3º

De la clasificación de establecimientos según los resultados de aprendizaje de los alumnos.

Artículo 13.-

La Agencia clasificará, mediante resolución fundada, a todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, de acuerdo a los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, propuestos por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación.

Para llevar a cabo esta clasificación, la Agencia deberá considerar los resultados de aprendizaje de todas las áreas evaluadas censalmente en las mediciones nacionales, la distribución de los resultados de los alumnos en relación a los estándares de aprendizaje y las características de los alumnos del establecimiento y, cuando sea posible, indicadores de valor agregado. La Agencia determinará la metodología de clasificación, la que será oficializada por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de Hacienda. Dicha metodología se actualizará en un plazo no inferior a cuatro y que no exceda de ocho años.

Esta metodología podrá considerar resguardos que aseguren que los cambios de categoría no ocurran por un cambio en la composición del alumnado.

Para dichos efectos, los establecimientos serán clasificados en alguna de las siguientes categorías de desempeño decreciente, según los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje:

a)Establecimientos Educacionales de Buen Desempeño;

b)Establecimientos Educacionales de Desempeño Satisfactorio;

c)Establecimientos Educacionales de Desempeño Regular con Necesidad de Mejoramiento Significativo, y

d)Establecimientos Educacionales de Desempeño Insatisfactorio con Necesidad de Acciones Intensivas de Mejoramiento.

Artículo 14.-

La clasificación se realizará anualmente y considerará los resultados de los establecimientos en tres mediciones consecutivas válidas, en el caso que éstas sean anuales, y dos mediciones consecutivas válidas, en el caso que éstas se realicen cada dos años o más.

Sin embargo, en el caso de establecimientos educacionales con un número insuficiente de alumnos que rindan las mediciones, y que no permita obtener resultados válidos y confiables estadísticamente, la Agencia establecerá la metodología que permita una clasificación pertinente, considerando, entre otros factores, un número mayor de mediciones consecutivas que para el resto de los establecimientos. Dicha metodología será oficializada por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de Hacienda.

Los establecimientos educacionales que impartan educación básica y media serán clasificados por cada nivel en forma independiente, de acuerdo a resultados estadísticamente confiables. La Agencia y los sostenedores de dichos establecimientos educacionales deberán informar acerca de las evaluaciones que se realicen en cada nivel educacional a los miembros de la comunidad educativa.

Los establecimientos educacionales nuevos no serán clasificados en las categorías establecidas en el artículo anterior. Sin embargo, se considerarán para los efectos de esta ley provisoriamente como establecimientos de Desempeño Satisfactorio, hasta que cumplan con los requisitos legales para ser clasificados.

Artículo 15.-

La resolución que establezca la clasificación indicada en el artículo 13, será notificada en forma personal o mediante carta certificada al sostenedor.

Dicha resolución podrá ser impugnada mediante los recursos administrativos señalados en la ley Nº 19.880, sólo en virtud de algún error de información o procedimiento que sea determinante en la clasificación del establecimiento.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el recurso de reposición se interpondrá ante el Secretario Ejecutivo. Para el solo efecto de lo dispuesto en este artículo, el Consejo conocerá y resolverá el recurso jerárquico.

Artículo 16.-

La Agencia deberá informar al Ministerio de Educación la clasificación de los establecimientos educacionales.

Asimismo, deberá velar porque los padres y apoderados y el Consejo Escolar del establecimiento sean informados de la clasificación de los establecimientos a los que envían a sus hijos y pupilos.

En el caso de los padres y apoderados recibirán información relevante sobre los establecimientos de mejor calificación de la misma comuna.

Por su parte, los establecimientos educacionales deberán entregar anualmente un informe a sus comunidades educativas respecto de sus logros educativos y el cumplimiento de sus planes de mejoramiento, el cual será público.

Párrafo 4º

De los efectos de la clasificación de los establecimientos educacionales subvencionados o que reciben aportes del Estado.

Artículo 17.-

La Agencia tendrá un plan de visitas evaluativas anuales que considerará mayor frecuencia para los establecimientos que muestran menor grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje.

Artículo 18.-

Los establecimientos subvencionados, o que reciban aportes del Estado, de Desempeño Insatisfactorio serán objeto de visitas evaluativas, al menos cada dos años; los de Desempeño Regular, en ciclos periódicos de dos a cuatro años.

Los demás establecimientos podrán ser objeto de visitas evaluativas por parte de la Agencia con la frecuencia que ésta determine.

Artículo 19.-

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los establecimientos subvencionados, o que reciban aportes del Estado, clasificados como de buen desempeño sólo serán evaluados si el sostenedor lo solicita o si acepta expresamente las visitas dispuestas de oficio por la Agencia.

Asimismo, los sostenedores de los establecimientos particulares pagados podrán solicitar que éstos sean evaluados, previo pago de su costo a la Agencia.

La solicitud de un establecimiento particular pagado para ser evaluado, deberá ser presentada a la Agencia durante el último trimestre del año anterior al que ingrese al proceso de evaluación. En todo caso, estas evaluaciones no podrán representar más del 5% de las visitas evaluativas anuales que realice la Agencia al conjunto del sistema subvencionado.

Artículo 20.-

Los establecimientos clasificados como de Buen Desempeño, podrán incorporarse al Registro de personas o entidades de apoyo técnico pedagógico administrado por el Ministerio de Educación.

En caso que un establecimiento que forma parte del Registro, resultare clasificado en alguna de las categorías inferiores a la de Buen Desempeño, será eliminado del Registro.

Artículo 21.-

En el caso de los establecimientos de educación parvularia y de educación especial, serán objeto de evaluación en ciclos periódicos de acuerdo a un programa que deberá aprobar la Agencia.

Artículo 22.-

Una vez realizada la evaluación a que se refieren los artículos anteriores, los sostenedores de los establecimientos deberán elaborar o revisar su plan de mejoramiento educativo, incluyendo acciones que permitan hacerse cargo de las debilidades identificadas en el informe elaborado por la Agencia. Dicho plan deberá, además, explicitar las acciones que aspira llevar adelante para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes y contener, a lo menos, las estrategias, actividades, metas y recursos asociados a él.

El plan será de conocimiento público y será informado a la Agencia, al Ministerio de Educación y a la comunidad educativa en el plazo que fije la Agencia en el informe respectivo.

La Agencia tendrá que tomar en consideración este plan en su próxima evaluación y en el informe respectivo.

Artículo 23.-

Los sostenedores de los establecimientos educacionales podrán solicitar apoyo técnico pedagógico para la elaboración e implementación de su plan de mejoramiento educativo al Ministerio de Educación o a una persona o entidad del Registro de Personas o Entidades Pedagógicas o Técnicas de Apoyo del Ministerio de Educación, a su elección.

Artículo 24.-

El Ministerio de Educación podrá prestar apoyo técnico pedagógico directamente o a través de una persona o entidad del Registro creado para estos efectos y de acuerdo con la definición anual de la Ley de Presupuestos, sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 2º ter de la ley Nº 18.956.

Párrafo 5º

De las medidas especiales para los establecimientos educacionales de Desempeño Insatisfactorio.

Artículo 25.-

La clasificación de un establecimiento educacional en la categoría de Desempeño Insatisfactorio será informada a todos los padres y apoderados y al Consejo Escolar del establecimiento.

Artículo 26.-

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23 y 24 de la presente ley, los establecimientos mencionados en el artículo anterior deberán recibir apoyo técnico pedagógico. Para ello podrán recurrir al Ministerio de Educación, que prestará este servicio, o a un grupo de expertos reconocidos del Registro a que se refieren los artículos 23 y 24. Este apoyo podrá brindarse por un plazo máximo de cuatro años.

Artículo 27.-

Los establecimientos que en la siguiente clasificación no logren ubicarse en una categoría superior, pero que muestren una mejora significativa, deberán continuar recibiendo apoyo hasta por dos años más.

En el caso de aquellos establecimientos que no exhiban una mejora significativa luego de dos años de haber sido clasificados como de desempeño insatisfactorio, la Agencia deberá informar a los padres y apoderados de dichos establecimientos sobre la situación en que éstos se encuentran.

La comunicación a que alude el inciso anterior, se enviará por carta certificada y contendrá información relevante sobre los establecimientos de mejor clasificación de la misma comuna y de comunas contiguas.

Asimismo, se les otorgarán facilidades de transporte para que los alumnos accedan a tales establecimientos. La Agencia propondrá al Ministerio de Educación la dictación de un decreto supremo, que deberá ser suscrito también por el Ministro de Hacienda, que regule esta materia.

La Agencia definirá, en normas de carácter general, los criterios para determinar la “mejora significativa” de un establecimiento. Estos deben guardar relación con los estándares de aprendizaje.

Artículo 28.-

En cualquier caso, si después de cuatro años, contados de la comunicación señalada en el artículo 25, el establecimiento educacional se mantiene en la categoría de Desempeño Insatisfactorio, la Agencia deberá informar esta situación, a la Superintendencia para que ésta inicie el procedimiento administrativo para revocar el reconocimiento oficial del establecimiento.

Artículo 29.-

En el caso de los establecimientos particulares pagados clasificados en la categoría de Desempeño Insatisfactorio y transcurrido el plazo de cuatro años contado desde la comunicación mencionada en el artículo 25, la Agencia informará a la comunidad educativa para todos los efectos legales.

Párrafo 6º

De la Organización de la Agencia.

Artículo 30.-

Los órganos de la Agencia son el Consejo y el Secretario Ejecutivo.

Artículo 31.-

El Consejo estará constituido por cinco miembros de destacada experiencia en la actividad educativa, nombrados por el Ministro de Educación, previa selección conforme al Sistema de la Alta Dirección Pública.

El Consejo designará de entre sus miembros a un Presidente, quien durará en el cargo dos años.

Dicho Presidente tendrá por función dirigir el Consejo. Asimismo, citará a sesiones, fijará sus tablas, dirigirá sus deliberaciones y dirimirá sus empates. Del mismo modo, se relacionará con el Secretario Ejecutivo para la coordinación de las funciones y atribuciones de la Agencia.

Artículo 32.-

Los miembros del Consejo serán nombrados por un período de seis años, pudiendo ser designados por un nuevo período.

Los consejeros se renovarán por parcialidades de tres y dos consejeros cada tres años, respectivamente.

Artículo 33.-

Corresponderá al Consejo:

a)Aprobar y dar seguimiento al plan estratégico de la Agencia, el cual deberá ser actualizado y ajustado a lo menos cada seis años.

b)Aprobar y dar seguimiento anualmente al plan de trabajo de la Agencia, así como la memoria y el balance del año anterior, y conocer el anteproyecto de presupuesto.

c)Aprobar la clasificación de los establecimientos en los plazos que establece la ley y aprobar anualmente el cambio de clasificación de los establecimientos.

d)Aprobar el plan de evaluaciones nacionales e internacionales en coordinación con el Ministerio de Educación.

e)Ejercer las demás atribuciones que le encomienden las leyes y reglamentos.

f)Aprobar el registro de personas o entidades acreditadas para apoyar la realización de las visitas evaluativas.

Artículo 34.-

No podrán ser miembros del Consejo:

a)Los sostenedores, representantes legales, gerentes, administradores o miembros de un directorio de la entidad sostenedora de algún establecimiento educacional que imparta educación en los niveles parvulario, básico y medio o de alguna asociación de sostenedores.

b)Los senadores y diputados, Ministros de Estado, subsecretarios, intendentes o gobernadores; alcaldes o concejales; consejeros regionales; miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial; secretarios o relatores del Tribunal Constitucional; fiscales del Ministerio Público; miembros del Tribunal Calificador de Elecciones o su secretario-relator; miembros de los tribunales electorales regionales, suplentes o secretarios-relatores, y miembros de los demás tribunales creados por ley.

c)Los inscritos en el registro de personas naturales acreditadas como evaluadores.

d)Los que formen parte del registro de administradores provisionales a cargo de la Superintendencia.

Artículo 35.-

Los Consejeros deberán informar inmediatamente al Presidente de todo hecho, cualquiera sea su naturaleza, que le reste imparcialidad en sus decisiones o acuerdos, absteniéndose, en el acto, de conocer del asunto respecto del cual se configure la causal.

En particular, estarán inhabilitados de intervenir en aquellos asuntos que afecten a:

a)Establecimientos de educación parvularia, básica o media con que tengan un vínculo patrimonial o laboral.

b)Establecimientos de educación parvularia, básica o media en que se desempeñen como asesores o consultores, a cualquier título.

c)Instituciones de asistencia técnica en que participen como propietarios, como dependientes o en que tengan otra clase de intereses patrimoniales.

d)Establecimientos de educación parvularia, básica o media en que se desempeñen como docente.

Los consejeros que, estando inhabilitados, actúen en tales asuntos, serán removidos de su cargo y quedarán impedidos de ejercerlo nuevamente.

Las inhabilidades e incompatibilidades serán aplicables a todos los funcionarios de la Agencia.

Artículo 36.-

Serán causales de cesación en el cargo de consejero las siguientes:

a)Expiración del plazo por el que fueron designados.

b)Renuncia aceptada por el Ministro de Educación.

c)Incapacidad legal sobreviniente, circunstancia que será calificada por la mayoría de los consejeros con exclusión del afectado.

d)Actuación en un asunto en que estuvieren legalmente inhabilitados.

e)Incumplimiento de los deberes y obligaciones que establece esta ley.

En caso que uno o más consejeros cesaren por cualquier causa en su cargo, procederá la designación de un nuevo consejero, sujeto al mismo procedimiento dispuesto en el artículo 31 de la presente ley, por el período que restare.

Si el consejero que cesare en el cargo en virtud del inciso precedente invistiere la condición de Presidente del Consejo, su reemplazante será designado en la forma prevista en el artículo 31 de la presente ley, por el tiempo que faltare al que produjo la vacante.

Artículo 37.-

Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, el quórum para sesionar y para adoptar acuerdos, los procedimientos para decidir en caso de empate y, en general, aquellas normas que permitan una gestión flexible, eficaz y eficiente, serán definidas por las normas que dicte la Agencia.

Artículo 38.-

Los consejeros percibirán una dieta equivalente a 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 100 de dichas unidades por mes calendario.

Artículo 39.-

El Secretario Ejecutivo será el Jefe Superior del Servicio y

estará afecto al sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882.

Corresponderá al Secretario Ejecutivo las siguientes atribuciones:

a)Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo, y proponerle el programa anual de trabajo del servicio;

b)Participar en el Consejo con derecho a voz;

c)Delegar en funcionarios de la institución las funciones y atribuciones que estime conveniente;

d)Conocer y resolver todo asunto relacionado con los intereses de la Agencia, salvo aquellas materias que la ley reserva al Consejo, pudiendo al efecto ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios o conducentes a la obtención de los objetivos del servicio, ya sea con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado;

e)Comunicar a los organismos competentes los antecedentes de que disponga o de que tome conocimiento, para que éstos ejerzan a su vez las facultades que les sean propias;

f)Dictar las resoluciones que apruebe el Consejo, así como conocer los recursos que procedan conforme a la ley. Le corresponderá también, cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le imparta el Consejo y realizar los actos que éste le delegue en el ejercicio de sus atribuciones;

g)Informar a la Superintendencia de la clasificación de un establecimiento como de Desempeño Insatisfactorio y del hecho que un establecimiento, a pesar de los apoyos y habiéndose cumplido los plazos establecidos en la ley, no logre los estándares mínimos exigidos;

h)Representar judicial y extrajudicialmente al servicio;

i)Preparar el plan anual de trabajo, el anteproyecto de presupuesto y toda otra materia que deba ser sometida a la consideración del Consejo;

j)Gestionar administrativamente el servicio;

k)Contratar labores operativas de inspección o verificación del cumplimiento de las normas de su competencia a terceros idóneos debidamente certificados;

l)Celebrar convenios y ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento de los fines del servicio;

m)Nombrar y remover personal del servicio, de conformidad a la presente ley y a las normas estatutarias;

n)Informar periódicamente al Consejo respecto de la marcha de la institución y del cumplimiento de sus acuerdos e instrucciones, y

ñ)Ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Artículo 40.-

El personal de la Agencia se regulará por las normas de esta ley y por los reglamentos que de conformidad a ella se dicten, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo y, en materia de remuneraciones, por las normas que fije el decreto con fuerza de ley a que se refiere el artículo tercero transitorio de la presente ley.

Artículo 41.-

Previo acuerdo del Consejo, el Secretario Ejecutivo, con sujeción a la planta de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

El personal a contrata de la Agencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Secretario Ejecutivo. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Agencia de Calidad.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios, se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

Artículo 42.-

El personal de la Agencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley.

Asimismo, tendrá prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su evaluación otros servicios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta.

Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos de exigir responsabilidad administrativa, lo que se exigirá con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiera configurarse.

Artículo 43.-

Sin perjuicio de las causales previstas en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, para la cesación del cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

a)Necesidades de la Agencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Agencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II nivel jerárquico de la Agencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Secretario Ejecutivo ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que adoptarán y la forma y oportunidad en que recibirán la información y antecedentes requeridos al efecto.

b)Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a) precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Párrafo 7º

Patrimonio de la Agencia.

Artículo 44.-

El patrimonio de la Agencia estará constituido por:

a)Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b)Los recursos otorgados por leyes especiales;

c)Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o que adquiera a cualquier título;

d)Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios;

e)Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

f)Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

g)Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.

La Agencia estará sujeta a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, y sus disposiciones complementarias.

TÍTULO III

DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

Párrafo 1º

Objeto y atribuciones

Artículo 45.-

Créase la Superintendencia de Educación, en adelante “la Superintendencia”, servicio público funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

La Superintendencia constituye una institución fiscalizadora en los términos del decreto ley N° 3.551, de 1981, y estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882.

El domicilio de la Superintendencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las Direcciones Regionales que constituya.

Artículo 46.-

El objeto de la Superintendencia será fiscalizar el uso de los recursos por los sostenedores y los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, y que éstos cumplan con las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, en adelante “la normativa educacional”. Asimismo, proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, y atenderá los reclamos y denuncias de éstos, estableciendo las sanciones que en cada caso corresponda.

Artículo 47.-

Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones:

a)Fiscalizar que las personas o instituciones sujetas a fiscalización cumplan con la normativa educacional.

b)Fiscalizar la rendición de cuenta del uso de los recursos, a través de procedimientos contables simples generalmente aceptados, de acuerdo al párrafo 2º de este título.

c)Realizar y ordenar auditorías a la gestión financiera de los sostenedores en los casos que disponga la legislación vigente.

d)Ingresar a los establecimientos educacionales y dependencias del sostenedor que tengan relación con la administración del establecimiento, a objeto de realizar las funciones que le son propias. En el ejercicio de esta atribución, los funcionarios de la Superintendencia no podrán impedir el normal desenvolvimiento de las actividades pedagógicas del establecimiento.

e)Acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin impedir el normal desarrollo de las actividades pedagógicas del mismo, y examinar, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las personas y/o entidades fiscalizadas, y disponer de todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor fiscalización. La Superintendencia, mediante resolución, determinará aquellos libros, archivos y documentos que deberán estar permanentemente disponibles para su examen en el propio establecimiento educacional. Las mismas facultades, y en los mismos términos, tendrá la Superintendencia respecto de los terceros que administren los establecimientos educacionales.

f)Citar a declarar a los sostenedores, representantes, administradores y dependientes de las instituciones fiscalizadas respecto de algún hecho que estime necesario para resolver alguna denuncia o reclamo que esté conociendo o cuando de oficio, en un procedimiento administrativo, lo determine en cumplimiento de sus funciones. Las mismas facultades, y en los mismos términos, tendrá la Superintendencia respecto de los terceros que administren y presten servicios a los establecimientos educacionales.

g)Resolver consultas, investigar denuncias y resolver reclamos que los distintos miembros de la comunidad escolar presenten, pudiendo desarrollar instancias de mediación.

h)Formular cargos, sustanciar su tramitación y resolver los procesos que se sigan respecto de todos los incumplimientos o faltas a la normativa educacional, así como de los que conozca por la vía de denuncias o reclamos del público o por denuncia que formule el Ministerio de Educación u otros órganos públicos.

i)Disponer el nombramiento de un administrador provisional para la gestión de los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado, en los casos que determine la presente ley.

j)Fiscalizar el cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional y, cuando corresponda, remitir los antecedentes al Ministerio de Educación para que éste, en un plazo no superior al término del año escolar, proceda a la revocación del reconocimiento señalado.

k)Imponer las sanciones correspondientes por infracción a la normativa educacional, así como aquéllas que proponga la Agencia de Calidad de la Educación.

l)Aplicar e interpretar administrativamente la normativa educacional, cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones fundadas de general aplicación al sector sujeto a su fiscalización, sin perjuicio del ejercicio de las facultades propias del Ministerio de Educación. La normativa que emane de la Superintendencia deberá ser sistematizada de tal forma de facilitar el acceso y conocimiento de ella por parte del sujeto a su fiscalización.

m)Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.

n)Requerir de los sostenedores y docentes directivos de los establecimientos educacionales u otros organismos públicos y privados relacionados, en el ámbito de sus atribuciones, la información que estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrá recoger la información proporcionada por las instituciones, procesarla cuando corresponda, y distribuirla anualmente a los distintos usuarios.

ñ)Poner a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de establecimientos educacionales, sostenedores, docentes, estudiantes, y demás integrantes de la comunidad educativa y crear y administrar los registros que sean necesarios para ejercer sus funciones.

o)Convenir con otros organismos de la Administración del Estado o con entidades privadas, la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones.

p)Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y a otros organismos en materias de su competencia.

q)Cobrar y percibir los derechos de actuaciones y certificaciones que establezca la ley en el ámbito de sus atribuciones.

r)Realizar las demás funciones que le encomienden las leyes o los reglamentos.

Párrafo 2º

De la Fiscalización.

Artículo 48.-

En el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la Superintendencia actuará de oficio o a petición de interesado.

La Superintendencia formulará cargos e instruirá el respectivo procedimiento en caso de verificar, por sí o a través de terceros, la existencia de una o más contravenciones a la normativa educacional.

En el caso de denuncias que le comuniquen el Ministerio de Educación o la Agencia de Calidad, la Superintendencia ordenará directamente la formulación de cargos y la instrucción del respectivo proceso.

Artículo 49.-

Para los efectos de la presente ley, el personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá también el carácter de Ministro de Fe respecto de todas las actuaciones que realice en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrá tomar declaraciones bajo juramento. Los hechos constatados por los funcionarios y sobre los cuales deban informar, de oficio o a requerimiento, podrán constituir presunción legal de veracidad para todos los efectos de la prueba judicial.

Las acciones de fiscalización podrán llevarse a efecto en cualquier momento, siempre que no se impida con ellas el normal desarrollo de las actividades pedagógicas del establecimiento. Los entes fiscalizados deberán otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los referidos funcionarios.

Párrafo 3º

De la rendición de cuentas.

Artículo 50.-

Los sostenedores y los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado, deberán rendir cuenta pública del uso de los recursos a través de procedimientos contables simples generalmente aceptados, respecto de cada uno de sus establecimientos educacionales de acuerdo a los instrumentos y formatos estandarizados que fije la Superintendencia.

Además, en caso de sospechas fundadas, la Superintendencia podrá realizar auditorías o requerir, a petición del sostenedor del establecimiento, que instituciones externas las efectúen, para comprobar la veracidad y exactitud de la información financiera que le hayan proporcionado. Si estas auditorías fueran realizadas por instituciones externas, la elección de la institución y su financiamiento corresponderá al sostenedor. La institución que realice la auditoría externa, deberá estar inscrita en un registro que para tales efectos lleve la Superintendencia.

Artículo 51.-

La Superintendencia deberá levantar un informe con las observaciones y recomendaciones que le ameriten las auditorías. Si detectare infracciones que puedan ser objeto de sanción, deberá abrir el procedimiento sancionatorio correspondiente y formular los cargos que procedieren.

Párrafo 4º

De la Atención de Denuncias y Reclamos.

Artículo 52.-

La Superintendencia recibirá las denuncias y resolverá los reclamos que se formulen por los miembros de la comunidad educativa u otros interesados y que se refieran a materias de su competencia, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

Artículo 53.-

Para los efectos de esta ley, la denuncia es el acto escrito u oral por medio del cual una persona o grupo de personas interesadas y previamente individualizadas, ponen en conocimiento de la Superintendencia una eventual irregularidad, con el objeto de que ésta investigue y adopte las medidas que correspondan.

Se entenderá por reclamo la petición formal realizada a la Superintendencia por alguna de las personas señaladas en el artículo anterior, en orden a que ésta resuelva la controversia existente entre el reclamante y alguna de las entidades fiscalizadas, apersonándose el reclamante en el procedimiento.

Artículo 54.-

Formulada una denuncia o recibido un reclamo, la Superintendencia podrá abrir un período de información previo con el fin de conocer las circunstancias concretas del caso y la conveniencia de iniciar un procedimiento.

Artículo 55.-

En el caso de denuncia o reclamo respecto de los establecimientos particulares pagados, la Superintendencia podrá investigar y exigir la entrega de los antecedentes que corresponda.

Artículo 56.-

Admitida una denuncia o reclamo a tramitación, el Director Regional ordenará la apertura de un expediente y designará al funcionario encargado de su tramitación, quien notificará al denunciado o reclamado.

Artículo 57.-

El funcionario designado podrá citar a los interesados a una audiencia de mediación en la cual propondrá bases de arreglo para solucionar el conflicto. Las opiniones que emita en esa audiencia no lo inhabilitarán para seguir conociendo de la causa.

Artículo 58.-

Las notificaciones a los interesados se realizarán por medio de carta certificada al domicilio que éstos fijen en la primera actuación, y se entenderán practicadas desde el tercer día desde la fecha de su despacho en la oficina de correos. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán registrar en la Superintendencia una dirección de correo electrónico en la cual recibir las notificaciones respectivas que, para todos los efectos legales, se entenderán practicadas al día hábil siguiente de su despacho.

Artículo 59.-

Un reglamento establecerá la forma de tramitación y los requisitos que deben cumplir las diligencias, actuaciones y las medidas precautorias que se decreten, debiendo velar porque se respete la igualdad de condiciones entre los involucrados, la facultad del reclamante de retirarse del procedimiento en cualquier momento, la bilateralidad de la audiencia, la imparcialidad y la transparencia del proceso.

Artículo 60

-La Superintendencia deberá mantener un registro público con las estadísticas de denuncias y reclamos conocidos y resueltos.

Artículo 61.-

Si el Director Regional o el Superintendente mediante resolución fundada, establece que la denuncia o reclamo carece manifiestamente de fundamentos, podrá imponer a quien lo hubiere formulado una multa no inferior a 1 UTM y no superior a 10 UTM, atendida la gravedad de la infracción imputada.

Párrafo 5º

De las infracciones y sanciones.

Artículo 62.-

Si se detectaren infracciones que pudieren significar contravención a la normativa educacional, el Director Regional competente, mediante resolución fundada, ordenará la instrucción de un procedimiento y designará un fiscal instructor encargado de su tramitación, de formular cargos, de investigar los hechos, solicitar informes, ponderar las pruebas y disponer toda otra diligencia que dé curso al procedimiento.

Artículo 63

- Tratándose de denuncias derivadas del Ministerio de Educación o la Agencia, el Director Regional competente ordenará directamente la formulación de cargos y la instrucción del procedimiento.

Artículo 64.-

La resolución que ordena instruir el procedimiento deberá notificarse al sostenedor o a su representante legal, personalmente, por carta certificada o correo electrónico. Esta actuación debe constar en el expediente administrativo.

La notificación por carta certificada se enviará al domicilio del establecimiento educacional donde hubieren ocurrido los hechos que dan origen a los cargos o al domicilio del Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad o de la Corporación Municipal de que se trate, o el que corresponda, tratándose de otra entidad creada por ley. La notificación se entenderá practicada al tercer día hábil siguiente del despacho de correos.

La notificación por correo electrónico deberá enviarse a la dirección registrada por el sostenedor ante la Superintendencia y se entenderá practicada al día hábil siguiente de su despacho.

En el caso de infracción a lo dispuesto en los artículo 72 letra b) y 73 letra b) de esta ley, la notificación también se efectuará al obligado a proporcionar la información que se solicite.

Artículo 65.-

Una vez notificado el sostenedor, de acuerdo al artículo anterior, el Director Regional, podrá proponer al Superintendente, como medida precautoria, ordenar mediante resolución fundada, la retención inmediata, ya sea total o parcial del pago de la subvención, sólo en los casos señalados en las letras d), f), g) , h) y l) del artículo 72. El Ministerio de Educación deberá proceder en el sentido dispuesto por la Superintendencia.

Esta medida sólo podrá ser dispuesta oyendo al afectado, y podrá ser impugnada dentro de los 5 días hábiles siguientes, sin suspender la tramitación del procedimiento administrativo principal. En tal caso, la Administración tendrá igual plazo para resolver.

Artículo 66.-

Formulados los cargos, la persona objeto del procedimiento tendrá un plazo de diez días contado desde la fecha de la notificación para presentar descargos y los medios de prueba que estime pertinentes.

Artículo 67.-

Presentados los descargos, o transcurrido el plazo para tal efecto, el fiscal instructor elaborará un informe y propondrá al Director Regional respectivo la aplicación de sanciones o el sobreseimiento, según corresponda.

Artículo 68.-

Corresponderá al Director Regional, de acuerdo al mérito de los antecedentes y por resolución fundada, sobreseer o aplicar las sanciones establecidas en el artículo siguiente.

La prueba que se rinda se apreciará de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Si correspondiere sancionar un hecho que constituya una infracción tanto a esta ley como al decreto fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, el Director Regional aplicará la sanción que corresponda como si se tratara de una sola infracción.

Artículo 69.-

Comprobada la infracción a la normativa educacional, y sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda, el Director Regional, podrá aplicar las siguientes sanciones, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de ellas:

a)Amonestación por escrito, en cuyo caso deberá señalarse el origen de la infracción administrativa, como asimismo el plazo dentro del cual deberá ser subsanada.

b)Multa, de acuerdo de la siguiente proporción:

1.- En el caso de las infracciones leves las multas no excederán de 50 UTM.

2.- En el caso de infracciones menos graves, las multas no podrán exceder de 500 UTM.

3.- En el caso de infracciones graves, las multas no podrán exceder de 1000 UTM.

La multa aplicada deberá ser proporcional a la matrícula total del establecimiento a la fecha de la infracción, al beneficio económico obtenido con ocasión de la infracción, a la intencionalidad de la comisión de la infracción, y a la subvención mensual por alumno o los recursos que el establecimiento reciba regularmente.

Para los establecimientos educacionales regidos por los títulos I y II del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, se entenderá por subvención mensual por alumno la que resulte de aplicar sus artículos 9º, 9º bis y 11, según corresponda.

Para los establecimientos educacionales regidos por el título II de la ley señalada, la aplicación de la multa se aumentará según el cobro mensual promedio del establecimiento.

Para los establecimientos de educación técnico-profesional regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, la multa deberá ser proporcional al promedio mensual de los recursos que se les asignen con el objeto de financiar su operación y funcionamiento.

Para los establecimientos particulares pagados, la multa será proporcional al promedio mensual de los cobros por motivo de arancel y matrícula.

c)Privación temporal de la subvención, la que podrá ser total o parcial. La privación de la subvención no podrá exceder de 12 meses consecutivos.

d) Privación definitiva de la subvención.

e) Inhabilitación temporal o a perpetuidad de la calidad de sostenedor y para mantener o participar en cualquier forma en la administración de establecimientos educacionales, la que se entenderá aplicada a sus socios, representantes legales, gerentes, administradores y directores;

f)Revocación del reconocimiento oficial.

Artículo 70.-

En caso que la Superintendencia disponga la sanción de privación de la subvención, inhabilidad del sostenedor y/o revocación del reconocimiento oficial del Estado, deberá enviar al Ministerio de Educación los antecedentes que correspondan para su aplicación y posterior inclusión en el registro correspondiente.

Artículo 71.-

Los hechos, actos u omisiones que constituyen infracciones administrativas, serán graves, menos graves y leves.

Artículo 72.-

Son infracciones graves:

a)No efectuar la rendición de cuentas en la forma que determina la ley.

b)No entregar la información solicitada por el Ministerio de Educación, la Agencia o la Superintendencia conforme a la normativa educacional.

c)Incumplir alguno de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado.

d)Incumplir reiteradamente los estándares de aprendizaje exigidos en conformidad a las leyes.

e)Alterar los resultados de las mediciones de aprendizaje.

f)Impedir, entorpecer u obstaculizar la fiscalización de la Superintendencia.

g)Realizar acciones dolosas destinadas a obtener la subvención educacional, tales como alterar la asistencia media o la matrícula de los alumnos.

h)Cobrar indebidamente derechos de escolaridad.

i)Hacer obligatorio el pago de matrícula u otros cobros que tengan carácter voluntario.

j)Exigir cobros o aportes económicos a través de terceros prohibidos en la ley.

k)Incurrir en atraso reiterado en el pago de las remuneraciones, cotizaciones provisionales y de salud de su personal, sin perjuicio de las facultades que sobre la materia detentan otros órganos.

l)Toda otra que haya sido expresamente calificada como grave en el decreto con fuerza de ley Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación, y en la normativa educacional.

Artículo 73.-

Son infracciones menos graves:

a)Efectuar tardía o incompletamente la rendición de cuenta.

b)Entregar la información requerida por la Superintendencia en forma incompleta o inexacta.

c)Infringir los deberes y derechos establecidos en la normativa educacional que no sean calificados como infracción grave.

d)Cobrar indebidamente valores superiores a los establecidos.

e)No prestar el servicio educativo en conformidad a la ley, los reglamentos y los convenios respectivos.

f)Toda otra infracción que sea expresamente calificada como tal en el decreto con fuerza de ley Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación, y en la normativa educacional.

En caso de infracciones que tengan el carácter de menos graves, sólo podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa establecidas en esta ley.

Artículo 74.-

Son infracciones leves aquellas en que incurran los sostenedores y/o establecimientos educacionales, contra la normativa educacional y que no tengan señalada una sanción especial.

Las infracciones leves sólo serán sancionadas si no fueren subsanadas en el plazo que prudencialmente conceda al efecto el fiscalizador de la Superintendencia.

En este caso, podrán ser amonestados o sancionados con multa, a beneficio fiscal.

Artículo 75.-

Constituyen circunstancias atenuantes de responsabilidad administrativa:

a)Subsanar los incumplimientos reportados por la Superintendencia, dentro del plazo de 30 días contados desde la notificación.

b)No haber sido sancionado con antelación con ninguna de las sanciones previstas en la legislación educacional.

c)Concurrir a las oficinas de la Superintendencia y denunciar estar cometiendo, por sí, cualquier infracción a la normativa educacional.

La circunstancia señalada en la letra c) sólo procederá cuando el sostenedor suministre información precisa, verídica y comprobable respecto de los hechos que constituyen la infracción y ponga fin, de inmediato, a los mismos.

Artículo 76.-

Se considerarán circunstancias agravantes de responsabilidad:

a)La no concurrencia de los sostenedores, representantes, administradores y dependientes de las instituciones fiscalizadas a las citaciones a declarar efectuadas por la Superintendencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 letra f) de la presente ley.

b)El incumplimiento reiterado de las instrucciones formuladas por la Superintendencia.

c)Haber sido sancionado con antelación en virtud de alguno de los procesos administrativos previstos en la normativa educacional vigente.

En el caso de la letra c) de este artículo, la multa deberá ser aumentada hasta el doble, como máximo, conforme a los criterios señalados en el artículo 69 letra b) de la presente ley.

Artículo 77.-

La sanción de multa no impide la aplicación de la inhabilitación temporal o perpetua de la calidad de sostenedor, ni la de revocación del reconocimiento oficial del Estado.

Artículo 78.-

Tratándose de multa aplicada a establecimientos educacionales subvencionados, o que reciban aportes del Estado, el pago de la misma se efectuará a través del descuento, total o en cuotas, de la multa correspondiente de la subvención mensual a percibir. En el caso de establecimientos particulares pagados, las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República.

Un reglamento fijará la forma, modalidad y oportunidad del pago de la multa impuesta, así como su reintegro en los casos que corresponda.

Las multas impuestas por la Superintendencia serán de beneficio fiscal.

El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia, en conformidad a la ley, devengará los intereses y reajustes establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Artículo 79.-

En caso que la Superintendencia disponga la sanción de revocación del reconocimiento oficial del Estado, el Ministerio de Educación deberá adoptar todas las medidas que resulten pertinentes para asegurar el derecho a la educación de los alumnos, en coordinación con las facultades que detenta esta Superintendencia.

Artículo 80.-

En contra de la resolución del Director Regional que aplique cualquiera de las sanciones señaladas, procederán los recursos administrativos que establece la ley Nº 19.880.

Artículo 81.-

Los afectados que estimen que las resoluciones del Superintendente no se ajustan a la normativa educacional, podrán reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación de la resolución que se impugna, para que las deje sin efecto.

La Corte deberá pronunciarse en cuenta sobre la admisibilidad del recurso.

Admitido el recurso, la Corte de Apelaciones dará traslado de éste a la Superintendencia, notificándola por oficio, y ésta dispondrá del plazo de diez días, contado desde que se notifique la apelación interpuesta, para evacuar el informe respectivo.

Evacuado el traslado por la Superintendencia, o vencido el plazo de que dispone para emitir su informe, la Corte ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala.

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días, la cual podrá ser apelada ante la Corte Suprema dentro del plazo de diez días hábiles, la que resolverá en cuenta.

Artículo 82.-

Contra la sanción de amonestación no procederá recurso administrativo alguno.

Artículo 83.-

La Superintendencia no podrá aplicar ningún tipo de sanción luego de transcurridos cuatro años desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho. El inicio de la investigación respectiva suspenderá este plazo de prescripción.

Todo proceso que inicie la Superintendencia deberá concluir en un plazo que no exceda los dos años.

Párrafo 6º

Del Administrador Provisional.

Artículo 84.-

La Superintendencia de Educación, mediante resolución fundada, podrá nombrar un Administrador Provisional, para que asuma las funciones que competen al sostenedor de un establecimiento educacional subvencionado o que reciba aportes del Estado, con el objeto de asegurar el adecuado funcionamiento de dicho establecimiento y la continuidad del servicio educativo.

El administrador provisional durará en su cargo sólo hasta el término del año escolar en curso, salvo lo establecido en el inciso segundo del artículo 91 de la presente ley.

Artículo 85.-

No podrá ser nombrado como Administrador Provisional de un establecimiento educacional:

a)El cónyuge, ni los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del sostenedor del establecimiento educacional y de quienes hayan sido directores titulares o administradores de la persona jurídica;

b)Los acreedores o deudores del sostenedor o que tengan algún interés pecuniario directo en empresas relacionadas;

c)Los administradores de bienes del sostenedor.

Sin perjuicio de lo anterior, regirán respecto de estas personas las inhabilidades de los artículos 54 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Artículo 86.-

Sólo se podrá nombrar un Administrador Provisional en los siguientes casos:

a) Cuando el establecimiento educacional se mantenga en la categoría de Desempeño Insatisfactorio por más de cuatro años consecutivos y exista riesgo de afectar la continuidad del año escolar.

b) Cuando el sostenedor se ausente injustificadamente, poniendo en riesgo la continuidad del año escolar.

c) Cuando, por razones imputables al sostenedor, se haga imposible la mantención del servicio educativo a consecuencia de sanciones, medidas precautorias, embargos, ejecuciones, retiros que afecten al establecimiento educacional o a su mobiliario.

d) Cuando exista atraso reiterado en el pago de las remuneraciones, cotizaciones previsionales y/o de salud del personal del establecimiento. Se entenderá por atraso reiterado la mora total o parcial en el pago de dos meses consecutivos o de tres en un período de seis.

e) Cuando, por causa imputable al sostenedor, se suspendan los servicios básicos para el buen funcionamiento del local escolar. Se entenderá por suspensión reiterada la no disponibilidad del servicio básico en un período de tres días hábiles consecutivos o cinco días hábiles en un período de seis meses.

Artículo 87.-

Al asumir sus funciones, el Administrador Provisional levantará un acta que dé cuenta del estado administrativo y financiero del establecimiento educacional, que será entregada a la Superintendencia.

Además, dentro de los 20 días siguientes a su nombramiento, deberá presentar un plan de trabajo, que deberá ser aprobado por el Superintendente.

El administrador provisional deberá presentar informes trimestrales de avance de su gestión y dar cuenta documentada de ella al Superintendente de Educación al término de sus funciones.

Una vez que la rendición de cuenta haya sido aprobada por la Superintendencia, ella será incorporada a un registro de carácter público, de conformidad a lo dispuesto en el reglamento.

El Administrador Provisional responderá de la culpa leve en su administración.

Artículo 88.-

Desde la fecha de designación del Administrador Provisional, el sostenedor del establecimiento será sustituido por éste para todos los efectos legales, quedando inhabilitado para percibir la subvención educacional.

Sin perjuicio de lo anterior, el sostenedor será responsable de todas las obligaciones que se hubieren generado en virtud del funcionamiento del establecimiento educacional con antelación al inicio de la Administración Provisional.

El nombramiento de administrador provisional procederá sin perjuicio de hacer efectiva la garantía establecida en el artículo 56 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación.

Artículo 89.-

El Administrador Provisional asumirá las facultades que competen al sostenedor del establecimiento educacional en el cual desempeñará su cargo y tendrá las facultades consignadas en el artículo 2.132 del Código Civil.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Administrador Provisional tendrá, especialmente, las siguientes facultades:

a)Asumir la representación legal del establecimiento, sea particular subvencionado, municipal o cuyo sostenedor sea otra entidad creada por ley;

b)Asegurar la continuidad escolar y la disponibilidad de matrícula para los alumnos del establecimiento, de conformidad a lo establecido en esta ley;

c)Percibir y administrar los recursos de que trata el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación;

d)Pagar las obligaciones derivadas del servicio educacional desde el momento que asume sus funciones, con el límite de los recursos que reciba para su gestión, de acuerdo a las prioridades que establezca, y considerando el buen desempeño del establecimiento educacional;

e)Poner término a la relación laboral del personal del establecimiento educacional, y

f)Constituir prenda sobre los bienes del establecimiento a fin de garantizar su buen funcionamiento.

g)Devolver la administración de los bienes al sostenedor al término de su gestión.

Las facultades del Administrador Provisional serán indelegables.

Artículo 90.-

El nombramiento de un Administrador Provisional, en el caso de la letra a) del artículo 86 de la presente ley, podrá tener por objeto hacer efectiva la revocación del reconocimiento oficial del establecimiento, siempre que existan establecimientos cercanos que impartan el mismo nivel educativo, clasificados en una categoría superior.

Para proceder a cerrar el establecimiento el Administrador Provisional deberá dar continuidad al servicio educativo, por el período que reste hasta el término del año escolar, asegurando la matrícula disponible a los alumnos para el año escolar siguiente en otros establecimientos educacionales.

Artículo 91.-

El Administrador Provisional tendrá facultades para reestructurar un establecimiento educacional, siempre que se trate de establecimientos educacionales administrados por municipalidades, sea directamente o por sus corporaciones municipales, o administrados por otras entidades creadas por ley, y no existan establecimientos cercanos que impartan el mismo nivel educativo, clasificados en mejor categoría.

El Administrador Provisional se hará cargo de las obligaciones legales hasta la entrega del establecimiento educacional a la Municipalidad o corporación respectiva, o a la entidad creada por ley que corresponda, la que deberá materializarse dentro del plazo de tres años, contado desde la fecha de su nombramiento.

Artículo 92.-

Para los efectos de lo dispuesto en este Párrafo, se entiende por establecimientos cercanos, aquellos cuyos sostenedor sea una Municipalidad, una corporación municipal u otra entidad creada por ley, y que se encuentren emplazados en la misma comuna y tengan matrícula disponible para atender las necesidades educativas que se generen, salvo que estén ubicados en zonas de aislamiento geográfico o de difícil acceso.

Artículo 93.-

Ningún establecimiento podrá ser objeto de restructuración más de dos veces en un período de diez años.

Si el establecimiento educacional resulta clasificado como insatisfactorio después de finalizada la segunda reestructuración dentro de tal período, la Agencia de Calidad comunicará la situación a la Superintendencia para que ésta inicie el procedimiento administrativo para revocar el reconocimiento oficial del establecimiento.

Artículo 94.-

Créase un Registro Público de Administradores Provisionales, a cargo de la Superintendencia, que incluirá las personas naturales y jurídicas, habilitadas para cumplir las funciones de Administrador Provisional.

Un reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir las personas para el ingreso y permanencia en el registro o subregistros que se creen; procedimiento de selección, mecanismos de evaluación y acreditación de ellas; tiempo de duración en el registro y causales que originan la salida de éste, a fin de asegurar la idoneidad del Administrador Provisional y la efectividad de su gestión.

Artículo 95.-

Los honorarios del Administrador Provisional serán pagados con cargo a la subvención que le corresponda recibir al establecimiento, conforme a la ley. En la parte no cubierta por estos recursos, será cubierta por la Superintendencia.

Párrafo 7º

De la Organización de la Superintendencia.

Artículo 96.-

Un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, con el título de Superintendente de Educación, será el Jefe Superior de la Superintendencia y tendrá la representación judicial y extrajudicial de la misma. Dicho funcionario estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.

Artículo 97.-

Corresponderá al Superintendente especialmente:

a)Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia y ejercer, respecto de su personal, las atribuciones propias de su calidad de Jefe Superior de Servicio.

b)Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Superintendencia.

c)Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio. En el ejercicio de estas facultades podrá administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza.

d)Nombrar y remover al personal del Servicio, de conformidad a la presente ley y a las normas estatutarias.

e)Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia, de conformidad a la ley.

f)Contratar las labores operativas de inspección o verificación del cumplimiento de las normas de su competencia a terceros idóneos debidamente certificados conforme al reglamento respectivo.

g)Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas, elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento.

h)Conocer y resolver los recursos que la ley establece.

i)Imponer las sanciones y multas que establece la presente ley y las demás disposiciones legales que regulen la actividad educacional e informar de éstas al Ministerio de Educación, para que sean incorporadas en el registro correspondiente.

j)Ejercer las demás atribuciones que le encomienden las leyes y reglamentos.

Sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Superintendente deberá poner en conocimiento de los demás organismos fiscalizadores los antecedentes de que disponga o de que tome conocimiento, para que éstos ejerzan a su vez las facultades que les sean propias.

Artículo 98.-

La Superintendencia se desconcentrará territorialmente a través de Direcciones Regionales de conformidad a lo establecido en la ley.

Artículo 99.-

El personal de la Superintendencia se regulará por las normas de esta ley, por el D.F.L. a que se refiere el artículo tercero transitorio y por los reglamentos que de conformidad a ella se dicten. Supletoriamente, le serán aplicables las normas del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 100.-

El Superintendente, con sujeción a la planta de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

El personal a contrata de la Superintendencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Superintendente. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Superintendencia.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios, se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

Artículo 101.-

El Superintendente podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la administración civil del Estado, sin que rijan las limitaciones establecidas por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes.

Artículo 102.-

El personal de la Superintendencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos administrativos, lo que no obsta a las sanciones penales que procedan.

Artículo 103.-

El personal de la Superintendencia tendrá prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su fiscalización otros servicios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta. Cualquiera infracción a esta norma será constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan de conformidad a la ley.

Artículo 104.-

Sin perjuicio de las causales previstas en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo, para la cesación del cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

a)Necesidades de la Superintendencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Superintendencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II nivel jerárquico de la Superintendencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Superintendente ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que se adopten y la forma y oportunidad en que se recepcione la información y antecedentes requeridos al efecto.

b)Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a) precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 105.-

El personal de la Superintendencia que detente cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos deberá desempeñarse con dedicación exclusiva. Sin perjuicio de lo anterior, podrá realizar labores docentes en los términos del artículo 8° de la Ley N° 19.863, ejercer los derechos que le atañen personalmente, percibir los beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable y los emolumentos que provengan de la administración de su patrimonio.

Artículo 106.-

La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos.

Párrafo 8º

Del Patrimonio.

Artículo 107.-

El patrimonio de la Superintendencia estará constituido por:

a)Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b)Los recursos otorgados por leyes especiales;

c)Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o que adquiera a cualquier título;

d)Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios;

e)Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

g)Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.

La Superintendencia estará sujeta a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado y sus disposiciones complementarias.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 108.-

Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Artículo 109.-

En los casos no contemplados en la presente ley, la entrega de información que se requiera a estos órganos, se someterá al procedimiento establecido en los artículos 13 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000.

Artículo 110.-

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y en lo que faltare con cargo a la partida Presupuestaria del Tesoro Público.

Artículo 111.-

Un reglamento establecerá los mecanismos que permitan una coordinación eficaz entre los órganos del Estado que componen el Sistema.

Las visitas inspectivas, evaluativas o de fiscalización que realicen los órganos mencionados deberán realizarse coordinadamente.

La Agencia deberá informar a la Superintendencia de Educación, la exclusión indebida de alumnos de bajo rendimiento de las mediciones, filtración de pruebas o cualquier otro intento de manipulación de los resultados de las mediciones de aprendizaje, con el objeto que adopte las medidas pertinentes y aplique las sanciones que corresponda de conformidad a la ley.

Para la elaboración, mantención y actualización de los Registros que se creen en virtud de esta ley, el Ministerio, la Superintendencia y la Agencia de Calidad tendrán libre acceso a la información que cada uno posea, recíprocamente.

Artículo 112.-

Modifíquese la ley Nº 18.956, que Reestructura el Ministerio de Educación en el siguiente sentido:

1.-Sustitúyase el artículo 1º por el siguiente:

“El Ministerio de Educación es la Secretaría de Estado encargada de fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades; promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal al primer y segundo nivel de la educación parvularia; financiar un sistema gratuito destinado a garantizar el acceso de toda la población a la educación básica y media; promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales de la persona humana; fomentar la cultura de la paz; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística, la práctica del deporte y la protección y conservación del patrimonio cultural.”.

2.-Elimínese la letra c) del artículo 2º.

3.-Intercálese, a continuación del artículo 2º, el siguiente artículo 2º bis nuevo:

“Artículo 2º bis.- Sin perjuicio de las funciones señaladas en el artículo anterior, también corresponderá al Ministerio:

a)Elaborar las bases curriculares y los planes y programas de estudio para la aprobación del Consejo Nacional de Educación;

b)Formular los estándares de aprendizaje de los alumnos y los estándares indicativos de desempeño para docentes, docente directivos, sostenedores y establecimientos educacionales para la aprobación del Consejo Nacional de Educación, cuando corresponda;

c)Proponer y evaluar las políticas y diseñar e implementar programas y las acciones de apoyo técnico pedagógico para docentes, equipos directivos, asistentes de la educación, sostenedores y establecimientos educacionales;

d) Proponer y evaluar las políticas relativas a la formación inicial y continua de docentes;

e)Determinar, en coordinación con la Agencia de Calidad, el plan de mediciones nacionales e internacionales de los niveles de aprendizaje de los alumnos para la aprobación del Consejo Nacional de Educación.

f)Desarrollar estadísticas, indicadores y estudios del sistema educativo, en el ámbito de su competencia, y poner a disposición del público la información que con motivo del ejercicio de sus funciones recopile. Esta información será pública y de libre acceso para todo el que tenga interés en consultarla. No obstante, tendrá carácter confidencial respecto de la identidad de los alumnos y los docentes evaluados de conformidad a la ley;

g)Establecer y administrar los registros públicos que determine la ley, y

h)Ejecutar, las sanciones que disponga la Superintendencia de Educación o, en su caso, aplicar las sanciones en los ámbitos que determinen las leyes.”.

4.-Intercálese, a continuación del artículo 2º bis nuevo, el siguiente artículo 2º ter nuevo:

“Artículo 2º ter.- Dentro de la función de apoyo técnico pedagógico a los sostenedores y sus establecimientos educacionales y a las instituciones de apoyo técnico pedagógico, al Ministerio le corresponderá asesorar, directamente o a través de terceros, elegidos por el sostenedor de entre los sujetos registrados según el artículo 19 letra d), en los procesos de mejora de la calidad educativa.

En el caso de los establecimientos que reciban la subvención creada por la ley Nº 20.248, este apoyo se financiará con cargo a los recursos que ella establece.”.

5.-Elimínese, en el artículo 4º, la expresión “Jefe Superior del Ministerio y”.

6.-Agréguese al artículo 6º, a continuación de la expresión “del Ministro”, la frase “y el Jefe Administrativo del Ministerio”.

7.-Reemplácese, en el artículo 15, en su inciso segundo, la expresión “y de inspección y control de subvenciones”, por la frase “y las vinculadas a la inspección del pago de las subvenciones”.

8.-Elimínese, en el artículo 16, en su inciso primero, la expresión “y financiera”.

9.-Incorpórese el siguiente Título III nuevo, a la ley Nº 18.956, pasando el actual Título III a ser Título IV, ordenándose sus artículos correlativamente:

“TÍTULO III

De los requerimientos de información, de la Ficha Escolar y los registros

Artículo 17.-

Para los efectos de los registros establecidos en la ley, los sostenedores deberán proporcionar toda la información solicitada por el Ministerio de Educación relativa a repitencia, promoción, abandono y retiro de alumnos, compromisos de gestión o metas institucionales del establecimiento. Asimismo, cuando corresponda, deberán informar sobre los programas de apoyo propios o con otras instituciones u organismos, cobros efectuados en los establecimientos en que así procediere y aquella información mencionada en el artículo 8º de la ley Nº 19.979, en los casos que corresponda.

Artículo 18.-

A partir de la información a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Educación elaborará una Ficha Escolar que resumirá la información relativa a cada establecimiento educacional.

La Ficha Escolar será publicada en la página Web del Ministerio de Educación. Esta información estará a disposición de cualquier interesado.

Un reglamento fijará la forma, modalidad y periodicidad en que deberá requerirse y publicarse la información establecida en el presente artículo y el anterior, en especial el contenido de la Ficha Escolar.

Artículo 19.-

Los Registros de Información comprenderán, al menos, los siguientes:

a)Registros de Sostenedores, el que deberá incluir, al menos, la constancia de su personalidad jurídica, representante legal, establecimientos que administra e historial de infracciones, si las hubiere. En el caso de percibir subvención y/o aportes estatales, deberá también informarse sobre origen y monto de todos los recursos recibidos y planes de desarrollo.

b)Registros de Establecimientos Reconocidos Oficialmente, donde deberá incluirse, al menos, el nombre y domicilio del establecimiento educacional, identificación del sostenedor y representante legal, constancia del acto administrativo por medio del cual se otorgó el reconocimiento oficial y su fecha, nivel de enseñanza y modalidad que imparte y la información pertinente relativa a alumnos, directivos, docentes y asistentes de la educación. Asimismo, deberá contemplar indicadores de eficacia y eficiencia interna y fuentes de recursos y monto de los mismos.

En el caso de los establecimientos que reciban Subvenciones y/o Aportes Estatales, deberá incluir además, la individualización de los integrantes del Consejo Escolar e información sobre el Plan de Mejoramiento Educativo, si lo tuviere.

c)Registro de Docentes, el que deberá incluir el nombre, títulos y otras certificaciones de competencia, establecimiento educacional donde se desempeña, sectores de aprendizaje y cursos en que ejerce, premios y/o sanciones recibidas y otros antecedentes relativos a la idoneidad para ejercer la profesión, de conformidad a la ley. La información para confeccionarlo, deberá ser proporcionada por el sostenedor para quien trabaja el docente.

d)Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, que estarán habilitadas para prestar apoyo a los establecimientos educacionales y para la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo. Un reglamento establecerá la regulación a que se sujete este registro, así como los requisitos que deberán cumplir las personas y entidades para el ingreso y permanencia en el registro o subregistro de especialidades que se creen. En todo caso, el registro deberá incluir, a lo menos, una adecuada identificación de las entidades y especialidades técnicas en las que ofrecen servicios, así como antecedentes relativos a la calidad de los que hubieren prestado. El procedimiento de selección de las mismas, tiempo de duración en el registro y causales que originan la salida de éste, se determinará considerando la calidad técnica, eficacia y especialidad de dichas entidades. Para constituir este registro, el Ministerio de Educación convocará un panel de expertos, ad-honorem, ampliamente reconocidos en el campo de la educación nacional o extranjera.

El Ministerio de Educación deberá administrar y mantener con información actualizada los registros señalados en este artículo, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación de establecer otros registros que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 20.-

Las Universidades e Institutos Profesionales deberán remitir por medios informáticos al Ministerio de Educación la nómina de profesores titulados cada año de su respectiva institución. Tratándose de profesores titulados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, deberán remitir la información, dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de la presente ley.”.

Artículo 113.-

Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, en el siguiente sentido:

1.-Al artículo 5°:

a)Derógase su inciso tercero.

b)Sustitúyese su inciso cuarto por el siguiente:

“El incumplimiento de la obligación señalada en el inciso segundo se considerará infracción menos grave.”.

2.-Derógase el artículo 19.

3.-Elimínese del inciso final del artículo 21 la siguiente frase “para los efectos del artículo 50”.

4.-Sustitúyese en el inciso final del artículo 22 la frase que sigue al punto seguido (.) por la siguiente “La infracción de esta obligación se considerará infracción menos grave.”.

5.-Sustitúyese, en el inciso quinto del artículo 26 la expresión “al Ministerio” por “a la Superintendencia”.

6.-Deróganse los artículos 52, 52 bis y 53.

7.- Intercálese en el inciso primero del artículo 54 entre las expresiones “mediante resolución fundada“, y la que se inicia “ordenar que se deje sin efecto” la siguiente frase “y previo informe favorable de la Superintendencia de Educación,”.

8.-Al artículo 55:

a)Para agregar después del punto final (.) que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase “Sin perjuicio de las facultades que correspondan, en materia sancionatoria a la Superintendencia de Educación.”.

b)Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En la fiscalización de las normas de esta ley y sus reglamentos el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de Educación deberán actuar coordinadamente conforme al artículo 111 de la Ley sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación parvularia, básica y media.”.

9.-Deróganse los artículos 64 y 65.

10.-Elimínese del inciso final del artículo quinto transitorio la frase “para los efectos de los artículos 50 y 52 del presente cuerpo legal”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante un decreto con fuerza de ley expedido por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda, establezca las Direcciones Regionales de la Superintendencia de Educación definiendo sus potestades, funciones y el ámbito geográfico que abarcará cada una de ellas.

Artículo segundo transitorio.- El Ministerio de Educación tendrá un plazo máximo de un año desde la entrada en vigencia de esta ley, para presentar los estándares de aprendizaje e indicativos de desempeño al Consejo Nacional de Educación.

La Agencia de Calidad tendrá un plazo máximo de un año, contado desde la aprobación de los estándares que señala el inciso anterior, para determinar y aplicar la metodología para la clasificación de los establecimientos en las categorías y criterios señalados en el artículo 13.

Artículo tercero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, fije las plantas de personal de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación, y el régimen de remuneraciones que les será aplicable.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas de personal que fije, el número de cargos por cada planta así como los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones y niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley Nº 19.882 y en el artículo 8° del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, según corresponda. En el mismo acto, fijará la fecha de vigencia de la planta de personal y la dotación máxima de personal para el año.

Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas de encasillamiento del personal de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República fijará las normas necesarias para la fijación de las remuneraciones variables, en su aplicación transitoria.

Mediante igual procedimiento, el Presidente de la República determinará la fecha de vigencia de la planta que fije y del encasillamiento que practique y el inicio de funciones de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad.

Artículo cuarto transitorio.- El Presidente de la República nombrará, transitoria y provisionalmente, conforme al artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, al Superintendente y al Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, quienes asumirán de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

Para iniciar el concurso de los integrantes del consejo de la Agencia, el Ministro de Educación tendrá un plazo máximo de dos meses, contado desde la publicación de la presente ley.

Artículo quinto transitorio.- La planta de personal de la Superintendencia y de la Agencia de Calidad de la Educación será provista mediante el traspaso, sin solución de continuidad, de personal desde el Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, siguiendo el procedimiento que se establece en el inciso siguiente. Del mismo modo, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. Los cargos que no se provean de conformidad al procedimiento previsto en el inciso siguiente se llenarán mediante concurso público.

Conforme lo anterior, la Subsecretaría de Educación directamente o utilizando el procedimiento que establece por el artículo 23 del Estatuto Administrativo, llamará a un concurso abierto a los funcionarios de las instituciones enumeradas en el inciso anterior, sean de planta o a contrata, los que deberán cumplir los requisitos de los cargos concursados y estar calificados en listas 1 o 2 de distinción o buena, respectivamente. Los funcionarios a contrata deberán, además, haberse desempeñado en tal calidad a lo menos durante los dos años previos al concurso.

La Subsecretaría de Educación en forma previa, según la planta y sus requisitos, definirá, conjuntamente con el Superintendente o el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, según corresponda, los factores, subfactores, competencias y/o aptitudes específicas a considerar, pudiendo fijarse por cargos o grupo de cargos o funciones.

El concurso deberá seguir, a lo menos, las siguientes normas básicas:

a)En la convocatoria se especificarán los cargos, las funciones a desempeñar y la localidad en la que estará ubicada la vacante.

b)En un solo acto, se postulará a una o más de las plantas o escalafones de la Superintendencia sin especificar cargos o grados determinados dentro de ellas, salvo que se postule sólo a determinadas localidades especificadas en la convocatoria.

c)La provisión de los cargos de cada planta se efectuará, en cada grado, en orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los postulantes.

d)En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme a los siguientes criterios: en primer término con el personal de planta, si quedaran vacantes se procederá con los funcionarios a contrata. De subsistir la igualdad se procederá conforme al resultado de la última calificación obtenida en la institución de origen. Por último, de mantenerse la igualdad se pronunciará el Superintendente o el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad, según corresponda.

e)El traspaso regirá a partir de la fecha en que quede totalmente tramitado el acto administrativo que lo dispone o de una fecha posterior si así éste lo estableciera.

Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, dicte normas complementarias para el adecuado desarrollo del concurso, aplicando en lo que estime pertinente, los preceptos del decreto supremo N° 69 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Artículo sexto transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que a través de uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, regule los cargos de planta que quedaren vacantes, en el o los servicios en virtud de la creación de la Supertendencia de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación. En el ejercicio de esta facultad además, podrá establecer la disminución de la dotación máxima en los servicios antes mencionados.

Artículo séptimo transitorio.- Los traspasos de personal no podrán significar disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos previsionales de los funcionarios traspasados. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.

Artículo octavo transitorio.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministro de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Superintendencia y la Agencia de Calidad, incluyendo sus glosas y los recursos que se le traspasen por efectos del artículo quinto transitorio y aquéllos asociados a las unidades cuyas funciones se transfieren por esta ley a la Superintendencia.

Artículo noveno transitorio.- Mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá también suscribirse por el Ministro de Educación, se determinarán los bienes muebles e inmuebles fiscales que se traspasarán a la Superintendencia y la Agencia de Calidad. El Superintendente y el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, requerirán de las reparticiones correspondientes las inscripciones y anotaciones que procedan, con el sólo mérito del decreto supremo antes mencionado.

Artículo décimo transitorio.- Las categorías indicadas en el artículo 9º de la ley Nº 20.248 se entenderán equivalentes a las categorías establecidas en el artículo 13 de la presente ley, de acuerdo a la siguiente tabla:

Los establecimientos educacionales adscritos al régimen de Subvención Escolar Preferencial, regulado por la ley N° 20.248, serán reclasificados por la Agencia de la Calidad en el plazo establecido en el artículo segundo transitorio de la presente ley.

Sin embargo, los establecimientos clasificados según las categorías señaladas en la ley N° 20.248, conservarán los derechos y deberes constituidos conforme a ella, hasta el término del año 2011.

Facúltase al Presidente de la República para que dicte las normas con fuerza de ley necesarias para la transición de los establecimientos regidos por la ley Nº 20.248 a las categorías establecidas en el artículo 13 de la presente ley.

En el mismo acto el Presidente de la República dictará las demás disposiciones necesarias para adecuar las demás disposiciones de la ley Nº 20.248 a las de la presente ley.

Artículo undécimo transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, a través de uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministerio de Hacienda, dicte las normas necesarias para modificar la organización del Ministerio de Educación con el objeto de adecuarla a las normas de esta ley. En dichas normas se procederá, además, a efectuar la adecuación de las plantas de personal que de dicha reorganización se deriven.”.

Del Honorable Senador señor Ávila:

ARTÍCULO 2º

1.-Para suprimir las frases “es evaluar” y “cumplan con los estándares establecidos para el sistema educativo”.

ARTÍCULO 3º

2.-Para suprimir los números 1.-, 2.-, 3.- y 16.-.

PÁRRAFO 2º

con sus ARTÍCULOS 4º, 5º, 6º, 7º, 8º Y 9º

3.-Para suprimirlos.

ARTÍCULO 12

letras a) y b)

4.-Para suprimirlas.

ARTÍCULO 14

letra b)

5.-Para suprimirla.

ARTÍCULO 60

Artículo 2º

bis

6.-Para intercalar, a continuación de la letra g), la siguiente h) nueva:

“h) Reubicar a los estudiantes de los establecimientos que hayan sido cerrados por disposición de la Superintendencia, teniendo para ello autoridad para asignarlos a centros educativos que reciban fondos públicos.”.

- - - - - - -

Valparaíso, 8 de septiembre de 2008.

OFICIO Nº ED/177/08

A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, en el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación, correspondiente al Boletín N° 5.083-04, el Ejecutivo presentó una indicación que sustituye en su totalidad el mencionado proyecto.

En atención a que el proyecto mencionado dice relación con la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia, se pone en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer, en cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República.

Lo que me permito solicitar a Vuestra Excelencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, incisos segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Concepto Nacional.

Adjunto copia del referido proyecto de ley.

Dios guarde a Lustra Excelencia.

ALEJANDRO NAVARRO BRAIN

Presidente Comisión Educación del Senado

MARÍA ISABEL DAMILANO PADILLA

Secretario

?Santiago, 9 de octubre de 2008

Oficio N° 162

INFORME PROYECTO LEY 28-2008

Antecedente: Boletín Nº 5083-04

Por Oficio N° 177/EDU/08, de 8 de septiembre pasado, el señor Presidente de la Comisión de Educación del H. Senado requirió de esta Corte, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, informe respecto del proyecto de ley iniciado en Mensaje, que crea la Superintendencia de Educación. (Boletín 5083-04).

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto señalado en sesión del día 3 de octubre del presente, presidida por el titular don Urbano Marín Vallejo y con la asistencia de los Ministros señores Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, señora Margarita Herreros Martínez, señores Hugo Dolmestch Urra, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, señora Sonia Araneda Briones, señores Carlos Künsemüller Loebenfelder, Haroldo Brito Cruz y el Ministro suplente señor Julio Torres Allú, acordó formular las siguientes observaciones:

AL SENADOR DON ALEJANDRO NAVARRO BRAIN

PRESIDENTE COMISIÓN DE EDUCACIÓN H. SENADO

VALPARAIS0

I. Antecedentes Generales

El proyecto de ley en que incide este preinforme corresponde a otro de similar tenor respecto del cual esta Corte ha expresado su parecer, por Oficio N° 197 de fecha 3 de julio de 2007 y que el Poder Ejecutivo, por vía de una indicación, sustituyó en su integridad.

El proyecto se compone de 113 artículos permanentes, distribuidos en tres Títulos, el primero de los cuales contiene la normativa concerniente al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media; el segundo trata la Agencia de Calidad de la Educación y el tercero sobre la Superintendencia de Educación.

Además, la iniciativa consulta 11 artículos transitorios.

Interesa, a los efectos del presente análisis, señalar que la Superintendencia de Educación aparece instituida como un servicio público funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República, a través del Ministerio de Educación, a la que se le encomiendan funciones fiscalizadoras relacionadas con el uso de los recursos por parte de los sostenedores y los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado y con el cumplimiento por parte de éstos de las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia. (artículos 45 y 46).

El ejercicio de las atribuciones fiscalizadoras de la Superintendencia lleva asociado un procedimiento sancionatorio, un listado de las medidas que pueden imponerse, sumándose a ella el explícito reconocimiento del derecho de los afectados a ejercer los recursos administrativos que establece la Ley N° 19.880.

II.- Contenido del proyecto

Corresponde a esta Corte manifestar su opinión acerca del artículo 81 del proyecto en cuestión, único de su preceptiva que se vincula con atribuciones de los tribunales de justicia, al establecer un procedimiento contencioso administrativo respecto de los actos de la Superintendencia de Educación, que comprende un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones, con la posibilidad de apelarse de la sentencia pronunciada por ésta ante la Corte Suprema.

El mencionado artículo 81 del proyecto señala:

“Los afectados que estimen que las resoluciones del Superintendente no se ajustan a la normativa educacional, podrán reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación de la resolución que se impugna, para que las deje sin efecto.

La Corte deberá pronunciarse en cuenta sobre la admisibilidad del recurso.

Admitido el recurso, la Corte de Apelaciones dará traslado de éste a la Superintendencia, notificándola por oficio, y ésta dispondrá del plazo de diez días, contado desde que se notifique la apelación interpuesta, para evacuar el informe respectivo.

Evacuado el traslado por la Superintendencia, o vencido el plazo de que dispone para emitir su informe, la Corte ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala.

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días, la cual podrá ser apelada ante la Corte Suprema dentro del plazo de diez días hábiles, la que resolverá en cuenta.”

III.-Comentario.

Cabe, en primer término, reiterar que esta Corte Suprema se pronunció en su oportunidad sobre el artículo 56 del mismo proyecto, que se encontraba redactado en términos parecidos al actual artículo 81, por Oficio N° 197 de fecha 3 de julio de 2007, cuyos términos resultan también pertinentes y valederos en la presente ocasión.

El medio de impugnación que consagra el referido precepto del proyecto, expresado bajo la modalidad de una reclamación, según se expresa en su inciso primero -y no de apelación, como erróneamente se alude en el inciso tercero- forma parte de la nutrida y creciente gama de procedimientos de índole contencioso administrativos incorporados a nuestro ordenamiento, que franquean a los particulares instrumentos idóneos para objetar los actos emanados de instituciones públicas dotadas de atribuciones fiscalizadoras y de control.

Según se dejó expresado en el informe de esta Corte -al que antes se hizo referencia- debe insistirse acerca de la conveniencia que reclamos como el que se contempla en el proyecto de que ahora se trata, sean entregados al conocimiento de un juzgado de letras, con posibilidad de recurrirse de apelación ante la Corte de Apelaciones, concluyendo allí el procedimiento, con lo que se margina de toda intervención en el mismo a la Corte Suprema, cuyo rol fundamental dentro de nuestro ordenamiento es el de Tribunal de Casación y no de segunda instancia, como aparece en el proyecto.

Resulta oportuno hacer presente en esta ocasión la necesidad, cada vez más imperiosa, de uniformar y sistematizar los diversos y numerosos procedimientos contencioso-administrativos, en el presente, inorgánicamente distribuidos en distintas leyes -cuya suma excede con largueza el centenar- a fin de establecer racionalidad en el ordenamiento, facilitando la debida inteligencia de sus preceptos y su correcta aplicación, asegurando con ello la certeza jurídica a los administrados.

En el ámbito mismo del articulado del proyecto se advierte la ausencia de un período de prueba, que ofrezca a los intervinientes el medio para acreditar los fundamentos de sus pretensiones, exigencia inherente a los principios de un procedimiento racional y justo, conforme a lo ordenado en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental.

Por último, corresponde insistir en lo ya apuntado por otros informes referidos a proyectos similares sobre la necesidad de suplementar los recursos que financian la actividad del Poder Judicial, atendida la mayor carga de trabajo que habrían de asumir la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con el conocimiento de la reclamación que contempla la iniciativa legal que se informa.

Se previene que un señor Ministro concurre al acuerdo, pero no comparte la observación relativa a la conveniencia de entregar el conocimiento de los reclamos de que trata el proyecto, a un juzgado de letras en lo civil, en la medida que el artículo 38 de la Carta Política confiere a la ley la determinación del tribunal competente para resolver los asuntos contenciosos administrativos.

Lo anterior es todo cuanto esta Corte puede informar en relación a la presente iniciativa de ley.

Saluda atentamente a V.S.

Urbano Marín Vallejo

Presidente

Carola Herrera Brümmer

Secretaria Subrogante

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSION EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN.

BOLETÍN Nº 5.083-04

15-diciembre-2008.

INDICACIONES (III)

1.-De S. E. la Presidenta de la República, para reemplazar el proyecto por el siguiente:

“PROYECTO DE LEY SOBRE SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA

TÍTULO I

DEL SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA

Artículo 1º.-

La presente ley tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media en adelante “Sistema”, y los órganos que lo componen.

Artículo 2º.-

El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media considerará:

a)Estándares de aprendizaje de los alumnos y estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores, de los docentes y directivos.

b)Requisitos del reconocimiento oficial que deben cumplir los sostenedores y los establecimientos para ingresar y mantenerse en el sistema educacional según lo establecido en la ley.

c)Políticas, mecanismos e instrumentos para apoyar a los integrantes de la comunidad educativa y a los establecimientos educacionales en el logro de los estándares.

d)Evaluaciones de desempeño y mediciones de los resultados de aprendizaje para determinar el logro de los estándares.

e)Fiscalización del adecuado uso de los recursos y del cumplimiento de los requisitos del reconocimiento oficial y de la normativa educacional por los sostenedores y administradores del servicio educativo.

f)Evaluaciones del impacto de políticas y programas educativos.

g)Sistemas de información pública accesibles a toda la comunidad referidos al resultado de las evaluaciones de logro de los estándares, a la clasificación de los establecimientos y sus consecuencias, a los resultados de la fiscalización, y a las evaluaciones de las políticas y mecanismos de apoyo implementados.

h)Rendiciones de cuenta, reconocimientos y sanciones relacionadas con el logro de los estándares y con el cumplimiento de las normas aplicables a los establecimientos y sostenedores.

Corresponderá al Presidente de la República, por decreto supremo dictado a través del Ministerio de Educación, previo informe favorable del Consejo Nacional de Educación, establecer los estándares a que se refiere la letra a) de este artículo, los cuales tendrán una vigencia de seis años.

Artículo 3º.-

Los estándares de aprendizaje definirán los conocimientos, habilidades y competencias que se espera alcancen los alumnos en diversas etapas del proceso educativo, en relación con las bases curriculares nacionales.

Artículo 4º.-

Los estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores considerarán materias tales como gestión curricular; indicadores de calidad de procesos relevantes de los establecimientos; gestión de los recursos humanos y pedagógicos, convivencia escolar, y liderazgo.

Asimismo, el Ministerio de Educación elaborará estándares indicativos de desempeño para docentes de aula, directivos y técnicos pedagógicos.

Los estándares a que se refieren los incisos anteriores, cuyo incumplimiento no dará origen a sanciones, constituirán orientaciones para el trabajo de evaluación contemplado en esta ley.

TÍTULO II

DE LA AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Párrafo 1º

Objeto, funciones y atribuciones.

Artículo 5º.-

Créase la Agencia de Calidad de la Educación, en adelante “la Agencia”, servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

La Agencia estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882.

El domicilio de la Agencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas que pueda establecer cuando las necesidades del servicio así lo exijan y exista disponibilidad presupuestaria.

Artículo 6º.-

El objeto de la Agencia será evaluar y orientar para el mejoramiento de la calidad de la educación, considerando las particularidades de los distintos niveles y modalidades educativas.

Para el cumplimiento de dicho objeto tendrá las siguientes funciones:

a)Evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al grado de cumplimiento de los estándares respectivos, a través de instrumentos y procedimientos de medición estandarizados y externos a los establecimientos;

b)Realizar evaluaciones del desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores, de los docentes y sus directivos en base a los estándares indicativos;

c)Clasificar a los establecimientos según los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, y

d)Proporcionar información en materias de su competencia a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general.

Artículo 7º.-

Para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia tendrá las siguientes atribuciones:

a)Diseñar, implementar y aplicar un sistema de medición de los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, según las bases curriculares nacionales.

El sistema nacional de medición del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos será de aplicación obligatoria para todos los establecimientos. La Agencia podrá realizar las mediciones respectivas directamente o a través de terceros.

Las mediciones del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos se realizarán a través de instrumentos y procedimientos estandarizados que se aplicarán en forma periódica en distintos cursos y sectores de aprendizaje. En todo caso, deberán ser aplicadas en forma censal a lo menos en algún curso, tanto del nivel de enseñaza básica, como de enseñanza media.

b)Coordinar la participación de Chile en mediciones de carácter internacional sobre logros de aprendizaje de los alumnos.

c)Diseñar, implementar y aplicar un sistema de evaluación de desempeño de los establecimientos educacionales subvencionados, o que reciban aportes del Estado, y sus sostenedores, docentes y directivos referidos a los estándares indicativos.

d)Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, e impartir instrucciones de general aplicación, en las materias de su competencia.

e)Elaborar informes evaluativos que podrán incluir recomendaciones de carácter indicativo para mejorar el desempeño de los establecimientos y sus sostenedores. Estos informes serán de carácter público.

f)Requerir al Ministerio de Educación y a la Superintendencia, en su caso, la adopción de las medidas pertinentes derivadas de la clasificación de los establecimientos.

g)Validar los mecanismos de la evaluación de los docentes de aula, docentes directivos y del personal técnico pedagógico de los establecimientos educacionales particulares subvencionados, cuando sus sostenedores lo soliciten.

Los establecimientos particulares subvencionados podrán validar ante la Agencia de Calidad de la Educación sus sistemas de evaluación docente, los cuales podrán utilizar los estándares indicativos de desempeño elaborados por el Ministerio de Educación.

h)Poner a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de establecimientos educacionales, sostenedores, docentes y alumnos.

En caso alguno la publicación incluirá la individualización de los alumnos. Sin perjuicio de lo anterior, los padres y apoderados deberán ser informados de los resultados obtenidos por sus hijos o pupilos cuando las mediciones tengan validez y confiabilidad estadística individual, sin que tales resultados puedan ser publicados ni usados con propósitos que puedan afectar negativamente a los alumnos, tales como selección, repitencia u otros similares.

i)Crear y administrar los registros que sean necesarios para ejercer sus funciones.

j)Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.

Asimismo, elaborará informes acerca de la cobertura de las diversas materias del currículum nacional, así como también evaluaciones de impacto respecto del desempeño de los establecimientos.

k)Ingresar a los establecimientos educacionales y dependencias docentes del sostenedor, en coordinación con la Superintendencia, con el fin de evaluar la calidad de la educación y realizar las mediciones, visitas evaluativas y ejercer las demás atribuciones que le encomienda la ley, sin alterar el normal desenvolvimiento de las actividades pedagógicas del establecimiento.

l)Requerir a los sostenedores de los establecimientos educacionales u otros organismos públicos y privados relacionados con la educación, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

m)Convenir con otros organismos de la Administración del Estado o con entidades privadas, la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones.

n)Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y a otros organismos en materias de su competencia.

ñ)Coordinar con el Ministerio de Educación el plan nacional de evaluaciones nacionales e internacionales, especialmente en relación a su viabilidad y requerimientos de implementación.

o)Cobrar y percibir derechos por la evaluación y orientación que le soliciten los establecimientos particulares pagados y por las demás certificaciones que establezca la ley en el ámbito de sus atribuciones.

p)Ejercer las demás atribuciones que determine la ley.

Párrafo 2º

De la evaluación de desempeño de los establecimientos educacionales y sostenedores.

Artículo 8º.-

La Agencia evaluará el desempeño de los establecimientos de educación parvularia, básica, media y especial, y sus sostenedores, basándose en estándares indicativos elaborados de conformidad a la ley.

El objeto de esta evaluación de desempeño será fortalecer las capacidades institucionales, orientar sus planes de mejoramiento educativo y promover la mejora continua de la calidad de la educación que ofrecen.

La evaluación de desempeño considerará, entre otros, los resultados educativos, el grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos y otros indicadores de calidad de procesos relevantes de los establecimientos, los resultados de la autoevaluación institucional, el proyecto educativo y las condiciones de contexto del establecimiento educacional.

Artículo 9º.-

Las evaluaciones de desempeño podrán ser realizadas mediante requerimientos de información, visitas evaluativas u otros medios idóneos.

Al efectuar las evaluaciones, la Agencia deberá considerar, en primer lugar, las autoevaluaciones realizadas por el establecimiento.

La Agencia podrá realizar las visitas mencionadas directamente o a través de terceros.

Artículo 10.-

El resultado de la evaluación será un informe que señale las debilidades y fortalezas del establecimiento en relación al cumplimiento de los estándares, así como las recomendaciones para mejorar su desempeño.

La Agencia determinará la forma para la elaboración de estos informes, considerando, al menos, una etapa de consulta y recepción de observaciones por parte del sostenedor del establecimiento evaluado en su desempeño.

Artículo 11.-

La Agencia sólo podrá disponer visitas evaluativas, respecto de los establecimientos particulares pagados, cuando éstos lo soliciten.

Artículo 12.-

La Agencia administrará un registro de personas o entidades acreditadas para apoyar la realización de las visitas evaluativas. Un reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir las personas o entidades para el ingreso y permanencia en el registro; el procedimiento de selección de las mismas; el tiempo de duración en el registro, sus inhabilidades y las causales que originan la salida de éste, destinadas a asegurar la calidad técnica y eficacia de su apoyo.

Párrafo 3º

De la clasificación de establecimientos según los resultados de aprendizaje de los alumnos.

Artículo 13.-

La Agencia clasificará, mediante resolución fundada, a todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, de acuerdo a los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, propuestos por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación.

Para llevar a cabo esta clasificación, la Agencia deberá considerar los resultados de aprendizaje de todas las áreas evaluadas censalmente en las mediciones nacionales, la distribución de los resultados de los alumnos en relación a los estándares de aprendizaje y las características de los alumnos del establecimiento y, cuando sea posible, indicadores de valor agregado. La Agencia determinará la metodología de clasificación, la que será oficializada por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de Hacienda. Dicha metodología se actualizará en un plazo no inferior a cuatro y que no exceda de ocho años.

Esta metodología podrá considerar resguardos que aseguren que los cambios de categoría no ocurran por un cambio en la composición del alumnado.

Para dichos efectos, los establecimientos serán clasificados en alguna de las siguientes categorías de desempeño decreciente, según los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje:

a)Establecimientos Educacionales de Buen Desempeño;

b)Establecimientos Educacionales de Desempeño Satisfactorio;

c)Establecimientos Educacionales de Desempeño Regular con Necesidad de Mejoramiento Significativo, y

d)Establecimientos Educacionales de Desempeño Insatisfactorio con Necesidad de Acciones Intensivas de Mejoramiento.

Artículo 14.-

La clasificación se realizará anualmente y considerará los resultados de los establecimientos en tres mediciones consecutivas válidas, en el caso que éstas sean anuales, y dos mediciones consecutivas válidas, en el caso que éstas se realicen cada dos años o más.

Sin embargo, en el caso de establecimientos educacionales con un número insuficiente de alumnos que rindan las mediciones, y que no permita obtener resultados válidos y confiables estadísticamente, la Agencia establecerá la metodología que permita una clasificación pertinente, considerando, entre otros factores, un número mayor de mediciones consecutivas que para el resto de los establecimientos. Dicha metodología será oficializada por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de Hacienda.

Los establecimientos educacionales que impartan educación básica y media serán clasificados por cada nivel en forma independiente, de acuerdo a resultados estadísticamente confiables. La Agencia y los sostenedores de dichos establecimientos educacionales deberán informar acerca de las evaluaciones que se realicen en cada nivel educacional a los miembros de la comunidad educativa.

Los establecimientos educacionales nuevos no serán clasificados en las categorías establecidas en el artículo anterior. Sin embargo, se considerarán para los efectos de esta ley provisoriamente como establecimientos de Desempeño Satisfactorio, hasta que cumplan con los requisitos legales para ser clasificados.

Artículo 15.-

La resolución que establezca la clasificación indicada en el artículo 13, será notificada en forma personal o mediante carta certificada al sostenedor.

Dicha resolución podrá ser impugnada mediante los recursos administrativos señalados en la ley Nº 19.880, sólo en virtud de algún error de información o procedimiento que sea determinante en la clasificación del establecimiento.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el recurso de reposición se interpondrá ante el Secretario Ejecutivo. Para el solo efecto de lo dispuesto en este artículo, el Consejo conocerá y resolverá el recurso jerárquico.

Artículo 16.-

La Agencia deberá informar al Ministerio de Educación la clasificación de los establecimientos educacionales.

Asimismo, deberá velar porque los padres y apoderados y el Consejo Escolar del establecimiento sean informados de la clasificación de los establecimientos a los que envían a sus hijos y pupilos.

En el caso de los padres y apoderados recibirán información relevante sobre los establecimientos de mejor calificación de la misma comuna.

Por su parte, los establecimientos educacionales deberán entregar anualmente un informe a sus comunidades educativas respecto de sus logros educativos y el cumplimiento de sus planes de mejoramiento, el cual será público.

Párrafo 4º

De los efectos de la clasificación de los establecimientos educacionales subvencionados o que reciben aportes del Estado.

Artículo 17.-

La Agencia tendrá un plan de visitas evaluativas anuales que considerará mayor frecuencia para los establecimientos que muestran menor grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje.

Artículo 18.-

Los establecimientos subvencionados, o que reciban aportes del Estado, de Desempeño Insatisfactorio serán objeto de visitas evaluativas, al menos cada dos años; los de Desempeño Regular, en ciclos periódicos de dos a cuatro años.

Los demás establecimientos podrán ser objeto de visitas evaluativas por parte de la Agencia con la frecuencia que ésta determine.

Artículo 19.-

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los establecimientos subvencionados, o que reciban aportes del Estado, clasificados como de buen desempeño sólo serán evaluados si el sostenedor lo solicita o si acepta expresamente las visitas dispuestas de oficio por la Agencia.

Asimismo, los sostenedores de los establecimientos particulares pagados podrán solicitar que éstos sean evaluados, previo pago de su costo a la Agencia.

La solicitud de un establecimiento particular pagado para ser evaluado, deberá ser presentada a la Agencia durante el último trimestre del año anterior al que ingrese al proceso de evaluación. En todo caso, estas evaluaciones no podrán representar más del 5% de las visitas evaluativas anuales que realice la Agencia al conjunto del sistema subvencionado.

Artículo 20.-

Los establecimientos clasificados como de Buen Desempeño, podrán incorporarse al Registro de personas o entidades de apoyo técnico pedagógico administrado por el Ministerio de Educación.

En caso que un establecimiento que forma parte del Registro, resultare clasificado en alguna de las categorías inferiores a la de Buen Desempeño, será eliminado del Registro.

Artículo 21.-

En el caso de los establecimientos de educación parvularia y de educación especial, serán objeto de evaluación en ciclos periódicos de acuerdo a un programa que deberá aprobar la Agencia.

Artículo 22.-

Una vez realizada la evaluación a que se refieren los artículos anteriores, los sostenedores de los establecimientos deberán elaborar o revisar su plan de mejoramiento educativo, incluyendo acciones que permitan hacerse cargo de las debilidades identificadas en el informe elaborado por la Agencia. Dicho plan deberá, además, explicitar las acciones que aspira llevar adelante para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes y contener, a lo menos, las estrategias, actividades, metas y recursos asociados a él.

El plan será de conocimiento público y será informado a la Agencia, al Ministerio de Educación y a la comunidad educativa en el plazo que fije la Agencia en el informe respectivo.

La Agencia tendrá que tomar en consideración este plan en su próxima evaluación y en el informe respectivo.

Artículo 23.-

Los sostenedores de los establecimientos educacionales podrán solicitar apoyo técnico pedagógico para la elaboración e implementación de su plan de mejoramiento educativo al Ministerio de Educación o a una persona o entidad del Registro de Personas o Entidades Pedagógicas o Técnicas de Apoyo del Ministerio de Educación, a su elección.

Artículo 24.-

El Ministerio de Educación podrá prestar apoyo técnico pedagógico directamente o a través de una persona o entidad del Registro creado para estos efectos y de acuerdo con la definición anual de la Ley de Presupuestos, sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 2º ter de la ley Nº 18.956.

Párrafo 5º

De las medidas especiales para los establecimientos educacionales de Desempeño Insatisfactorio.

Artículo 25.-

La clasificación de un establecimiento educacional en la categoría de Desempeño Insatisfactorio será informada a todos los padres y apoderados y al Consejo Escolar del establecimiento.

Artículo 26.-

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23 y 24 de la presente ley, los establecimientos mencionados en el artículo anterior deberán recibir apoyo técnico pedagógico. Para ello podrán recurrir al Ministerio de Educación, que prestará este servicio, o a un grupo de expertos reconocidos del Registro a que se refieren los artículos 23 y 24. Este apoyo podrá brindarse por un plazo máximo de cuatro años.

Artículo 27.-

Los establecimientos que en la siguiente clasificación no logren ubicarse en una categoría superior, pero que muestren una mejora significativa, deberán continuar recibiendo apoyo hasta por dos años más.

En el caso de aquellos establecimientos que no exhiban una mejora significativa luego de dos años de haber sido clasificados como de desempeño insatisfactorio, la Agencia deberá informar a los padres y apoderados de dichos establecimientos sobre la situación en que éstos se encuentran.

La comunicación a que alude el inciso anterior, se enviará por carta certificada y contendrá información relevante sobre los establecimientos de mejor clasificación de la misma comuna y de comunas contiguas.

Asimismo, se les otorgarán facilidades de transporte para que los alumnos accedan a tales establecimientos. La Agencia propondrá al Ministerio de Educación la dictación de un decreto supremo, que deberá ser suscrito también por el Ministro de Hacienda, que regule esta materia.

La Agencia definirá, en normas de carácter general, los criterios para determinar la “mejora significativa” de un establecimiento. Estos deben guardar relación con los estándares de aprendizaje.

Artículo 28.-

En cualquier caso, si después de cuatro años, contados de la comunicación señalada en el artículo 25, el establecimiento educacional se mantiene en la categoría de Desempeño Insatisfactorio, la Agencia deberá informar esta situación, a la Superintendencia para que ésta inicie el procedimiento administrativo para revocar el reconocimiento oficial del establecimiento.

Artículo 29.-

En el caso de los establecimientos particulares pagados clasificados en la categoría de Desempeño Insatisfactorio y transcurrido el plazo de cuatro años contado desde la comunicación mencionada en el artículo 25, la Agencia informará a la comunidad educativa para todos los efectos legales.

Párrafo 6º

De la Organización de la Agencia.

Artículo 30.-

Los órganos de la Agencia son el Consejo y el Secretario Ejecutivo.

Artículo 31.-

El Consejo estará constituido por cinco miembros de destacada experiencia en la actividad educativa, nombrados por el Ministro de Educación, previa selección conforme al Sistema de la Alta Dirección Pública.

El Consejo designará de entre sus miembros a un Presidente, quien durará en el cargo dos años.

Dicho Presidente tendrá por función dirigir el Consejo. Asimismo, citará a sesiones, fijará sus tablas, dirigirá sus deliberaciones y dirimirá sus empates. Del mismo modo, se relacionará con el Secretario Ejecutivo para la coordinación de las funciones y atribuciones de la Agencia.

Artículo 32.-

Los miembros del Consejo serán nombrados por un período de seis años, pudiendo ser designados por un nuevo período.

Los consejeros se renovarán por parcialidades de tres y dos consejeros cada tres años, respectivamente.

Artículo 33.-

Corresponderá al Consejo:

a)Aprobar y dar seguimiento al plan estratégico de la Agencia, el cual deberá ser actualizado y ajustado a lo menos cada seis años.

b)Aprobar y dar seguimiento anualmente al plan de trabajo de la Agencia, así como la memoria y el balance del año anterior, y conocer el anteproyecto de presupuesto.

c)Aprobar la clasificación de los establecimientos en los plazos que establece la ley y aprobar anualmente el cambio de clasificación de los establecimientos.

d)Aprobar el plan de evaluaciones nacionales e internacionales en coordinación con el Ministerio de Educación.

e)Ejercer las demás atribuciones que le encomienden las leyes y reglamentos.

f)Aprobar el registro de personas o entidades acreditadas para apoyar la realización de las visitas evaluativas.

Artículo 34.-

No podrán ser miembros del Consejo:

a)Los sostenedores, representantes legales, gerentes, administradores o miembros de un directorio de la entidad sostenedora de algún establecimiento educacional que imparta educación en los niveles parvulario, básico y medio o de alguna asociación de sostenedores.

b)Los senadores y diputados, Ministros de Estado, subsecretarios, intendentes o gobernadores; alcaldes o concejales; consejeros regionales; miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial; secretarios o relatores del Tribunal Constitucional; fiscales del Ministerio Público; miembros del Tribunal Calificador de Elecciones o su secretario-relator; miembros de los tribunales electorales regionales, suplentes o secretarios-relatores, y miembros de los demás tribunales creados por ley.

c)Los inscritos en el registro de personas naturales acreditadas como evaluadores.

d)Los que formen parte del registro de administradores provisionales a cargo de la Superintendencia.

Artículo 35.-

Los Consejeros deberán informar inmediatamente al Presidente de todo hecho, cualquiera sea su naturaleza, que le reste imparcialidad en sus decisiones o acuerdos, absteniéndose, en el acto, de conocer del asunto respecto del cual se configure la causal.

En particular, estarán inhabilitados de intervenir en aquellos asuntos que afecten a:

a)Establecimientos de educación parvularia, básica o media con que tengan un vínculo patrimonial o laboral.

b)Establecimientos de educación parvularia, básica o media en que se desempeñen como asesores o consultores, a cualquier título.

c)Instituciones de asistencia técnica en que participen como propietarios, como dependientes o en que tengan otra clase de intereses patrimoniales.

d)Establecimientos de educación parvularia, básica o media en que se desempeñen como docente.

Los consejeros que, estando inhabilitados, actúen en tales asuntos, serán removidos de su cargo y quedarán impedidos de ejercerlo nuevamente.

Las inhabilidades e incompatibilidades serán aplicables a todos los funcionarios de la Agencia.

Artículo 36.-

Serán causales de cesación en el cargo de consejero las siguientes:

a)Expiración del plazo por el que fueron designados.

b)Renuncia aceptada por el Ministro de Educación.

c)Incapacidad legal sobreviniente, circunstancia que será calificada por la mayoría de los consejeros con exclusión del afectado.

d)Actuación en un asunto en que estuvieren legalmente inhabilitados.

e)Incumplimiento de los deberes y obligaciones que establece esta ley.

En caso que uno o más consejeros cesaren por cualquier causa en su cargo, procederá la designación de un nuevo consejero, sujeto al mismo procedimiento dispuesto en el artículo 31 de la presente ley, por el período que restare.

Si el consejero que cesare en el cargo en virtud del inciso precedente invistiere la condición de Presidente del Consejo, su reemplazante será designado en la forma prevista en el artículo 31 de la presente ley, por el tiempo que faltare al que produjo la vacante.

Artículo 37.-

Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, el quórum para sesionar y para adoptar acuerdos, los procedimientos para decidir en caso de empate y, en general, aquellas normas que permitan una gestión flexible, eficaz y eficiente, serán definidas por las normas que dicte la Agencia.

Artículo 38.-

Los consejeros percibirán una dieta equivalente a 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 100 de dichas unidades por mes calendario.

Artículo 39.-

El Secretario Ejecutivo será el Jefe Superior del Servicio y

estará afecto al sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882.

Corresponderá al Secretario Ejecutivo las siguientes atribuciones:

a)Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo, y proponerle el programa anual de trabajo del servicio;

b)Participar en el Consejo con derecho a voz;

c)Delegar en funcionarios de la institución las funciones y atribuciones que estime conveniente;

d)Conocer y resolver todo asunto relacionado con los intereses de la Agencia, salvo aquellas materias que la ley reserva al Consejo, pudiendo al efecto ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios o conducentes a la obtención de los objetivos del servicio, ya sea con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado;

e)Comunicar a los organismos competentes los antecedentes de que disponga o de que tome conocimiento, para que éstos ejerzan a su vez las facultades que les sean propias;

f)Dictar las resoluciones que apruebe el Consejo, así como conocer los recursos que procedan conforme a la ley. Le corresponderá también, cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le imparta el Consejo y realizar los actos que éste le delegue en el ejercicio de sus atribuciones;

g)Informar a la Superintendencia de la clasificación de un establecimiento como de Desempeño Insatisfactorio y del hecho que un establecimiento, a pesar de los apoyos y habiéndose cumplido los plazos establecidos en la ley, no logre los estándares mínimos exigidos;

h)Representar judicial y extrajudicialmente al servicio;

i)Preparar el plan anual de trabajo, el anteproyecto de presupuesto y toda otra materia que deba ser sometida a la consideración del Consejo;

j)Gestionar administrativamente el servicio;

k)Contratar labores operativas de inspección o verificación del cumplimiento de las normas de su competencia a terceros idóneos debidamente certificados;

l)Celebrar convenios y ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento de los fines del servicio;

m)Nombrar y remover personal del servicio, de conformidad a la presente ley y a las normas estatutarias;

n)Informar periódicamente al Consejo respecto de la marcha de la institución y del cumplimiento de sus acuerdos e instrucciones, y

ñ)Ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Artículo 40.-

El personal de la Agencia se regulará por las normas de esta ley y por los reglamentos que de conformidad a ella se dicten, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo y, en materia de remuneraciones, por las normas que fije el decreto con fuerza de ley a que se refiere el artículo tercero transitorio de la presente ley.

Artículo 41.-

Previo acuerdo del Consejo, el Secretario Ejecutivo, con sujeción a la planta de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

El personal a contrata de la Agencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Secretario Ejecutivo. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Agencia de Calidad.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios, se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

Artículo 42.-

El personal de la Agencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley.

Asimismo, tendrá prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su evaluación otros servicios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta.

Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos de exigir responsabilidad administrativa, lo que se exigirá con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiera configurarse.

Artículo 43.-

Sin perjuicio de las causales previstas en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, para la cesación del cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

a)Necesidades de la Agencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Agencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II nivel jerárquico de la Agencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Secretario Ejecutivo ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que adoptarán y la forma y oportunidad en que recibirán la información y antecedentes requeridos al efecto.

b)Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a) precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Párrafo 7º

Patrimonio de la Agencia.

Artículo 44.-

El patrimonio de la Agencia estará constituido por:

a)Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b)Los recursos otorgados por leyes especiales;

c)Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o que adquiera a cualquier título;

d)Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios;

e)Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

f)Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

g)Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.

La Agencia estará sujeta a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, y sus disposiciones complementarias.

TÍTULO III

DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

Párrafo 1º

Objeto y atribuciones

Artículo 45.-

Créase la Superintendencia de Educación, en adelante “la Superintendencia”, servicio público funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

La Superintendencia constituye una institución fiscalizadora en los términos del decreto ley N° 3.551, de 1981, y estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882.

El domicilio de la Superintendencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las Direcciones Regionales que constituya.

Artículo 46.-

El objeto de la Superintendencia será fiscalizar el uso de los recursos por los sostenedores y los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, y que éstos cumplan con las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, en adelante “la normativa educacional”. Asimismo, proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, y atenderá los reclamos y denuncias de éstos, estableciendo las sanciones que en cada caso corresponda.

Artículo 47.-

Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones:

a)Fiscalizar que las personas o instituciones sujetas a fiscalización cumplan con la normativa educacional.

b)Fiscalizar la rendición de cuenta del uso de los recursos, a través de procedimientos contables simples generalmente aceptados, de acuerdo al párrafo 2º de este título.

c)Realizar y ordenar auditorías a la gestión financiera de los sostenedores en los casos que disponga la legislación vigente.

d)Ingresar a los establecimientos educacionales y dependencias del sostenedor que tengan relación con la administración del establecimiento, a objeto de realizar las funciones que le son propias. En el ejercicio de esta atribución, los funcionarios de la Superintendencia no podrán impedir el normal desenvolvimiento de las actividades pedagógicas del establecimiento.

e)Acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin impedir el normal desarrollo de las actividades pedagógicas del mismo, y examinar, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las personas y/o entidades fiscalizadas, y disponer de todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor fiscalización. La Superintendencia, mediante resolución, determinará aquellos libros, archivos y documentos que deberán estar permanentemente disponibles para su examen en el propio establecimiento educacional. Las mismas facultades, y en los mismos términos, tendrá la Superintendencia respecto de los terceros que administren los establecimientos educacionales.

f)Citar a declarar a los sostenedores, representantes, administradores y dependientes de las instituciones fiscalizadas respecto de algún hecho que estime necesario para resolver alguna denuncia o reclamo que esté conociendo o cuando de oficio, en un procedimiento administrativo, lo determine en cumplimiento de sus funciones. Las mismas facultades, y en los mismos términos, tendrá la Superintendencia respecto de los terceros que administren y presten servicios a los establecimientos educacionales.

g)Resolver consultas, investigar denuncias y resolver reclamos que los distintos miembros de la comunidad escolar presenten, pudiendo desarrollar instancias de mediación.

h)Formular cargos, sustanciar su tramitación y resolver los procesos que se sigan respecto de todos los incumplimientos o faltas a la normativa educacional, así como de los que conozca por la vía de denuncias o reclamos del público o por denuncia que formule el Ministerio de Educación u otros órganos públicos.

i)Disponer el nombramiento de un administrador provisional para la gestión de los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado, en los casos que determine la presente ley.

j)Fiscalizar el cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional y, cuando corresponda, remitir los antecedentes al Ministerio de Educación para que éste, en un plazo no superior al término del año escolar, proceda a la revocación del reconocimiento señalado.

k)Imponer las sanciones correspondientes por infracción a la normativa educacional, así como aquéllas que proponga la Agencia de Calidad de la Educación.

l)Aplicar e interpretar administrativamente la normativa educacional, cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones fundadas de general aplicación al sector sujeto a su fiscalización, sin perjuicio del ejercicio de las facultades propias del Ministerio de Educación. La normativa que emane de la Superintendencia deberá ser sistematizada de tal forma de facilitar el acceso y conocimiento de ella por parte del sujeto a su fiscalización.

m)Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.

n)Requerir de los sostenedores y docentes directivos de los establecimientos educacionales u otros organismos públicos y privados relacionados, en el ámbito de sus atribuciones, la información que estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrá recoger la información proporcionada por las instituciones, procesarla cuando corresponda, y distribuirla anualmente a los distintos usuarios.

ñ)Poner a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de establecimientos educacionales, sostenedores, docentes, estudiantes, y demás integrantes de la comunidad educativa y crear y administrar los registros que sean necesarios para ejercer sus funciones.

o)Convenir con otros organismos de la Administración del Estado o con entidades privadas, la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones.

p)Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y a otros organismos en materias de su competencia.

q)Cobrar y percibir los derechos de actuaciones y certificaciones que establezca la ley en el ámbito de sus atribuciones.

r)Realizar las demás funciones que le encomienden las leyes o los reglamentos.

Párrafo 2º

De la Fiscalización.

Artículo 48.-

En el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la Superintendencia actuará de oficio o a petición de interesado.

La Superintendencia formulará cargos e instruirá el respectivo procedimiento en caso de verificar, por sí o a través de terceros, la existencia de una o más contravenciones a la normativa educacional.

En el caso de denuncias que le comuniquen el Ministerio de Educación o la Agencia de Calidad, la Superintendencia ordenará directamente la formulación de cargos y la instrucción del respectivo proceso.

Artículo 49.-

Para los efectos de la presente ley, el personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá también el carácter de Ministro de Fe respecto de todas las actuaciones que realice en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrá tomar declaraciones bajo juramento. Los hechos constatados por los funcionarios y sobre los cuales deban informar, de oficio o a requerimiento, podrán constituir presunción legal de veracidad para todos los efectos de la prueba judicial.

Las acciones de fiscalización podrán llevarse a efecto en cualquier momento, siempre que no se impida con ellas el normal desarrollo de las actividades pedagógicas del establecimiento. Los entes fiscalizados deberán otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los referidos funcionarios.

Párrafo 3º

De la rendición de cuentas.

Artículo 50.-

Los sostenedores y los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado, deberán rendir cuenta pública del uso de los recursos a través de procedimientos contables simples generalmente aceptados, respecto de cada uno de sus establecimientos educacionales de acuerdo a los instrumentos y formatos estandarizados que fije la Superintendencia.

Además, en caso de sospechas fundadas, la Superintendencia podrá realizar auditorías o requerir, a petición del sostenedor del establecimiento, que instituciones externas las efectúen, para comprobar la veracidad y exactitud de la información financiera que le hayan proporcionado. Si estas auditorías fueran realizadas por instituciones externas, la elección de la institución y su financiamiento corresponderá al sostenedor. La institución que realice la auditoría externa, deberá estar inscrita en un registro que para tales efectos lleve la Superintendencia.

Artículo 51.-

La Superintendencia deberá levantar un informe con las observaciones y recomendaciones que le ameriten las auditorías. Si detectare infracciones que puedan ser objeto de sanción, deberá abrir el procedimiento sancionatorio correspondiente y formular los cargos que procedieren.

Párrafo 4º

De la Atención de Denuncias y Reclamos.

Artículo 52.-

La Superintendencia recibirá las denuncias y resolverá los reclamos que se formulen por los miembros de la comunidad educativa u otros interesados y que se refieran a materias de su competencia, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

Artículo 53.-

Para los efectos de esta ley, la denuncia es el acto escrito u oral por medio del cual una persona o grupo de personas interesadas y previamente individualizadas, ponen en conocimiento de la Superintendencia una eventual irregularidad, con el objeto de que ésta investigue y adopte las medidas que correspondan.

Se entenderá por reclamo la petición formal realizada a la Superintendencia por alguna de las personas señaladas en el artículo anterior, en orden a que ésta resuelva la controversia existente entre el reclamante y alguna de las entidades fiscalizadas, apersonándose el reclamante en el procedimiento.

Artículo 54.-

Formulada una denuncia o recibido un reclamo, la Superintendencia podrá abrir un período de información previo con el fin de conocer las circunstancias concretas del caso y la conveniencia de iniciar un procedimiento.

Artículo 55.-

En el caso de denuncia o reclamo respecto de los establecimientos particulares pagados, la Superintendencia podrá investigar y exigir la entrega de los antecedentes que corresponda.

Artículo 56.-

Admitida una denuncia o reclamo a tramitación, el Director Regional ordenará la apertura de un expediente y designará al funcionario encargado de su tramitación, quien notificará al denunciado o reclamado.

Artículo 57.-

El funcionario designado podrá citar a los interesados a una audiencia de mediación en la cual propondrá bases de arreglo para solucionar el conflicto. Las opiniones que emita en esa audiencia no lo inhabilitarán para seguir conociendo de la causa.

Artículo 58.-

Las notificaciones a los interesados se realizarán por medio de carta certificada al domicilio que éstos fijen en la primera actuación, y se entenderán practicadas desde el tercer día desde la fecha de su despacho en la oficina de correos. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán registrar en la Superintendencia una dirección de correo electrónico en la cual recibir las notificaciones respectivas que, para todos los efectos legales, se entenderán practicadas al día hábil siguiente de su despacho.

Artículo 59.-

Un reglamento establecerá la forma de tramitación y los requisitos que deben cumplir las diligencias, actuaciones y las medidas precautorias que se decreten, debiendo velar porque se respete la igualdad de condiciones entre los involucrados, la facultad del reclamante de retirarse del procedimiento en cualquier momento, la bilateralidad de la audiencia, la imparcialidad y la transparencia del proceso.

Artículo 60

-La Superintendencia deberá mantener un registro público con las estadísticas de denuncias y reclamos conocidos y resueltos.

Artículo 61.-

Si el Director Regional o el Superintendente mediante resolución fundada, establece que la denuncia o reclamo carece manifiestamente de fundamentos, podrá imponer a quien lo hubiere formulado una multa no inferior a 1 UTM y no superior a 10 UTM, atendida la gravedad de la infracción imputada.

Párrafo 5º

De las infracciones y sanciones.

Artículo 62.-

Si se detectaren infracciones que pudieren significar contravención a la normativa educacional, el Director Regional competente, mediante resolución fundada, ordenará la instrucción de un procedimiento y designará un fiscal instructor encargado de su tramitación, de formular cargos, de investigar los hechos, solicitar informes, ponderar las pruebas y disponer toda otra diligencia que dé curso al procedimiento.

Artículo 63

- Tratándose de denuncias derivadas del Ministerio de Educación o la Agencia, el Director Regional competente ordenará directamente la formulación de cargos y la instrucción del procedimiento.

Artículo 64.-

La resolución que ordena instruir el procedimiento deberá notificarse al sostenedor o a su representante legal, personalmente, por carta certificada o correo electrónico. Esta actuación debe constar en el expediente administrativo.

La notificación por carta certificada se enviará al domicilio del establecimiento educacional donde hubieren ocurrido los hechos que dan origen a los cargos o al domicilio del Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad o de la Corporación Municipal de que se trate, o el que corresponda, tratándose de otra entidad creada por ley. La notificación se entenderá practicada al tercer día hábil siguiente del despacho de correos.

La notificación por correo electrónico deberá enviarse a la dirección registrada por el sostenedor ante la Superintendencia y se entenderá practicada al día hábil siguiente de su despacho.

En el caso de infracción a lo dispuesto en los artículo 72 letra b) y 73 letra b) de esta ley, la notificación también se efectuará al obligado a proporcionar la información que se solicite.

Artículo 65.-

Una vez notificado el sostenedor, de acuerdo al artículo anterior, el Director Regional, podrá proponer al Superintendente, como medida precautoria, ordenar mediante resolución fundada, la retención inmediata, ya sea total o parcial del pago de la subvención, sólo en los casos señalados en las letras d), f), g) , h) y l) del artículo 72. El Ministerio de Educación deberá proceder en el sentido dispuesto por la Superintendencia.

Esta medida sólo podrá ser dispuesta oyendo al afectado, y podrá ser impugnada dentro de los 5 días hábiles siguientes, sin suspender la tramitación del procedimiento administrativo principal. En tal caso, la Administración tendrá igual plazo para resolver.

Artículo 66.-

Formulados los cargos, la persona objeto del procedimiento tendrá un plazo de diez días contado desde la fecha de la notificación para presentar descargos y los medios de prueba que estime pertinentes.

Artículo 67.-

Presentados los descargos, o transcurrido el plazo para tal efecto, el fiscal instructor elaborará un informe y propondrá al Director Regional respectivo la aplicación de sanciones o el sobreseimiento, según corresponda.

Artículo 68.-

Corresponderá al Director Regional, de acuerdo al mérito de los antecedentes y por resolución fundada, sobreseer o aplicar las sanciones establecidas en el artículo siguiente.

La prueba que se rinda se apreciará de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Si correspondiere sancionar un hecho que constituya una infracción tanto a esta ley como al decreto fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, el Director Regional aplicará la sanción que corresponda como si se tratara de una sola infracción.

Artículo 69.-

Comprobada la infracción a la normativa educacional, y sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda, el Director Regional, podrá aplicar las siguientes sanciones, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de ellas:

a)Amonestación por escrito, en cuyo caso deberá señalarse el origen de la infracción administrativa, como asimismo el plazo dentro del cual deberá ser subsanada.

b)Multa, de acuerdo de la siguiente proporción:

1.- En el caso de las infracciones leves las multas no excederán de 50 UTM.

2.- En el caso de infracciones menos graves, las multas no podrán exceder de 500 UTM.

3.- En el caso de infracciones graves, las multas no podrán exceder de 1000 UTM.

La multa aplicada deberá ser proporcional a la matrícula total del establecimiento a la fecha de la infracción, al beneficio económico obtenido con ocasión de la infracción, a la intencionalidad de la comisión de la infracción, y a la subvención mensual por alumno o los recursos que el establecimiento reciba regularmente.

Para los establecimientos educacionales regidos por los títulos I y II del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, se entenderá por subvención mensual por alumno la que resulte de aplicar sus artículos 9º, 9º bis y 11, según corresponda.

Para los establecimientos educacionales regidos por el título II de la ley señalada, la aplicación de la multa se aumentará según el cobro mensual promedio del establecimiento.

Para los establecimientos de educación técnico-profesional regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, la multa deberá ser proporcional al promedio mensual de los recursos que se les asignen con el objeto de financiar su operación y funcionamiento.

Para los establecimientos particulares pagados, la multa será proporcional al promedio mensual de los cobros por motivo de arancel y matrícula.

c)Privación temporal de la subvención, la que podrá ser total o parcial. La privación de la subvención no podrá exceder de 12 meses consecutivos.

d) Privación definitiva de la subvención.

e) Inhabilitación temporal o a perpetuidad de la calidad de sostenedor y para mantener o participar en cualquier forma en la administración de establecimientos educacionales, la que se entenderá aplicada a sus socios, representantes legales, gerentes, administradores y directores;

f)Revocación del reconocimiento oficial.

Artículo 70.-

En caso que la Superintendencia disponga la sanción de privación de la subvención, inhabilidad del sostenedor y/o revocación del reconocimiento oficial del Estado, deberá enviar al Ministerio de Educación los antecedentes que correspondan para su aplicación y posterior inclusión en el registro correspondiente.

Artículo 71.-

Los hechos, actos u omisiones que constituyen infracciones administrativas, serán graves, menos graves y leves.

Artículo 72.-

Son infracciones graves:

a)No efectuar la rendición de cuentas en la forma que determina la ley.

b)No entregar la información solicitada por el Ministerio de Educación, la Agencia o la Superintendencia conforme a la normativa educacional.

c)Incumplir alguno de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado.

d)Incumplir reiteradamente los estándares de aprendizaje exigidos en conformidad a las leyes.

e)Alterar los resultados de las mediciones de aprendizaje.

f)Impedir, entorpecer u obstaculizar la fiscalización de la Superintendencia.

g)Realizar acciones dolosas destinadas a obtener la subvención educacional, tales como alterar la asistencia media o la matrícula de los alumnos.

h)Cobrar indebidamente derechos de escolaridad.

i)Hacer obligatorio el pago de matrícula u otros cobros que tengan carácter voluntario.

j)Exigir cobros o aportes económicos a través de terceros prohibidos en la ley.

k)Incurrir en atraso reiterado en el pago de las remuneraciones, cotizaciones provisionales y de salud de su personal, sin perjuicio de las facultades que sobre la materia detentan otros órganos.

l)Toda otra que haya sido expresamente calificada como grave en el decreto con fuerza de ley Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación, y en la normativa educacional.

Artículo 73.-

Son infracciones menos graves:

a)Efectuar tardía o incompletamente la rendición de cuenta.

b)Entregar la información requerida por la Superintendencia en forma incompleta o inexacta.

c)Infringir los deberes y derechos establecidos en la normativa educacional que no sean calificados como infracción grave.

d)Cobrar indebidamente valores superiores a los establecidos.

e)No prestar el servicio educativo en conformidad a la ley, los reglamentos y los convenios respectivos.

f)Toda otra infracción que sea expresamente calificada como tal en el decreto con fuerza de ley Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación, y en la normativa educacional.

En caso de infracciones que tengan el carácter de menos graves, sólo podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa establecidas en esta ley.

Artículo 74.-

Son infracciones leves aquellas en que incurran los sostenedores y/o establecimientos educacionales, contra la normativa educacional y que no tengan señalada una sanción especial.

Las infracciones leves sólo serán sancionadas si no fueren subsanadas en el plazo que prudencialmente conceda al efecto el fiscalizador de la Superintendencia.

En este caso, podrán ser amonestados o sancionados con multa, a beneficio fiscal.

Artículo 75.-

Constituyen circunstancias atenuantes de responsabilidad administrativa:

a)Subsanar los incumplimientos reportados por la Superintendencia, dentro del plazo de 30 días contados desde la notificación.

b)No haber sido sancionado con antelación con ninguna de las sanciones previstas en la legislación educacional.

c)Concurrir a las oficinas de la Superintendencia y denunciar estar cometiendo, por sí, cualquier infracción a la normativa educacional.

La circunstancia señalada en la letra c) sólo procederá cuando el sostenedor suministre información precisa, verídica y comprobable respecto de los hechos que constituyen la infracción y ponga fin, de inmediato, a los mismos.

Artículo 76.-

Se considerarán circunstancias agravantes de responsabilidad:

a)La no concurrencia de los sostenedores, representantes, administradores y dependientes de las instituciones fiscalizadas a las citaciones a declarar efectuadas por la Superintendencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 letra f) de la presente ley.

b)El incumplimiento reiterado de las instrucciones formuladas por la Superintendencia.

c)Haber sido sancionado con antelación en virtud de alguno de los procesos administrativos previstos en la normativa educacional vigente.

En el caso de la letra c) de este artículo, la multa deberá ser aumentada hasta el doble, como máximo, conforme a los criterios señalados en el artículo 69 letra b) de la presente ley.

Artículo 77.-

La sanción de multa no impide la aplicación de la inhabilitación temporal o perpetua de la calidad de sostenedor, ni la de revocación del reconocimiento oficial del Estado.

Artículo 78.-

Tratándose de multa aplicada a establecimientos educacionales subvencionados, o que reciban aportes del Estado, el pago de la misma se efectuará a través del descuento, total o en cuotas, de la multa correspondiente de la subvención mensual a percibir. En el caso de establecimientos particulares pagados, las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República.

Un reglamento fijará la forma, modalidad y oportunidad del pago de la multa impuesta, así como su reintegro en los casos que corresponda.

Las multas impuestas por la Superintendencia serán de beneficio fiscal.

El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia, en conformidad a la ley, devengará los intereses y reajustes establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Artículo 79.-

En caso que la Superintendencia disponga la sanción de revocación del reconocimiento oficial del Estado, el Ministerio de Educación deberá adoptar todas las medidas que resulten pertinentes para asegurar el derecho a la educación de los alumnos, en coordinación con las facultades que detenta esta Superintendencia.

Artículo 80.-

En contra de la resolución del Director Regional que aplique cualquiera de las sanciones señaladas, procederán los recursos administrativos que establece la ley Nº 19.880.

Artículo 81.-

Los afectados que estimen que las resoluciones del Superintendente no se ajustan a la normativa educacional, podrán reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación de la resolución que se impugna, para que las deje sin efecto.

La Corte deberá pronunciarse en cuenta sobre la admisibilidad del recurso.

Admitido el recurso, la Corte de Apelaciones dará traslado de éste a la Superintendencia, notificándola por oficio, y ésta dispondrá del plazo de diez días, contado desde que se notifique la apelación interpuesta, para evacuar el informe respectivo.

Evacuado el traslado por la Superintendencia, o vencido el plazo de que dispone para emitir su informe, la Corte ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala.

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días, la cual podrá ser apelada ante la Corte Suprema dentro del plazo de diez días hábiles, la que resolverá en cuenta.

Artículo 82.-

Contra la sanción de amonestación no procederá recurso administrativo alguno.

Artículo 83.-

La Superintendencia no podrá aplicar ningún tipo de sanción luego de transcurridos cuatro años desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho. El inicio de la investigación respectiva suspenderá este plazo de prescripción.

Todo proceso que inicie la Superintendencia deberá concluir en un plazo que no exceda los dos años.

Párrafo 6º

Del Administrador Provisional.

Artículo 84.-

La Superintendencia de Educación, mediante resolución fundada, podrá nombrar un Administrador Provisional, para que asuma las funciones que competen al sostenedor de un establecimiento educacional subvencionado o que reciba aportes del Estado, con el objeto de asegurar el adecuado funcionamiento de dicho establecimiento y la continuidad del servicio educativo.

El administrador provisional durará en su cargo sólo hasta el término del año escolar en curso, salvo lo establecido en el inciso segundo del artículo 91 de la presente ley.

Artículo 85.-

No podrá ser nombrado como Administrador Provisional de un establecimiento educacional:

a)El cónyuge, ni los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del sostenedor del establecimiento educacional y de quienes hayan sido directores titulares o administradores de la persona jurídica;

b)Los acreedores o deudores del sostenedor o que tengan algún interés pecuniario directo en empresas relacionadas;

c)Los administradores de bienes del sostenedor.

Sin perjuicio de lo anterior, regirán respecto de estas personas las inhabilidades de los artículos 54 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Artículo 86.-

Sólo se podrá nombrar un Administrador Provisional en los siguientes casos:

a) Cuando el establecimiento educacional se mantenga en la categoría de Desempeño Insatisfactorio por más de cuatro años consecutivos y exista riesgo de afectar la continuidad del año escolar.

b) Cuando el sostenedor se ausente injustificadamente, poniendo en riesgo la continuidad del año escolar.

c) Cuando, por razones imputables al sostenedor, se haga imposible la mantención del servicio educativo a consecuencia de sanciones, medidas precautorias, embargos, ejecuciones, retiros que afecten al establecimiento educacional o a su mobiliario.

d) Cuando exista atraso reiterado en el pago de las remuneraciones, cotizaciones previsionales y/o de salud del personal del establecimiento. Se entenderá por atraso reiterado la mora total o parcial en el pago de dos meses consecutivos o de tres en un período de seis.

e) Cuando, por causa imputable al sostenedor, se suspendan los servicios básicos para el buen funcionamiento del local escolar. Se entenderá por suspensión reiterada la no disponibilidad del servicio básico en un período de tres días hábiles consecutivos o cinco días hábiles en un período de seis meses.

Artículo 87.-

Al asumir sus funciones, el Administrador Provisional levantará un acta que dé cuenta del estado administrativo y financiero del establecimiento educacional, que será entregada a la Superintendencia.

Además, dentro de los 20 días siguientes a su nombramiento, deberá presentar un plan de trabajo, que deberá ser aprobado por el Superintendente.

El administrador provisional deberá presentar informes trimestrales de avance de su gestión y dar cuenta documentada de ella al Superintendente de Educación al término de sus funciones.

Una vez que la rendición de cuenta haya sido aprobada por la Superintendencia, ella será incorporada a un registro de carácter público, de conformidad a lo dispuesto en el reglamento.

El Administrador Provisional responderá de la culpa leve en su administración.

Artículo 88.-

Desde la fecha de designación del Administrador Provisional, el sostenedor del establecimiento será sustituido por éste para todos los efectos legales, quedando inhabilitado para percibir la subvención educacional.

Sin perjuicio de lo anterior, el sostenedor será responsable de todas las obligaciones que se hubieren generado en virtud del funcionamiento del establecimiento educacional con antelación al inicio de la Administración Provisional.

El nombramiento de administrador provisional procederá sin perjuicio de hacer efectiva la garantía establecida en el artículo 56 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación.

Artículo 89.-

El Administrador Provisional asumirá las facultades que competen al sostenedor del establecimiento educacional en el cual desempeñará su cargo y tendrá las facultades consignadas en el artículo 2.132 del Código Civil.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Administrador Provisional tendrá, especialmente, las siguientes facultades:

a)Asumir la representación legal del establecimiento, sea particular subvencionado, municipal o cuyo sostenedor sea otra entidad creada por ley;

b)Asegurar la continuidad escolar y la disponibilidad de matrícula para los alumnos del establecimiento, de conformidad a lo establecido en esta ley;

c)Percibir y administrar los recursos de que trata el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación;

d)Pagar las obligaciones derivadas del servicio educacional desde el momento que asume sus funciones, con el límite de los recursos que reciba para su gestión, de acuerdo a las prioridades que establezca, y considerando el buen desempeño del establecimiento educacional;

e)Poner término a la relación laboral del personal del establecimiento educacional, y

f)Constituir prenda sobre los bienes del establecimiento a fin de garantizar su buen funcionamiento.

g)Devolver la administración de los bienes al sostenedor al término de su gestión.

Las facultades del Administrador Provisional serán indelegables.

Artículo 90.-

El nombramiento de un Administrador Provisional, en el caso de la letra a) del artículo 86 de la presente ley, podrá tener por objeto hacer efectiva la revocación del reconocimiento oficial del establecimiento, siempre que existan establecimientos cercanos que impartan el mismo nivel educativo, clasificados en una categoría superior.

Para proceder a cerrar el establecimiento el Administrador Provisional deberá dar continuidad al servicio educativo, por el período que reste hasta el término del año escolar, asegurando la matrícula disponible a los alumnos para el año escolar siguiente en otros establecimientos educacionales.

Artículo 91.-

El Administrador Provisional tendrá facultades para reestructurar un establecimiento educacional, siempre que se trate de establecimientos educacionales administrados por municipalidades, sea directamente o por sus corporaciones municipales, o administrados por otras entidades creadas por ley, y no existan establecimientos cercanos que impartan el mismo nivel educativo, clasificados en mejor categoría.

El Administrador Provisional se hará cargo de las obligaciones legales hasta la entrega del establecimiento educacional a la Municipalidad o corporación respectiva, o a la entidad creada por ley que corresponda, la que deberá materializarse dentro del plazo de tres años, contado desde la fecha de su nombramiento.

Artículo 92.-

Para los efectos de lo dispuesto en este Párrafo, se entiende por establecimientos cercanos, aquellos cuyos sostenedor sea una Municipalidad, una corporación municipal u otra entidad creada por ley, y que se encuentren emplazados en la misma comuna y tengan matrícula disponible para atender las necesidades educativas que se generen, salvo que estén ubicados en zonas de aislamiento geográfico o de difícil acceso.

Artículo 93.-

Ningún establecimiento podrá ser objeto de restructuración más de dos veces en un período de diez años.

Si el establecimiento educacional resulta clasificado como insatisfactorio después de finalizada la segunda reestructuración dentro de tal período, la Agencia de Calidad comunicará la situación a la Superintendencia para que ésta inicie el procedimiento administrativo para revocar el reconocimiento oficial del establecimiento.

Artículo 94.-

Créase un Registro Público de Administradores Provisionales, a cargo de la Superintendencia, que incluirá las personas naturales y jurídicas, habilitadas para cumplir las funciones de Administrador Provisional.

Un reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir las personas para el ingreso y permanencia en el registro o subregistros que se creen; procedimiento de selección, mecanismos de evaluación y acreditación de ellas; tiempo de duración en el registro y causales que originan la salida de éste, a fin de asegurar la idoneidad del Administrador Provisional y la efectividad de su gestión.

Artículo 95.-

Los honorarios del Administrador Provisional serán pagados con cargo a la subvención que le corresponda recibir al establecimiento, conforme a la ley. En la parte no cubierta por estos recursos, será cubierta por la Superintendencia.

Párrafo 7º

De la Organización de la Superintendencia.

Artículo 96.-

Un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, con el título de Superintendente de Educación, será el Jefe Superior de la Superintendencia y tendrá la representación judicial y extrajudicial de la misma. Dicho funcionario estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.

Artículo 97.-

Corresponderá al Superintendente especialmente:

a)Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia y ejercer, respecto de su personal, las atribuciones propias de su calidad de Jefe Superior de Servicio.

b)Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Superintendencia.

c)Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio. En el ejercicio de estas facultades podrá administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza.

d)Nombrar y remover al personal del Servicio, de conformidad a la presente ley y a las normas estatutarias.

e)Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia, de conformidad a la ley.

f)Contratar las labores operativas de inspección o verificación del cumplimiento de las normas de su competencia a terceros idóneos debidamente certificados conforme al reglamento respectivo.

g)Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas, elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento.

h)Conocer y resolver los recursos que la ley establece.

i)Imponer las sanciones y multas que establece la presente ley y las demás disposiciones legales que regulen la actividad educacional e informar de éstas al Ministerio de Educación, para que sean incorporadas en el registro correspondiente.

j)Ejercer las demás atribuciones que le encomienden las leyes y reglamentos.

Sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Superintendente deberá poner en conocimiento de los demás organismos fiscalizadores los antecedentes de que disponga o de que tome conocimiento, para que éstos ejerzan a su vez las facultades que les sean propias.

Artículo 98.-

La Superintendencia se desconcentrará territorialmente a través de Direcciones Regionales de conformidad a lo establecido en la ley.

Artículo 99.-

El personal de la Superintendencia se regulará por las normas de esta ley, por el D.F.L. a que se refiere el artículo tercero transitorio y por los reglamentos que de conformidad a ella se dicten. Supletoriamente, le serán aplicables las normas del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 100.-

El Superintendente, con sujeción a la planta de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

El personal a contrata de la Superintendencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Superintendente. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Superintendencia.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios, se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

Artículo 101.-

El Superintendente podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la administración civil del Estado, sin que rijan las limitaciones establecidas por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes.

Artículo 102.-

El personal de la Superintendencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos administrativos, lo que no obsta a las sanciones penales que procedan.

Artículo 103.-

El personal de la Superintendencia tendrá prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su fiscalización otros servicios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta. Cualquiera infracción a esta norma será constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan de conformidad a la ley.

Artículo 104.-

Sin perjuicio de las causales previstas en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo, para la cesación del cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

a)Necesidades de la Superintendencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Superintendencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II nivel jerárquico de la Superintendencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Superintendente ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que se adopten y la forma y oportunidad en que se recepcione la información y antecedentes requeridos al efecto.

b)Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a) precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 105.-

El personal de la Superintendencia que detente cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos deberá desempeñarse con dedicación exclusiva. Sin perjuicio de lo anterior, podrá realizar labores docentes en los términos del artículo 8° de la Ley N° 19.863, ejercer los derechos que le atañen personalmente, percibir los beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable y los emolumentos que provengan de la administración de su patrimonio.

Artículo 106.-

La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos.

Párrafo 8º

Del Patrimonio.

Artículo 107.-

El patrimonio de la Superintendencia estará constituido por:

a)Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b)Los recursos otorgados por leyes especiales;

c)Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o que adquiera a cualquier título;

d)Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios;

e)Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

g)Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.

La Superintendencia estará sujeta a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado y sus disposiciones complementarias.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 108.-

Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Artículo 109.-

En los casos no contemplados en la presente ley, la entrega de información que se requiera a estos órganos, se someterá al procedimiento establecido en los artículos 13 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000.

Artículo 11

0.-El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y en lo que faltare con cargo a la partida Presupuestaria del Tesoro Público.

Artículo 111.-

Un reglamento establecerá los mecanismos que permitan una coordinación eficaz entre los órganos del Estado que componen el Sistema.

Las visitas inspectivas, evaluativas o de fiscalización que realicen los órganos mencionados deberán realizarse coordinadamente.

La Agencia deberá informar a la Superintendencia de Educación, la exclusión indebida de alumnos de bajo rendimiento de las mediciones, filtración de pruebas o cualquier otro intento de manipulación de los resultados de las mediciones de aprendizaje, con el objeto que adopte las medidas pertinentes y aplique las sanciones que corresponda de conformidad a la ley.

Para la elaboración, mantención y actualización de los Registros que se creen en virtud de esta ley, el Ministerio, la Superintendencia y la Agencia de Calidad tendrán libre acceso a la información que cada uno posea, recíprocamente.

Artículo 112.-

Modifíquese la ley Nº 18.956, que Reestructura el Ministerio de Educación en el siguiente sentido:

1.-Sustitúyase el artículo 1º por el siguiente:

“El Ministerio de Educación es la Secretaría de Estado encargada de fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades; promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal al primer y segundo nivel de la educación parvularia; financiar un sistema gratuito destinado a garantizar el acceso de toda la población a la educación básica y media; promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales de la persona humana; fomentar la cultura de la paz; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística, la práctica del deporte y la protección y conservación del patrimonio cultural.”.

2.-Elimínese la letra c) del artículo 2º.

3.-Intercálese, a continuación del artículo 2º, el siguiente artículo 2º bis nuevo:

“Artículo 2º bis.- Sin perjuicio de las funciones señaladas en el artículo anterior, también corresponderá al Ministerio:

a)Elaborar las bases curriculares y los planes y programas de estudio para la aprobación del Consejo Nacional de Educación;

b)Formular los estándares de aprendizaje de los alumnos y los estándares indicativos de desempeño para docentes, docente directivos, sostenedores y establecimientos educacionales para la aprobación del Consejo Nacional de Educación, cuando corresponda;

c)Proponer y evaluar las políticas y diseñar e implementar programas y las acciones de apoyo técnico pedagógico para docentes, equipos directivos, asistentes de la educación, sostenedores y establecimientos educacionales;

d) Proponer y evaluar las políticas relativas a la formación inicial y continua de docentes;

e)Determinar, en coordinación con la Agencia de Calidad, el plan de mediciones nacionales e internacionales de los niveles de aprendizaje de los alumnos para la aprobación del Consejo Nacional de Educación.

f)Desarrollar estadísticas, indicadores y estudios del sistema educativo, en el ámbito de su competencia, y poner a disposición del público la información que con motivo del ejercicio de sus funciones recopile. Esta información será pública y de libre acceso para todo el que tenga interés en consultarla. No obstante, tendrá carácter confidencial respecto de la identidad de los alumnos y los docentes evaluados de conformidad a la ley;

g)Establecer y administrar los registros públicos que determine la ley, y

h)Ejecutar, las sanciones que disponga la Superintendencia de Educación o, en su caso, aplicar las sanciones en los ámbitos que determinen las leyes.”.

4.-Intercálese, a continuación del artículo 2º bis nuevo, el siguiente artículo 2º ter nuevo:

“Artículo 2º ter.- Dentro de la función de apoyo técnico pedagógico a los sostenedores y sus establecimientos educacionales y a las instituciones de apoyo técnico pedagógico, al Ministerio le corresponderá asesorar, directamente o a través de terceros, elegidos por el sostenedor de entre los sujetos registrados según el artículo 19 letra d), en los procesos de mejora de la calidad educativa.

En el caso de los establecimientos que reciban la subvención creada por la ley Nº 20.248, este apoyo se financiará con cargo a los recursos que ella establece.”.

5.-Elimínese, en el artículo 4º, la expresión “Jefe Superior del Ministerio y”.

6.-Agréguese al artículo 6º, a continuación de la expresión “del Ministro”, la frase “y el Jefe Administrativo del Ministerio”.

7.-Reemplácese, en el artículo 15, en su inciso segundo, la expresión “y de inspección y control de subvenciones”, por la frase “y las vinculadas a la inspección del pago de las subvenciones”.

8.-Elimínese, en el artículo 16, en su inciso primero, la expresión “y financiera”.

9.-Incorpórese el siguiente Título III nuevo, a la ley Nº 18.956, pasando el actual Título III a ser Título IV, ordenándose sus artículos correlativamente:

“TÍTULO III

De los requerimientos de información, de la Ficha Escolar y los registros

Artículo 17.-

Para los efectos de los registros establecidos en la ley, los sostenedores deberán proporcionar toda la información solicitada por el Ministerio de Educación relativa a repitencia, promoción, abandono y retiro de alumnos, compromisos de gestión o metas institucionales del establecimiento. Asimismo, cuando corresponda, deberán informar sobre los programas de apoyo propios o con otras instituciones u organismos, cobros efectuados en los establecimientos en que así procediere y aquella información mencionada en el artículo 8º de la ley Nº 19.979, en los casos que corresponda.

Artículo 18.-

A partir de la información a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Educación elaborará una Ficha Escolar que resumirá la información relativa a cada establecimiento educacional.

La Ficha Escolar será publicada en la página Web del Ministerio de Educación. Esta información estará a disposición de cualquier interesado.

Un reglamento fijará la forma, modalidad y periodicidad en que deberá requerirse y publicarse la información establecida en el presente artículo y el anterior, en especial el contenido de la Ficha Escolar.

Artículo 19.-

Los Registros de Información comprenderán, al menos, los siguientes:

a)Registros de Sostenedores, el que deberá incluir, al menos, la constancia de su personalidad jurídica, representante legal, establecimientos que administra e historial de infracciones, si las hubiere. En el caso de percibir subvención y/o aportes estatales, deberá también informarse sobre origen y monto de todos los recursos recibidos y planes de desarrollo.

b)Registros de Establecimientos Reconocidos Oficialmente, donde deberá incluirse, al menos, el nombre y domicilio del establecimiento educacional, identificación del sostenedor y representante legal, constancia del acto administrativo por medio del cual se otorgó el reconocimiento oficial y su fecha, nivel de enseñanza y modalidad que imparte y la información pertinente relativa a alumnos, directivos, docentes y asistentes de la educación. Asimismo, deberá contemplar indicadores de eficacia y eficiencia interna y fuentes de recursos y monto de los mismos.

En el caso de los establecimientos que reciban Subvenciones y/o Aportes Estatales, deberá incluir además, la individualización de los integrantes del Consejo Escolar e información sobre el Plan de Mejoramiento Educativo, si lo tuviere.

c)Registro de Docentes, el que deberá incluir el nombre, títulos y otras certificaciones de competencia, establecimiento educacional donde se desempeña, sectores de aprendizaje y cursos en que ejerce, premios y/o sanciones recibidas y otros antecedentes relativos a la idoneidad para ejercer la profesión, de conformidad a la ley. La información para confeccionarlo, deberá ser proporcionada por el sostenedor para quien trabaja el docente.

d)Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, que estarán habilitadas para prestar apoyo a los establecimientos educacionales y para la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo. Un reglamento establecerá la regulación a que se sujete este registro, así como los requisitos que deberán cumplir las personas y entidades para el ingreso y permanencia en el registro o subregistro de especialidades que se creen. En todo caso, el registro deberá incluir, a lo menos, una adecuada identificación de las entidades y especialidades técnicas en las que ofrecen servicios, así como antecedentes relativos a la calidad de los que hubieren prestado. El procedimiento de selección de las mismas, tiempo de duración en el registro y causales que originan la salida de éste, se determinará considerando la calidad técnica, eficacia y especialidad de dichas entidades. Para constituir este registro, el Ministerio de Educación convocará un panel de expertos, ad-honorem, ampliamente reconocidos en el campo de la educación nacional o extranjera.

El Ministerio de Educación deberá administrar y mantener con información actualizada los registros señalados en este artículo, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación de establecer otros registros que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 20.-

Las Universidades e Institutos Profesionales deberán remitir por medios informáticos al Ministerio de Educación la nómina de profesores titulados cada año de su respectiva institución. Tratándose de profesores titulados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, deberán remitir la información, dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de la presente ley.”.

Artículo 113.-

Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, en el siguiente sentido:

1.-Al artículo 5°:

a)Derógase su inciso tercero.

b)Sustitúyese su inciso cuarto por el siguiente:

“El incumplimiento de la obligación señalada en el inciso segundo se considerará infracción menos grave.”.

2.-Derógase el artículo 19.

3.-Elimínese del inciso final del artículo 21 la siguiente frase “para los efectos del artículo 50”.

4.-Sustitúyese en el inciso final del artículo 22 la frase que sigue al punto seguido (.) por la siguiente “La infracción de esta obligación se considerará infracción menos grave.”.

5.-Sustitúyese, en el inciso quinto del artículo 26 la expresión “al Ministerio” por “a la Superintendencia”.

6.-Deróganse los artículos 52, 52 bis y 53.

7.- Intercálese en el inciso primero del artículo 54 entre las expresiones “mediante resolución fundada“, y la que se inicia “ordenar que se deje sin efecto” la siguiente frase “y previo informe favorable de la Superintendencia de Educación,”.

8.-Al artículo 55:

a)Para agregar después del punto final (.) que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase “Sin perjuicio de las facultades que correspondan, en materia sancionatoria a la Superintendencia de Educación.”.

b)Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En la fiscalización de las normas de esta ley y sus reglamentos el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de Educación deberán actuar coordinadamente conforme al artículo 111 de la Ley sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación parvularia, básica y media.”.

9.-Deróganse los artículos 64 y 65.

10.-Elimínese del inciso final del artículo quinto transitorio la frase “para los efectos de los artículos 50 y 52 del presente cuerpo legal”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante un decreto con fuerza de ley expedido por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda, establezca las Direcciones Regionales de la Superintendencia de Educación definiendo sus potestades, funciones y el ámbito geográfico que abarcará cada una de ellas.

Artículo segundo transitorio.- El Ministerio de Educación tendrá un plazo máximo de un año desde la entrada en vigencia de esta ley, para presentar los estándares de aprendizaje e indicativos de desempeño al Consejo Nacional de Educación.

La Agencia de Calidad tendrá un plazo máximo de un año, contado desde la aprobación de los estándares que señala el inciso anterior, para determinar y aplicar la metodología para la clasificación de los establecimientos en las categorías y criterios señalados en el artículo 13.

Artículo tercero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, fije las plantas de personal de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación, y el régimen de remuneraciones que les será aplicable.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas de personal que fije, el número de cargos por cada planta así como los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones y niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley Nº 19.882 y en el artículo 8° del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, según corresponda. En el mismo acto, fijará la fecha de vigencia de la planta de personal y la dotación máxima de personal para el año.

Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas de encasillamiento del personal de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República fijará las normas necesarias para la fijación de las remuneraciones variables, en su aplicación transitoria.

Mediante igual procedimiento, el Presidente de la República determinará la fecha de vigencia de la planta que fije y del encasillamiento que practique y el inicio de funciones de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad.

Artículo cuarto transitorio.- El Presidente de la República nombrará, transitoria y provisionalmente, conforme al artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, al Superintendente y al Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, quienes asumirán de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

Para iniciar el concurso de los integrantes del consejo de la Agencia, el Ministro de Educación tendrá un plazo máximo de dos meses, contado desde la publicación de la presente ley.

Artículo quinto transitorio.- La planta de personal de la Superintendencia y de la Agencia de Calidad de la Educación será provista mediante el traspaso, sin solución de continuidad, de personal desde el Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, siguiendo el procedimiento que se establece en el inciso siguiente. Del mismo modo, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. Los cargos que no se provean de conformidad al procedimiento previsto en el inciso siguiente se llenarán mediante concurso público.

Conforme lo anterior, la Subsecretaría de Educación directamente o utilizando el procedimiento que establece por el artículo 23 del Estatuto Administrativo, llamará a un concurso abierto a los funcionarios de las instituciones enumeradas en el inciso anterior, sean de planta o a contrata, los que deberán cumplir los requisitos de los cargos concursados y estar calificados en listas 1 o 2 de distinción o buena, respectivamente. Los funcionarios a contrata deberán, además, haberse desempeñado en tal calidad a lo menos durante los dos años previos al concurso.

La Subsecretaría de Educación en forma previa, según la planta y sus requisitos, definirá, conjuntamente con el Superintendente o el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, según corresponda, los factores, subfactores, competencias y/o aptitudes específicas a considerar, pudiendo fijarse por cargos o grupo de cargos o funciones.

El concurso deberá seguir, a lo menos, las siguientes normas básicas:

a)En la convocatoria se especificarán los cargos, las funciones a desempeñar y la localidad en la que estará ubicada la vacante.

b)En un solo acto, se postulará a una o más de las plantas o escalafones de la Superintendencia sin especificar cargos o grados determinados dentro de ellas, salvo que se postule sólo a determinadas localidades especificadas en la convocatoria.

c)La provisión de los cargos de cada planta se efectuará, en cada grado, en orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los postulantes.

d)En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme a los siguientes criterios: en primer término con el personal de planta, si quedaran vacantes se procederá con los funcionarios a contrata. De subsistir la igualdad se procederá conforme al resultado de la última calificación obtenida en la institución de origen. Por último, de mantenerse la igualdad se pronunciará el Superintendente o el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad, según corresponda.

e)El traspaso regirá a partir de la fecha en que quede totalmente tramitado el acto administrativo que lo dispone o de una fecha posterior si así éste lo estableciera.

Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, dicte normas complementarias para el adecuado desarrollo del concurso, aplicando en lo que estime pertinente, los preceptos del decreto supremo N° 69 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Artículo sexto transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que a través de uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, regule los cargos de planta que quedaren vacantes, en el o los servicios en virtud de la creación de la Supertendencia de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación. En el ejercicio de esta facultad además, podrá establecer la disminución de la dotación máxima en los servicios antes mencionados.

Artículo séptimo transitorio.- Los traspasos de personal no podrán significar disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos previsionales de los funcionarios traspasados. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.

Artículo octavo transitorio.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministro de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Superintendencia y la Agencia de Calidad, incluyendo sus glosas y los recursos que se le traspasen por efectos del artículo quinto transitorio y aquéllos asociados a las unidades cuyas funciones se transfieren por esta ley a la Superintendencia.

Artículo noveno transitorio.- Mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá también suscribirse por el Ministro de Educación, se determinarán los bienes muebles e inmuebles fiscales que se traspasarán a la Superintendencia y la Agencia de Calidad. El Superintendente y el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, requerirán de las reparticiones correspondientes las inscripciones y anotaciones que procedan, con el sólo mérito del decreto supremo antes mencionado.

Artículo décimo transitorio.- Las categorías indicadas en el artículo 9º de la ley Nº 20.248 se entenderán equivalentes a las categorías establecidas en el artículo 13 de la presente ley, de acuerdo a la siguiente tabla:

Los establecimientos educacionales adscritos al régimen de Subvención Escolar Preferencial, regulado por la ley N° 20.248, serán reclasificados por la Agencia de la Calidad en el plazo establecido en el artículo segundo transitorio de la presente ley.

Sin embargo, los establecimientos clasificados según las categorías señaladas en la ley N° 20.248, conservarán los derechos y deberes constituidos conforme a ella, hasta el término del año 2011.

Facúltase al Presidente de la República para que dicte las normas con fuerza de ley necesarias para la transición de los establecimientos regidos por la ley Nº 20.248 a las categorías establecidas en el artículo 13 de la presente ley.

En el mismo acto el Presidente de la República dictará las demás disposiciones necesarias para adecuar las demás disposiciones de la ley Nº 20.248 a las de la presente ley.

Artículo undécimo transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, a través de uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministerio de Hacienda, dicte las normas necesarias para modificar la organización del Ministerio de Educación con el objeto de adecuarla a las normas de esta ley. En dichas normas se procederá, además, a efectuar la adecuación de las plantas de personal que de dicha reorganización se deriven.”.

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INDICACIONES EFECTUADAS AL TEXTO DE LA INDICACIÓN SUSTITUTIVA PRESENTADA POR EL EJECUTIVO, QUE SE CONTIENE EN EL NÚMERO 1:

Artículo 2°

Letra a)

2.-De los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Objetivos generales establecidos a través de las bases curriculares y estándares de aprendizaje de los alumnos y estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores, de los docentes y directivos, propuestos por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación.”.

Letra e)

3.-De los Honorables Senadores Larraín, Allamand y Chadwick, para sustituir la frase “Fiscalización del adecuado uso de los recursos” por “Fiscalización de la adecuada rendición de cuentas del uso de los recursos públicos”.

Artículo 5°

Inciso tercero

4.-De los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, para eliminar la frase: “y exista disponibilidad presupuestaria”.

Artículo 6°

Letra a)

5.-De los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al grado de cumplimiento de los objetivos generales establecidos a través de las bases curriculares y los estándares respectivos, por medio de instrumentos y procedimientos de medición estandarizados y externos a los establecimientos;”.

Letra c)

6.-De los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, para sustituirla por la siguiente:

“c) Clasificar a los establecimientos según los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los objetivos generales establecidos a través de las bases curriculares y los estándares de aprendizaje, y”.

Artículo 7°

Letra a)

7.-De los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, para reemplazar su párrafo primero, por el siguiente:

“a) Diseñar, implementar y aplicar un sistema de medición de los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los objetivos generales establecidos a través de las bases curriculares y los estándares de aprendizaje.”.

8.-De los Honorables Senadores Larraín, Allamand y Chadwick, para intercalar, en su párrafo tercero entre las frases “a lo menos en algún curso” y “tanto del nivel de enseñanza básica”, la siguiente expresión: “cada año,”.

Letra j)

9.-De los Honorables Senadores Larraín, Allamand y Chadwick, para intercalar, en su párrafo segundo, entre las frases “acerca de la cobertura” y “de las diversas materias”, la expresión “del sistema”.

Artículo 8°

Inciso segundo

10.-De los Honorables Senadores Larraín, Allamand y Chadwick, para agregar, a continuación del vocablo “institucionales” la frase “y de autoevaluación de los establecimientos”.

Inciso tercero

11.-De los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, para sustituirlo por el siguiente:

“La evaluación de desempeño considerará, entre otros, los resultados educativos, el grado de cumplimiento de los objetivos generales establecidos a través de las bases curriculares y los estándares de aprendizaje de los alumnos y otros indicadores de calidad de procesos relevantes de los establecimientos, los resultados de la autoevaluación institucional, el proyecto educativo y las condiciones de contexto del establecimiento educacional.”.

Artículo 13

Incisos primero y segundo

12.-De los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, para reemplazarlos, respectivamente, por los siguientes:

“Artículo 13.- La Agencia clasificará, mediante resolución fundada, a todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, de acuerdo a los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los objetivos generales establecidos a través de las bases curriculares y los estándares de aprendizaje.

Para llevar a cabo esta clasificación, la Agencia deberá considerar los resultados de aprendizaje de todas las áreas evaluadas censalmente en las mediciones nacionales, la distribución de los resultados de los alumnos en relación a los estándares de aprendizaje y las características de los alumnos del establecimiento, indicadores de aprobación y retención y, cuando sea posible, indicadores de progreso y/o valor agregado. La Agencia determinará la metodología de clasificación, la que será oficializada por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de Hacienda. Dicha metodología se actualizará en un plazo no inferior a cuatro y que no exceda de ocho años.”.

Inciso cuarto

Letra d)

13.-De los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para reemplazarla por la siguiente:

“d) Establecimientos Educacionales de Mal Desempeño.”.

Artículo 16

Incisos primero, segundo y tercero

14.-De los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para sustituirlos por los siguientes:

“Artículo 16.- La Agencia deberá dar a conocer la clasificación de los establecimientos educacionales.

Asimismo, deberá informar a los padres y apoderados y al Consejo Escolar sobre la clasificación de los establecimientos a los que envían a sus hijos y pupilos.

En el caso de los padres y apoderados recibirán información relevante y de fácil comprensión sobre los establecimientos de mejor calificación de la misma comuna y de las comunas cercanas.”.

15.-De los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para agregar el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo anterior, la clasificación de todos los establecimientos del país deberá estar disponible en la página web del Ministerio de Educación y de la Agencia, actualizada y desglosada por Región y comuna.”.

Artículo 17

16.-De los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 17.- La Agencia tendrá un plan de visitas evaluativas anuales que considerará mayor frecuencia para los establecimientos que muestran menor grado de cumplimiento de los objetivos generales establecidos a través de las bases curriculares y los estándares de aprendizaje.”.

17.-De los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para sustituir la frase “que muestran menor grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje” por “que se ubiquen en las dos categorías inferiores.”.

Artículo 18

Inciso primero

18.-De los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para intercalar, entre los vocablos “aportes” y “del Estado”, la palabra “regulares”.

Artículo 19

Inciso primero

19.-De los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para intercalar, entre los vocablos “aportes” y “del Estado”, la palabra “regulares”.

Artículo 20

Inciso primero

20.-De los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, para intercalar, entre la palabra “Desempeño” y la coma (,) que le sigue, la siguiente frase: “y que obtengan una evaluación de desempeño positiva”.

21.-De los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para sustituir la expresión “el Ministerio de Educación” por “la Agencia”.

Artículo 22

Inciso primero

22.-De los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para reemplazar las frases “, incluyendo acciones que permitan hacerse cargo de las debilidades identificadas en el informe elaborado por la Agencia. Dicho plan deberá, además, explicitar”, por el vocablo “explicitando”.

Artículo 23

23.-De los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para eliminar la frase “al Ministerio de Educación o”.

Artículo 24

24.-De los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para suprimirlo.

Inciso primero

25.-De los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para eliminar los vocablos “directamente o”.

Artículo 25

26.-De los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para agregar, luego de la palabra “informada”, la expresión “por la Agencia”.

Artículo 26

27.-De los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para eliminar la frase “, que prestará este servicio,”.

Artículo 31

Inciso primero

28.-De los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 31.- El Consejo estará constituido por cinco miembros de destacada experiencia en la actividad educativa, nombrados por el Presidente de la República.”.

Artículo 39

Inciso primero

29.-De los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 39.- El Secretario Ejecutivo será el Jefe Superior del Servicio y será designado por el Ministro de Educación a proposición del Consejo y estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882.”.

30.-De los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para agregarle la siguiente oración: “El Secretario Ejecutivo será nombrado por el Consejo de la Agencia.”.

De los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick

Artículo 44

Letra e)

31.-Para suprimirla.

32.-En subsidio de la anterior, para sustituirla por la siguiente:

“e) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;”.

Artículo 46

33.- Para reemplazar la frase “será fiscalizar el uso de los recursos por los sostenedores y los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, y que éstos cumplan” por “será fiscalizar que los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado cumplan”.

34.- En subsidio de la anterior, para intercalar, entre las palabras “recursos” y “por”, la expresión “públicos”.

35.- Para agregar el siguiente, inciso segundo, nuevo:

“Si en el ejercicio de sus atribuciones la Superintendencia toma conocimiento de infracciones a otras normas legales que no integran la normativa educacional, deberá informar a los órganos fiscalizadores correspondientes. La Superintendencia no podrá iniciar procesos sancionatorios por infracciones en materias distintas de aquellas que son objeto de su competencia.”.

36.- En subsidio de la anterior, para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Iniciado un procedimiento sancionador por algún organismo sectorial con competencia fiscalizadora en los establecimientos educacionales, no podrá la Superintendencia, por los mismos hechos, iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio.”.

Artículo 47

Letra b)

37.-Para agregar, después de la frase “uso de los recursos”, la palabra “públicos”.

Letra e)

38.- Para añadir, después de la palabra “Acceder”, la siguiente frase: “en el caso de los establecimientos subvencionados”.

Letra f)

39.- Para agregar, después de la frase “en un procedimiento administrativo”, la expresión “en curso”.

40.- Para eliminar, en su última oración, la frase “y presten servicios a”.

Letra g)

41.- Para eliminar la siguiente frase inicial: “Resolver consultas,”.

42.- Para reemplazar la palabra “pudiendo” por “debiendo”.

Letra i)

43.- Para intercalar, entre las frases “que reciban aportes” y “del Estado”, la palabra “regulares”.

Letra l)

44.- Para agregarle, los siguientes párrafos, nuevos:

“En el ejercicio de esta atribución la Superintendencia deberá dar lugar a un procedimiento de información y recepción de comentarios antes de la dictación de las instrucciones de general aplicación el que, por lo menos, deberá contar con un plazo de un mes para recibir aportes y comentarios de las personas y entidades interesadas. La Superintendencia estará eximida de este procedimiento cuando, por razón fundada, considere el procedimiento contrario al interés público. En ningún caso los comentarios que se realicen serán vinculantes y la Superintendencia solo los considerará como antecedentes de sus decisiones.

Asimismo, en el ejercicio de esta atribución la Superintendencia deberá acompañar, cuando sea aplicable, un informe financiero con la estimación general de los costos que generará en los establecimientos educacionales la aplicación de la normativa educacional.”.

Letra n)

45.- Para intercalar, entre los términos “información” y “que”, la palabra “estadística”.

46.- Para agregarle el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“La Superintendencia no podrá en ningún caso realizar requerimientos de información referida a un elevado número de actos o antecedentes ni solicitar requerimientos que distraigan indebidamente a los receptores del cumplimiento regular de sus labores habituales.”.

Artículo 49

47.- Para eliminar su inciso primero.

48.- Para agregarle el siguiente inciso final, nuevo:

“La Superintendencia deberá procurar que los procesos de fiscalización que lleven a cabo los diversos órganos de la administración del Estado se coordinen entre sí con un criterio de eficiencia que evite distraer indebidamente la labor al interior de los establecimientos educacionales.”.

oooo

49.- Para incorporar, a continuación, los siguientes artículos, nuevos:

“Artículo 49 bis.- Las funciones de fiscalización, instrucción del procedimiento sancionatorio y la aplicación de sanciones estarán a cargo de unidades diferentes.”.

Artículo 49

ter.- El Superintendente tendrá la atribución privativa e indelegable de aplicar las sanciones establecidas en la presente ley, con excepción de la amonestación por escrito.”.

Artículo 50

Inciso primero

50.- Para intercalar, entre la frase “o que reciban aportes” y “del Estado”, la palabra “regulares”.

51.- Para incorporar la siguiente oración final: “En ningún caso esta rendición de cuentas implicará un análisis de mérito de los gastos realizados.”.

Inciso segundo

52.- Para agregar, antes de la frase “en caso de sospechas fundadas”, la siguiente: “previa resolución fundada y”.

53.- Para agregar, después de la frase “en caso de sospechas fundadas”, la siguiente: “que dichos recursos están siendo utilizados fraudulentamente”.

54.- En subsidio de la anterior, reemplazar la frase “en caso de sospechas fundadas” por “en caso de sospechas fundadas respecto de la veracidad y exactitud de la información financiera que le hayan proporcionado,”.

Artículo 52

55.- Para intercalar, entre la expresión “u otros” y la palabra “interesados”, el vocablo “directamente”.

Artículo 53

Inciso primero

56.- Para reemplazar la frase “una persona o grupo de personas interesadas y previamente individualizadas” por la siguiente: “uno o más estudiantes, padres, apoderados, profesores o demás personas que ejerzan labores en un establecimiento educacional, previamente individualizados,”.

Inciso segundo

57.- Para sustituir la frase “en el artículo anterior” por la siguiente: “en el inciso anterior”.

Artículo 57

58.- Para reemplazar la expresión “podrá citar” por “deberá citar”.

59.-Para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán convenir en llevar el asunto ante un mediador de entre aquellos inscritos en un registro que llevará para estos efectos la Superintendencia.”.

Artículo 58

60.-Para intercalar, entre las frases “Las notificaciones a los interesados” y “se realizarán por medio de carta certificada”, la siguiente: “, salvo la primera de ellas que deberá ser personal,”.

Artículo 59

61.- Para eliminar la frase “y las medidas precautorias que se decreten”.

Artículo 61

62.- Para intercalar, entre la palabra “fundamentos” y la coma (,) que le sigue, la siguiente frase: “o ha sido intencionalmente falsa”.

oooo

63.- Para incorporar el siguiente artículo 61 bis, nuevo:

“Artículo 61 bis.- En los procesos de reclamo, las partes podrán convenir que la controversia sea conocida por un arbitro quien fallará conforme a derecho. El nombramiento del árbitro deberá hacerse con el consentimiento unánime de todas las partes interesadas en el asunto. En los casos en que no concurriere el avenimiento entre las partes respecto de la persona del árbitro, el Director Regional lo nombrará de entre aquellos inscritos en un registro que para estos efectos llevará la Superintendencia. Contra la sentencia arbitral podrá reclamarse únicamente ante los tribunales de justicia en conformidad al procedimiento establecido en el artículo 81.”.

Artículo 64

Inciso primero

64.- Para eliminar la frase: “o correo electrónico”.

Inciso tercero

65.-Para suprimirlo.

Artículo 65

66.- Para eliminarlo.

67.- En subsidio de la anterior, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“En todo caso, la retención inmediata de la subvención a que hace referencia este artículo deberá ser autorizada previamente por la Corte de Apelaciones correspondiente en procedimiento breve y sumario.”.

Artículo 66

68.- Para reemplazar el vocablo “diez” por “quince”.

69.-Para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Ninguna persona o institución podrá ser sancionada por hechos que no hubieren sido materia de cargos.”.

Artículo 68

Inciso primero

70.- Para agregarle la siguiente oración final: “Sin perjuicio de lo anterior, las sanciones de multa que excedan las 50 UTM, privación temporal o definitiva de la subvención, inhabilitación y revocación de reconocimiento oficial, deberán ser ratificadas previamente por el Superintendente.”.

Artículo 69

Letra e)

71.- Para reemplazar la frase “socios, representantes legales, gerentes, administradores y directores” por “representantes legales y administradores”.

72.- Para añadir el siguiente inciso final, nuevo:

“Decretada alguna de las sanciones contempladas en la letra c), d) e) y f) de este artículo, la Superintendencia elevará en consulta a la Corte de Apelaciones correspondiente la resolución para que ésta, si lo considera conforme a la ley, ratifique la medida dentro del plazo de diez días.”.

73.-En subsidio de la anterior, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Decretada alguna de las sanciones contempladas en la letra c), d) e) y f) de este artículo, la Superintendencia remitirá todos los antecedentes y la respectiva resolución a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón, el que deberá evacuarse, si corresponde, dentro del plazo de diez días.”.

Artículo 72

Letra a)

74.-Para intercalar, entre las frases “No efectuar” y “la rendición de cuentas”, la expresión “a sabiendas”.

Letra d)

75.- Para eliminarla.

Letra f)

76.- Para intercalar, entre los vocablos “obstaculizar” y “la”, la palabra “maliciosamente”.

Letra h)

77.-Para reemplazarla por la siguiente:

“h) Exigir el pago de derechos de escolaridad prohibidos en la ley.”.

78.- En subsidio de la anterior, para agregarle la siguiente frase inicial: “En los establecimientos subvencionados”.

Letra i)

79.- Para reemplazarla por la siguiente:

“i) En los establecimientos subvencionados hacer obligatorio el pago de cobros que tengan carácter voluntario.”.

Letra k)

80.-Para eliminarla.

Artículo 73

Letra c)

81.-Para eliminarla.

Letra d)

82.-Para agregarle la siguiente frase inicial: “En los establecimientos subvencionados,”.

Letra e)

83.-Para eliminarla.

Artículo 75

Letra b)

84.-Para reemplazar la frase “con antelación”, por “en los últimos dos años”.

Artículo 76

Letra b)

85.-Para eliminarla.

Letra c)

86.-Para intercalar, entre las las expresiones “con antelación” y “en virtud” la siguiente frase: “por los mismos hechos”.

Artículo 78

87.-Para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“La Superintendencia deberá procurar, al momento de determinar el monto de la multa y su forma de pago, que el servicio educacional pueda seguirse prestando a los estudiantes del establecimiento en condiciones normales.”.

Artículo 79

88.-Para agregar la siguiente oración final: “Con todo, esta sanción no será aplicable mientras existan recursos judiciales pendientes que podrían revocar la decisión.”.

Artículo 81

Incisos primero y tercero

89.-Para reemplazar, en cada uno de ellos, la expresión “diez días” por “quince días”.

Inciso cuarto

90.-Para agregarle la siguiente oración final: “La Corte podrá, cuando existan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días.”.

oooo

91.-Para agregar, a continuación del artículo 83, el siguiente artículo 83 bis, nuevo:

“Artículo 83 bis.- La Superintendencia no podrá, por alteraciones o cambios en sus instrucciones de carácter general o en los criterios públicamente conocidos de fiscalización o sanción respecto de determinados hechos, sancionar en términos más gravosos a un infractor respecto de eventos acontecidos con anterioridad a dichos cambios.”.

oooo

Artículo 84

Inciso primero

92.- Para intercalar, entre las palabras “aportes” y “del Estado”, la voz “regulares”.

Artículo 86

Letra b), d) y e)

93.-Para suprimirlas.

Letra e)

94.-Para reemplazar, las expresiones “tres días” y “cinco días” por “cinco días” y “diez días”, respectivamente.

95.-Para añadir el siguiente inciso final, nuevo:

“Decretada la designación del Administrador Provisional, la Superintendencia remitirá todos los antecedentes y la respectiva resolución a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón, el que deberá evacuarse, si corresponde, dentro del plazo de cinco días.”.

Artículo 92

96.- Para reemplazar la frase “cuyos sostenedor sea una Municipalidad, una corporación municipal u otra entidad creada por ley, y” por la siguiente: “establecimientos subvencionados”.

oooo

97.-Para incorporar, a continuación del artículo 97, los siguientes artículos nuevos:

“Artículo 97 bis.- El Superintendente contará con el apoyo de un Consejo Asesor compuesto por cinco miembros de destacada trayectoria en materias educacionales nombrados por el Ministro de Educación previa selección conforme al Sistema de Alta Dirección Pública. Los miembros del Consejo serán nombrados por un período de seis años, pudiendo ser designados por un nuevo período. Los consejeros se renovarán por parcialidades de tres y dos consejeros cada tres años, respectivamente.

Artículo 97

ter.- Corresponderá al Consejo Asesor asesorar técnicamente al Superintendente en todas aquellas materias en que éste solicite su pronunciamiento. Con todo, el Superintendente deberá solicitarlo cuando se traten del ejercicio de las atribuciones referidas en el artículo 47 letra h), i), k) y l). El Consejo Asesor podrá, cuando así lo estime la mayoría de sus miembros, emitir su opinión sobre un tema distinto de los mencionados.”.

Artículo 97

quater.- Un reglamento dictado por el Ministerio de Educación determinará las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación de sus miembros y los aspectos necesarios para el correcto funcionamiento del Consejo Asesor.”.

oooo

Artículo 100

Inciso segundo

98.-Para suprimir su oración final.

Inciso tercero

99.-Para agregar la siguiente frase final: “y tendrán la calidad de agentes públicos con la consecuente responsabilidad penal y administrativa, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de su superior jerárquico”.

Artículo 107

Letra c)

100.- Para reemplazar la expresión “a cualquier título” por “a título oneroso”.

Letra e)

101.-Para eliminarla.

102.-En subsidio de la anterior, para reemplazarla por la siguiente:

“e) Las herencias y legados que acepten, lo que deberán hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.”.

oooo

Artículo 112

N°1

103. De los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, para agregar, a continuación de la palabra “acceso”, la expresión: “y la permanencia”.

De los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick

N° 4

104.-Para suprimirlo

105.-Para agregar el siguiente número 4 bis, nuevo:

“4 bis.- Para suprimir, en la letra c) del artículo 3°, la expresión “y territoriales que correspondan”, reemplazándola por un punto aparte.

106.-Para agregar el siguiente número 8 bis, nuevo:

“8 bis.- Elimínese el artículo 16.”.

Artículo 113

N°8

Letra a)

107.- Para suprimirla.

oooo

Del Honorable Senador señor Ávila: (indicaciones efectuadas al texto aprobado en general):

ARTÍCULO 2º

108.-Para suprimir las frases “es evaluar” y “cumplan con los estándares establecidos para el sistema educativo”.

ARTÍCULO 3º

109.-Para suprimir los números 1.-, 2.-, 3.- y 16.-.

PÁRRAFO 2º

con sus ARTÍCULOS 4º, 5º, 6º, 7º, 8º Y 9º

110.-Para suprimirlos.

ARTÍCULO 12

letras a) y b)

111.-Para suprimirlas.

ARTÍCULO 14

letra b)

112.-Para suprimirla.

ARTÍCULO 60

Artículo 2º

bis

113.-Para intercalar, a continuación de la letra g), la siguiente h) nueva:

“h) Reubicar a los estudiantes de los establecimientos que hayan sido cerrados por disposición de la Superintendencia, teniendo para ello autoridad para asignarlos a centros educativos que reciban fondos públicos.”.

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?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Superintendencia de Educación.

BOLETÍN Nº 5.083-04

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Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología tiene el honor de someter a vuestra consideración su segundo informe relativo al proyecto de ley de la referencia, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, con urgencia calificada de “suma”.

Cabe hacer presente que este proyecto de ley tuvo tres plazos distintos de indicaciones y que en el segundo de ellos el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva de la totalidad del proyecto de ley en estudio.

A continuación, la Sala del Senado autorizó, en el último de dichos plazos, que las indicaciones se presentaran al texto sustitutivo. El último boletín de indicaciones (III) fue confeccionado con fecha 15 de diciembre de 2008. En este boletín, la indicación número 1 corresponde a la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Las indicaciones números 2 al 107 se formularon al texto de la indicación sustitutiva y las indicaciones números 108 a 113 corresponden a las que se presentaron en el primero de estos plazos al texto aprobado en general por el Senado.

Posteriormente, los Comités acordaron abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones el día 14 de abril de 2009, hasta las 19 horas, dentro del cual se presentó un conjunto de ellas, que la Secretaría de la Comisión procedió a numerar, intercaladamente, en el orden del articulado del proyecto, correspondiente a la Indicación Sustitutiva del Ejecutivo.

En este segundo informe, la Comisión acordó recibir en audiencia a diversas personas e instituciones para tratar el texto que sustituye al aprobado en general por el Senado.

A las sesiones en que la Comisión analizó esta iniciativa de ley asistieron, además de sus miembros, el Honorable Senador señor Alejandro Navarro Brain.

En representación del Ministerio de Educación, asistieron: la Ministra de Educación, señora Mónica Jiménez de la Jara; el Jefe de la Unidad de Currículum y Evaluación, señor Pedro Montt; la Jefa de la División Jurídica, señora Regina Clark; la Subdirectora de la División Jurídica, señora Luz María Gutiérrez; la Abogado, señora Misleya Vergara; la Coordinadora de Políticas Educacionales, señora María José Lemaître; el Director de Comunicaciones, señor Abdón Oyarzún, el Asesor de Prensa de la señora Ministro de Educación, señor Natalio Rabinovich y la Asesora de la señora Ministra, señora Ana Labra.

En representación del Ministerio de Hacienda, de la Dirección de Presupuestos, el abogado del Departamento de Estudios, señor Patricio Espinoza; la abogado de la Dirección de Presupuestos, señora Macarena Lobos, y la Coordinadora de Políticas Sociales, señora Tania Hernández.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Os hacemos presente que las normas de quórum especial que aquí se señalan, corresponden al articulado de la indicación sustitutiva y, por lo tanto, son diferentes a las mencionadas en el Primer Informe despachado por la Comisión.

En consecuencia, en el texto que os propone vuestra Comisión corresponde aprobar como normas de carácter orgánico constitucional los artículos 5°, 6°, 7°, 15, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 80, 81, 82, 94, 97, 98, 99, 100, 104, 112 y los artículos transitorios primero, tercero, cuarto, quinto y undécimo, todos ellos de la indicación sustitutiva, por tratarse de un conjunto de normas que se refieren a la creación, organización y funcionamiento de los Servicios Públicos y de la carrera funcionaria, y por establecer una especie de recurso administrativo y judicial. Todo esto en virtud de lo dispuesto en los artículos 38 y 77 de la Constitución Política de la República y en el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Cabe dejar constancia que la Comisión ofició, nuevamente, a la Excelentísima Corte Suprema, con el objeto de recabar su parecer respecto de la Indicación Sustitutiva presentada por el Ejecutivo.

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Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, cabe dejar constancia de lo siguiente:

1.- Artículos del proyecto que no han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones: 1, 11, 12, 21, 30, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 48, 51, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 67, 70, 71, 74, 77, 80, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110 y 111 permanentes y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 transitorios.

2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: N° 3 bis, 3 ter, 3 quáter, 4 bis, 5 bis, 6 ter, 7 bis, 7 ter, 8 bis, 11 bis, 12 bis, 13, 15, 15 bis, 17 bis, 18 bis, 26 bis, 27 bis, 28 bis, 28 ter, 28 quáter, 35, 35 bis, 38 bis, 41 bis, 42 bis, 48 bis, 51 bis, 55, 59 bis, 67 bis, 67 ter, 67 quáter, 68, 73 bis, 73 ter, 80 bis, 84 bis, 85 bis, 86 bis, 89, 95 bis, 102 bis y 103 bis.

3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 10, 11, 12 inciso primero, 14 inciso segundo, 16, 26, 32, 41, 48, 52, 59 y 96.

4.- Indicaciones rechazadas: N° 8, 9, 12 inciso segundo, 14 inciso primero, 14 inciso tercero, 17, 18, 19, 20, 22, 30 bis, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 74, 75, 76, 77. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 99 bis, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 113.

5.- Indicaciones retiradas: N° 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 87, 88, 90, 91 y 104.

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles: Nº 21, 49, 63, 70, 72, 73 y 97.

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Habiéndose ya aprobado en general el proyecto de ley en estudio por la Sala del Senado y antes de iniciar su discusión en particular, la Comisión recibió la opinión respecto de la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo de las siguientes entidades y especialistas en la materia que se indican a continuación:

De la Corporación Nacional de Colegios Particulares (CONACEP), el Presidente, señor Rodrigo Bosch Elgueta; el Vicepresidente, señor Alejandro Hasbún Ramírez; el Secretario General, señor Leonardo Giavio Campos; el Director, señor Rodrigo Ketterer Yavas; el Director, señor Alejandro Cifuentes Cubillos; el Presidente de CONACEP V región, señor Hendrich Ziller Osorio; la Secretaria de CONACEP V región, señora Ana Rosa Ramos Gutiérrez, y la Periodista señorita Alejandra Araya Brañes.

De la Universidad de Chile, el señor Cristián Bellei Carvacho, Académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación.

De la Universidad Alberto Hurtado, el Decano de la Facultad de Educación y Director del Centro de Investigación Desarrollo de Educación (CIDE), señor Juan Eduardo García Huidobro.

Del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF: el Consultor de Educación, señor Daniel Contreras Rivera.

De la Superintendencia de Pensiones, el Superintendente Subrogante, señor Alejandro Charme.

De la Superintendencia de Quiebras, el Superintendente, señor Rodrigo Albornoz.

El PhD Filósofo y Sociólogo de Educación señor Juan Casassus Gutiérrez y la señora Sol Casassus Montero, Psicóloga Clínica y Académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

De la Contraloría General de la República: el Contralor General, señor Ramiro Mendoza; el Jefe de la División Jurídica, señor Gastón Astorquiza; la Jefe de la División de Auditoría Administrativa, señora Patricia Arriagada y la Contralora Regional de Valparaíso, señora Dorothy Pérez.

De los Decanos de las Facultades de Educación de Chile, el Presidente señor Abelardo Castro.

De la UNESCO, el Oficial Nacional del Programa señor Alfredo Rojas.

Del Colegio de Profesores de Chile A.G.: el Presidente señor Jaime Gajardo; el Prosecretario Nacional, señor Juan Soto; el Abogado señor Patricio Bell y la Periodista señora Danae Prado.

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En forma previa a la consideración de las indicaciones la señora Ministra de Educación señaló que en su exposición abordaría los siguientes temas: un contexto para el cambio institucional propuesto, asumiendo que todos los proyectos de ley en materia de educación deben ser visualizados como un todo articulado y sistémico; las experiencias internacionales comparadas sobre los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación, y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media propuesto para nuestro país.

En relación al contexto necesario para realizar los cambios institucionales, precisó que se debe promover la creación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, que se funde en tres pilares, a saber: una regulación clara y efectiva; la instauración de incentivos para todos los actores del sistema, y el establecimiento de apoyos fuertes para promover la autonomía. Para estos efectos, explicó que se debe crear una nueva institucionalidad que permita al Estado actuar sobre la calidad del sistema escolar, en función de estándares de aprendizaje, estándares indicativos de desempeño, normas de funcionamiento y rendición de cuentas de los recursos.

Enseguida, indicó que para mejorar la calidad de la educación se deben controlar los factores que dependen de las características de los alumnos, en particular su nivel socio-económico, los factores que dependen de la escuela, en especial del aula y los factores del entorno, que involucran las variables políticas y estructurales. Asimismo, afirmó que el diseño de una política educativa orientada hacia la calidad debe considerar los siguientes aspectos: el currículum, los estándares, los sistemas de evaluación, la rendición de cuentas y los apoyos.

Con respecto a la experiencia internacional comparada, señaló que pueden observarse tres grandes tendencias: una, que promueve el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas de aseguramiento de la calidad; otra, que cuenta con sistemas educativos exitosos, que definen clara y explícitamente las expectativas y las responsabilidades de los distintos niveles y actores del sistema educativo, y una tercera, que plantea la separación institucional de las funciones de definición e implementación de las políticas educativas y de las funciones de monitoreo, evaluación y fiscalización.

A continuación, sostuvo que es imposible mejorar algo que no se mide y que se deben monitorear los procesos y los resultados para identificar y difundir las mejores prácticas, y reconocer las áreas más débiles y asignar responsabilidades según los resultados. También, indicó que los mecanismos más utilizados en la experiencia internacional para monitorear la calidad de la enseñanza y el aprendizaje son las pruebas o exámenes externos y las inspecciones evaluativas que miden el cumplimiento de los estándares de calidad. Sobre este último punto, observó que las pruebas externas son necesarias, pero no suficientes y en este sentido sostuvo que deben ir acompañadas de inspecciones permanentes que evalúen resultados asociados a procesos, identifiquen áreas de mejora y difundan buenas prácticas.

De acuerdo a la experiencia internacional, sostuvo que las evaluaciones consideran los siguientes aspectos: la medición de logros de aprendizaje de los estudiantes; la implementación del currículo o de los planes de estudios; los métodos de enseñanza; los estándares y prácticas de los docentes; la gestión de la escuela; la administración de los recursos y el manejo financiero; la satisfacción de los estudiantes y de los padres; la relación de la escuela con los padres y la comunidad, y el cumplimiento de la normativa y de los criterios éticos.

Con respecto a las evaluaciones inspectivas, destacó que a nivel internacional estos procesos controlan los siguientes aspectos: difusión de estándares de calidad; provisión de información y de autoevaluación; análisis de informes de autoevaluación y de información complementaria; visitas a terreno; elaboración y publicación de informes; implementación de medidas y diseño de un plan de mejora y su seguimiento, y publicación y difusión de los resultados para la rendición de cuentas. Agregó que normalmente estas inspecciones se repiten cada 2 o 4 años y que habitualmente estos procedimientos lo gestionan agencias con estructuras livianas, con supervisores y evaluadores altamente calificados.

En el caso del sistema de inspección inglés (OFTED), comentó que su modelo se funda en un marco de referencia, que cuenta con un modelo de calidad y de estándares, como base de su proceso de evaluación. Asimismo, señaló que el foco de este proceso está centrado en la calidad de la educación provista, en los logros de aprendizajes, en el liderazgo y en la gestión y en el desarrollo espiritual, moral, social y cultural de los alumnos. Además, informó que este proceso lo realizan evaluadores que visitan a las escuelas y que tarda entre 2 a 5 días. Acotó que utilizan como referencia la propia autoevaluación del establecimiento como punto de partida y que en dicha visita consultan a directivos, profesores y a los alumnos. Añadió que estas inspecciones se realizan, por lo menos, cada 3 años, aumentado esta frecuencia en las escuelas más problemáticas.

Luego, recordó que el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación concluyó que una de las falencias del sistema educacional en Chile es la carencia de un régimen de aseguramiento de la calidad y que bajo este contexto planteó crear una Superintendencia o una Agencia Aseguradora de la Calidad que tenga como función principal evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad predefinidos, de modo de velar efectivamente por el derecho a una educación de calidad, lo que deberá materializarse a través de diversas iniciativas, especialmente mediante las inspecciones evaluativas.

Enseguida, sostuvo que para presentar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación propuesto para Chile debe necesariamente abordarse los siguientes temas: el rol del Estado; los deberes de los distintos actores; la institucionalidad (organismos, funciones y procedimientos), y los resultados de los procesos de aseguramiento de la calidad.

En cuanto al rol del Estado, señaló que el sistema de aseguramiento de la calidad debe contener los siguientes componentes: una normativa educacional; políticas y mecanismos de apoyo para sostenedores y para establecimientos educacionales; estándares de aprendizaje predefinidos; estándares de calidad para los sostenedores y los establecimientos; medición de los resultados de aprendizaje y de las evaluaciones según los estándares de calidad; fiscalización del cumplimiento de normas y del uso de los recursos, reconocimientos y sanciones; evaluación del impacto de las políticas, y sistemas de información pública. En este mismo orden de ideas, explicó que este sistema estará compuesto por la Agencia de la Calidad, la Superintendencia de Educación, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación.

En lo que se refiere a la autonomía y deberes de los sostenedores y de los establecimientos, comentó que esta autonomía debe ser entendida como la libertad para definir y desarrollar el proyecto educativo, en el marco de las normas de carácter nacional que regulan al sistema. La idea, continuó, es que mientras mayores logros obtenga un establecimiento, mayor autonomía se le permitirá. En materia de deberes, explicó que los sostenedores deberán: constituirse como persona jurídica con giro único; rendir cuenta anual del uso de los recursos; acreditar solvencia económica; proporcionar la información contemplada en la ficha escolar, y considerar los estándares de calidad para los sostenedores y velar por el cumplimiento de los estándares de calidad para los establecimientos. En esta misma línea, indicó que los establecimientos deberán cumplir una serie de normas referidas a infraestructura y a equipamiento, contar con personal docente y co-docente idóneo, comprometerse a cumplir con los objetivos de las bases curriculares y con los estándares de calidad del sistema.

Enseguida, señaló que la Agencia de Calidad tendrá la misión de evaluar y de orientar la mejora de la calidad de la educación y que tendrá las siguientes funciones: evaluar los logros del aprendizaje de los alumnos, de acuerdo al grado de cumplimiento de los estándares respectivos; evaluar el desempeño de los sostenedores y de los establecimientos educacionales en base a estándares indicativos; clasificar a los establecimientos según los resultados de aprendizaje; informar a la comunidad educativa en las materias de su competencia, y validar los mecanismos de evaluación docente de los establecimientos particulares cuando los sostenedores así lo soliciten.

Por su parte, informó que la Superintendencia de Educación tendrá la misión de verificar el cumplimiento de las normas y el uso de los recursos de los sostenedores y de los establecimientos. Asimismo, precisó que tendrá las siguientes funciones: fiscalizar el cumplimiento de las normas de operación para el reconocimiento oficial y la obtención de la subvención; fiscalizar el uso de los recursos, exigiendo rendición de cuentas (auditorías, inspecciones y evaluaciones); atender reclamos y denuncias; imponer sanciones a los establecimientos por infracción a la normativa educacional o por los malos resultados de aprendizaje reiterados; informar al público en el ámbito de sus competencias, y designar a un administrador provisional, en los casos de reestructuración o de revocación del reconocimiento oficial de un establecimiento.

En cuanto al Ministerio de Educación, acotó que tendrá la misión de proponer y de evaluar las políticas, dar apoyo técnico pedagógico a los sostenedores y a los establecimientos, y garantizar el acceso a la educación. Dentro de las funciones que se le asignan, destacó las siguientes: formular el currículum, los estándares de aprendizaje, los estándares indicativos de desempeño de los sostenedores, de los establecimientos y de los docentes; proponer, implementar y evaluar los programas de apoyo técnico a los establecimientos y a sus sostenedores; mantener un registro de instituciones autorizadas para prestar apoyo técnico-pedagógico; proponer y evaluar las políticas relativas a la formación docente inicial y continua; desarrollar estadísticas, indicadores y estudios del sistema educativo; gestionar los registros públicos que determine la ley, incluyendo una ficha escolar por establecimiento; autorizar o revocar el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales, y financiar la provisión educativa en los establecimientos públicos y privados.

Con respecto del Consejo Nacional de Educación, señaló que se le asigna la misión de asegurar acuerdos amplios en materias estratégicas del campo educativo y que tendrá las siguientes funciones: aprobar las bases curriculares, los planes y programas de estudio propuestos por el Ministerio de Educación; informar sobre los estándares de aprendizaje y estándares indicativos de desempeño; informar sobre los estándares de desempeño de los docentes de aula, docentes técnico pedagógicos y docentes directivos, y sancionar el plan de evaluación del aprendizaje propuesto por el Ministerio de Educación.

En lo que se refiere a los resultados del proceso de evaluación, destacó que este sistema distingue cuatro categorías de establecimientos educacionales, a saber: uno, de buen desempeño; otro, de desempeño satisfactorio; un tercero, de desempeño regular, con necesidad de mejoramiento significativo, y un cuarto de desempeño insatisfactorio, con necesidad de acciones intensivas de mejoramiento. Explicó que esta clasificación se basa en los resultados de aprendizaje, considerando las características de los alumnos y los indicadores de valor agregado, sobre la base de dos o tres mediciones consecutivas e informó que en caso de los establecimientos de desempeño insatisfactorio recibirán apoyo del Ministerio de Educación o de una institución especializada.

Por otra parte, indicó que si un establecimiento se mantiene como insatisfactorio después de cuatro años, la Agencia de la Calidad solicitará a la Superintendencia de Educación que inicie el proceso de revocación del reconocimiento oficial y que en el caso de los establecimientos municipales sólo se revocará dicho reconocimiento cuando exista otro establecimiento de igual dependencia y de mejor clasificación. En caso contrario, afirmó que se deberá proceder a su reestructuración y añadió que la Superintendencia de Educación podrá nombrar a un administrador provisional para asegurar la continuidad del servicio educativo.

En esta misma línea, comentó que un establecimiento educacional puede perder el reconocimiento oficial por sanción de la Superintendencia de Educación, por incumplimiento de las normas o porque no puede continuar funcionando regularmente. En estos casos, continuó, la Superintendencia de Educación nombrará a un administrador provisional, para que proceda a hacer efectiva la pérdida del reconocimiento oficial del establecimiento. Informó, enseguida que este administrador deberá realizar su labor en un plazo que no podrá exceder al término del año escolar en curso y que deberá asegurar la continuidad de los estudios de los alumnos en el establecimientos más cercano de mejor desempeño.

Finalmente presentó el siguiente análisis comparativo entre la Agencia de la Calidad y la Superintendencia de Educación:

1.- Ambas entidades son servicios públicos descentralizados, con personalidad jurídica y con patrimonio propio.

2.- En ambas instituciones su personal directivo estará sujeto al Sistema de Alta Dirección. En el caso de la Superintendencia de Educación además su personal estará sujeto a la normativa referida al personal que ejerce funciones fiscalizadoras.

3.- La Agencia de Calidad tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago y podrá abrir oficinas en otras ciudades o regiones. La Superintendencia de Educación, también, tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago y podrá tener Direcciones Regionales.

4.- La Agencia de la Calidad tendrá un Consejo de 5 miembros y un presidente y la selección de éstos se hará según el Sistema de Alta Dirección Pública. La Superintendencia de Educación tendrá un Superintendente que será el Jefe Superior del Servicio, quien podrá designar directores regionales.

5.- La Agencia de la Calidad tendrá un Secretario Ejecutivo, que será el Jefe Superior del Servicio y estará afecto al Sistema de Alta Dirección y su personal estará regulado por las normas de la Ley de Aseguramiento de la Calidad. Su personal podrá ser removido por necesidad de la Agencia o por mal desempeño. Por su parte, la Superintendencia de Educación, estará sujeta a las normas que rigen a las demás Superintendencias, entre otras, que su personal pueda ser removido por necesidades de la Superintendencia y/o por bajo desempeño.

6.- La Agencia de la Calidad estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República. La Superintendencia de Educación sólo estará sometida a la fiscalización de la Contraloría en lo que concierne al examen de cuentas, entradas y gastos.

A continuación, el Honorable Senador señor Núñez hizo presente que en nuestro país existen escasas instituciones con capacidades y habilidades para evaluar y para prestar apoyo técnico a los establecimientos educacionales y consultó al Ejecutivo cómo planea superar este déficit.

La señora Ministra de Educación respondió que para esto se ha incluido un nuevo ítem en el presupuesto del Ministerio de Educación, con el objetivo de trabajar y de reforzar a las sesenta instituciones nacionales más capacitadas que forman profesores, que corresponden a unos 240 programas en todas las áreas. En efecto, acotó que la idea del Ministerio de Educación es fortalecer a las universidades para que se conviertan en las formadoras y en las colaboradoras del proceso educativo. Asimismo, señaló que se realizará un examen para todos los estudiantes de pedagogía en el mes de noviembre para que los estudiantes conozcan el nivel de formación que están recibiendo. Agregó que este examen se realizará en función del currículum y que posteriormente se entregarán los resultados a las universidades.

Además, informó que se creará un Fondo de Mejoramiento que se entregará a estas sesenta universidades, con el fin de que puedan desarrollar un plan de mejoramiento institucional en el área de la pedagogía.

Por otra parte, comentó que se entregarán las mejores becas a las entidades que obtengan los mejores resultados. La idea, continuó, es vincular a las universidades con el sistema escolar. En la misma línea, advirtió sobre la necesidad de que el Ministerio de Educación fije un currículum básico para la carrera de pedagogía.

El Jefe de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación, señor Pedro Montt, señaló que la labor del Ministerio de Educación es mejorar las capacidades de los profesores y aprovechar las capacidades ya existentes. En efecto, acotó que la idea es articular todas las redes existentes en el país y a nivel local. Por otra parte, indicó que el Estado tiene que invertir en una estrategia para incentivar la formación de líderes. Acotó que estos son los dos caminos que debe seguir el país para mejorar la calidad de la educación. Con todo, recalcó que se requiere de un gran cambio institucional que debe concretizarse a través de de los proyecto de ley relativos al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media.

El Honorable Senador señor Navarro, por una parte, advirtió que en las decisiones que se adopten el Estado no puede equivocarse, ya que cualquier error en esta materia involucra perjudicar a varias generaciones de estudiantes y, por otra, destacó la necesidad de articular este gran Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación con la educación superior, la técnica profesional y con la educación parvularia. Informó que más del 43% de los estudiantes secundarios asiste a la educación técnica profesional y objetó que ninguno de los proyectos de ley que hoy se tramitan ante el Congreso Nacional se refieren a esta modalidad de enseñanza.

Enseguida, opinó que debe asumirse la mala calidad de nuestros profesores y adoptar una postura clara respecto del Estatuto Docente, puesto que consideró que debe producirse un impacto generacional en los nuevos profesores que se formen y señaló que, también, el Estado debe hacerse cargo de los profesores que están en edad de jubilar. Sobre este punto, comentó que gran parte de los profesores del Magisterio han sido afectados por la deuda histórica del traspaso de la educación estatal a la municipal.

Por otra parte, indicó que debe realizarse una estimación de los recursos que se requieren para dar una solución económica y financiera a este tema y debatir este punto durante la discusión de la Ley de Presupuestos para el año 2009.

La señora Ministra de Educación aclaró que esta Indicación Sustitutiva considera también a la educación parvularia e informó que con fondos del BID la Fundación Integra, la JUNIJI y el Ministerio de Educación están realizando un estudio para analizar la posibilidad de recibir niños en las salas cunas desde los 0 años de edad, lo que obviamente incidirá en la formación parvularia.

En cuanto a la educación técnica profesional, comentó que se ha formado una comisión de trece profesionales para evaluar el sistema de la educación técnica y promover un cambio, con el fin de vincularla con la educación superior. Al respecto, informó que este estudio implica un gran esfuerzo curricular y que sus resultados serían dados a conocer en unos 120 días más. La idea, continuó, es presentar una nueva propuesta sobre la educación técnica profesional.

En materia de Estatuto Docente, afirmó que no puede abordarse la educación pública si no se trata, también, el tema de los directores y de los docentes y consideró esencial dar una solución a la deuda histórica de los profesores que fueron traspasados al sistema municipal.

Con respecto a la educación superior, informó que en la Ley de Presupuestos en la Partida del Ministerio de Educación se incluirá una glosa para potenciar a las sesenta mejores instituciones que imparten pedagogía y que se está estudiando la posibilidad de asignar unos 80.000 millones de pesos para que las universidades estatales renueven sus cuadros académicos.

Por último, señaló que, dado que nuestro país no puede solucionar todos sus problemas financieros de una sola vez, en materia de infraestructura de los 341 colegios públicos que presentan graves fallas estructurales sólo se podrán reparar los 36 que se encuentran en peores condiciones.

El Honorable Senador señor Cantero señaló que estamos tratando el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad y como tal estamos analizando un tema de índole filosófico y sociológico, que involucra problemas complejos, que requieren de pensamientos y de soluciones complejas.

En segundo término, precisó que los medios de comunicación no siempre consideran como noticia apta para ser divulgada algunas decisiones que adopta la autoridad y en este contexto acotó que la ciudadanía no llega a conocer cierta información que puede ser relevante, como la que mencionó la señora Ministra de Educación a propósito de la enseñanza media técnico profesional. A su juicio vivimos en una sociedad que no colabora en formar a nuestra ciudadanía, para que protagonice los cambios que se requieren a fin de reformar la educación chilena.

Sobre los planteamientos que formuló la señora Ministra de Educación, comentó que probablemente todos opinarán que lo único que busca el Ejecutivo es disponer de más recursos, ya que nuestra sociedad continúa abordando este problema con un pensamiento simple, sin percatarse de que debe asumirse la educación como un problema complejo que requiere de un pensamiento y de una solución compleja. Posteriormente, recalcó que desde 1990 se ha triplicado el presupuesto del Ministerio de Educación y comentó que la percepción de la ciudadanía es que todos estos esfuerzos no han servido de nada, por lo cual acotó que no es raro que en la actualidad las personas piensen que lo único que busca el Ministerio de Educación es incrementar sus recursos, sin contar con un programa concreto para mejorar la educación chilena.

Luego, sostuvo que para generar un cambio profundo en el sistema educativo debe promoverse una transformación en el papel del Estado, a fin de que éste lidere la excelencia en Chile, mediante una campaña pública que reconozca este gran objetivo nacional, que se materialice a través del Ministerio de Educación. Sobre el particular, declaró que como no existe claridad respecto de este gran objetivo de liderar la excelencia se promueve a un Ministerio de Educación excesivamente normativo, controlador y regulador, siendo que en su opinión se debería establecer un Ministerio de Educación flexible y permisivo, que exija excelencia.

Comentó que en la actualidad dominan los criterios del mercado e incluso señaló que existen verdaderos gurúes que predicen lo que el mercado debe hacer, pero en lo concreto consideró que el mercado es una de las tantas dimensiones que tiene la vida y en este contexto afirmó que el Estado debe jugar un rol más activo. Sobre este tema, sostuvo que apoya lo que plantea Francis Fukuyama en el sentido de que el Estado debe ser reinventado y jugar el rol que le corresponde. En efecto, precisó que sólo los estados fuertes pueden cumplir este rol y que en materia educacional este papel debe asumirlo el Ministerio de Educación.

Informó que ha visitado Finlandia, Korea y Canadá y que en estos países constató que el ideal no es exaltar a un Estado normativo, regulador y controlador. Asimismo, indicó que en esta materia estos estados se han planteado objetivos claros, concretos y alcanzables, como el número de alumnos por sala de clases o los avances que se desean alcanzar en el área de la lecto-escritura.

Por otra parte, opinó que todos estos temas son transdisciplinarios. En efecto, estimó que en este proceso de cambio deben intervenir todo tipo de profesionales, como médicos o ingenieros. Luego, afirmó que no le cree a los profesores, porque se ha percatado que ellos se quedaron atrás en más de treinta años y trajo a colación el ejemplo de su hijo quien ha aprendido más por influencia de la televisión y del internet, que por escuchar a sus profesores. Consideró que no se puede confiar en profesores que estudian pedagogía únicamente los fines de semana cuando en realidad esa persona por formación jamás llegará a ser un profesor, salvo que tenga una gran vocación.

Por último, aclaró que una cosa son las instituciones y otra la institucionalidad y recalcó que debe existir coherencia entre las instituciones y la institucionalidad y antes de finalizar sostuvo que quien lidere la excelencia en la educación debe formular un llamado nacional para convocar a este difícil desafío del alma.

La señora Ministra de Educación compartió lo expuesto por el Honorable Senador señor Cantero respecto de la necesidad de promover el liderazgo de la excelencia y señaló que eso es lo que se busca al plantear que la autoridad debe fijar los estándares mínimos de calidad.

Por su parte, el Honorable Senador señor Chadwick opinó que la crisis de la educación no se solucionará con tres o cuatro leyes, puesto que existe un evidente problema de recursos y de liderazgos. Luego, valoró que el Ministerio de Educación tenga claro el escenario del conflicto de la educación y de lo que debe hacerse para superarlo. Con todo, consideró que cualquier camino que se adopte requiere de nuevos recursos y mejorar la educación pública.

La señora Ministra de Educación señaló que comprendió que la educación pública debe ser modificada y que se necesita mejorar su infraestructura. Antes de terminar su intervención, manifestó su gran interés por liderar la excelencia de este país y por recuperar la antigua mística de los directores de escuelas.

A continuación, la Comisión recibió en audiencia al Presidente de la Corporación de Colegios Particulares (CONACEP), señor Rodrigo Bosch, quien sostuvo que el 30% de los alumnos considerados vulnerables estudian en colegios particulares subvencionados y que el 70% de ellos asisten a instituciones con fines de lucro. Por otra parte, señaló que el 75% de los niños con discapacidades y necesidades especiales se educan en colegios particulares subvencionados y que el 65% de los hijos de los profesores estudia en colegios particulares subvencionados. Asimismo, indicó que el 40% de los colegios privados subvencionados no cobran financiamiento compartido, ya que son gratuitos y no tienen posibilidad de recibir otros recursos como los colegios municipales, ni tampoco pueden optar a subsidios cruzados.

Enseguida, consideró que el presente proyecto de ley es una gran oportunidad para modernizar y mejorar la calidad del sistema educacional chileno y en este sentido acotó que CONACEP aplaude esta iniciativa legal, por cuanto está destinada a mejorar la calidad educacional. Respecto del Sistema de Aseguramiento, valoró la creación y el diseño de una Agencia de Calidad y de una Superintendencia de Educación. No obstante, acotó que tiene algunos reparos en cuanto a su diseño.

Posteriormente, señaló que en la regulación actual existe una gran descoordinación de organismos, duplicidad de fiscalizadores, ausencia de criterios uniformes, sanciones contradictorias e ineficiencia en la fiscalización. Comentó que este proyecto de ley intenta solucionar gran parte de estas falencias.

En cuanto a la Superintendencia de Educación, valoró que busque equilibrar la calidad, el financiamiento y las expectativas en el nuevo sistema escolar. No obstante, cuestionó si esta institución tendrá la estructura adecuada que para fiscalizar a las 11.000 escuelas, a los 3.100 sostenedores, a los 170.000 trabajadores y atender alrededor de unos 3.500.000 usuarios. Luego, reparó que se le está aplicando un modelo basado en la desconfianza hacia los sostenedores y que propone un diseño de fiscalización homogénea, que no considera los contextos, ni las realidades diversas de cada unidad educativa. Por otra parte, comentó que esta norma genera incertidumbre, porque no entrega información sobre el contenido y alcance de los estándares que se exigirán a los establecimientos educacionales. Asimismo, opinó que percibe una falta de coherencia entre los distintos entes fiscalizadores y le parece mala adaptación de la experiencia extranjera.

Con respecto a la medida precautoria de privar a los sostenedores de su subvención, señaló que esta sanción podría provocar el cierre definitivo de varios establecimientos educacionales, puesto que no podrían continuar solventando los gastos en que deben incurrir para prestar el servicio educativo. En cuanto a la rendición de cuentas, opinó que existe un evidente riesgo al establecer un sistema que homogeniza a los procesos, ya que estimó que cada escuela tiene absoluta libertad para distribuir sus recursos de la forma que estime más conveniente.

Antes de finalizar su intervención, manifestó sus dudas respecto a si esta iniciativa legal podrá, efectivamente, asegurar la calidad de la educación de nuestro sistema escolar, ya que en su opinión la calidad de la educación no sólo se logra con una nueva institucionalidad, porque ésta también depende de otros factores, como: la formación docente, el Estatuto Docente y el sistema de financiamiento, entre otros.

Posteriormente la Comisión recibió en audiencia al Académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, señor Cristián Bellei, quien señaló que esta indicación sustitutiva soluciona gran parte de las falencias que presentaba el texto original, al perfeccionar el tratamiento de las funciones de fiscalización, evaluación, inspección y de mejoramiento. En efecto, arguyó que sin duda esta indicación sustitutiva es de mejor calidad técnica. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que este nuevo texto presenta varios vacíos respecto de las necesidades y de las perspectivas de mejoramiento del sistema escolar.

A continuación, indicó que esta iniciativa legal tiene dos grandes componentes: uno, la Superintendencia de Educación y, otro, la Agencia de la Calidad. No obstante, acotó que el Mensaje de esta norma promete un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y en este sentido sostuvo que el texto de esta ley se queda corto respecto a este punto, porque no considera que existen otros componentes para asegurar la calidad. En efecto, afirmó que no se garantizan los recursos, las condiciones, ni las capacidades que se exigirán a las unidades educativas. En este mismo orden de ideas, señaló que es bastante consensuado que para mejorar la calidad de la educación no basta un sistema de accountability. En otras palabras, comentó que el sistema propuesto podría frustrar las expectativas de mejoramiento y crear un efecto adverso de empeorar el sistema actual. En su opinión, este proyecto de ley debe compensar las nuevas herramientas que impulsarán un proceso de mejoramiento a la altura de los nuevos requerimientos.

A nivel global, comentó que tiene un juicio positivo del diseño de la Superintendencia de Educación, puesto que aborda una carencia estructural del sistema de inspección. En la actualidad, continuó, el Ministerio de Educación tiene un limitado sistema de inspección que no ha sido capaz de garantizar su funcionamiento, ni tampoco la fe pública involucrada en este sistema de prestación de servicios educativos.

Sin perjuicio de lo anterior, mencionó cuatro aspectos en el diseño de la Superintendencia de Educación que deben ser mejorados. En primer término, señaló que el mandato entregado a la Superintendencia de Educación para cumplir las reglas y condiciones en el reconocimiento oficial de los establecimientos es insuficiente y afirmó que además debería especificarse en el texto de esta norma que es parte del mandato de la Superintendencia de Educación el mantener la inspección respecto de las reglas y obligaciones por las cuales se accede a los recursos públicos, ya que en este punto no está sólo en juego la fe pública de los certificados de reconocimiento oficial, sino también la garantía de los recursos públicos. Agregó que existe un inadecuado abordaje de la distinción entre el reconocimiento oficial y el acceso a los recursos públicos.

En segundo término, señaló que debe reforzarse el rol de la Superintendencia de Educación en cuanto garante de los derechos de los estudiantes y de las familias. Recordó que si bien la LGE reconoce ciertos derechos a los miembros de la comunidad educativa este proyecto de ley no profundiza este tema. Sobre este punto, precisó que esta norma debería garantizar en mejor forma los derechos de los miembros de la comunidad educativa, especialmente los de los estudiantes por encontrarse en una posición más débil. Advirtió que en un sistema como el nuestro de libre elección y de libre competencia es fundamental resguardar los derechos de los más débiles, para atenuar esta diferencia de poder entre las escuelas, las familias y los niños.

En tercer término, observó que le parecía inadecuado mezclar las atribuciones y competencias entre la Superintendencia de Educación y la Agencia de la Calidad.

En cuarto lugar, señaló que existe un artículo dentro de las atribuciones de la Superintendencia que vincula sus sanciones con los estándares de aprendizaje de los niños, lo que genera un proceso automático de cierre del establecimiento educacional. Al respecto, opinó que cerrar un establecimiento por no alcanzar los estándares de calidad no es adecuado, porque en estos casos indicó que primero debe prestarse todo el apoyo técnico-pedagógico que requiere el establecimiento y sólo en el evento que este apoyo no rinda resultados exitosos se puede proceder a clausurar un establecimiento educacional.

Posteriormente, planteó que debe diferenciarse el tipo de sanciones que podrán aplicarse a los establecimientos públicos y a los privados. Sobre el particular, observó que existen algunas distinciones que son poco claras, debiendo explicitarse de mejor forma el concepto de reestructuración del sistema.

En relación a la Agencia Aseguradora de la Calidad, reparó que en este proyecto de ley se coloca más énfasis en la evaluación, fiscalización y sanción que en el mejoramiento. Sobre el particular, opinó que en una norma tan específica como ésta también se debería regular sobre la implementación de un plan de mejoramiento y de apoyo técnico para las escuelas. Por otra parte, comentó que celebra la creación de una Agencia de la Calidad, pero no comparte su diseño, porque le parece una mala adaptación de otras agencias.

Enseguida, sostuvo que el legislador debe tener en cuenta que en Chile los establecimientos de crónico mal desempeño no salen del sistema escolar. Asimismo, comentó que no existe ninguna garantía de que los nuevos establecimientos que se crean sean mejores que los existentes. Sobre este punto, precisó que no existe ninguna evidencia sustantiva como para argumentar que las nuevas escuelas hayan mejorado el sistema, ya que según él existen razones estructurales que impiden que se produzca este mejoramiento. Recalcó que se debe asegurar que las nuevas escuelas sean de alto nivel y que las escuelas de crónico mal desempeño existentes realicen procesos de mejoramiento.

En estricto rigor, acotó que este proyecto de ley aborda de manera inadecuada el cierre de las escuelas de bajo rendimiento, sin considerar las nuevas escuelas que se crean, ni la necesidad de contar con procesos de mejoramiento de las escuelas de mal desempeño. En efecto, precisó que esta iniciativa legal sólo contiene un sistema de evaluación y de medición de las escuelas, con sanciones para las escuelas clasificadas en la categoría de más bajo rendimiento. En este contexto, arguyó que no existe ningún tipo de motivación para que las escuelas mejoren su servicio educativo, ya que no existe un plan de mejoramiento, ni los recursos, ni los incentivos para implementarlo.

Por otra parte, comentó que dado el bajo nivel de nuestras escuelas probablemente se fijarán por la autoridad bajos estándares de desempeño, ya que de lo contrario la mayoría de las escuelas serían clasificadas en la categoría más baja, lo que podría provocar el cierre de la mayoría de las escuelas y, consecuentemente, un colapso del sistema escolar en los próximos tres o cuatro años. Al respecto, opinó que la fijación de bajos estándares generará una desmotivación generalizada de las escuelas para mejorar su desempeño.

Luego, señaló que no se dispone de instrumentos suficientemente adecuados para medir con precisión el nivel de las escuelas. Sobre este punto, indicó que la prueba SIMCE tiene un alto rango de error en su medición, por lo cual estimó que no se puede cerrar una escuela por obtener bajos resultados en el SIMCE. En efecto, informó que los resultados en las pruebas SIMCE y PISA han sido diametralmente opuestos, ya que mientras los resultados del SIMCE continúan siendo bajos en la prueba PISA Chile ha sido el país que más ha mejorado en el mundo.

En este contexto, acotó que existen graves problemas metodológicos en las pruebas evaluativas y que en este sentido este proyecto de ley estaría avalando una premisa errada de cerrar escuelas con bajos resultados en un instrumento evaluativo no confiable. Asimismo, arguyó que no existen países en el mundo que basen su plan de mejoramiento de la calidad de la educación en el cierre de las escuelas.

Enseguida, señaló que otro error de este proyecto de ley es que no destina recursos, ni establece incentivos para mejorar las malas escuelas. En esta misma línea, precisó que la norma tampoco indica los criterios para fijar los estándares de calidad y acotó que éstos deben ser crecientes en el tiempo, para que así todas las escuelas se sientan motivadas a mejorar. Además, comentó que éstos deben ir asociados a sistemas evaluativos, inspectivos y de apoyo adecuados. A su juicio, este nuevo sistema debe ser inteligente y diferenciar a las escuelas que se esmeran por mejorar de aquellas que continúan en una actitud pasiva de mal desempeño.

Recalcó que esta ley debe estimular a las escuelas a superarse con planes de mejoramiento, con inspecciones y evaluaciones en terreno, asociadas a los procesos de mejoramiento y de autoevaluación de las propias escuelas. Sobre el particular, advirtió que esta iniciativa legal debe profundizar estos temas.

Antes de finalizar, insistió en que debe regularse la apertura de las nuevas escuelas y que en el caso de las escuelas de bajo desempeño consagrar el derecho de los alumnos que opten por cambiarse de escuela a mantener la gratuidad de su educación en los casos en que así corresponda.

Enseguida, la Comisión recibió en audiencia al Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, señor Juan Eduardo García-Huidobro, quien señaló que existe un amplio consenso de que el modelo actual de regulación del sistema educacional chileno es insuficiente y que debe ser enriquecido con acciones de aseguramiento de la calidad y de la equidad. Señaló que un informe de la OECD del año 2004 así lo denunciaba, al igual que el informe final del Consejo Asesor Presidencial, lo que se sumó al estudio realizado por el Banco Mundial por encargo del Ministerio de Educación, el que concluía que el sistema educativo chileno requiere de una regulación estatal más fuerte. En este contexto, arguyó que la creación de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad es una iniciativa necesaria.

Luego de valorar la creación de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, manifestó sus reparos respecto de la forma en que el legislador plantea este proyecto de ley, por entender que la idea central está siendo mal concretada, porque no se incluye, ni se trata por igual a todos los establecimientos educacionales, dejando al margen a la educación pagada y, en algunos casos, limita la participación de la educación particular subvencionada. Sobre este mismo punto, opinó que se requiere una mirada comprensiva, integral y nacional del funcionamiento del sistema y aconsejó incorporar a todos los establecimientos en todas las dimensiones de evaluación de los resultados de aprendizaje de los alumnos, del funcionamiento de los establecimientos y del desempeño de su personal docente y directivo. En efecto, sostuvo que todos los establecimientos reconocidos tienen la obligación de cumplir con un marco curricular común y están afectos a las normas generales de participación de los padres y de no discriminación de los alumnos. Asimismo, indicó que sólo una mirada integral permitiría entregar una visión global de la calidad del sistema educativo en cuanto a la calidad y a la equidad, lo que aumentaría la capacidad de aprendizaje del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Por otra parte, señaló que el proyecto de ley posee una visión estrecha sobre la calidad. Sobre este tema, acotó que para aplicar la clasificación de los establecimientos educacionales sólo se atiende a los resultados de aprendizaje de los alumnos, sin considerar la evaluación que realiza la Agencia de la Calidad a los sostenedores, docentes y a los directivos. En este contexto, arguyó que se clasificará aplicando un sólo criterio de calidad, que aunque sea significativo restringe los resultados al no contemplar otras dimensiones. En la práctica, señaló que este proyecto de ley sólo considera los resultados del SIMCE, lo que estimó insuficiente, ya que se trabajará sólo con el ámbito cognoscitivo, sin incluir medidas de dispersión, ni contextos. Asimismo, agregó, no se contempla el resto de los procesos evaluados, ni se efectúan otras consideraciones de calidad, como la selección escolar, la participación, las normas de no discriminación y las de mixtura social.

En materia de apoyo a los establecimientos escolares, indicó que este proyecto de ley explicita las tareas de evaluación de la Agencia y de fiscalización de la Superintendencia, pero no trata de igual modo el apoyo a los establecimientos escolares que lo requieran, tarea que sin duda corresponde al Ministerio de Educación. Señaló que se debe regular el apoyo técnico-pedagógico que requieran las escuelas, asegurando que éste sea el adecuado en pertinencia y calidad. Desde esta perspectiva, recalcó que se debe regular la función de supervisión técnico-pedagógica que debe ejercer el Ministerio de Educación.

Sobre este mismo tema, acotó que este proyecto de ley determina que sean los propios establecimientos los que soliciten apoyo técnico para la elaboración de su plan de mejoramiento, debiendo optar entre el Ministerio de Educación o una entidad pedagógica inscrita en el registro que lleva este Ministerio. Opinó que esta tarea es altamente compleja y requiere de un equipo de especialistas y en este sentido expuso que le parece más adecuado que esta función la ejerza exclusivamente el Ministerio de Educación, el cual podría ser apoyado por equipos de apoyo externos. La idea, continuó, es que únicamente el Ministerio de Educación sea el responsable de la supervisión técnica-pedagógica y aconsejó que el Ministerio debe contar con un equipo especializado en este tema.

En cuanto al sistema de aprendizaje, expuso que no queda claro que el Sistema de Aseguramiento que se propone posea la capacidad de aprendizaje necesaria para aprovechar los procesos, los resultados y la experiencia de las evaluaciones que ejecuta la Agencia de la Calidad. Tampoco, prosiguió, explicita qué se debe medir y evaluar, ni los conocimientos, destrezas y valores que se desean alcanzar, ni menos el tipo de educación a que estamos optando como país. Sobre el particular, planteó la necesidad de institucionalizar la tarea del aseguramiento de la calidad, a través de asesorías o apoyos. A su vez, acotó que la tarea del aseguramiento debe retroalimentarse con el mejoramiento de los estándares y con los procesos de mejoramiento de las escuelas.

Posteriormente, señaló que percibe una cierta vaguedad en la relación que existiría entre el Sistema de Aseguramiento y el sistema escolar público, especialmente porque la educación pública hoy es administrada por los municipios y mañana probablemente por agencias de derecho público. Al mismo tiempo, sugirió que el Sistema de Aseguramiento evalúe las responsabilidades de todos los niveles de apoyo a las escuelas para mejorar en calidad.

Enseguida, explicó que el proyecto de ley carece de estrategias diferenciadas para tratar a los distintos tipos de establecimientos educacionales e informó que actualmente en Chile existen más de 11.200 establecimientos educacionales, de los cuales 4.600 son escuelas y liceos rurales. Acotó que de estos 4.600 establecimientos rurales 3.000 corresponden a escuelas de multigrado que en la mayoría de los casos tienen un solo docente. Advirtió que cada uno de estos establecimientos constituyen realidades distintas y que deben ser evaluados con criterios diversos. En este sentido, afirmó que el proyecto de ley debe asumir esta diversidad y prever los mecanismos y las obligaciones diferenciadas para los distintos tipos de escuelas.

En otro orden de ideas, valoró que los padres y apoderados deban ser informados de los resultados obtenidos por sus hijos o pupilos en las pruebas nacionales de aprendizaje, como el SIMCE. Sin perjuicio de lo anterior, hizo un llamado de atención frente al posible riesgo de transformar este derecho en un nuevo instrumento de discriminación. Luego, señaló que se consagran ciertas inhabilitaciones para ser miembro del Consejo de la Agencia que le parecen excesivas y sugirió que se exija que la cuenta pública de los recursos, también, debe incluir a los recursos ingresados por concepto de financiamiento compartido. Antes de finalizar su exposición, indicó que se debe delimitar en forma más precisa las funciones entre el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación respecto del pago de las subvenciones escolares.

Posteriormente, la Comisión recibió en audiencia al representante y consultor de la UNICFEF en materia de educación, señor Daniel Contreras, quien señaló que la calidad es un componente constitutivo del derecho a la educación y que el derecho a ella debe asegurarse en todas sus etapas. Asimismo, sostuvo que debe manifestarse en la disponibilidad y en la accesibilidad a la educación y en la igualdad de oportunidades. En esta misma línea, comentó que el derecho a una educación de calidad presupone un programa de estudio amplio, pertinente e integrado, con sistema de aprendizaje y de evaluación basados en los derechos humanos y con un entorno seguro y saludable y que no resulte hostil para los niños. Recalcó que debe fomentarse el respeto a un adecuado entorno para el aprendizaje, lo que involucra enseñar a respetar la identidad de la persona y los derechos de participación y de integridad.

Luego, indicó que mejorar la calidad de la educación es una demanda evidente para nuestro sistema educacional y explicó que en este caso la calidad educativa debe necesariamente comprender al menos tres dimensiones, a saber: los resultados de aprendizaje en los sectores del currículo, la convivencia escolar y la participación. En efecto, acotó que una educación de calidad se caracteriza, por un lado, por tener un proceso de enseñanza y de aprendizaje compartido por todos, que se desarrolla en un contexto de sana convivencia y que se alimenta de la participación de todos los actores como docentes, padres, madres y alumnos y, por otro, por promover un proceso de aprendizaje en que se enseña, también, a convivir con otros y a participar en la sociedad.

Recalcó que en este sentido la preocupación por la calidad educativa, no sólo es responsabilidad de los docentes, ya que también lo es: de los alumnos, en tanto ellos han de protagonizar los procesos educativos exitosos; de los directivos, en su calidad de conductores responsables del proceso a nivel de cada establecimiento; de los sostenedores, en cuanto proveedores de las condiciones y de los incentivos para que el sistema educativo despliegue sus mejores esfuerzos; de las instituciones del sistema, como el Ministerio de Educación, que proveen las condiciones, apoyos, asesoría, capacitación, información e incentivos, y de la propia comunidad educativa, en cuanto principal demandante y contralor activo.

Con respecto al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, destacó que reconoce atribuciones para producir y evaluar los resultados de aprendizaje a través de estándares de desempeño institucionales y a través de estándares indicativos e información para el conocimiento y el control de la propia comunidad. Asimismo, valoró que este proyecto de ley desarrolla dispositivos que dotan a la sociedad, mediante las nuevas instituciones que crea de mecanismos que mejoran la exigibilidad del derecho a la educación. En efecto, sostuvo que los mecanismos de información y de control propuesto permiten materializar con más conocimiento y menos riesgo el derecho a que los niños puedan acceder a una educación de calidad.

Por otra parte, precisó que el sistema propuesto cubre al conjunto del sistema escolar chileno con estándares, clasificaciones, y evaluaciones aplicables a todos los establecimientos. Asimismo, señaló que permite denunciar tanto a los establecimientos que reciben financiamiento público, como a los particulares, contribuyendo así a nivelar el terreno de juego. En efecto, indicó que bajo esta modalidad se institucionaliza todo un mecanismo de reclamos y de denuncias que permiten el resguardo de los derechos. De este modo, arguyó que se concede a la Superintendencia de Educación una serie de atribuciones para investigar y resolver, sin perjuicio de las acciones legales correspondiente, reclamos y denuncias, a fin de contribuir a garantizar la calidad educativa, especialmente en materia de desempeños institucionales.

A continuación, sostuvo que debe prestarse especial atención a la desigual consideración de los resultados con otros indicadores de desempeño, ya que si bien se consideran diversos ámbitos en la calidad, en la práctica se requiere una concepción más amplia de la misma. Por otra parte, precisó que la ley aporta y entrega un marco para definir resultados de la calidad, sin embargo consideró que se debe asumir que las mediciones restringen lo medido. En efecto, acotó que las habilidades asociadas a la formación ciudadana, a la empleabilidad y al trabajo en equipo, entre otras, no están en el registro de lo que actualmente se mide en los sistemas censales estandarizados.

Asimismo, señaló que se debería abordar el tema de la convivencia escolar. Al respecto explicó que la convivencia incide directamente en la calidad de la educación, porque pone de manifiesto el propósito formativo de la experiencia escolar. Además, acotó que la convivencia ayuda a la generación de ambientes propicios para el aprendizaje y la formación inicial y continua, tanto de los alumnos como de los profesores. En esta materia, sostuvo que es fundamental asumir el tema de los reglamentos de convivencia internos de los establecimientos educacionales.

Enseguida, mencionó un estudio de los reglamentos escolares que está desarrollando la UNICEF, junto al Ministerio de Educación y a la Universidad Diego Portales, que tiene por objetivo medir el grado de cumplimiento del ordenamiento jurídico y de los reglamentos internos. Informó que se ha considerado un universo de 1.127 establecimientos de la Región Metropolitana y que se analizaron las siguientes dimensiones: participación, discriminación, acceso y permanencia, debido proceso y presentación personal. En general, comentó que se ha observado que en la mayoría de los casos los reglamentos internos no respetan el ordenamiento jurídico vigente, especialmente en materia de participación, discriminación y debido procesos para presentar reclamos y denuncias de parte de los estudiantes y apoderados.

Luego, comentó que los colegios particulares pagados tienen menos posibilidades de ser fiscalizados y que no cuentan con los mecanismos apropiados para que los apoderados puedan presentar reclamos, lo que ha motivado la judicialización de las relaciones familia-escuela.

Antes de finalizar su exposición, opinó que la creación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad constituye una clara señal de fortalecimiento del sistema escolar en la dirección correcta. En este mismo orden de ideas, recalcó que los dos principales problemas que enfrenta el sistema educativo chileno son la poca calidad y la alta segmentación y señaló que si bien el sistema propuesto centra su foco sólo en el primer problema, no debe desatender el segundo.

A continuación, el Honorable Senador señor Navarro consultó a los representantes de CONACEP cuáles son los criterios con que el Estado debe asumir los malos resultados educativos y cómo evitar el sentimiento de desconfianza que se tiene hacia los sostenedores. Por otra parte, preguntó en qué consiste la autorregulación que promueven los establecimientos particulares y su concepto sobre la calidad educativa. Luego, pidió una estimación de los costos que involucran una educación de calidad.

El Presidente de la Corporación de Colegios Particulares señaló que no es recomendable centrar este debate únicamente en la desconfianza, ya que en su opinión el motor de esta reforma debe ubicarse en la instalación de capacidades y en el apoyo técnico-pedagógico a las escuelas. En cuanto a la autorregulación, explicó que la idea de CONACEP es entregar a sus colegios un sello que constituya un mínimo común denominador que los identifique dentro de la comunidad escolar y aclaró que ellos no promueven la no regulación, por el contrario acotó que apoyan una regulación central ordenada y eficiente. Con respecto a la segmentación, a su juicio este tema debe abordarse con una visión más global, que no sólo incluya a la educación, sino también una política de vivienda.

Por otra parte, sostuvo que la educación pública no puede restringirse a la educación municipal, ya que ésta también se vincula a la educación particular subvencionada. De partida, explicó que existen varios establecimientos particulares subvencionados gratuitos. Enseguida, opinó que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad valorizará al sistema escolar, porque asegura que el financiamiento destinado a la educación se traduzca en una mayor calidad. No obstante, advirtió que para mejorar definitivamente la educación chilena se debe incrementar la subvención escolar.

Por su parte, el Vicepresidente de la Corporación de Colegios Particulares, señor Alejandro Hasbún, señaló que los sostenedores se deben a sus alumnos y apoderados, por lo cual indicó que su obligación es averiguar sus expectativas y aspiraciones en materia de logros en el aprendizaje. Asimismo, precisó que las escuelas deben utilizar mecanismos generales de medición de desempeño, como la prueba SIMCE y el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño (SNED), que miden variables cognoscitivas observables. Enseguida, comentó que los colegios de CONACEP se preocupan de promover un buen ambiente escolar, evitando la violencia escolar por medio de un plan que promueve la presencia permanente de los inspectores y de los directores.

El Académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile informó que de acuerdo a un informe sobre la educación de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) en Chile se confía demasiado en el mercado, lo que se evidencia en un sistema desreglado en el área de la educación. Luego, comentó que según los resultados promedios del SIMCE prácticamente todos los colegios tienen malos resultados educativos, salvo excepciones de los cuales debe aprenderse. Luego, concordó con el Presidente de la Corporación de Colegios Particulares en el sentido de que no es recomendable construir una nueva ley de educación basados en la desconfianza. Por el contrario, señaló que la idea es construir un nuevo sistema escolar entendiendo de que se trata de un sistema complejo que debe ser abordado con mecanismos adecuados.

Enseguida, mencionó tres temas que a su juicio no son suficientemente tratados en este proyecto de ley, a saber: el derecho de los niños como protagonistas del sistema escolar; la educación como bien público que debe ser resguardado, y el carácter complejo de la educación. Posteriormente, indicó que la norma debe abordar la relación entre las escuelas y los sostenedores y sugirió diferenciar entre las escuelas que lo hacen bien de las que no se esfuerzan por mejorar sus resultados educativos. Por último, precisó que en materia de educación es difícil conectar procesos con resultados, porque la educación no implica una relación mecánica que puede reducirse a un precio. Por el contrario, sostuvo que la educación involucra compromisos, capacidades e integración.

El Honorable Senador señor Navarro consultó sobre el número de escuelas y de liceos que necesita el país y la opinión de los asistentes sobre la posible concentración que podría generar el cierre de las escuelas que obtienen reiteradamente malos resultados académicos.

El Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado respondió que en la actualidad existe un número excesivo de escuelas, con un alto índice de empobrecimiento, especialmente a nivel de las escuelas rurales. Asimismo, informó que existen varias escuelas con un número excesivo de alumnos por curso. Sobre este tema, opinó que el ideal es tener escuelas más familiares que entreguen una atención más especializada a sus alumnos. En cuanto a la segregación, observó que este problema requiere de una solución más grande, que no sólo involucre acciones en el ámbito educativo. Sin perjuicio de lo anterior, estimó que se debe promover un sistema educacional que luche contra el clasismo chileno, que se funde en una escuela gratuita que reconozca la igualdad y la diversidad.

En cuanto a la estimación de los costos que se requieren para impartir una educación de calidad, el Presidente de la Corporación de Colegios Particulares sostuvo que se necesitan unos $90.000 por alumno y con respecto a la segregación comentó que el financiamiento compartido no incentiva la segregación social. Sobre este particular, opinó que para terminar con la segregación educacional debe fomentarse la calidad y no restringir los estándares de calidad a los que fije el Estado, de lo contrario estimó que se estaría colocando un techo a la calidad de la educación.

A continuación se transcriben exposiciones presentadas por las Superintendencias de Pensiones y de Quiebra, respectivamente, cuyas opiniones había recabado la Comisión.

El Superintendente Subrogante de Pensiones, señor Alejandro Charme, señaló que la entidad que representa es la continuadora de la Superintendencia de Administradora del Fondo de Pensiones (AFP) y que supervisa todo el sistema previsional civil, lo que incluye la regulación y la supervisión del nuevo sistema de pensiones solidarias, del antiguo sistema de reparto del Instituto de Normalización Previsional, del sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500 y del Seguro de Cesantía. Asimismo, indicó que fiscaliza al Instituto de Previsión Social, a las Administradoras de los Fondos de Pensiones, a las Administradoras de los Fondos de Cesantías, a los asesores previsionales y a las compañías de seguros, según lo dispone el protocolo acordado con la Superintendencia de Valores y Seguros.

Posteriormente, señaló que la Superintendencia de Pensiones tiene una función normativa, la que se materializa a través de su facultad de emitir circulares y dictar normas de carácter general. Asimismo, indicó que esta función la ejerce al interpretar administrativamente la legislación vigente y al asesorar y analizar los cambios legales que se producen.

Por otra parte, mencionó su función de supervisión, la que se desglosa en las siguientes tareas: fiscalizar el cumplimiento de la normativa; velar por el buen desempeño del sistema, y monitorear y controlar los riesgos. Además, indicó que su rol en el ámbito de la fiscalización la facultan para ejercer una potestad sancionatoria.

Enseguida, informó que la Superintendencia de Pensiones se dedica a la atención de los usuarios, entregando información y orientación a los mismos y recabando los reclamos y las consultas formuladas. Asimismo, acotó que está facultada para analizar y desarrollar estudios para el mejoramiento del sistema y publicar información, datos y estadísticas que permitan a cualquier interesado conocer el sistema.

En otro orden de ideas, recalcó que en el proceso de creación de la Superintendencia de Pensiones han tenido varias experiencias que consideraron importantes compartir, a propósito de la creación de la Superintendencia de Educación. Al respecto, sugirió conceder al Jefe del Servicio amplias atribuciones para diseñar la organización interna de la Superintendencia de Educación. Además, indicó que debe consagrarse su autonomía en la toma de decisiones en el ámbito de su competencia y exigir que su staff de funcionarios esté constituido por un equipo de alta profesionalización, que tenga el carácter técnico que la institución requiere. Para estos efectos, sugirió contemplar una escala de remuneraciones competitiva y posibilitarles la capacitación.

Luego, sostuvo que la Superintendencia de Educación se estructura en términos similares a la Superintendencia de Pensiones, disponiendo de atribuciones normativas y fiscalizadoras dentro del ámbito de su competencia para el cumplimiento de sus funciones. No obstante, acotó que a diferencia de la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Educación no se pronuncia respecto de los nuevos establecimientos educacionales que se inician en las actividades del rubro de los servicios educativos. Sobre este punto, informó que la Superintendencia de Pensiones está facultada para autorizar la existencia de las nuevas Administradoras de Fondos de Pensiones y señaló que esta facultad es fundamental para que la Superintendencia de Educación pueda velar para que las entidades presentes en el sistema cumplan con los requisitos que establece la ley. Finalmente, valoró que la Superintendencia de Educación tenga la facultad para actuar como una instancia de mediación, facultad que, por cierto, no tiene la Superintendencia de Pensiones.

Por su parte, el Superintendente de Quiebras, señor Rodrigo Albornoz valoró su carácter de servicio autónomo y destacó su reconocimiento como institución fiscalizadora, en los términos dispuestos en el decreto ley Nº 3.551 de 1981, lo que según él debería verse reflejado en una asimetría con el mercado laboral. Enseguida, aprobó que su personal esté afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, porque precisó que así se fortalece y valida su dirección frente a los fiscalizados.

Luego, señaló que el artículo 46 del texto de la indicación sustitutiva es preciso y nítido al identificar el objeto de la Superintendencia de Educación. Posteriormente, planteó eliminar la letra d) del artículo 7°, de manera de ubicar sólo en el artículo 47 letra l) la facultad de la Superintendencia de Educación de interpretar administrativamente la norma educacional, sin perjuicio del deber que tiene todo organismo público de sujetar sus actuaciones al principio de juridicidad. También, propuso que se le reconozca la atribución para impartir instrucciones generales y específicas y que se incorpore en el texto de este proyecto de ley la facultad de la Superintendencia de Educación de proponer reformas legales y reglamentarias, que a su juicio sean aconsejables.

En materia de fiscalización, acotó que el artículo 48 y siguientes de la indicación sustitutiva reconocen el papel fundamental que debe desempeñar el personal habilitado como fiscalizador, en su calidad de ministro de fe. Del mismo modo, destacó su facultad para tomar declaraciones bajo juramento.

En cuanto a la rendición de cuentas, recomendó que los auditores externos sean incorporados en un sistema de registro sustentado en requisitos objetivos y que además la designación sea efectuada forma aleatoria.

Con respecto a la atención de denuncias y de reclamos y al sistema de infracciones y de sanciones, recomendó establecer un sólo procedimiento de conocimiento y de investigación de las denuncias y reclamos formulados. Asimismo, sugirió consagrar expresamente el derecho de todo fiscalizado a tener una audiencia previa a la aplicación de una sanción, como garantía de un justo y racional procedimiento. Además, indicó que en este procedimiento debe abrirse un término probatorio, para que el fiscalizado demuestre que ha cumplido con la normativa educacional que fiscaliza la Superintendencia de Educación, tal como se ha dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la ley N° 18.175, Orgánica de la Superintendencia de Quiebras.

En relación con el artículo 57, opinó que esta norma más bien parece regular una especie de conciliación, que la facultad de la Superintendencia de Educación para mediar en los conflictos que se ponen bajo su conocimiento. En este sentido, sugirió aclarar el sentido de esta norma. No obstante lo anterior, indicó que deben excluirse expresamente de esta especie de mediación los casos que involucren una infracción a la legislación vigente y a las normas contables.

Por otra parte, consideró que no es apropiada la eventual sanción que consagra el artículo 61, que habilita al Director Regional y al Superintendente a imponer una multa a quien haya interpuesto una denuncia o reclamo que carece de fundamentos, ya que indicó que esta norma podría desincentivar el uso adecuado de la denuncia, lo que podría invalidar el legítimo interés y el derecho a recurrir ante un organismo público a plantear sus inquietudes. Sobre este punto, reparó que el sancionado por esta norma no se le considere un procedimiento de reclamación jurisdiccional.

Enseguida, manifestó su disconformidad con el trato de privilegiado que se le da a las denuncias emitidas por determinados organismos públicos, como los referidos en el artículo 63. Al respecto, opinó que en estos casos también debe garantizarse una audiencia previa al fiscalizado y que la ponderación de formular o no cargos debe corresponder exclusivamente a la Superintendencia de Educación y no al Ministerio de Educación, ni menos a la Agencia de la Calidad.

En esta misma línea, sugirió prescindir de los modelos de investigación administrativa y judicial, que plantean los artículos 66 y 81, inciso tercero, a efectos de cumplir cabalmente su función fiscalizadora, puesto que esto permitirá a la Superintendencia de Educación elaborar y mejorar autónomamente sus procesos de fiscalización. Advirtió que la ley debe garantizar la audiencia previa del fiscalizado y el ejercicio de los recursos administrativos y jurisdiccionales que procedan.

Posteriormente, valoró la facultad que se concede a los Directores Regionales para aplicar sanciones a los entes fiscalizados. Sin perjuicio de lo anterior, acotó que esta atribución debe estar vinculada a un procedimiento de reclamación ante la Corte de Apelaciones respectiva, como el que se plantea en el artículo 81 y siguientes del texto de la indicación sustitutiva.

Con respecto a la facultad de la Superintendencia de Educación de nombrar a un administrador provisional en los casos en que proceda, estimó que sería más recomendable que otra entidad distinta a la Superintendencia de Educación sea la que designe a este administrador, ya que consideró que se podría degenerar el verdadero sentido de esta entidad, de constituirse como un ente eminentemente regulador en las áreas de la gestión educacional. Además, comentó que existen ciertas decisiones de resorte del administrador provisional, que ameritan la intervención de la Superintendencia de Educación, las que podrían ser objetadas por una falta de imparcialidad.

En relación a la organización de la Superintendencia de Educación, indicó que se debe armonizar la letra l) del artículo 97 con el artículo 80 del texto de la indicación sustitutiva. Luego, consideró acertado facultar al jefe del servicio a establecer la organización interna de la Superintendencia de Educación.

Con respecto al artículo 104, sugirió explicitar en forma más categórica el carácter de exclusiva confianza del personal que interviene en forma directa o indirecta en los procesos de fiscalización. Por último, aprobó el texto del artículo 106, porque permite utilizar la vía de la Contraloría General de la República como un mecanismo oblicuo de fiscalización.

El Filósofo y Sociólogo, señor Juan Casassus, señaló que el sistema propuesto generará impactos negativos y que persistirán los malos resultados en el área de la educación. Luego, sostuvo que un mal resultado para el proyecto de ley en estudio y para el Ministerio de Educación involucra un bajo puntaje en el SIMCE y explicó que el SIMCE es una prueba psicométrica estandarizada, vinculada a un estándar de aprendizaje. Asimismo, comentó que este bajo resultado no aportaría ninguna información, porque para nadie es extraño que los niños de las escuelas municipalizadas obtengan puntajes inferiores a los obtenidos por los niños que estudian en los colegios particulares pagados. Además, acotó que esta información tendería a desorientar a la opinión pública, porque se trataría de información que no se relaciona con el propósito de la educación.

En esta misma línea, explicó que de a acuerdo al artículo 19, numeral 10° de la Carta Fundamental el propósito o razón de ser del sistema educativo chileno es el pleno desarrollo de la persona humana y que las finalidades de la educación son el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, para conducir la vida del hombre en forma plena y para convivir en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activamente.

Posteriormente, mencionó algunos objetivos generales de la educación, desglosados por niveles: en el caso de la educación parvularia nombró la formación integral de los niños; en la básica, indicó el desarrollo espiritual, moral, intelectual, físico, autoestima y confianza en sí mismos, y en la media, repitió los mismos objetivos enunciados para la básica y agregó el trabajo en equipo, el desarrollo de la curiosidad, la iniciativa personal y la creatividad, el pensamiento reflexivo, el sentido de la existencia, el pensar en forma libre y reflexiva, la comprensión de la naturaleza, la evaluación crítica, la adquisición de hábitos de vida saludables, el análisis de los procesos y de los fenómenos complejos. Luego, advirtió que la prueba SIMCE no se vincula a ninguno de estos propósitos, por lo cual sostuvo que se está legislando en sentido contrario y que por lo mismo se continuarán obteniendo bajos resultados.

En otro orden de ideas, afirmó que estamos aplicando a la educación una política contaminada, que no es del área de la educación, sino que es de la esfera económica. En efecto, acotó que esta política asimila el proceso educativo al proceso de producción de una fábrica, modificando así el propósito buscado. A su juicio, esta política oscurece las finalidades de la educación y las reemplaza por la formación de capital humano, lo que reduce al ser humano a un factor de producción.

Enseguida, señaló que esta norma intenta imponer un mayor control sobre la comunidad educativa, haciendo valer el punto de vista de la autoridad frente a los medios de comunicación. Asimismo, arguyó que este proyecto de ley busca alinear a los docentes y a los alumnos en lo que quieren las autoridades. En este sentido, opinó que este proyecto de ley sigue una teoría de la acción humana equivocada, que es incoherente con la Constitución Política de la República.

Advirtió que esta norma al utilizar el SIMCE como un sistema de medición objetivo externo no mide ninguna de las finalidades de la educación, ya que únicamente sirve para realizar un ranking de los establecimientos educacionales. Además, indicó que esta prueba separa los procesos de aprendizaje y de evaluación, ya que se basa en una teoría de aprendizaje conductista que únicamente sirve para clasificar a las escuelas y no sirve para medir conocimiento, ni competencias. En este escenario, recomendó impulsar una evaluación interna que se desarrolle en la sala de clases, que mida el aprendizaje y que utilice la teoría contructivista.

Indicó que los efectos de un sistema centralizado de medición de la calidad referido a estándares de aprendizaje no tiene relación alguna con la razón de ser de un sistema educativo, ni menos con las finalidades de la educación. Al contrario, acotó que un sistema centralizado es perjudicial para el sistema educativo, ya que reduce a la calidad de la educación a un resultado obtenido en una prueba de medición, vinculada a ciertos estándares de aprendizaje. Informó que este sistema no ha generado ningún progreso en los países en los que se ha aplicado, porque focaliza la enseñanza en el entrenamiento de respuestas a pruebas psicométricas, superficializa la educación, evita la reflexión, reduce los procesos complejos y diversos a una prueba estática y crea frustración en todos los actores.

Por otra parte, precisó que este sistema afecta directamente a los docentes, ya que los transforma en meros técnicos ejecutantes, quitándoles su identidad de profesión y de servicio, lo que podría generar una desmotivación interna respecto a su quehacer. También, comentó que despoja al Estado de su rol de garante de una educación para todos, porque funciona con instrumentos que son diseñados para seleccionar y no para evaluar conocimiento, ni competencias. Señaló que en este modelo entregará la tuición de los textos escolares y el diseño de las pruebas psicométricas a las editoriales y los establecimientos educacionales se concentrarán únicamente en preparar a los alumnos para responder estas pruebas.

Luego, recalcó que con este sistema se mantendrá la matriz ideológica que piensa a la educación a partir de la economía. En efecto, acotó que el pensamiento económico reemplazó al pensamiento filosófico, pedagógico, psicológico y sociológico. Con ello, continuó, se instaló el concepto rector del capital humano y se introdujo la idea de que la calidad educativa se vincula al resultado obtenido en una prueba psicométrica. Agregó que este modelo avala la hipótesis de que cuantificar se ve bien y como tal plantea que a todo debe asignársele un número. En su opinión, ésta es una idea simplista acerca de la acción humana, que se funda en principios conductistas de estímulo y de respuesta, con pruebas psicométricas como indicadores de los procesos de aprendizajes.

Posteriormente, lamentó que este sistema se haya impuesto como una moda, porque es el modelo que se utilizaba en otros países. Enseguida, comentó que este sistema produce la ilusión de tener más información y de revelar más conocimiento, pero en la práctica si bien generó más información ésta es inútil para los procesos de aprendizaje, ya que únicamente se funda en pruebas que no miden conocimientos, ni destrezas y que están diseñadas para seleccionar. En esta misma línea, opinó que se trata de un buen negocio, que se vincula a las grandes editoriales.

Como propuesta, planteó implementar programas flexibles de educación personalizada y con una amplia participación en su diseño de la comunidad educativa. Agregó que debe fomentarse el desarrollo de las competencias sociales y emocionales. Asimismo, precisó que debe restituirse la identidad profesional a los docente, en base a confianzas y buenos desempeños. Además, sostuvo que debe enseñarse a evaluar y comunicar, a fin de elevar el nivel de educación, estimulando una formación continua en las ciencias de la educación.

En esta misma línea, sugirió diseñar una política coherente con los propósitos y finalidades de la educación, volviendo a la lógica educativa, con una evaluación descentralizada en el aula, que se base en mediciones muestrales vinculadas a los fines de la educación y que se aplique a los alumnos que cursen el tercer año medio. Asimismo, sostuvo que este nuevo modelo debe vincular la calidad de la educación con la equidad y concentrarse necesariamente en los más débiles.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide coincidió con el Filósofo señor Casassus en el sentido de entender que la educación no es instrucción, sino formación y acotó que estamos en un país en que cada día se desvaloriza más la educación y los valores cristianos. Luego, comentó que si bien esta reforma mejora al sistema actual, no logra formar a la sociedad. En su opinión, debemos volver al sistema educacional antiguo, que se preocupaba de formar a un hombre en toda su integridad.

El Honorable Senador señor Núñez lamentó que no tengamos elaborado un concepto de calidad de la educación, ni tampoco los instrumentos para elaborar uno, lo que en cierta forma consideró ha dificultado la labor de la educación de moldear el alma humana. Observó que cada día se minimizan más los espacios para reflexionar en torno a la educación, lo que a su juicio ha complicado la labor legislativa y, en este contexto, sostuvo que deben buscarse los espacios para analizar más profundamente este tema.

El Honorable Senador señor Navarro compartió la idea expuesta por el Honorable Senador señor Núñez de que no habido un debate pedagógico que trate profundamente los temas del aula y la relación profesor alumno. Enseguida, recalcó que tampoco ha habido una reflexión sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Sobre este punto, advirtió que existe una suerte de discrepancia entre el tipo de educación que se desea implementar y lo que se espera de la educación, porque ha primado una concepción economicista y cuantitativa de la educación. En el caso de Finlandia, comentó que los empresarios no se dedican ni a la política, ni a la educación como sucede en Chile.

Luego, señaló que se requiere hacer un debate sobre la pedagogía, asumiendo cada parte sus responsabilidades en el diseño del modelo actual de educación y sólo una vez que están claras las causas de esta crisis se podría legislar en esta materia. Sobre el particular, comentó que sólo en Chile los adolescentes han estado preocupados por la mala calidad de la educación que se les entrega, lo que según él evidencia la grave situación de nuestro problema.

Por otra parte, señaló que en esta falta de concordancia en la visión que se tiene sobre la educación tienen cierta responsabilidad las universidades, porque ellas han sido partícipes del quiebre entre el mundo de la política y de la academia, lo que ha provocado que hoy los académicos miren con desprecio a los políticos.

El Filósofo señor Casassus señaló que en nuestro país existe un temor a realizar cambios profundos, por esto acotó que nuevamente se ha optado por aplicar modelos extranjeros.

La Jefa de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría General de la República, señora Patricia Arriagada, informó sobre la fiscalización que ejerce la Contraloría General de la República en materia de subvenciones, a fin de dar cuenta sobre el trabajo que ha realizado la Controlaría General de la República. Al respecto, acotó que este informe abarcaría desde el año 2002 al 2008.

Explicó que en el año 2002 se desarrolló un programa horizontal sobre control y pago de subvenciones escolares en todas las regiones del país, incluida la Región Metropolitana. En esa oportunidad, continuó, se detectaron irregularidades en la III, VIII, IX, X Regiones y en la Región Metropolitana. Comentó que se constataron las siguientes irregularidades: 963 establecimientos con mobiliario escolar en mal estado; 1.956 establecimientos que no cumplían requisitos de salubridad, y 1.703 establecimientos con deficiencias en materia de infraestructura. Asimismo, señaló que se detectó que en la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de los Lagos un pago indebido por la suma de M$ 100.157, por concepto de subvención de escolaridad y de internado, subvención de ruralidad y subvención de apoyo al mantenimiento. A su vez, precisó que en la comuna de Quillón en la VIII Región se observaron pagos de remuneraciones a los docentes por un monto inferior a la renta mínima mensual y atrasos en el pago de las cotizaciones previsionales.

De estas irregularidades, indicó que durante el año 2001 se cursaron un total de 2.374 actas de fiscalización tipo C, que corresponde a infracciones consignadas como graves, de las cuales 316 dieron origen a reintegro o a procesos judiciales, quedando pendientes 2.058 de ellas. En la Región Metropolitana, prosiguió, se verificó un total de 2.274 causas pendientes de actas tipo C.

Enseguida, sostuvo que el sistema de pago de las subvenciones en la Región Metropolitana durante el año 2002 presentó debilidades de control, lo que implicaba riesgos relevantes en materia de resguardo de bienes financieros y en la generación de información exacta y confiable dada la cantidad de los recursos involucrados. Asimismo, acotó que se detectaron deficiencias de control en materias de conciliaciones de cuentas bancarias, ya que la Secretaría Regional Ministerial respectiva no estaba dando cumplimiento cabal a la normativa reglamentaria que regula los procesos de subvenciones que afectan a los sostenedores que no cumplen los deberes y obligaciones contraídos con el Ministerio de Educación.

Luego, se refirió al proceso de fiscalización del año 2003, en el cual se detectaron cobros indebidos de subvenciones por un monto de M$ 450.000 en la VI Región, lo que dio origen a la presentación de una serie de denuncias ante la Justicia Ordinaria, por aprobación de cursos con matrículas falsas y utilización de nombres de personas inexistentes, fallecidas o con limitaciones físicas o psíquicas. Asimismo, señaló que durante el año 2003 se investigaron cobros indebidos de subvenciones y discrepancias en los registros de asistencia a clases, ya que se percataron que el sistema computacional de control y de pago de subvenciones presentaba deficiencias, en cuanto a la confidencialidad de la información.

En cuanto al año 2005, comentó que se percataron que existían saldos pendientes por M$ 714.491 y M$ 903.096 por concepto de pago de un bono de escolaridad y de aguinaldos en los meses de septiembre y diciembre a los funcionarios de los colegios subvencionados. Agregó que la investigación de estas irregularidades se dificultaba porque en la Subsecretaría de Educación se manejaba en una sola cuenta corriente bancaria los recursos para el pago de las subvenciones y para el pago de otros gastos propios de la Subsecretaría, lo que impedía efectuar cuadraturas y controles por separado por ambos conceptos. Adicionalmente, señaló que se detectaron discrepancias entre la asistencia informada por los sostenedores y la que publicaba el Ministerio de Educación. A su vez, informó que en la mayoría de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación existían deficiencias de control interno, tales como: carencia de cuentas corrientes para el uso exclusivo del pago de subvenciones; la no utilización de un libro de banco, y la inclusión de cheques vencidos en las conciliaciones bancarias.

En el caso de las escuelas de lenguaje, comentó que se verificaron las siguientes irregularidades: inclusión de estudiantes que no presentan deficiencias; alumnos que no cumplían la edad exigida; diagnósticos efectuados por fonoaudiólogos no autorizados, y certificaciones falsas que acreditaban tal condición.

En el año 2006, informó que se comprobaron pagos atrasados de subvenciones a los establecimientos educacionales. También, indicó que se detectaron atrasos en el pago de la asignación no docente, por un monto de M$ 22.884 y disconformidad en la información obtenida en las bases de datos de los establecimientos educacionales y los montos pagados, observándose una diferencia de M$ 592.288 entre lo que informó el Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana y los registros de ejecución presupuestaria.

Por otra parte, comunicó que en visita efectuada a los establecimientos educacionales e internados de la Región Metropolitana, se constataron las siguientes observaciones: dormitorios en mal estados, algunos sin reposición de vidrios en sus ventanas, cortinas deterioradas o sin ellas, piso en malas condiciones, en general pésima ventilación, insuficiente condiciones de seguridad y mal estado de los baños.

En esta misma línea, precisó que se verificó que la subvención de mantenimiento no siempre se utilizaba para su fin propuesto y observó que no existía una instancia de control que validara que las reparaciones, conservaciones y reposiciones se hubiesen efectuado.

En relación al año 2007, señaló que se percataron que en la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana no existían de conciliaciones bancarias, para el período 2004 al 2006, para las cuentas corrientes de Subvenciones I, de Subvenciones II, Giros Globales y Chile Califica. Asimismo, indicó que se detectaron una serie de irregularidades, como: cheques cobrados no contabilizados; depósitos no contabilizados; cargos no registrados en cartolas bancarias; depósitos no registrados en cartolas bancarias; diferencias por conciliaciones anteriores; cheques caducados sin regularizar, y cheques anulados y cobrados. Acotó que en este caso dada la cuantía de los montos involucrados se ordenó la instrucción de un sumario administrativo.

En el año 2008, expuso que se percataron de la inobservancia de las instrucciones impartidas por la División de Administración General del Ministerio de Educación, en relación con las obligaciones que le asistían a la Secretaría Regional Ministerial de devolver al Estado los saldos de los fondos disponibles no comprometidos. Informó que en visita posterior, el examen selectivo de las cuentas de egresos dio como resultado la comprobación de que la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana giró y pagó a doña Gladys de las Mercedes Audala Sánchez, persona no autorizada para cobrar subvenciones, la suma de M$ 34.914, situación que se puso en conocimiento de la Fiscalía Centro Norte del Ministerio Público, adjuntándose a la Causa RUC 0600867745.

Comentó que en las verificaciones y cruces de las distintas fuentes de información digitales que dispone el Ministerio de Educación se comprobó que en el año 2006 figuraban 50.886 registros más en el proceso de matrículas a nivel nacional y 21.492 registros repetidos en la Región Metropolitana y que en el 2007 aparecían 29.864 registros más en el proceso de matrículas a nivel nacional y 5.779 registros repetidos en la Región Metropolitana. Asimismo, precisó que en el proceso de actas del año 2006 se detectó un total de 166.466 registros de alumnos promovidos, reprobados o retirados, en más de un establecimiento durante el año académico, de los cuales 70.306, correspondían a la Región Metropolitana. Adicionalmente, indicó que se constató la inconsistencia entre el número de alumnos presentes en un curso y lo indicado en el libro de clases e incumplimiento de la ley N° 20.088 sobre Declaraciones Patrimoniales y de Intereses.

A continuación, el Contralor General de la República, señor Ramiro Mendoza, expuso sobre la situación del proyecto de ley en estudio y la normativa de la Controlaría General de la República. Al respecto, precisó que si bien la situación ha mejorado respecto del texto aprobado en general por el Senado la indicación sustitutiva mantiene ciertas situaciones jurisdiccionales que deben ser replanteadas, para evitar futuros conflictos entre la Controlaría General de la República y la nueva Superintendencia de Educación.

En esta misma línea, indicó que los artículos 46, 47 literal b), 50, 51, 72 literal a) y 106 de este proyecto de ley podrían presentar un serio vicio de constitucionalidad, por afectar algunas de las atribuciones de la Contraloría General de la República, ya que se refieren a disposiciones que afectan al sistema nacional de control previsto por el ordenamiento jurídico.

A continuación, informó que las primeras Superintendencias se crearon en el siglo XIX y que en general éstas tenían por finalidad regular una actividad realizada por particulares en los casos en que el Estado no podía asumir el ejercicio de esa actividad. En la actualidad, acotó que las Superintendencias se constituyen como órganos de fiscalización.

En el caso de la Superintendencia de Educación, comentó que ésta tendrá por objetivo fiscalizar a terceros que ejercen la actividad educativa, ya sean municipios, particulares que reciben fondos del Estado, o terceros en términos generales. Agregó que su función la ejercerá ayudada por una Agencia de la Calidad, la que será la encargada de generar los modelos de una educación de calidad. Luego, acotó que a la Contraloría General de la República no le corresponde pronunciarse sobre el modelo de educación, ni sobre las circunstancias educativas, ni sobre las políticas de educacionales.

Posteriormente, sostuvo que la Controlaría General de la República posee amplias facultades respecto de todas las Superintendencias que existen en nuestro país, como sucede con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y con la Superintendencia de Seguridad Social y precisó que estas atribuciones se dan a propósito de la toma de razón de sus actos o través de la obligación que tienen de cumplir los dictámenes que emite la Controlaría General de la República. Sobre este mismo tema, afirmó que no debe confundirse el trámite de toma de razón y su exención con el rol de fiscalización que ejerce la Contraloría General de la República, menos aún cuando el quehacer de una Superintendencia se vincula con la transferencia de recursos a privados.

En el caso de la Superintendencia de Educación, sostuvo que la Contraloría General de la República queda totalmente excluida de ejercer cualquier función de fiscalización, con excepción del examen de cuentas de las entradas y gastos de esta Superintendencia. En este contexto, arguyó que la Contraloría General de la República no podrá ejercer el control y la fiscalización de los recursos públicos que se destinen al sector de la educación.

En este mismo orden de ideas, estimó que esta figura atentaría contra la Constitución Política de la República, la cual reconoce a la Contraloría General de la República como el órgano que ejerce el control de los actos de la administración pública, ya sea a través del proceso de toma razón o mediante la obligatoriedad de los dictámenes que emite la Controlaría General de la República, según sea el caso.

Insistió que si una ley exime de la toma de razón a un acto de la administración esto no implica exención de control de los recursos públicos, ya que el artículo 98 de la Carta Fundamental otorga de manera exclusiva y general el examen y el juzgamiento de las cuentas y la fiscalización de todos los ingresos y gastos públicos a la Contraloría General de la República. Además, señaló que esta atribución se reafirma con lo dispuesto en los artículos 51 y siguientes de la Ley de Administración Financiera del Estado, los cuales establecen que la Contraloría General de la República es el órgano encargado de ejercer la revisión y examen de las cuentas de todos los fondos públicos.

Por otra parte, trajo a colación los artículos 85, 86 y 87 de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, los cuales prescriben que frente a cualquier reparo de una cuenta pública se faculta en forma exclusiva a la Contraloría General de la República para exigir la restitución de los fondos cuestionados, de acuerdo a las reglas de la responsabilidad civil.

En este contexto, acotó que como en este proyecto de ley no existe un examen de cuentas propiamente tal no nace esta responsabilidad civil y, por ende, no se genera la obligación de restituir al Estado los recursos públicos que han sido objetados. En efecto, arguyó que únicamente la Contraloría General de la República puede realizar un examen de cuenta de carácter jurídico y, en este sentido, precisó que la Superintendencia de Educación sólo podría realizar un examen de cuenta de carácter público y, por ende, afirmó que no podrá solicitar la restitución de los fondos cuestionados.

En esta misma línea, recalcó que este proyecto de ley excluye a la Contraloría General de la República del ejercicio de su función esencial, cual es el examen de cuentas de los fondos públicos. En su opinión, todos los recursos que provienen del Fisco continúan siendo públicos, aunque se traspasen a particulares y, en consecuencia, los fondos destinados al pago de las subvenciones continúan siendo públicos y, por ende, corresponde a la Contraloría General de la República ejercer su examen de cuentas respecto de ellos.

Posteriormente, señaló que en virtud del artículo 1° de la ley N° 10.336 la Contraloría General de la República tiene atribuciones exclusivas en materia de interpretación del Estatuto Administrativo y respecto de todo el personal de la Administración Pública, por lo cual afirmó que la Contraloría General de la República debería mantener sus facultades fiscalizadoras respecto del personal de la Superintendencia de Educación, ya que no existe norma expresa que excluya a la Contraloría General de la República de esta atribución.

Por otra parte, reparó en el texto del artículo 106 de la indicación sustitutiva, el cual no se trata de una norma nueva, puesto que sigue como modelo el articulado de las normas que regulan la Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Además, comentó que el Tribunal Constitucional en la sentencia de la causa Rol N° 1.032, de 4 de marzo de 2008 y en la causa Rol N° 1.051, de 10 de julio de 2008, ha realizado una interpretación armónica del artículo 98 de la Constitución Política de la República, reconociendo la supremacía de la Contraloría General de la República respecto de la Superintendencia de Pensiones y del Consejo para la Transparencia.

A continuación, explicó que en ambos fallos el Tribunal Constitucional dispuso que, tanto el Consejo para la Transparencia como la Superintendencia de Pensiones, están sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, en lo que concierne a su personal y al examen y juzgamiento de sus cuentas, dejando así a salvo el control de legalidad que ejerce la Contraloría General de la República y su autonomía, en el entendido de que los actos que emanen de estos órganos no serán vinculantes para la Contraloría General de la República. En efecto, acotó que ambos fallos reafirman la idea de que una norma no puede extinguir las atribuciones constitucionales de la Contraloría General de la República.

Bajo estas circunstancia, consideró que el artículo 106 del texto de la indicación sustitutiva es una norma abiertamente inconstitucional, porque viola los preceptos que consagran la autonomía y la exclusividad del ejercicio del control que nuestra Carta Fundamental concede a la Contraloría General de la República. Luego, sostuvo que el texto de este artículo podría salvarse, reconociendo la plena compatibilidad entre la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Educación, agregando al artículo 106 del texto de la indicación sustitutiva la siguiente frase final: “todo esto sin perjuicio de las funciones de la Contraloría General de la República.”.

Antes de finalizar hizo un llamado a los miembros de la Comisión para revisar el texto de este proyecto de ley a la luz de los citados fallos del Tribunal Constitucional y, al mismo tiempo, arguyó que debe tenerse presente que el examen de cuentas que realiza la Controlaría General de la República no impide que otro órgano estatal pueda exigir calidad en la educación y el cumplimiento de la normativa vigente a los prestadores del servicio educacional.

A continuación, el Presidente de las Facultades de los Decanos de Educación de Chile, señor Abelardo Castro, señaló que parte esencial de la construcción del Estado es contar con un sistema educacional de altos estándares de insumos, procedimientos y de resultados. Acotó que un sistema educacional de excelencia debe garantizar a los chilenos su identidad nacional, las competencias para enfrentar a la sociedad del conocimiento y acceder a los aspectos más esenciales de una sociedad de bienestar.

Enseguida, recalcó que el reclamo de no contar con un sistema educativo de excelencia se expresó en la llamada revolución pingüina, que puso el tema de la educación en el plano y en el nivel que corresponde a un país que aspira a ser considerado como una nación desarrollada. Agregó que en el fondo se reclamaba la necesidad de fiscalizar los recursos invertidos por el Estado en la educación, a fin de que la totalidad de éstos fueran efectivamente invertidos en la educación. Por otra parte, comentó que se exigía mejorar la calidad del trabajo escolar de los colegios y el uso racional de las horas lectivas en términos de aprendizajes significativos para el desarrollo personal y ciudadano. Ambas exigencias, continuó, se hacían en el entendido de que debía entregarse una educación de calidad para todos los chilenos.

En este sentido, opinó que el título de este proyecto de ley es prometedor, puesto que crea un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación, que se compone de dos elementos centrales: una Agencia de la Calidad de la Educación y una Superintendencia de Educación.

Posteriormente, recordó que el concepto de calidad de la educación fue ampliamente debatido en el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación y en especial en la Comisión de Calidad de la Educación, la cual le correspondió presidir. En esa oportunidad, señaló que la calidad de la educación se reconoció como un concepto relativo, asociado a metas determinadas de acuerdo a la visión de sociedad y de ser humano que se tenga.

Asimismo, indicó que siguiendo la tendencia de las convenciones internacionales se concordó que la calidad de la educación se refiere tanto al derecho individual de acceder a oportunidades eficaces de aprender, como a la obligación del Estado de ofrecerlas en condiciones de equidad. En este contexto, precisó que el derecho a una educación de calidad según lo acordado en el Consejo Asesor, puede sintetizarse en las siguientes ideas: oportunidades para cada persona de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, sociales, emocionales, creativas y espirituales y de aprender las virtudes de un comportamiento dentro de un marco de respeto por los demás miembros de la sociedad; promoción de los valores consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la igualdad entre las personas, respeto a la diversidad, tolerancia y la no discriminación, y oportunidad de los estudiantes de adquirir los conocimientos y las competencias que les permitan desarrollar sus potencialidades y contribuir, de este modo, al bien común y al desarrollo del país.

En esta misma línea, explicó que según el Consejo Asesor la calidad de la educación está determinada en gran medida por los siguientes elementos: la estructura y el modo cómo opera el sistema educacional desde el Estado y desde los establecimientos educacionales; la solvencia en cuanto al financiamiento; el grado de relevancia y pertinencia del currículum; el nivel de excelencia de la formación de profesores; la gestión y el clima organizacional del establecimiento educativo; el grado de existencia y de actualización de los recursos de aprendizaje, y la efectividad, relevancia, pertinencia y eficacia de los procesos de enseñanza.

Luego, señaló que en una educación de calidad el Estado debe asumir la obligación de establecer en su Carta Fundamental el derecho de todos sus ciudadanos a recibir una educación de calidad y un sistema educacional que junto con garantizar la libertad para abrir establecimientos educacionales, dé la posibilidad a los padres de escoger el establecimiento educacional que desean para sus hijos, entregando los instrumentos de seguimiento y de fiscalización de las medidas que se adoptan para resguardar el derecho antes mencionado. Asimismo, indicó que el Estado debe forjar un sistema educacional coherente en sus distintos componentes de gestión, que garantice la existencia de una educación obligatoria gratuita, de excelencia en relación al contexto nacional y el acceso a ella. Además, expuso que el Estado debe establecer un sistema educacional que contemple la existencia de una educación de propiedad pública, laica, que respete y asegure los principios ya señalados y que esté sujeta a mecanismos de rendición pública de cuentas.

También, precisó que una educación de calidad requiere de un currículum nacional como base común, que sea coherente con los fines de la educación y flexible para responder a los diferentes niveles de aprendizaje, a la diversidad cultural, regional y local del centro educacional y que encare los desafíos de la alfabetización digital.

Con respecto al proyecto de ley en estudio, precisó que éste, con la finalidad de asegurar la calidad de la educación, crea a la Agencia de la Calidad de la Educación y a la Superintendencia de Educación. Sobre el particular, opinó que si bien esta iniciativa legal es necesaria, está lejos de ser suficiente para asegurar la calidad de la educación, puesto que su foco está únicamente centrado en el seguimiento del sistema y en la fiscalización de lo que ocurre con los recursos del Estado. En este sentido, reparó que los estímulos necesarios para mejorar las inversiones en infraestructura, la calidad de los procesos y de los docentes y la mejora de la gestión no están contemplados en esta ley. Luego, previó que el destino de esta norma sería igual a la iniciativa que creó el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), el cual originalmente pretendía medir calidad, siendo que en la práctica sólo ha servido para estigmatizar a los establecimientos educacionales.

En otro orden de ideas, señaló que los proveedores educacionales que deseen entregar una educación de excelencia deben, a lo menos, contar con las siguientes condiciones: un proyecto educativo; planes y de programas que permitan el logro de los objetivos mínimos, contenidos fundamentales y los stándares establecidos en el marco curricular nacional y una planta de profesores altamente competentes. Acotó que el sostenedor, además, debe comprometerse a aceptar las evaluaciones periódicas, a participar en los planes de mejoramiento y a entregar la información que requiera el sistema de aseguramiento de la calidad.

En relación a la función de la Agencia de Calidad de evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al grado de cumplimiento de los estándares nacionales, reparó que estas evaluaciones se realizarán a través de pruebas censales que no medirán el valor agregado de los procesos de aprendizaje. Asimismo, informó que no existe en la literatura científica argumentos que avalen el pronunciamiento de logros de una metodología didáctica específica si no existe una medición antes del experimento y una medición después de la misma. En este sentido, señaló que no es posible medir logros de aprendizaje de los alumnos en una escuela con una sola prueba censal y estandarizada, menos aún si la escuela selecciona el ingreso de sus alumnos.

Por otra parte, sostuvo que los alumnos tienen distintas formas y velocidades para asimilar los procesos educativos. Por lo mismo, señaló que estas mediciones, tal como se han previsto no cumplen con los criterios científicos como para alcanzar los objetivos propuestos. En efecto, afirmó que estas mediciones podrían generar consecuencias adversas a las que se pretende y como tal consideró que este tema que debe ser revisado.

En cuanto a la facultad de la Agencia de la Calidad para realizar las evaluaciones de desempeño a los establecimientos educacionales y a sus sostenedores, docentes y directivos, comentó que esto sólo será posible en la medida que se observen competencias genéricas previamente consensuadas.

En relación a la facultad de la Agencia de la Calidad para clasificar a los establecimientos educacionales, señaló que si no estamos en condiciones de medir el avance del logro de los alumnos en términos de valor agregado, menos aún se podrá medir el logro de los establecimientos educacionales, ya que la progresión de los alumnos y el valor agregado son fundamentales para emitir un juicio acerca de la calidad de un establecimiento.

Recalcó, enseguida, que desde que se creó el SIMCE la educación no ha mejorado y que la publicación de sus resultados ha generado una suerte de estratificación del sistema educacional por estrato socio-económico y por pertenencia administrativa, lo que ha tendido a estigmatizar innecesariamente a ciertos colegios. En este contexto, sostuvo que de aprobarse esta ley, se estará legitimando la clasificación de los colegios, sin que esto tenga un real sentido de mejoramiento de la calidad.

Luego, indicó que esta norma debe contemplar la creación de unidades de apoyo al desarrollo pedagógico, porque consideró que éstas son indispensables para diseñar una política de aseguramiento de la calidad y para mejorar las prácticas docentes, sistematizarlas e implementarlas en un proceso de desarrollo continuo del sistema.

Finalmente, en cuanto a la creación de la Superintendencia de Educación, valoró que su accionar esté orientado al buen uso de los recursos públicos y a la fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente por parte de los sostenedores.

A continuación, el Presidente del Colegio de Profesores de Chile A.G., señor Jaime Fajardo, valoró el debate que está realizando esta Comisión, porque consideró positivo que el Parlamento estudie los proyectos de ley, procurando recoger el interés y las aspiraciones de los ciudadanos.

Enseguida, señaló que el Colegio de Profesores ha venido planteando desde el año 1997 la necesidad de crear una Agencia de Calidad y una Superintendencia de Educación. En efecto, comentó que en ese año se realizó un debate nacional, en el cual se postuló que debía crearse una Superintendencia de Educación para fortalecer las funciones de control y de fiscalización del Ministerio de Educación.

A continuación, consideró más pertinente que la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad sean divisiones del Ministerio de Educación y no órganos externos. En efecto, acotó que el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación debiera ser parte del centro rector del sistema educativo, de lo contrario, precisó que se debilitaría su rol regulador, se acrecentaría la burocracia y se crearían áreas donde la mixtura entre el Estado y el sector privado generarían nuevas condiciones para el lucro con fondos públicos.

En esta misma línea, sostuvo que están convencidos de que el Estado subsidiario no le conviene al país y en este sentido indicó que el Estado debe retomar los roles que ha abandonado, fortaleciendo al Ministerio de Educación. Sobre este punto, acotó que este proyecto de ley reduce las atribuciones del Ministerio de Educación, transformándolo en una unidad técnico pedagógica, lo que no consideró coherente con la visión que debe tener un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación.

En segundo, término, indicó que es fundamental que se defina previamente la matriz del sistema educativo y en este sentido opinó que antes de legislar sobre la Superintendencia de Educación y la Agencia de la Calidad todos los sectores involucrados se deben poner de acuerdo en el marco regulatorio general que regirá a la educación chilena, en el tipo de educación pública que país necesita y en el rol del Estado respecto al sistema educativo. Recalcó que es clave que estos temas estén claros en primera instancia, porque sobre la base de este marco regulatorio se podrán analizar los otros proyectos de carácter complementario. En este contexto, manifestó su preocupación de que este proyecto de ley sea coherente con las otras iniciativas que el Ejecutivo presentará al Parlamento, como el fortalecimiento de la educación pública, la administración de los establecimientos de propiedad del Estado y las modificaciones a la carrera profesional docente.

En tercer término, indicó que hoy en día se está discutiendo un conjunto de iniciativas que conllevan un reconocimiento implícito de que existe una crisis educacional y que han fracaso las políticas educacionales que se han implementado. En función de esto, acotó que debe realizarse una evaluación del sistema en su integridad.

Advirtió que en este debate hace falta una evaluación global del sistema educativo chileno, que considere a la educación superior y que dé cuenta del real estado de la educación, especialmente de la educación municipal. En su opinión la institucionalidad debe ser funcional con la nueva administración, la que a su vez debe ser coherente con la nueva matriz del sistema educativo.

Con todo, sostuvo que el sistema educacional deber ser un sistema nacional de integración social, que termine con la segmentación social. En este sentido, precisó que el sistema educativo debe ser capaz de garantizar la calidad de la educación de todos los niños, evitando así la segregación por la capacidad económico o por el nivel cultura de la familia.

En cuanto a la Agencia de Calidad, señaló que ésta tiende a evaluar sólo los resultados, a partir de estándares que uniforman y coartan la diversidad que debe garantizar el sistema educativo. Agregó que estas evaluaciones crearán un ranking entre los establecimientos educacionales, lo que en su opinión tenderá a la estigmatización y a la discriminación.

Enseguida, manifestó su preocupación frente a la disposición que permite a los sostenedores que han sido mal evaluados a recibir apoyo técnico pedagógico, que podrá ser provisto tanto por el Ministerio de Educación, como por agencias privadas. Sobre el particular, previó que se generará una nueva industria educativa en el saturado mercado de los servicios educacionales y advirtió que iniciativas como éstas no harán más que consolidar el comercio de la educación. Enseguida, señaló que debe ponerse límite a la privatización y al lucro en la educación.

Por otra parte, consideró que las divisiones o unidades más fuertes del Ministerio de Educación debiesen ser las de currículum y las de apoyo y aseguramiento de la calidad, las que deberían estar coordinadas con las Secretarias Regionales Ministeriales, con el sistema universitario público que cuenta con formación inicial docente y con las agencias regionales de administración de la educación.

Antes de finalizar, sostuvo que sin un mejoramiento sustancial de las condiciones laborales de los docentes muchas de estas iniciativas no rendirán los frutos esperados y acotó que sólo en este sentido será posible que la labor de los maestros tenga un impacto positivo en el mejoramiento de la calidad de la educación.

Por su parte, el Oficial Nacional del Programa de Educación de la UNESCO, señor Alfredo Rojas, indicó que para la UNESCO, el término calidad de la educación alude a cinco dimensiones estrechamente relacionadas entre sí, que van más allá de medir la calidad de la educación desde un enfoque casi exclusivo de la eficiencia y de la eficacia, que incluye aspectos tales como equidad, pertinencia y relevancia de la educación.

Enseguida, señaló que el proyecto de ley en discusión representa un importante avance respecto de la situación actual, en la que los logros del aprendizaje se miden únicamente mediante pruebas estandarizadas (SIMCE) del Ministerio de Educación. Luego, reparó que los resultados del SIMCE sean publicitados por los medios de comunicación, puesto que esta publicidad ha generado un ranking entre los colegios, lo que ha fomentado la segmentación socioeducativa en la educación chilena, al destacar los establecimientos que seleccionan a sus estudiantes y que excluyen a quienes no cumplen con los estándares académicos y sociales fijados por el establecimiento, mientras que los establecimientos que no seleccionan, ni excluyen al alumnado resultan estigmatizados.

Como consecuencia de lo anterior, precisó que el sistema educacional chileno muestra una alta diferenciación entre los establecimientos, lo que atenta contra el derecho a la no discriminación en materia de educación y afecta a la calidad de la educación y a la equidad en los resultados de aprendizaje, reproduciendo la exclusión y la desigualdad presentes en nuestra sociedad.

Acotó que, pese a que la Agencia de la Calidad propone medidas tendientes a mejorar la situación de los establecimientos educacionales que obtienen bajos logros, la redacción del proyecto de ley parece ser insuficiente para garantizar el cumplimiento del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Acuerdos de la Convención de la UNESCO contra toda forma de discriminación en educación.

En esta misma línea, señaló que la UNESCO considera que los estándares de aprendizaje deben vincular de modo explícito las finalidades y los objetivos educacionales con el artículo 26 de la citada Declaración. Para ello, sugirió que la LGE no explicite más de cuatro grandes finalidades de la educación chilena: una, referida al ámbito de la ciudadanía, a la convivencia democrática, al respeto a los Derechos Humanos, a la atención de la diversidad cultural y del medio ambiente; otra, referida al pleno desarrollo de la persona en sus dimensiones espirituales, éticas, físicas y estéticas; una tercera, referida a la adquisición y pleno dominio de los aprendizajes de lectura, escritura, cálculo, ciencias, artes y educación física, y una cuarta referida al ámbito del emprendimiento y a la capacidad de producir desarrollos y avances tecnológicos, técnicos, comerciales, industriales, agrícolas y artesanales.

Por otra parte, observó que este proyecto de ley deja al Presidente de la República la potestad de fijar cada seis años los estándares nacionales, que derivarán del marco curricular de la educación chilena. Acotó que, dado que hasta el momento la LGE no declara explícitamente la relación entre finalidades de la educación nacional, objetivos generales, competencias y estándares de logros de la educación nacional, existe un alto riesgo de que el aprendizaje de los derechos humanos y otros aprendizajes indispensables para la ciudadanía del siglo XXI sean omitidos en la formación de los chilenos.

En cuanto a las funciones de la Agencia de la Calidad, señaló que es de fundamental que su accionar no profundice la segmentación social y cultural, ni la discriminación social que dicha segmentación origina en la sociedad chilena, sino que por el contrario, tienda a eliminarlas.

Desde otro punto de vista, manifestó su preocupación porque el presente proyecto de ley en ninguno de sus artículos alude a la relación entre los logros del aprendizaje y la equidad social, ni tampoco declara que una de sus funciones sea la disminución de la inequidad social en materia de logros de aprendizajes. Más aún, recalcó que esta norma no consagra un trato diferenciado a favor de los establecimientos educacionales que no seleccionan, ni excluyen. Para la UNESCO, continuó, resulta primordial conceder un trato preferencial a los establecimientos que no seleccionan, ni excluyen respecto de los establecimientos que sí seleccionan y excluyen.

Adicionalmente, señaló que en el presente proyecto de ley el logro de las escuelas se define exclusivamente por los resultados cognitivos de los estudiantes, lo que tendería a estigmatizar a las escuelas y a sus estudiantes, generando un proceso de concentración de los estudiantes con necesidades más significativas en ciertas escuelas. Recalcó que dichas escuelas y sus estudiantes tenderán a ser estigmatizados y se dará la paradoja de que los establecimientos que hacen efectivo el derecho a la educación, que acogen a todos los alumnos, se encontrarán en una situación desventajosa, lo que podría conducir a que los establecimientos presionados por obtener buenos resultados tiendan a excluir a los alumnos que son considerados más difíciles de educar.

Advirtió que para modificar esta situación se requiere un aumento de los recursos y la entrega de apoyos que colaboren con las escuelas y con los docentes para mejorar la atención de los estudiantes con mayores necesidades educativas. Sobre este último punto, indicó que si bien esta norma señala los mecanismos de apoyo técnico pedagógico que se ofrecerán, pero no se hace referencia, ni se señalan los mecanismos para la creación de una comunidad de expertos que puedan mejorar los logros de los estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad o desventaja educativa.

Asimismo, observó que este proyecto de ley no hace referencia a las características de las instituciones que brindarán apoyo a las escuelas. Al respecto, indicó que la norma debería regular su inserción territorial, permanencia, sustentabilidad y evaluación de su desempeño. Al mismo tiempo, señaló que esta ley debería fomentar su coordinación con otras instituciones, tales como CONACE, SENAME y JUNAEB, a fin de mejorar el apoyo que recibirán las escuelas.

Antes de finalizar su exposición, sostuvo que para asegurar que todos los estudiantes reciban una educación de igual calidad se debe desarrollar una política intersectorial, que aborde en forma integral a los factores que generan exclusión o desigualdad dentro y fuera de los sistemas educativos.

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APROBACIÓN EN GENERAL DE LA INDICACIÓN SUSTITUTIVA

- En votación la Indicación Sustitutiva presentada por el Ejecutivo, se aprueba en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

DISCUSIÓN PARTICULAR

A continuación se describen todos los artículos de la indicación sustitutiva y las indicaciones presentadas a cada uno de ellos, así como también las indicaciones presentadas al texto aprobado en general por el Senado y los acuerdos adoptados sobre las mismas:

TITULO PRIMERO

“TÍTULO I

DEL SISTEMA NACIONAL DE ASEGUNRAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA”.

- En votación el texto del encabezamiento del Título I, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick y Ruiiz-Esquide.

ARTÍCULO 1°

“Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media en adelante “Sistema”, y los órganos que lo componen.”.

- En votación el artículo 1° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores, Cantero, Chadwick y Núñez.

ARTÍCULO 2°

Inciso primero

“Artículo 2°.- El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media considerará:”.

- En votación el encabezamiento del artículo 2° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores, Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

Letra a)

“a) Estándares de aprendizaje de los alumnos y estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores, de los docentes y directivos.”.

La indicación número 2, de los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, plantea reemplazarla por la siguiente:

“a) Objetivos generales establecidos a través de las bases curriculares y estándares de aprendizaje de los alumnos y estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores, de los docentes y directivos, propuestos por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación.”.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación comentó que la indicación número 2 es inadmisible, porque regula una materia de iniciativa del Presidente de la República, todo esto en conformidad al artículo 65, inciso cuarto, numeral 2° de la Constitución Política de la República.

El Presidente de la Comisión consideró que esta indicación es admisible, porque no está determinando ninguna función de un órgano público. En efecto, precisó que sólo está fijando los criterios que deberá considerar el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media.

Enseguida, el Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación recordó que en el proyecto de ley que establece una Ley General de Educación se aprobó una indicación similar.

- Puesta en votación la indicación número 2, se aprueba, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

El texto modificado queda como sigue:

“a) Los estándares de aprendizaje de los alumnos, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares, y estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores, de los docentes y directivos.”.

En sesión posterior, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide, acordó hacer extensivo a todo el texto del proyecto, intercalar cada vez que aparezca la referencia a los “estándares de aprendizaje de los alumnos”, la siguiente frase: “referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares.”.

Letra b)

b) Requisitos del reconocimiento oficial que deben cumplir los sostenedores y los establecimientos para ingresar y mantenerse en el sistema educacional según lo establecido en la ley.

Se acuerda intercalar, a continuación de la palabra “establecimientos”, el vocablo “educacionales”.

- En votación la letra b) del artículo 2° de la indicación sustitutiva se aprueba, con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

En sesión posterior, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide, acordó hacer extensivo a todo el texto del proyecto, la modificación aprobada para intercalar, a continuación de la palabra “establecimientos”, el vocablo “educacionales”, cada vez que aparezca.

Letra c)

c) Políticas, mecanismos e instrumentos para apoyar a los integrantes de la comunidad educativa y a los establecimientos educacionales en el logro de los estándares.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación explicó que en este literal se consideran todas las políticas, mecanismos e instrumentos que se requieren para apoyar a los integrantes de la comunidad educativa.

El Honorable Senador señor Núñez consultó sobre los mecanismos e instrumentos a que hace alusión esta norma.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación respondió que se hace referencia a todos los mecanismos e instrumentos de apoyo que las escuelas pueden requerir para mejorar la calidad del servicio educativo que prestan.

El Honorable Senador señor Letelier consideró muy ambigua la redacción de este literal.

- En votación la letra c) del artículo 2° de la indicación sustitutiva se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

Letra d)

d) Evaluaciones de desempeño y mediciones de los resultados de aprendizaje para determinar el logro de los estándares.

- En votación la letra d) del artículo 2° de la indicación sustitutiva se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

Letra e)

“e) Fiscalización del adecuado uso de los recursos y del cumplimiento de los requisitos del reconocimiento oficial y de la normativa educacional por los sostenedores y administradores del servicio educativo.”.

La indicación número 3, de los Honorables Senadores Larraín, Allamand y Chadwick, sustituye la frase “Fiscalización del adecuado uso de los recursos” por “Fiscalización de la adecuada rendición de cuentas del uso de los recursos públicos”.

El Honorable Senador señor Letelier planteó aprobar el texto de la letra e) del artículo de la indicación sustitutiva, eliminando la expresión “adecuado”.

- En votación la indicación número 3 se aprueba, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

El texto modificado, queda como sigue: (suprime “adecuado” del texto de la indicación sustitutiva):

“e) Fiscalización del uso de los recursos y del cumplimiento de los requisitos del reconocimiento oficial y de la normativa educacional por los sostenedores y administradores del servicio educativo.”.

Letra f)

“f) Evaluaciones del impacto de políticas y programas educativos.”.

- En votación la letra f) del artículo 2° de la indicación sustitutiva se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

Letra g)

“g) Sistemas de información pública accesibles a toda la comunidad referidos al resultado de las evaluaciones de logro de los estándares, a la clasificación de los establecimientos y sus consecuencias, a los resultados de la fiscalización, y a las evaluaciones de las políticas y mecanismos de apoyo implementados.”.

El Honorable Senador señor Cantero consideró que no es adecuado establecer un sistema de información pública de los resultados de las evaluaciones de logro y de las clasificaciones de los establecimientos educacionales.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación comentó que en virtud de la Ley de Transparencia toda la información que emana del aparato del Estado es pública.

El Honorable Senador señor Letelier consultó si es necesario dar publicidad a los resultados del SIMCE.

El Honorable Senador señor Chadwick señaló que los resultados del SIMCE deben ser publicados, porque se permite a toda la sociedad tener acceso a los resultados obtenidos por los distintos establecimientos educacionales.

La señora Ministra de Educación recalcó que no sólo se publicarán los resultados del SIMCE, puesto que esta norma también faculta para publicar la clasificación de los establecimientos, los resultados de las fiscalizaciones, y las evaluaciones de políticas y mecanismos de apoyo implementados.

El Honorable Senador señor Cantero planteó eliminar la frase “accesibles a toda la comunidad”.

- En votación la letra g) del artículo 2° de la indicación sustitutiva se aprueba, con la modificación propuesta, por tres votos a favor y dos abstenciones. Votan a favor los Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick y Pizarro. Se abstienen los Honorables Senadores señores Letelier y Núñez.

El texto modificado queda como sigue: (suprime “accesibles a toda la comunidad”).

“g) Sistemas de información pública referidos al resultado de las evaluaciones de logro de los estándares, a la clasificación de los establecimientos y sus consecuencias, a los resultados de la fiscalización, y a las evaluaciones de las políticas y mecanismos de apoyo implementados.”.

Letra h)

“h) Rendiciones de cuenta, reconocimientos y sanciones relacionadas con el logro de los estándares y con el cumplimiento de las normas aplicables a los establecimientos y sostenedores.”.

El Honorable Senador señor Cantero planteó aprobar el siguiente texto para la letra h) del artículo 2°:

“h) Sistema de rendiciones de cuenta, de reconocimientos y sanciones relacionadas con el logro de los estándares y con el cumplimiento de las normas aplicables a los establecimientos y sostenedores.”.

- En votación la letra h) del artículo 2° de la indicación sustitutiva se aprueba, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier, Núñez y Pizarro.

El texto modificado, queda como sigue:

“h) Sistema de rendiciones de cuenta, de reconocimientos y sanciones relacionadas con el logro de los estándares y con el cumplimiento de las normas aplicables a los establecimientos y sostenedores.”.

Inciso segundo o final

“Corresponderá al Presidente de la República, por decreto supremo dictado a través del Ministerio de Educación, previo informe favorable del Consejo Nacional de Educación, establecer los estándares a que se refiere la letra a) de este artículo, los cuales tendrán una vigencia de seis años.”.

El Honorable Senador señor Letelier indicó que este punto ya fue tratado en el proyecto de ley que establece una Ley General de Educación.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación advirtió que en esta norma se fija la periodicidad con que se deberán revisar los estándares de aprendizaje y los estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales.

El Honorable Senador señor Cantero consideró que el plazo de seis años es excesivo. Bajo este contexto, planteó rebajarlo a cuatro años.

El Honorable Senador señor Letelier explicó que este plazo de seis años se vincula con la duración de los nuevos ciclos educativos. Luego, sostuvo que esta norma está mal ubicada y planteó dejar pendiente su aprobación para que el Ejecutivo proponga una nueva ubicación.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 2° de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 3 bis, para suprimir su inciso final.

En votación la indicación 3 bis, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

ARTÍCULO 3°

“Artículo 3º.- Los estándares de aprendizaje definirán los conocimientos, habilidades y competencias que se espera alcancen los alumnos en diversas etapas del proceso educativo, en relación con las bases curriculares nacionales.”.

El Honorable Senador señor Letelier consultó si esta definición de los estándares de aprendizaje concuerda con lo aprobado en el proyecto de ley que establece una Ley General de Educación.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación respondió afirmativamente.

Por su parte, el Honorable Senador señor Núñez planteó agregar, a continuación, de la expresión “aprendizaje” la siguiente frase: “, referidos a los objetivos generales establecidos en la ley y en sus bases curriculares,”.

- En votación el artículo 3° de la indicación sustitutiva, se aprueba, con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier, Núñez y Pizarro.

El texto modificado queda como sigue:

“Artículo 3º.- Los estándares de aprendizaje, referidos a los objetivos generales establecidos en la ley y en sus bases curriculares, definirán los conocimientos, habilidades y competencias que se espera alcancen los alumnos en diversas etapas del proceso educativo, en relación con las bases curriculares nacionales.”.

ARTÍCULO 4°

“Artículo 4º.- Los estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores considerarán materias tales como gestión curricular; indicadores de calidad de procesos relevantes de los establecimientos; gestión de los recursos humanos y pedagógicos, convivencia escolar, y liderazgo.

Asimismo, el Ministerio de Educación elaborará estándares indicativos de desempeño para docentes de aula, directivos y técnicos pedagógicos.

Los estándares a que se refieren los incisos anteriores, cuyo incumplimiento no dará origen a sanciones, constituirán orientaciones para el trabajo de evaluación contemplado en esta ley.”.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que en este artículo falta dar mayor importancia a la labor que deben desempeñar los directores de los establecimientos educacionales. Sobre este mismo punto, opinó que de acuerdo a la redacción de esta norma pareciera entenderse que este tema no es relevante para mejorar la calidad de la educación.

La señora Ministra de Educación comentó que la Fundación Chile está estudiando una fórmula para fomentar la labor de liderazgo que deben desarrollar los directores de las escuelas.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación explicó que la idea central de esta norma es mirar al sistema educativo en su conjunto. Además, informó que en los establecimientos públicos actualmente se está evaluando a los directores de las escuelas.

El Honorable Senador señor Núñez propuso agregar un artículo 4° bis que realce la labor que deben desempeñar los directores de las escuelas.

El Honorable Senador señor Letelier planteó aprobar el siguiente texto para el artículo 4°:

“Artículo 4º.- Los estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores considerarán:

a) Estándares indicativos de desempeño para docentes de aula, directivos y técnicos pedagógicos, que serán elaborados por el Ministerio de Educación.

b) Materias tales como gestión curricular; indicadores de calidad de procesos relevantes de los establecimientos; gestión de los recursos humanos y pedagógicos, convivencia escolar y liderazgo.

Los estándares a que se refieren los literales anteriores, cuyo incumplimiento no dará origen a sanciones, constituirán orientaciones para el trabajo de evaluación contemplado en esta ley.”.

La señora Ministra de Educación compartió la necesidad de elevar el rol que deben desempeñar los directores de los establecimientos educacionales.

En este contexto, el Honorable Senador señor Letelier sostuvo que los estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales deben considerar como primera prioridad el desempeño de los docentes de aula, de los directivos y de los técnicos pedagogos. Además, precisó que esta iniciativa legal también debería fomentar la evaluación de la formación docente.

Sobre este último punto, el Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación señaló que la evaluación de la formación docente corresponde a la educación superior y que este proyecto de ley se restringe a la educación escolar y preescolar.

La señora Ministra de Educación comentó que se está preparando otro proyecto de ley para reformar la educación superior, en el que se busca aplicar una sanción a las carreras de pegadogías que no logren ser acreditadas.

Por otra parte, el Honorable Senador señor Cantero señaló que este proyecto de ley también debe considerar las competencias y habilidades para sociabilizar con otras personas. En esta misma línea, recalcó que deben potenciarse los temas sobre la convivencia escolar y el liderazgo.

En concordancia con el Honorable Senador señor Cantero, el Honorable Senador señor Letelier planteó incorporar en este artículo un nuevo criterio que haga referencia a las habilidades y competencias de los alumnos.

Por su parte, el Honorable Senador señor Núñez precisó que en este artículo debe agregarse que los sostenedores deben cumplir ciertas condiciones mínimas de infraestructura. En cuanto al tema del liderazgo, comentó que se trata de un criterio difícil de medir, lo que podría dificultar la actuación de la Agencia de Calidad.

Enseguida, el Honorable Senador señor Letelier manifestó su apoyo a la observación formulada por el Honorable Senador señor Núñez y consultó al Ejecutivo si es posible agregar en este artículo los criterios referidos a la infraestructura de los establecimientos educacionales.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación señaló que todos estos temas no han sido abordados en esta ley, porque ya han sido tratados en el proyecto de ley que establece una Ley General de Educación.

La señora Ministra de Educación señaló que en este artículo se fijan los indicativos y recomendaciones que deben cumplir los sostenedores y que en el caso de la infraestructura de las escuelas ya se han fijado las obligaciones mínimas que deben cumplir los sostenedores.

Posteriormente, el Honorable Senador señor Letelier dejó pendiente la votación del artículo 4°, a fin de que el Ejecutivo incorpore los planteamientos formulados por los miembros de la Comisión.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 4°, el Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 3 ter, pera reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 4º.- Los estándares indicativos de desempeño considerarán:

A. A nivel de los profesionales de la educación, estándares indicativos de desempeño para los docentes de aula, directivos y técnicos pedagógicos;

B. A nivel de los establecimientos educacionales y sus sostenedores:

1. gestión curricular;

2. indicadores de calidad de los procesos relevantes de los establecimientos educacionales;

3. estándares de gestión de los recursos humanos y pedagógicos;

4. liderazgo técnico pedagógico del equipo directivo, y

5 convivencia escolar, en lo referido a reglamentos internos, instancias de participación y trabajo colectivo, ejercicio de deberes y derechos, respeto a la diversidad y mecanismos de resolución de conflictos y ejercicio del liderazgo democrático por los miembros de la comunidad educativa.

Los estándares a que se refieren los incisos anteriores, cuyo incumplimiento no dará origen a sanciones, constituirán orientaciones para el trabajo de evaluación contemplado en esta ley.”.

En votación la indicación 3 ter, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 3 quater, para intercalar, a continuación del artículo 4°, el siguiente artíuculo 4° bis:

“Artículo 4º bis .- Corresponderá al Presidente de la República, por decreto supremo dictado a través del Ministerio de Educación, previo informe favorable del Consejo Nacional de Educación, establecer los estándares de aprendizaje e indicativos de desempeño a que se refiere el artículo 2, letra a), de esta ley, los cuales tendrán una vigencia de 6 años.”.

En votación la indicación 3 quater, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

TÍTULO II

Párrafo 1º

“TÍTULO II

DE LA AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Párrafo 1º

Objeto, funciones y atribuciones.”.

- En votación los textos del encabezamiento del Título II y del Párrafo 1°, se aprueban por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

ARTÍCULO 5°

Inciso primero

“Artículo 5º.- Créase la Agencia de Calidad de la Educación, en adelante “la Agencia”, servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.”.

- En votación el inciso primero del artículo 5° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

Inciso segundo

“La Agencia estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882.”.

- En votación el inciso segundo del artículo 5° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

Inciso tercero

“El domicilio de la Agencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas que pueda establecer cuando las necesidades del servicio así lo exijan y exista disponibilidad presupuestaria.”.

La indicación número 4, de los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, elimina la frase: “y exista disponibilidad presupuestaria”.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación hizo presente la inadmisibilidad de la indicación número 4, por aplicación del artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, porque la supresión de esta frase acarrea una imposición para el Estado, que se traduce en una afectación presupuestaria.

El Presidente de la Comisión señaló que esta indicación es admisible, por cuanto este punto se trata de un tema que se debate en la discusión de la Ley de Presupuestos.

Posteriormente, instó a los miembros de la Comisión a aprobar la indicación número 4 y planteó agregar en el inciso tercero, a continuación, de la palabra “establecer” la frase “en otras regiones”.

- Puesta en votación la indicación número 4, se aprueba, con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

El texto modificado queda como sigue:

“El domicilio de la Agencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas que puedan establecer en otras regiones cuando las necesidades del servicio así lo exijan.”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo, para ratificar lo aprobado a propósito del inciso tercero y final del artículo 5°, presentó la indicación 4 bis, para reemplazar el inciso final por el siguiente:

“El domicilio de la Agencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas que puedan establecer en otras regiones cuando las necesidades del servicio así lo exijan.”.

En votación la indicación 4 bis, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

ARTÍCULO 6°

Inciso primero

“Artículo 6º.- El objeto de la Agencia será evaluar y orientar para el mejoramiento de la calidad de la educación, considerando las particularidades de los distintos niveles y modalidades educativas.”.

- En votación el inciso primero del artículo 6° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

Inciso segundo

“Para el cumplimiento de dicho objeto tendrá las siguientes funciones:”.

- En votación el encabezamiento del inciso segundo del artículo 6° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

Letra a)

“a) Evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al grado de cumplimiento de los estándares respectivos, a través de instrumentos y procedimientos de medición estandarizados y externos a los establecimientos;”.

La indicación número 5, de los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, la reemplaza por la siguiente:

“a) Evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al grado de cumplimiento de los objetivos generales establecidos a través de las bases curriculares y los estándares respectivos, por medio de instrumentos y procedimientos de medición estandarizados y externos a los establecimientos;”.

El Honorable Senador señor Letelier planteó aprobar el texto de la letra a) de la indicación sustitutiva, intercalando entre las expresiones “estándares respectivos,” y “a través de” la frase “referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares”.

- Puesta en votación la indicación número 5, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

El texto queda como sigue:

“a) Evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al grado de cumplimiento de los estándares respectivos, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares, a través de instrumentos y procedimientos de medición estandarizados y externos a los establecimientos educacionales;”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones respecto del artículo 6°, el Ejecutivo, para refrendar lo aprobado en la indicación número 5, presentó la indicación individualizada como 5 bis, para intercalar en su letra a) entre la frase “estándares respectivos,” y la que se inicia con la expresión “a través de” la siguiente frase:

“referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares,”

En votación la indicación 5 bis, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

Letra b)

“b) Realizar evaluaciones del desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores, de los docentes y sus directivos en base a los estándares indicativos;”.

- En votación la letra b), se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

Letra c)

“c) Clasificar a los establecimientos según los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, y”.

La indicación número 6, de los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, la sustituye por la siguiente:

“c) Clasificar a los establecimientos según los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los objetivos generales establecidos a través de las bases curriculares y los estándares de aprendizaje, y”.

El Honorable Senador señor Letelier consultó cuál es el sentido de clasificar a los establecimientos educacionales.

La señora Ministra de Educación explicó que esta clasificación facilitará la entrega de apoyo y de asistencia técnica. Además, comentó que este literal guarda concordancia con el artículo 9° de la Ley de la Subvención Preferencial.

El Honorable Senador señor Cantero advirtió que esta clasificación podría aumentar la segregación en la educación. Además, sostuvo que no estima muy apropiado clasificar a los establecimientos educacionales según los resultados de aprendizajes de los alumnos.

A continuación, se acordó la siguiente redacción para el literal c) del artículo 6°:

“Clasificar a los establecimientos educacionales según el grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares.”.

- Puesta en votación la indicación número 6 se aprueba, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo, para refrendar lo aprobado por la Comisión, presentó la indicación individualizada como 6 bis, que sustituye la letra c) por la siguiente:

“c) Clasificar a los establecimientos en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares.”.

En votación la indicación 6 bis, se aprueba, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

Letra d)

“d) Proporcionar información en materias de su competencia a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general.”.

Los Honorables Senadores señores Cantero y Núñez propusieron eliminar la frase “educativa y a la ciudadanía”.

- En votación la letra d) se aprueba, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

El texto queda como sigue:

“d) Proporcionar información en materias de su competencia a la comunidad en general.”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo, para refrendar lo aprobado por la Comisión, presentó la indicación individualizada como 6 ter, para eliminar en la letra d) la expresión “educativa y a la ciudadanía”.

En votación la indicación 6 ter, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

ARTÍCULO 7°

“Artículo 7º.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia tendrá las siguientes atribuciones:”.

- En votación el encabezamiento del artículo 7°, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

Letra a)

Párrafo primero

a) Diseñar, implementar y aplicar un sistema de medición de los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, según las bases curriculares nacionales.

La indicación número 7, de los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, lo reemplaza por el siguiente:

“a) Diseñar, implementar y aplicar un sistema de medición de los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los objetivos generales establecidos a través de las bases curriculares y los estándares de aprendizaje.”.

El Honorable Senador señor Letelier planteó aprobar el texto del párrafo primero, del literal a) de la indicación sustitutiva, reemplazando la frase “según la bases curriculares nacionales” por “referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respetivas bases curriculares.”.

- En votación la indicación número 7, fue aprobada con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

El texto modificado queda como sigue:

- “a) Diseñar, implementar y aplicar un sistema de medición de los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares.”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo, para refrendar lo aprobado por la Comisión, presentó la indicación individualizada como 7 bis, para sustitutir, en el párrafo primero de su literal a) la expresión “según las bases curriculares nacionales” por la siguiente:

“referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares.”

En votación la indicación 7 bis, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

Párrafo segundo

“El sistema nacional de medición del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos será de aplicación obligatoria para todos los establecimientos. La Agencia podrá realizar las mediciones respectivas directamente o a través de terceros.”.

El Honorable Senador señor Letelier planteó agregar, a continuación de la expresión “establecimientos” la frase “educacionales reconocidos oficialmente por el Estado.”.

- En votación el párrrafo segundo de la letra a) del artículo 7°, se aprueba, con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

El texto modificado queda como sigue:

“El sistema nacional de medición del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos será de aplicación obligatoria para todos los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado. La Agencia podrá realizar las mediciones respectivas directamente o a través de terceros.”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo, para refrendar lo aprobado por la Comisión, presentó la indicación individualizada como 7 ter, para intercalar, en el párrafo segundo de la letra a) entre las expresiones “establecimientos” y el punto seguido la siguiente frase:

“educacionales reconocidos oficialmente por el Estado”

En votación la indicación 7 ter, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

Párrafo tercero

“Las mediciones del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos se realizarán a través de instrumentos y procedimientos estandarizados que se aplicarán en forma periódica en distintos cursos y sectores de aprendizaje. En todo caso, deberán ser aplicadas en forma censal a lo menos en algún curso, tanto del nivel de enseñaza básica, como de enseñanza media.”.

La indicación número 8, de los Honorables Senadores Larraín, Allamand y Chadwick, intercala, entre las frases “a lo menos en algún curso” y “tanto del nivel de enseñanza básica”, la siguiente expresión: “cada año,”.

El Honorable Senador señor Letelier consultó al Ejecutivo si es recomendable que las mediciones de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos se realice todos los años.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación explicó que actualmente en el caso de los cuartos básicos estas mediciones se realizan todos los años y que para los octavos básicos y segundos medios estas evaluaciones se realizan en forma alternada año por medio.

En cuanto a la propuesta de la indicación número 8, señaló que aumentar la periodicidad de estas mediciones significaría, sin duda, un mayor costo para el Estado. En efecto, acotó que bajo este contexto la presente indicación sería inadmisible, por referirse a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El Honorable Senador señor Letelier recalcó que le interesa la opinión técnica del Ministerio de Educación sobre esta materia.

El Honorable Senador señor Núñez opinó que no sería conveniente que estas mediciones se realicen todos los años, porque los cambios en el área de la educación son detectables a largo plazo.

Por su parte, el Honorable Senador señor Cantero señaló que se abstendrá de votar la presente indicación.

- En votación la indicación número 8, se rechaza por dos votos en contra y una abstención. Votan en contra los Honorables Senadores señores Letelier y Núñez. Se abstiene el Honorable Senador señor Cantero.

Consecuencialmente, se da por aprobado, con modificaciones, el párrrafo tercero de la letra a) del artículo 7° de la indicación sustitutiva.

El texto aprobado, queda como sigue:

“Las mediciones del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares, se realizarán a través de instrumentos y procedimientos estandarizados que se aplicarán en forma periódica en distintos cursos y sectores de aprendizaje. En todo caso, deberán ser aplicadas en forma censal a lo menos en algún curso, tanto del nivel de enseñaza básica, como de enseñanza media.”.

Letra b)

“b) Coordinar la participación de Chile en mediciones de carácter internacional sobre logros de aprendizaje de los alumnos.”.

- En votación la letra b) del artículo 7° de la indicación sustitutiva, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

Letra c)

“c) Diseñar, implementar y aplicar un sistema de evaluación de desempeño de los establecimientos educacionales subvencionados, o que reciban aportes del Estado, y sus sostenedores, docentes y directivos referidos a los estándares indicativos.”.

El Honorable Senador señor Navarro manifestó su disconformidad con los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, que no realizan ningún esfuerzo por mejorar la calidad del servicio educativo.

Por su parte, el Honorable Senador señor Núñez indicó que debería igualarse el trato que reciben los establecimientos educacionales subvencionados por el Estado y los que reciben aportes públicos.

- En votación la letra c) del artículo 7° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

Letra d)

“d) Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, e impartir instrucciones de general aplicación, en las materias de su competencia.”.

- En votación la letra d) del artículo 7° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

Letra e)

“e) Elaborar informes evaluativos que podrán incluir recomendaciones de carácter indicativo para mejorar el desempeño de los establecimientos y sus sostenedores. Estos informes serán de carácter público.”.

- En votación la letra e) del artículo 7° de la indicación sustitutiva, se aprueba con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

El texto queda como sigue:

“e) Elaborar informes evaluativos que podrán incluir recomendaciones de carácter indicativo para mejorar el desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores. Estos informes serán de carácter público.”.

Letra f)

“f) Requerir al Ministerio de Educación y a la Superintendencia, en su caso, la adopción de las medidas pertinentes derivadas de la clasificación de los establecimientos.”.

El Honorable Senador señor Navarro señaló que del tenor literal de la letra f) del artículo 7° se evidencia una suerte de supremacía de la Agencia de Calidad respecto de la Superintendencia de Educación y del Ministerio de Educación.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación explicó que la Agencia de Calidad sólo ejerce el control de calidad de la prestación del servicio educativo y que en esta norma se busca mantener un equilibrio entre los tres órganos vinculados a la educación. Acotó que la idea es separar y diferenciar las funciones que debe cumplir cada uno de estos órganos.

Posteriormente, el Honorable Senador señor Navarro consultó cuál de estos tres organismos es el facultado para aplicar sanciones a los establecimientos educacionales.

La Abogada de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señora Macarena Lobos, explicó que en el caso del cierre de un establecimiento educacional la Agencia de Calida es la entidad encargada de declarar la sanción, pero quien la aplica es el Ministerio de Educación.

En opinión del Honorable Senador señor Navarro la Agencia de Calidad sólo debe preocuparse de certificar la calidad de la educación y otro órgano distinto debe ser el facultado para declarar y aplicar sanciones.

El Honorable Senador señor Núñez indicó que preferiría que este literal tuviera una redacción más clara, a fin de que precise cuando puede requerir al Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Educación.

Con respecto a la inquietud planteada por el Honorable Senador señor Núñez, el Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación informó que este tema se encuentra precisado en otro artículo.

- En votación la letra f) del artículo 7° de la indicación sustitutiva, se aprueba, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

El texto queda como sigue:

“f) Requerir al Ministerio de Educación y a la Superintendencia, en su caso, la adopción de las medidas pertinentes derivadas de la clasificación de los establecimientos educacionales.”.

Letra g)

“g) Validar los mecanismos de la evaluación de los docentes de aula, docentes directivos y del personal técnico pedagógico de los establecimientos educacionales particulares subvencionados, cuando sus sostenedores lo soliciten.

Los establecimientos particulares subvencionados podrán validar ante la Agencia de Calidad de la Educación sus sistemas de evaluación docente, los cuales podrán utilizar los estándares indicativos de desempeño elaborados por el Ministerio de Educación.”.

El Honorable Senador señor Letelier indicó que sería más conveniente contar con un sistema único de evaluación de los docentes aplicables a todos los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación informó que en la actualidad existe un sistema único de evaluación de los docentes para los establecimientos educacionales públicos y que en el caso de los colegios privados se permite a los sostenedores validar su propio sistema de evaluación.

Por su parte, el Honorable Senador señor Navarro destacó la importancia de establecer un sistema de evaluación obligatorio.

El Honorable Senador señor Letelier sostuvo que esta norma no puede interpretarse como que el legislador apoya a un sistema de evaluación docente de carácter voluntario. Enseguida, planteó dejar pendiente la votación de la letra g) del artículo 7°.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 8 bis, para sustituir la letra g) por la siguiente:

“g) Validar los mecanismos de evaluación de los docentes de aula, docente directivos y del personal técnico pedagógico que presenten los establecimientos educacionales particulares subvencionados. Para validar ante la Agencia sus sistemas de evaluación docente, los sostenedores de establecimientos educacionales particulares subvencionados deberán utilizar de referencia los estándares indicativos de desempeño elaborados en conformidad a la ley.”.

En votación la indicación 8 bis, se aprueba por tres votos a favor y uno en contra. Votan a favor los Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Sabag. Vota en contra el Honorable Senador señor Chadwick.

Letra h)

“h) Poner a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de establecimientos educacionales, sostenedores, docentes y alumnos.

En caso alguno la publicación incluirá la individualización de los alumnos. Sin perjuicio de lo anterior, los padres y apoderados deberán ser informados de los resultados obtenidos por sus hijos o pupilos cuando las mediciones tengan validez y confiabilidad estadística individual, sin que tales resultados puedan ser publicados ni usados con propósitos que puedan afectar negativamente a los alumnos, tales como selección, repitencia u otros similares.”.

El Honorable Senador señor Navarro consideró que no es conveniente publicar los resultados del SIMCE y acotó que esto podría incrementar la segregación social y perjudicar a los establecimientos educacionales que tienen una mayor concentración de alumnos vulnerables.

Por otra parte, sostuvo que debe prohibirse la publicación de la información sobre los sistemas de selección y de repitencia de los alumnos.

El Honorable Senador señor Letelier explicó que esta norma es una consecuencia de la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que toda la información que es generada por el Estado debe ser pública.

Por su parte, el Honorable Senador señor Núñez sostuvo que este tipo de mediciones le parecen poco confiables, porque no consideran las características individuales de los alumnos, ni los informes emitidos por los distintos profesionales vinculados a la educación.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación explicó que existen dos tipos de evaluaciones: las internas, que ejecutan normalmente los docentes, apoyados en informes psicopedagógicos y las externas que verifican el grado de cumplimiento de los objetivos generales señalados en la ley por los establecimientos educacionales. Aclaró que esta norma sólo hace referencia a las evaluaciones externas.

La señora Ministra de Educación explicó que este literal impide que las evaluaciones individuales de los alumnos sean publicadas y que sólo en forma excepcional los padres y apoderados podrán ser informados de los resultados obtenidos por sus hijos o pupilos.

El Honorable Senador señor Cantero manifestó su apoyo a esta norma, porque busca transparentar el mercado de la educación.

- En votación la letra h) del artículo 7° de la indicación sustitutiva, se aprueba por dos votos a favor y una abstención. Votan a favor los Honorables Senadores señores Cantero y Letelier. Se abstiene el Honorable Senador señor Núñez.

Letra i)

“i) Crear y administrar los registros que sean necesarios para ejercer sus funciones.”.

- En votación la letra i) del artículo 7° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

Letra j)

Párrafo primero

“j) Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.”.

- En votación el párrafo primero de la letra j) del artículo 7° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

Párrafo segundo

“Asimismo, elaborará informes acerca de la cobertura de las diversas materias del currículum nacional, así como también evaluaciones de impacto respecto del desempeño de los establecimientos.”.

La indicación número 9, de los Honorables Senadores Larraín, Allamand y Chadwick, intercala, entre las frases “acerca de la cobertura” y “de las diversas materias”, la expresión “del sistema”.

- En votación la indicación número 9, se rechaza por dos votos en contra y una abstención. Votan en contra los Honorables Senadores señores Letelier y Núñez. Se abstiene el Honorable Senador señor Cantero.

Consecuencialmente, se aprueba, con modificaciones, el párrafo segundo de la letra j) del artículo 7° de la indicación sustitutiva.

El texto queda como sigue:

“Asimismo, elaborará informes acerca de la cobertura de las diversas materias del currículum nacional, así como también evaluaciones de impacto respecto del desempeño de los establecimientos educacionales.”.

Letra k)

“k) Ingresar a los establecimientos educacionales y dependencias docentes del sostenedor, en coordinación con la Superintendencia, con el fin de evaluar la calidad de la educación y realizar las mediciones, visitas evaluativas y ejercer las demás atribuciones que le encomienda la ley, sin alterar el normal desenvolvimiento de las actividades pedagógicas del establecimiento.”.

- En votación la letra k) del artículo 7° de la indicación sustitutiva, se aprueba, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

El texto queda como sigue:

“k) Ingresar a los establecimientos educacionales y dependencias docentes del sostenedor, en coordinación con la Superintendencia, con el fin de evaluar la calidad de la educación y realizar las mediciones, visitas evaluativas y ejercer las demás atribuciones que le encomienda la ley, sin alterar el normal desenvolvimiento de las actividades pedagógicas del establecimiento educacional.”.

Letra l)

“l) Requerir a los sostenedores de los establecimientos educacionales u otros organismos públicos y privados relacionados con la educación, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.”.

- En votación la letra l) del artículo 7° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

Letra m)

“m) Convenir con otros organismos de la Administración del Estado o con entidades privadas, la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones.”.

- En votación la letra m) del artículo 7° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

Letra n)

“n) Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y a otros organismos en materias de su competencia.”.

- En votación la letra n) del artículo 7° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

Letra ñ)

“ñ) Coordinar con el Ministerio de Educación el plan nacional de evaluaciones nacionales e internacionales, especialmente en relación a su viabilidad y requerimientos de implementación.”.

- En votación la letra ñ) del artículo 7° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

Letra o)

“o) Cobrar y percibir derechos por la evaluación y orientación que le soliciten los establecimientos particulares pagados y por las demás certificaciones que establezca la ley en el ámbito de sus atribuciones.”.

- En votación la letra o) del artículo 7° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

Letra p)

“p) Ejercer las demás atribuciones que determine la ley.”.

- En votación la letra p) del artículo 7° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

Párrafo 2°

“Párrafo 2º

De la evaluación de desempeño de los establecimientos educacionales y sostenedores.”.

- En votación el texto del encabezamiento del Párrafo 2° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

ARTÍCULO 8°

Inciso primero

“Artículo 8º.- La Agencia evaluará el desempeño de los establecimientos de educación parvularia, básica, media y especial, y sus sostenedores, basándose en estándares indicativos elaborados de conformidad a la ley.”.

- En votación el inciso primero del artículo 8° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

Inciso segundo

“El objeto de esta evaluación de desempeño será fortalecer las capacidades institucionales, orientar sus planes de mejoramiento educativo y promover la mejora continua de la calidad de la educación que ofrecen.”.

La indicación número 10, de los Honorables Senadores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega, a continuación del vocablo “institucionales” la frase “y de autoevaluación de los establecimientos”.

- En votación la indicación número 10, se aprueba, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

El texto queda como sigue:

“El objeto de esta evaluación de desempeño será fortalecer las capacidades institucionales y de autoevaluación de los establecimientos educacionales, orientar sus planes de mejoramiento educativo y promover la mejora continua de la calidad de la educación que ofrecen.”.

Inciso tercero

“La evaluación de desempeño considerará, entre otros, los resultados educativos, el grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos y otros indicadores de calidad de procesos relevantes de los establecimientos, los resultados de la autoevaluación institucional, el proyecto educativo y las condiciones de contexto del establecimiento educacional.”.

La indicación número 11, de los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, lo sustituye por el siguiente:

“La evaluación de desempeño considerará, entre otros, los resultados educativos, el grado de cumplimiento de los objetivos generales establecidos a través de las bases curriculares y los estándares de aprendizaje de los alumnos y otros indicadores de calidad de procesos relevantes de los establecimientos, los resultados de la autoevaluación institucional, el proyecto educativo y las condiciones de contexto del establecimiento educacional.”.

El Honorable Senador señor Letelier planteó reemplazar en el texto de la indicación, la frase “de los objetivos generales establecidos a través de las bases curriculares y los estándares de aprendizaje de los alumnos”, por “de los estándares de aprendizaje referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares”.

- En votación la indicación número 11, se aprueba, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

El texto aprobado queda como sigue:

“La evaluación de desempeño considerará, entre otros, los resultados educativos, el grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos y otros indicadores de calidad de procesos relevantes de los establecimientos educacionales que permitan una evaluación integral referida a los objetivos generales establecidos en la ley, los resultados de la autoevaluación institucional, el proyecto educativo y las condiciones de contexto del establecimiento educacional.”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, para refrendar lo aprobado por la Comisión, el Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 11 bis, para intercalar, en el inciso tercero del artículo 8° de la indicación sustitutiva, entre las expresiones “establecimientos,” y “los resultados” la frase:

“que permitan una evaluación integral referida a los objetivos generales establecidos en la ley,”.

En votación la indicación 11 bis, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

ARTÍCULO 9°

“Artículo 9º.- Las evaluaciones de desempeño podrán ser realizadas mediante requerimientos de información, visitas evaluativas u otros medios idóneos.

Al efectuar las evaluaciones, la Agencia deberá considerar, en primer lugar, las autoevaluaciones realizadas por el establecimiento.

La Agencia podrá realizar las visitas mencionadas directamente o a través de terceros.”.

En conformidad con lo acordado, en la letra b) del inciso primero del artículo 2° de la indicación sustitutiva, se agrega al final del inciso segundo de este artículo, a continuación de la palabra “establecimiento”, el vocablo “educacional”.

- En votación el artículo 9° de la indicación sustitutiva, fue aprobado, con la modificación señalada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 10

“Artículo 10.- El resultado de la evaluación será un informe que señale las debilidades y fortalezas del establecimiento en relación al cumplimiento de los estándares, así como las recomendaciones para mejorar su desempeño.

La Agencia determinará la forma para la elaboración de estos informes, considerando, al menos, una etapa de consulta y recepción de observaciones por parte del sostenedor del establecimiento evaluado en su desempeño.”.

En conformidad con lo acordado, en la letra b) del inciso primero del artículo 2° de la indicación sustitutiva, se agrega al final del inciso segundo de este artículo, a continuación de la palabra “establecimiento”, el vocablo “educacional”, las dos veces que aparece.

- En votación el artículo 10 de la indicación sustitutiva, fue aprobado, con las modificaciones señaladas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 11

“Artículo 11.- La Agencia sólo podrá disponer visitas evaluativas, respecto de los establecimientos particulares pagados, cuando éstos lo soliciten.”.

- En votación el artículo 11 de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por dos votos a favor y una abstención. Votan a favor los Honorables Senadores señores Cantero y Chadwick y se abstiene el Honorable Senador señor Núñez.

ARTÍCULO 12

“Artículo 12.- La Agencia administrará un registro de personas o entidades acreditadas para apoyar la realización de las visitas evaluativas. Un reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir las personas o entidades para el ingreso y permanencia en el registro; el procedimiento de selección de las mismas; el tiempo de duración en el registro, sus inhabilidades y las causales que originan la salida de éste, destinadas a asegurar la calidad técnica y eficacia de su apoyo.”.

El Honorable Senador señor Núñez consultó por los requisitos que deberán cumplir las personas que sean incorporadas al registro que administrará la Agencia de Calidad de la Educación.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación explicó que estos requisitos serán determinados en un reglamento que deberá dictarse para estos efectos. Agregó que en este registro se inscribirán a las personas naturales y jurídicas que estén en condiciones de colaborar en las funciones que debe ejercer la Agencia de Calidad de la Educación.

- En votación el artículo 12 de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick y Núñez.

Párrafo 3°

“Párrafo 3º

De la clasificación de establecimientos según los resultados de aprendizaje de los alumnos.”.

- En votación el texto del encabezamiento del Párrafo 3° de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick y Núñez.

ARTÍCULO 13

Incisos primero y segundo

“Artículo 13.- La Agencia clasificará, mediante resolución fundada, a todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, de acuerdo a los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, propuestos por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación.

Para llevar a cabo esta clasificación, la Agencia deberá considerar los resultados de aprendizaje de todas las áreas evaluadas censalmente en las mediciones nacionales, la distribución de los resultados de los alumnos en relación a los estándares de aprendizaje y las características de los alumnos del establecimiento y, cuando sea posible, indicadores de valor agregado. La Agencia determinará la metodología de clasificación, la que será oficializada por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de Hacienda. Dicha metodología se actualizará en un plazo no inferior a cuatro y que no exceda de ocho años.”.

La indicación número 12, de los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, los reemplaza, respectivamente, por los siguientes:

“Artículo 13.- La Agencia clasificará, mediante resolución fundada, a todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, de acuerdo a los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los objetivos generales establecidos a través de las bases curriculares y los estándares de aprendizaje.

Para llevar a cabo esta clasificación, la Agencia deberá considerar los resultados de aprendizaje de todas las áreas evaluadas censalmente en las mediciones nacionales, la distribución de los resultados de los alumnos en relación a los estándares de aprendizaje y las características de los alumnos del establecimiento, indicadores de aprobación y retención y, cuando sea posible, indicadores de progreso y/o valor agregado. La Agencia determinará la metodología de clasificación, la que será oficializada por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de Hacienda. Dicha metodología se actualizará en un plazo no inferior a cuatro y que no exceda de ocho años.”.

El Honorable Senador señor Letelier propuso votar en forma separada cada uno de los incisos propuestos por la indicación número 12.

En cuanto al inciso primero de la indicación número 12, el Honorable Senador señor Núñez explicó que esta norma establece que el aprendizaje de los alumnos debe guardar concordancia con el grado de cumplimiento de los objetivos generales establecidos, a través de las bases curriculares y los estándares de aprendizaje.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación señaló que esta norma es concordante con lo aprobado en el artículo 6° de este proyecto de ley.

Enseguida, planteó aprobar el siguiente texto para el inciso primero del artículo 13:

“La Agencia clasificará, mediante resolución fundada, a todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, según el grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares, ambos propuestos por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación.”.

- En votación el inciso primero de la indicación número 12, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick y Núñez.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 12 bis, para intercalar en su inciso primero entre la expresión “aprendizaje,” y “propuestos” la siguiente frase:

“referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares,”.

En votación la indicación 12 bis, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

Con respecto al inciso segundo de la indicación número 12, el Honorable Senador señor Núñez explicó que esta norma plantea que para llevar a cabo la clasificación de los establecimientos educacionales la Agencia de Calidad de la Educación también deberá considerar los indicadores de aprobación y de retención, y de progreso y de valor agregado de los establecimientos educacionales evaluados.

El Honorable Senador señor Cantero señaló que prefiere el texto del inciso segundo del artículo 13 de la indicación sustitutiva.

- En votación el inciso segundo de la indicación número 12, fue rechazada, por dos votos en contra y una abstención. Votan en contra los Honorables Senadores señores Cantero y Chadwick, y se abstiene el Honorable Senador señor Núñez.

- En votación el inciso segundo, del artículo 13, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick y Núñez.

Inciso tercero

“Esta metodología podrá considerar resguardos que aseguren que los cambios de categoría no ocurran por un cambio en la composición del alumnado.”.

- En votación el inciso tercero del artículo 13 de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Inciso cuarto

Encabezamiento

“Para dichos efectos, los establecimientos serán clasificados en alguna de las siguientes categorías de desempeño decreciente, según los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje:”.

En concordancia con lo resuelto en la letra b) del inciso primero del artículo 2° de la indicación sustitutiva, se acuerda colocar la palabra “educacionales”, a continuación de “establecimientos”.

- En votación el encabezamiento del inciso cuarto del artículo 13 de la indicación sustitutiva, fue aprobado, con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Letra a)

“a) Establecimientos Educacionales de Buen Desempeño;”.

- En votación el literal a), del inciso cuarto, del artículo 13 de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Letra b)

“b) Establecimientos Educacionales de Desempeño Satisfactorio;”.

- En votación el literal b), del inciso cuarto, del artículo 13 de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Letra c)

“c) Establecimientos Educacionales de Desempeño Regular con Necesidad de Mejoramiento Significativo, y”.

El Honorable Senador señor Núñez planteó eliminar las expresiones “con Necesidad de Mejoramiento Significativo”.

- En votación el literal c), del inciso cuarto, del artículo 13 de la indicación sustitutiva, fue aprobado con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Letra d)

“d) Establecimientos Educacionales de Desempeño Insatisfactorio con Necesidad de Acciones Intensivas de Mejoramiento.”

La indicación número 13, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, la reemplaza por la siguiente:

“d) Establecimientos Educacionales de Mal Desempeño.”.

El Honorable Senador señor Chadwick señaló que la denominación que plantea la indicación sustitutiva es excesivamente extensa.

El Honorable Senador señor Núñez manifestó su apoyo a la propuesta de la indicación número 13.

- En votación la indicación número 13, fue aprobada, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan a favor los Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide, y se abstiene el Honorable Senador señor Letelier.

En sesión posterior, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide, acordó hacer extensivo a todo el texto del proyecto, reemplazar, cada vez que aparezca la clasificación del establecimiento educacional: “Desempeño Insatisfactorio”, por “Mal Desempeño.”.

ARTÍCULO 14

“Artículo 14.- La clasificación se realizará anualmente y considerará los resultados de los establecimientos en tres mediciones consecutivas válidas, en el caso que éstas sean anuales, y dos mediciones consecutivas válidas, en el caso que éstas se realicen cada dos años o más.

Sin embargo, en el caso de establecimientos educacionales con un número insuficiente de alumnos que rindan las mediciones, y que no permita obtener resultados válidos y confiables estadísticamente, la Agencia establecerá la metodología que permita una clasificación pertinente, considerando, entre otros factores, un número mayor de mediciones consecutivas que para el resto de los establecimientos. Dicha metodología será oficializada por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de Hacienda.

Los establecimientos educacionales que impartan educación básica y media serán clasificados por cada nivel en forma independiente, de acuerdo a resultados estadísticamente confiables. La Agencia y los sostenedores de dichos establecimientos educacionales deberán informar acerca de las evaluaciones que se realicen en cada nivel educacional a los miembros de la comunidad educativa.

Los establecimientos educacionales nuevos no serán clasificados en las categorías establecidas en el artículo anterior. Sin embargo, se considerarán para los efectos de esta ley provisoriamente como establecimientos de Desempeño Satisfactorio, hasta que cumplan con los requisitos legales para ser clasificados.”.

Inciso primero

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación propuso agregar, a continuación, del vocablo “establecimientos” la palabra “educacionales”.

- En votación, el inciso primero, del artículo 14, de la indicación sustitutiva, fue aprobado con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Inciso segundo

Se propone suprimir la frase “y confiables estadísticamente” y agregar a continuación de la palabra “establecimientos”, la segunda vez que aparece, el término “educacionales”.

- En votación, el inciso segundo, del artículo 14, de la indicación sustitutiva, fue aprobado con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Inciso tercero

El Honorable Senador señor Letelier reparó que esta norma permita a los establecimientos educacionales que imparten educación básica y media tener una clasificación diferenciada para cada nivel.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación señaló que esta norma guarda concordancia con el sistema de reconocimiento oficial que opera en nuestro país. Sobre esta misma idea, explicó que en Chile si bien el reconocimiento oficial es para todo el establecimiento, éste puede restringirse a un nivel determinado.

El Honorable Senador señor Letelier opinó que este tema debería ser tratado en el reglamento y no en la ley, de lo contrario estimó que se podría dificultar la aplicación de la clasificación de los establecimientos educacionales.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide sostuvo que el objetivo de esta reforma es mejorar a los malos establecimientos y no clausurarlos. Además, precisó que los alcaldes sólo podrán cerrar una escuela cuando no obtengan resultados positivos, luego de haber recibido el apoyo del Ministerio de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación.

Por otra parte, señaló que esta ley debe dar un tratamiento especial a las escuelas rurales, terminando con el sistema de las escuelas uni, bi y tridocentes.

Sobre este último punto, el Honorable Senador señor Cantero manifestó su total rechazo, porque indicó que las escuelas rurales uni, bi y tridocentes son un apoyo fundamental en las zonas más aisladas del país.

Por su parte, el Honorable Senador señor Núñez consideró que esta norma recoge el sentido de esta iniciativa de apoyar a aquellos establecimientos educacionales que cuenten con una clasificación diferenciada por cada nivel. En efecto, consideró que no sería recomendable clausurar esta especie de establecimientos educacionales sin antes de prestarle la ayuda y el apoyo que sean necesarios.

Por otra parte, planteó eliminar en el inciso tercero la frase “, de acuerdo a resultados estadísticamente confiables”, porque acotó que no existen mediciones estadísticamente confiables.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación, en relación a la propuesta del Honorable Senador señor Núñez, señaló que el objetivo de esta norma es minimizar los errores del proceso de análisis de los datos de los distintos establecimientos educacionales.

- En votación el inciso tercero, del artículo 14, de la indicación sustitutiva, fue aprobado con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Inciso cuarto

El Honorable Senador señor Letelier, consultó por qué esta norma no está considerada dentro de los artículos transitorios.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación explicó que no se trata de una situación intermedia que amerite ser tratada dentro de los artículos transitorios. En efecto, acotó que se regula exclusivamente el caso de los establecimientos educacionales nuevos, que están incorporándose al sistema escolar.

- En votación el inciso cuarto, del artículo 14 de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 15

“Artículo 15.- La resolución que establezca la clasificación indicada en el artículo 13, será notificada en forma personal o mediante carta certificada al sostenedor.

Dicha resolución podrá ser impugnada mediante los recursos administrativos señalados en la ley Nº 19.880, sólo en virtud de algún error de información o procedimiento que sea determinante en la clasificación del establecimiento.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el recurso de reposición se interpondrá ante el Secretario Ejecutivo. Para el solo efecto de lo dispuesto en este artículo, el Consejo conocerá y resolverá el recurso jerárquico.”.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación planteó reemplazar, en el inciso tercero, del artículo 15, de la indicación sustitutiva, la frase “Sin perjuicio de lo establecido” por ”Sin perjuicio, para efectos de cumplir con lo establecido”. Explicó, a continuación que la finalidad de esta propuesta es establecer que las reglas de procedimiento que consagran en el inciso tercero tienen por objetivo operativizar los recursos administrativos que menciona el inciso segundo del artículo 15.

Por su parte, el Honorable Senador señor Letelier señaló que en el inciso tercero se debería especificar que el recurso de reposición se interpondrá ante el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. En consecuencia, propuso agregar a continuación de las expresiones “Secretario Ejecutivo” las palabras “de la Agencia de Calidad de la Educación”.

- En votación el artículo 15, de la indicación sustitutiva, fue aprobado con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorable Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 16

“Artículo 16.- La Agencia deberá informar al Ministerio de Educación la clasificación de los establecimientos educacionales.

Asimismo, deberá velar porque los padres y apoderados y el Consejo Escolar del establecimiento sean informados de la clasificación de los establecimientos a los que envían a sus hijos y pupilos.

En el caso de los padres y apoderados recibirán información relevante sobre los establecimientos de mejor calificación de la misma comuna.

Por su parte, los establecimientos educacionales deberán entregar anualmente un informe a sus comunidades educativas respecto de sus logros educativos y el cumplimiento de sus planes de mejoramiento, el cual será público.”.

La indicación número 14, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, sustituye los incisos primero, segundo y tercero, por los siguientes:

“Artículo 16.- La Agencia deberá dar a conocer la clasificación de los establecimientos educacionales.

Asimismo, deberá informar a los padres y apoderados y al Consejo Escolar sobre la clasificación de los establecimientos a los que envíen a sus hijos y pupilos.

En el caso de los padres y apoderados recibirán información relevante y de fácil comprensión sobre los establecimientos de mejor calificación de la misma comuna y de las comunas cercanas.”.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación señaló que la indicación número 14 es inadmisible, por cuanto regula una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, puesto que establece la obligación de la Agencia de Calidad de la Educación de informar a los padres y apoderados, y al Consejo Escolar sobre la clasificación de los establecimientos educacionales a los envían a sus hijos, todo esto en conformidad con el artículo 65, inciso cuarto, numeral 2° de la Constitución Política de la República.

El señor Presidente de la Comisión consideró que la indicación número 14 es admisible, porque entiende que en este caso no se está creando una nueva atribución para un servicio público.

El Honorable Senador señor Núñez estimó un error que en el inciso primero de la indicación número 14 se suprima la obligación de la Agencia de Calidad de la Educación de dar a conocer la clasificación de los establecimientos educacionales al Ministerio de Educación. Luego, señaló que preferiría que la Agencia de Calidad de la Educación informe tanto al Ministerio de Educación, como a los padres y apoderados.

- En votación el inciso primero de la indicación número 14, fue rechazado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senador señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

- En votación el inciso primero, del artículo 16, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senador señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Respecto del inciso segundo, el Honorable Senador señor Letelier precisó que el tema central de éste es definir si la Agencia de Calidad de la Educación deberá velar porque los establecimientos educacionales informen a los padres y apoderados sobre los resultados de la clasificación de los establecimientos o asumir ella directamente esta función.

La Abogada de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda advirtió que, en el inciso segundo, si se elimina la expresión “velar” se podría responsabilizar a la Agencia de Calidad de la Educación por la omisión de los establecimientos educacionales de informar al Consejo Escolar, y a los padres y apoderados de la clasificación del establecimiento educacional al cual asisten sus hijos.

El Honorable Senador señor Cantero indicó que prefiere una redacción más directa y clara y en este sentido acotó que apoya que la idea de que la Agencia de Calidad de la Educación informe a los padres y apoderados sobre la categoría en la que ha sido clasificado el establecimiento educacional al que envía a sus hijos.

- En votación el inciso segundo, de la indicación número 14, votan a favor los Honorables Senadores señores Cantero y Núñez, y en contra los Honorables Senadores Letelier y Ruiz-Esquide. Dado el empate producido, en conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado corresponde repetir la votación.

Antes de repetir la votación, el Honorable Senadores señor Núñez planteó aprobar el siguiente texto para el inciso segundo del artículo 16:

“Asimismo, procurará que los establecimientos educacionales informen a los padres y apoderados y al Consejo Escolar sobre la clasificación de los establecimientos a los que envían a sus hijos y pupilos.”.

- A continuación, se repite la votación del inciso segundo de la indicación número 14, siendo aprobado con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

En cuanto al inciso tercero el Honorable Senador señor Cantero indicó que no le parece adecuado que una norma utilice criterios vagos y poco precisos como puede ser una información de fácil comprensión.

En esta mima línea, el Honorable Senador señor Letelier señaló que prefiere el texto del inciso tercero, del artículo 16, de la indicación sustitutiva.

- En votación el inciso tercero, de la indicación número 14, fue rechazado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

- En votación el inciso tercero, del artículo 16, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

En votación el inciso cuarto del artículo 16 de la indicación sustitutiva, que no tuvo indicación, fue aprobado en sus mismos términos, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Sus términos son los siguientes:

“Por su parte, los establecimientos educacionales deberán entregar anualmente un informe a sus comunidades educativas respecto de sus logros educativos y el cumplimiento de sus planes de mejoramiento, el cual será público.”.

La indicación número 15, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega al artículo 16 de la indicación sustitutiva, el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo anterior, la clasificación de todos los establecimientos del país deberá estar disponible en la página web del Ministerio de Educación y de la Agencia, actualizada y desglosada por Región y comuna.”.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación señaló que la indicación número 15 es inadmisible, por cuanto regula una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, puesto que establece la obligación del Ministerio de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación disponer en una página web toda la información sobre la clasificación de los establecimientos educacionales, todo esto en conformidad con el artículo 65, inciso cuarto, numeral 2° de la Constitución Política de la República.

El señor Presidente de la Comisión consideró que la indicación número 15 es admisible, porque entiende que en este caso no se está creando una nueva atribución para un servicio público y además porque en la ley N° 20.285 se consagra el principio de publicidad de la información que emana de los órganos de la Administración del Estado. En este sentido, acotó que esta indicación confirma una obligación ya existente.

- En votación la indicación número 15, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación número 15 bis, para sustituir el artículo 16 por el siguiente:

“Artículo 16.- La Agencia deberá informar al Ministerio de Educación, y a los padres y apoderados, la clasificación de los establecimientos educacionales.

Asimismo, procurará que los establecimientos educacionales informen a los padres y apoderados y al Consejo Escolar la categoría en la que han sido clasificados.

Los padres y apoderados recibirán información de fácil comprensión sobre los establecimientos educacionales de mejor clasificación de la misma comuna o de las comunas aledañas.

Sin perjuicio de lo anterior, la clasificación de todos los establecimientos del país deberá estar disponible la página web del Ministerio de Educación y de la Agencia, actualizada y desglosada por la Región y comuna.”.

- En votación los incisos primero, tercero y cuarto de la indicación número 15 bis, se aprueban por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

- En votación el inciso segundo de la indicación número 15 bis, se aprueba por tres votos a favor y uno en contra. Votan a favor los Honorables Senadores señores Chadwick, Letelier y Sabag. Vota en contra el Honorable Senador señor Cantero.

Párrafo 4°

“Párrafo 4º

De los efectos de la clasificación de los establecimientos educacionales subvencionados o que reciben aportes del Estado.”.

- En votación el texto del encabezamiento del párrafo 4° de la indicación sustitutiva fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

ARTÍCULO 17

“Artículo 17.- La Agencia tendrá un plan de visitas evaluativas anuales que considerará mayor frecuencia para los establecimientos que muestran menor grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje.”.

La indicación número 16, de los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, plantea reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 17.- La Agencia tendrá un plan de visitas evaluativas anuales que considerará mayor frecuencia para los establecimientos que muestran menor grado de cumplimiento de los objetivos generales establecidos a través de las bases curriculares y los estándares de aprendizaje.”.

El Honorable Senador señor Letelier planteó fusionar la indicación número 16 con el artículo 17 propuesto por la indicación sustitutiva.

Enseguida, la Abogada de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda propuso reemplazar la frase “La Agencia tendrá un plan de visitas evaluativas anuales” por “La Agencia tendrá un plan anual de visitas evaluativas” y precisó que la propuesta busca mejorar la redacción de esta norma.

- En votación la indicación número 16, fue aprobada con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

La indicación número 17, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, sustituye la frase “que muestran menor grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje” por “que se ubiquen en las dos categorías inferiores.”.

- En votación la indicación número 17, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación número 17 bis, para sustituir el artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17.- La Agencia tendrá un plan anual de visitas evaluativas que considerará mayor frecuencia para los establecimientos que muestran menor grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus bases curriculares.”.

- En votación la indicación número 17 bis, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Sabag y Letelier.

ARTÍCULO 18

“Artículo 18.- Los establecimientos subvencionados, o que reciban aportes del Estado, de Desempeño Insatisfactorio serán objeto de visitas evaluativas, al menos cada dos años; los de Desempeño Regular, en ciclos periódicos de dos a cuatro años.”.

Los demás establecimientos podrán ser objeto de visitas evaluativas por parte de la Agencia con la frecuencia que ésta determine.”.

La indicación número 18, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, intercala, en el inciso primero, entre los vocablos “aportes” y “del Estado”, la palabra “regulares”.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación señaló que sería recomendable agregar un inciso tercero, nuevo, con la finalidad de delimitar cuando se entiende que estamos ante establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.

El Honorable Senador señor Letelier manifestó su disconformidad con la propuesta del Ejecutivo, porque acotó que con ésta se podría establecer una salvedad para que los establecimientos educacionales particulares que reciben aportes públicos se excepcionen de someterse a las reglas generales del sistema educativo imperante.

Sobre este mismo punto, pidió dejar constancia que para efectos de esta ley se entiende por establecimientos educacionales que recibe aportes del Estado a aquellos establecimientos de educación técnico profesional, de administración delegada, regidos por el decreto ley N° 3.166.

- En votación la indicación número 18, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

- En votación el artículo 18, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación número 18 bis, para agregar al artículo 18 un nuevo inciso final del siguiente tenor:

“Para los efectos de esta ley, se considerarán establecimientos que reciben aportes del Estado a los regidos por el decreto ley Nº 3166, de 1980.”.

En votación la indicación número 18 bis, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

ARTÍCULO 19

Inciso primero

“Artículo 19.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los establecimientos subvencionados, o que reciban aportes del Estado, clasificados como de buen desempeño sólo serán evaluados si el sostenedor lo solicita o si acepta expresamente las visitas dispuestas de oficio por la Agencia.”.

Asimismo, los sostenedores de los establecimientos particulares pagados podrán solicitar que éstos sean evaluados, previo pago de su costo a la Agencia.

La solicitud de un establecimiento particular pagado para ser evaluado, deberá ser presentada a la Agencia durante el último trimestre del año anterior al que ingrese al proceso de evaluación. En todo caso, estas evaluaciones no podrán representar más del 5% de las visitas evaluativas anuales que realice la Agencia al conjunto del sistema subvencionado.”.

La indicación número 19, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, intercala en su inciso primero, entre los vocablos “aportes” y “del Estado”, la palabra “regulares”.

- En votación la indicación número 19, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Se deja pendiente la votación del artículo 19 de la indicación sustitutiva.

En sesión posterior, se votó el artículo 19 de la indicación sustitutiva, siendo aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

ARTÍCULO 20

Inciso primero

“Artículo 20.- Los establecimientos clasificados como de Buen Desempeño, podrán incorporarse al Registro de personas o entidades de apoyo técnico pedagógico administrado por el Ministerio de Educación.”.

La indicación número 20, de los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, intercala, entre la palabra “Desempeño” y la coma (,) que le sigue, la siguiente frase: “y que obtengan una evaluación de desempeño positiva”.

- En votación la indicación número 20, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Núñez y Ruiz-Esquide.

La indicación número 21, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, sustituye la expresión “el Ministerio de Educación” por “la Agencia”.

La Abogada de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda señaló que la indicación número 21 es inadmisible, por cuanto se refiere a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, al entregar una función del Ministerio de Educación a la Agencia de Calidad de la Educación, todo esto en conformidad al artículo 65, inciso cuarto, numeral 2° de la Constitución Política de la República.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación aclaró que el Ministerio de Educación es el órgano encargado de ejerce la función de supervisión y de apoyo y no la Agencia de Calidad de la Educación.

El Presidente de la Comisión declaró inadmisible la indicación número 21.

- En votación el inciso primero, del artículo 20, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Núñez y Ruiz-Esquide.

Inciso segundo

“En caso que un establecimiento que forma parte del Registro, resultare clasificado en alguna de las categorías inferiores a la de Buen Desempeño, será eliminado del Registro.”.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación señaló que debe agregarse, a continuación de la palabra “establecimiento” el vocablo “educacional”, en conformidad con lo acordado en la letra b), del inciso primero, del artículo 2°, de la indicación sustitutiva.

- En votación el inciso segundo, del artículo 20 de la indicación sustitutiva, fue aprobado con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 21

“Artículo 21.- En el caso de los establecimientos de educación parvularia y de educación especial, serán objeto de evaluación en ciclos periódicos de acuerdo a un programa que deberá aprobar la Agencia.”.

- En votación el artículo 21 de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 22

Inciso primero

“Artículo 22.- Una vez realizada la evaluación a que se refieren los artículos anteriores, los sostenedores de los establecimientos deberán elaborar o revisar su plan de mejoramiento educativo, incluyendo acciones que permitan hacerse cargo de las debilidades identificadas en el informe elaborado por la Agencia. Dicho plan deberá, además, explicitar las acciones que aspira llevar adelante para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes y contener, a lo menos, las estrategias, actividades, metas y recursos asociados a él.”

La indicación número 22, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, reemplaza las frases “, incluyendo acciones que permitan hacerse cargo de las debilidades identificadas en el informe elaborado por la Agencia. Dicho plan deberá, además, explicitar”, por el vocablo “explicitando”.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación señaló que la indicación número 22 exime a los sostenedores de hacerse cargo de las debilidades identificadas por la Agencia de Calidad de la Educación al momento de elaborar o revisar su plan de mejoramiento educativo. Sobre este mismo punto, acotó que esta propuesta desvirtuaría el sentido de esta iniciativa.

- En votación la indicación número 22, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan en contra los Honorables Senadores señores Núñez y Ruiz-Esquide, y a favor el Honorable Senador señor Chadwick.

En relación al texto del inciso primero de la indicación sustitutiva, la Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación señaló que en concordancia con lo acordado en la letra b), del inciso primero, del artículo 2° de la indicación sustitutiva debe agregarse, a continuación de la palabra “establecimientos” el vocablo “educacionales”.

- En votación el inciso primero, del artículo 22, de la indicación sustitutiva, fue aprobado con la modificación propuesta, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan a favor los Honorables Senadores señores Núñez y Ruiz-Esquide, y en contra el Honorable Senador señor Chadwick.

Inciso segundo

“El plan será de conocimiento público y será informado a la Agencia, al Ministerio de Educación y a la comunidad educativa en el plazo que fije la Agencia en el informe respectivo.”.

- En votación el inciso segundo, del artículo 22, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Inciso tercero

“La Agencia tendrá que tomar en consideración este plan en su próxima evaluación y en el informe respectivo.”.

- En votación el inciso tercero, del artículo 22, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 23

“Artículo 23.- Los sostenedores de los establecimientos educacionales podrán solicitar apoyo técnico pedagógico para la elaboración e implementación de su plan de mejoramiento educativo al Ministerio de Educación o a una persona o entidad del Registro de Personas o Entidades Pedagógicas o Técnicas de Apoyo del Ministerio de Educación, a su elección.”.

La indicación número 23, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, elimina la frase “al Ministerio de Educación o”.

La indicación número 23 fue retirada por su autor.

- En votación el artículo 23, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 24

“Artículo 24.- El Ministerio de Educación podrá prestar apoyo técnico pedagógico directamente o a través de una persona o entidad del Registro creado para estos efectos y de acuerdo con la definición anual de la Ley de Presupuestos, sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 2º ter de la ley Nº 18.956.”.

La indicación número 24, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, propone suprimirlo.

La indicación número 25, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para eliminar los vocablos “directamente o”.

Las indicaciones números 24 y 25 fueron retiradas por su autor.

- En votación el artículo 24, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Párrafo 5°

“Párrafo 5º

De las medidas especiales para los establecimientos educacionales de Desempeño Insatisfactorio.”.

El Honorable Senador señor Núñez recordó que en virtud de lo acordado en la indicación número 13 debe reemplazarse el epígrafe del Párrafo 5° planteado por la indicación sustitutiva por el siguiente: “De las medidas especiales para los establecimientos educacionales de Mal Desempeño”.

- En votación el reemplazo del epígrafe del Párrafo 5° “De las medidas especiales para los establecimientos educacionales de Desempeño Insatisfactorio” por “De las medidas especiales para los establecimientos educacionales de Mal Desempeño”, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

En consecuencia, se aprueba con modificaciones el texto del encabezamiento del Párrafo 5°.

ARTÍCULO 25

“Artículo 25.- La clasificación de un establecimiento educacional en la categoría de Desempeño Insatisfactorio será informada a todos los padres y apoderados y al Consejo Escolar del establecimiento.”.

La indicación número 26, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega, luego de la palabra “informada”, la expresión “por la Agencia”.

El Honorable Senador señor Chadwick señaló que esta norma debe precisar la entidad encargada de informar al Consejo Escolar, y a los padres y apoderados sobre la clasificación de un establecimiento educacional en la categoría de mal desempeño.

El Abogado de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señor Patricio Espinoza, recordó que según lo acordado en el artículo 16 de esta ley corresponderá a la Agencia de Calidad de la Educación informar al Ministerio de Educación sobre la clasificación de los establecimientos educacionales y asimismo señaló que la Agencia procurará que los establecimientos educacionales informen a los padres y apoderados sobre la clasificación de los establecimientos educacionales a los que envían a sus hijos.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide sostuvo que debe definirse con claridad cuando estamos ante funciones que le corresponden a la Agencia de Calidad de la Educación y al Ministerio de Educación. De lo contrario, acotó que se podría producir un conflicto de competencias entre ambos órganos públicos.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación explicó que la Agencia de Calidad de la Educación tendrá la obligación de informar sobre la clasificación de los establecimientos educacionales. Sin perjuicio de lo anterior, precisó que tanto el Ministerio de Educación como la Agencia de Calidad de la Educación deberán disponer de una página web que entregue esta información en forma actualizada y desglosada por región y comuna.

El Honorable Senador señor Chadwick señaló que el artículo 16 de este proyecto de ley establece una obligación de carácter genérica respecto de toda la clasificación de los establecimientos educacionales, en cambio la indicación número 26 sólo se refiere a los establecimientos educacionales clasificados en la categoría de Mal Desempeño.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación recalcó que la idea es no minimizar la obligación de los establecimientos educacionales de informar a su comunidad educativa sobre la categoría en que han sido clasificados. En este sentido, consideró que no sería recomendable aprobar la indicación número 26.

El Abogado de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda sostuvo que la indicación número 26 crea una nueva función para la Agencia de Calidad de la Educación y que en este sentido la indicación número 26 sería inadmisible, en virtud del artículo 65, inciso cuarto, numeral 4° de la Constitución Política de la República.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación señaló que debe determinarse claramente el órgano que será el depositario de la información generada por la Agencia de Calidad de la Educación. Además, acotó que en este proyecto de ley aún no se ha definido la entidad que deberá informar a todo el país sobre las evaluaciones de los establecimientos educacionales que realice la Agencia de Calidad.

El Honorable Senador señor Núñez manifestó su apoyo a la indicación número 26, siempre que se agregue al inicio del artículo 25 de la indicación sustitutiva la siguiente frase: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16,”

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación, comentó que en el artículo 25 de la indicación sustitutiva debe reemplazarse la referencia a los establecimientos de educacionales de “Desempeño Insatisfactorio” por establecimientos educacionales de “Mal Desempeño”, en virtud de lo aprobado en la indicación número 13. Además, señaló que debe agregarse la palabra “educacional” al final del texto del artículo 25, en conformidad con lo acordado en la letra b), del inciso primero, del artículo 2°, de la indicación sustitutiva.

El Honorable Senador señor Núñez propuso dejar pendiente la votación de la indicación número 26, a fin de que el Ejecutivo presente una nueva propuesta de redacción.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones el Ejecutivo presentó la indicación número 26 bis, para reemplazar el artículo 25 de la indicación sustitutiva, por el siguiente:

“Artículo 25.- La Agencia procurará que los establecimientos educacionales en la categoría de mal desempeño informen a todos los padres y apoderados y al Consejo Escolar del establecimiento la categoría en la que han sido clasificados.”.

- En votación la indicación número 26 bis, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

- Consecuencialmente, se aprueba con modificaciones la indicación número 26, con la votación anterior.

ARTÍCULO 26

“Artículo 26.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23 y 24 de la presente ley, los establecimientos mencionados en el artículo anterior deberán recibir apoyo técnico pedagógico. Para ello podrán recurrir al Ministerio de Educación, que prestará este servicio, o a un grupo de expertos reconocidos del Registro a que se refieren los artículos 23 y 24. Este apoyo podrá brindarse por un plazo máximo de cuatro años.”.

La indicación número 27, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para eliminar la frase “, que prestará este servicio,”.

La indicación número 27 fue retirada por su autor.

Respecto del artículo 26 de la indicación sustitutiva, la Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación señaló que debe agregarse, a continuación del vocablo “establecimientos”, la palabra “educacionales”, en conformidad con lo acordado en la letra b), del inciso primero, del artículo 2°, de la indicación sustitutiva.

- En votación el artículo 26 de la indicación sustitutiva, fue aprobado con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 27

“Artículo 27.- Los establecimientos que en la siguiente clasificación no logren ubicarse en una categoría superior, pero que muestren una mejora significativa, deberán continuar recibiendo apoyo hasta por dos años más.

En el caso de aquellos establecimientos que no exhiban una mejora significativa luego de dos años de haber sido clasificados como de desempeño insatisfactorio, la Agencia deberá informar a los padres y apoderados de dichos establecimientos sobre la situación en que éstos se encuentran.

La comunicación a que alude el inciso anterior, se enviará por carta certificada y contendrá información relevante sobre los establecimientos de mejor clasificación de la misma comuna y de comunas contiguas.

Asimismo, se les otorgarán facilidades de transporte para que los alumnos accedan a tales establecimientos. La Agencia propondrá al Ministerio de Educación la dictación de un decreto supremo, que deberá ser suscrito también por el Ministro de Hacienda, que regule esta materia.

La Agencia definirá, en normas de carácter general, los criterios para determinar la “mejora significativa” de un establecimiento. Estos deben guardar relación con los estándares de aprendizaje.”.

El Honorable Senador señor Núñez planteó votar en forma separada cada uno de los incisos del artículo 27 propuestos por la indicación sustitutiva.

Inciso primero

El Honorable Senador señor Núñez señaló que de acuerdo al artículo al artículo 26 y al inciso primero del artículo 27 los establecimientos educacionales clasificados en la categoría de Mal Desempeño recibirán apoyo técnico pedagógico por un plazo de seis años.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación señaló que debe agregarse, a continuación del vocablo “establecimientos”, la palabra “educacionales”, en conformidad con lo acordado en la letra b), del inciso primero, del artículo 2°, de la indicación sustitutiva.

- En votación el inciso primero, del artículo 27, de la indicación sustitutiva, fue aprobado con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Inciso segundo

El Honorable Senador señor Chadwick consultó si este inciso permite el cierre de los establecimientos educacionales clasificados en la categoría de Mal Desempeño.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación respondió negativamente y explicó que este inciso establece únicamente la obligación de la Agencia de Calidad de informar a los padres y apoderados de los establecimientos educacionales que no exhiban una mejora significativa luego de dos años de haber sido clasificados en la categoría de Mal Desempeño.

En este contexto, el Honorable Senador señor Chadwick señaló que apoyará el texto del inciso segundo del artículo 27.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación señaló que debe agregarse en el inciso segundo, del artículo 27, de la indicación sustitutiva, a continuación del vocablo “establecimientos”, las dos veces que aparece, la palabra “educacionales”, en conformidad con lo acordado en la letra b), del inciso primero, del artículo 2°, de la indicación sustitutiva.

Asimismo, precisó que debe reemplazarse la mención a los establecimientos educacionales de “desempeño insatisfactorio” por establecimientos educacionales de “mal desempeño”, en virtud de lo aprobado en la indicación número 13.

- En votación el inciso segundo, del artículo 27, de la indicación sustitutiva, fue aprobado con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Inciso tercero

El Honorable Senador señor Chadwick sostuvo que la redacción de los incisos tercero, cuarto y quinto es confusa y poco clara.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación explicó que ante un establecimiento educacional que no muestra mejora durante dos años, la Agencia de Calidad deberá informar a los padres y apoderados sobre esta situación y ofreciéndoles otras alternativas de establecimientos educacionales de mejor clasificación ubicados en la misma comuna o comunas contiguas. En caso de que los apoderados opten por cambiar de establecimiento educacional a sus hijos, continuó, la Agencia de Calidad otorgará las facilidades de transporte para que los alumnos puedan acceder a los nuevos establecimientos educacionales.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación señaló que debe agregarse en el inciso tercero, del artículo 27, de la indicación sustitutiva, a continuación del vocablo “establecimientos”, la palabra “educacionales”, en conformidad con lo acordado en la letra b), del inciso primero, del artículo 2°, de la indicación sustitutiva.

- En votación el inciso tercero, del artículo 27, de la indicación sustitutiva, fue aprobado con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Inciso cuarto

El Honorable Senador señor Núñez valoró la propuesta del inciso cuarto del artículo 27, pero consideró que puede resultar excesivamente onerosa para el Estado.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación advirtió que se estaría ante un número muy bajo de establecimientos educacionales, lo que en la práctica implicaría que esta obligación no significaría una carga tan onerosa para el Estado.

Por su parte, el Abogado de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda comentó que el Estado está dispuesto a asumir este costo.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación señaló que debe agregarse en el inciso cuarto, del artículo 27, de la indicación sustitutiva, a continuación del vocablo “establecimientos”, la palabra “educacionales”, en conformidad con lo acordado en la letra b), del inciso primero, del artículo 2°, de la indicación sustitutiva.

- En votación el inciso cuarto, del artículo 27, de la indicación sustitutiva, fue aprobado con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Inciso quinto

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación, indicó que debe agregarse en el inciso quinto, del artículo 27, de la indicación sustitutiva, a continuación del vocablo “establecimiento”, la palabra “educacional”, en conformidad con lo acordado en la letra b), del inciso primero, del artículo 2°, de la indicación sustitutiva.

Asimismo, señaló que, en concordancia con lo aprobado en la indicación número 2, debe agregarse a continuación de los vocablos “estándares de aprendizaje” la siguiente frase: “referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares”.

- En votación el inciso quinto, del artículo 27, de la indicación sustitutiva, fue aprobado con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación número 27 bis, para intercalar en su inciso final, entre la expresión “aprendizaje” y el punto final, la siguiente frase:

“referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus bases curriculares”.

- En votación la indicación número 27 bis, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

ARTÍCULO 28

“Artículo 28.- En cualquier caso, si después de cuatro años, contados de la comunicación señalada en el artículo 25, el establecimiento educacional se mantiene en la categoría de Desempeño Insatisfactorio, la Agencia deberá informar esta situación, a la Superintendencia para que ésta inicie el procedimiento administrativo para revocar el reconocimiento oficial del establecimiento.”.

El Honorable Senador señor Núñez sostuvo que de acuerdo a este artículo un establecimiento educacional clasificado en la categoría de Mal Desempeño podría ser sancionado con la revocación de su reconocimiento oficial.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación recalcó que esta norma sólo permite aplicar la sanción de revocación del reconocimiento oficial de un establecimiento educacional clasificado en la categoría del Mal Desempeño y no su cierre. Sobre este mismo punto, informó que en estos casos esta ley permitirá en estos casos designar a un administrador provisional, quien deberá asegurar el adecuado funcionamiento del establecimiento educacional y la continuidad del servicio educativo.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide hizo presente que las escuelas públicas no pueden ser sancionadas con su cierre, especialmente en las zonas aisladas del país, porque estos establecimientos son los que permiten mantener las asentamientos humanos en los sectores rurales y mineros.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación señaló que debe reemplazarse la mención a los establecimientos educacionales de “desempeño insatisfactorio” por establecimientos educacionales de “mal desempeño”, en virtud de lo aprobado en la indicación número 13.

- En votación el artículo 28 de la indicación sustitutiva, fue aprobado con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 29

“Artículo 29.- En el caso de los establecimientos particulares pagados clasificados en la categoría de Desempeño Insatisfactorio y transcurrido el plazo de cuatro años contado desde la comunicación mencionada en el artículo 25, la Agencia informará a la comunidad educativa para todos los efectos legales.”.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación explicó que la idea del artículo 29 de la indicación sustitutiva es que los apoderados de un establecimiento educacional particular pagado conozcan que dicho establecimiento ha sido clasificado en forma en la categoría más baja.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación señaló que debe reemplazarse la mención a los establecimientos educacionales de “desempeño insatisfactorio” por establecimientos educacionales de “mal desempeño”, en virtud de lo aprobado en la indicación número 13.

- En votación el artículo 29 de la indicación sustitutiva, fue aprobado con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Párrafo 6°

“Párrafo 6º

De la Organización de la Agencia.”.

- En votación el texto del ecabezamiento del párrafo 6° de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 30

“Artículo 30.- Los órganos de la Agencia son el Consejo y el Secretario Ejecutivo.”.

- En votación el artículo 30 de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 31

Inciso primero

“Artículo 31.- El Consejo estará constituido por cinco miembros de destacada experiencia en la actividad educativa, nombrados por el Ministro de Educación, previa selección conforme al Sistema de la Alta Dirección Pública.”.

La indicación número 28, de los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, lo sustituye por el siguiente:

“Artículo 31.- El Consejo estará constituido por cinco miembros de destacada experiencia en la actividad educativa, nombrados por el Presidente de la República.”.

- La indicación número 28 fue retirada por sus autores.

- En votación el inciso primero, del artículo 31, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Inciso segundo

“El Consejo designará de entre sus miembros a un Presidente, quien durará en el cargo dos años.”.

El Honorable Senador señor Núñez consideró excesivamente bajo el plazo de dos años que establece el inciso segundo del artículo 31 para la duración del cargo de Presidente del Consejo de la Agencia de Calidad.

La Abogada de la División Jurídica del Ministerio de Educación, señora Luz María Gutiérrez, con la finalidad de salvar el reparo formulado por el Honorable Senador señor Núñez, planteó agregar la siguiente frase final: “, con posibilidades de ser reelegido por una sola vez”.

El Honorable Senador señor Núñez dejó pendiente la votación del inciso segundo, del artículo 31, a fin de que el Ejecutivo presente la respectiva indicación.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación número 28 bis, para agregar, en su inciso segundo, a continuación del punto final (“.”), que pasa a ser una coma (“,”), la siguiente frase final nueva:

“pudiendo ser reelegidos en el cargo por una vez.”.

- En votación la indicación número 28 bis, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

- Consecuencialmente, se aprueba con modificaciones el inciso segundo del artículo 31, de la indicación sustitutiva, con la misma votación anterior.

Inciso tercero

“Dicho Presidente tendrá por función dirigir el Consejo. Asimismo, citará a sesiones, fijará sus tablas, dirigirá sus deliberaciones y dirimirá sus empates. Del mismo modo, se relacionará con el Secretario Ejecutivo para la coordinación de las funciones y atribuciones de la Agencia.”.

- En votación el inciso tercero, del artículo 31, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 32

“Artículo 32.- Los miembros del Consejo serán nombrados por un período de seis años, pudiendo ser designados por un nuevo período.

Los consejeros se renovarán por parcialidades de tres y dos consejeros cada tres años, respectivamente.”.

- En votación el artículo 32, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 33

“Artículo 33.- Corresponderá al Consejo:

a) Aprobar y dar seguimiento al plan estratégico de la Agencia, el cual deberá ser actualizado y ajustado a lo menos cada seis años.

b) Aprobar y dar seguimiento anualmente al plan de trabajo de la Agencia, así como la memoria y el balance del año anterior, y conocer el anteproyecto de presupuesto.

c) Aprobar la clasificación de los establecimientos en los plazos que establece la ley y aprobar anualmente el cambio de clasificación de los establecimientos.

d) Aprobar el plan de evaluaciones nacionales e internacionales en coordinación con el Ministerio de Educación.

e) Ejercer las demás atribuciones que le encomienden las leyes y reglamentos.

f) Aprobar el registro de personas o entidades acreditadas para apoyar la realización de las visitas evaluativas.”.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación, indicó que debe agregarse en la letra c), del artículo 33, de la indicación sustitutiva, a continuación del vocablo “establecimientos”, las dos veces que aparece, la palabra “educacionales”, en conformidad con lo acordado en la letra b), del inciso primero, del artículo 2°, de la indicación sustitutiva.

Por su parte, el Honorable Senador señor Chadwick planteó invertir el orden de las letras e) y f) de este artículo, puesto que la actual letra e) corresponde a una función más bien genérica del Consejo de la Agencia de Calidad, que debe estar mencionada al final de esta norma.

- En votación el artículo 33, de la indicación sustitutiva, fue aprobado con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 34

“Artículo 34.- No podrán ser miembros del Consejo:

- En votación el encabezamiento, del artículo 34, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Letra a)

a) Los sostenedores, representantes legales, gerentes, administradores o miembros de un directorio de la entidad sostenedora de algún establecimiento educacional que imparta educación en los niveles parvulario, básico y medio o de alguna asociación de sostenedores.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide pidió a la Secretaría mejorar la redacción del literal a), del artículo 34, de la indicación sustitutiva.

- En votación la letra a), del artículo 34, de la indicación sustitutiva, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Su texto queda como sigue:

“a) Los sostenedores, representantes legales, gerentes, administradores o miembros de un directorio de la entidad sostenedora de algún establecimiento educacional que imparta enseñanza en los niveles parvulario, básico y medio o de alguna asociación de sostenedores.”.

Letra b)

b) Los senadores y diputados, Ministros de Estado, subsecretarios, intendentes o gobernadores; alcaldes o concejales; consejeros regionales; miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial; secretarios o relatores del Tribunal Constitucional; fiscales del Ministerio Público; miembros del Tribunal Calificador de Elecciones o su secretario-relator; miembros de los tribunales electorales regionales, suplentes o secretarios-relatores, y miembros de los demás tribunales creados por ley.

El Honorable Senador señor Chadwick opinó que los Secretarios Regionales Ministeriales de Educación y los Directores Provinciales de Educación también deberían ser mencionados en la letra b) del artículo 34.

El Honorable Senador señor Núñez planteó dejar pendiente la votación de la letra b), del artículo 34, de la indicación sustitutiva, a fin de que el Ejecutivo puede recoger el planteamiento formulado por el Honorable Senador señor Chadwick.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 28 ter, para intercalar, en la letra b), después de la expresión “gobernadores;” la siguiente expresión nueva:

“los Secretarios Regionales Ministeriales de Educación o los Jefes de Departamentos Provinciales de Educación;”.

- En votación la indicación número 28 ter, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

- Consecuencialmente, se aprueba con modificacionesla letra b) del artículo 34, de la indicación sustitutiva, con la misma votación anterior.

Letras c) y d)

c) Los inscritos en el registro de personas naturales acreditadas como evaluadores.

d) Los que formen parte del registro de administradores provisionales a cargo de la Superintendencia.”.

- En votación las letras c) y d), del artículo 34 de la indicación sustitutiva, fueron aprobadas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 35

“Artículo 35.- Los Consejeros deberán informar inmediatamente al Presidente de todo hecho, cualquiera sea su naturaleza, que le reste imparcialidad en sus decisiones o acuerdos, absteniéndose, en el acto, de conocer del asunto respecto del cual se configure la causal.

En particular, estarán inhabilitados de intervenir en aquellos asuntos que afecten a:

a) Establecimientos de educación parvularia, básica o media con que tengan un vínculo patrimonial o laboral.

b) Establecimientos de educación parvularia, básica o media en que se desempeñen como asesores o consultores, a cualquier título.

c) Instituciones de asistencia técnica en que participen como propietarios, como dependientes o en que tengan otra clase de intereses patrimoniales.

d) Establecimientos de educación parvularia, básica o media en que se desempeñen como docente.

Los consejeros que, estando inhabilitados, actúen en tales asuntos, serán removidos de su cargo y quedarán impedidos de ejercerlo nuevamente.

Las inhabilidades e incompatibilidades serán aplicables a todos los funcionarios de la Agencia.”.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación informó que en el artículo 34 se enumeran las incompatibilidades y que en el artículo 35 se mencionan las inhabilidades que pueden afectar a los miembros del Consejo de la Agencia de Calidad.

En este contexto, la Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación planteó mejorar la redacción del inciso final del artículo 35 en los siguientes términos:

“Las inhabilidades señaladas en el presente artículo y las incompatibilidades mencionadas en el artículo anterior serán aplicables a todos los funcionarios de la Agencia.”.

El Honorable Senador señor Núñez consultó si esta norma considera a las inhabilidades sobrevinientes.

El Honorable Senador señor Chadwick explicó que las inhabilidades se aplican tanto a los postulantes al cargo de consejeros, como a los consejeros en ejercicio. En este sentido, acotó que también se contemplan a las inhabilidades sobrevinientes.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide consultó quién removerá a los consejeros que se vean afectados por alguna causal de inhabilidad.

El Honorable Senador señor Núñez respondió que el Presidente del Consejo. No obstante lo anterior, señaló que el problema podría suscitarse cuando el Presidente del Consejo sea el que incurra en alguna causales.

Posteriormente, planteó dejar pendiente la votación de la letra d) y de los incisos tercero y cuarto del artículo 35, a fin de que el Ejecutivo presente las indicaciones que recojan los planteamientos formulados por los miembros de la Comisión.

- En votación el inciso primero, el encabezamiento del inciso segundo y sus letras a), b) y c), del artículo 35, de la indicación sustitutiva, fueron aprobados, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó, respecto de la letra d) y de los incisos tercero y cuarto del artículo 35, la indicación individualizada como 28 quater, para introducir las siguientes modificaciones:

Intercalar en la letra d), entre las palabras “en que” y “se desempeñen”, la expresión “el o los consejeros”;

Intercalar, en su inciso tercero, entre la expresión “removidos de su cargo” y la conjunción “y” la siguiente frase nueva: “por el Ministro de Educación,”.

Reemplazar el inciso cuarto y final por el siguiente nuevo: “Las inhabilidades que contempla este artículo, así como las incompatibilidades señaladas en el artículo anterior, serán aplicables a todos los funcionarios de la Agencia.”.

- En votación la indicación número 28 quater, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

- Consecuencialmente, se aprueba con modificaciones, la letra d) del inciso segundo y el inciso tercero del artículo 35, de la indicación sustitutiva, con la misma votación anterior.

ARTÍCULO 36

“Artículo 36.- Serán causales de cesación en el cargo de consejero las siguientes:

a) Expiración del plazo por el que fueron designados.

b) Renuncia aceptada por el Ministro de Educación.

c) Incapacidad legal sobreviniente, circunstancia que será calificada por la mayoría de los consejeros con exclusión del afectado.

d) Actuación en un asunto en que estuvieren legalmente inhabilitados.

e) Incumplimiento de los deberes y obligaciones que establece esta ley.

En caso que uno o más consejeros cesaren por cualquier causa en su cargo, procederá la designación de un nuevo consejero, sujeto al mismo procedimiento dispuesto en el artículo 31 de la presente ley, por el período que restare.

Si el consejero que cesare en el cargo en virtud del inciso precedente invistiere la condición de Presidente del Consejo, su reemplazante será designado en la forma prevista en el artículo 31 de la presente ley, por el tiempo que faltare al que produjo la vacante.”.

- En votación el artículo 36, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 37

“Artículo 37.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, el quórum para sesionar y para adoptar acuerdos, los procedimientos para decidir en caso de empate y, en general, aquellas normas que permitan una gestión flexible, eficaz y eficiente, serán definidas por las normas que dicte la Agencia.”.

- En votación el artículo 37, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 38

“Artículo 38.- Los consejeros percibirán una dieta equivalente a 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 100 de dichas unidades por mes calendario.”.

- En votación el artículo 38, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 39

Inciso primero

“Artículo 39.- El Secretario Ejecutivo será el Jefe Superior del Servicio y estará afecto al sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882.”.

La indicación número 29, de los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, lo reemplaza por el siguiente:

“Artículo 39.- El Secretario Ejecutivo será el Jefe Superior del Servicio y será designado por el Ministro de Educación a proposición del Consejo y estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882.”.

La indicación número 30, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega la siguiente oración: “El Secretario Ejecutivo será nombrado por el Consejo de la Agencia.”.

- Las indicaciones números 29 y 30 fueron retiradas por sus autores.

Inciso segundo

“Corresponderá al Secretario Ejecutivo las siguientes atribuciones:

a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo, y proponerle el programa anual de trabajo del servicio;

b) Participar en el Consejo con derecho a voz;

c) Delegar en funcionarios de la institución las funciones y atribuciones que estime conveniente;

d) Conocer y resolver todo asunto relacionado con los intereses de la Agencia, salvo aquellas materias que la ley reserva al Consejo, pudiendo al efecto ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios o conducentes a la obtención de los objetivos del servicio, ya sea con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado;

e) Comunicar a los organismos competentes los antecedentes de que disponga o de que tome conocimiento, para que éstos ejerzan a su vez las facultades que les sean propias;

f) Dictar las resoluciones que apruebe el Consejo, así como conocer los recursos que procedan conforme a la ley. Le corresponderá también, cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le imparta el Consejo y realizar los actos que éste le delegue en el ejercicio de sus atribuciones;

g) Informar a la Superintendencia de la clasificación de un establecimiento como de Desempeño Insatisfactorio y del hecho que un establecimiento, a pesar de los apoyos y habiéndose cumplido los plazos establecidos en la ley, no logre los estándares mínimos exigidos;

h) Representar judicial y extrajudicialmente al servicio;

i) Preparar el plan anual de trabajo, el anteproyecto de presupuesto y toda otra materia que deba ser sometida a la consideración del Consejo;

j) Gestionar administrativamente el servicio;

k) Contratar labores operativas de inspección o verificación del cumplimiento de las normas de su competencia a terceros idóneos debidamente certificados;

l) Celebrar convenios y ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento de los fines del servicio;

m) Nombrar y remover personal del servicio, de conformidad a la presente ley y a las normas estatutarias;

n) Informar periódicamente al Consejo respecto de la marcha de la institución y del cumplimiento de sus acuerdos e instrucciones, y

ñ) Ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.”.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación señaló que en la letra g), del inciso segundo del artículo en estudio debe agregarse, a continuación del vocablo “establecimiento”, la palabra “educacional”, en conformidad con lo acordado en la letra b), del inciso primero, del artículo 2°, de la indicación sustitutiva. Asimismo, indicó que en este mismo literal debe sustituirse las expresiones “Desempeño Insatisfactorio” por “Mal Desempeño”, en virtud de lo aprobado en la indicación número 13. Por último, con la finalidad de mejorar la redacción de esta letra, planteó sustituir la frase “y del hecho que un establecimiento” por “y del hecho que alguno de éstos”.

- En votación el artículo 39, de la indicación sustitutiva, fue aprobado con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 40

“Artículo 40.- El personal de la Agencia se regulará por las normas de esta ley y por los reglamentos que de conformidad a ella se dicten, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo y, en materia de remuneraciones, por las normas que fije el decreto con fuerza de ley a que se refiere el artículo tercero transitorio de la presente ley.”.

- En votación el artículo 40, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 41

“Artículo 41.- Previo acuerdo del Consejo, el Secretario Ejecutivo, con sujeción a la planta de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

El personal a contrata de la Agencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Secretario Ejecutivo. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Agencia de Calidad.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios, se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.”.

El Honorable Senador señor Cantero pidió votación separada para cada uno de los incisos del artículo 41 de la indicación sustitutiva.

Inciso primero

- En votación el inciso primero, del artículo 41, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Inciso segundo

El Honorable Senador señor Núñez consultó al Ejecutivo sobre la finalidad de esta norma, que establece que el 7% del personal a contrata puede desempeñar funciones directivas o de jefatura.

Por su parte, el Honorable Senador señor Cantero consultó si esta norma contraviene a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

El Abogado de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda informó que esta norma ha sido incorporada en todos los textos legales en que se han creado nuevos servicios públicos. Asimismo, indicó que cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y señaló que su objetivo es permitir que los funcionarios a contrata puedan ejercer cargos directivos. De lo contrario, continuó, ningún funcionario a contrata podría desempeñar cargos de jefatura.

El Honorable Senador señor Cantero sostuvo que no comparte este tipo de normas, porque distorsionan la carrera funcionaria, como se puede constatar en el caso de las municipalidades. Además, consideró que si se requieren más cargos de jefatura deben aumentarse los cargos de planta. En este contexto, anunció su voto en contra.

El Honorable Senador señor Chadwick consultó sobre la responsabilidad administrativa del personal a contrata.

El Abogado de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda explicó que la responsabilidad del personal a contrata es similar a la del personal de planta y agregó que lo único que cambia es su estabilidad en el empleo.

El Honorable Senador señor Núñez opinó que un nuevo servicio que recién se constituye debería iniciar sus funciones únicamente con personal de planta.

- En votación el inciso segundo, del artículo 41, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan a favor los Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide, y en contra el Honorable Senador señor Cantero.

Inciso tercero

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación explicó que el artículo 260 del Código Penal establece que se entiende por empleado público a todo aquel que desempeñe un cargo o función pública, aunque no sean nombrados por el Presidente de la República, ni reciban remuneraciones del Estado.

- En votación el inciso tercero, del artículo 41, de la indicación sustitutiva, fue aprobado por dos votos a favor y una abstención. Votan a favor los Honorables Senadores señores Chadwick y Núñez, y se abstiene el Honorable Senador señor Cantero.

ARTÍCULO 42

“Artículo 42.- El personal de la Agencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley.

Asimismo, tendrá prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su evaluación otros servicios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta.

Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos de exigir responsabilidad administrativa, lo que se exigirá con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiera configurarse.”.

El Honorable Senador señor Núñez señaló que este artículo debería hacer referencia la ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación advirtió que el artículo 42 sólo hace referencia a la obligación del personal de la Agencia de Calidad de guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones que tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores.

El Abogado de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda acogiendo el planteamiento formulado por el Honorable Senador señor Núñez planteó agregar al final del inciso primero del artículo en estudio la siguiente frase: “, especialmente a la ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

Por su parte, el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide opinó que prefería una remisión más genérica a las leyes y no a una ley en especial.

El Honorable Senador señor Cantero opinó que a los funcionarios de la Agencia de Calidad se les debería entregar una compensación económica que justifique la prohibición de prestar servicios a las entidades que podrían someterse a su evaluación.

Por su parte, el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide consideró que esta norma es pertinente, ya que sostuvo que quien ejerce alguna función en la Agencia de Calidad no puede prestar servicios en el establecimiento educacional que somete a su evaluación.

En esa oportunidad, el Honorable Senador señor Núñez dejó pendiente la votación del artículo 42 de la indicación sustitutiva.

- En sesión posterior, su puso en votación al artículo 42 de la indicación sustitutiva, el que fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

ARTÍCULO 43

“Artículo 43.- Sin perjuicio de las causales previstas en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, para la cesación del cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

a) Necesidades de la Agencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Agencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II nivel jerárquico de la Agencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Secretario Ejecutivo ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que adoptarán y la forma y oportunidad en que recibirán la información y antecedentes requeridos al efecto.

b) Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a) precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.”.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide manifestó su preocupación por la causal contemplada en la letra a), del inciso primero, del artículo 43 de la indicación sustitutiva.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación explicó que esta causal busca que el personal de la Agencia de Calidad sea de un alto profesionalismo, lo que ha sido la regla general en todas las normativas que regulan a las Superintendencias.

El Honorable Senador señor Núñez consideró que esta norma puede ser aplicada a los funcionarios que ejercen funciones de alta responsabilidad, mas no para los otros funcionarios, porque en su opinión sería muy fácil despedir a un funcionario de planta.

El Abogado de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda indicó que la letra a) del inciso primero del artículo 43 es una norma estándar que se ha agregado a todos los órganos que requieren de una alto tecnicismo.

Al respecto, la señora Ministra de Educación señaló que una norma de este tipo puede ser muy positiva para elevar la calidad de los funcionarios que se desempeñan en la administración pública. Agregó que esta causal busca modernizar a las instituciones del Estado y no continuar trabándolas. En efecto, acotó que la Agencia de Calidad de la Educación debe contar con los mejores profesionales, para que efectivamente este órgano pueda velar por mejorar la calidad de la educación. En este contexto, precisó que debe buscarse una fórmula que equilibre los principios de la carrera funcionaria y el alto nivel de profesionalismo que deben tener los funcionarios de la Agencia de Calidad.

El Honorable Senador señor Núñez sostuvo que como Parlamentario debe velar porque no se despida en forma arbitrariamente a los funcionarios público por motivos religiosos, políticos u otros de índole.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide solicitó al Ejecutivo que modifique los términos de la letra a), del inciso primero, del artículo 43, de la indicación sustitutiva, a fin de que se impida que esta causal quede entregada a la mera la voluntad del jefe superior de este servicio.

Por su parte, el Honorable Senador señor Cantero sostuvo que esta causal debe regirse por criterios objetivos y no por meras voluntades.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto de la letra a), del artículo 43, el Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 30 bis, que plantea reemplazar en el párrafo segundo de la letra a), a continuación de la frase “dicha evaluación”, la frase “servirán de”, por “serán la”.

- En votación la indicación número 30 bis, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

- A continuación, se pone en votación el artículo 43 de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

Párrafo 7°

“Párrafo 7º

Patrimonio de la Agencia.”.

- En votación, el texto del encabezamiento, del Párrafo 7°, de la indicación sustitutiva, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 44

Inciso primero

“Artículo 44.- El patrimonio de la Agencia estará constituido por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b) Los recursos otorgados por leyes especiales;

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o que adquiera a cualquier título;

d) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios;”.

- En votación el encabezamiento del inciso primero y sus letras a), b), c) y d), fueron aprobadas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Letra e)

“e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;”.

La indicación número 31, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, propone suprimirla.

La indicación número 31 fue retirada por su autor.

La indicación número 32, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, en subsidio de la anterior, plantea sustituirla por la siguiente:

“e) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;”.

El Honorable Senador señor Chadwick explicó que la indicación número 32 elimina a las donaciones, para evitar que se entreguen regalos o dádivas a la Agencia de Calidad, que pudieren afectar su imparcialidad al momento de evaluar a los establecimientos educacionales.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación señaló que esta indicación al incidir en el patrocinio de la Agencia de Calidad estaría abordando materias de iniciativas exclusivas del Presidente de la República, porque afecta la administración financiera y presupuestaria del Estado, todo esto en conformidad del artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República.

A continuación, pidió a la Comisión votar la admisibilidad de la indicación número 32.

- En votación la admisibilidad de la indicación número 32, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

El Honorable Senador señor Chadwick señaló que de aprobarse la indicación número 32 debe suprimirse su oración final.

- En votación la indicación número 32, fue aprobada con la modificación propuesta, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan a favor los Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide, y en contra el Honorable Senador señor Cantero.

Letra f)

“f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y”.

Letra g)

“g) Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.”.

- En votación las letras f) y g), del inciso primero, del artículo 44 de la indicación sustitutiva, fueron aprobadas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Inciso segundo

“La Agencia estará sujeta a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, y sus disposiciones complementarias.”.

- En votación el inciso segundo, del artículo 44, de la indicación sustitutiva, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

TÍTULO III

Párrafo 1º

“TÍTULO III

DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

Párrafo 1º

Objeto y atribuciones”.

- En votación los textos de los encabezamientos del Título III y Párrafo 1°, de la indicación sustitutiva, fueron aprobados, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 45

“Artículo 45.- Créase la Superintendencia de Educación, en adelante “la Superintendencia”, servicio público funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

La Superintendencia constituye una institución fiscalizadora en los términos del decreto ley N° 3.551, de 1981, y estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882.

El domicilio de la Superintendencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las Direcciones Regionales que constituya.”.

- En votación el artículo 45, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 46

“Artículo 46.- El objeto de la Superintendencia será fiscalizar el uso de los recursos por los sostenedores y los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, y que éstos cumplan con las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, en adelante “la normativa educacional”. Asimismo, proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, y atenderá los reclamos y denuncias de éstos, estableciendo las sanciones que en cada caso corresponda.”.

La indicación número 33, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, reemplaza la frase “será fiscalizar el uso de los recursos por los sostenedores y los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, y que éstos cumplan” por “será fiscalizar que los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado cumplan”.

La indicación número 34, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, en subsidio de la anterior, propone intercalar, entre las palabras “recursos” y “por”, la expresión “públicos”.

- Las indicaciones números 33 y 34 fueron retiradas por el Honorable Senador señor Chadwick, como uno de sus autores.

La indicación número 35, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega el siguiente, inciso segundo, nuevo:

“Si en el ejercicio de sus atribuciones la Superintendencia toma conocimiento de infracciones a otras normas legales que no integran la normativa educacional, deberá informar a los órganos fiscalizadores correspondientes. La Superintendencia no podrá iniciar procesos sancionatorios por infracciones en materias distintas de aquellas que son objeto de su competencia.”.

El Abogado de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda señaló que la indicación número 35 es inadmisible, por cuanto regula una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, porque establece una nueva función para la Superintendencia de Educación, todo esto en conformidad del artículo 65, inciso cuarto, numeral 2°, de la Constitución Política de la República.

Enseguida, el Ejecutivo planteó aprobar un inciso segundo, nuevo, con la siguiente redacción:

“Si en el ejercicio de sus atribuciones la Superintendencia toma conocimiento de infracciones a otras normas legales que no integran la normativa educacional, deberá informar a los órganos fiscalizadores correspondientes. La Superintendencia no podrá iniciar procesos sancionatorios por infracciones a otras normas legales que no integran la normativa educacional.”.

- En votación la indicación número 35, fue aprobada, en los mismos términos en que fue presentada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

- En votación el artículo 46, de la indicación sustitutiva, fue aprobado con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 46 de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 35 bis, para agregar el siguiente inciso segundo nuevo:

“Si en el ejercicio de sus atribuciones la Superintendencia toma conocimiento de infracciones a otras normas legales que no integran la normativa educacional, deberá informar a los órganos fiscalizadores correspondientes. La Superintendencia no podrá iniciar procesos sancionatorios por infracciones a otras normas legales que no integran la normativa educacional.”.

- En votación la indicación número 35 bis, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

La indicación número 36, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, en subsidio de la anterior, agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Iniciado un procedimiento sancionador por algún organismo sectorial con competencia fiscalizadora en los establecimientos educacionales, no podrá la Superintendencia, por los mismos hechos, iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio.”.

- La indicación número 36 fue retirada por su autor.

ARTÍCULO 47

“Artículo 47.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones:”.

- En votación el encabezamiento, del artículo 47, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Letra a)

“a) Fiscalizar que las personas o instituciones sujetas a fiscalización cumplan con la normativa educacional.”.

El Honorable Senador señor Núñez planteó eliminar la frase “sujetas a fiscalización”.

- En votación la letra a), del artículo 47, de la indicación sustitutiva, fue aprobada con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Letra b)

“b) Fiscalizar la rendición de cuenta del uso de los recursos, a través de procedimientos contables simples generalmente aceptados, de acuerdo al párrafo 2º de este título.”.

La indicación número 37, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega, después de la frase “uso de los recursos”, la palabra “públicos”.

- La indicación número 37 fue retirada por el Honorable Senador señor Chadwick, como coautor.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación propuso aprobar el texto de la letra b) de la indicación sustitutiva, reemplazando la expresión “párrafo 2°” por “párrafo 3°”.

- En votación la letra b), del artículo 47, de la indicación sustitutiva, fue aprobada con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Letra c)

“c) Realizar y ordenar auditorías a la gestión financiera de los sostenedores en los casos que disponga la legislación vigente.”.

- En votación la letra c), del artículo 47, de la indicación sustitutiva, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Letra d)

“d) Ingresar a los establecimientos educacionales y dependencias del sostenedor que tengan relación con la administración del establecimiento, a objeto de realizar las funciones que le son propias. En el ejercicio de esta atribución, los funcionarios de la Superintendencia no podrán impedir el normal desenvolvimiento de las actividades pedagógicas del establecimiento.”.

En conformidad con lo acordado en el artículo 2°, inciso primero, letra b), de la indicación sustitutiva, corresponde agregar, a continuación, de la palabra “establecimiento”, las dos veces que aparece, la expresión “educacional”.

- En votación la letra d), del artículo 47, de la indicación sustitutiva, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Letra e)

“e) Acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin impedir el normal desarrollo de las actividades pedagógicas del mismo, y examinar, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las personas y/o entidades fiscalizadas, y disponer de todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor fiscalización. La Superintendencia, mediante resolución, determinará aquellos libros, archivos y documentos que deberán estar permanentemente disponibles para su examen en el propio establecimiento educacional. Las mismas facultades, y en los mismos términos, tendrá la Superintendencia respecto de los terceros que administren los establecimientos educacionales.”.

La indicación número 38, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, añade, después de la palabra “Acceder”, la siguiente frase: “en el caso de los establecimientos subvencionados”.

- La indicación número 38 fue retirada por el Honorable Senador señor Chadwick, como coautor.

Se propuso agregar un nuevo párrafo para la letra e), del artículo 47, de la indicación sustitutiva, del siguiente tenor:

“Respecto de los establecimientos particulares pagados, el ejercicio de la atribución señalada en la letra e) exigirá la existencia de una denuncia o reclamo conforme al párrafo 4° de esta ley, salvo que se trate de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado, ocasión en la cual la Superintendencia no podrá examinar las operaciones, bienes, libros y cuentas de la entidad fiscalizada.”.

- En votación la letra e), del artículo 47, de la indicación sustitutiva, fue aprobada con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 47, letra e), de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 38 bis, para agregar a la letra e) el siguiente párrafo segundo nuevo:

“Respecto de los establecimientos educacionales particulares pagados, el ejercicio de esta atribución exigirá la existencia de una denuncia o reclamo conforme al párrafo 4º, del título III, de esta ley, salvo que se trate de la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado. En tal caso, la Superintendencia no podrá examinar las operaciones, bienes, libros y cuentas de la entidad fiscalizada.”.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación explicó que la indicación número 38 bis refrenda el texto aprobado por la Comisión para la letra e), del artículo 47.

- En votación la indicación número 38 bis, fue aprobada, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan a favor los Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick y Sabag, y en contra el Honorable Senador señor Letelier.

Letra f)

“f) Citar a declarar a los sostenedores, representantes, administradores y dependientes de las instituciones fiscalizadas respecto de algún hecho que estime necesario para resolver alguna denuncia o reclamo que esté conociendo o cuando de oficio, en un procedimiento administrativo, lo determine en cumplimiento de sus funciones. Las mismas facultades, y en los mismos términos, tendrá la Superintendencia respecto de los terceros que administren y presten servicios a los establecimientos educacionales.”.

La indicación número 39, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega, después de la frase “en un procedimiento administrativo”, la expresión “en curso”.

El Honorable Senador señor Chadwick explicó que el sentido de esta indicación es que sólo se pueda citar a declarar a un sostenedor en la medida que exista un procedimiento administrativo en curso.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación consideró que esta indicación estaría de más, porque el procedimiento administrativo se encuentra regulado en la ley N° 19.880.

- En votación la indicación número 39, fue rechazada, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan en contra los Honorables Senadores señores Núñez y Ruiz-Esquide, y a favor el Honorable Senador señor Chadwick.

La indicación número 40, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, eliminar, en su última oración, la frase “y presten servicios a”.

El Honorable Senador señor Chadwick explicó que el sentido de esta indicación es evitar que la Superintendencia cite a declarar a todos los personas que prestan servicios en un establecimiento educacional.

Al respecto, el Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación señaló que de aprobar esta indicación se permitiría a los sostenedores de los establecimientos educacionales crear nuevas personas jurídicas para simular contratos de prestación de servicios, con la finalidad de burlar la ley. Sobre este mismo punto, acotó que la idea de la letra f), del artículo 47, de la indicación sustitutiva es que la Superintendencia de Educación pueda controlar todos los recursos que un sostenedor de un establecimiento educacional paga a terceros.

El Abogado de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda advirtió que el literal f), del artículo 47, de la indicación sustitutiva no excede las atribuciones de la Superintendencia de Educación.

- La indicación número 40 es retirada por el Honorable Senador señor Chadwick, como coautor de la misma.

- En votación la letra f), del artículo 47, de la indicación sustitutiva, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Letra g)

“g) Resolver consultas, investigar denuncias y resolver reclamos que los distintos miembros de la comunidad escolar presenten, pudiendo desarrollar instancias de mediación.”.

La indicación número 41, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, elimina la frase inicial: “Resolver consultas,”.

El Honorable Senador señor Chadwick consideró que las expresiones “resolver consultas” de la letra g), del artículo 47, de la indicación sustitutiva parecieran estar facultando a la Superintendencia de Educación a realizar una especie de antejuicio frente a las consultas que le formulen. En este contexto, instó a los miembros de la Comisión a aprobar la indicación número 41.

El Honorable Senador señor Cantero propuso reemplazar la expresión “Resolver” por “Absolver”.

- En votación la indicación número 41, fue aprobada con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 47, letra g), de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 41 bis, para reemplazar la letra g) por la siguiente:

“g) Absolver consultas, investigar denuncias y resolver reclamos que los distintos miembros de la comunidad escolar presenten.”.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación explicó que la indicación número 41 bis refrenda la modificación aprobada por la Comisión en la indicación número 41 para el texto de la letra g), del artículo 47.

- En votación la indicación número 41 bis, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

La indicación número 42, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, reemplaza la palabra “pudiendo” por “debiendo”.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación estimó que es más conveniente mantener la redacción de la letra g), del artículo 47, de la indicación aprobada, porque no se obliga a la Superintendencia de Educación a someter a una instancia de mediación todas las denuncias o reclamos que le formulen algunos de los miembros de la comunidad escolar.

Por su parte, la Abogada de la División Jurídica del Ministerio de Educación, señora Luz María Gutiérrez, indicó que la Superintendencia de Educación puede provocar la mediación, pero que esto no obsta a que las partes también puedan someterse voluntariamente a un proceso de mediación.

El Honorable Senador señor Cantero opinó que prefiere que mantener la redacción de la letra g), del artículo 47, aprobada, porque consideró que sería más adecuado que la Superintendencia de Educación tenga libertad para determinar cuando somete un conflicto a una instancia de mediación.

El Honorable Senador señor Núñez señaló que sería más conveniente diferenciar claramente las funciones de la Superintendencia de Educación. En este contexto, planteó agregar una letra, nueva, que establezca la atribución de la Superintendencia de Educación de desarrollar instancias de mediación y solicitó al Ejecutivo presentar la respectiva indicación.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 47 de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 42 bis, para agregar la siguiente letra h) nueva, pasando la actual letra h) a ser i), y modificándose sucesivamente la progresión de los literales:

“h) Desarrollar instancias de mediación.”.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación explicó que la indicación número 42 bis recoge la propuesta planteada por el Honorable Senador señor Núñez de agregar una letra nueva que establezca la atribución de la Superintendencia de Educación de desarrollar instancias de mediación.

- En votación la indicación número 42 bis, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

- Consecuencialmente, se da por rechazada la indicación número 42, con la misma votación anterior.

Letra h)

“h) Formular cargos, sustanciar su tramitación y resolver los procesos que se sigan respecto de todos los incumplimientos o faltas a la normativa educacional, así como de los que conozca por la vía de denuncias o reclamos del público o por denuncia que formule el Ministerio de Educación u otros órganos públicos.”.

- En votación la letra h), del artículo 47, de la indicación sustitutiva, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Letra i)

“i) Disponer el nombramiento de un administrador provisional para la gestión de los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado, en los casos que determine la presente ley.”.

La indicación número 43, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, intercala, entre las frases “que reciban aportes” y “del Estado”, la palabra “regulares”.

- En votación la indicación número 43, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

- En votación la letra i), del artículo 47, de la indicación sustitutiva, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Letra j)

“j) Fiscalizar el cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional y, cuando corresponda, remitir los antecedentes al Ministerio de Educación para que éste, en un plazo no superior al término del año escolar, proceda a la revocación del reconocimiento señalado.”.

- En votación la letra j), del artículo 47, de la indicación sustitutiva, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Letra k)

“k) Imponer las sanciones correspondientes por infracción a la normativa educacional, así como aquéllas que proponga la Agencia de Calidad de la Educación.”.

- En votación la letra k), del artículo 47, de la indicación sustitutiva, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Letra l)

“l) Aplicar e interpretar administrativamente la normativa educacional, cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones fundadas de general aplicación al sector sujeto a su fiscalización, sin perjuicio del ejercicio de las facultades propias del Ministerio de Educación. La normativa que emane de la Superintendencia deberá ser sistematizada de tal forma de facilitar el acceso y conocimiento de ella por parte del sujeto a su fiscalización.”.

El Honorable Senador señor Letelier manifestó sus reparos respecto de la segunda oración de esta literal, porque sostuvo que la Superintendencia de Educación no tiene facultades para dictar su propia normativa.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación precisó que la Superintendencia tiene facultad para dictar instrucciones y resoluciones. Luego, acogiendo la observación formulada por el Honorable Senador señor Letelier planteó reemplazar la frase “La normativa que emane de la Superintendencia” por “Las instrucciones y resoluciones que emanen de la Superintendencia”.

- En votación la letra l), del artículo 47, de la indicación sustitutiva, fue aprobada con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

La indicación número 44, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega los siguientes párrafos, nuevos:

“En el ejercicio de esta atribución la Superintendencia deberá dar lugar a un procedimiento de información y recepción de comentarios antes de la dictación de las instrucciones de general aplicación el que, por lo menos, deberá contar con un plazo de un mes para recibir aportes y comentarios de las personas y entidades interesadas. La Superintendencia estará eximida de este procedimiento cuando, por razón fundada, considere el procedimiento contrario al interés público. En ningún caso los comentarios que se realicen serán vinculantes y la Superintendencia solo los considerará como antecedentes de sus decisiones.

Asimismo, en el ejercicio de esta atribución la Superintendencia deberá acompañar, cuando sea aplicable, un informe financiero con la estimación general de los costos que generará en los establecimientos educacionales la aplicación de la normativa educacional.”.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que esta indicación no hace más que dilatar la toma de decisiones de la Superintendencia de Educación y en tal contexto acotó que debe ser rechazada.

- En votación la indicación número 44, fue rechazada, por dos votos en contra y una abstención. Votan en contra los Honorables Senadores señores Letelier y Ruiz-Esquide, y se abstiene el Honorable Senador señor Cantero.

Letra m)

“m) Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.”.

- En votación la letra m), del artículo 47, de la indicación sustitutiva, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Letra n)

“n) Requerir de los sostenedores y docentes directivos de los establecimientos educacionales u otros organismos públicos y privados relacionados, en el ámbito de sus atribuciones, la información que estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrá recoger la información proporcionada por las instituciones, procesarla cuando corresponda, y distribuirla anualmente a los distintos usuarios.”.

La indicación número 45, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, intercala, entre los términos “información” y “que”, la palabra “estadística”.

- En votación la indicación número 45, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

- En votación la letra n), del artículo 47, de la indicación sustitutiva, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

La indicación número 46, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“La Superintendencia no podrá en ningún caso realizar requerimientos de información referida a un elevado número de actos o antecedentes ni solicitar requerimientos que distraigan indebidamente a los receptores del cumplimiento regular de sus labores habituales.”.

La señora Ministra de Educación planteó aprobar el siguiente párrafo segundo, nuevo, para la letra n), del artículo 47:

“La Superintendencia no podrá solicitar información indeterminada.”.

El Honorable Senador señor Letelier consideró muy vaga la redacción del nuevo texto propuesto y puso en votación el texto de la indicación número 46, en los mismos términos en que fue presentada.

- En votación la indicación número 46, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Letra ñ)

“ñ) Poner a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de establecimientos educacionales, sostenedores, docentes, estudiantes, y demás integrantes de la comunidad educativa y crear y administrar los registros que sean necesarios para ejercer sus funciones.”.

Letra o)

“o) Convenir con otros organismos de la Administración del Estado o con entidades privadas, la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones.”.

Letra p)

“p) Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y a otros organismos en materias de su competencia.”.

Letra q)

“q) Cobrar y percibir los derechos de actuaciones y certificaciones que establezca la ley en el ámbito de sus atribuciones.”.

Letra r)

“r) Realizar las demás funciones que le encomienden las leyes o los reglamentos.”.

- En votación las letras ñ), o), p), q) y r) del artículo 47, de la indicación sustitutiva, fueron aprobadas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Párrafo 2°

“Párrafo 2º

De la Fiscalización.”.

- En votación, el texto del encabezamiento del Párrafo 2°, de la indicación sustitutiva, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 48

“Artículo 48.- En el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la Superintendencia actuará de oficio o a petición de interesado.

La Superintendencia formulará cargos e instruirá el respectivo procedimiento en caso de verificar, por sí o a través de terceros, la existencia de una o más contravenciones a la normativa educacional.

En el caso de denuncias que le comuniquen el Ministerio de Educación o la Agencia de Calidad, la Superintendencia ordenará directamente la formulación de cargos y la instrucción del respectivo proceso.”.

- En votación el artículo 48, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 49

Inciso primero

“Artículo 49.- Para los efectos de la presente ley, el personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá también el carácter de Ministro de Fe respecto de todas las actuaciones que realice en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrá tomar declaraciones bajo juramento. Los hechos constatados por los funcionarios y sobre los cuales deban informar, de oficio o a requerimiento, podrán constituir presunción legal de veracidad para todos los efectos de la prueba judicial.”.

La indicación número 47, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, elimina su inciso primero.

- En votación la indicación número 47, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

- En votación el inciso primero del artículo 49 de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Inciso segundo

“Las acciones de fiscalización podrán llevarse a efecto en cualquier momento, siempre que no se impida con ellas el normal desarrollo de las actividades pedagógicas del establecimiento. Los entes fiscalizados deberán otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los referidos funcionarios.”.

En concordancia con lo resuelto anteriormente, se acuerda agregar la palabra “educacional”, a continuación de “establecimiento”.

- En votación el inciso segundo del artículo 49 de la indicación sustitutiva, se aprueba con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

La indicación número 48, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega el siguiente inciso final, nuevo:

“La Superintendencia deberá procurar que los procesos de fiscalización que lleven a cabo los diversos órganos de la administración del Estado se coordinen entre sí con un criterio de eficiencia que evite distraer indebidamente la labor al interior de los establecimientos educacionales.”.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación propuso el siguiente texto para agregar como inciso final, nuevo:

“La Superintendencia deberá procurar que los procesos de fiscalización que lleve a cabo se coordinen con aquellos que, en el ejercicio de sus competencias, lleven a cabo los diversos órganos de la administración del Estado, de manera de evitar distraer indebidamente la labor educativa en los establecimientos educacionales.”.

- En votación la indicación número 48, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 49 de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 48 bis, para agregar el siguiente inciso final nuevo:

“La Superintendencia deberá procurar que los procesos de fiscalización que lleve a cabo se coordinen con aquellos que, en el ejercicio de sus competencias, lleven a cabo los diversos órganos de la Administración del Estado, de manera de evitar distraer indebidamente la labor educativa en los establecimientos educacionales.”

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación explicó que la indicación número 48 bis refrenda lo aprobado por la Comisión a propósito de la indicación número 48.

El Honorable Senador señor Cantero señaló que aprueba esta indicación en el entendido de que la Controlaría General de la República es el órgano fiscalizador por excelencia, conforme lo dispone el artículo 98 y siguientes de la Constitución Política de la República y que, por ende, cualquier otro órgano que posea facultades fiscalizadoras deberá supeditarse a esta supremacía.

- En votación la indicación número 48 bis, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

La indicación número 49, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, incorpora, a continuación, los siguientes artículos nuevos:

“Artículo 49 bis.- Las funciones de fiscalización, instrucción del procedimiento sancionatorio y la aplicación de sanciones estarán a cargo de unidades diferentes.”.

Artículo 49 ter.- El Superintendente tendrá la atribución privativa e indelegable de aplicar las sanciones establecidas en la presente ley, con excepción de la amonestación por escrito.”.

- El Presidente de la Comisión declara inadmisible la indicación número 49 por regular materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, al establecer nuevas funciones para la Superintendencia de Educación, todo esto en conformidad del artículo 65, inciso cuarto, numeral 2° de la Constitución Política de la República.

Párrafo 3°

“Párrafo 3º

De la rendición de cuentas.”.

- En votación, el texto del encabezamiento, del Párrafo 3°, de la indicación sustitutiva, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 50

Inciso primero

“Artículo 50.- Los sostenedores y los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado, deberán rendir cuenta pública del uso de los recursos a través de procedimientos contables simples generalmente aceptados, respecto de cada uno de sus establecimientos educacionales de acuerdo a los instrumentos y formatos estandarizados que fije la Superintendencia.”.

La indicación número 50, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para intercalar, entre la frase “o que reciban aportes” y “del Estado”, la palabra “regulares”.

- En votación la indicación número 50, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

La indicación número 51, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, incorpora la siguiente oración final:

“En ningún caso esta rendición de cuentas implicará un análisis de mérito de los gastos realizados.”.

El Honorable Senador señor Letelier anunció su voto en contra de la indicación número 51, porque acotó que en el inciso primero, del artículo 50, de la indicación sustitutiva sólo se regula la obligación de los sostenedores de los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado de rendir cuenta ante la Superintendencia de Educación.

En esta misma línea, el Honorable Senador señor Cantero manifestó su oposición a la presente indicación, porque entiende que la rendición de cuentas nunca ha servido de base para evaluar el mérito de los gastos realizados. Esta facultad, continuó, corresponde a los Tribunales de Justicia y no a una autoridad administrativa.

Enseguida, la señora Ministra de Educación compartió lo expuesto por el Honorable Senador señor Cantero y planteó aprobar la siguiente oración final:

“El análisis de la rendición de cuentas sólo implicará un juicio de legalidad del uso de los recursos.”.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que este tema ya está tratado en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por lo cual consideró que no tendría sentido volver a tratarlo en esta ley.

- En votación la indicación número 51 en los mismos términos en que fue presentada, fue rechazada, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan en contra los Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez, y a favor el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide.

El Honorable Senador señor Cantero reiteró que en materia de rendición de cuentas la Contraloría General de la República ejerce el control de la legalidad de los actos de la Administración Pública, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 98 de la Constitución Política de la República. Sobre este mismo tema, precisó que cualquier otro órgano que también posea facultades fiscalizadoras deberá supeditarse a la supremacía que la Constitución Política de la República le concede a la Contraloría General de la República. En efecto, acotó que nada obsta a que la Superintendencia de Educación tenga facultades fiscalizadoras, en el entendido de que reconozca la superioridad de la Contraloría General de la República en esta materia.

El Honorable Senador señor Núñez señaló que la Superintendencia de Educación ejerce un control ex antes y durante la prestación del servicio educativo, en cambio acotó que la Contraloría General de la República ejerce un control ex post. En este sentido, precisó que esta norma no atenta contra las facultades que la Constitución Política de la República otorga a la Superintendencia de Educación.

- En votación el inciso primero, del artículo 50, de la indicación sustitutiva, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 50 de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 51 bis, para incorporar en su inciso primero la siguiente oración final:

“El análisis de la rendición de cuentas sólo implicará un juicio de legalidad del uso de los recursos.”.

- En votación, la indicación número 51 bis, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

Inciso segundo

“Además, en caso de sospechas fundadas, la Superintendencia podrá realizar auditorías o requerir, a petición del sostenedor del establecimiento, que instituciones externas las efectúen, para comprobar la veracidad y exactitud de la información financiera que le hayan proporcionado. Si estas auditorías fueran realizadas por instituciones externas, la elección de la institución y su financiamiento corresponderá al sostenedor. La institución que realice la auditoría externa, deberá estar inscrita en un registro que para tales efectos lleve la Superintendencia.”.

La indicación número 52, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega, antes de la frase “en caso de sospechas fundadas”, la siguiente: “previa resolución fundada y”.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación planteó reemplazar la frase “Además, en caso de sospecha fundada” por “Además, previa resolución que señale la existencia de sospechas fundada”.

- En votación la indicación número 52, fue aprobada con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

La indicación número 53, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega, después de la frase “en caso de sospechas fundadas”, la siguiente: “que dichos recursos están siendo utilizados fraudulentamente”.

- En votación la indicación número 53, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

La indicación número 54, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, en subsidio de la anterior, propone reemplaza la frase “en caso de sospechas fundadas” por “en caso de sospechas fundadas respecto de la veracidad y exactitud de la información financiera que le hayan proporcionado,”.

- En votación la indicación número 54, fue rechazada, por estar subsumida en la indicación número 52, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

- En votación el inciso segundo, del artículo 50, de la indicación sustitutiva, fue aprobado con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 51

“Artículo 51.- La Superintendencia deberá levantar un informe con las observaciones y recomendaciones que le ameriten las auditorías. Si detectare infracciones que puedan ser objeto de sanción, deberá abrir el procedimiento sancionatorio correspondiente y formular los cargos que procedieren.”.

- En votación el artículo 51, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Párrafo 4º

“Párrafo 4º

De la Atención de Denuncias y Reclamos.”.

- En votación, el texto del encabezamiento, del Párrafo 4°, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 52

“Artículo 52.- La Superintendencia recibirá las denuncias y resolverá los reclamos que se formulen por los miembros de la comunidad educativa u otros interesados y que se refieran a materias de su competencia, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.”.

La indicación número 55, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, intercala, entre la expresión “u otros” y la palabra “interesados”, el vocablo “directamente”.

- En votación, la indicación número 55, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

- En consecuencia, el artículo 52, de la indicación sustitutiva, fue aprobado con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 53

Inciso primero

“Artículo 53.- Para los efectos de esta ley, la denuncia es el acto escrito u oral por medio del cual una persona o grupo de personas interesadas y previamente individualizadas, ponen en conocimiento de la Superintendencia una eventual irregularidad, con el objeto de que ésta investigue y adopte las medidas que correspondan.”.

La indicación número 56, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, reemplaza la frase “una persona o grupo de personas interesadas y previamente individualizadas” por la siguiente: “uno o más estudiantes, padres, apoderados, profesores o demás personas que ejerzan labores en un establecimiento educacional, previamente individualizados,”.

- En votación, la indicación número 56, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

- En consecuencia, el inciso primero, del artículo 53, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Inciso segundo

“Se entenderá por reclamo la petición formal realizada a la Superintendencia por alguna de las personas señaladas en el artículo anterior, en orden a que ésta resuelva la controversia existente entre el reclamante y alguna de las entidades fiscalizadas, apersonándose el reclamante en el procedimiento.”.

La indicación número 57, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, sustituye la frase “en el artículo anterior” por la siguiente: “en el inciso anterior”.

- En votación, la indicación número 57, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

- En consecuencia, el inciso segundo, del artículo 53, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 54

“Artículo 54.- Formulada una denuncia o recibido un reclamo, la Superintendencia podrá abrir un período de información previo con el fin de conocer las circunstancias concretas del caso y la conveniencia de iniciar un procedimiento.”.

ARTÍCULO 55

“Artículo 55.- En el caso de denuncia o reclamo respecto de los establecimientos particulares pagados, la Superintendencia podrá investigar y exigir la entrega de los antecedentes que corresponda.”.

ARTÍCULO 56

“Artículo 56.- Admitida una denuncia o reclamo a tramitación, el Director Regional ordenará la apertura de un expediente y designará al funcionario encargado de su tramitación, quien notificará al denunciado o reclamado.”.

- En votación los artículos 54, 55 y 56, de la indicación sustitutiva, fueron aprobados, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 57

“Artículo 57.- El funcionario designado podrá citar a los interesados a una audiencia de mediación en la cual propondrá bases de arreglo para solucionar el conflicto. Las opiniones que emita en esa audiencia no lo inhabilitarán para seguir conociendo de la causa.”.

La indicación número 58, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, reemplaza la expresión “podrá citar” por “deberá citar”.

- En votación, la indicación número 58, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

La indicación número 59, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán convenir en llevar el asunto ante un mediador de entre aquellos inscritos en un registro que llevará para estos efectos la Superintendencia.”.

En lugar del texto de la indicación número 59, se planteó agregar al artículo 57, de la indicación sustitutiva los siguientes incisos, nuevos:

“Sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de resolver los conflictos que se susciten, y exceptuando las situaciones que de acuerdo a esta ley configuran infracciones graves, las partes podrán convenir a su costo que tales conflictos sean sometidos a mediación previa.

No obstante lo anterior, tratándose de los establecimientos particulares pagados la excepción a que se refiere el inciso anterior no comprende las infracciones señaladas en los literales h), i) y j) del artículo 72 de la presente ley.

Las partes convendrán el nombre del mediador, el que en todo caso, para ejercer como tal, deberá inscribirse en el registro que al efecto lleve la Superintendencia.

Corresponderá a la Superintendencia fijar, mediante normas de general aplicación, los requisitos que deberán cumplir los mediadores a que se refiere este precepto, así como las normas generales de procedimiento a las que deberán sujetarse y las sanciones que podrá aplicar por su inobservancia. Dichas sanciones serán amonestación, multa hasta 1.000 unidades de fomento, suspensión hasta por 180 días o cancelación del registro.”.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación explicó que esta norma establece la facultad de las partes de someterse voluntariamente a un proceso de mediación, salvo si los hechos configuran una infracción grave.

Por su parte, el Honorable Senador señor Letelier señaló que esta propuesta establece un sistema de excepción en beneficio de los establecimientos particulares pagados y estimó que sería más conveniente que los conflictos que se susciten entre las partes sean resueltos por los Tribunales Ordinarios de Justicia.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación comentó que de acuerdo a las reglas generales las partes siempre tienen la posibilidad de someterse a una instancia de mediación.

El Honorable Senador señor Letelier sostuvo que esta propuesta no hace más que debilitar a la Superintendencia de Educación.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide manifestó su apoyo a la nueva propuesta.

- En votación la indicación número 59, fue aprobada con la modificación propuesta, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan a favor los Honorables Senadores señores Ruiz-Esquide y Letelier, y en contra el Honorable Senador señor Cantero.

- En consecuencia, el artículo 57, de la indicación sustitutiva, fue aprobado con modificaciones, por la unanimidad miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del artículo 57 de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación individualizada como 59 bis, para agregar los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto:

“Sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de resolver los conflictos que se susciten, y exceptuando las situaciones que de acuerdo a esta ley configuran infracciones graves, las partes podrán convenir a su costo que tales conflictos sean sometidos a mediación previa.

No obstante lo anterior, tratándose de los establecimientos particulares pagados la excepción a que se refiere el inciso anterior no comprende las infracciones señaladas en los literales h), i) y j) del artículo 72 de la presente ley.

Las partes convendrán el nombre del mediador, el que en todo caso, para ejercer como tal, deberá inscribirse en el registro que al efecto lleve la Superintendencia.

Corresponderá a la Superintendencia fijar, mediante normas de general aplicación, los requisitos que deberán cumplir los mediadores a que se refiere este precepto, así como las normas generales de procedimiento a las que deberán sujetarse y las sanciones que podrá aplicar por su inobservancia. Dichas sanciones serán amonestación, multa hasta 1.000 unidades de fomento, suspensión hasta por 180 días o cancelación del registro.”.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación señaló que la indicación número 59 bis refrenda lo aprobado por la Comisión a propósito de la indicación número 59.

- En votación la indicación número 59 bis, fue aprobada, por dos votos a favor y uno en contra. Votan a favor los Honorables Senadores señores Chadwick y Sabag. Vota en contra el Honorable Senador señor Cantero.

ARTÍCULO 58

“Artículo 58.- Las notificaciones a los interesados se realizarán por medio de carta certificada al domicilio que éstos fijen en la primera actuación, y se entenderán practicadas desde el tercer día desde la fecha de su despacho en la oficina de correos. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán registrar en la Superintendencia una dirección de correo electrónico en la cual recibir las notificaciones respectivas que, para todos los efectos legales, se entenderán practicadas al día hábil siguiente de su despacho.”.

La indicación número 60, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, intercala, entre las frases “Las notificaciones a los interesados” y “se realizarán por medio de carta certificada”, la siguiente: “, salvo la primera de ellas que deberá ser personal,”.

- En votación la indicación número 60, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, los Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

- En votación, el artículo 58, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 59

“Artículo 59.- Un reglamento establecerá la forma de tramitación y los requisitos que deben cumplir las diligencias, actuaciones y las medidas precautorias que se decreten, debiendo velar porque se respete la igualdad de condiciones entre los involucrados, la facultad del reclamante de retirarse del procedimiento en cualquier momento, la bilateralidad de la audiencia, la imparcialidad y la transparencia del proceso.”.

La indicación número 61, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, elimina la frase “y las medidas precautorias que se decreten”.

- En votación la indicación número 61, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, los Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

- En votación, el artículo 59, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 60

“Artículo 60- La Superintendencia deberá mantener un registro público con las estadísticas de denuncias y reclamos conocidos y resueltos.”.

- En votación, el artículo 60, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 61

“Artículo 61.- Si el Director Regional o el Superintendente mediante resolución fundada, establece que la denuncia o reclamo carece manifiestamente de fundamentos, podrá imponer a quien lo hubiere formulado una multa no inferior a 1 UTM y no superior a 10 UTM, atendida la gravedad de la infracción imputada.”.

La indicación número 62, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, intercala, entre la palabra “fundamentos” y la coma (,) que le sigue, la siguiente frase: “o ha sido intencionalmente falsa”.

- En votación la indicación número 62, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, los Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

- En votación, el artículo 61, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

La indicación número 63, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, incorpora el siguiente artículo 61 bis, nuevo:

“Artículo 61 bis.- En los procesos de reclamo, las partes podrán convenir que la controversia sea conocida por un arbitro quien fallará conforme a derecho. El nombramiento del árbitro deberá hacerse con el consentimiento unánime de todas las partes interesadas en el asunto. En los casos en que no concurriere el avenimiento entre las partes respecto de la persona del árbitro, el Director Regional lo nombrará de entre aquellos inscritos en un registro que para estos efectos llevará la Superintendencia. Contra la sentencia arbitral podrá reclamarse únicamente ante los tribunales de justicia en conformidad al procedimiento establecido en el artículo 81.”.

- El Presidente de la Comisión declaró inadmisible la indicación número 63, porque regula una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, puesto que establece nuevas funciones para el Director Regional y crea un registro de árbitros que deberá llevar la Superintendencia de Educación, todo esto en conformidad del artículo 65, inciso cuarto, numeral 2°, de la Constitución Política de la República.

Párrafo 5º

“Párrafo 5º

De las infracciones y sanciones.”.

- En votación, el texto del encabezamiento del Párrafo 5°, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 62

“Artículo 62.- Si se detectaren infracciones que pudieren significar contravención a la normativa educacional, el Director Regional competente, mediante resolución fundada, ordenará la instrucción de un procedimiento y designará un fiscal instructor encargado de su tramitación, de formular cargos, de investigar los hechos, solicitar informes, ponderar las pruebas y disponer toda otra diligencia que dé curso al procedimiento.”.

ARTÍCULO 63

“Artículo 63- Tratándose de denuncias derivadas del Ministerio de Educación o la Agencia, el Director Regional competente ordenará directamente la formulación de cargos y la instrucción del procedimiento.”.

- En votación, los artículos 62 y 63, de la indicación sustitutiva, fueron aprobados, por la unanimidad miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 64

Inciso primero

“Artículo 64.- La resolución que ordena instruir el procedimiento deberá notificarse al sostenedor o a su representante legal, personalmente, por carta certificada o correo electrónico. Esta actuación debe constar en el expediente administrativo.”.

La indicación número 64, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, elimina la frase: “o correo electrónico”.

- En votación la indicación número 64, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, los Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Inciso segundo

“La notificación por carta certificada se enviará al domicilio del establecimiento educacional donde hubieren ocurrido los hechos que dan origen a los cargos o al domicilio del Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad o de la Corporación Municipal de que se trate, o el que corresponda, tratándose de otra entidad creada por ley. La notificación se entenderá practicada al tercer día hábil siguiente del despacho de correos.”.

Inciso tercero

“La notificación por correo electrónico deberá enviarse a la dirección registrada por el sostenedor ante la Superintendencia y se entenderá practicada al día hábil siguiente de su despacho.”.

La indicación número 65, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, propone suprimirlo.

- En votación la indicación número 65, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, los Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Inciso cuarto

“En el caso de infracción a lo dispuesto en los artículo 72 letra b) y 73 letra b) de esta ley, la notificación también se efectuará al obligado a proporcionar la información que se solicite.”.

- En votación, el artículo 64, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 65

“Artículo 65.- Una vez notificado el sostenedor, de acuerdo al artículo anterior, el Director Regional, podrá proponer al Superintendente, como medida precautoria, ordenar mediante resolución fundada, la retención inmediata, ya sea total o parcial del pago de la subvención, sólo en los casos señalados en las letras d), f), g) , h) y l) del artículo 72. El Ministerio de Educación deberá proceder en el sentido dispuesto por la Superintendencia.

Esta medida sólo podrá ser dispuesta oyendo al afectado, y podrá ser impugnada dentro de los 5 días hábiles siguientes, sin suspender la tramitación del procedimiento administrativo principal. En tal caso, la Administración tendrá igual plazo para resolver.”.

La indicación número 66, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, plantea eliminarlo.

- En votación la indicación número 66, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, los Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

La indicación número 67, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, en subsidio de la anterior, propone agrega el siguiente inciso final, nuevo:

“En todo caso, la retención inmediata de la subvención a que hace referencia este artículo deberá ser autorizada previamente por la Corte de Apelaciones correspondiente en procedimiento breve y sumario.”.

- En votación la indicación número 67, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, los Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

En relación al inciso primero del artículo 65, el Honorable Senador señor Cantero opinó que la retención del pago de la subvención debe ser proporcional al daño producido, porque de lo contrario consideró que se podría perjudicar a los sostenedores de los establecimientos educacionales.

Enseguida, planteó agregar, a continuación, de los vocablos “subvención” la siguiente frase: “y proporcional al daño causado”.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación planteó aprobar el siguiente texto para el inciso primero del artículo 65:

“Una vez notificado el sostenedor, de acuerdo al artículo anterior, el Director Regional podrá proponer al Superintendente, como medida precautoria, ordenar mediante resolución fundada, la retención inmediata, ya sea total o parcial del pago de la subvención, sólo en los casos señalados en las letras f), g), h) y l) del artículo 72. El Ministerio de Educación deberá proceder en el sentido dispuesto por la Superintendencia. Las medidas precautorias tendrán una vigencia de hasta 15 días corridos pudiendo ser decretadas nuevamente si se mantienen las circunstancias que le dieron origen.”.

El Honorable Senador señor Letelier reparó en que la propuesta del Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación, porque no contempla dentro de los casos en que se podría decretar la medida precautoria de retener la subvención a la letra d) del artículo 72, en la cual se considera como infracción grave incumplir reiteradamente los estándares de aprendizajes exigidos en conformidad a las leyes. Luego, manifestó su apoyo a la propuesta del Honorable Senador señor Cantero.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación advirtió que en este artículo se faculta al Superintendente para aplicar una medida precautoria y que no es la sanción misma. Con respecto al planteamiento del Honorable Senador señor Cantero precisó que en esta instancia puede resultar extremadamente dificultoso apreciar la proporcionalidad del daño causado.

El Honorable Senador señor Cantero sostuvo que prefiere que esta facultad quede acotada y que no quede al entero arbitrio del Superintendente.

- En votación, el inciso primero del artículo 65 de la indicación sustitutiva, fue aprobado con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

El texto queda como sigue:

“Una vez notificado el sostenedor, de acuerdo al artículo anterior, el Director Regional podrá proponer al Superintendente, como medida precautoria, ordenar mediante resolución fundada, la retención inmediata, ya sea total o parcial del pago de la subvención y proporcional al daño causado, sólo en los casos señalados en las letras d), f), g), h) y l) del artículo 72. El Ministerio de Educación deberá proceder en el sentido dispuesto por la Superintendencia.”.

- En votación, el inciso segundo del artículo 65 de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación número 67 bis, para intercalar en su inciso primero, entre las expresiones “subvención,” y “sólo”, la frase “y” proporcional al daño causado,”:

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación señaló que la indicación número 67 bis refrenda lo ya aprobado por la Comisión a propósito de la indicación número 67.

- En votación la indicación número 67 bis, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación número 67 ter, para eliminar en el inciso primero, en la primera oración la expresión “d),”.

- En votación la indicación número 67 ter, fue aprobada, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan a favor los Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick y Sabag, y en contra el Honorable Senador señor Letelier.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación número 67 quáter, para agregar al inciso primero la siguiente oración final:

“Las medidas precautorias tendrán una vigencia de hasta 15 días corridos pudiendo ser decretadas nuevamente si se mantienen las circunstancias que le dieron origen.”.

- En votación la indicación número 67 quáter, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

ARTÍCULO 66

“Artículo 66.- Formulados los cargos, la persona objeto del procedimiento tendrá un plazo de diez días contado desde la fecha de la notificación para presentar descargos y los medios de prueba que estime pertinentes.”.

La indicación número 68, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, reemplaza el vocablo “diez” por “quince”.

- En votación la indicación número 68, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, los Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

La indicación número 69, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Ninguna persona o institución podrá ser sancionada por hechos que no hubieren sido materia de cargos.”.

- En votación la indicación número 69, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, los Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

- En votación el artículo 66 de la indicación sustitutiva, fue aprobado con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, los Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 67

“Artículo 67.- Presentados los descargos, o transcurrido el plazo para tal efecto, el fiscal instructor elaborará un informe y propondrá al Director Regional respectivo la aplicación de sanciones o el sobreseimiento, según corresponda.”.

- En votación, el artículo 67, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, los Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 68

Inciso primero

“Artículo 68.- Corresponderá al Director Regional, de acuerdo al mérito de los antecedentes y por resolución fundada, sobreseer o aplicar las sanciones establecidas en el artículo siguiente.”.

La indicación número 70, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega la siguiente oración final:

“Sin perjuicio de lo anterior, las sanciones de multa que excedan las 50 UTM, privación temporal o definitiva de la subvención, inhabilitación y revocación de reconocimiento oficial, deberán ser ratificadas previamente por el Superintendente.”.

- El Presidente de la Comisión declaró inadmisible la indicación número 70, porque regula materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, ya que establece una nueva función para el Superintendente de Educación, todo esto en conformidad del artículo 65, inciso cuarto, numeral 2°, de la Constitución Política de la República.

Inciso segundo

“La prueba que se rinda se apreciará de acuerdo a las reglas de la sana crítica.”.

Inciso tercero

“Si correspondiere sancionar un hecho que constituya una infracción tanto a esta ley como al decreto fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, el Director Regional aplicará la sanción que corresponda como si se tratara de una sola infracción.”.

- En votación, el artículo 68, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, los Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 69

“Artículo 69.- Comprobada la infracción a la normativa educacional, y sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda, el Director Regional, podrá aplicar las siguientes sanciones, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de ellas:”.

Letra a)

“a) Amonestación por escrito, en cuyo caso deberá señalarse el origen de la infracción administrativa, como asimismo el plazo dentro del cual deberá ser subsanada.“.

Letra b)

“b) Multa, de acuerdo de la siguiente proporción:

1.- En el caso de las infracciones leves las multas no excederán de 50 UTM.

2.- En el caso de infracciones menos graves, las multas no podrán exceder de 500 UTM.

3.- En el caso de infracciones graves, las multas no podrán exceder de 1000 UTM.

La multa aplicada deberá ser proporcional a la matrícula total del establecimiento a la fecha de la infracción, al beneficio económico obtenido con ocasión de la infracción, a la intencionalidad de la comisión de la infracción, y a la subvención mensual por alumno o los recursos que el establecimiento reciba regularmente.

Para los establecimientos educacionales regidos por los títulos I y II del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, se entenderá por subvención mensual por alumno la que resulte de aplicar sus artículos 9º, 9º bis y 11, según corresponda.

Para los establecimientos educacionales regidos por el título II de la ley señalada, la aplicación de la multa se aumentará según el cobro mensual promedio del establecimiento.

Para los establecimientos de educación técnico-profesional regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, la multa deberá ser proporcional al promedio mensual de los recursos que se les asignen con el objeto de financiar su operación y funcionamiento.

Para los establecimientos particulares pagados, la multa será proporcional al promedio mensual de los cobros por motivo de arancel y matrícula.”.

Letra c)

“c) Privación temporal de la subvención, la que podrá ser total o parcial. La privación de la subvención no podrá exceder de 12 meses consecutivos.”.

Letra d)

“d) Privación definitiva de la subvención.”.

Letra e)

“e) Inhabilitación temporal o a perpetuidad de la calidad de sostenedor y para mantener o participar en cualquier forma en la administración de establecimientos educacionales, la que se entenderá aplicada a sus socios, representantes legales, gerentes, administradores y directores;”.

La indicación número 71, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, reemplaza la frase “socios, representantes legales, gerentes, administradores y directores” por “representantes legales y administradores”.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación señaló que la propuesta de la indicación número 71 concuerda con lo aprobado en el Ley General de Educación.

- En votación, la indicación número 71, fue rechazada, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan en contra los Honorables Senadores señores Letelier y Ruiz-Esquide, y a favor el Honorable Senador señor Cantero.

Letra f)

“f) Revocación del reconocimiento oficial.”.

La indicación número 72, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, añade el siguiente inciso final, nuevo:

“Decretada alguna de las sanciones contempladas en la letra c), d) e) y f) de este artículo, la Superintendencia elevará en consulta a la Corte de Apelaciones correspondiente la resolución para que ésta, si lo considera conforme a la ley, ratifique la medida dentro del plazo de diez días.”.

El Presidente de la Comisión declaró inadmisible la indicación número 72, por tratar materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, porque establece la obligación de la Superintendencia de Educación de elevar en consulta a la Corte de Apelaciones las sanciones que decrete, todo esto en conformidad del artículo 65, inciso cuarto, numeral 2°, de la Constitución Política de la República.

La indicación número 73, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, en subsidio de la anterior, agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Decretada alguna de las sanciones contempladas en la letra c), d) e) y f) de este artículo, la Superintendencia remitirá todos los antecedentes y la respectiva resolución a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón, el que deberá evacuarse, si corresponde, dentro del plazo de diez días.”.

El Presidente de la Comisión declaró inadmisible la indicación número 73, por tratar materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, porque establece la obligación de la Superintendencia de Educación de elevar en consulta a la Corte de Apelaciones las sanciones que decrete, todo esto en conformidad del artículo 65, inciso cuarto, numeral 2°, de la Constitución Política de la República.

- En votación, el artículo 69, de la indicación sustitutiva, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación número 73 bis, para intercalar en la letra b), del inciso primero, un párrafo quinto, nuevo, pasando el actual a ser sexto y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“En el caso de los establecimientos educacionales regidos por los títulos I y II del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, la multa no podrá ser inferior al 5% ni exceder el 50% de la subvención mensual por alumno matriculado. Iguales porcentajes mínimos y máximos se aplicarán adicionalmente sobre el cobro mensual promedio del establecimiento, en el caso de los establecimientos educacionales regidos por el título II de la señalada ley.”.

- En votación, la indicación número 73 bis, fue aprobada, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan a favor los Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick y Sabag, y en contra el Honorable Senador señor Letelier.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación número 73 ter, para reemplazar en la letra e), del inciso primero, del artículo 69, la frase “socios, representantes legales, gerentes o directores”, por “representantes legales y administradores.”.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que no comparte la propuesta de la indicación número 73 ter, porque a su juicio la inhabilitación perpetua o temporal de la calidad de sostenedor debe alcanzar a los socios, gerentes y directores de los establecimientos educacionales sancionados.

- En votación, la indicación número 73 ter, fue aprobada, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan a favor los Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick y Sabag, y en contra el Honorable Senador señor Letelier.

ARTÍCULO 70

“Artículo 70.- En caso que la Superintendencia disponga la sanción de privación de la subvención, inhabilidad del sostenedor y/o revocación del reconocimiento oficial del Estado, deberá enviar al Ministerio de Educación los antecedentes que correspondan para su aplicación y posterior inclusión en el registro correspondiente.”.

ARTÍCULO 71

“Artículo 71.- Los hechos, actos u omisiones que constituyen infracciones administrativas, serán graves, menos graves y leves.”.

- En votación, los artículos 70 y 71 de la indicación sustitutiva, fueron aprobados, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 72

“Artículo 72.- Son infracciones graves:”.

Letra a)

“a) No efectuar la rendición de cuentas en la forma que determina la ley.”.

La indicación número 74, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, intercala, entre las frases “No efectuar” y “la rendición de cuentas”, la expresión “a sabiendas”.

- En votación, la indicación número 74, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Letra b)

“b) No entregar la información solicitada por el Ministerio de Educación, la Agencia o la Superintendencia conforme a la normativa educacional.”.

Letra c)

“c) Incumplir alguno de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado.”.

Letra d)

“d) Incumplir reiteradamente los estándares de aprendizaje exigidos en conformidad a las leyes.”.

La indicación número 75, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, plantea eliminarla.

- En votación, la indicación número 75, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Letra e)

“e) Alterar los resultados de las mediciones de aprendizaje.”.

Letra f)

“f) Impedir, entorpecer u obstaculizar la fiscalización de la Superintendencia.”.

La indicación número 76, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, intercala, entre los vocablos “obstaculizar” y “la”, la palabra “maliciosamente”.

- En votación, la indicación número 76, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Letra g)

“g) Realizar acciones dolosas destinadas a obtener la subvención educacional, tales como alterar la asistencia media o la matrícula de los alumnos.”.

Letra h)

“h) Cobrar indebidamente derechos de escolaridad.”.

La indicación número 77, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, la reemplaza por la siguiente:

“h) Exigir el pago de derechos de escolaridad prohibidos en la ley.”.

- En votación, la indicación número 77, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

La indicación número 78, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, en subsidio de la anterior, plantea agregarle la siguiente frase inicial:

“En los establecimientos subvencionados”.

- En votación, la indicación número 78, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Letra i)

“i) Hacer obligatorio el pago de matrícula u otros cobros que tengan carácter voluntario.”.

La indicación número 79, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, la reemplaza por la siguiente:

“i) En los establecimientos subvencionados hacer obligatorio el pago de cobros que tengan carácter voluntario.”.

- En votación, la indicación número 79, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Letra j)

“j) Exigir cobros o aportes económicos a través de terceros prohibidos en la ley.”.

Letra k)

“k) Incurrir en atraso reiterado en el pago de las remuneraciones, cotizaciones provisionales y de salud de su personal, sin perjuicio de las facultades que sobre la materia detentan otros órganos.”.

La indicación número 80, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, propone eliminarla.

- En votación, la indicación número 80, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Letra l)

“l) Toda otra que haya sido expresamente calificada como grave en el decreto con fuerza de ley Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación, y en la normativa educacional.”.

- En votación el artículo 72 de la indicación sustitutiva, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación número 80 bis, para agregar en la letra d) la siguiente oración final:

“Esta infracción sólo podrá ser sancionada con la revocación del reconocimiento oficial.”.

- En votación, la indicación número 80 bis, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

ARTÍCULO 73

Inciso primero

“Artículo 73.- Son infracciones menos graves:”.

Letra a)

“a) Efectuar tardía o incompletamente la rendición de cuenta.”.

Letra b)

“b) Entregar la información requerida por la Superintendencia en forma incompleta o inexacta.”.

Letra c)

“c) Infringir los deberes y derechos establecidos en la normativa educacional que no sean calificados como infracción grave.”.

La indicación número 81, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, plantea eliminarla.

- En votación, la indicación número 81, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Letra d)

“d) Cobrar indebidamente valores superiores a los establecidos.”.

La indicación número 82, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega la siguiente frase inicial: “En los establecimientos subvencionados,”.

- En votación, la indicación número 82, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Letra e)

“e) No prestar el servicio educativo en conformidad a la ley, los reglamentos y los convenios respectivos.”.

La indicación número 83, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, plantea eliminarla.

- En votación, la indicación número 83, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Letra f)

“f) Toda otra infracción que sea expresamente calificada como tal en el decreto con fuerza de ley Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación, y en la normativa educacional.”.

Inciso segundo

“En caso de infracciones que tengan el carácter de menos graves, sólo podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa establecidas en esta ley.”.

- En votación el artículo 73 de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 74

“Artículo 74.- Son infracciones leves aquellas en que incurran los sostenedores y/o establecimientos educacionales, contra la normativa educacional y que no tengan señalada una sanción especial.

Las infracciones leves sólo serán sancionadas si no fueren subsanadas en el plazo que prudencialmente conceda al efecto el fiscalizador de la Superintendencia.

En este caso, podrán ser amonestados o sancionados con multa, a beneficio fiscal.”.

- En votación, el artículo 74, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 75

Inciso primero

“Artículo 75.- Constituyen circunstancias atenuantes de responsabilidad administrativa:”.

Letra a)

“a) Subsanar los incumplimientos reportados por la Superintendencia, dentro del plazo de 30 días contados desde la notificación.”.

- En votación, el encabezamiento y la letra a), del artículo 75, de la indicación sustitutiva, fueron aprobados, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Ruiz-Esquide.

Letra b)

“b) No haber sido sancionado con antelación con ninguna de las sanciones previstas en la legislación educacional.”.

La indicación número 84, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, reemplaza la frase “con antelación”, por “en los últimos dos años”.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación, con el objetivo de establecer un sistema de prescripción de las sanciones aplicadas por la Superintendencia, planteó el siguiente texto para la letra b) del artículo 75:

“No haber sido sancionado en los últimos cuatro años con ninguna de las sanciones previstas en la normativa educacional.”.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide manifestó su apoyo a la propuesta formulada por el representante del Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Letelier consideró que el plazo de cuatro años es muy bajo como para configurar una atenuante de responsabilidad administrativa en beneficio de los sostenedores de los establecimientos educacionales.

El Honorable Senador señor Cantero anunció que se abstendrá de votar la indicación número 84 con la indicación propuesta.

Posteriormente, el Honorable Senador señor Letelier planteó dejar pendiente la votación de la indicación número 84 y de la letra b), del artículo 75, de la indicación sustitutiva.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación número 84 bis, para reemplazar la letra b) por la siguiente:

“b) Que no le haya sido impuesta una de las sanciones previstas en la normativa educacional, en los últimos seis años por una infracción grave; en los últimos cuatro años por una infracción menos grave, y en los últimos dos años por una infracción leve.”.

- En votación, la indicación número 84 bis, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

- En consecuencia, se dan por rechazadas la indicación número 84 y la letra b), del artículo 75, de la indicación sustitutiva, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

Letra c)

“c) Concurrir a las oficinas de la Superintendencia y denunciar estar cometiendo, por sí, cualquier infracción a la normativa educacional.”.

- En votación, la letra c), del artículo 75, de la indicación sustitutiva, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Inciso segundo

“La circunstancia señalada en la letra c) sólo procederá cuando el sostenedor suministre información precisa, verídica y comprobable respecto de los hechos que constituyen la infracción y ponga fin, de inmediato, a los mismos.”.

- En votación, el inciso segundo, del artículo 75 de la indicación sustitutiva, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 76

Inciso primero

“Artículo 76.- Se considerarán circunstancias agravantes de responsabilidad:“.

Letra a)

“a) La no concurrencia de los sostenedores, representantes, administradores y dependientes de las instituciones fiscalizadas a las citaciones a declarar efectuadas por la Superintendencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 letra f) de la presente ley.”.

- En votación, el encabezamiento del inciso primero y su letra a), del artículo 76, de la indicación sustitutiva, fueron aprobados, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Letra b)

“b) El incumplimiento reiterado de las instrucciones formuladas por la Superintendencia.”.

La indicación número 85, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, propone eliminarla.

- En votación, la indicación número 85, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

- En votación, la letra b), del inciso primero, artículo 75, de la indicación sustitutiva, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación número 85 bis, para reemplazar la letra b) por la siguiente:

“b) El incumplimiento reiterado de las instrucciones formuladas por la Superintendencia. Se entenderá que son reiterados aquellos incumplimientos que, en un mismo año calendario, se repitan en dos o más ocasiones.”.

- En votación, la indicación número 85 bis, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

Letra c)

“c) Haber sido sancionado con antelación en virtud de alguno de los procesos administrativos previstos en la normativa educacional vigente.”.

La indicación número 86, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, intercala, entre las expresiones “con antelación” y “en virtud” la siguiente frase: “por los mismos hechos”.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación propuso el siguiente texto para la letra c), del inciso primero, del artículo 76, de la indicación sustitutiva:

“c) Haber sido sancionado en virtud de alguno de los procesos administrativos previstos en la normativa educacional vigente dentro de los últimos cuatro años.”.

El Honorable Senador señor Letelier planteó dejar pendientes la votación de la indicación número 86, y de la letra c) y del inciso final del artículo 76, de la indicación sustitutiva.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación número 86 bis, para agregar, en la letra c), la siguiente frase final:

“, en los términos establecidos en la letra b) del artículo anterior”.

- En votación, la indicación número 86 bis, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

- En consecuencia, se da por rechazada la indicación número 86, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

- A continuación, se pone en votación la letra c) del inciso primero, del artículo 76, de la indicación sustitutiva, la que fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

Inciso segundo

“En el caso de la letra c) de este artículo, la multa deberá ser aumentada hasta el doble, como máximo, conforme a los criterios señalados en el artículo 69 letra b) de la presente ley.”.

- En votación, el inciso segundo, del artículo 76, de la indicación sustitutiva, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

ARTÍCULO 77

“Artículo 77.- La sanción de multa no impide la aplicación de la inhabilitación temporal o perpetua de la calidad de sostenedor, ni la de revocación del reconocimiento oficial del Estado.”.

ARTÍCULO 78

“Artículo 78.- Tratándose de multa aplicada a establecimientos educacionales subvencionados, o que reciban aportes del Estado, el pago de la misma se efectuará a través del descuento, total o en cuotas, de la multa correspondiente de la subvención mensual a percibir. En el caso de establecimientos particulares pagados, las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República.

Un reglamento fijará la forma, modalidad y oportunidad del pago de la multa impuesta, así como su reintegro en los casos que corresponda.

Las multas impuestas por la Superintendencia serán de beneficio fiscal.

El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia, en conformidad a la ley, devengará los intereses y reajustes establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.”

- En votación, los artículos 77 y 78 de la indicación sustitutiva, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide.

La indicación número 87, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega el siguiente inciso final, nuevo:

“La Superintendencia deberá procurar, al momento de determinar el monto de la multa y su forma de pago, que el servicio educacional pueda seguirse prestando a los estudiantes del establecimiento en condiciones normales.”.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación señaló que esta norma está mal ubicada. Enseguida, planteó trasladarla al artículo 69, intercalándola como un nuevo inciso de la letra b), con la siguiente redacción:

“En el caso de los establecimientos educacionales regidos por los títulos I y II del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, la multa no podrá ser inferior al 5% ni exceder el 50% de la subvención mensual por alumno matriculado. Iguales porcentajes mínimos y máximos se aplicarán adicionalmente sobre el cobro mensual promedio del establecimiento, en el caso de los establecimientos educacionales regidos por el título II de la señalada ley.”.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que no comparte que se fije por ley un límite máximo a las multas que puede aplicar el Director Regional. Acotó que no le agrada que el legislador establezca rangos de multas, puesto que se continuará sancionando de acuerdo al tamaño de los establecimientos educacionales.

El Honorable Senador señor Chadwick señaló que el monto de la multa debe tener relación con la falta cometida y la capacidad del establecimiento educacional. En efecto, acotó que deben utilizarse estos dos criterios para evitar que se afecte la continuidad de la prestación del servicio educativo por parte del sostenedor sancionado.

El Honorable Senador señor Letelier opinó que prefiere que los montos de las multas se fijen en proporción al daño causado y no de acuerdo a rangso de porcentajes que fije el legislador. Sobre esta misma idea, precisó que la propuesta del representante del Ejecutivo podría ser inconstitucional.

- La indicación número 87 es retirada por el Honorable Senador señor Chadwick, como coautor de la misma.

ARTÍCULO 79

“Artículo 79.- En caso que la Superintendencia disponga la sanción de revocación del reconocimiento oficial del Estado, el Ministerio de Educación deberá adoptar todas las medidas que resulten pertinentes para asegurar el derecho a la educación de los alumnos, en coordinación con las facultades que detenta esta Superintendencia.”.

La indicación número 88, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega la siguiente oración final:

“Con todo, esta sanción no será aplicable mientras existan recursos judiciales pendientes que podrían revocar la decisión.”.

- La indicación número 88 es retirada por el Honorable Senador señor Chadwick, como coautor de la misma.

ARTÍCULO 80

“Artículo 80.- En contra de la resolución del Director Regional que aplique cualquiera de las sanciones señaladas, procederán los recursos administrativos que establece la ley Nº 19.880.”.

- En votación, los artículos 79 y 80, de la indicación sustitutiva, fueron aprobados, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

ARTÍCULO 81

“Artículo 81.- Los afectados que estimen que las resoluciones del Superintendente no se ajustan a la normativa educacional, podrán reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación de la resolución que se impugna, para que las deje sin efecto.”.

La Corte deberá pronunciarse en cuenta sobre la admisibilidad del recurso.

Admitido el recurso, la Corte de Apelaciones dará traslado de éste a la Superintendencia, notificándola por oficio, y ésta dispondrá del plazo de diez días, contado desde que se notifique la apelación interpuesta, para evacuar el informe respectivo.

Evacuado el traslado por la Superintendencia, o vencido el plazo de que dispone para emitir su informe, la Corte ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala.

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días, la cual podrá ser apelada ante la Corte Suprema dentro del plazo de diez días hábiles, la que resolverá en cuenta.”.

La indicación número 89, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, reemplazar en los incisos primero y tercero, la expresión “diez días” por “quince días”.

- En votación, la indicación número 89, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

La indicación número 90, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega, al inciso cuarto, la siguiente oración final:

“La Corte podrá, cuando existan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días.”.

- La indicación número 90 es retirada por el Honorable Senador señor Chadwick, como coautor de la misma.

La indicación número 91, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega, a continuación del artículo 83, el siguiente artículo 83 bis, nuevo:

“Artículo 83 bis.- La Superintendencia no podrá, por alteraciones o cambios en sus instrucciones de carácter general o en los criterios públicamente conocidos de fiscalización o sanción respecto de determinados hechos, sancionar en términos más gravosos a un infractor respecto de eventos acontecidos con anterioridad a dichos cambios.”.

- La indicación número 91 es retirada por el Honorable Senador señor Chadwick, como coautor de la misma.

“Artículo 82.- Contra la sanción de amonestación no procederá recurso administrativo alguno.”.

“Artículo 83.- La Superintendencia no podrá aplicar ningún tipo de sanción luego de transcurridos cuatro años desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho. El inicio de la investigación respectiva suspenderá este plazo de prescripción.

Todo proceso que inicie la Superintendencia deberá concluir en un plazo que no exceda los dos años.”.

- En votación, los artículos 82 y 83, de la indicación sustitutiva, fueron aprobados, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier, Núñez y Sabag.

Párrafo 6°

“Párrafo 6°

Del Administrador Provisional.”.

- En votación el texto del encabezamiento del Párrafo 6° de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier, Núñez y Sabag.

ARTÍCULO 84

Inciso primero

“Artículo 84.- La Superintendencia de Educación, mediante resolución fundada, podrá nombrar un Administrador Provisional, para que asuma las funciones que competen al sostenedor de un establecimiento educacional subvencionado o que reciba aportes del Estado, con el objeto de asegurar el adecuado funcionamiento de dicho establecimiento y la continuidad del servicio educativo.”.

La indicación número 92, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, intercala, entre las palabras “aportes” y “del Estado”, la voz “regulares”.

- En votación, la indicación número 92, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Sabag.

Inciso segundo

“El administrador provisional durará en su cargo sólo hasta el término del año escolar en curso, salvo lo establecido en el inciso segundo del artículo 91 de la presente ley.”.

- En votación, el artículo 84, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Sabag.

ARTÍCULO 85

“Artículo 85.- No podrá ser nombrado como Administrador Provisional de un establecimiento educacional:

a) El cónyuge, ni los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del sostenedor del establecimiento educacional y de quienes hayan sido directores titulares o administradores de la persona jurídica;

b) Los acreedores o deudores del sostenedor o que tengan algún interés pecuniario directo en empresas relacionadas;

c) Los administradores de bienes del sostenedor.

Sin perjuicio de lo anterior, regirán respecto de estas personas las inhabilidades de los artículos 54 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.”.

- En votación, el artículo 85 de la indicación sustitutiva, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Sabag.

ARTÍCULO 86

“Artículo 86.- Sólo se podrá nombrar un Administrador Provisional en los siguientes casos:”.

Letra a)

“a) Cuando el establecimiento educacional se mantenga en la categoría de Desempeño Insatisfactorio por más de cuatro años consecutivos y exista riesgo de afectar la continuidad del año escolar.”.

Letras b), d) y e)

“b) Cuando el sostenedor se ausente injustificadamente, poniendo en riesgo la continuidad del año escolar.

d) Cuando exista atraso reiterado en el pago de las remuneraciones, cotizaciones previsionales y/o de salud del personal del establecimiento. Se entenderá por atraso reiterado la mora total o parcial en el pago de dos meses consecutivos o de tres en un período de seis.

e) Cuando, por causa imputable al sostenedor, se suspendan los servicios básicos para el buen funcionamiento del local escolar. Se entenderá por suspensión reiterada la no disponibilidad del servicio básico en un período de tres días hábiles consecutivos o cinco días hábiles en un período de seis meses.”.

La indicación número 93, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, propone suprimirlas.

- En votación, la indicación número 93, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Letelier, Núñez y Sabag.

Letra c)

“c) Cuando, por razones imputables al sostenedor, se haga imposible la mantención del servicio educativo a consecuencia de sanciones, medidas precautorias, embargos, ejecuciones, retiros que afecten al establecimiento educacional o a su mobiliario.”.

Letra d)

“d) Cuando exista atraso reiterado en el pago de las remuneraciones, cotizaciones previsionales y/o de salud del personal del establecimiento. Se entenderá por atraso reiterado la mora total o parcial en el pago de dos meses consecutivos o de tres en un período de seis.”.

Letra e)

“e) Cuando, por causa imputable al sostenedor, se suspendan los servicios básicos para el buen funcionamiento del local escolar. Se entenderá por suspensión reiterada la no disponibilidad del servicio básico en un período de tres días hábiles consecutivos o cinco días hábiles en un período de seis meses.”.

La indicación número 94, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, reemplaza, las expresiones “tres días” y “cinco días” por “cinco días” y “diez días”, respectivamente.

El Honorable Senador señor Letelier pidió dejar constancia de que la letra e), del artículo 86, de la indicación sustitutiva solo se refiere al caso en que por causas imputables al sostenedor de un establecimiento educacional se suspendan los servicios básicos, lo que impide el buen funcionamiento del local escolar y no a situaciones de fuerza mayor, ajenas a la voluntad del sostenedor.

- En votación, la indicación número 94, fue rechazada, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan en contra los Honorables Senadores señores Letelier, Núñez y Sabag, y a favor los Honorables Senadores señores Cantero y Chadwick.

La indicación número 95, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, añade el siguiente inciso final, nuevo:

“Decretada la designación del Administrador Provisional, la Superintendencia remitirá todos los antecedentes y la respectiva resolución a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón, el que deberá evacuarse, si corresponde, dentro del plazo de cinco días.”.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación, advirtió que la indicación número 95 es inadmisible, por cuanto regula una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, al crear nuevas funciones para la Superintendencia de Educación y la Contraloría General de la República, todo esto en conformidad al artículo 65, inciso cuarto, numeral 2°, de la Constitución Política de la República.

El Honorable Senador señor Letelier anunció su voto en contra, porque entiende que la indicación número 95 limita las facultades de la Superintendencia de Educación.

- En votación, la indicación número 95, fue aprobada, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan a favor los Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick Núñez y Sabag, y en contra el Honorable Senador señor Letelier.

A continuación, el Presidente de la Comisión, solicitó a ésta la unanimidad para acordar la repetición de la votación. Acordada ésta por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier , Núñez y Sabag, fue rechazada la indicación número 95, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan en contra los Honorables Senadores señores Letelier, Núñez y Sabag, y a favor los Honorables Senadores señores Cantero y Chadwick.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación número 95 bis, para agregar, en el artículo 86, el siguiente inciso final nuevo:

“El nombramiento del administrador provisional en los casos señalados en las letras b), c) y d), será una atribución privativa e indelegable del Superintendente.”.

- En votación, la indicación número 95 bis, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick Letelier, Núñez y Sabag.

- En votación, el artículo 86, de la indicación sustitutiva, fue aprobado con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick Letelier, Núñez y Sabag.

ARTÍCULO 87

“Artículo 87.- Al asumir sus funciones, el Administrador Provisional levantará un acta que dé cuenta del estado administrativo y financiero del establecimiento educacional, que será entregada a la Superintendencia.

Además, dentro de los 20 días siguientes a su nombramiento, deberá presentar un plan de trabajo, que deberá ser aprobado por el Superintendente.

El administrador provisional deberá presentar informes trimestrales de avance de su gestión y dar cuenta documentada de ella al Superintendente de Educación al término de sus funciones.

Una vez que la rendición de cuenta haya sido aprobada por la Superintendencia, ella será incorporada a un registro de carácter público, de conformidad a lo dispuesto en el reglamento.

El Administrador Provisional responderá de la culpa leve en su administración.”.

ARTÍCULO 88

“Artículo 88.- Desde la fecha de designación del Administrador Provisional, el sostenedor del establecimiento será sustituido por éste para todos los efectos legales, quedando inhabilitado para percibir la subvención educacional.

Sin perjuicio de lo anterior, el sostenedor será responsable de todas las obligaciones que se hubieren generado en virtud del funcionamiento del establecimiento educacional con antelación al inicio de la Administración Provisional.

El nombramiento de administrador provisional procederá sin perjuicio de hacer efectiva la garantía establecida en el artículo 56 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación.”.

ARTÍCULO 89

“Artículo 89.- El Administrador Provisional asumirá las facultades que competen al sostenedor del establecimiento educacional en el cual desempeñará su cargo y tendrá las facultades consignadas en el artículo 2.132 del Código Civil.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Administrador Provisional tendrá, especialmente, las siguientes facultades:

a) Asumir la representación legal del establecimiento, sea particular subvencionado, municipal o cuyo sostenedor sea otra entidad creada por ley;

b) Asegurar la continuidad escolar y la disponibilidad de matrícula para los alumnos del establecimiento, de conformidad a lo establecido en esta ley;

c) Percibir y administrar los recursos de que trata el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación;

d) Pagar las obligaciones derivadas del servicio educacional desde el momento que asume sus funciones, con el límite de los recursos que reciba para su gestión, de acuerdo a las prioridades que establezca, y considerando el buen desempeño del establecimiento educacional;

e) Poner término a la relación laboral del personal del establecimiento educacional, y

f) Constituir prenda sobre los bienes del establecimiento a fin de garantizar su buen funcionamiento.

g) Devolver la administración de los bienes al sostenedor al término de su gestión.

Las facultades del Administrador Provisional serán indelegables.”.

ARTÍCULO 90

“Artículo 90.- El nombramiento de un Administrador Provisional, en el caso de la letra a) del artículo 86 de la presente ley, podrá tener por objeto hacer efectiva la revocación del reconocimiento oficial del establecimiento, siempre que existan establecimientos cercanos que impartan el mismo nivel educativo, clasificados en una categoría superior.

Para proceder a cerrar el establecimiento el Administrador Provisional deberá dar continuidad al servicio educativo, por el período que reste hasta el término del año escolar, asegurando la matrícula disponible a los alumnos para el año escolar siguiente en otros establecimientos educacionales.”.

ARTÍCULO 91

“Artículo 91.- El Administrador Provisional tendrá facultades para reestructurar un establecimiento educacional, siempre que se trate de establecimientos educacionales administrados por municipalidades, sea directamente o por sus corporaciones municipales, o administrados por otras entidades creadas por ley, y no existan establecimientos cercanos que impartan el mismo nivel educativo, clasificados en mejor categoría.

El Administrador Provisional se hará cargo de las obligaciones legales hasta la entrega del establecimiento educacional a la Municipalidad o corporación respectiva, o a la entidad creada por ley que corresponda, la que deberá materializarse dentro del plazo de tres años, contado desde la fecha de su nombramiento.”.

- En votación, los artículos 87, 88, 89, 90 y 91, de la indicación sustitutiva, fueron aprobados, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier, Núñez y Sabag.

ARTÍCULO 92

“Artículo 92.- Para los efectos de lo dispuesto en este Párrafo, se entiende por establecimientos cercanos, aquellos cuyos sostenedor sea una Municipalidad, una corporación municipal u otra entidad creada por ley, y que se encuentren emplazados en la misma comuna y tengan matrícula disponible para atender las necesidades educativas que se generen, salvo que estén ubicados en zonas de aislamiento geográfico o de difícil acceso.”.

La indicación número 96, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, reemplaza la frase “cuyos sostenedor sea una Municipalidad, una corporación municipal u otra entidad creada por ley, y” por la siguiente: “establecimientos subvencionados”.

Se planteó el siguiente texto para el artículo 92:

“Para los efectos de lo dispuesto en este Párrafo, se entiende por establecimientos cercanos, aquellos establecimientos subvencionados gratuitos, que acepten a esos alumnos sin procesos de selección y que se encuentren emplazados en la misma comuna y tengan matrícula disponible para atender las necesidades educativas que se generen, salvo que estén ubicados en zonas de aislamiento geográfico o de difícil acceso.”.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación indicó que la finalidad del artículo 92, de la indicación sustitutiva es permitir la continuidad del servicio educativo. La idea, continuó es que esta norma también se extienda a los colegios subvencionados gratuitos.

El Honorable Senador señor Letelier sostuvo que prefiere agregar en el texto del artículo 92, de la indicación sustitutiva la referencia a los colegios subvencionados gratuitos.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación informó que los colegios subvencionados gratuitos son de escaso número.

Enseguida, planteó agregar en el texto del artículo 92, de la indicación sustitutiva, a continuación, de la frase “u otra entidad creada por ley,” la siguiente oración “o los establecimientos particulares subvencionados gratuitos, que acepten a esos alumnos sin proceso de selección,”.

Finalmente, se acuerda aprobar el siguiente texto:

“Artículo 92.- Para los efectos de lo dispuesto en este Párrafo, se entiende por establecimientos cercanos, aquellos cuyo sostenedor sea una Municipalidad, una corporación municipal u otra entidad creada por ley, o los establecimientos particulares subvencionados gratuitos, que acepten a esos alumnos sin proceso de selección, y que se encuentren emplazados en la misma comuna y tengan matrícula disponible para atender las necesidades educativas que se generen, salvo que estén ubicados en zonas de aislamiento geográfico o de difícil acceso.”.

- En votación, la indicación número 96, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier, Núñez y Sabag.

- Consecuencialmente, se aprueba con modificaciones el artículo 92 de la indicación sustitutiva, con la misma votación anterior.

ARTÍCULO 93

“Artículo 93.- Ningún establecimiento podrá ser objeto de restructuración más de dos veces en un período de diez años.

Si el establecimiento educacional resulta clasificado como insatisfactorio después de finalizada la segunda reestructuración dentro de tal período, la Agencia de Calidad comunicará la situación a la Superintendencia para que ésta inicie el procedimiento administrativo para revocar el reconocimiento oficial del establecimiento.”.

ARTÍCULO 94

“Artículo 94.- Créase un Registro Público de Administradores Provisionales, a cargo de la Superintendencia, que incluirá las personas naturales y jurídicas, habilitadas para cumplir las funciones de Administrador Provisional.

Un reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir las personas para el ingreso y permanencia en el registro o subregistros que se creen; procedimiento de selección, mecanismos de evaluación y acreditación de ellas; tiempo de duración en el registro y causales que originan la salida de éste, a fin de asegurar la idoneidad del Administrador Provisional y la efectividad de su gestión.”.

ARTÍCULO 95

“Artículo 95.- Los honorarios del Administrador Provisional serán pagados con cargo a la subvención que le corresponda recibir al establecimiento, conforme a la ley. En la parte no cubierta por estos recursos, será cubierta por la Superintendencia.”.

- En votación, los artículos 93, 94 y 95 de la indicación sustitutiva, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier, Núñez y Sabag.

Párrafo 7º

“Párrafo 7º

De la Organización de la Superintendencia.”.

- En votación, el texto del encabezamiento del Párrafo 7° de la indicación sustitutiva, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier, Núñez y Sabag.

ARTÍCULO 96

“Artículo 96.- Un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, con el título de Superintendente de Educación, será el Jefe Superior de la Superintendencia y tendrá la representación judicial y extrajudicial de la misma. Dicho funcionario estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.”.

ARTÍCULO 97

“Artículo 97.- Corresponderá al Superintendente especialmente:

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia y ejercer, respecto de su personal, las atribuciones propias de su calidad de Jefe Superior de Servicio.

b) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Superintendencia.

c) Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio. En el ejercicio de estas facultades podrá administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza.

d) Nombrar y remover al personal del Servicio, de conformidad a la presente ley y a las normas estatutarias.

e) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia, de conformidad a la ley.

f) Contratar las labores operativas de inspección o verificación del cumplimiento de las normas de su competencia a terceros idóneos debidamente certificados conforme al reglamento respectivo.

g) Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas, elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento.

h) Conocer y resolver los recursos que la ley establece.

i) Imponer las sanciones y multas que establece la presente ley y las demás disposiciones legales que regulen la actividad educacional e informar de éstas al Ministerio de Educación, para que sean incorporadas en el registro correspondiente.

j) Ejercer las demás atribuciones que le encomienden las leyes y reglamentos.

Sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Superintendente deberá poner en conocimiento de los demás organismos fiscalizadores los antecedentes de que disponga o de que tome conocimiento, para que éstos ejerzan a su vez las facultades que les sean propias.”.

- En votación, los artículos 96 y 97 de la indicación sustitutiva, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier, Núñez y Sabag.

La indicación número 97, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, incorpora, a continuación del artículo 97, los siguientes artículos nuevos:

“Artículo 97 bis.- El Superintendente contará con el apoyo de un Consejo Asesor compuesto por cinco miembros de destacada trayectoria en materias educacionales nombrados por el Ministro de Educación previa selección conforme al Sistema de Alta Dirección Pública. Los miembros del Consejo serán nombrados por un período de seis años, pudiendo ser designados por un nuevo período. Los consejeros se renovarán por parcialidades de tres y dos consejeros cada tres años, respectivamente.

Artículo 97 ter.- Corresponderá al Consejo Asesor asesorar técnicamente al Superintendente en todas aquellas materias en que éste solicite su pronunciamiento. Con todo, el Superintendente deberá solicitarlo cuando se traten del ejercicio de las atribuciones referidas en el artículo 47 letra h), i), k) y l). El Consejo Asesor podrá, cuando así lo estime la mayoría de sus miembros, emitir su opinión sobre un tema distinto de los mencionados.”.

Artículo 97 quater.- Un reglamento dictado por el Ministerio de Educación determinará las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación de sus miembros y los aspectos necesarios para el correcto funcionamiento del Consejo Asesor.”.

El Presidente de la Comisión declaró inadmisible la indicación número 97, por cuanto regula materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, al facultar a la Superintendencia de Educación a crear un órgano asesor, asignándole funciones y atribuciones, todo esto en conformidad del artículo 65, inciso cuarto, numeral 2°, de la Constitución Política de la República.

ARTÍCULO 98

“Artículo 98.- La Superintendencia se desconcentrará territorialmente a través de Direcciones Regionales de conformidad a lo establecido en la ley.”.

ARTÍCULO 99

“Artículo 99.- El personal de la Superintendencia se regulará por las normas de esta ley, por el D.F.L. a que se refiere el artículo tercero transitorio y por los reglamentos que de conformidad a ella se dicten. Supletoriamente, le serán aplicables las normas del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.”.

- En votación, los artículos 98 y 99 de la indicación sustitutiva, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier, Núñez y Sabag.

ARTÍCULO 100

Inciso primero

“Artículo 100.- El Superintendente, con sujeción a la planta de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.”.

El Honorable Senador señor Cantero pidió votación separada de cada uno de los incisos del artículo 100, de la indicación sustitutiva.

- En votación, el inciso primero, del artículo 100, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

Inciso segundo

“El personal a contrata de la Superintendencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Superintendente. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Superintendencia.”.

La indicación número 98, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, suprime su oración final.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que el inciso segundo, del artículo 100, de la indicación sustitutiva, corresponde más bien a un artículo transitorio.

La Abogada de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda explicó que esta norma permite que el personal a contrata pueda acceder a cargos directivos e informó que este artículo ya ha sido incorporado en la ley que regula la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

El Honorable Senador señor Letelier pidió al Ejecutivo que incorpore un artículo transitorio, nuevo, para limitar el número del personal a contrata en la fase inicial de la Superintendencia de Educación.

La Abogada de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda se comprometió a enviar a la Comisión el modelamiento del personal de la Superintendencia de Educación y del traspaso del personal desde el Ministerio de Educación. Sobre este mismo tema, informó que la gran mayoría del personal de la Superintendencia de Educación provendrá del Ministerio de Educación y que en un reducido número se contratará a personal nuevo. Agregó que el personal del Ministerio de Educación será traspasado y encasillado en el cargo que corresponda.

El Honorable Senador señor Cantero opinó que este tipo de normas atentan contra el Estatuto Administrativo y señaló que le preocupa que personal a contrata ejerza cargos directivos, porque consideró que quienes ejercen cargos de jefaturas deben tener estabilidad y solvencia en su empleo.

El Honorable Senador señor Letelier solicitó al Ministerio de Educación un seguimiento detallado del traspaso de los funcionarios desde el Ministerio de Educación.

El Honorable Senador señor Núñez consultó por qué se recurre al límite del 7% del personal a contrata.

La Abogada de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda explicó que esta es una cifra histórica que ha sido utilizada en los textos legales en que se crean la Superintendencia de Salud y la de Servicios Sanitarios.

- En votación, la indicación número 98, fue rechazada, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan en contra los Honorables Senadores señores Cantero y Chadwick, a favor el Honorable Senador señor Núñez, y se abstiene el Honorable Senador señor Letelier.

El Honorable Senador señor Cantero sostuvo que el personal a contrata y a honorarios ha perjudicado a la carrera funcionaria, puesto que por esta vía se han duplicado las plantas de los servicios públicos, sin realizar los ajustes necesarios para aumentar las respectivas plantas. En este contexto, anunció su voto en contra.

El Honorable Senador señor Núñez apoyó el planteamiento formulado por el Honorable Senador señor Cantero. Sin perjuicio de lo anterior, acotó que mejorar la situación de la carrera funcionaria debe necesariamente modificarse el Estatuto Administrativo.

- En votación, el inciso segundo, del artículo 100, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan a favor los Honorables Senadores señores Chadwick, Núñez y Letelier, y en contra el Honorable Senador señor Cantero.

Inciso tercero

“El personal que preste servicios sobre la base de honorarios, se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.”.

La indicación número 99, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega la siguiente frase final:

“y tendrán la calidad de agentes públicos con la consecuente responsabilidad penal y administrativa, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de su superior jerárquico”.

- En votación, la indicación número 99, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

- En votación, el inciso tercero, del artículo 100, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

ARTÍCULO 101

“Artículo 101.- El Superintendente podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la administración civil del Estado, sin que rijan las limitaciones establecidas por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes.”.

ARTÍCULO 102

“Artículo 102.- El personal de la Superintendencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos administrativos, lo que no obsta a las sanciones penales que procedan.”.

ARTÍCULO 103

“Artículo 103.- El personal de la Superintendencia tendrá prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su fiscalización otros servicios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta. Cualquiera infracción a esta norma será constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan de conformidad a la ley.”.

- En votación, los artículos 101, 102 y 103 de la indicación sustitutiva, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

ARTÍCULO 104

“Artículo 104.- Sin perjuicio de las causales previstas en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo, para la cesación del cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

a) Necesidades de la Superintendencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Superintendencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II nivel jerárquico de la Superintendencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Superintendente ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que se adopten y la forma y oportunidad en que se recepcione la información y antecedentes requeridos al efecto.

b) Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a) precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación número 99 bis, para reemplazar en el párrafo segundo, de la letra a), los vocablos “servirán de” por “serán la”.

El Jefe de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación explicó que la indicación 99 bis busca que los informes que realizan los Altos Directivos Públicos del nivel II de la Superintendencia de Educación sean la base para que el Superintendente de Educación pueda declarar vacante un cargo de planta por la causal necesidades de la Superintendencia de Educación.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación recordó que esta misma figura se da en la Agencia de Calidad, como consta en el artículo 43 de este proyecto de ley.

El Honorable Senador señor Letelier propuso rechazar la indicación número 99 bis en el entendido de que estos informes siempre serán vinculantes para la autoridad de la Superintendencia de Educación.

- En votación, la indicación número 99 bis, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

- En consecuencia, se da por aprobado, el artículo 104, de la indicación sustitutiva, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

ARTÍCULO 105

“Artículo 105.- El personal de la Superintendencia que detente cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos deberá desempeñarse con dedicación exclusiva. Sin perjuicio de lo anterior, podrá realizar labores docentes en los términos del artículo 8° de la Ley N° 19.863, ejercer los derechos que le atañen personalmente, percibir los beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable y los emolumentos que provengan de la administración de su patrimonio.”.

ARTÍCULO 106

“Artículo 106.- La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos.”.

- En votación, los artículos 105 y 106, de la indicación sustitutiva, fueron aprobados, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

Párrafo 8º

“Párrafo 8º

Del Patrimonio.”.

- En votación, el texto del encabezamiento del Párrafo 8° de la indicación sustitutiva, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

ARTÍCULO 107

Inciso primero

“Artículo 107.- El patrimonio de la Superintendencia estará constituido por:”.

Letra a)

“a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;”.

Letra b)

b) Los recursos otorgados por leyes especiales;

Letra c)

“c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o que adquiera a cualquier título;”.

La indicación número 100, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, reemplaza la expresión “a cualquier título” por “a título oneroso”.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación señaló que al indicación número 100 es inadmisible, por cuanto regula materias de iniciativas exclusivas del Presidente de la República, puesto que establece que los bienes que conforman el patrimonio de la Superintendencia de Educación sólo podrán ser adquiridos a título oneroso, lo que implica que se inmiscuye en temas relativos a la administración financiera del Estado, todo esto en conformidad del artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República.

Por su parte, la Abogada de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda indicó que en esta norma se regula la configuración del patrimonio de la Superintendencia de Educación y informó que el tema de las dádivas y sobornos a la autoridad se vincula más bien a la Ley sobre Probidad Administrativa.

- En votación, la indicación número 100, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

Letra d)

“d) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios;”.

Letra e)

“e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;”.

La indicación número 101, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, propone eliminarla.

La indicación número 102, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, en subsidio de la anterior, plantea reemplazarla por la siguiente:

“e) Las herencias y legados que acepten, lo que deberán hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.”.

- En votación, las indicaciones números 101 y 102, fueron rechazadas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación número 102 bis, para reemplazar la letra e) por la siguiente:

“e) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.”.

- En votación la indicación número 102 bis, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

Letra f)

“f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y”.

Letra g)

“g) Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.”.

Inciso segundo

“La Superintendencia estará sujeta a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado y sus disposiciones complementarias.”.

- En votación el artículo 107 de la indicación sustitutiva, fue aprobado con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

TÍTULO IV

“TÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES”.

- En votación el texto del encabezamiento del Título IV de la indicación sustitutiva, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

ARTÍCULO 108

“Artículo 108.- Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.”.

ARTÍCULO 109

“Artículo 109.- En los casos no contemplados en la presente ley, la entrega de información que se requiera a estos órganos, se someterá al procedimiento establecido en los artículos 13 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000.”.

ARTÍCULO 110

“Artículo 110.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y en lo que faltare con cargo a la partida Presupuestaria del Tesoro Público.”.

ARTÍCULO 111

“Artículo 111.- Un reglamento establecerá los mecanismos que permitan una coordinación eficaz entre los órganos del Estado que componen el Sistema.

Las visitas inspectivas, evaluativas o de fiscalización que realicen los órganos mencionados deberán realizarse coordinadamente.

La Agencia deberá informar a la Superintendencia de Educación, la exclusión indebida de alumnos de bajo rendimiento de las mediciones, filtración de pruebas o cualquier otro intento de manipulación de los resultados de las mediciones de aprendizaje, con el objeto que adopte las medidas pertinentes y aplique las sanciones que corresponda de conformidad a la ley.

Para la elaboración, mantención y actualización de los Registros que se creen en virtud de esta ley, el Ministerio, la Superintendencia y la Agencia de Calidad tendrán libre acceso a la información que cada uno posea, recíprocamente.”.

- En votación los artículos 108, 109, 110 y 111 de la indicación sustitutiva, fueron aprobados, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

ARTÍCULO 112

“Artículo 112.- Modifíquese la ley Nº 18.956, que Reestructura el Ministerio de Educación en el siguiente sentido:”.

- En votación, el encabezamiento, del artículo 112, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez.

Numeral 1

“1.- Sustitúyase el artículo 1º por el siguiente:

“El Ministerio de Educación es la Secretaría de Estado encargada de fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades; promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal al primer y segundo nivel de la educación parvularia; financiar un sistema gratuito destinado a garantizar el acceso de toda la población a la educación básica y media; promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales de la persona humana; fomentar la cultura de la paz; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística, la práctica del deporte y la protección y conservación del patrimonio cultural.”.”.

La indicación número 103, de los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, agregar, a continuación de la palabra “acceso”, la expresión: “y la permanencia”.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación hizo presente la inadmisibilidad de la indicación número 103, por cuanto regula materias de iniciativas exclusivas del Presidente de la República, al buscar que se asegure también la permanencia al primer y segundo nivel de la educación parvularia, lo incidiría en la administración financiera y presupuestaría del Estado, todo esto en conformidad del artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República.

- En votación, la indicación número 103, fue rechazada, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan en contra los Honorables Senadores señores Cantero y Chadwick, a favor el Honorable Senador señor Núñez, y se abstiene el Honorable Senador señor Letelier.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo presentó la indicación número 103 bis, para intercalar, en su Nº 1, entre las expresiones “y media” y “;promover” la siguiente frase:

“generando las condiciones para la permanencia en los mismos de conformidad a la ley”.

El Honorable Senador señor Letelier consultó sobre el sentido de la expresión “generando”.

El Honorable Senador señor Cantero explicó que esta expresión no garantiza la permanencia de los alumnos en la educación básica y media, puesto que el Estado sólo se obliga a promover su permanencia.

- En votación, la indicación número 103 bis, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez, y Letelier.

- En consecuencia, el numeral 1°, del artículo 112, de la indicación sustitutiva, fue aprobado con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez, y Letelier.

Numeral 2

“2.- Elimínese la letra c) del artículo 2º.”.

Numeral 3

“3.- Intercálese, a continuación del artículo 2º, el siguiente artículo 2º bis nuevo:

“Artículo 2º bis.- Sin perjuicio de las funciones señaladas en el artículo anterior, también corresponderá al Ministerio:

a) Elaborar las bases curriculares y los planes y programas de estudio para la aprobación del Consejo Nacional de Educación;

b) Formular los estándares de aprendizaje de los alumnos y los estándares indicativos de desempeño para docentes, docente directivos, sostenedores y establecimientos educacionales para la aprobación del Consejo Nacional de Educación, cuando corresponda;

c) Proponer y evaluar las políticas y diseñar e implementar programas y las acciones de apoyo técnico pedagógico para docentes, equipos directivos, asistentes de la educación, sostenedores y establecimientos educacionales;

d) Proponer y evaluar las políticas relativas a la formación inicial y continua de docentes;

e) Determinar, en coordinación con la Agencia de Calidad, el plan de mediciones nacionales e internacionales de los niveles de aprendizaje de los alumnos para la aprobación del Consejo Nacional de Educación.

f) Desarrollar estadísticas, indicadores y estudios del sistema educativo, en el ámbito de su competencia, y poner a disposición del público la información que con motivo del ejercicio de sus funciones recopile. Esta información será pública y de libre acceso para todo el que tenga interés en consultarla. No obstante, tendrá carácter confidencial respecto de la identidad de los alumnos y los docentes evaluados de conformidad a la ley;

g) Establecer y administrar los registros públicos que determine la ley, y

h) Ejecutar, las sanciones que disponga la Superintendencia de Educación o, en su caso, aplicar las sanciones en los ámbitos que determinen las leyes.”.”.

Número 4

“4.- Intercálese, a continuación del artículo 2º bis nuevo, el siguiente artículo 2º ter nuevo:

“Artículo 2º ter.- Dentro de la función de apoyo técnico pedagógico a los sostenedores y sus establecimientos educacionales y a las instituciones de apoyo técnico pedagógico, al Ministerio le corresponderá asesorar, directamente o a través de terceros, elegidos por el sostenedor de entre los sujetos registrados según el artículo 19 letra d), en los procesos de mejora de la calidad educativa.

En el caso de los establecimientos que reciban la subvención creada por la ley Nº 20.248, este apoyo se financiará con cargo a los recursos que ella establece.”.

La indicación número 104, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, plantea suprimirlo.

- La indicación número 104 fue retirada por su autor.

La indicación número 105, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agregar el siguiente número 4 bis, nuevo:

“4 bis.- Para suprimir, en la letra c) del artículo 3°, la expresión “y territoriales que correspondan”, reemplazándola por un punto aparte.

- En votación, la indicación número 105, fue rechazada, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan en contra los Honorables Senadores señores Cantero, Núñez, y Letelier, y a favor el Honorable Senador señor Chadwick.

Número 5

“5.- Elimínese, en el artículo 4º, la expresión “Jefe Superior del Ministerio y”.”.

Número 6

“6.- Agréguese al artículo 6º, a continuación de la expresión “del Ministro”, la frase “y el Jefe Administrativo del Ministerio”.”.

- En votación, los numerales 2, 3, 4, 5 y 6, del artículo 112, de la indicación sustitutiva, fueron aprobados, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Letelier.

Número 7

“7.- Reemplácese, en el artículo 15, en su inciso segundo, la expresión “y de inspección y control de subvenciones”, por la frase “y las vinculadas a la inspección del pago de las subvenciones”.”.

- En votación, el numeral 7, del artículo 112, de la indicación sustitutiva, fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

Número 8

“8.- Elimínese, en el artículo 16, en su inciso primero, la expresión “y financiera”.”.

- En votación el numeral 8, del artículo 112 de la indicación sustitutiva, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

La indicación número 106, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega el siguiente número 8 bis, nuevo:

“8 bis.- Elimínese el artículo 16.”.

- En votación, la indicación número 106, fue rechazada, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan en contra los Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Sabag, y a favor el Honorable Senador señor Chadwick.

Número 9

“9.- Incorpórese el siguiente Título III nuevo, a la ley Nº 18.956, pasando el actual Título III a ser Título IV, ordenándose sus artículos correlativamente:”.

“TÍTULO III

De los requerimientos de información, de la Ficha Escolar y los registros

Artículo 17.- Para los efectos de los registros establecidos en la ley, los sostenedores deberán proporcionar toda la información solicitada por el Ministerio de Educación relativa a repitencia, promoción, abandono y retiro de alumnos, compromisos de gestión o metas institucionales del establecimiento. Asimismo, cuando corresponda, deberán informar sobre los programas de apoyo propios o con otras instituciones u organismos, cobros efectuados en los establecimientos en que así procediere y aquella información mencionada en el artículo 8º de la ley Nº 19.979, en los casos que corresponda.

Artículo 18.- A partir de la información a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Educación elaborará una Ficha Escolar que resumirá la información relativa a cada establecimiento educacional.

La Ficha Escolar será publicada en la página Web del Ministerio de Educación. Esta información estará a disposición de cualquier interesado.

Un reglamento fijará la forma, modalidad y periodicidad en que deberá requerirse y publicarse la información establecida en el presente artículo y el anterior, en especial el contenido de la Ficha Escolar.

Artículo 19.- Los Registros de Información comprenderán, al menos, los siguientes:

a) Registros de Sostenedores, el que deberá incluir, al menos, la constancia de su personalidad jurídica, representante legal, establecimientos que administra e historial de infracciones, si las hubiere. En el caso de percibir subvención y/o aportes estatales, deberá también informarse sobre origen y monto de todos los recursos recibidos y planes de desarrollo.

b) Registros de Establecimientos Reconocidos Oficialmente, donde deberá incluirse, al menos, el nombre y domicilio del establecimiento educacional, identificación del sostenedor y representante legal, constancia del acto administrativo por medio del cual se otorgó el reconocimiento oficial y su fecha, nivel de enseñanza y modalidad que imparte y la información pertinente relativa a alumnos, directivos, docentes y asistentes de la educación. Asimismo, deberá contemplar indicadores de eficacia y eficiencia interna y fuentes de recursos y monto de los mismos.

En el caso de los establecimientos que reciban Subvenciones y/o Aportes Estatales, deberá incluir además, la individualización de los integrantes del Consejo Escolar e información sobre el Plan de Mejoramiento Educativo, si lo tuviere.

c) Registro de Docentes, el que deberá incluir el nombre, títulos y otras certificaciones de competencia, establecimiento educacional donde se desempeña, sectores de aprendizaje y cursos en que ejerce, premios y/o sanciones recibidas y otros antecedentes relativos a la idoneidad para ejercer la profesión, de conformidad a la ley. La información para confeccionarlo, deberá ser proporcionada por el sostenedor para quien trabaja el docente.

d) Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, que estarán habilitadas para prestar apoyo a los establecimientos educacionales y para la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo. Un reglamento establecerá la regulación a que se sujete este registro, así como los requisitos que deberán cumplir las personas y entidades para el ingreso y permanencia en el registro o subregistro de especialidades que se creen. En todo caso, el registro deberá incluir, a lo menos, una adecuada identificación de las entidades y especialidades técnicas en las que ofrecen servicios, así como antecedentes relativos a la calidad de los que hubieren prestado. El procedimiento de selección de las mismas, tiempo de duración en el registro y causales que originan la salida de éste, se determinará considerando la calidad técnica, eficacia y especialidad de dichas entidades. Para constituir este registro, el Ministerio de Educación convocará un panel de expertos, ad-honorem, ampliamente reconocidos en el campo de la educación nacional o extranjera.

El Ministerio de Educación deberá administrar y mantener con información actualizada los registros señalados en este artículo, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación de establecer otros registros que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 20.- Las Universidades e Institutos Profesionales deberán remitir por medios informáticos al Ministerio de Educación la nómina de profesores titulados cada año de su respectiva institución. Tratándose de profesores titulados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, deberán remitir la información, dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de la presente ley.”.

- En votación el numeral 9, del artículo 112 de la indicación sustitutiva, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

ARTÍCULO 113

“Artículo 113.- Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, en el siguiente sentido:”.

Numeral 1

“1.- Al artículo 5°:

a) Derógase su inciso tercero.

b) Sustitúyese su inciso cuarto por el siguiente:

“El incumplimiento de la obligación señalada en el inciso segundo se considerará infracción menos grave.”.”.

Numeral 2

“2.- Derógase el artículo 19.”.

Numeral 3

“3.- Elimínese del inciso final del artículo 21 la siguiente frase “para los efectos del artículo 50”.”.

Numeral 4

“4.- Sustitúyese en el inciso final del artículo 22 la frase que sigue al punto seguido (.) por la siguiente “La infracción de esta obligación se considerará infracción menos grave.”.”.

Numeral 5

“5.- Sustitúyese, en el inciso quinto del artículo 26 la expresión “al Ministerio” por “a la Superintendencia”.”.

Numeral 6

“6.- Deróganse los artículos 52, 52 bis y 53.”.

Numeral 7

“7.- Intercálese en el inciso primero del artículo 54 entre las expresiones “mediante resolución fundada“, y la que se inicia “ordenar que se deje sin efecto” la siguiente frase “y previo informe favorable de la Superintendencia de Educación,”.”.

Numeral 8

Letra a)

“8.- Al artículo 55:

a) Para agregar después del punto final (.) que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase “Sin perjuicio de las facultades que correspondan, en materia sancionatoria a la Superintendencia de Educación.”.”.

La indicación número 107, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, propone suprimirla.

- En votación, la indicación número 107 fue rechazada, por 3 votos en contra y uno a favor. Votan en contra los Honorables Senadores señores Cantero, Letelier y Sabag. A favor vota el Honorable Senador señor Chadwick.

Letra b)

“b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En la fiscalización de las normas de esta ley y sus reglamentos el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de Educación deberán actuar coordinadamente conforme al artículo 111 de la Ley sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación parvularia, básica y media.”.”.

Numeral 9

“9.- Deróganse los artículos 64 y 65.”.

Numeral 10

“10.- Elimínese del inciso final del artículo quinto transitorio la frase “para los efectos de los artículos 50 y 52 del presente cuerpo legal”.”.

- En votación el atículo 113 de la indicación sustitutiva, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO

“Artículo primero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante un decreto con fuerza de ley expedido por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda, establezca las Direcciones Regionales de la Superintendencia de Educación definiendo sus potestades, funciones y el ámbito geográfico que abarcará cada una de ellas.”.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO

“Artículo segundo transitorio.- El Ministerio de Educación tendrá un plazo máximo de un año desde la entrada en vigencia de esta ley, para presentar los estándares de aprendizaje e indicativos de desempeño al Consejo Nacional de Educación.

La Agencia de Calidad tendrá un plazo máximo de un año, contado desde la aprobación de los estándares que señala el inciso anterior, para determinar y aplicar la metodología para la clasificación de los establecimientos en las categorías y criterios señalados en el artículo 13.”.

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO

“Artículo tercero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, fije las plantas de personal de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación, y el régimen de remuneraciones que les será aplicable.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas de personal que fije, el número de cargos por cada planta así como los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones y niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley Nº 19.882 y en el artículo 8° del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, según corresponda. En el mismo acto, fijará la fecha de vigencia de la planta de personal y la dotación máxima de personal para el año.

Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas de encasillamiento del personal de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República fijará las normas necesarias para la fijación de las remuneraciones variables, en su aplicación transitoria.

Mediante igual procedimiento, el Presidente de la República determinará la fecha de vigencia de la planta que fije y del encasillamiento que practique y el inicio de funciones de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad.”.

ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO

“Artículo cuarto transitorio.- El Presidente de la República nombrará, transitoria y provisionalmente, conforme al artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, al Superintendente y al Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, quienes asumirán de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

Para iniciar el concurso de los integrantes del consejo de la Agencia, el Ministro de Educación tendrá un plazo máximo de dos meses, contado desde la publicación de la presente ley.”.

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO

“Artículo quinto transitorio.- La planta de personal de la Superintendencia y de la Agencia de Calidad de la Educación será provista mediante el traspaso, sin solución de continuidad, de personal desde el Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, siguiendo el procedimiento que se establece en el inciso siguiente. Del mismo modo, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. Los cargos que no se provean de conformidad al procedimiento previsto en el inciso siguiente se llenarán mediante concurso público.

Conforme lo anterior, la Subsecretaría de Educación directamente o utilizando el procedimiento que establece por el artículo 23 del Estatuto Administrativo, llamará a un concurso abierto a los funcionarios de las instituciones enumeradas en el inciso anterior, sean de planta o a contrata, los que deberán cumplir los requisitos de los cargos concursados y estar calificados en listas 1 o 2 de distinción o buena, respectivamente. Los funcionarios a contrata deberán, además, haberse desempeñado en tal calidad a lo menos durante los dos años previos al concurso.

La Subsecretaría de Educación en forma previa, según la planta y sus requisitos, definirá, conjuntamente con el Superintendente o el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, según corresponda, los factores, subfactores, competencias y/o aptitudes específicas a considerar, pudiendo fijarse por cargos o grupo de cargos o funciones.

El concurso deberá seguir, a lo menos, las siguientes normas básicas:

a) En la convocatoria se especificarán los cargos, las funciones a desempeñar y la localidad en la que estará ubicada la vacante.

b) En un solo acto, se postulará a una o más de las plantas o escalafones de la Superintendencia sin especificar cargos o grados determinados dentro de ellas, salvo que se postule sólo a determinadas localidades especificadas en la convocatoria.

c) La provisión de los cargos de cada planta se efectuará, en cada grado, en orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los postulantes.

d) En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme a los siguientes criterios: en primer término con el personal de planta, si quedaran vacantes se procederá con los funcionarios a contrata. De subsistir la igualdad se procederá conforme al resultado de la última calificación obtenida en la institución de origen. Por último, de mantenerse la igualdad se pronunciará el Superintendente o el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad, según corresponda.

e) El traspaso regirá a partir de la fecha en que quede totalmente tramitado el acto administrativo que lo dispone o de una fecha posterior si así éste lo estableciera.

Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, dicte normas complementarias para el adecuado desarrollo del concurso, aplicando en lo que estime pertinente, los preceptos del decreto supremo N° 69 de 2004, del Ministerio de Hacienda.”.

ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO

“Artículo sexto transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que a través de uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, regule los cargos de planta que quedaren vacantes, en el o los servicios en virtud de la creación de la Supertendencia de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación. En el ejercicio de esta facultad además, podrá establecer la disminución de la dotación máxima en los servicios antes mencionados.”.

ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO

“Artículo séptimo transitorio.- Los traspasos de personal no podrán significar disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos previsionales de los funcionarios traspasados. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.”.

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO

“Artículo octavo transitorio.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministro de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Superintendencia y la Agencia de Calidad, incluyendo sus glosas y los recursos que se le traspasen por efectos del artículo quinto transitorio y aquéllos asociados a las unidades cuyas funciones se transfieren por esta ley a la Superintendencia.”.

ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO

“Artículo noveno transitorio.- Mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá también suscribirse por el Ministro de Educación, se determinarán los bienes muebles e inmuebles fiscales que se traspasarán a la Superintendencia y la Agencia de Calidad. El Superintendente y el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, requerirán de las reparticiones correspondientes las inscripciones y anotaciones que procedan, con el sólo mérito del decreto supremo antes mencionado.”.

- En votación los artículos primero a noveno transitorios, se aprueban por la unanimidad de los miebros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO

“Artículo décimo transitorio.- Las categorías indicadas en el artículo 9º de la ley Nº 20.248 se entenderán equivalentes a las categorías establecidas en el artículo 13 de la presente ley, de acuerdo a la siguiente tabla:

Los establecimientos educacionales adscritos al régimen de Subvención Escolar Preferencial, regulado por la ley N° 20.248, serán reclasificados por la Agencia de la Calidad en el plazo establecido en el artículo segundo transitorio de la presente ley.

Sin embargo, los establecimientos clasificados según las categorías señaladas en la ley N° 20.248, conservarán los derechos y deberes constituidos conforme a ella, hasta el término del año 2011.

Facúltase al Presidente de la República para que dicte las normas con fuerza de ley necesarias para la transición de los establecimientos regidos por la ley Nº 20.248 a las categorías establecidas en el artículo 13 de la presente ley.

En el mismo acto el Presidente de la República dictará las demás disposiciones necesarias para adecuar las demás disposiciones de la ley Nº 20.248 a las de la presente ley.”.

En virtud de lo aprobado en el artículo 13, inciso cuarto, letra c) de la indicación sustitutiva e indicación número 13, debe reemplazarse en la tabla del artículo décimo transitorio las siguientes referencias:

a) “De Desempeño Regular con Necesidades de Mejoramiento Significativo” por “De Desempeño Regular” y

b) “Con Resultados Insatisfactorios y Necesidades de Acciones Intensivas de Mejoramiento” por “De Mal Desempeño”.

- En votación el artículo décimo transitorio, se aprueba, con modificaciones, por la unanimidad de los miebros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

ARTÍCULO UNDÉCIMO TRANSITORIO

“Artículo undécimo transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, a través de uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministerio de Hacienda, dicte las normas necesarias para modificar la organización del Ministerio de Educación con el objeto de adecuarla a las normas de esta ley. En dichas normas se procederá, además, a efectuar la adecuación de las plantas de personal que de dicha reorganización se deriven.”.

- En votación el artículo undécimo transitorio, se aprueba por la unanimidad de los miebros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

A continuación, se transcriben los artículos aprobados en general por el Senado que han sido objeto de indicaciones y las indicaciones que se presentaron a dichos artículos:

ARTÍCULO 2°

“Artículo 2°.- El objeto de la Superintendencia es evaluar y fiscalizar que los sostenedores y los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, en los niveles parvulario, básico y medio, cumplan con los estándares establecidos para el sistema educativo. Asimismo, proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, y atenderá los reclamos y denuncias de éstos, estableciendo las sanciones que en cada caso corresponda.”.

La indicación número 108, del Honorable Senador señor Ávila, suprime las frases “es evaluar” y “cumplan con los estándares establecidos para el sistema educativo”.

ARTÍCULO 3°

“Artículo 3°.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia tendrá especialmente, las siguientes atribuciones:

1. Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación de desempeño educativo de los sostenedores y los establecimientos educacionales, y fomentar la autoevaluación de los establecimientos educacionales.

2. Diseñar y aplicar un sistema de medición de los niveles de aprendizaje de los alumnos dentro del marco curricular nacional, de acuerdo al plan de medición establecido por el Ministerio de Educación. Asimismo, le corresponderá informar públicamente sus resultados y coordinar la participación de Chile en mediciones de carácter internacional en este ámbito.

3. Validar los mecanismos de la evaluación docente de aula, docente directiva y del personal técnico pedagógico para establecimientos educacionales administrados por sostenedores particulares subvencionados por el Estado o que reciban aportes de éste. En el caso de los docentes del sector municipal, realizará auditorias selectivas de los instrumentos y procedimientos de evaluación establecidos en la ley.

En el caso de los establecimientos particulares pagados, acreditará los instrumentos de evaluación que voluntariamente presenten sus sostenedores.

4. Fiscalizar que las personas o instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos e instrucciones que ella imparta.

5. Ordenar auditorías a la gestión financiera de los sostenedores educacionales que reciben recursos públicos.

6. Fiscalizar el uso de los recursos públicos traspasados a los sostenedores educacionales y exigir rendición de cuentas de los mismos.

7. Acceder libremente a los establecimientos educacionales y dependencias administrativas del sostenedor, a objeto de realizar las funciones que le son propias.

8. Acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin alterar el normal desenvolvimiento de las actividades del afectado, y examinar, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las personas y/o entidades fiscalizadas, y disponer de todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor fiscalización. La Superintendencia, mediante resolución, determinará aquellos libros, archivos y documentos que deberán estar permanentemente disponibles para su examen en el propio establecimiento educacional. Las mismas facultades tendrá la Superintendencia respecto de los terceros que administren y presten servicios a los establecimientos educacionales.

9. Citar a declarar a los sostenedores, representantes, administradores y dependientes de las instituciones fiscalizadas respecto de algún hecho que estime necesario para el cumplimiento de sus funciones.

10. Resolver consultas, investigar denuncias y resolver reclamos que los distintos miembros de la comunidad escolar presenten, pudiendo desarrollar instancias de mediación.

11. Formular cargos, sustanciar su tramitación y resolver los procesos que se sigan respecto de todos los incumplimientos o faltas que detecte respecto de la normativa educacional de su competencia y de las instrucciones y dictámenes que imparta, así como de los que conozca por la vía de denuncias o reclamos del público o por denuncia que formule el Ministerio de Educación u otros órganos públicos.

12. Disponer el nombramiento de un administrador provisional para la gestión de los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado que obtengan resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos.

13. Fiscalizar el cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional y, en caso de verificar su incumplimiento, remitir los antecedentes al Ministerio de Educación para que éste, en un plazo no superior al término del año escolar, proceda a la revocación del reconocimiento señalado.

14. Imponer las sanciones que establece esta ley.

15. Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales, reglamentarias y las demás normas que rigen la prestación del servicio educativo, cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones de carácter general al sector sujeto a su fiscalización.

16. Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.

17. Requerir de los sostenedores y docentes directivos de los establecimientos educacionales u otros organismos públicos y privados relacionados con la educación la información que estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrá recoger la información proporcionada por las instituciones, validarla, procesarla cuando corresponda, y distribuirla anualmente a los distintos usuarios.

18. Poner a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de establecimientos educacionales, sostenedores, docentes y estudiantes, y crear y administrar los registros que sean necesarios para ejercer sus funciones.

19. Convenir con otros organismos de la administración del Estado o con entidades privadas, la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones.

20. Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y otros organismos técnicos en materias de su competencia.

21. Cobrar y percibir los derechos por registro, aprobaciones, actuaciones y certificaciones que establezca la ley en el ámbito de sus atribuciones.

22. Adoptar las medidas que estime necesarias en resguardo de los usuarios del servicio educacional y del interés público, en aquellas materias de su competencia.

23. Realizar las demás funciones que le encomienden las leyes o los reglamentos.”.

La indicación número 109, del Honorable Senador señor Ávila, plantea suprimir los números 1.-, 2.-, 3.- y 16.-.

PÁRRAFO 2°

ARTÍCULOS 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9°

“Artículo 4°.- La Superintendencia será la encargada de evaluar el sistema educacional a través de la medición de los siguientes elementos:

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos;

b) El desempeño educativo de los sostenedores, y

c) El desempeño educativo de los establecimientos educacionales.

Para estos efectos, la evaluación comprenderá la medición permanente del grado de cumplimiento de los estándares fijados por el Ministerio de Educación para cada uno de los ámbitos señalados en el inciso precedente.

La Superintendencia podrá desarrollar las referidas evaluaciones directamente o a través de terceros.

Artículo 5º.- La Superintendencia evaluará el sistema educacional a través de los siguientes procesos:

a) Diseño y aplicación de mediciones, de carácter nacional, de logros de aprendizajes de los alumnos;

b) Aplicación de mediciones de carácter internacional de los logros de aprendizaje de los alumnos;

c) Evaluación de desempeño de establecimientos y sus sostenedores;

d) Auditoría selectiva del proceso de evaluación de desempeño establecido en la ley de los docentes de aula, docentes directivos y técnico-pedagógicos del sector municipal;

e) Validación de los mecanismos de evaluación de desempeño de los docentes de aula, docentes directivos y técnico-pedagógicos aplicados en los establecimientos particulares subvencionados y en aquellos regidos por el Decreto Ley Nº 3.166, de 1980;

f) Validación de los mecanismos de evaluación de desempeño de los docentes de aula, docentes directivos y técnico-pedagógicos de los establecimientos particulares pagados que lo soliciten, y

g) Auditorías de las rendiciones de cuentas.

Artículo 6º.- La evaluación de desempeño educativo de los sostenedores considerará los siguientes elementos: los resultados de los compromisos de gestión de directivos; los resultados de la evaluación de los establecimientos a su cargo; la aplicación de los instrumentos para medir el grado de satisfacción de alumnos, padres y apoderados y la participación de la comunidad educativa; el manejo de los recursos públicos y la gestión financiera de los establecimientos, y los demás que la Superintendencia determine.

En caso que la Superintendencia constate el incumplimiento o faltas a la normativa educacional objeto de su fiscalización, de oficio o en caso de denuncia o reclamo, podrá someter a esta evaluación a los establecimientos particulares pagados.

Artículo 7º.- La evaluación de desempeño educativo de los establecimientos revisará procesos y resultados en dimensiones como liderazgo pedagógico y directivo; gestión del currículo; gestión pedagógica y directiva del establecimiento; autoevaluación; administración de recursos; convivencia escolar y apoyo a los estudiantes; resultados educativos de los alumnos; y grado de satisfacción de los padres y apoderados y alumnos.

En caso que la Superintendencia constate incumplimiento o faltas a la normativa educacional objeto de fiscalización en los establecimientos particulares pagados, podrá someter a estos establecimientos a la evaluación del inciso anterior.

Artículo 8º.- El proceso de evaluación de que trata este párrafo, dará origen a informes que establecerán el grado de cumplimiento de los estándares medidos o evaluados y a las observaciones y recomendaciones que ameriten dicho proceso.

Artículo 9º.- Las evaluaciones de desempeño se realizarán conforme a una calendarización fijada por la Superintendencia, y con instrumentos establecidos por ésta en concordancia con los estándares de desempeño respectivos. Las evaluaciones considerarán especialmente el proyecto educativo del establecimiento, su autonomía de gestión y los resultados de procesos de autoevaluación.”.

La indicación número 110, del Honorable Senador señor Ávila, plantea suprimirlos.

ARTÍCULO 12

Letras a) y b)

“a) Balance según formato estandarizado;

b) Estado de resultados financieros;”.

La indicación número 111, del Honorable Senador señor Ávila, propone suprimirlas.

ARTÍCULO 14

Letra b)

“b) El cumplimiento de los estándares establecidos en conformidad a la ley para el sistema educativo;”.

La indicación número 112, del Honorable Senador señor Ávila, propone suprimirla.

ARTÍCULO 60

ARTÍCULO 2° BIS

“Artículo 60.- Intercálase, a continuación del artículo 2º de la ley Nº 18.956, el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 2º bis.- Sin perjuicio de las atribuciones señaladas en el artículo anterior, también corresponderá al Ministerio:

a) Elaborar los marcos y bases curriculares, según corresponda, y los planes y programas de estudio para la aprobación del Consejo Superior de Educación;

b) Formular los estándares de aprendizaje y de desempeño para alumnos, docentes, sostenedores y establecimientos educacionales para la aprobación del Consejo Superior de Educación, cuando corresponda;

c) Diseñar e implementar políticas y programas, así como acciones de apoyo técnico pedagógico a sostenedores y establecimientos educacionales;

d) Proponer el plan de mediciones nacionales e internacionales de los niveles de aprendizaje de los alumnos para la aprobación del Consejo Superior de Educación, el que en el caso de las mediciones nacionales establecerá los grados a evaluar, los sectores de aprendizaje a medir y la frecuencia;

e) Desarrollar estadísticas, indicadores y estudios del sistema educativo, en el ámbito de su competencia, y poner a disposición del público la información que con motivo del ejercicio de sus funciones recopile. Esta información será pública y de libre acceso para todo el que tenga interés en consultarla. No obstante, tendrá carácter confidencial respecto de la identidad de los alumnos y los docentes evaluados de conformidad a la ley.

f) Establecer y administrar los registros públicos que determine la ley;

g) Designar a un administrador provisional en establecimientos subvencionados o que reciban aportes del Estado, que obtengan resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos, de conformidad a los estándares nacionales que se establezcan para tales efectos, cuando la Superintendencia de Educación lo haya dispuesto. El Ministerio no podrá negarse a dicha solicitud.

Se entenderá por resultados educativos reiteradamente deficientes, no cumplir con los estándares nacionales considerando a lo menos las últimas tres mediciones realizadas.

El Ministerio designará al administrador provisional de entre sus funcionarios o de entre instituciones acreditadas en el Registro que para estos efectos llevará el mismo Ministerio.

El administrador provisional asumirá las funciones que competen al sostenedor, con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento del establecimiento y la continuidad del servicio educativo sólo hasta el término del año laboral docente en curso.

El nombramiento del administrador provisional regirá de inmediato y permanecerá vigente durante el año laboral docente en curso, pudiendo extenderse en casos calificados.

El administrador provisional tendrá las facultades consignadas en el artículo 2132 del Código Civil, especialmente, la de percibir la subvención, y las demás establecidas en la ley.

El administrador provisional deberá dar cuenta documentada de su gestión al Subsecretario de Educación dentro de los treinta días siguientes al término de sus funciones, la cual deberá ser incorporada a un registro de carácter público.

h) Aplicar las sanciones en los ámbitos que determinen las leyes.”.

La indicación número 113, del Honorable Senador señor Ávila, intercala, a continuación de la letra g), la siguiente h) nueva:

“h) Reubicar a los estudiantes de los establecimientos que hayan sido cerrados por disposición de la Superintendencia, teniendo para ello autoridad para asignarlos a centros educativos que reciban fondos públicos.”.

- En votación, las indicaciones números 108, 109, 110, 111, 112 y 113, fueron rechazadas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier y Sabag.

-.-.-.

MODIFICACIONES

En conformidad con los acuerdos adoptados, vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, tiene a honra proponeros las siguientes modificaciones al texto de la indicación sustitutiva:

ARTÍCULO 2°

Inciso primero

Letra a)

Sustituirla por la siguiente:

“a) Los estándares de aprendizaje de los alumnos, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares, y estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores, de los docentes y directivos.”.

(Indicación número 2. Aprobada con modificaciones 4x0)

Letra b)

Agregar a continuación de la palabra “establecimientos”, el término “educacionales”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 4x0)

Letra e)

Suprimir la expresión “adecuado”.

(Indicación número 3. Aprobada con modificaciones 4x0)

Letra g)

Suprimir la frase “accesibles a toda la comunidad”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x2 abstenciones)

Letra h)

Reemplazar la frase “Rendiciones de cuenta, reconocimientos y sanciones”, por la siguiente: “Sistemas de rendiciones de cuenta, de reconocimientos y de sanciones”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 5x0)

Inciso segundo

Suprimirlo.

(Indicación número 3 bis. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 3°

Intercalar entre las palabras “aprendizaje” y “definirán”, la siguiente frase:

“referidos a los objetivos generales establecidos en la ley y en sus bases curriculares”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 5x0)

ARTÍCULO 4°

Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 4º.- Los estándares indicativos de desempeño considerarán:

A. A nivel de los profesionales de la educación, estándares indicativos de desempeño para los docentes de aula, directivos y técnicos pedagógicos;

B. A nivel de los establecimientos educacionales y sus sostenedores:

1. gestión curricular;

2. indicadores de calidad de los procesos relevantes de los establecimientos educacionales;

3. estándares de gestión de los recursos humanos y pedagógicos;

4. liderazgo técnico pedagógico del equipo directivo, y

5 convivencia escolar, en lo referido a reglamentos internos, instancias de participación y trabajo colectivo, ejercicio de deberes y derechos, respeto a la diversidad y mecanismos de resolución de conflictos y ejercicio del liderazgo democrático por los miembros de la comunidad educativa.

Los estándares a que se refieren los incisos anteriores, cuyo incumplimiento no dará origen a sanciones, constituirán orientaciones para el trabajo de evaluación contemplado en esta ley.”.

(Indicación número 3 ter. Aprobada 4x0)

Agregar el siguiente artículo 4° bis, nuevo:

“Artículo 4º bis .- Corresponderá al Presidente de la República, por decreto supremo dictado por intermedio del Ministerio de Educación, previo informe favorable del Consejo Nacional de Educación, establecer los estándares de aprendizaje e indicativos de desempeño a que se refiere el artículo 2, letra a), de esta ley, los cuales tendrán una vigencia de 6 años.”.

(Indicación 3 quáter. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 5°

Inciso tercero

Reemplazarlo por el siguiente:

“El domicilio de la Agencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas que puedan establecer en otras regiones cuando las necesidades del servicio así lo exijan.”.

(Indicación número 4. Aprobada con modificaciones 4x0)

(Indicación número 4bis. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 6°

Inciso segundo

Letra a)

Intercalar entre las expresiones “estándares respectivos,” y “de instrumentos”, la siguiente frase: “referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus bases curriculares, por medio”.

(Indicación número 5. Aprobada con modificaciones 4x0)

(Indicación 5 bis. Aprobada 4x0)

Letra c)

Sustituirla por la siguiente:

“c) Clasificar a los establecimientos educacionales en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares.”.

(Indicación número 6. Aprobada con modificaciones 4x0)

(Indicación número 6 bis. Aprobada con modificaciones 4x0)

Letra d)

Eliminar la siguiente frase:

“educativa y a la ciudadanía”.

(Indicación 6 ter. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 7°

Letra a)

Párrafo primero

Reemplazar la frase “según las bases curriculares nacionales” por “referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus bases curriculares”.

(Indicación número 7. Aprobada con modificaciones 4x0)

(Indicación número 7 bis. Aprobada 4x0)

Párrafo segundo

Agregar a continuación de la palabra “establecimientos”, la siguiente frase: “educacionales reconocidos oficialmente por el Estado”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 4x0)

(Indicación número 7 ter. Aprobada 4x0)

Párrafo tercero

Intercalar entre las palabras “alumnos” y “se realizarán”, la siguiente frase: “, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus bases curriculares,”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

Letras e) y f)

Agregar a continuación de la palabra “establecimientos”, el término “educacionales”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

Letra g)

Sustituirla por la siguiente:

“g) Validar los mecanismos de evaluación de los docentes de aula, docente directivos y del personal técnico pedagógico que presenten los establecimientos educacionales particulares subvencionados. Para validar ante la Agencia sus sistemas de evaluación docente, los sostenedores de establecimientos educacionales particulares subvencionados deberán utilizar de referencia los estándares indicativos de desempeño elaborados en conformidad a la ley.”.

(Indicación número 8 bis. Aprobada 3x1)

Letra j)

Párrafo segundo

Agregar a continuación de la palabra “establecimientos”, el término “educacionales”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

Letra k)

Agregar a continuación de la palabra “establecimiento”, el término “educacional”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

ARTÍCULO 8°

Inciso segundo

Intercalar entre las frases “capacidades institucionales“ y “orientar sus planes”, la siguiente:

“y de autoevaluación de los establecimientos educacionales”.

(Indicación número 10. Aprobada con modificaciones 3x0)

Inciso tercero

Intercalar entre las frases “los establecimientos” y “los resultados”, la siguiente frase:

“educacionales, que permitan una evaluación integral referida a los objetivos generales establecidos en la ley,”.

(Indicación número 11. Aprobada con modificaciones 3x0)

(Indicación número 11 bis. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 9°

Inciso segundo

Agregar a continuación de la palabra “establecimiento”, el término “educacional”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

ARTÍCULO 10

Incisos primero y segundo

Agregar a continuación de la palabra “establecimiento”, el término “educacional”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 4x0)

ARTÍCULO 13

Inciso primero

Intercalar entre las frases “estándares de aprendizaje” y “propuestos por” la siguiente:

“, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus bases curriculares,”.

(Indicación número 12. Aprobada con modificaciones 3x0)

(Indicación número 12 bis. Aprobada 4x0)

Inciso segundo

Agregar a continuación de la palabra “establecimiento”, el término “educacional”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

Inciso cuarto

Agregar, en el encabezamiento, a continuación de la palabra “establecimientos”, el término “educacionales”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 5x0)

Letra c)

Suprimir la frase “con Necesidad de Mejoramiento Significativo”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 5x0)

Letra d)

Reemplazar la frase “Desempeño Insatisfactorio”, por “Mal Desempeño”.

(Indicación número 13. Aprobada 4x1 abstención)

ARTÍCULO 14

Inciso primero

Agregar la palabra “educacionales”, a continuación de “establecimientos”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 4x0)

Inciso segundo

Agregar la palabra “educacionales”, a continuación de “establecimientos”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 4x0)

Eliminar la frase “y confiables estadísticamente”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 4x0)

Inciso tercero

Suprimir la frase “de acuerdo a resultados estadísticamente confiables”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 4x0)

ARTÍCULO 15

Inciso segundo

Agregar, a continuación de la palabra “establecimiento”, el término “educacional”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 4x0)

Inciso tercero

Reemplazarlo por el siguiente:

“No obstante, para efectos de cumplir con lo establecido en el inciso anterior, el recurso de reposición se interpondrá ante el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Para el solo efecto de lo dispuesto en este artículo, el Consejo conocerá y resolverá el recurso jerárquico.”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 4x0)

ARTÍCULO 16

Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 16.- La Agencia deberá informar al Ministerio de Educación, y a los padres y apoderados, la clasificación de los establecimientos educacionales.

Asimismo, procurará que los establecimientos educacionales informen a los padres y apoderados y al Consejo Escolar la categoría en la que han sido clasificados.

Los padres y apoderados recibirán información de fácil comprensión sobre los establecimientos educacionales de mejor clasificación de la misma comuna o de las comunas aledañas.

Sin perjuicio de lo anterior, la clasificación de todos los establecimientos del país deberá estar disponible en la página web del Ministerio de Educación y de la Agencia, actualizada y desglosada por la Región y comuna.”.

(Indicación número 14. Aprobada con modificaciones 4x0)

(Indicación número 15. Aprobada 4x0)

(Indicación número 15 bis, incisos primero, tercero y cuarto. Aprobados 4x0)

(Indicación número 15 bis, inciso segundo. Aprobado 3x1)

ARTÍCULO 17

Reemplazarlo por el que sigue:

“Artículo 17.- La Agencia tendrá un plan anual de visitas evaluativas que considerará mayor frecuencia para los establecimientos educacionales que muestran menor grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus bases curriculares.”.

(Indicación número 16. Aprobada con modificaciones 3x0)

ARTÍCULO 18

Inciso primero

Intercalar entre la palabra “establecimientos” y “subvencionados”, el término “educacionales”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 4x0)

Reemplazar la frase “de Desempeño Insatisfactorio”, por “de Mal Desempeño”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 4x0)

Inciso segundo

Agregar, a continuación de la palabra “establecimientos”, el término “educacionales”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 4x0)

Inciso tercero

Agregar el siguiente, nuevo:

“Para los efectos de esta ley, se considerarán establecimientos que reciben aportes del Estado a los regidos por el decreto ley Nº 3166, de 1980.”.

(Indicación número 18 bis. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 19

Inciso primero

Intercalar entre la palabra “establecimientos” y “subvencionados”, el término “educacionales”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 4x0)

ARTÍCULO 20

Inciso primero

Agregar, a continuación de la palabra “establecimientos”, el término “educacionales”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

Inciso segundo

Agregar, a continuación de la palabra “establecimiento”, el término “educacional”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

ARTÍCULO 22

Inciso primero

Agregar, a continuación de la palabra “establecimientos”, el término “educacionales”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

Párrafo 5º

Sustituir en su denominación la frase “de Desempeño Insatisfactorio”, por “de Mal Desempeño”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

ARTÍCULO 25

Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 25.- La Agencia procurará que los establecimientos educacionales en la categoría de mal desempeño informen a todos los padres y apoderados y al Consejo Escolar del establecimiento educacional la categoría en la que han sido clasificados.”.

(Indicación número 26. Aprobada con modificaciones. 4x0)

(Indicación número 26 bis. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 26

Agregar, a continuación de la palabra “establecimientos”, el término “educacionales”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

ARTÍCULO 27

Inciso primero

Agregar, a continuación de la palabra “establecimientos”, el término “educacionales”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

Inciso segundo

Agregar, a continuación de la palabra “establecimientos”, el término “educacionales”, las dos veces que aparece y reemplazar la frase “de desempeño insatisfactorio”, por “de mal desempeño”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

Incisos tercero y cuarto

Agregar, a continuación de la palabra “establecimientos”, el término “educacionales”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

Inciso quinto

Agregar, a continuación de la palabra “establecimiento”, el término “educacional” y a continuación de la frase “los estándares de aprendizaje”, la siguiente: “referidos a los objetivos generales señalados en la ley y en sus bases curriculares”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

ARTÍCULO 28

Sustituir la frase “de Desempeño Insatisfactorio”, por “de Mal Desempeño” y agregar, a continuación de la palabra “establecimiento”, el término “educacional”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

ARTÍCULO 29

Sustituir la frase “de Desempeño Insatisfactorio”, por “de Mal Desempeño”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

ARTÍCULO 31

Inciso segundo

Agregar, a continuación de la expresión “dos años”, la frase que sigue: “, pudiendo ser reelegido en el cargo por una vez”.

(Indicación número 28 bis. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 33

Literal c)

Agregar, a continuación de la palabra “establecimientos”, el término “educacionales”, las dos veces que aparece.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

Literales e) y f)

Pasan a ser letras f) y e), respectivamente, sin enmiendas.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

ARTÍCULO 34

Literal a)

Sustituir la frase “que imparta educación”, por “que imparta enseñanza”.

((Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

Literal b)

Intercalar entre los términos “gobernadores;” y “alcaldes”, la frase “los Secretarios Regionales Ministeriales de Educación o los Jefes de Departamentos Provinciales de Educación;”.

(Indicación número 28 ter. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 35

Inciso segundo

Letra d)

Intercalar la siguiente frase “el o los consejeros” entre “Establecimientos de educación parvularia, básica o media” y “en que se desempeñen como docentes.”.

(Indicación número 28 quáter. Aprobada 4x0)

Inciso tercero

Intercalar entre la frase “serán removidos de su cargo” y “y quedarán impedidos de ejercerlo nuevamente “, la siguiente: “por el Ministro de Educación”.

(Indicación número 28 quáter. Aprobada 4x0)

Inciso cuarto

Reemplazarlo por el siguiente:

“Las inhabilidades que contempla este artículo, así como las incompatibilidades señaladas en el artículo anterior, serán aplicables a todos los funcionarios de la Agencia.”.

(Indicación número 28 quáter. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 39

Inciso segundo

Letra g)

Reemplazar la frase “Desempeño Insatisfactorio y del hecho que un establecimiento” por “Mal Desempeño y del hecho de que alguno de éstos”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

ARTÍCULO 44

Inciso primero

Letra e)

Sustituirla por la siguiente:

“e) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.”.

(Indicación número 32. Aprobada con modificaciones 3x1)

ARTÍCULO 46

Inciso segundo, nuevo

Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Si en el ejercicio de sus atribuciones la Superintendencia toma conocimiento de infracciones a otras normas legales que no integran la normativa educacional, deberá informar a los órganos fiscalizadores correspondientes. La Superintendencia no podrá iniciar procesos sancionatorios por infracciones a otras normas legales que no integran la normativa educacional.”.

(Indicación número 35. Aprobada 4x0)

(Indicación número 35 bis. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 47

Letra a)

Eliminar la frase “sujetas a fiscalización”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobada 4x0)

Letra b)

Reemplazar el guarismo “2°” por “3°”

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobada 4x0)

Letra d)

Agregar a continuación de la palabra “establecimiento” el vocablo “educacional”, las dos veces que aparece.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobada 4x0)

Letra e)

Párrafo segundo, nuevo

Agregar, el siguiente nuevo:

“Respecto de los establecimientos educacionales particulares pagados, el ejercicio de esta atribución exigirá la existencia de una denuncia o reclamo conforme al párrafo 4º, del Título III, de esta ley, salvo que se trate de la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado. En tal caso, la Superintendencia no podrá examinar las operaciones, bienes, libros y cuentas de la entidad fiscalizada.”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobada 4x0)

(Indicación número 38 bis. Aprobada 3x1)

Letra g)

Reemplazarla por la siguiente:

“g) Absolver consultas, investigar denuncias y resolver reclamos que los distintos miembros de la comunidad escolar presenten.”.

(Indicación número 41. Aprobada con modificaciones 4x0)

(Indicación número 41 bis. Aprobada 4x0)

Letra h, nueva

Intercalar la siguiente letra h), nueva:

“h) Desarrollar instancias de mediación.”.

(Indicación número 42 bis. Aprobada 4x0)

Letras h), i), j) y k)

Pasan a ser letras i), j), k) y l), respectivamente, sin enmiendas.

Letra l)

Pasa a ser letra m)

Reemplazar la frase “La normativa” por la siguiente:

“Las instrucciones y resoluciones”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 3x0)

Letras m), n), ñ), o), p), q) y r)

Pasan a ser letras n), ñ), o), p), q), r) y s), respectivamente, sin enmiendas.

ARTÍCULO 49

Inciso segundo

Agregar a continuación de la palabra “establecimiento” el vocablo “educacional”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobada 4x0)

Inciso tercero, nuevo

Agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“La Superintendencia deberá procurar que los procesos de fiscalización que lleve a cabo se coordinen con aquellos que, en el ejercicio de sus competencias, lleven a cabo los diversos órganos de la Administración del Estado, de manera de evitar distraer indebidamente la labor educativa en los establecimientos educacionales.”.

(Indicación número 48. Aprobada con modificaciones 4x0)

(Indicación número 48 bis. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 50

Inciso primero

Agregar la siguiente frase final, nueva:

“El análisis de la rendición de cuentas sólo implicará un juicio de legalidad del uso de los recursos.”.

(Indicación número 51 bis. Aprobada 4x0)

Inciso segundo

Sustituir la frase “Además, en caso de sospechas fundadas,” por la siguiente: “Además, previa resolución que señale la existencia de sospechas fundadas,”.

(Indicación número 52. Aprobada con modificaciones 4x0)

Agregar a continuación de la palabra “establecimiento” el vocablo “educacional”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 52

Intercalar entre las expresiones “u otros” y la palabra “interesados”, el vocablo “directamente”.

(Indicación número 55. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 57

Incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, nuevos

Agregar los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, nuevos:

“Sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de resolver los conflictos que se susciten, y exceptuando las situaciones que de acuerdo a esta ley configuran infracciones graves, las partes podrán convenir a su costo que tales conflictos sean sometidos a mediación previa.

No obstante lo anterior, tratándose de los establecimientos particulares pagados la excepción a que se refiere el inciso anterior no comprende las infracciones señaladas en los literales h), i) y j) del artículo 72 de la presente ley.

Las partes convendrán el nombre del mediador, el que en todo caso, para ejercer como tal, deberá inscribirse en el registro que al efecto lleve la Superintendencia.

Corresponderá a la Superintendencia fijar, mediante normas de general aplicación, los requisitos que deberán cumplir los mediadores a que se refiere este precepto, así como las normas generales de procedimiento a las que deberán sujetarse y las sanciones que podrá aplicar por su inobservancia. Dichas sanciones serán amonestación, multa hasta 1.000 unidades de fomento, suspensión hasta por 180 días o cancelación del registro.”.

(Indicación número 59. Aprobada con modificaciones 2x1)

(Indicación número 59 bis. Aprobada 2x1)

ARTÍCULO 65

Inciso primero

Intercalar entre las expresiones “subvención”, y “, sólo en los casos”, la frase “y proporcional al daño causado”.

(Indicación número 67 bis. Aprobada 4x0)

Suprimir la letra “d),”.

(Indicación número 67 ter. Aprobada 3x1)

Agregar la siguiente oración final:

“Las medidas precautorias tendrán una vigencia de hasta 15 días corridos pudiendo ser decretadas nuevamente si se mantienen las circunstancias que le dieron origen.”.

(Indicación número 67 quáter. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 66

Reemplazar el vocablo “diez” por “quince”.

(Indicación número 68. Aprobada 3x0)

ARTÍCULO 69

Letra b)

Párrafo quinto, nuevo

Agregar el siguiente párrafo quinto, nuevo:

“En el caso de los establecimientos educacionales regidos por los Títulos I y II del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, la multa no podrá ser inferior al 5% ni exceder el 50% de la subvención mensual por alumno matriculado. Iguales porcentajes mínimos y máximos se aplicarán adicionalmente sobre el cobro mensual promedio del establecimiento, en el caso de los establecimientos educacionales regidos por el Título II de la señalada ley.”

(Indicación número 73 bis. Aprobada 3x1)

Párrafos quinto y sexto

Pasan a ser párrafos sexto y séptimo, respectivamente, sin enmiendas.

Letra e)

Reemplazar la frase “socios, representantes legales, gerentes, administradores y directores”, por “representantes legales y administradores”.

(Indicación número 73 ter. Aprobada 3x1)

ARTÍCULO 72

Letra d)

Agregar la siguiente oración final:

“Esta infracción sólo podrá ser sancionada con la revocación del reconocimiento oficial.”.

(Indicación número 80 bis. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 75

Inciso primero

Letra b)

Reemplazarla por la siguiente:

“b) Que no le haya sido impuesta una de las sanciones previstas en la normativa educacional, en los últimos seis años por una infracción grave; en los últimos cuatro años por una infracción menos grave, y en los últimos dos años por una infracción leve.”.

(Indicación número 84 bis. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 76

Inciso primero

Letra b)

Reemplazarla por la siguiente:

“b) El incumplimiento reiterado de las instrucciones formuladas por la Superintendencia. Se entenderá que son reiterados aquellos incumplimientos que, en un mismo año calendario, se repitan en dos o más ocasiones.”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 4x0)

(Indicación número 85 bis. Aprobada 4x0)

Letra c)

Agregar la siguiente frase final: “, en los términos establecidos en la letra b) del artículo anterior”.

(Indicación número 86 bis. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 81

Incisos primero y tercero

Sustituir la palabra “diez” por “quince”.

(Indicación número 89. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 85

Letra a)

Eliminar la expresión “ni”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado)

ARTÍCULO 86

Inciso segundo, nuevo

Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El nombramiento del administrador provisional en los casos señalados en las letras b), c) y d), será una atribución privativa e indelegable del Superintendente.”.

(Indicación número 95 bis. Aprobada 5x0)

ARTÍCULO 92

Intercalar entre las frases “u otra entidad creada por ley,” y “y que se encuentren emplazados en la misma comuna”, la siguiente: “o los establecimientos particulares subvencionados gratuitos, que acepten a esos alumnos sin proceso de selección,”.

(Indicación número 96. Aprobada con modificaciones 5x0)

ARTÍCULO 107

Inciso primero

Letra e)

Reemplazarla por la siguiente:

“e) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.”.

(Indicación número 112 bis. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO 112

Número 1

Intercalar entre las expresiones “y media” y “; promover, la siguiente frase “generando las condiciones para la permanencia en los mismos de conformidad a la ley”.

(Indicación número 103 bis. Aprobada 4x0)

ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO

Inciso primero

Reemplazar en la tabla las siguientes referencias:

“De Desempeño Regular con Necesidades de Mejoramiento Significativo”, por “De Desempeño Regular”.

“Con Resultados Insatisfactorios y Necesidades de Acciones Intensivas de Mejoramiento”, por ”De Mal Desempeño”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobado 4x0)

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TEXTO DEL PROYECTO

En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“PROYECTO DE LEY SOBRE SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA

TÍTULO I

DEL SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media en adelante “Sistema”, y los órganos que lo componen.

Artículo 2º.- El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media considerará:

a) Los estándares de aprendizaje de los alumnos, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares, y estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores, de los docentes y directivos.

b) Requisitos del reconocimiento oficial que deben cumplir los sostenedores y los establecimientos educacionales para ingresar y mantenerse en el sistema educacional según lo establecido en la ley.

c) Políticas, mecanismos e instrumentos para apoyar a los integrantes de la comunidad educativa y a los establecimientos educacionales en el logro de los estándares.

d) Evaluaciones de desempeño y mediciones de los resultados de aprendizaje para determinar el logro de los estándares.

e) Fiscalización del uso de los recursos y del cumplimiento de los requisitos del reconocimiento oficial y de la normativa educacional por los sostenedores y administradores del servicio educativo.

f) Evaluaciones del impacto de políticas y programas educativos.

g) Sistemas de información pública referidos al resultado de las evaluaciones de logro de los estándares, a la clasificación de los establecimientos y sus consecuencias, a los resultados de la fiscalización, y a las evaluaciones de las políticas y mecanismos de apoyo implementados.

h) Sistemas de rendiciones de cuenta, de reconocimientos y de sanciones relacionadas con el logro de los estándares y con el cumplimiento de las normas aplicables a los establecimientos y sostenedores.

Artículo 3º.- Los estándares de aprendizaje referidos a los objetivos generales establecidos en la ley y en sus bases curriculares definirán los conocimientos, habilidades y competencias que se espera alcancen los alumnos en diversas etapas del proceso educativo, en relación con las bases curriculares nacionales.

Artículo 4º.- Los estándares indicativos de desempeño considerarán:

A. A nivel de los profesionales de la educación, estándares indicativos de desempeño para los docentes de aula, directivos y técnicos pedagógicos;

B. A nivel de los establecimientos educacionales y sus sostenedores:

1. gestión curricular;

2. indicadores de calidad de los procesos relevantes de los establecimientos educacionales;

3. estándares de gestión de los recursos humanos y pedagógicos;

4. liderazgo técnico pedagógico del equipo directivo, y

5 convivencia escolar, en lo referido a reglamentos internos, instancias de participación y trabajo colectivo, ejercicio de deberes y derechos, respeto a la diversidad y mecanismos de resolución de conflictos y ejercicio del liderazgo democrático por los miembros de la comunidad educativa.

Los estándares a que se refieren los incisos anteriores, cuyo incumplimiento no dará origen a sanciones, constituirán orientaciones para el trabajo de evaluación contemplado en esta ley.

Artículo 4º bis .- Corresponderá al Presidente de la República, por decreto supremo dictado por intermedio del Ministerio de Educación, previo informe favorable del Consejo Nacional de Educación, establecer los estándares de aprendizaje e indicativos de desempeño a que se refiere el artículo 2, letra a), de esta ley, los cuales tendrán una vigencia de 6 años.

TÍTULO II

DE LA AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Párrafo 1º

Objeto, funciones y atribuciones.

Artículo 5º.- Créase la Agencia de Calidad de la Educación, en adelante “la Agencia”, servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

La Agencia estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882.

El domicilio de la Agencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas que puedan establecer en otras regiones cuando las necesidades del servicio así lo exijan.

Artículo 6º.- El objeto de la Agencia será evaluar y orientar para el mejoramiento de la calidad de la educación, considerando las particularidades de los distintos niveles y modalidades educativas.

Para el cumplimiento de dicho objeto tendrá las siguientes funciones:

a) Evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al grado de cumplimiento de los estándares respectivos, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares, por medio de instrumentos y procedimientos de medición estandarizados y externos a los establecimientos;

b) Realizar evaluaciones del desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores, de los docentes y sus directivos en base a los estándares indicativos;

c) Clasificar a los establecimientos educacionales en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares.

d) Proporcionar información en materias de su competencia a la comunidad en general.

Artículo 7º.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia tendrá las siguientes atribuciones:

a) Diseñar, implementar y aplicar un sistema de medición de los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares.

El sistema nacional de medición del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos será de aplicación obligatoria para todos los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado. La Agencia podrá realizar las mediciones respectivas directamente o a través de terceros.

Las mediciones del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares, se realizarán a través de instrumentos y procedimientos estandarizados que se aplicarán en forma periódica en distintos cursos y sectores de aprendizaje. En todo caso, deberán ser aplicadas en forma censal a lo menos en algún curso, tanto del nivel de enseñaza básica, como de enseñanza media.

b) Coordinar la participación de Chile en mediciones de carácter internacional sobre logros de aprendizaje de los alumnos.

c) Diseñar, implementar y aplicar un sistema de evaluación de desempeño de los establecimientos educacionales subvencionados, o que reciban aportes del Estado, y sus sostenedores, docentes y directivos referidos a los estándares indicativos.

d) Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, e impartir instrucciones de general aplicación, en las materias de su competencia.

e) Elaborar informes evaluativos que podrán incluir recomendaciones de carácter indicativo para mejorar el desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores. Estos informes serán de carácter público.

f) Requerir al Ministerio de Educación y a la Superintendencia, en su caso, la adopción de las medidas pertinentes derivadas de la clasificación de los establecimientos educacionales.

g) Validar los mecanismos de evaluación de los docentes de aula, docente directivos y del personal técnico pedagógico que presenten los establecimientos educacionales particulares subvencionados. Para validar ante la Agencia sus sistemas de evaluación docente, los sostenedores de establecimientos educacionales particulares subvencionados deberán utilizar de referencia los estándares indicativos de desempeño elaborados en conformidad a la ley.

h) Poner a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de establecimientos educacionales, sostenedores, docentes y alumnos.

En caso alguno la publicación incluirá la individualización de los alumnos. Sin perjuicio de lo anterior, los padres y apoderados deberán ser informados de los resultados obtenidos por sus hijos o pupilos cuando las mediciones tengan validez y confiabilidad estadística individual, sin que tales resultados puedan ser publicados ni usados con propósitos que puedan afectar negativamente a los alumnos, tales como selección, repitencia u otros similares.

i) Crear y administrar los registros que sean necesarios para ejercer sus funciones.

j) Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.

Asimismo, elaborará informes acerca de la cobertura de las diversas materias del currículum nacional, así como también evaluaciones de impacto respecto del desempeño de los establecimientos educacionales.

k) Ingresar a los establecimientos educacionales y dependencias docentes del sostenedor, en coordinación con la Superintendencia, con el fin de evaluar la calidad de la educación y realizar las mediciones, visitas evaluativas y ejercer las demás atribuciones que le encomienda la ley, sin alterar el normal desenvolvimiento de las actividades pedagógicas del establecimiento educacional.

l) Requerir a los sostenedores de los establecimientos educacionales u otros organismos públicos y privados relacionados con la educación, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

m) Convenir con otros organismos de la Administración del Estado o con entidades privadas, la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones.

n) Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y a otros organismos en materias de su competencia.

ñ) Coordinar con el Ministerio de Educación el plan nacional de evaluaciones nacionales e internacionales, especialmente en relación a su viabilidad y requerimientos de implementación.

o) Cobrar y percibir derechos por la evaluación y orientación que le soliciten los establecimientos particulares pagados y por las demás certificaciones que establezca la ley en el ámbito de sus atribuciones.

p) Ejercer las demás atribuciones que determine la ley.

Párrafo 2º

De la evaluación de desempeño de los establecimientos educacionales y sostenedores.

Artículo 8º.- La Agencia evaluará el desempeño de los establecimientos de educación parvularia, básica, media y especial, y sus sostenedores, basándose en estándares indicativos elaborados de conformidad a la ley.

El objeto de esta evaluación de desempeño será fortalecer las capacidades institucionales y de autoevaluación de los establecimientos educacionales, orientar sus planes de mejoramiento educativo y promover la mejora continua de la calidad de la educación que ofrecen.

La evaluación de desempeño considerará, entre otros, los resultados educativos, el grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos y otros indicadores de calidad de procesos relevantes de los establecimientos educacionales, que permitan una evaluación integral referida a los objetivos generales establecidos en la ley, los resultados de la autoevaluación institucional, el proyecto educativo y las condiciones de contexto del establecimiento educacional.

Artículo 9º.- Las evaluaciones de desempeño podrán ser realizadas mediante requerimientos de información, visitas evaluativas u otros medios idóneos.

Al efectuar las evaluaciones, la Agencia deberá considerar, en primer lugar, las autoevaluaciones realizadas por el establecimiento educacional.

La Agencia podrá realizar las visitas mencionadas directamente o a través de terceros.

Artículo 10.- El resultado de la evaluación será un informe que señale las debilidades y fortalezas del establecimiento educacional en relación al cumplimiento de los estándares, así como las recomendaciones para mejorar su desempeño.

La Agencia determinará la forma para la elaboración de estos informes, considerando, al menos, una etapa de consulta y recepción de observaciones por parte del sostenedor del establecimiento educacional evaluado en su desempeño.

Artículo 11.- La Agencia sólo podrá disponer visitas evaluativas, respecto de los establecimientos particulares pagados, cuando éstos lo soliciten.

Artículo 12.- La Agencia administrará un registro de personas o entidades acreditadas para apoyar la realización de las visitas evaluativas. Un reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir las personas o entidades para el ingreso y permanencia en el registro; el procedimiento de selección de las mismas; el tiempo de duración en el registro, sus inhabilidades y las causales que originan la salida de éste, destinadas a asegurar la calidad técnica y eficacia de su apoyo.

Párrafo 3º

De la clasificación de establecimientos según los resultados de aprendizaje de los alumnos.

Artículo 13.- La Agencia clasificará, mediante resolución fundada, a todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, de acuerdo a los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares, propuestos por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación.

Para llevar a cabo esta clasificación, la Agencia deberá considerar los resultados de aprendizaje de todas las áreas evaluadas censalmente en las mediciones nacionales, la distribución de los resultados de los alumnos en relación a los estándares de aprendizaje y las características de los alumnos del establecimiento educacional y, cuando sea posible, indicadores de valor agregado. La Agencia determinará la metodología de clasificación, la que será oficializada por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de Hacienda. Dicha metodología se actualizará en un plazo no inferior a cuatro y que no exceda de ocho años.

Esta metodología podrá considerar resguardos que aseguren que los cambios de categoría no ocurran por un cambio en la composición del alumnado.

Para dichos efectos, los establecimientos educacionales serán clasificados en alguna de las siguientes categorías de desempeño decreciente, según los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje:

a) Establecimientos Educacionales de Buen Desempeño;

b) Establecimientos Educacionales de Desempeño Satisfactorio;

c) Establecimientos Educacionales de Desempeño Regular, y

d) Establecimientos Educacionales de Mal Desempeño con Necesidad de Acciones Intensivas de Mejoramiento.

Artículo 14.- La clasificación se realizará anualmente y considerará los resultados de los establecimientos educacionales en tres mediciones consecutivas válidas, en el caso que éstas sean anuales, y dos mediciones consecutivas válidas, en el caso que éstas se realicen cada dos años o más.

Sin embargo, en el caso de establecimientos educacionales con un número insuficiente de alumnos que rindan las mediciones, y que no permita obtener resultados válidos, la Agencia establecerá la metodología que permita una clasificación pertinente, considerando, entre otros factores, un número mayor de mediciones consecutivas que para el resto de los establecimientos educacionales. Dicha metodología será oficializada por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de Hacienda.

Los establecimientos educacionales que impartan educación básica y media serán clasificados por cada nivel en forma independiente. La Agencia y los sostenedores de dichos establecimientos educacionales deberán informar acerca de las evaluaciones que se realicen en cada nivel educacional a los miembros de la comunidad educativa.

Los establecimientos educacionales nuevos no serán clasificados en las categorías establecidas en el artículo anterior. Sin embargo, se considerarán para los efectos de esta ley provisoriamente como establecimientos de Desempeño Satisfactorio, hasta que cumplan con los requisitos legales para ser clasificados.

Artículo 15.- La resolución que establezca la clasificación indicada en el artículo 13, será notificada en forma personal o mediante carta certificada al sostenedor.

Dicha resolución podrá ser impugnada mediante los recursos administrativos señalados en la ley Nº 19.880, sólo en virtud de algún error de información o procedimiento que sea determinante en la clasificación del establecimiento educacional.

No obstante, para efectos de cumplir con lo establecido en el inciso anterior, el recurso de reposición se interpondrá ante el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Para el solo efecto de lo dispuesto en este artículo, el Consejo conocerá y resolverá el recurso jerárquico.

Artículo 16.- La Agencia deberá informar al Ministerio de Educación, y a los padres y apoderados, la clasificación de los establecimientos educacionales.

Asimismo, procurará que los establecimientos educacionales informen a los padres y apoderados y al Consejo Escolar la categoría en la que han sido clasificados.

Los padres y apoderados recibirán información de fácil comprensión sobre los establecimientos educacionales de mejor clasificación de la misma comuna o de las comunas aledañas.

Sin perjuicio de lo anterior, la clasificación de todos los establecimientos del país deberá estar disponible en la página web del Ministerio de Educación y de la Agencia, actualizada y desglosada por la Región y comuna.

Párrafo 4º

De los efectos de la clasificación de los establecimientos educacionales subvencionados o que reciben aportes del Estado.

Artículo 17.- La Agencia tendrá un plan anual de visitas evaluativas que considerará mayor frecuencia para los establecimientos educacionales que muestran menor grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus bases curriculares.

Artículo 18.- Los establecimientos educacionales subvencionados, o que reciban aportes del Estado, de Mal Desempeño serán objeto de visitas evaluativas, al menos cada dos años; los de Desempeño Regular, en ciclos periódicos de dos a cuatro años.

Los demás establecimientos educacionales podrán ser objeto de visitas evaluativas por parte de la Agencia con la frecuencia que ésta determine.

Para los efectos de esta ley, se considerarán establecimientos que reciben aportes del Estado a los regidos por el decreto ley Nº 3166, de 1980.

Artículo 19.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los establecimientos educacionales subvencionados, o que reciban aportes del Estado, clasificados como de buen desempeño sólo serán evaluados si el sostenedor lo solicita o si acepta expresamente las visitas dispuestas de oficio por la Agencia.

Asimismo, los sostenedores de los establecimientos particulares pagados podrán solicitar que éstos sean evaluados, previo pago de su costo a la Agencia.

La solicitud de un establecimiento particular pagado para ser evaluado, deberá ser presentada a la Agencia durante el último trimestre del año anterior al que ingrese al proceso de evaluación. En todo caso, estas evaluaciones no podrán representar más del 5% de las visitas evaluativas anuales que realice la Agencia al conjunto del sistema subvencionado.

Artículo 20.- Los establecimientos educacionales clasificados como de Buen Desempeño, podrán incorporarse al Registro de personas o entidades de apoyo técnico pedagógico administrado por el Ministerio de Educación.

En caso que un establecimiento educacional que forma parte del Registro, resultare clasificado en alguna de las categorías inferiores a la de Buen Desempeño, será eliminado del Registro.

Artículo 21.- En el caso de los establecimientos de educación parvularia y de educación especial, serán objeto de evaluación en ciclos periódicos de acuerdo a un programa que deberá aprobar la Agencia.

Artículo 22.- Una vez realizada la evaluación a que se refieren los artículos anteriores, los sostenedores de los establecimientos educacionales deberán elaborar o revisar su plan de mejoramiento educativo, incluyendo acciones que permitan hacerse cargo de las debilidades identificadas en el informe elaborado por la Agencia. Dicho plan deberá, además, explicitar las acciones que aspira llevar adelante para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes y contener, a lo menos, las estrategias, actividades, metas y recursos asociados a él.

El plan será de conocimiento público y será informado a la Agencia, al Ministerio de Educación y a la comunidad educativa en el plazo que fije la Agencia en el informe respectivo.

La Agencia tendrá que tomar en consideración este plan en su próxima evaluación y en el informe respectivo.

Artículo 23.- Los sostenedores de los establecimientos educacionales podrán solicitar apoyo técnico pedagógico para la elaboración e implementación de su plan de mejoramiento educativo al Ministerio de Educación o a una persona o entidad del Registro de Personas o Entidades Pedagógicas o Técnicas de Apoyo del Ministerio de Educación, a su elección.

Artículo 24.- El Ministerio de Educación podrá prestar apoyo técnico pedagógico directamente o a través de una persona o entidad del Registro creado para estos efectos y de acuerdo con la definición anual de la Ley de Presupuestos, sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 2º ter de la ley Nº 18.956.

Párrafo 5º

De las medidas especiales para los establecimientos educacionales de Mal Desempeño

Artículo 25.- La Agencia procurará que los establecimientos educacionales en la categoría de mal desempeño informen a todos los padres y apoderados y al Consejo Escolar del establecimiento educacional la categoría en la que han sido clasificados.

Artículo 26.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23 y 24 de la presente ley, los establecimientos educacionales mencionados en el artículo anterior deberán recibir apoyo técnico pedagógico. Para ello podrán recurrir al Ministerio de Educación, que prestará este servicio, o a un grupo de expertos reconocidos del Registro a que se refieren los artículos 23 y 24. Este apoyo podrá brindarse por un plazo máximo de cuatro años.

Artículo 27.- Los establecimientos educacionales que en la siguiente clasificación no logren ubicarse en una categoría superior, pero que muestren una mejora significativa, deberán continuar recibiendo apoyo hasta por dos años más.

En el caso de aquellos establecimientos educacionales que no exhiban una mejora significativa luego de dos años de haber sido clasificados como de mal desempeño, la Agencia deberá informar a los padres y apoderados de dichos establecimientos educacionales sobre la situación en que éstos se encuentran.

La comunicación a que alude el inciso anterior, se enviará por carta certificada y contendrá información relevante sobre los establecimientos educacionales de mejor clasificación de la misma comuna y de comunas contiguas.

Asimismo, se les otorgarán facilidades de transporte para que los alumnos accedan a tales establecimientos educacionales. La Agencia propondrá al Ministerio de Educación la dictación de un decreto supremo, que deberá ser suscrito también por el Ministro de Hacienda, que regule esta materia.

La Agencia definirá, en normas de carácter general, los criterios para determinar la “mejora significativa” de un establecimiento educacional. Éstos deben guardar relación con los estándares de aprendizaje referidos a los objetivos generales señalados en la ley y en sus bases curriculares.

Artículo 28.- En cualquier caso, si después de cuatro años, contados de la comunicación señalada en el artículo 25, el establecimiento educacional se mantiene en la categoría de Mal Desempeño, la Agencia deberá informar esta situación, a la Superintendencia para que ésta inicie el procedimiento administrativo para revocar el reconocimiento oficial del establecimiento educacional.

Artículo 29.- En el caso de los establecimientos particulares pagados clasificados en la categoría de Mal Desempeño y transcurrido el plazo de cuatro años contado desde la comunicación mencionada en el artículo 25, la Agencia informará a la comunidad educativa para todos los efectos legales.

Párrafo 6º

De la Organización de la Agencia.

Artículo 30.- Los órganos de la Agencia son el Consejo y el Secretario Ejecutivo.

Artículo 31.- El Consejo estará constituido por cinco miembros de destacada experiencia en la actividad educativa, nombrados por el Ministro de Educación, previa selección conforme al Sistema de la Alta Dirección Pública.

El Consejo designará de entre sus miembros a un Presidente, quien durará en el cargo dos años, pudiendo ser reelegido en el cargo por una vez.

Dicho Presidente tendrá por función dirigir el Consejo. Asimismo, citará a sesiones, fijará sus tablas, dirigirá sus deliberaciones y dirimirá sus empates. Del mismo modo, se relacionará con el Secretario Ejecutivo para la coordinación de las funciones y atribuciones de la Agencia.

Artículo 32.- Los miembros del Consejo serán nombrados por un período de seis años, pudiendo ser designados por un nuevo período.

Los consejeros se renovarán por parcialidades de tres y dos consejeros cada tres años, respectivamente.

Artículo 33.- Corresponderá al Consejo:

a) Aprobar y dar seguimiento al plan estratégico de la Agencia, el cual deberá ser actualizado y ajustado a lo menos cada seis años.

b) Aprobar y dar seguimiento anualmente al plan de trabajo de la Agencia, así como la memoria y el balance del año anterior, y conocer el anteproyecto de presupuesto.

c) Aprobar la clasificación de los establecimientos educacionales en los plazos que establece la ley y aprobar anualmente el cambio de clasificación de los establecimientos educacionales.

d) Aprobar el plan de evaluaciones nacionales e internacionales en coordinación con el Ministerio de Educación.

e) Aprobar el registro de personas o entidades acreditadas para apoyar la realización de las visitas evaluativas.

f) Ejercer las demás atribuciones que le encomienden las leyes y reglamentos.

Artículo 34.- No podrán ser miembros del Consejo:

a) Los sostenedores, representantes legales, gerentes, administradores o miembros de un directorio de la entidad sostenedora de algún establecimiento educacional que imparta enseñanza en los niveles parvulario, básico y medio o de alguna asociación de sostenedores.

b) Los senadores y diputados, Ministros de Estado, subsecretarios, intendentes o gobernadores; los Secretarios Regionales Ministeriales de Educación o los Jefes de Departamentos Provinciales de Educación; alcaldes o concejales; consejeros regionales; miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial; secretarios o relatores del Tribunal Constitucional; fiscales del Ministerio Público; miembros del Tribunal Calificador de Elecciones o su secretario-relator; miembros de los tribunales electorales regionales, suplentes o secretarios-relatores, y miembros de los demás tribunales creados por ley.

c) Los inscritos en el registro de personas naturales acreditadas como evaluadores.

d) Los que formen parte del registro de administradores provisionales a cargo de la Superintendencia.

Artículo 35.- Los Consejeros deberán informar inmediatamente al Presidente de todo hecho, cualquiera sea su naturaleza, que le reste imparcialidad en sus decisiones o acuerdos, absteniéndose, en el acto, de conocer del asunto respecto del cual se configure la causal.

En particular, estarán inhabilitados de intervenir en aquellos asuntos que afecten a:

a) Establecimientos de educación parvularia, básica o media con que tengan un vínculo patrimonial o laboral.

b) Establecimientos de educación parvularia, básica o media en que se desempeñen como asesores o consultores, a cualquier título.

c) Instituciones de asistencia técnica en que participen como propietarios, como dependientes o en que tengan otra clase de intereses patrimoniales.

d) Establecimientos de educación parvularia, básica o media en que el o los consejeros se desempeñen como docentes.

Los consejeros que, estando inhabilitados, actúen en tales asuntos, serán removidos de su cargo por el Ministro de Educación y quedarán impedidos de ejercerlo nuevamente.

Las inhabilidades que contempla este artículo, así como las incompatibilidades señaladas en el artículo anterior, serán aplicables a todos los funcionarios de la Agencia.

Artículo 36.- Serán causales de cesación en el cargo de consejero las siguientes:

a) Expiración del plazo por el que fueron designados.

b) Renuncia aceptada por el Ministro de Educación.

c) Incapacidad legal sobreviniente, circunstancia que será calificada por la mayoría de los consejeros con exclusión del afectado.

d) Actuación en un asunto en que estuvieren legalmente inhabilitados.

e) Incumplimiento de los deberes y obligaciones que establece esta ley.

En caso que uno o más consejeros cesaren por cualquier causa en su cargo, procederá la designación de un nuevo consejero, sujeto al mismo procedimiento dispuesto en el artículo 31 de la presente ley, por el período que restare.

Si el consejero que cesare en el cargo en virtud del inciso precedente invistiere la condición de Presidente del Consejo, su reemplazante será designado en la forma prevista en el artículo 31 de la presente ley, por el tiempo que faltare al que produjo la vacante.

Artículo 37.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, el quórum para sesionar y para adoptar acuerdos, los procedimientos para decidir en caso de empate y, en general, aquellas normas que permitan una gestión flexible, eficaz y eficiente, serán definidas por las normas que dicte la Agencia.

Artículo 38.- Los consejeros percibirán una dieta equivalente a 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 100 de dichas unidades por mes calendario.

Artículo 39.- El Secretario Ejecutivo será el Jefe Superior del Servicio y estará afecto al sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882.

Corresponderá al Secretario Ejecutivo las siguientes atribuciones:

a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo, y proponerle el programa anual de trabajo del servicio;

b) Participar en el Consejo con derecho a voz;

c) Delegar en funcionarios de la institución las funciones y atribuciones que estime conveniente;

d) Conocer y resolver todo asunto relacionado con los intereses de la Agencia, salvo aquellas materias que la ley reserva al Consejo, pudiendo al efecto ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios o conducentes a la obtención de los objetivos del servicio, ya sea con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado;

e) Comunicar a los organismos competentes los antecedentes de que disponga o de que tome conocimiento, para que éstos ejerzan a su vez las facultades que les sean propias;

f) Dictar las resoluciones que apruebe el Consejo, así como conocer los recursos que procedan conforme a la ley. Le corresponderá también, cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le imparta el Consejo y realizar los actos que éste le delegue en el ejercicio de sus atribuciones;

g) Informar a la Superintendencia de la clasificación de un establecimiento como de Mal Desempeño y del hecho de que alguno de éstos, a pesar de los apoyos y habiéndose cumplido los plazos establecidos en la ley, no logre los estándares mínimos exigidos;

h) Representar judicial y extrajudicialmente al servicio;

i) Preparar el plan anual de trabajo, el anteproyecto de presupuesto y toda otra materia que deba ser sometida a la consideración del Consejo;

j) Gestionar administrativamente el servicio;

k) Contratar labores operativas de inspección o verificación del cumplimiento de las normas de su competencia a terceros idóneos debidamente certificados;

l) Celebrar convenios y ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento de los fines del servicio;

m) Nombrar y remover personal del servicio, de conformidad a la presente ley y a las normas estatutarias;

n) Informar periódicamente al Consejo respecto de la marcha de la institución y del cumplimiento de sus acuerdos e instrucciones, y

ñ) Ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Artículo 40.- El personal de la Agencia se regulará por las normas de esta ley y por los reglamentos que de conformidad a ella se dicten, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo y, en materia de remuneraciones, por las normas que fije el decreto con fuerza de ley a que se refiere el artículo tercero transitorio de la presente ley.

Artículo 41.- Previo acuerdo del Consejo, el Secretario Ejecutivo, con sujeción a la planta de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

El personal a contrata de la Agencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Secretario Ejecutivo. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Agencia de Calidad.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios, se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

Artículo 42.- El personal de la Agencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley.

Asimismo, tendrá prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su evaluación otros servicios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta.

Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos de exigir responsabilidad administrativa, lo que se exigirá con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiera configurarse.

Artículo 43.- Sin perjuicio de las causales previstas en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, para la cesación del cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

a) Necesidades de la Agencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio un vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Agencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II nivel jerárquico de la Agencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Secretario Ejecutivo ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que adoptarán y la forma y oportunidad en que recibirán la información y antecedentes requeridos al efecto.

b) Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a) precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Párrafo 7º

Patrimonio de la Agencia.

Artículo 44.- El patrimonio de la Agencia estará constituido por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b) Los recursos otorgados por leyes especiales;

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o que adquiera a cualquier título;

d) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios;

e) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

g) Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.

La Agencia estará sujeta a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, y sus disposiciones complementarias.

TÍTULO III

DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

Párrafo 1º

Objeto y atribuciones

Artículo 45.- Créase la Superintendencia de Educación, en adelante “la Superintendencia”, servicio público funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

La Superintendencia constituye una institución fiscalizadora en los términos del decreto ley N° 3.551, de 1981, y estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882.

El domicilio de la Superintendencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las Direcciones Regionales que constituya.

Artículo 46.- El objeto de la Superintendencia será fiscalizar el uso de los recursos por los sostenedores y los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, y que éstos cumplan con las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, en adelante “la normativa educacional”. Asimismo, proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, y atenderá los reclamos y denuncias de éstos, estableciendo las sanciones que en cada caso corresponda.

Si en el ejercicio de sus atribuciones la Superintendencia toma conocimiento de infracciones a otras normas legales que no integran la normativa educacional, deberá informar a los órganos fiscalizadores correspondientes. La Superintendencia no podrá iniciar procesos sancionatorios por infracciones a otras normas legales que no integran la normativa educacional.

Artículo 47.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones:

a) Fiscalizar que las personas o instituciones cumplan con la normativa educacional.

b) Fiscalizar la rendición de cuenta del uso de los recursos, a través de procedimientos contables simples generalmente aceptados, de acuerdo al párrafo 3° de este título.

c) Realizar y ordenar auditorías a la gestión financiera de los sostenedores en los casos que disponga la legislación vigente.

d) Ingresar a los establecimientos educacionales y dependencias del sostenedor que tengan relación con la administración del establecimiento educacional, a objeto de realizar las funciones que le son propias. En el ejercicio de esta atribución, los funcionarios de la Superintendencia no podrán impedir el normal desenvolvimiento de las actividades pedagógicas del establecimiento educacional.

e) Acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin impedir el normal desarrollo de las actividades pedagógicas del mismo, y examinar, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las personas y/o entidades fiscalizadas, y disponer de todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor fiscalización. La Superintendencia, mediante resolución, determinará aquellos libros, archivos y documentos que deberán estar permanentemente disponibles para su examen en el propio establecimiento educacional. Las mismas facultades, y en los mismos términos, tendrá la Superintendencia respecto de los terceros que administren los establecimientos educacionales.

Respecto de los establecimientos educacionales particulares pagados, el ejercicio de esta atribución exigirá la existencia de una denuncia o reclamo conforme al párrafo 4º, del Título III, de esta ley, salvo que se trate de la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado. En tal caso, la Superintendencia no podrá examinar las operaciones, bienes, libros y cuentas de la entidad fiscalizada.

f) Citar a declarar a los sostenedores, representantes, administradores y dependientes de las instituciones fiscalizadas respecto de algún hecho que estime necesario para resolver alguna denuncia o reclamo que esté conociendo o cuando de oficio, en un procedimiento administrativo, lo determine en cumplimiento de sus funciones. Las mismas facultades, y en los mismos términos, tendrá la Superintendencia respecto de los terceros que administren y presten servicios a los establecimientos educacionales.

g) Absolver consultas, investigar denuncias y resolver reclamos que los distintos miembros de la comunidad escolar presenten.

h) Desarrollar instancias de mediación.

i) Formular cargos, sustanciar su tramitación y resolver los procesos que se sigan respecto de todos los incumplimientos o faltas a la normativa educacional, así como de los que conozca por la vía de denuncias o reclamos del público o por denuncia que formule el Ministerio de Educación u otros órganos públicos.

j) Disponer el nombramiento de un administrador provisional para la gestión de los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado, en los casos que determine la presente ley.

k) Fiscalizar el cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional y, cuando corresponda, remitir los antecedentes al Ministerio de Educación para que éste, en un plazo no superior al término del año escolar, proceda a la revocación del reconocimiento señalado.

l) Imponer las sanciones correspondientes por infracción a la normativa educacional, así como aquéllas que proponga la Agencia de Calidad de la Educación.

m) Aplicar e interpretar administrativamente la normativa educacional, cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones fundadas de general aplicación al sector sujeto a su fiscalización, sin perjuicio del ejercicio de las facultades propias del Ministerio de Educación. Las instrucciones y resoluciones que emanen de la Superintendencia deberán ser sistematizadas de tal forma de facilitar el acceso y conocimiento de ellas por parte del sujeto a su fiscalización.

n) Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.

ñ) Requerir de los sostenedores y docentes directivos de los establecimientos educacionales u otros organismos públicos y privados relacionados, en el ámbito de sus atribuciones, la información que estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrá recoger la información proporcionada por las instituciones, procesarla cuando corresponda, y distribuirla anualmente a los distintos usuarios.

o) Poner a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de establecimientos educacionales, sostenedores, docentes, estudiantes, y demás integrantes de la comunidad educativa y crear y administrar los registros que sean necesarios para ejercer sus funciones.

p) Convenir con otros organismos de la Administración del Estado o con entidades privadas, la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones.

q) Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y a otros organismos en materias de su competencia.

r) Cobrar y percibir los derechos de actuaciones y certificaciones que establezca la ley en el ámbito de sus atribuciones.

s) Realizar las demás funciones que le encomienden las leyes o los reglamentos.

Párrafo 2º

De la Fiscalización.

Artículo 48.- En el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la Superintendencia actuará de oficio o a petición de interesado.

La Superintendencia formulará cargos e instruirá el respectivo procedimiento en caso de verificar, por sí o a través de terceros, la existencia de una o más contravenciones a la normativa educacional.

En el caso de denuncias que le comuniquen el Ministerio de Educación o la Agencia de Calidad, la Superintendencia ordenará directamente la formulación de cargos y la instrucción del respectivo proceso.

Artículo 49.- Para los efectos de la presente ley, el personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá también el carácter de Ministro de Fe respecto de todas las actuaciones que realice en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrá tomar declaraciones bajo juramento. Los hechos constatados por los funcionarios y sobre los cuales deban informar, de oficio o a requerimiento, podrán constituir presunción legal de veracidad para todos los efectos de la prueba judicial.

Las acciones de fiscalización podrán llevarse a efecto en cualquier momento, siempre que no se impida con ellas el normal desarrollo de las actividades pedagógicas del establecimiento educacional. Los entes fiscalizados deberán otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los referidos funcionarios.

La Superintendencia deberá procurar que los procesos de fiscalización que lleve a cabo se coordinen con aquellos que, en el ejercicio de sus competencias, lleven a cabo los diversos órganos de la Administración del Estado, de manera de evitar distraer indebidamente la labor educativa en los establecimientos educacionales.

Párrafo 3º

De la rendición de cuentas.

Artículo 50.- Los sostenedores y los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado, deberán rendir cuenta pública del uso de los recursos a través de procedimientos contables simples generalmente aceptados, respecto de cada uno de sus establecimientos educacionales de acuerdo a los instrumentos y formatos estandarizados que fije la Superintendencia. El análisis de la rendición de cuentas sólo implicará un juicio de legalidad del uso de los recursos.

Además, previa resolución que señale la existencia de sospechas fundadas, la Superintendencia podrá realizar auditorías o requerir, a petición del sostenedor del establecimiento educacional, que instituciones externas las efectúen, para comprobar la veracidad y exactitud de la información financiera que le hayan proporcionado. Si estas auditorías fueran realizadas por instituciones externas, la elección de la institución y su financiamiento corresponderá al sostenedor. La institución que realice la auditoría externa, deberá estar inscrita en un registro que para tales efectos lleve la Superintendencia.

Artículo 51.- La superintendencia deberá levantar un informe con las observaciones y recomendaciones que le ameriten las auditorías. Si detectare infracciones que puedan ser objeto de sanción, deberá abrir el procedimiento sancionatorio correspondiente y formular los cargos que procedieren.

Párrafo 4º

De la Atención de Denuncias y Reclamos.

Artículo 52.- La Superintendencia recibirá las denuncias y resolverá los reclamos que se formulen por los miembros de la comunidad educativa u otros directamente interesados y que se refieran a materias de su competencia, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

Artículo 53.- Para los efectos de esta ley, la denuncia es el acto escrito u oral por medio del cual una persona o grupo de personas interesadas y previamente individualizadas, ponen en conocimiento de la Superintendencia una eventual irregularidad, con el objeto de que ésta investigue y adopte las medidas que correspondan.

Se entenderá por reclamo la petición formal realizada a la Superintendencia por alguna de las personas señaladas en el artículo anterior, en orden a que ésta resuelva la controversia existente entre el reclamante y alguna de las entidades fiscalizadas, apersonándose el reclamante en el procedimiento.

Artículo 54.- Formulada una denuncia o recibido un reclamo, la Superintendencia podrá abrir un período de información previo con el fin de conocer las circunstancias concretas del caso y la conveniencia de iniciar un procedimiento.

Artículo 55.- En el caso de denuncia o reclamo respecto de los establecimientos particulares pagados, la Superintendencia podrá investigar y exigir la entrega de los antecedentes que corresponda.

Artículo 56.- Admitida una denuncia o reclamo a tramitación, el Director Regional ordenará la apertura de un expediente y designará al funcionario encargado de su tramitación, quien notificará al denunciado o reclamado.

Artículo 57.- El funcionario designado podrá citar a los interesados a una audiencia de mediación en la cual propondrá bases de arreglo para solucionar el conflicto. Las opiniones que emita en esa audiencia no lo inhabilitarán para seguir conociendo de la causa.

Sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de resolver los conflictos que se susciten, y exceptuando las situaciones que de acuerdo a esta ley configuran infracciones graves, las partes podrán convenir a su costo que tales conflictos sean sometidos a mediación previa.

No obstante lo anterior, tratándose de los establecimientos particulares pagados la excepción a que se refiere el inciso anterior no comprende las infracciones señaladas en los literales h), i) y j) del artículo 72 de la presente ley.

Las partes convendrán el nombre del mediador, el que en todo caso, para ejercer como tal, deberá inscribirse en el registro que al efecto lleve la Superintendencia.

Corresponderá a la Superintendencia fijar, mediante normas de general aplicación, los requisitos que deberán cumplir los mediadores a que se refiere este precepto, así como las normas generales de procedimiento a las que deberán sujetarse y las sanciones que podrá aplicar por su inobservancia. Dichas sanciones serán amonestación, multa hasta 1.000 unidades de fomento, suspensión hasta por 180 días o cancelación del registro.

Artículo 58.- Las notificaciones a los interesados se realizarán por medio de carta certificada al domicilio que éstos fijen en la primera actuación, y se entenderán practicadas desde el tercer día desde la fecha de su despacho en la oficina de correos. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán registrar en la Superintendencia una dirección de correo electrónico en la cual recibir las notificaciones respectivas que, para todos los efectos legales, se entenderán practicadas al día hábil siguiente de su despacho.

Artículo 59.- Un reglamento establecerá la forma de tramitación y los requisitos que deben cumplir las diligencias, actuaciones y las medidas precautorias que se decreten, debiendo velar porque se respete la igualdad de condiciones entre los involucrados, la facultad del reclamante de retirarse del procedimiento en cualquier momento, la bilateralidad de la audiencia, la imparcialidad y la transparencia del proceso.

Artículo 60- La Superintendencia deberá mantener un registro público con las estadísticas de denuncias y reclamos conocidos y resueltos.

Artículo 61.- Si el Director Regional o el Superintendente mediante resolución fundada, establece que la denuncia o reclamo carece manifiestamente de fundamentos, podrá imponer a quien lo hubiere formulado una multa no inferior a 1 UTM y no superior a 10 UTM, atendida la gravedad de la infracción imputada.

Párrafo 5º

De las infracciones y sanciones.

Artículo 62.- Si se detectaren infracciones que pudieren significar contravención a la normativa educacional, el Director Regional competente, mediante resolución fundada, ordenará la instrucción de un procedimiento y designará un fiscal instructor encargado de su tramitación, de formular cargos, de investigar los hechos, solicitar informes, ponderar las pruebas y disponer toda otra diligencia que dé curso al procedimiento.

Artículo 63- Tratándose de denuncias derivadas del Ministerio de Educación o la Agencia, el Director Regional competente ordenará directamente la formulación de cargos y la instrucción del procedimiento.

Artículo 64.- La resolución que ordena instruir el procedimiento deberá notificarse al sostenedor o a su representante legal, personalmente, por carta certificada o correo electrónico. Esta actuación debe constar en el expediente administrativo.

La notificación por carta certificada se enviará al domicilio del establecimiento educacional donde hubieren ocurrido los hechos que dan origen a los cargos o al domicilio del Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad o de la Corporación Municipal de que se trate, o el que corresponda, tratándose de otra entidad creada por ley. La notificación se entenderá practicada al tercer día hábil siguiente del despacho de correos.

La notificación por correo electrónico deberá enviarse a la dirección registrada por el sostenedor ante la Superintendencia y se entenderá practicada al día hábil siguiente de su despacho.

En el caso de infracción a lo dispuesto en los artículo 72 letra b) y 73 letra b) de esta ley, la notificación también se efectuará al obligado a proporcionar la información que se solicite.

Artículo 65.- Una vez notificado el sostenedor, de acuerdo al artículo anterior, el Director Regional, podrá proponer al Superintendente, como medida precautoria, ordenar mediante resolución fundada, la retención inmediata, ya sea total o parcial del pago de la subvención y proporcional al daño causado, sólo en los casos señalados en las letras f), g) , h) y l) del artículo 72. El Ministerio de Educación deberá proceder en el sentido dispuesto por la Superintendencia. Las medidas precautorias tendrán una vigencia de hasta 15 días corridos pudiendo ser decretadas nuevamente si se mantienen las circunstancias que le dieron origen.

Esta medida sólo podrá ser dispuesta oyendo al afectado, y podrá ser impugnada dentro de los 5 días hábiles siguientes, sin suspender la tramitación del procedimiento administrativo principal. En tal caso, la Administración tendrá igual plazo para resolver.

Artículo 66.- Formulados los cargos, la persona objeto del procedimiento tendrá un plazo de quince días contado desde la fecha de la notificación para presentar descargos y los medios de prueba que estime pertinentes.

Artículo 67.- Presentados los descargos, o transcurrido el plazo para tal efecto, el fiscal instructor elaborará un informe y propondrá al Director Regional respectivo la aplicación de sanciones o el sobreseimiento, según corresponda.

Artículo 68.- Corresponderá al Director Regional, de acuerdo al mérito de los antecedentes y por resolución fundada, sobreseer o aplicar las sanciones establecidas en el artículo siguiente.

La prueba que se rinda se apreciará de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Si correspondiere sancionar un hecho que constituya una infracción tanto a esta ley como al decreto fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, el Director Regional aplicará la sanción que corresponda como si se tratara de una sola infracción.

Artículo 69.- Comprobada la infracción a la normativa educacional, y sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda, el Director Regional, podrá aplicar las siguientes sanciones, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de ellas:

a) Amonestación por escrito, en cuyo caso deberá señalarse el origen de la infracción administrativa, como asimismo el plazo dentro del cual deberá ser subsanada.

b) Multa, de acuerdo de la siguiente proporción:

1.- En el caso de las infracciones leves las multas no excederán de 50 UTM.

2.- En el caso de infracciones menos graves, las multas no podrán exceder de 500 UTM.

3.- En el caso de infracciones graves, las multas no podrán exceder de 1000 UTM.

La multa aplicada deberá ser proporcional a la matrícula total del establecimiento a la fecha de la infracción, al beneficio económico obtenido con ocasión de la infracción, a la intencionalidad de la comisión de la infracción, y a la subvención mensual por alumno o los recursos que el establecimiento reciba regularmente.

Para los establecimientos educacionales regidos por los títulos I y II del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, se entenderá por subvención mensual por alumno la que resulte de aplicar sus artículos 9º, 9º bis y 11, según corresponda.

Para los establecimientos educacionales regidos por el título II de la ley señalada, la aplicación de la multa se aumentará según el cobro mensual promedio del establecimiento.

En el caso de los establecimientos educacionales regidos por los Títulos I y II del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, la multa no podrá ser inferior al 5% ni exceder el 50% de la subvención mensual por alumno matriculado. Iguales porcentajes mínimos y máximos se aplicarán adicionalmente sobre el cobro mensual promedio del establecimiento, en el caso de los establecimientos educacionales regidos por el Título II de la señalada ley.

Para los establecimientos de educación técnico-profesional regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, la multa deberá ser proporcional al promedio mensual de los recursos que se les asignen con el objeto de financiar su operación y funcionamiento.

Para los establecimientos particulares pagados, la multa será proporcional al promedio mensual de los cobros por motivo de arancel y matrícula.

c) Privación temporal de la subvención, la que podrá ser total o parcial. La privación de la subvención no podrá exceder de 12 meses consecutivos.

d) Privación definitiva de la subvención.

e) Inhabilitación temporal o a perpetuidad de la calidad de sostenedor y para mantener o participar en cualquier forma en la administración de establecimientos educacionales, la que se entenderá aplicada a sus representantes legales y administradores;

f) Revocación del reconocimiento oficial.

Artículo 70.- En caso que la Superintendencia disponga la sanción de privación de la subvención, inhabilidad del sostenedor y/o revocación del reconocimiento oficial del Estado, deberá enviar al Ministerio de Educación los antecedentes que correspondan para su aplicación y posterior inclusión en el registro correspondiente.

Artículo 71.- Los hechos, actos u omisiones que constituyen infracciones administrativas, serán graves, menos graves y leves.

Artículo 72.- Son infracciones graves:

a) No efectuar la rendición de cuentas en la forma que determina la ley.

b) No entregar la información solicitada por el Ministerio de Educación, la Agencia o la Superintendencia conforme a la normativa educacional.

c) Incumplir alguno de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado.

d) Incumplir reiteradamente los estándares de aprendizaje exigidos en conformidad a las leyes. Esta infracción sólo podrá ser sancionada con la revocación del reconocimiento oficial.

e) Alterar los resultados de las mediciones de aprendizaje.

f) Impedir, entorpecer u obstaculizar la fiscalización de la Superintendencia.

g) Realizar acciones dolosas destinadas a obtener la subvención educacional, tales como alterar la asistencia media o la matrícula de los alumnos.

h) Cobrar indebidamente derechos de escolaridad.

i) Hacer obligatorio el pago de matrícula u otros cobros que tengan carácter voluntario.

j) Exigir cobros o aportes económicos a través de terceros prohibidos en la ley.

k) Incurrir en atraso reiterado en el pago de las remuneraciones, cotizaciones provisionales y de salud de su personal, sin perjuicio de las facultades que sobre la materia detentan otros órganos.

l) Toda otra que haya sido expresamente calificada como grave en el decreto con fuerza de ley Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación, y en la normativa educacional.

Artículo 73.- Son infracciones menos graves:

a) Efectuar tardía o incompletamente la rendición de cuenta.

b) Entregar la información requerida por la Superintendencia en forma incompleta o inexacta.

c) Infringir los deberes y derechos establecidos en la normativa educacional que no sean calificados como infracción grave.

d) Cobrar indebidamente valores superiores a los establecidos.

e) No prestar el servicio educativo en conformidad a la ley, los reglamentos y los convenios respectivos.

f) Toda otra infracción que sea expresamente calificada como tal en el decreto con fuerza de ley Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación, y en la normativa educacional.

En caso de infracciones que tengan el carácter de menos graves, sólo podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa establecidas en esta ley.

Artículo 74.- Son infracciones leves aquellas en que incurran los sostenedores y/o establecimientos educacionales, contra la normativa educacional y que no tengan señalada una sanción especial.

Las infracciones leves sólo serán sancionadas si no fueren subsanadas en el plazo que prudencialmente conceda al efecto el fiscalizador de la Superintendencia.

En este caso, podrán ser amonestados o sancionados con multa, a beneficio fiscal.

Artículo 75.- Constituyen circunstancias atenuantes de responsabilidad administrativa:

a) Subsanar los incumplimientos reportados por la Superintendencia, dentro del plazo de 30 días contados desde la notificación.

b) Que no le haya sido impuesta una de las sanciones previstas en la normativa educacional, en los últimos seis años por una infracción grave; en los últimos cuatro años por una infracción menos grave, y en los últimos dos años por una infracción leve.

c) Concurrir a las oficinas de la Superintendencia y denunciar estar cometiendo, por sí, cualquier infracción a la normativa educacional.

La circunstancia señalada en la letra c) sólo procederá cuando el sostenedor suministre información precisa, verídica y comprobable respecto de los hechos que constituyen la infracción y ponga fin, de inmediato, a los mismos.

Artículo 76.- Se considerarán circunstancias agravantes de responsabilidad:

a) La no concurrencia de los sostenedores, representantes, administradores y dependientes de las instituciones fiscalizadas a las citaciones a declarar efectuadas por la Superintendencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 letra f) de la presente ley.

b) El incumplimiento reiterado de las instrucciones formuladas por la Superintendencia. Se entenderá que son reiterados aquellos incumplimientos que, en un mismo año calendario, se repitan en dos o más ocasiones.

c) Haber sido sancionado con antelación en virtud de alguno de los procesos administrativos previstos en la normativa educacional vigente, en los términos establecidos en la letra b) del artículo anterior.

En el caso de la letra c) de este artículo, la multa deberá ser aumentada hasta el doble, como máximo, conforme a los criterios señalados en el artículo 69 letra b) de la presente ley.

Artículo 77.- La sanción de multa no impide la aplicación de la inhabilitación temporal o perpetua de la calidad de sostenedor, ni la de revocación del reconocimiento oficial del Estado.

Artículo 78.- Tratándose de multa aplicada a establecimientos educacionales subvencionados, o que reciban aportes del Estado, el pago de la misma se efectuará a través del descuento, total o en cuotas, de la multa correspondiente de la subvención mensual a percibir. En el caso de establecimientos particulares pagados, las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República.

Un reglamento fijará la forma, modalidad y oportunidad del pago de la multa impuesta, así como su reintegro en los casos que corresponda.

Las multas impuestas por la Superintendencia serán de beneficio fiscal.

El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia, en conformidad a la ley, devengará los intereses y reajustes establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Artículo 79.- En caso que la Superintendencia disponga la sanción de revocación del reconocimiento oficial del Estado, el Ministerio de Educación deberá adoptar todas las medidas que resulten pertinentes para asegurar el derecho a la educación de los alumnos, en coordinación con las facultades que detenta esta Superintendencia.

Artículo 80.- En contra de la resolución del Director Regional que aplique cualquiera de las sanciones señaladas, procederán los recursos administrativos que establece la ley Nº 19.880.

Artículo 81.- Los afectados que estimen que las resoluciones del Superintendente no se ajustan a la normativa educacional, podrán reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro del plazo de quince días contados desde la notificación de la resolución que se impugna, para que las deje sin efecto.

La Corte deberá pronunciarse en cuenta sobre la admisibilidad del recurso.

Admitido el recurso, la Corte de Apelaciones dará traslado de éste a la Superintendencia, notificándola por oficio, y ésta dispondrá del plazo de quince días, contado desde que se notifique la apelación interpuesta, para evacuar el informe respectivo.

Evacuado el traslado por la Superintendencia, o vencido el plazo de que dispone para emitir su informe, la Corte ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala.

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días, la cual podrá ser apelada ante la Corte Suprema dentro del plazo de diez días hábiles, la que resolverá en cuenta.

Artículo 82.- Contra la sanción de amonestación no procederá recurso administrativo alguno.

Artículo 83.- La Superintendencia no podrá aplicar ningún tipo de sanción luego de transcurridos cuatro años desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho. El inicio de la investigación respectiva suspenderá este plazo de prescripción.

Todo proceso que inicie la Superintendencia deberá concluir en un plazo que no exceda los dos años.

Párrafo 6º

Del Administrador Provisional.

Artículo 84.- La Superintendencia de Educación, mediante resolución fundada, podrá nombrar un Administrador Provisional, para que asuma las funciones que competen al sostenedor de un establecimiento educacional subvencionado o que reciba aportes del Estado, con el objeto de asegurar el adecuado funcionamiento de dicho establecimiento y la continuidad del servicio educativo.

El administrador provisional durará en su cargo sólo hasta el término del año escolar en curso, salvo lo establecido en el inciso segundo del artículo 91 de la presente ley.

Artículo 85.- No podrá ser nombrado como Administrador Provisional de un establecimiento educacional:

a) El cónyuge, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del sostenedor del establecimiento educacional y de quienes hayan sido directores titulares o administradores de la persona jurídica;

b) Los acreedores o deudores del sostenedor o que tengan algún interés pecuniario directo en empresas relacionadas;

c) Los administradores de bienes del sostenedor.

Sin perjuicio de lo anterior, regirán respecto de estas personas las inhabilidades de los artículos 54 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Artículo 86.- Sólo se podrá nombrar un Administrador Provisional en los siguientes casos:

a) Cuando el establecimiento educacional se mantenga en la categoría de Desempeño Insatisfactorio por más de cuatro años consecutivos y exista riesgo de afectar la continuidad del año escolar.

b) Cuando el sostenedor se ausente injustificadamente, poniendo en riesgo la continuidad del año escolar.

c) Cuando, por razones imputables al sostenedor, se haga imposible la mantención del servicio educativo a consecuencia de sanciones, medidas precautorias, embargos, ejecuciones, retiros que afecten al establecimiento educacional o a su mobiliario.

d) Cuando exista atraso reiterado en el pago de las remuneraciones, cotizaciones previsionales y/o de salud del personal del establecimiento. Se entenderá por atraso reiterado la mora total o parcial en el pago de dos meses consecutivos o de tres en un período de seis.

e) Cuando, por causa imputable al sostenedor, se suspendan los servicios básicos para el buen funcionamiento del local escolar. Se entenderá por suspensión reiterada la no disponibilidad del servicio básico en un período de tres días hábiles consecutivos o cinco días hábiles en un período de seis meses.

El nombramiento del administrador provisional en los casos señalados en las letras b), c) y d), será una atribución privativa e indelegable del Superintendente.

Artículo 87.- Al asumir sus funciones, el Administrador Provisional levantará un acta que dé cuenta del estado administrativo y financiero del establecimiento educacional, que será entregada a la Superintendencia.

Además, dentro de los 20 días siguientes a su nombramiento, deberá presentar un plan de trabajo, que deberá ser aprobado por el Superintendente.

El administrador provisional deberá presentar informes trimestrales de avance de su gestión y dar cuenta documentada de ella al Superintendente de Educación al término de sus funciones.

Una vez que la rendición de cuenta haya sido aprobada por la Superintendencia, ella será incorporada a un registro de carácter público, de conformidad a lo dispuesto en el reglamento.

El Administrador Provisional responderá de la culpa leve en su administración.

Artículo 88.- Desde la fecha de designación del Administrador Provisional, el sostenedor del establecimiento será sustituido por éste para todos los efectos legales, quedando inhabilitado para percibir la subvención educacional.

Sin perjuicio de lo anterior, el sostenedor será responsable de todas las obligaciones que se hubieren generado en virtud del funcionamiento del establecimiento educacional con antelación al inicio de la Administración Provisional.

El nombramiento de administrador provisional procederá sin perjuicio de hacer efectiva la garantía establecida en el artículo 56 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación.

Artículo 89.- El Administrador Provisional asumirá las facultades que competen al sostenedor del establecimiento educacional en el cual desempeñará su cargo y tendrá las facultades consignadas en el artículo 2.132 del Código Civil.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Administrador Provisional tendrá, especialmente, las siguientes facultades:

a) Asumir la representación legal del establecimiento, sea particular subvencionado, municipal o cuyo sostenedor sea otra entidad creada por ley;

b) Asegurar la continuidad escolar y la disponibilidad de matrícula para los alumnos del establecimiento, de conformidad a lo establecido en esta ley;

c) Percibir y administrar los recursos de que trata el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación;

d) Pagar las obligaciones derivadas del servicio educacional desde el momento que asume sus funciones, con el límite de los recursos que reciba para su gestión, de acuerdo a las prioridades que establezca, y considerando el buen desempeño del establecimiento educacional;

e) Poner término a la relación laboral del personal del establecimiento educacional, y

f) Constituir prenda sobre los bienes del establecimiento a fin de garantizar su buen funcionamiento.

g) Devolver la administración de los bienes al sostenedor al término de su gestión.

Las facultades del Administrador Provisional serán indelegables.

Artículo 90.- El nombramiento de un Administrador Provisional, en el caso de la letra a) del artículo 86 de la presente ley, podrá tener por objeto hacer efectiva la revocación del reconocimiento oficial del establecimiento, siempre que existan establecimientos cercanos que impartan el mismo nivel educativo, clasificados en una categoría superior.

Para proceder a cerrar el establecimiento el Administrador Provisional deberá dar continuidad al servicio educativo, por el período que reste hasta el término del año escolar, asegurando la matrícula disponible a los alumnos para el año escolar siguiente en otros establecimientos educacionales.

Artículo 91.- El Administrador Provisional tendrá facultades para reestructurar un establecimiento educacional, siempre que se trate de establecimientos educacionales administrados por municipalidades, sea directamente o por sus corporaciones municipales, o administrados por otras entidades creadas por ley, y no existan establecimientos cercanos que impartan el mismo nivel educativo, clasificados en mejor categoría.

El Administrador Provisional se hará cargo de las obligaciones legales hasta la entrega del establecimiento educacional a la Municipalidad o corporación respectiva, o a la entidad creada por ley que corresponda, la que deberá materializarse dentro del plazo de tres años, contado desde la fecha de su nombramiento.

Artículo 92.- Para los efectos de lo dispuesto en este Párrafo, se entiende por establecimientos cercanos, aquellos cuyo sostenedor sea una Municipalidad, una corporación municipal u otra entidad creada por ley, o los establecimientos particulares subvencionados gratuitos, que acepten a esos alumnos sin proceso de selección, y que se encuentren emplazados en la misma comuna y tengan matrícula disponible para atender las necesidades educativas que se generen, salvo que estén ubicados en zonas de aislamiento geográfico o de difícil acceso.

Artículo 93.- Ningún establecimiento podrá ser objeto de reestructuración más de dos veces en un período de diez años.

Si el establecimiento educacional resulta clasificado como insatisfactorio después de finalizada la segunda reestructuración dentro de tal período, la Agencia de Calidad comunicará la situación a la Superintendencia para que ésta inicie el procedimiento administrativo para revocar el reconocimiento oficial del establecimiento.

Artículo 94.- Créase un Registro Público de Administradores Provisionales, a cargo de la Superintendencia, que incluirá las personas naturales y jurídicas, habilitadas para cumplir las funciones de Administrador Provisional.

Un reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir las personas para el ingreso y permanencia en el registro o subregistros que se creen; procedimiento de selección, mecanismos de evaluación y acreditación de ellas; tiempo de duración en el registro y causales que originan la salida de éste, a fin de asegurar la idoneidad del Administrador Provisional y la efectividad de su gestión.

Artículo 95.- Los honorarios del Administrador Provisional serán pagados con cargo a la subvención que le corresponda recibir al establecimiento, conforme a la ley. En la parte no cubierta por estos recursos, será cubierta por la Superintendencia.

Párrafo 7º

De la Organización de la Superintendencia.

Artículo 96.- Un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, con el título de Superintendente de Educación, será el Jefe Superior de la Superintendencia y tendrá la representación judicial y extrajudicial de la misma. Dicho funcionario estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.

Artículo 97.- Corresponderá al Superintendente especialmente:

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia y ejercer, respecto de su personal, las atribuciones propias de su calidad de Jefe Superior de Servicio.

b) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Superintendencia.

c) Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio. En el ejercicio de estas facultades podrá administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza.

d) Nombrar y remover al personal del Servicio, de conformidad a la presente ley y a las normas estatutarias.

e) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia, de conformidad a la ley.

f) Contratar las labores operativas de inspección o verificación del cumplimiento de las normas de su competencia a terceros idóneos debidamente certificados conforme al reglamento respectivo.

g) Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas, elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento.

h) Conocer y resolver los recursos que la ley establece.

i) Imponer las sanciones y multas que establece la presente ley y las demás disposiciones legales que regulen la actividad educacional e informar de éstas al Ministerio de Educación, para que sean incorporadas en el registro correspondiente.

j) Ejercer las demás atribuciones que le encomienden las leyes y reglamentos.

Sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Superintendente deberá poner en conocimiento de los demás organismos fiscalizadores los antecedentes de que disponga o de que tome conocimiento, para que éstos ejerzan a su vez las facultades que les sean propias.

Artículo 98.- La Superintendencia se desconcentrará territorialmente a través de Direcciones Regionales de conformidad a lo establecido en la ley.

Artículo 99.- El personal de la Superintendencia se regulará por las normas de esta ley, por el D.F.L. a que se refiere el artículo tercero transitorio y por los reglamentos que de conformidad a ella se dicten. Supletoriamente, le serán aplicables las normas del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 100.- El Superintendente, con sujeción a la planta de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

El personal a contrata de la Superintendencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Superintendente. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Superintendencia.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios, se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

Artículo 101.- El Superintendente podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la administración civil del Estado, sin que rijan las limitaciones establecidas por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes.

Artículo 102.- El personal de la Superintendencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos administrativos, lo que no obsta a las sanciones penales que procedan.

Artículo 103.- El personal de la Superintendencia tendrá prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su fiscalización otros servicios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta. Cualquiera infracción a esta norma será constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan de conformidad a la ley.

Artículo 104.- Sin perjuicio de las causales previstas en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo, para la cesación del cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

a) Necesidades de la Superintendencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Superintendencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II nivel jerárquico de la Superintendencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Superintendente ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que se adopten y la forma y oportunidad en que se recepcione la información y antecedentes requeridos al efecto.

b) Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a) precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 105.- El personal de la Superintendencia que detente cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos deberá desempeñarse con dedicación exclusiva. Sin perjuicio de lo anterior, podrá realizar labores docentes en los términos del artículo 8° de la Ley N° 19.863, ejercer los derechos que le atañen personalmente, percibir los beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable y los emolumentos que provengan de la administración de su patrimonio.

Artículo 106.- La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos.

Párrafo 8º

Del Patrimonio.

Artículo 107.- El patrimonio de la Superintendencia estará constituido por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b) Los recursos otorgados por leyes especiales;

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o que adquiera a cualquier título;

d) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios;

e) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

g) Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.

La Superintendencia estará sujeta a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado y sus disposiciones complementarias.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 108.- Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Artículo 109.- En los casos no contemplados en la presente ley, la entrega de información que se requiera a estos órganos, se someterá al procedimiento establecido en los artículos 13 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000.

Artículo 110.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y en lo que faltare con cargo a la partida Presupuestaria del Tesoro Público.

Artículo 111.- Un reglamento establecerá los mecanismos que permitan una coordinación eficaz entre los órganos del Estado que componen el Sistema.

Las visitas inspectivas, evaluativas o de fiscalización que realicen los órganos mencionados deberán realizarse coordinadamente.

La Agencia deberá informar a la Superintendencia de Educación, la exclusión indebida de alumnos de bajo rendimiento de las mediciones, filtración de pruebas o cualquier otro intento de manipulación de los resultados de las mediciones de aprendizaje, con el objeto que adopte las medidas pertinentes y aplique las sanciones que corresponda de conformidad a la ley.

Para la elaboración, mantención y actualización de los Registros que se creen en virtud de esta ley, el Ministerio, la Superintendencia y la Agencia de Calidad tendrán libre acceso a la información que cada uno posea, recíprocamente.

Artículo 112.- Modifíquese la ley Nº 18.956, que Reestructura el Ministerio de Educación en el siguiente sentido:

1.- Sustitúyase el artículo 1º por el siguiente:

“El Ministerio de Educación es la Secretaría de Estado encargada de fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades; promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal al primer y segundo nivel de la educación parvularia; financiar un sistema gratuito destinado a garantizar el acceso de toda la población a la educación básica y media generando las condiciones para la permanencia en los mismos de conformidad a la ley; promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales de la persona humana; fomentar la cultura de la paz; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística, la práctica del deporte y la protección y conservación del patrimonio cultural.”.

2.- Elimínese la letra c) del artículo 2º.

3.- Intercálese, a continuación del artículo 2º, el siguiente artículo 2º bis nuevo:

“Artículo 2º bis.- Sin perjuicio de las funciones señaladas en el artículo anterior, también corresponderá al Ministerio:

a) Elaborar las bases curriculares y los planes y programas de estudio para la aprobación del Consejo Nacional de Educación;

b) Formular los estándares de aprendizaje de los alumnos y los estándares indicativos de desempeño para docentes, docente directivos, sostenedores y establecimientos educacionales para la aprobación del Consejo Nacional de Educación, cuando corresponda;

c) Proponer y evaluar las políticas y diseñar e implementar programas y las acciones de apoyo técnico pedagógico para docentes, equipos directivos, asistentes de la educación, sostenedores y establecimientos educacionales;

d) Proponer y evaluar las políticas relativas a la formación inicial y continua de docentes;

e) Determinar, en coordinación con la Agencia de Calidad, el plan de mediciones nacionales e internacionales de los niveles de aprendizaje de los alumnos para la aprobación del Consejo Nacional de Educación.

f) Desarrollar estadísticas, indicadores y estudios del sistema educativo, en el ámbito de su competencia, y poner a disposición del público la información que con motivo del ejercicio de sus funciones recopile. Esta información será pública y de libre acceso para todo el que tenga interés en consultarla. No obstante, tendrá carácter confidencial respecto de la identidad de los alumnos y los docentes evaluados de conformidad a la ley;

g) Establecer y administrar los registros públicos que determine la ley, y

h) Ejecutar, las sanciones que disponga la Superintendencia de Educación o, en su caso, aplicar las sanciones en los ámbitos que determinen las leyes.”.

4.- Intercálese, a continuación del artículo 2º bis nuevo, el siguiente artículo 2º ter nuevo:

“Artículo 2º ter.- Dentro de la función de apoyo técnico pedagógico a los sostenedores y sus establecimientos educacionales y a las instituciones de apoyo técnico pedagógico, al Ministerio le corresponderá asesorar, directamente o a través de terceros, elegidos por el sostenedor de entre los sujetos registrados según el artículo 19 letra d), en los procesos de mejora de la calidad educativa.

En el caso de los establecimientos que reciban la subvención creada por la ley Nº 20.248, este apoyo se financiará con cargo a los recursos que ella establece.”.

5.- Elimínese, en el artículo 4º, la expresión “Jefe Superior del Ministerio y”.

6.- Agréguese al artículo 6º, a continuación de la expresión “del Ministro”, la frase “y el Jefe Administrativo del Ministerio”.

7.- Reemplácese, en el artículo 15, en su inciso segundo, la expresión “y de inspección y control de subvenciones”, por la frase “y las vinculadas a la inspección del pago de las subvenciones”.

8.- Elimínese, en el artículo 16, en su inciso primero, la expresión “y financiera”.

9.- Incorpórese el siguiente Título III nuevo, a la ley Nº 18.956, pasando el actual Título III a ser Título IV, ordenándose sus artículos correlativamente:

“TÍTULO III

De los requerimientos de información, de la Ficha Escolar y los registros

Artículo 17.- Para los efectos de los registros establecidos en la ley, los sostenedores deberán proporcionar toda la información solicitada por el Ministerio de Educación relativa a repitencia, promoción, abandono y retiro de alumnos, compromisos de gestión o metas institucionales del establecimiento. Asimismo, cuando corresponda, deberán informar sobre los programas de apoyo propios o con otras instituciones u organismos, cobros efectuados en los establecimientos en que así procediere y aquella información mencionada en el artículo 8º de la ley Nº 19.979, en los casos que corresponda.

Artículo 18.- A partir de la información a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Educación elaborará una Ficha Escolar que resumirá la información relativa a cada establecimiento educacional.

La Ficha Escolar será publicada en la página Web del Ministerio de Educación. Esta información estará a disposición de cualquier interesado.

Un reglamento fijará la forma, modalidad y periodicidad en que deberá requerirse y publicarse la información establecida en el presente artículo y el anterior, en especial el contenido de la Ficha Escolar.

Artículo 19.- Los Registros de Información comprenderán, al menos, los siguientes:

a) Registros de Sostenedores, el que deberá incluir, al menos, la constancia de su personalidad jurídica, representante legal, establecimientos que administra e historial de infracciones, si las hubiere. En el caso de percibir subvención y/o aportes estatales, deberá también informarse sobre origen y monto de todos los recursos recibidos y planes de desarrollo.

b) Registros de Establecimientos Reconocidos Oficialmente, donde deberá incluirse, al menos, el nombre y domicilio del establecimiento educacional, identificación del sostenedor y representante legal, constancia del acto administrativo por medio del cual se otorgó el reconocimiento oficial y su fecha, nivel de enseñanza y modalidad que imparte y la información pertinente relativa a alumnos, directivos, docentes y asistentes de la educación. Asimismo, deberá contemplar indicadores de eficacia y eficiencia interna y fuentes de recursos y monto de los mismos.

En el caso de los establecimientos que reciban Subvenciones y/o Aportes Estatales, deberá incluir además, la individualización de los integrantes del Consejo Escolar e información sobre el Plan de Mejoramiento Educativo, si lo tuviere.

c) Registro de Docentes, el que deberá incluir el nombre, títulos y otras certificaciones de competencia, establecimiento educacional donde se desempeña, sectores de aprendizaje y cursos en que ejerce, premios y/o sanciones recibidas y otros antecedentes relativos a la idoneidad para ejercer la profesión, de conformidad a la ley. La información para confeccionarlo, deberá ser proporcionada por el sostenedor para quien trabaja el docente.

d) Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, que estarán habilitadas para prestar apoyo a los establecimientos educacionales y para la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo. Un reglamento establecerá la regulación a que se sujete este registro, así como los requisitos que deberán cumplir las personas y entidades para el ingreso y permanencia en el registro o subregistro de especialidades que se creen. En todo caso, el registro deberá incluir, a lo menos, una adecuada identificación de las entidades y especialidades técnicas en las que ofrecen servicios, así como antecedentes relativos a la calidad de los que hubieren prestado. El procedimiento de selección de las mismas, tiempo de duración en el registro y causales que originan la salida de éste, se determinará considerando la calidad técnica, eficacia y especialidad de dichas entidades. Para constituir este registro, el Ministerio de Educación convocará un panel de expertos, ad-honorem, ampliamente reconocidos en el campo de la educación nacional o extranjera.

El Ministerio de Educación deberá administrar y mantener con información actualizada los registros señalados en este artículo, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación de establecer otros registros que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 20.- Las Universidades e Institutos Profesionales deberán remitir por medios informáticos al Ministerio de Educación la nómina de profesores titulados cada año de su respectiva institución. Tratándose de profesores titulados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, deberán remitir la información, dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de la presente ley.”.

Artículo 113.- Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, en el siguiente sentido:

1.- Al artículo 5°:

a) Derógase su inciso tercero.

b) Sustitúyese su inciso cuarto por el siguiente:

“El incumplimiento de la obligación señalada en el inciso segundo se considerará infracción menos grave.”.

2.- Derógase el artículo 19.

3.- Elimínese del inciso final del artículo 21 la siguiente frase “para los efectos del artículo 50”.

4.- Sustitúyese en el inciso final del artículo 22 la frase que sigue al punto seguido (.) por la siguiente “La infracción de esta obligación se considerará infracción menos grave.”.

5.- Sustitúyese, en el inciso quinto del artículo 26 la expresión “al Ministerio” por “a la Superintendencia”.

6.- Deróganse los artículos 52, 52 bis y 53.

7.- Intercálese en el inciso primero del artículo 54 entre las expresiones “mediante resolución fundada“, y la que se inicia “ordenar que se deje sin efecto” la siguiente frase “y previo informe favorable de la Superintendencia de Educación,”.

8.- Al artículo 55:

a) Para agregar después del punto final (.) que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase “Sin perjuicio de las facultades que correspondan, en materia sancionatoria a la Superintendencia de Educación.”.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En la fiscalización de las normas de esta ley y sus reglamentos el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de Educación deberán actuar coordinadamente conforme al artículo 111 de la Ley sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación parvularia, básica y media.”.

9.- Deróganse los artículos 64 y 65.

10.- Elimínese del inciso final del artículo quinto transitorio la frase “para los efectos de los artículos 50 y 52 del presente cuerpo legal”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante un decreto con fuerza de ley expedido por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda, establezca las Direcciones Regionales de la Superintendencia de Educación definiendo sus potestades, funciones y el ámbito geográfico que abarcará cada una de ellas.

Artículo segundo transitorio.- El Ministerio de Educación tendrá un plazo máximo de un año desde la entrada en vigencia de esta ley, para presentar los estándares de aprendizaje e indicativos de desempeño al Consejo Nacional de Educación.

La Agencia de Calidad tendrá un plazo máximo de un año, contado desde la aprobación de los estándares que señala el inciso anterior, para determinar y aplicar la metodología para la clasificación de los establecimientos en las categorías y criterios señalados en el artículo 13.

Artículo tercero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, fije las plantas de personal de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación, y el régimen de remuneraciones que les será aplicable.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas de personal que fije, el número de cargos por cada planta así como los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones y niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley Nº 19.882 y en el artículo 8° del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, según corresponda. En el mismo acto, fijará la fecha de vigencia de la planta de personal y la dotación máxima de personal para el año.

Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas de encasillamiento del personal de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República fijará las normas necesarias para la fijación de las remuneraciones variables, en su aplicación transitoria.

Mediante igual procedimiento, el Presidente de la República determinará la fecha de vigencia de la planta que fije y del encasillamiento que practique y el inicio de funciones de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad.

Artículo cuarto transitorio.- El Presidente de la República nombrará, transitoria y provisionalmente, conforme al artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, al Superintendente y al Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, quienes asumirán de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

Para iniciar el concurso de los integrantes del consejo de la Agencia, el Ministro de Educación tendrá un plazo máximo de dos meses, contado desde la publicación de la presente ley.

Artículo quinto transitorio.- La planta de personal de la Superintendencia y de la Agencia de Calidad de la Educación será provista mediante el traspaso, sin solución de continuidad, de personal desde el Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, siguiendo el procedimiento que se establece en el inciso siguiente. Del mismo modo, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. Los cargos que no se provean de conformidad al procedimiento previsto en el inciso siguiente se llenarán mediante concurso público.

Conforme lo anterior, la Subsecretaría de Educación directamente o utilizando el procedimiento que establece por el artículo 23 del Estatuto Administrativo, llamará a un concurso abierto a los funcionarios de las instituciones enumeradas en el inciso anterior, sean de planta o a contrata, los que deberán cumplir los requisitos de los cargos concursados y estar calificados en listas 1 o 2 de distinción o buena, respectivamente. Los funcionarios a contrata deberán, además, haberse desempeñado en tal calidad a lo menos durante los dos años previos al concurso.

La Subsecretaría de Educación en forma previa, según la planta y sus requisitos, definirá, conjuntamente con el Superintendente o el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, según corresponda, los factores, subfactores, competencias y/o aptitudes específicas a considerar, pudiendo fijarse por cargos o grupo de cargos o funciones.

El concurso deberá seguir, a lo menos, las siguientes normas básicas:

a) En la convocatoria se especificarán los cargos, las funciones a desempeñar y la localidad en la que estará ubicada la vacante.

b) En un solo acto, se postulará a una o más de las plantas o escalafones de la Superintendencia sin especificar cargos o grados determinados dentro de ellas, salvo que se postule sólo a determinadas localidades especificadas en la convocatoria.

c) La provisión de los cargos de cada planta se efectuará, en cada grado, en orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los postulantes.

d) En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme a los siguientes criterios: en primer término con el personal de planta, si quedaran vacantes se procederá con los funcionarios a contrata. De subsistir la igualdad se procederá conforme al resultado de la última calificación obtenida en la institución de origen. Por último, de mantenerse la igualdad se pronunciará el Superintendente o el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad, según corresponda.

e) El traspaso regirá a partir de la fecha en que quede totalmente tramitado el acto administrativo que lo dispone o de una fecha posterior si así éste lo estableciera.

Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, dicte normas complementarias para el adecuado desarrollo del concurso, aplicando en lo que estime pertinente, los preceptos del decreto supremo N° 69 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Artículo sexto transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que a través de uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, regule los cargos de planta que quedaren vacantes, en el o los servicios en virtud de la creación de la Supertendencia de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación. En el ejercicio de esta facultad además, podrá establecer la disminución de la dotación máxima en los servicios antes mencionados.

Artículo séptimo transitorio.- Los traspasos de personal no podrán significar disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos previsionales de los funcionarios traspasados. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.

Artículo octavo transitorio.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministro de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Superintendencia y la Agencia de Calidad, incluyendo sus glosas y los recursos que se le traspasen por efectos del artículo quinto transitorio y aquéllos asociados a las unidades cuyas funciones se transfieren por esta ley a la Superintendencia.

Artículo noveno transitorio.- Mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá también suscribirse por el Ministro de Educación, se determinarán los bienes muebles e inmuebles fiscales que se traspasarán a la Superintendencia y la Agencia de Calidad. El Superintendente y el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, requerirán de las reparticiones correspondientes las inscripciones y anotaciones que procedan, con el sólo mérito del decreto supremo antes mencionado.

Artículo décimo transitorio.- Las categorías indicadas en el artículo 9º de la ley Nº 20.248 se entenderán equivalentes a las categorías establecidas en el artículo 13 de la presente ley, de acuerdo a la siguiente tabla:

Los establecimientos educacionales adscritos al régimen de Subvención Escolar Preferencial, regulado por la ley N° 20.248, serán reclasificados por la Agencia de la Calidad en el plazo establecido en el artículo segundo transitorio de la presente ley.

Sin embargo, los establecimientos clasificados según las categorías señaladas en la ley N° 20.248, conservarán los derechos y deberes constituidos conforme a ella, hasta el término del año 2011.

Facúltase al Presidente de la República para que dicte las normas con fuerza de ley necesarias para la transición de los establecimientos regidos por la ley Nº 20.248 a las categorías establecidas en el artículo 13 de la presente ley.

En el mismo acto el Presidente de la República dictará las demás disposiciones necesarias para adecuar las demás disposiciones de la ley Nº 20.248 a las de la presente ley.

Artículo undécimo transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, a través de uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministerio de Hacienda, dicte las normas necesarias para modificar la organización del Ministerio de Educación con el objeto de adecuarla a las normas de esta ley. En dichas normas se procederá, además, a efectuar la adecuación de las plantas de personal que de dicha reorganización se deriven.”.

-.-.-.-.

Acordado en sesiones celebradas:

Los días, 10 de septiembre, 14 y 15 de octubre de 2008, con asistencia de los Honorables Senadores señores Alejandro Navarro Brain (Presidente), Carlos Cantero Ojeda, Andrés Chadwick Piñera, Ricardo Núñez Muñoz y Mariano Ruiz-Esquide Jara.

El día 3 de marzo de 2009, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ricardo Núñez Muñoz (Presidente), Carlos Cantero Ojeda, Andrés Chadwick Piñera y Mariano Ruiz-Esquide Jara.

Los días 17 de marzo, 1, 7, 8, 14 y 15 de abril de 2009 con asistencia de los Honorables Senadores señores Juan Pablo Letelier Morel (Presidente), Carlos Cantero Ojeda, Andrés Chadwick Piñera, Ricardo Núñez Muñoz y Mariano Ruiz-Esquide Jara (Jorge Pizarro Soto y Hosain Sabag Castillo).

Sala de la Comisión, a 27 de abril de 2009.

MARÍA ISABEL DAMILANO PADILLA

Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

(BOLETÍN Nº 5.083-04)

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: en lo fundamental, establecer un Sistema Nacional de Aseguramiento de Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, y crear dos nuevos órganos que velen por la calidad en materia educacional, a saber: la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación.

II. ACUERDOS: Artículos e indicaciones:

Artículos N°s:

Artículo 1° Aprobado 3x0.

Artículo 2°, inciso primero, encabezamiento Aprobado 4x0.

Artículo 2°, inciso primero, letras b) Aprobada con modificaciones 4x0.

Artículo 2°, inciso primero, letras c) y d)Aprobadas 4x0.

Artículo 2°, inciso primero, letra f) Aprobada 4x0.

Artículo 2°, inciso primero, letra g) Aprobada con modificaciones 3x2 abstenciones.

Artículo 2°, inciso primero, letra h) Aprobada con modificaciones 5x0.

Artículo 3° Aprobado con modificaciones 5x0.

Artículo 5°, incisos primero y segundo Aprobados 4x0.

Artículo 6°, inciso primero Aprobado 4x0.

Artículo 6°, inciso segundo, encabezamiento Aprobado 4x0.

Artículo 6°, inciso segundo, letra b) Aprobada 4x0.

Artículo 6°, inciso segundo, letra d) Aprobada con modificaciones 4x0.

Artículo 7°, encabezamiento Aprobado 4x0.

Artículo 7°, letra a), párrafos 2° Aprobado con modificaciones 4x0.

Artículo 7°, letra a), párrafo 3° Aprobado con modificaciones 3x0.

Artículo 7°, letras b), c) y d) Aprobadas 3x0.

Artículo 7°, letra e) y f) Aprobadas con modificaciones 3x0.

Artículo, letra h) Aprobada 2x1 abstención.

Artículo 7°, letra i) Aprobada 3x0.

Artículo 7°, letra j), párrafo primero Aprobado 3x0.

Artículo 7°, letra j), párrafo segundo Aprobado con modificaciones 3x0.

Artículo 7°, letra k) Aprobada con modificaciones 3x0.

Artículo 7°, letras l), m), n), ñ), o) y p) Aprobadas 3x0.

Artículo 8°, inciso primer oAprobado 3x0.

Artículo 9° Aprobado con modificaciones 3x0.

Artículo 10 Aprobado con modificaciones 4x0.

Artículo 11 Aprobado 2x1 abstención.

Artículo 12 Aprobado 3x0.

Artículo 13, inciso segundo Aprobado con modificaciones 3x0.

Artículo 13, inciso tercero Aprobado 5x0.

Artículo 13, inciso cuarto, encabezamiento Aprobado con modificaciones 5x0.

Artículo 13, inciso cuarto, letras a) y b)Aprobadas 5x0.

Artículo 13, inciso cuarto, letra c)Aprobada con modificaciones 5x0.

Artículo 14, incisos primero, segundo y tercero Aprobados con modificaciones 4x0.

Artículo 14, inciso cuarto Aprobado 4x0.

Artículo 15 Aprobado con modificaciones 4x0.

Artículo 16, inciso primero Aprobado 4x0.

Artículo 16, inciso tercero Aprobado 4x0.

Artículo 16, inciso cuarto Aprobado 4x0.

Artículo 18 Aprobado con modificaciones 4x0.

Artículo 19 Aprobado 4x0.

Artículo 20, inciso primero Aprobado 3x0.

Artículo 20, inciso segundo Aprobado con modificaciones 3x0.

Artículo 21 Aprobado 3x0.

Artículo 22, inciso primero Aprobado con modificaciones 2x1 en contra.

Artículo 22, incisos segundo y tercero Aprobados 3x0.

Artículo 23 Aprobado 3x0.

Artículo 24 Aprobado 3x0.

Artículo 26 Aprobado con modificaciones 3x0.

Artículo 27 Aprobado con modificaciones 3x0.

Artículo 28 Aprobado con modificaciones 3x0.

Artículo 29 Aprobado con modificaciones 3x0.

Artículo 30 Aprobado 3x0.

Artículo 31, inciso primero Aprobado 3x0.

Artículo 31, inciso segundo Aprobado con modificaciones 4x0.

Artículo 31, inciso tercero Aprobado 3x0.

Artículo 32 Aprobado 3x0.

Artículo 33 Aprobado con modificaciones 3x0.

Artículo 34, encabezamiento Aprobado 3x0.

Artículo 34, letra a) Aprobada con modificaciones 3x0.

Artículo 34, letra b) Aprobado con modificaciones 4x0.

Artículo 34, letras c) y d) Aprobadas 3x0.

Artículo 35, inciso primero, encabezamiento del inciso segundo y sus letras a), b) y c) Aprobados 3x0.

Artículo 35, inciso segundo, letra d) e inciso tercero Aprobados con modificaciones 4x0.

Artículo 36 Aprobado 3x0.

Artículo 37 Aprobado 3x0.

Artículo 38 Aprobado 3x0.

Artículo 39 Aprobado con modificaciones 3x0.

Artículo 40 4x0.

Artículo 41, inciso primero Aprobado 4x0.

Artículo 41, inciso segundo Aprobado 3x1 en contra.

Artículo 41, inciso tercero Aprobado 2x1 abstención.

Artículo 42 Aprobado 4x0.

Artículo 43 Aprobado 4x0.

Artículo 44, inciso primero, encabezamiento y sus letras a), b), c) y d) Aprobadas 4x0.

Artículo 44, inciso primero, letras f) y g)Aprobadas 4x0.

Artículo 44, inciso segundo Aprobado 4x0.

Artículo 45 Aprobado 4x0.

Artículo 46 Aprobado con modificaciones 4x0.

Artículo 47, encabezamiento Aprobado 4x0.

Artículo 47, letras a) y b) Aprobadas con modificaciones 4x0.

Artículo 47, letra c) Aprobada 4x0.

Artículo 47, letra d) Aprobada con modificaciones 4x0.

Artículo 47, letra e) Aprobada con modificaciones 4x0.

Artículo 47, letra f) Aprobada 4x0.

Artículo 47, letras h), i), j) y k) Aprobadas 3x0.

Artículo 47, letra l) Aprobada con modificaciones 3x0.

Artículo 47, letras m), n), ñ), o), p), q) y r) Aprobadas 3x0.

Artículo 48 Aprobado 3x0.

Artículo 49, inciso primero Aprobado 4x0.

Artículo 40, inciso segundo Aprobado con modificaciones 4x0.

Artículo 50, inciso primero Aprobado con modificaciones 4x0.

Artículo 50, inciso segundo Aprobado con modificaciones 4x0.

Artículo 51 Aprobado 4x0.

Artículo 52 Aprobado con modificaciones 4x0.

Artículos 53, 54, 55 y 56 Aprobados 4x0.

Artículo 57 Aprobado con modificaciones 4x0.

Artículos 58, 59, 60 y 61 Aprobados 3x0.

Artículos 62, 63 y 65 Aprobados 3x0.

Artículo 65, inciso primero Aprobado con modificaciones 3x0.

Artículo 65, inciso segundo Aprobado 3x0.

Artículo 66 Aprobado con modificaciones 3x0.

Artículo 67 Aprobado 3x0.

Artículo 68 Aprobado 3x0.

Artículos 69, 70 y 71 Aprobados 3x0.

Artículos 72, 73 y 74 Aprobados 3x0.

Artículo 75, encabezamiento y letra a)Aprobados 3x0.

Artículo 75, letra b) Rechazada 4x0.

Artículo 75, letra c) Aprobada 4x0.

Artículo 75, inciso segundo Aprobado 4x0.

Artículo 76, inciso primero, encabezamiento y letra a)Aprobados 4x0.

Artículo 75, inciso primero, letra b) Aprobada 4x0.

Artículo 76, inciso primero, letra c) Aprobada con modificaciones 4x0.

Artículo 76, inciso segundo Aprobado 4x0.

Artículos 77, 78, 79 y 80 Aprobados 4x0.

Artículo 81 Aprobado con modificaciones 5x0.

Artículos 82 y 83 Aprobados 5x0.

Artículos 84 y 85 Aprobados 4x0.

Artículo 86 Aprobado con modificaciones 5x0.

Artículos 87, 88, 89, 90 y 91 Aprobados 5x0.

Artículo 92 Aprobado con modificaciones 5x0.

Artículos 93, 94 y 95 Aprobados 5x0.

Artículos 96, 97, 98, 99 Aprobados 5x0.

Artículo 100, inciso primero Aprobado 4x0.

Artículo 100, inciso segundo Aprobado 3x1.

Artículo 100, inciso tercero Aprobado 4x0.

Artículos 101, 102, 103, 104, 105 y 106Aprobados 4x0.

Artículo 107 Aprobado con modificaciones 4x0.

Artículos 108, 109, 110 y 111 Aprobados 4x0.

Artículo 112, encabezamiento Aprobado 4x0.

Artículo 112, número 1° Aprobado con modificaciones 4x0.

Artículo 112, números 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9 Aprobados 4x0.

Artículo 113 Aprobado 4x0.

Artículo primero transitorio Aprobado 4x0.

Artículo segundo transitorio Aprobado 4x0.

Artículo tercero transitorio Aprobado 4x0.

Artículo cuarto transitorio Aprobado 4x0.

Artículo quinto transitorio Aprobado 4x0.

Artículo sexto transitorio Aprobado 4x0.

Artículo séptimo transitorio Aprobado 4x0.

Artículo octavo transitorio Aprobado 4x0.

Artículo noveno transitorio Aprobado 4x0.

Artículo décimo transitorio Aprobado con modificaciones 4x0.

Artículo undécimo transitorio Aprobado 4x0.

Indicaciones N°s:

1 (sustitutiva del proyecto) Aprobada con modificaciones, con las votaciones que se individualizan para su articulado.

2 Aprobada con modificaciones 4x0.

3 Aprobada con modificaciones 4x0.

3 bis Aprobada 4x0.

3 ter Aprobada 4x0.

3 quáter Aprobada 4x0.

4 Aprobada con modificaciones 4x0.

4 bis Aprobada 4x0.

5 Aprobada con modificaciones 4x0.

5 bis Aprobada 4x0.

6 Aprobada con modificaciones 4x0.

6 bis Aprobada con modificaciones 4x0.

6 ter Aprobada 4x0.

7 Aprobada con modificaciones 4x0.

7 bis Aprobada 4x0.

7 ter Aprobada 4x0.

8 Rechazada 2x1 abstención.

8 bis Aprobada 3x1 en contra.

9 Rechazada 2x1 abstención.

10 Aprobada con modificaciones 3x0.

11 Aprobada con modificaciones 3x0.

11 bis Aprobado 4x0.

12 inciso primero Aprobada con modificaciones 3x0.

12 Inciso segundo Rechazada 2x1 abstención.

12 bis Aprobada 4x0.

13 Aprobada 4x1 abstención.

14 inciso primero Rechazada 4x0.

14 inciso segundo Aprobada con modificaciones 4x0.

14 inciso tercero Rechazada 4x0.

15 Aprobada 4x0.

15 bis incisos primero, tercero y cuartoAprobados 4x0.

15 bis inciso segundo Aprobada 3x1 en contra.

16 Aprobada con modificaciones 3x0.

17 Rechazada 3x0.

17 bis Aprobada 4x0.

1Rechazada 4x0.

18 bis Aprobada 4x0.

19 Rechazada 4x0.

20 Rechazada 3x0.

21 Inadmisible.

22 Rechazada 2x1 a favor.

23 Retirada.

24 Retirada.

25 Retirada.

26 Aprobada con modificaciones 4x0.

26 bis Aprobada 4x0.

27 Retirada

27 bis Aprobada 4x0.

28 Retirada.

28 bis Aprobada 4x0.

28 ter Aprobada 4x0.

28 quáter Aprobado 4x0.

29 y 30 Retiradas.

30 bis Rechazada 4x0.

31 Retirada.

32 Aprobada con modificaciones 3x1 en contra.

33 y 34 Retiradas.

35 Aprobada 4x0.

35 bis Aprobada 4x0.

36, 37 y 38 Retiradas.

38 bis Aprobada 3x1 en contra.

39 Rechazada 2x1 a favor.

40 Retirada.

41 Aprobada con modificaciones 4x0.

41 bis Aprobada 4x0.

42 Rechazada 4x0.

42 bis Aprobada 4x0.

43 Rechazada 3x0.

44 Rechazada 2x1 abstención.

45 Rechazada 3x0.

46 Rechazada 3x0.

47 Rechazada 4x0.

48 Aprobada con modificaciones 4x0.

48 bis Aprobada 4x0.

49 Inadmisible.

50 Rechazada 4x0.

51 Rechazada 3x1 a favor.

51 bis Aprobada 4x0.

52 Aprobada con modificaciones 4x0.

53 Rechazada 4x0.

54 Rechazada 4x0.

55 Aprobada 4x0.

56 Rechazada 4x0.

57 Rechazada 4x0.

58 Rechazada 4x0.

59 Aprobada con modificaciones 2x1 en contra.

59 bis Aprobada 2x1 en contra.

60 Rechazada 3x0.

61 Rechazada 4x0.

62 Rechazada 3x0.

63 Inadmisible.

64 Rechazada 3x0.

65 Rechazada 3x0.

66 Rechazada 3x0.

67 Rechazada 3x0.

67 bis Aprobada 4x0.

67 ter Aprobada 3x1 en contra.

67 quáter Aprobada 4x0.

68 Aprobada 3x0.

69 Rechazada 3x0.

70 Inadmisible.

71 Rechazada 2x1 a favor.

72 y 73 Inadmisibles.

73 bis Aprobada 3x1 en contra.

73 ter Aprobada 3x1 en contra.

74 Rechazada 3x0.

75 Rechazada 3x0.

76 Rechazada 3x0.

77 Rechazada 3x0.

78 Rechazada 3x0.

79 Rechazada 3x0.

80 Rechazada 3x0.

80 bis Aprobada 4x0.

81 Rechazada 3x0.

82 Rechazada 3x0.

83 Rechazada 3x0.

84 Rechazada 4x0.

84 bis Aprobada 4x0.

85 Rechazada 4x0.

85 bis Aprobada 4x0.

86 Rechazada 4x0.

86 bis Aprobada 4x0.

87 y 88 Retiradas.

89 Aprobada 4x0.

90 Retirada.

91 Retirada.

92 Rechazada 4x0.

93 Rechazada 4x0.

94 Rechazada 3x2 a favor.

95 Rechazada 3x2 a favor.

95 bis Aprobada 5x0.

96 Aprobada con modificaciones 5x0.

97 Inadmisible.

98 Rechazada 2x1 abstención.

99 Rechazada 4x0.

99 bis Rechazada 4x0.

100 Rechazada 4x0.

101 Rechazada 4x0.

102 Rechazada 4x0.

102 bis Aprobada 4x0.

103 Rechazada 2x1 en contra y 1 abstención.

103 bis Aprobada 4x0.

104 Retirada.

105 Rechazada 3x1a favor.

106 Rechazada 3x1 a favor.

107Rechazada 3x1.

108 Rechazada 4x0.

109 Rechazada 4x0.

110 Rechazada 4x0.

111 Rechazada 4x0.

112 Rechazada 4x0.

113 Rechazada 4x0.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de 113 artículo permanentes y 11 transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: corresponde aprobar como normas de carácter orgánico constitucional los artículos 5°, 6°, 7°, 15, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 80, 81, 82, 94, 97, 98, 99, 100, 104, 112 y los artículos transitorios primero, tercero, cuarto, quinto y undécimo, por tratarse de un conjunto de normas que se refieren a la creación, organización y funcionamiento de los Servicios Públicos y de la carrera funcionaria, y por establecer una especie de recurso administrativo y judicial. Todo esto en virtud de lo dispuesto en los artículos 38 y 77 de la Constitución Política de la República y en el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

V. URGENCIA: suma.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. la Presidenta de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primer trámite.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 5 de junio de 2007.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- Los numerales 10º y 11º del artículo 19 de la Constitución Política, que consagran, respectivamente, las garantías del derecho a la educación y de libertad de enseñanza.

2.- El decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales.

3.- La ley N° 18.956 que reestructura el Ministerio de Educación Pública.

4.- La ley N° 20.248 que establece la Ley de Subvención Escolar Preferencial.

5.- El decreto ley N° 3.551, de 1981 que fija las normas sobre remuneraciones y sobre el personal para el sector público.

6.- El decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

7.- La ley N° 19.863 sobre remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la Administración Pública y da normas sobre gastos reservados.

8.- El decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado.

9.- El decreto ley N° 3.166, de 1980, que autoriza entrega de la administración de determinados establecimientos de educación técnico profesional a las instituciones o a las personas jurídicas que indica.

10.- La ley N° 19.979 que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.

11.- El decreto supremo N° 69, de 2004, del Ministerio de Hacienda que establece el Reglamento sobre concursos del Estatuto Administrativo.

12.- El decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.

13.- La ley N° 19.882 que regula la nueva política de personal de los funcionarios que indica.

14.- La ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procediminetos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

15.- El decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

16.- El artículo 260 del Código Penal.

17.- El Código Tributario en sus artículos 53, 57 y 58.

18.- El Código Civil en su artículo 2132.

Valparaíso, a 27 de abril de 2009.

MARÍA ISABEL DAMILANO PADILLA

Secretario

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Superintendencia de Educación.

BOLETÍN Nº 5.083-04

____________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de presentaros su informe respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de S. E. la Presidenta de la República, con urgencia calificada de “suma”.

A la sesión en que se consideró esta iniciativa de ley asistieron, además de los miembros de la Comisión, del Ministerio de Educación, la Ministra, señora Mónica Jiménez; el Jefe de la Unidad de Currículum y Evaluación, señor Pedro Montt; la Subdirectora de la División Jurídica, señora Luz María Gutiérrez; la Jefa de la División Jurídica, señora Regina Clark; y la Asesora de la Ministra, señora Ana Labra. Asimismo concurrieron, del Ministerio de Hacienda, el Abogado del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos, señor Patricio Espinoza; la Abogada de dicha repartición, señora Macarena Lobos, y la Asesora, señora Tania Hernández.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

En lo relativo a las normas de quórum especial, la Comisión de Hacienda se remite a lo consignado en el segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, dejamos constancia de las siguientes materias:

I.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: ninguno.

II.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: no hay.

III.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: no hay.

IV.- Indicaciones rechazadas: no hay.

V.- Indicaciones retiradas: no hay.

VI.- Indicaciones declaradas inadmisibles: no hay.

Se hace presente que esta constancia es complementaria del cuadro reglamentario contenido en el segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

- - -

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología dejó constancia en su segundo informe del hecho de haberse presentado una indicación sustitutiva del proyecto por parte del Ejecutivo, respecto de la cual la Sala del Senado autorizó la presentación de indicaciones, y el informe de vuestra Comisión de Hacienda recaerá, como reglamentariamente corresponde, sobre el texto aprobado en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la referida indicación sustitutiva y las indicaciones presentadas a ésta.

De conformidad con su competencia, vuestra Comisión de Hacienda se pronunció acerca de los artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 7º letras h), i), j), k), m) y o), 12, 30, 33 letra b), 38, 39 inciso primero, 40, 41, 43 inciso final, 44, 45, 47 letras n) y r), 50, 57, 60, 61, 65, 69 letras b), c), d), e) y f), 73 inciso segundo, 74, 76 letra c) e inciso segundo, 78, 94, 95, 97 letras c), f) e i), 99, 100, 104, 107, 110 y 112 números 1, 3, 4, 7 y 9 permanentes, y los artículos primero, tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y undécimo transitorios, en los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, como reglamentariamente corresponde.

- - -

OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO DE LEY

Establecer un Sistema Nacional de Aseguramiento de Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, y crear dos nuevos órganos que velen por la calidad en materia educacional, a saber: la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación.

- - -

DISCUSIÓN

Previo al análisis específico de los artículos y de las indicaciones de competencia de la Comisión, la Ministra, señora Jiménez, expuso que la iniciativa legal en discusión es absolutamente complementaria respecto del proyecto de la Ley General de Educación que ya fue aprobada por el Congreso Nacional, dado que le da efectividad y operatividad. Asimismo, señaló que regula dos organismos, la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación, que forman el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media.

Observó que la institucionalidad del Ministerio de Educación se divide en cuatro áreas de trabajo: el propio Ministerio, la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad de la Educación y el Consejo Nacional de Educación, por lo que es muy relevante el artículo 112 del proyecto que da coordinación a los mencionados entes, dando efectividad a la ley y evitando la desorientación de los usuarios.

Finalmente, respecto de los actuales funcionarios, al requerirse un perfil profesional alto en los nuevos cargos se hace indispensable capacitar al personal del Ministerio de forma que puedan ocupar las plazas del organigrama, aunque de todas formas el Sistema requiere la entrada de profesionales externos.

El Honorable Senador señor García consultó por la situación de los llamados profesores normalistas, que al no tener ocho semestres de estudios universitarios, no podrán seguir siendo sostenedores de establecimientos educacionales, creando un grave problema.

La Ministra, señora Jiménez, manifestó que efectivamente existe un problema en dicho ámbito, que no afecta sólo a los profesores normalistas, sino también a los colegios que dependen de congregaciones religiosas, y planteó que deberán solucionarlo en los próximos trámites que cumpla la iniciativa.

El Honorable Senador señor García señaló que existen profesores titulados, pero que no tienen ocho semestres de estudios superiores y ejercen con una autorización especial, que con la nueva normativa no podrán continuar impartiendo clases.

La Ministra, señora Jiménez, expresó que más allá de los requisitos analizados lo que quisieran en el Ministerio es que exista un examen nacional individual que asegure la calidad del docente en los tres ámbitos de la pedagogía, la didáctica y la docencia.

- - -

Las disposiciones de competencia de la Comisión se reseñan de manera sumaria a continuación, conforme al texto de la indicación sustitutiva consignada en el segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología:

Artículo 1º

Establece que la presente ley tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media en adelante “Sistema”, y los órganos que lo componen.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 2º

Es del siguiente tenor:

“Artículo 2º.- El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media considerará:

a) Estándares de aprendizaje de los alumnos y estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores, de los docentes y directivos.

b) Requisitos del reconocimiento oficial que deben cumplir los sostenedores y los establecimientos para ingresar y mantenerse en el sistema educacional según lo establecido en la ley.

c) Políticas, mecanismos e instrumentos para apoyar a los integrantes de la comunidad educativa y a los establecimientos educacionales en el logro de los estándares.

d) Evaluaciones de desempeño y mediciones de los resultados de aprendizaje para determinar el logro de los estándares.

e) Fiscalización del adecuado uso de los recursos y del cumplimiento de los requisitos del reconocimiento oficial y de la normativa educacional por los sostenedores y administradores del servicio educativo.

f) Evaluaciones del impacto de políticas y programas educativos.

g) Sistemas de información pública accesibles a toda la comunidad referidos al resultado de las evaluaciones de logro de los estándares, a la clasificación de los establecimientos y sus consecuencias, a los resultados de la fiscalización, y a las evaluaciones de las políticas y mecanismos de apoyo implementados.

h) Rendiciones de cuenta, reconocimientos y sanciones relacionadas con el logro de los estándares y con el cumplimiento de las normas aplicables a los establecimientos y sostenedores.

Corresponderá al Presidente de la República, por decreto supremo dictado a través del Ministerio de Educación, previo informe favorable del Consejo Nacional de Educación, establecer los estándares a que se refiere la letra a) de este artículo, los cuales tendrán una vigencia de seis años.”.

El Honorable Senador señor Ominami señaló que se consagra la separación de la Educación Parvularia, Básica y Media, y debiera hacerse algo similar respecto de la Educación Superior en cuanto a control, fiscalización y aseguramiento de la calidad.

La Honorable Senadora señora Matthei indicó que la conexión entre Educación Superior y Escolar puede hacerse no sólo a nivel legal, sino que además efectuarse en la aplicación práctica de la enseñanza.

El Jefe de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, señor Montt, explicó que, en la Educación Superior, sólo existe lo referido a la acreditación que no es obligatoria y falta asegurar la calidad con controles y fiscalización obligatoria.

En este artículo recayeron las indicaciones números 2, 3 y 3 bis:

La indicación número 2, de los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, plantea reemplazar la letra a) por la siguiente:

“a) Objetivos generales establecidos a través de las bases curriculares y estándares de aprendizaje de los alumnos y estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores, de los docentes y directivos, propuestos por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación.”.

La indicación número 3, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, sustituye en la letra e) la frase “Fiscalización del adecuado uso de los recursos” por “Fiscalización de la adecuada rendición de cuentas del uso de los recursos públicos”.

La indicación Nº 3 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para suprimir su inciso final.

- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 2, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 3, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 3 bis, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 5º

Su texto es el siguiente:

“Artículo 5º.- Créase la Agencia de Calidad de la Educación, en adelante “la Agencia”, servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

La Agencia estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882.

El domicilio de la Agencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas que pueda establecer cuando las necesidades del servicio así lo exijan y exista disponibilidad presupuestaria.”.

En este artículo recayeron las siguientes indicaciones:

La indicación número 4, de los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, elimina del inciso final la frase: “y exista disponibilidad presupuestaria”.

- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 4, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Posteriormente, fue presentada la indicación número 4 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el inciso final por el siguiente:

“El domicilio de la Agencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas que puedan establecer en otras regiones cuando las necesidades del servicio así lo exijan.”.

- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 4 bis, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 6º

Es del siguiente tenor:

“Artículo 6º.- El objeto de la Agencia será evaluar y orientar para el mejoramiento de la calidad de la educación, considerando las particularidades de los distintos niveles y modalidades educativas.

Para el cumplimiento de dicho objeto tendrá las siguientes funciones:

a) Evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al grado de cumplimiento de los estándares respectivos, a través de instrumentos y procedimientos de medición estandarizados y externos a los establecimientos;

b) Realizar evaluaciones del desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores, de los docentes y sus directivos en base a los estándares indicativos;

c) Clasificar a los establecimientos según los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, y

d) Proporcionar información en materias de su competencia a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general.”.

En este artículo recayeron las indicaciones números 5, 5 bis, 6, 6 bis y 6 ter:

La indicación número 5, de los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, reemplaza la letra a) por la siguiente:

“a) Evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al grado de cumplimiento de los objetivos generales establecidos a través de las bases curriculares y los estándares respectivos, por medio de instrumentos y procedimientos de medición estandarizados y externos a los establecimientos;”.

La indicación número 6, de los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, la sustituye por la siguiente:

“c) Clasificar a los establecimientos según los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los objetivos generales establecidos a través de las bases curriculares y los estándares de aprendizaje, y”.

- En votación, la Comisión aprobó las indicaciones N°s 5 y 6, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó las siguientes indicaciones:

La indicación número 5 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar en su letra a) entre la frase “estándares respectivos,” y la que se inicia con la expresión “a través de” la siguiente frase: “referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares,”.

La indicación número 6 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, que sustituye la letra c) por la siguiente:

“c) Clasificar a los establecimientos en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares.”.

La indicación número 6 ter, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para eliminar en la letra d) la expresión “educativa y a la ciudadanía”.

- En votación, la Comisión aprobó las indicaciones N°s 5 bis y 6 ter, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 6 bis, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 7º

En su encabezado establece que para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia tendrá varias atribuciones, de las cuales reseñamos aquellas de competencia de la Comisión.

Letra h)

“h) Poner a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de establecimientos educacionales, sostenedores, docentes y alumnos.

En caso alguno la publicación incluirá la individualización de los alumnos. Sin perjuicio de lo anterior, los padres y apoderados deberán ser informados de los resultados obtenidos por sus hijos o pupilos cuando las mediciones tengan validez y confiabilidad estadística individual, sin que tales resultados puedan ser publicados ni usados con propósitos que puedan afectar negativamente a los alumnos, tales como selección, repitencia u otros similares.”.

Letra i)

“i) Crear y administrar los registros que sean necesarios para ejercer sus funciones.”.

Letra j)

“j) Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.

Asimismo, elaborará informes acerca de la cobertura de las diversas materias del currículum nacional, así como también evaluaciones de impacto respecto del desempeño de los establecimientos.”.

En esta letra recayó la indicación número 9, de los Honorables Senadores Larraín, Allamand y Chadwick, para intercalar en la letra j), entre las frases “acerca de la cobertura” y “de las diversas materias”, la expresión “del sistema”.

Letra k)

“k) Ingresar a los establecimientos educacionales y dependencias docentes del sostenedor, en coordinación con la Superintendencia, con el fin de evaluar la calidad de la educación y realizar las mediciones, visitas evaluativas y ejercer las demás atribuciones que le encomienda la ley, sin alterar el normal desenvolvimiento de las actividades pedagógicas del establecimiento.”.

Letra m)

“m) Convenir con otros organismos de la Administración del Estado o con entidades privadas, la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones.”.

Letra o)

“o) Cobrar y percibir derechos por la evaluación y orientación que le soliciten los establecimientos particulares pagados y por las demás certificaciones que establezca la ley en el ámbito de sus atribuciones.”.

- En votación la indicación número 9, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Puestas en votación las letras j) y k) del artículo 7º, fueron aprobadas, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Puestas en votación las letras h), i), m) y o) del artículo 7º, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 12

Dispone que la Agencia administrará un registro de personas o entidades acreditadas para apoyar la realización de las visitas evaluativas. Un reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir las personas o entidades para el ingreso y permanencia en el registro; el procedimiento de selección de las mismas; el tiempo de duración en el registro, sus inhabilidades y las causales que originan la salida de éste, destinadas a asegurar la calidad técnica y eficacia de su apoyo.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 30

Establece que los órganos de la Agencia son el Consejo y el Secretario Ejecutivo.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 33

Letra b)

Dispone que corresponderá al Consejo:

b) Aprobar y dar seguimiento anualmente al plan de trabajo de la Agencia, así como la memoria y el balance del año anterior, y conocer el anteproyecto de presupuesto.

Puesto en votación la letra b) del artículo 33 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 38

Establece que los consejeros percibirán una dieta equivalente a 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 100 de dichas unidades por mes calendario.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 39

Inciso primero

Dispone que el Secretario Ejecutivo será el Jefe Superior del Servicio y estará afecto al sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882.

En este inciso recayeron las siguientes indicaciones:

La indicación número 29, de los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, lo reemplaza por el siguiente:

“Artículo 39.- El Secretario Ejecutivo será el Jefe Superior del Servicio y será designado por el Ministro de Educación a proposición del Consejo y estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882.”.

La indicación número 30, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega la siguiente oración: “El Secretario Ejecutivo será nombrado por el Consejo de la Agencia.”.

- La Comisión no se pronunció sobre las indicaciones números 29 y 30, por haber sido retiradas por sus autores en el trámite correspondiente ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Puesto en votación el inciso primero del artículo 39, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 40

Establece que el personal de la Agencia se regulará por las normas de esta ley y por los reglamentos que de conformidad a ella se dicten, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo y, en materia de remuneraciones, por las normas que fije el decreto con fuerza de ley a que se refiere el artículo tercero transitorio de la presente ley.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 41

Es del siguiente tenor:

“Artículo 41.- Previo acuerdo del Consejo, el Secretario Ejecutivo, con sujeción a la planta de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

El personal a contrata de la Agencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Secretario Ejecutivo. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Agencia de Calidad.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios, se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.”.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García, Ominami y Sabag.

Artículo 43

Su texto es el siguiente:

“Artículo 43.- Sin perjuicio de las causales previstas en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, para la cesación del cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

a) Necesidades de la Agencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Agencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II nivel jerárquico de la Agencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Secretario Ejecutivo ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que adoptarán y la forma y oportunidad en que recibirán la información y antecedentes requeridos al efecto.

b) Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a) precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.”.

Puesto en votación el inciso final del artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García, Ominami y Sabag.

Artículo 44

Es del siguiente tenor:

“Artículo 44.- El patrimonio de la Agencia estará constituido por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b) Los recursos otorgados por leyes especiales;

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o que adquiera a cualquier título;

d) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios;

e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

g) Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.

La Agencia estará sujeta a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, y sus disposiciones complementarias.”.

En la letra e) del artículo recayeron las siguientes indicaciones:

La indicación número 31, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, propone suprimirla.

- La Comisión no se pronunció sobre la indicación número 31, por haber sido retirada por su autor en el trámite correspondiente ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

La indicación número 32, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, en subsidio de la anterior, plantea sustituirla por la siguiente:

“e) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;”.

- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 32, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

Artículo 45

Su texto es el siguiente:

“Artículo 45.- Créase la Superintendencia de Educación, en adelante “la Superintendencia”, servicio público funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

La Superintendencia constituye una institución fiscalizadora en los términos del decreto ley N° 3.551, de 1981, y estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882.

El domicilio de la Superintendencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las Direcciones Regionales que constituya.”.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

Artículo 47

Dispone que para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones:

Letra n)

(Letra m) del texto de la indicación sustitutiva)

Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.

Letra r)

(Letra q) del texto de la indicación sustitutiva)

Cobrar y percibir los derechos de actuaciones y certificaciones que establezca la ley en el ámbito de sus atribuciones.

Fue aprobada como letra q) del texto de la indicación sustitutiva, y pasó a ser r) en el texto final.

- En votación las letras n) y r) del artículo 47, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

Artículo 50

Su texto es el siguiente:

“Artículo 50.- Los sostenedores y los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado, deberán rendir cuenta pública del uso de los recursos a través de procedimientos contables simples generalmente aceptados, respecto de cada uno de sus establecimientos educacionales de acuerdo a los instrumentos y formatos estandarizados que fije la Superintendencia.

Además, en caso de sospechas fundadas, la Superintendencia podrá realizar auditorías o requerir, a petición del sostenedor del establecimiento, que instituciones externas las efectúen, para comprobar la veracidad y exactitud de la información financiera que le hayan proporcionado. Si estas auditorías fueran realizadas por instituciones externas, la elección de la institución y su financiamiento corresponderá al sostenedor. La institución que realice la auditoría externa, deberá estar inscrita en un registro que para tales efectos lleve la Superintendencia.”.

En este artículo recayeron las siguientes indicaciones números 50, 51, 51 bis, 52, 53 y 54:

La indicación número 50, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para intercalar, entre la frase “o que reciban aportes” y “del Estado”, la palabra “regulares”.

La indicación número 51, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, incorpora la siguiente oración final:

“En ningún caso esta rendición de cuentas implicará un análisis de mérito de los gastos realizados.”.

La indicación número 52, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega, antes de la frase “en caso de sospechas fundadas”, la siguiente: “previa resolución fundada y”.

La indicación número 53, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega, después de la frase “en caso de sospechas fundadas”, la siguiente: “que dichos recursos están siendo utilizados fraudulentamente”.

La indicación número 54, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, en subsidio de la anterior, propone reemplaza la frase “en caso de sospechas fundadas” por “en caso de sospechas fundadas respecto de la veracidad y exactitud de la información financiera que le hayan proporcionado,”.

- En votación, la Comisión rechazó las indicaciones N°s 50, 51, 53 y 54, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona y García.

- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 52, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona y García.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación número 51 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para incorporar en su inciso primero la siguiente oración final:

“El análisis de la rendición de cuentas sólo implicará un juicio de legalidad del uso de los recursos.”.

- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 51 bis, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona y García.

Artículo 57

Dispone que el funcionario designado podrá citar a los interesados a una audiencia de mediación en la cual propondrá bases de arreglo para solucionar el conflicto. Las opiniones que emita en esa audiencia no lo inhabilitarán para seguir conociendo de la causa.

En este artículo recayeron las siguientes indicaciones números 58, 59 y 59 bis:

La indicación número 58, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, reemplaza la expresión “podrá citar” por “deberá citar”.

La indicación número 59, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán convenir en llevar el asunto ante un mediador de entre aquellos inscritos en un registro que llevará para estos efectos la Superintendencia.”.

- En votación, la Comisión rechazó la indicación N° 58, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona y García.

- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 59, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona y García.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación número 59 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto:

“Sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de resolver los conflictos que se susciten, y exceptuando las situaciones que de acuerdo a esta ley configuran infracciones graves, las partes podrán convenir a su costo que tales conflictos sean sometidos a mediación previa.

No obstante lo anterior, tratándose de los establecimientos particulares pagados la excepción a que se refiere el inciso anterior no comprende las infracciones señaladas en los literales h), i) y j) del artículo 72 de la presente ley.

Las partes convendrán el nombre del mediador, el que en todo caso, para ejercer como tal, deberá inscribirse en el registro que al efecto lleve la Superintendencia.

Corresponderá a la Superintendencia fijar, mediante normas de general aplicación, los requisitos que deberán cumplir los mediadores a que se refiere este precepto, así como las normas generales de procedimiento a las que deberán sujetarse y las sanciones que podrá aplicar por su inobservancia. Dichas sanciones serán amonestación, multa hasta 1.000 unidades de fomento, suspensión hasta por 180 días o cancelación del registro.”.

- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 59 bis, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona y García.

Artículo 60

Establece que la Superintendencia deberá mantener un registro público con las estadísticas de denuncias y reclamos conocidos y resueltos.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona y García.

Artículo 61

Dispone que si el Director Regional o el Superintendente mediante resolución fundada, establece que la denuncia o reclamo carece manifiestamente de fundamentos, podrá imponer a quien lo hubiere formulado una multa no inferior a 1 UTM y no superior a 10 UTM, atendida la gravedad de la infracción imputada.

En este artículo recayó la indicación número 62, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, intercala, entre la palabra “fundamentos” y la coma (,) que le sigue, la siguiente frase: “o ha sido intencionalmente falsa”.

- En votación, la Comisión rechazó la indicación N° 62, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona y García.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona y García.

Artículo 65

Es del siguiente tenor:

“Artículo 65.- Una vez notificado el sostenedor, de acuerdo al artículo anterior, el Director Regional, podrá proponer al Superintendente, como medida precautoria, ordenar mediante resolución fundada, la retención inmediata, ya sea total o parcial del pago de la subvención, sólo en los casos señalados en las letras d), f), g) , h) y l) del artículo 72. El Ministerio de Educación deberá proceder en el sentido dispuesto por la Superintendencia.

Esta medida sólo podrá ser dispuesta oyendo al afectado, y podrá ser impugnada dentro de los 5 días hábiles siguientes, sin suspender la tramitación del procedimiento administrativo principal. En tal caso, la Administración tendrá igual plazo para resolver.”.

En este artículo recayeron las siguientes indicaciones números 66, 67, 76 bis, 67 ter y 67 quater:

La indicación número 66, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, plantea eliminarlo.

La indicación número 67, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, en subsidio de la anterior, propone agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“En todo caso, la retención inmediata de la subvención a que hace referencia este artículo deberá ser autorizada previamente por la Corte de Apelaciones correspondiente en procedimiento breve y sumario.”.

- En votación, la Comisión rechazó las indicaciones N°s 66 y 67, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona y García.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó las siguientes indicaciones de Su Excelencia la Presidenta de la República:

La indicación número 67 bis, para intercalar en su inciso primero, entre las expresiones “subvención,” y “sólo”, la frase “y” proporcional al daño causado,”:

La indicación número 67 ter, para eliminar en el inciso primero, en la primera oración la expresión “d),”.

La indicación número 67 quáter, para agregar al inciso primero la siguiente oración final:

“Las medidas precautorias tendrán una vigencia de hasta 15 días corridos pudiendo ser decretadas nuevamente si se mantienen las circunstancias que le dieron origen.”.

- En votación, la Comisión aprobó las indicaciones N°s 67 bis, 67 ter y 67 quater, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona y García.

Artículo 69

Establece que comprobada la infracción a la normativa educacional, y sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda, el Director Regional, podrá aplicar las siguientes sanciones, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de ellas:

Letra b)

“b) Multa, de acuerdo de la siguiente proporción:

1.- En el caso de las infracciones leves las multas no excederán de 50 UTM.

2.- En el caso de infracciones menos graves, las multas no podrán exceder de 500 UTM.

3.- En el caso de infracciones graves, las multas no podrán exceder de 1000 UTM.

La multa aplicada deberá ser proporcional a la matrícula total del establecimiento a la fecha de la infracción, al beneficio económico obtenido con ocasión de la infracción, a la intencionalidad de la comisión de la infracción, y a la subvención mensual por alumno o los recursos que el establecimiento reciba regularmente.

Para los establecimientos educacionales regidos por los títulos I y II del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, se entenderá por subvención mensual por alumno la que resulte de aplicar sus artículos 9º, 9º bis y 11, según corresponda.

Para los establecimientos educacionales regidos por el título II de la ley señalada, la aplicación de la multa se aumentará según el cobro mensual promedio del establecimiento.

Para los establecimientos de educación técnico-profesional regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, la multa deberá ser proporcional al promedio mensual de los recursos que se les asignen con el objeto de financiar su operación y funcionamiento.

Para los establecimientos particulares pagados, la multa será proporcional al promedio mensual de los cobros por motivo de arancel y matrícula.”.

El Ejecutivo presentó la indicación número 73 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar en la letra b), del inciso primero, un párrafo quinto, nuevo, pasando el actual a ser sexto y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“En el caso de los establecimientos educacionales regidos por los títulos I y II del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, la multa no podrá ser inferior al 5% ni exceder el 50% de la subvención mensual por alumno matriculado. Iguales porcentajes mínimos y máximos se aplicarán adicionalmente sobre el cobro mensual promedio del establecimiento, en el caso de los establecimientos educacionales regidos por el título II de la señalada ley.”.

- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 73 bis por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Letra c)

“c) Privación temporal de la subvención, la que podrá ser total o parcial. La privación de la subvención no podrá exceder de 12 meses consecutivos.”.

Letra d)

“d) Privación definitiva de la subvención.”.

Letra e)

“e) Inhabilitación temporal o a perpetuidad de la calidad de sostenedor y para mantener o participar en cualquier forma en la administración de establecimientos educacionales, la que se entenderá aplicada a sus socios, representantes legales, gerentes, administradores y directores;”.

La indicación número 71, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, reemplaza la frase “socios, representantes legales, gerentes, administradores y directores” por “representantes legales y administradores”.

- En votación, la Comisión rechazó la indicación N° 71, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones el Ejecutivo presentó la indicación número 73 ter, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en la letra e), del inciso primero, del artículo 69, la frase “socios, representantes legales, gerentes o directores”, por “representantes legales y administradores.”.

- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 73 ter por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Letra f)

“f) Revocación del reconocimiento oficial.”.

La indicación número 72, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, añade el siguiente inciso final, nuevo:

“Decretada alguna de las sanciones contempladas en la letra c), d) e) y f) de este artículo, la Superintendencia elevará en consulta a la Corte de Apelaciones correspondiente la resolución para que ésta, si lo considera conforme a la ley, ratifique la medida dentro del plazo de diez días.”.

- La Comisión no se pronunció sobre la indicación N° 72, por haber sido declarada inadmisible en el segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

La indicación número 73, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, en subsidio de la anterior, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Decretada alguna de las sanciones contempladas en la letra c), d) e) y f) de este artículo, la Superintendencia remitirá todos los antecedentes y la respectiva resolución a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón, el que deberá evacuarse, si corresponde, dentro del plazo de diez días.”.

- La Comisión no se pronunció sobre la indicación N° 73, por haber sido declarada inadmisible en el segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Puestas en votación las letras c), d) y f) del artículo 69, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Puestas en votación las letras b) y e) del artículo 69 fueron aprobadas, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 73

Inciso segundo

Establece que en caso de infracciones que tengan el carácter de menos graves, sólo podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa establecidas en esta ley.

Puesto en votación el inciso segundo del artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 74

Su texto es el siguiente:

“Artículo 74.- Son infracciones leves aquellas en que incurran los sostenedores y/o establecimientos educacionales, contra la normativa educacional y que no tengan señalada una sanción especial.

Las infracciones leves sólo serán sancionadas si no fueren subsanadas en el plazo que prudencialmente conceda al efecto el fiscalizador de la Superintendencia.

En este caso, podrán ser amonestados o sancionados con multa, a beneficio fiscal.”.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 76

Establece que se considerarán circunstancias agravantes de responsabilidad:

Letra c) e inciso segundo

“c) Haber sido sancionado con antelación en virtud de alguno de los procesos administrativos previstos en la normativa educacional vigente.

En el caso de la letra c) de este artículo, la multa deberá ser aumentada hasta el doble, como máximo, conforme a los criterios señalados en el artículo 69 letra b) de la presente ley.”.

La indicación número 86, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, intercala, entre las expresiones “con antelación” y “en virtud” la siguiente frase: “por los mismos hechos”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación número 86 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar, en la letra c), la siguiente frase final:

“, en los términos establecidos en la letra b) del artículo anterior”.

- En votación, la Comisión rechazó la indicación N° 86, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 86 bis por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 78

Es del siguiente tenor:

“Artículo 78.- Tratándose de multa aplicada a establecimientos educacionales subvencionados, o que reciban aportes del Estado, el pago de la misma se efectuará a través del descuento, total o en cuotas, de la multa correspondiente de la subvención mensual a percibir. En el caso de establecimientos particulares pagados, las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República.

Un reglamento fijará la forma, modalidad y oportunidad del pago de la multa impuesta, así como su reintegro en los casos que corresponda.

Las multas impuestas por la Superintendencia serán de beneficio fiscal.

El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia, en conformidad a la ley, devengará los intereses y reajustes establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.”.

En este artículo recayó la indicación número 87, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, que agrega el siguiente inciso final, nuevo:

“La Superintendencia deberá procurar, al momento de determinar el monto de la multa y su forma de pago, que el servicio educacional pueda seguirse prestando a los estudiantes del establecimiento en condiciones normales.”.

- La Comisión no se pronunció sobre la indicación N° 87, por haber sido retirada por su autor en el trámite correspondiente ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 94

Su texto es el siguiente:

“Artículo 94.- Créase un Registro Público de Administradores Provisionales, a cargo de la Superintendencia, que incluirá las personas naturales y jurídicas, habilitadas para cumplir las funciones de Administrador Provisional.

Un reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir las personas para el ingreso y permanencia en el registro o subregistros que se creen; procedimiento de selección, mecanismos de evaluación y acreditación de ellas; tiempo de duración en el registro y causales que originan la salida de éste, a fin de asegurar la idoneidad del Administrador Provisional y la efectividad de su gestión.”.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 95

Dispone que los honorarios del Administrador Provisional serán pagados con cargo a la subvención que le corresponda recibir al establecimiento, conforme a la ley. En la parte no cubierta por estos recursos, será cubierta por la Superintendencia.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 97

Dispone que corresponderá al Superintendente especialmente:

Letra c)

“c) Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio. En el ejercicio de estas facultades podrá administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza.”.

Letra f)

“f) Contratar las labores operativas de inspección o verificación del cumplimiento de las normas de su competencia a terceros idóneos debidamente certificados conforme al reglamento respectivo.”.

Letra i)

“i) Imponer las sanciones y multas que establece la presente ley y las demás disposiciones legales que regulen la actividad educacional e informar de éstas al Ministerio de Educación, para que sean incorporadas en el registro correspondiente.”.

Puestas en votación las letras c), f) e i) del artículo 97, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 99

Establece que el personal de la Superintendencia se regulará por las normas de esta ley, por el D.F.L. a que se refiere el artículo tercero transitorio y por los reglamentos que de conformidad a ella se dicten. Supletoriamente, le serán aplicables las normas del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 100

Es del siguiente tenor:

“Artículo 100.- El Superintendente, con sujeción a la planta de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

El personal a contrata de la Superintendencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Superintendente. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Superintendencia.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios, se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.”.

En este artículo recayeron las siguientes indicaciones números 98 y 99:

La indicación número 98, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, suprime la oración final del inciso segundo.

La indicación número 99, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, agrega la siguiente frase final al inciso tercero:

“y tendrán la calidad de agentes públicos con la consecuente responsabilidad penal y administrativa, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de su superior jerárquico”.

- En votación, la Comisión rechazó las indicaciones N°s 98 y 99, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 104

Su texto es el siguiente:

“Artículo 104.- Sin perjuicio de las causales previstas en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo, para la cesación del cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

a) Necesidades de la Superintendencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Superintendencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II nivel jerárquico de la Superintendencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Superintendente ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que se adopten y la forma y oportunidad en que se recepcione la información y antecedentes requeridos al efecto.

b) Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a) precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.”.

En este artículo recayó la indicación número 99 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el párrafo segundo, de la letra a), los vocablos “servirán de” por “serán la”.

- En votación, la Comisión rechazó la indicación N° 99 bis, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 107

Es del siguiente tenor:

“Artículo 107.- El patrimonio de la Superintendencia estará constituido por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b) Los recursos otorgados por leyes especiales;

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o que adquiera a cualquier título;

d) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios;

e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

g) Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.

La Superintendencia estará sujeta a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado y sus disposiciones complementarias.”.

En este artículo recayeron las siguientes indicaciones números 100, 101, 102

La indicación número 100, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, reemplaza en la letra c) la expresión “a cualquier título” por “a título oneroso”.

La indicación número 101, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, propone eliminar la letra e).

La indicación número 102, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, en subsidio de la anterior, plantea reemplazarla por la siguiente:

“e) Las herencias y legados que acepten, lo que deberán hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.”.

- En votación, la Comisión rechazó las indicaciones N°s 100, 101 y 102, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación número 102 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar la letra e) por la siguiente:

“e) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.”.

- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 102 bis, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 110

Establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y en lo que faltare con cargo a la partida Presupuestaria del Tesoro Público.

La Comisión acordó dejar constancia de que el artículo en discusión debiera formar parte de las disposiciones transitorias y del compromiso del Ejecutivo de concretar el acuerdo recién referido presentando una indicación al respecto en el siguiente trámite constitucional.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo 112

Modifica la ley Nº 18.956, que Reestructura el Ministerio de Educación en el siguiente sentido:

Numeral 1

“1.- Sustitúyase el artículo 1º por el siguiente:

“El Ministerio de Educación es la Secretaría de Estado encargada de fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades; promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal al primer y segundo nivel de la educación parvularia; financiar un sistema gratuito destinado a garantizar el acceso de toda la población a la educación básica y media; promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales de la persona humana; fomentar la cultura de la paz; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística, la práctica del deporte y la protección y conservación del patrimonio cultural.”.”.

La indicación número 103, de los Honorables Senadores señores Núñez, Ruiz-Esquide y Letelier, para agregar, a continuación de la palabra “acceso”, la expresión: “y la permanencia”.

- En votación, la Comisión rechazó la indicación N° 103, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación número 103 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar, en su Nº 1, entre las expresiones “y media” y “;promover” la siguiente frase:

“generando las condiciones para la permanencia en los mismos de conformidad a la ley”.

- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 103 bis por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Numeral 3

“3.- Intercálese, a continuación del artículo 2º, el siguiente artículo 2º bis nuevo:

“Artículo 2º bis.- Sin perjuicio de las funciones señaladas en el artículo anterior, también corresponderá al Ministerio:

a) Elaborar las bases curriculares y los planes y programas de estudio para la aprobación del Consejo Nacional de Educación;

b) Formular los estándares de aprendizaje de los alumnos y los estándares indicativos de desempeño para docentes, docente directivos, sostenedores y establecimientos educacionales para la aprobación del Consejo Nacional de Educación, cuando corresponda;

c) Proponer y evaluar las políticas y diseñar e implementar programas y las acciones de apoyo técnico pedagógico para docentes, equipos directivos, asistentes de la educación, sostenedores y establecimientos educacionales;

d) Proponer y evaluar las políticas relativas a la formación inicial y continua de docentes;

e) Determinar, en coordinación con la Agencia de Calidad, el plan de mediciones nacionales e internacionales de los niveles de aprendizaje de los alumnos para la aprobación del Consejo Nacional de Educación.

f) Desarrollar estadísticas, indicadores y estudios del sistema educativo, en el ámbito de su competencia, y poner a disposición del público la información que con motivo del ejercicio de sus funciones recopile. Esta información será pública y de libre acceso para todo el que tenga interés en consultarla. No obstante, tendrá carácter confidencial respecto de la identidad de los alumnos y los docentes evaluados de conformidad a la ley;

g) Establecer y administrar los registros públicos que determine la ley, y

h) Ejecutar, las sanciones que disponga la Superintendencia de Educación o, en su caso, aplicar las sanciones en los ámbitos que determinen las leyes.”.”.

Numeral 4

“4.- Intercálese, a continuación del artículo 2º bis nuevo, el siguiente artículo 2º ter nuevo:

“Artículo 2º ter.- Dentro de la función de apoyo técnico pedagógico a los sostenedores y sus establecimientos educacionales y a las instituciones de apoyo técnico pedagógico, al Ministerio le corresponderá asesorar, directamente o a través de terceros, elegidos por el sostenedor de entre los sujetos registrados según el artículo 19 letra d), en los procesos de mejora de la calidad educativa.

En el caso de los establecimientos que reciban la subvención creada por la ley Nº 20.248, este apoyo se financiará con cargo a los recursos que ella establece.”.

La indicación número 104, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, plantea suprimirlo.

- La Comisión no se pronunció sobre la indicación número 104, por haber sido retirada por su autor en el trámite correspondiente ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

La indicación número 105, de los Honorables Senadores señores Larraín, Allamand y Chadwick, para agregar el siguiente número 4 bis, nuevo:

“4 bis.- Para suprimir, en la letra c) del artículo 3°, la expresión “y territoriales que correspondan”, reemplazándola por un punto aparte.

- En votación, la Comisión rechazó la indicación N° 105 por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Númeral 7

“7.- Reemplácese, en el artículo 15, en su inciso segundo, la expresión “y de inspección y control de subvenciones”, por la frase “y las vinculadas a la inspección del pago de las subvenciones”.”.

Númeral 9

“9.- Incorpórese el siguiente Título III nuevo, a la ley Nº 18.956, pasando el actual Título III a ser Título IV, ordenándose sus artículos correlativamente:

“TÍTULO III

De los requerimientos de información, de la Ficha Escolar y los registros

Artículo 17.- Para los efectos de los registros establecidos en la ley, los sostenedores deberán proporcionar toda la información solicitada por el Ministerio de Educación relativa a repitencia, promoción, abandono y retiro de alumnos, compromisos de gestión o metas institucionales del establecimiento. Asimismo, cuando corresponda, deberán informar sobre los programas de apoyo propios o con otras instituciones u organismos, cobros efectuados en los establecimientos en que así procediere y aquella información mencionada en el artículo 8º de la ley Nº 19.979, en los casos que corresponda.

Artículo 18.- A partir de la información a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Educación elaborará una Ficha Escolar que resumirá la información relativa a cada establecimiento educacional.

La Ficha Escolar será publicada en la página Web del Ministerio de Educación. Esta información estará a disposición de cualquier interesado.

Un reglamento fijará la forma, modalidad y periodicidad en que deberá requerirse y publicarse la información establecida en el presente artículo y el anterior, en especial el contenido de la Ficha Escolar.

Artículo 19.- Los Registros de Información comprenderán, al menos, los siguientes:

a) Registros de Sostenedores, el que deberá incluir, al menos, la constancia de su personalidad jurídica, representante legal, establecimientos que administra e historial de infracciones, si las hubiere. En el caso de percibir subvención y/o aportes estatales, deberá también informarse sobre origen y monto de todos los recursos recibidos y planes de desarrollo.

b) Registros de Establecimientos Reconocidos Oficialmente, donde deberá incluirse, al menos, el nombre y domicilio del establecimiento educacional, identificación del sostenedor y representante legal, constancia del acto administrativo por medio del cual se otorgó el reconocimiento oficial y su fecha, nivel de enseñanza y modalidad que imparte y la información pertinente relativa a alumnos, directivos, docentes y asistentes de la educación. Asimismo, deberá contemplar indicadores de eficacia y eficiencia interna y fuentes de recursos y monto de los mismos.

En el caso de los establecimientos que reciban Subvenciones y/o Aportes Estatales, deberá incluir además, la individualización de los integrantes del Consejo Escolar e información sobre el Plan de Mejoramiento Educativo, si lo tuviere.

c) Registro de Docentes, el que deberá incluir el nombre, títulos y otras certificaciones de competencia, establecimiento educacional donde se desempeña, sectores de aprendizaje y cursos en que ejerce, premios y/o sanciones recibidas y otros antecedentes relativos a la idoneidad para ejercer la profesión, de conformidad a la ley. La información para confeccionarlo, deberá ser proporcionada por el sostenedor para quien trabaja el docente.

d) Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, que estarán habilitadas para prestar apoyo a los establecimientos educacionales y para la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo. Un reglamento establecerá la regulación a que se sujete este registro, así como los requisitos que deberán cumplir las personas y entidades para el ingreso y permanencia en el registro o subregistro de especialidades que se creen. En todo caso, el registro deberá incluir, a lo menos, una adecuada identificación de las entidades y especialidades técnicas en las que ofrecen servicios, así como antecedentes relativos a la calidad de los que hubieren prestado. El procedimiento de selección de las mismas, tiempo de duración en el registro y causales que originan la salida de éste, se determinará considerando la calidad técnica, eficacia y especialidad de dichas entidades. Para constituir este registro, el Ministerio de Educación convocará un panel de expertos, ad-honorem, ampliamente reconocidos en el campo de la educación nacional o extranjera.

El Ministerio de Educación deberá administrar y mantener con información actualizada los registros señalados en este artículo, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación de establecer otros registros que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 20.- Las Universidades e Institutos Profesionales deberán remitir por medios informáticos al Ministerio de Educación la nómina de profesores titulados cada año de su respectiva institución. Tratándose de profesores titulados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, deberán remitir la información, dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de la presente ley.”.”.

Puestos en votación los numerales 1, 3, 4, 7 y 9 del artículo 112, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio

Faculta al Presidente de la República para que, mediante un decreto con fuerza de ley expedido por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda, establezca las Direcciones Regionales de la Superintendencia de Educación definiendo sus potestades, funciones y el ámbito geográfico que abarcará cada una de ellas.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo tercero transitorio

Es del siguiente tenor:

“Artículo tercero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, fije las plantas de personal de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación, y el régimen de remuneraciones que les será aplicable.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas de personal que fije, el número de cargos por cada planta así como los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones y niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley Nº 19.882 y en el artículo 8° del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, según corresponda. En el mismo acto, fijará la fecha de vigencia de la planta de personal y la dotación máxima de personal para el año.

Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas de encasillamiento del personal de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República fijará las normas necesarias para la fijación de las remuneraciones variables, en su aplicación transitoria.

Mediante igual procedimiento, el Presidente de la República determinará la fecha de vigencia de la planta que fije y del encasillamiento que practique y el inicio de funciones de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad.”.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo quinto transitorio

Su texto es el siguiente:

“Artículo quinto transitorio.- La planta de personal de la Superintendencia y de la Agencia de Calidad de la Educación será provista mediante el traspaso, sin solución de continuidad, de personal desde el Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, siguiendo el procedimiento que se establece en el inciso siguiente. Del mismo modo, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. Los cargos que no se provean de conformidad al procedimiento previsto en el inciso siguiente se llenarán mediante concurso público.

Conforme lo anterior, la Subsecretaría de Educación directamente o utilizando el procedimiento que establece por el artículo 23 del Estatuto Administrativo, llamará a un concurso abierto a los funcionarios de las instituciones enumeradas en el inciso anterior, sean de planta o a contrata, los que deberán cumplir los requisitos de los cargos concursados y estar calificados en listas 1 o 2 de distinción o buena, respectivamente. Los funcionarios a contrata deberán, además, haberse desempeñado en tal calidad a lo menos durante los dos años previos al concurso.

La Subsecretaría de Educación en forma previa, según la planta y sus requisitos, definirá, conjuntamente con el Superintendente o el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, según corresponda, los factores, subfactores, competencias y/o aptitudes específicas a considerar, pudiendo fijarse por cargos o grupo de cargos o funciones.

El concurso deberá seguir, a lo menos, las siguientes normas básicas:

a) En la convocatoria se especificarán los cargos, las funciones a desempeñar y la localidad en la que estará ubicada la vacante.

b) En un solo acto, se postulará a una o más de las plantas o escalafones de la Superintendencia sin especificar cargos o grados determinados dentro de ellas, salvo que se postule sólo a determinadas localidades especificadas en la convocatoria.

c) La provisión de los cargos de cada planta se efectuará, en cada grado, en orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los postulantes.

d) En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme a los siguientes criterios: en primer término con el personal de planta, si quedaran vacantes se procederá con los funcionarios a contrata. De subsistir la igualdad se procederá conforme al resultado de la última calificación obtenida en la institución de origen. Por último, de mantenerse la igualdad se pronunciará el Superintendente o el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad, según corresponda.

e) El traspaso regirá a partir de la fecha en que quede totalmente tramitado el acto administrativo que lo dispone o de una fecha posterior si así éste lo estableciera.

Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, dicte normas complementarias para el adecuado desarrollo del concurso, aplicando en lo que estime pertinente, los preceptos del decreto supremo N° 69 de 2004, del Ministerio de Hacienda.”.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo sexto transitorio

Faculta al Presidente de la República para que a través de uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, regule los cargos de planta que quedaren vacantes, en el o los servicios en virtud de la creación de la Supertendencia de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación. En el ejercicio de esta facultad además, podrá establecer la disminución de la dotación máxima en los servicios antes mencionados.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo séptimo transitorio

Su texto es el siguiente:

“Artículo séptimo transitorio.- Los traspasos de personal no podrán significar disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos previsionales de los funcionarios traspasados. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.”.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo octavo transitorio

Es del siguiente tenor:

“Artículo octavo transitorio.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministro de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Superintendencia y la Agencia de Calidad, incluyendo sus glosas y los recursos que se le traspasen por efectos del artículo quinto transitorio y aquéllos asociados a las unidades cuyas funciones se transfieren por esta ley a la Superintendencia.”.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo noveno transitorio

Su texto es el siguiente:

“Artículo noveno transitorio.- Mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá también suscribirse por el Ministro de Educación, se determinarán los bienes muebles e inmuebles fiscales que se traspasarán a la Superintendencia y la Agencia de Calidad. El Superintendente y el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, requerirán de las reparticiones correspondientes las inscripciones y anotaciones que procedan, con el sólo mérito del decreto supremo antes mencionado.”.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

Artículo undécimo transitorio

Faculta al Presidente de la República para que, a través de uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministerio de Hacienda, dicte las normas necesarias para modificar la organización del Ministerio de Educación con el objeto de adecuarla a las normas de esta ley. En dichas normas se procederá, además, a efectuar la adecuación de las plantas de personal que de dicha reorganización se deriven.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ominami.

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INFORME FINANCIERO

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, con fecha 4 de mayo de 2007, señala, de modo textual, lo siguiente:

“1.-El presente proyecto de ley crea una Superintendencia de Educación cuyo objeto será evaluar y fiscalizar que los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado y los sostenedores responsables de los mismos, cumplan con los estándares que se establezcan para el sistema educacional en sus niveles parvulario, básico y medio. Asimismo, proporcionar información a los interesados y atender denuncias y establecer sanciones en los casos que determine la ley.

2.-Para cumplir con las funciones y atribuciones que de dicho objeto se derivan, la Superintendencia tendrá que contar con una dotación de personal y los bienes, tanto a nivel nacional como regional, que le permitan ejecutar las tareas que le encomienda la ley.

El proyecto de ley, en su Artículo tercero transitorio, establece una facultad para que el Presidente de la República, fije la planta de personal de la Superintendencia. En el inciso final de este Artículo se establece que el costo anual de dicha planta no podrá exceder de $ 6.700 millones. Se estima que parte importante de este gasto podrá financiarse con la aplicación del Artículo quinto transitorio, es decir del traspaso de recursos desde la Subsecretaría de Educación y de los servicios dependientes o relacionados con Ministerio de Educación, como producto del traspaso de personal de dichas entidades para conformar la planta de personal de la Superintendencia que se crea.

3.-Se estima que el mayor gasto fiscal anual, en régimen, que significará la aplicación de la presente ley será del orden de $ 10.553 millones, que consideran tanto los recursos para financiar el gasto en personal como los otros rubros de gastos que se requieren para el funcionamiento de la Superintendencia, tanto a nivel central como en regiones.”.

Posteriormente, con fecha 28 de abril de 2009, se presentó un informe financiero sustitutivo, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que señala, de modo textual, lo siguiente:

“1.- Mediante el Mensaje N° 609-356, se remitió al Congreso Nacional indicación sustitutiva al proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación, incorporando la creación de la Agencia de Calidad de la Educación.

2.- La creación de la Agencia cuyo objeto será evaluar y orientar el mejoramiento de la calidad de la educación para los distintos niveles y modalidades de educación.

Para desarrollar sus funciones la Agencia contará con una planta de personal y los bienes que sean necesarios.

El costo anual de la planta de personal se estima en $ 1.679 millones. Asimismo, el mayor gasto por las dietas del Consejo que establece la ley, se estima en $126 millones. Y los gastos de operación en $ 361 millones. En suma el gasto anual alcanzará a $ 2.166 millones.

3.- El proyecto de ley crea asimismo una Superintendencia de Educación cuyo objeto será evaluar y fiscalizar que los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado y los sostenedores responsables de los mismos, cumplan con los estándares que se establezcan para el sistema educacional en sus niveles parvulario, básico y medio. Asimismo, proporcionar información a los interesados y atender denuncias y establecer sanciones en los casos que determine la ley.

El costo anual de la planta de personal de la Superintendencia se estima en $7.879 millones, y el gasto de operación para el nivel central y regional se estima en $ 4.392 millones. En total $ 12.271 millones anuales.

4.- Asimismo, se estima que parte importante del gasto a que se refieren los puntos anteriores podrá financiarse con la aplicación del Artículo quinto transitorio, es decir, del traspaso de recursos desde la Subsecretaría de Educación y de los servicios dependientes o relacionados con Ministerio de Educación, como producto del traspaso de personal de dichas entidades para conformar la planta de personal de los servicios que se crean.

5.- En resumen, el gasto fiscal anual, en régimen, que significará la aplicación de la presente ley será del orden de $ 14.437 millones, que consideran tanto los recursos para financiar el gasto en personal como los otros rubros de gastos que se requieren para el funcionamiento de los dos servicios, tanto a nivel central como en regiones.”.

En consecuencia, las normas de la iniciativa legal en informe no producirán desequilibrios macroeconómicos ni incidirán negativamente en la economía del país.

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TEXTO DEL PROYECTO

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que fue despachado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“PROYECTO DE LEY SOBRE SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA

TÍTULO I

DEL SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media en adelante “Sistema”, y los órganos que lo componen.

Artículo 2º.- El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media considerará:

a) Los estándares de aprendizaje de los alumnos, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares, y estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores, de los docentes y directivos.

b) Requisitos del reconocimiento oficial que deben cumplir los sostenedores y los establecimientos educacionales para ingresar y mantenerse en el sistema educacional según lo establecido en la ley.

c) Políticas, mecanismos e instrumentos para apoyar a los integrantes de la comunidad educativa y a los establecimientos educacionales en el logro de los estándares.

d) Evaluaciones de desempeño y mediciones de los resultados de aprendizaje para determinar el logro de los estándares.

e) Fiscalización del uso de los recursos y del cumplimiento de los requisitos del reconocimiento oficial y de la normativa educacional por los sostenedores y administradores del servicio educativo.

f) Evaluaciones del impacto de políticas y programas educativos.

g) Sistemas de información pública referidos al resultado de las evaluaciones de logro de los estándares, a la clasificación de los establecimientos y sus consecuencias, a los resultados de la fiscalización, y a las evaluaciones de las políticas y mecanismos de apoyo implementados.

h) Sistemas de rendiciones de cuenta, de reconocimientos y de sanciones relacionadas con el logro de los estándares y con el cumplimiento de las normas aplicables a los establecimientos y sostenedores.

Artículo 3º.- Los estándares de aprendizaje referidos a los objetivos generales establecidos en la ley y en sus bases curriculares definirán los conocimientos, habilidades y competencias que se espera alcancen los alumnos en diversas etapas del proceso educativo, en relación con las bases curriculares nacionales.

Artículo 4º.- Los estándares indicativos de desempeño considerarán:

A. A nivel de los profesionales de la educación, estándares indicativos de desempeño para los docentes de aula, directivos y técnicos pedagógicos;

B. A nivel de los establecimientos educacionales y sus sostenedores:

1. gestión curricular;

2. indicadores de calidad de los procesos relevantes de los establecimientos educacionales;

3. estándares de gestión de los recursos humanos y pedagógicos;

4. liderazgo técnico pedagógico del equipo directivo, y

5 convivencia escolar, en lo referido a reglamentos internos, instancias de participación y trabajo colectivo, ejercicio de deberes y derechos, respeto a la diversidad y mecanismos de resolución de conflictos y ejercicio del liderazgo democrático por los miembros de la comunidad educativa.

Los estándares a que se refieren los incisos anteriores, cuyo incumplimiento no dará origen a sanciones, constituirán orientaciones para el trabajo de evaluación contemplado en esta ley.

Artículo 4º bis .- Corresponderá al Presidente de la República, por decreto supremo dictado por intermedio del Ministerio de Educación, previo informe favorable del Consejo Nacional de Educación, establecer los estándares de aprendizaje e indicativos de desempeño a que se refiere el artículo 2, letra a), de esta ley, los cuales tendrán una vigencia de 6 años.

TÍTULO II

DE LA AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Párrafo 1º

Objeto, funciones y atribuciones.

Artículo 5º.- Créase la Agencia de Calidad de la Educación, en adelante “la Agencia”, servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

La Agencia estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882.

El domicilio de la Agencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas que puedan establecer en otras regiones cuando las necesidades del servicio así lo exijan.

Artículo 6º.- El objeto de la Agencia será evaluar y orientar para el mejoramiento de la calidad de la educación, considerando las particularidades de los distintos niveles y modalidades educativas.

Para el cumplimiento de dicho objeto tendrá las siguientes funciones:

a) Evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al grado de cumplimiento de los estándares respectivos, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares, por medio de instrumentos y procedimientos de medición estandarizados y externos a los establecimientos;

b) Realizar evaluaciones del desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores, de los docentes y sus directivos en base a los estándares indicativos;

c) Clasificar a los establecimientos educacionales en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares.

d) Proporcionar información en materias de su competencia a la comunidad en general.

Artículo 7º.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia tendrá las siguientes atribuciones:

a) Diseñar, implementar y aplicar un sistema de medición de los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares.

El sistema nacional de medición del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos será de aplicación obligatoria para todos los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado. La Agencia podrá realizar las mediciones respectivas directamente o a través de terceros.

Las mediciones del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares, se realizarán a través de instrumentos y procedimientos estandarizados que se aplicarán en forma periódica en distintos cursos y sectores de aprendizaje. En todo caso, deberán ser aplicadas en forma censal a lo menos en algún curso, tanto del nivel de enseñaza básica, como de enseñanza media.

b) Coordinar la participación de Chile en mediciones de carácter internacional sobre logros de aprendizaje de los alumnos.

c) Diseñar, implementar y aplicar un sistema de evaluación de desempeño de los establecimientos educacionales subvencionados, o que reciban aportes del Estado, y sus sostenedores, docentes y directivos referidos a los estándares indicativos.

d) Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, e impartir instrucciones de general aplicación, en las materias de su competencia.

e) Elaborar informes evaluativos que podrán incluir recomendaciones de carácter indicativo para mejorar el desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores. Estos informes serán de carácter público.

f) Requerir al Ministerio de Educación y a la Superintendencia, en su caso, la adopción de las medidas pertinentes derivadas de la clasificación de los establecimientos educacionales.

g) Validar los mecanismos de evaluación de los docentes de aula, docente directivos y del personal técnico pedagógico que presenten los establecimientos educacionales particulares subvencionados. Para validar ante la Agencia sus sistemas de evaluación docente, los sostenedores de establecimientos educacionales particulares subvencionados deberán utilizar de referencia los estándares indicativos de desempeño elaborados en conformidad a la ley.

h) Poner a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de establecimientos educacionales, sostenedores, docentes y alumnos.

En caso alguno la publicación incluirá la individualización de los alumnos. Sin perjuicio de lo anterior, los padres y apoderados deberán ser informados de los resultados obtenidos por sus hijos o pupilos cuando las mediciones tengan validez y confiabilidad estadística individual, sin que tales resultados puedan ser publicados ni usados con propósitos que puedan afectar negativamente a los alumnos, tales como selección, repitencia u otros similares.

i) Crear y administrar los registros que sean necesarios para ejercer sus funciones.

j) Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.

Asimismo, elaborará informes acerca de la cobertura de las diversas materias del currículum nacional, así como también evaluaciones de impacto respecto del desempeño de los establecimientos educacionales.

k) Ingresar a los establecimientos educacionales y dependencias docentes del sostenedor, en coordinación con la Superintendencia, con el fin de evaluar la calidad de la educación y realizar las mediciones, visitas evaluativas y ejercer las demás atribuciones que le encomienda la ley, sin alterar el normal desenvolvimiento de las actividades pedagógicas del establecimiento educacional.

l) Requerir a los sostenedores de los establecimientos educacionales u otros organismos públicos y privados relacionados con la educación, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

m) Convenir con otros organismos de la Administración del Estado o con entidades privadas, la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones.

n) Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y a otros organismos en materias de su competencia.

ñ) Coordinar con el Ministerio de Educación el plan nacional de evaluaciones nacionales e internacionales, especialmente en relación a su viabilidad y requerimientos de implementación.

o) Cobrar y percibir derechos por la evaluación y orientación que le soliciten los establecimientos particulares pagados y por las demás certificaciones que establezca la ley en el ámbito de sus atribuciones.

p) Ejercer las demás atribuciones que determine la ley.

Párrafo 2º

De la evaluación de desempeño de los establecimientos educacionales y sostenedores.

Artículo 8º.- La Agencia evaluará el desempeño de los establecimientos de educación parvularia, básica, media y especial, y sus sostenedores, basándose en estándares indicativos elaborados de conformidad a la ley.

El objeto de esta evaluación de desempeño será fortalecer las capacidades institucionales y de autoevaluación de los establecimientos educacionales, orientar sus planes de mejoramiento educativo y promover la mejora continua de la calidad de la educación que ofrecen.

La evaluación de desempeño considerará, entre otros, los resultados educativos, el grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos y otros indicadores de calidad de procesos relevantes de los establecimientos educacionales, que permitan una evaluación integral referida a los objetivos generales establecidos en la ley, los resultados de la autoevaluación institucional, el proyecto educativo y las condiciones de contexto del establecimiento educacional.

Artículo 9º.- Las evaluaciones de desempeño podrán ser realizadas mediante requerimientos de información, visitas evaluativas u otros medios idóneos.

Al efectuar las evaluaciones, la Agencia deberá considerar, en primer lugar, las autoevaluaciones realizadas por el establecimiento educacional.

La Agencia podrá realizar las visitas mencionadas directamente o a través de terceros.

Artículo 10.- El resultado de la evaluación será un informe que señale las debilidades y fortalezas del establecimiento educacional en relación al cumplimiento de los estándares, así como las recomendaciones para mejorar su desempeño.

La Agencia determinará la forma para la elaboración de estos informes, considerando, al menos, una etapa de consulta y recepción de observaciones por parte del sostenedor del establecimiento educacional evaluado en su desempeño.

Artículo 11.- La Agencia sólo podrá disponer visitas evaluativas, respecto de los establecimientos particulares pagados, cuando éstos lo soliciten.

Artículo 12.- La Agencia administrará un registro de personas o entidades acreditadas para apoyar la realización de las visitas evaluativas. Un reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir las personas o entidades para el ingreso y permanencia en el registro; el procedimiento de selección de las mismas; el tiempo de duración en el registro, sus inhabilidades y las causales que originan la salida de éste, destinadas a asegurar la calidad técnica y eficacia de su apoyo.

Párrafo 3º

De la clasificación de establecimientos según los resultados de aprendizaje de los alumnos.

Artículo 13.- La Agencia clasificará, mediante resolución fundada, a todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, de acuerdo a los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares, propuestos por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación.

Para llevar a cabo esta clasificación, la Agencia deberá considerar los resultados de aprendizaje de todas las áreas evaluadas censalmente en las mediciones nacionales, la distribución de los resultados de los alumnos en relación a los estándares de aprendizaje y las características de los alumnos del establecimiento educacional y, cuando sea posible, indicadores de valor agregado. La Agencia determinará la metodología de clasificación, la que será oficializada por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de Hacienda. Dicha metodología se actualizará en un plazo no inferior a cuatro y que no exceda de ocho años.

Esta metodología podrá considerar resguardos que aseguren que los cambios de categoría no ocurran por un cambio en la composición del alumnado.

Para dichos efectos, los establecimientos educacionales serán clasificados en alguna de las siguientes categorías de desempeño decreciente, según los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje:

a) Establecimientos Educacionales de Buen Desempeño;

b) Establecimientos Educacionales de Desempeño Satisfactorio;

c) Establecimientos Educacionales de Desempeño Regular, y

d) Establecimientos Educacionales de Mal Desempeño con Necesidad de Acciones Intensivas de Mejoramiento.

Artículo 14.- La clasificación se realizará anualmente y considerará los resultados de los establecimientos educacionales en tres mediciones consecutivas válidas, en el caso que éstas sean anuales, y dos mediciones consecutivas válidas, en el caso que éstas se realicen cada dos años o más.

Sin embargo, en el caso de establecimientos educacionales con un número insuficiente de alumnos que rindan las mediciones, y que no permita obtener resultados válidos, la Agencia establecerá la metodología que permita una clasificación pertinente, considerando, entre otros factores, un número mayor de mediciones consecutivas que para el resto de los establecimientos educacionales. Dicha metodología será oficializada por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de Hacienda.

Los establecimientos educacionales que impartan educación básica y media serán clasificados por cada nivel en forma independiente. La Agencia y los sostenedores de dichos establecimientos educacionales deberán informar acerca de las evaluaciones que se realicen en cada nivel educacional a los miembros de la comunidad educativa.

Los establecimientos educacionales nuevos no serán clasificados en las categorías establecidas en el artículo anterior. Sin embargo, se considerarán para los efectos de esta ley provisoriamente como establecimientos de Desempeño Satisfactorio, hasta que cumplan con los requisitos legales para ser clasificados.

Artículo 15.- La resolución que establezca la clasificación indicada en el artículo 13, será notificada en forma personal o mediante carta certificada al sostenedor.

Dicha resolución podrá ser impugnada mediante los recursos administrativos señalados en la ley Nº 19.880, sólo en virtud de algún error de información o procedimiento que sea determinante en la clasificación del establecimiento educacional.

No obstante, para efectos de cumplir con lo establecido en el inciso anterior, el recurso de reposición se interpondrá ante el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Para el solo efecto de lo dispuesto en este artículo, el Consejo conocerá y resolverá el recurso jerárquico.

Artículo 16.- La Agencia deberá informar al Ministerio de Educación, y a los padres y apoderados, la clasificación de los establecimientos educacionales.

Asimismo, procurará que los establecimientos educacionales informen a los padres y apoderados y al Consejo Escolar la categoría en la que han sido clasificados.

Los padres y apoderados recibirán información de fácil comprensión sobre los establecimientos educacionales de mejor clasificación de la misma comuna o de las comunas aledañas.

Sin perjuicio de lo anterior, la clasificación de todos los establecimientos del país deberá estar disponible en la página web del Ministerio de Educación y de la Agencia, actualizada y desglosada por la Región y comuna.

Párrafo 4º

De los efectos de la clasificación de los establecimientos educacionales subvencionados o que reciben aportes del Estado.

Artículo 17.- La Agencia tendrá un plan anual de visitas evaluativas que considerará mayor frecuencia para los establecimientos educacionales que muestran menor grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus bases curriculares.

Artículo 18.- Los establecimientos educacionales subvencionados, o que reciban aportes del Estado, de Mal Desempeño serán objeto de visitas evaluativas, al menos cada dos años; los de Desempeño Regular, en ciclos periódicos de dos a cuatro años.

Los demás establecimientos educacionales podrán ser objeto de visitas evaluativas por parte de la Agencia con la frecuencia que ésta determine.

Para los efectos de esta ley, se considerarán establecimientos que reciben aportes del Estado a los regidos por el decreto ley Nº 3166, de 1980.

Artículo 19.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los establecimientos educacionales subvencionados, o que reciban aportes del Estado, clasificados como de buen desempeño sólo serán evaluados si el sostenedor lo solicita o si acepta expresamente las visitas dispuestas de oficio por la Agencia.

Asimismo, los sostenedores de los establecimientos particulares pagados podrán solicitar que éstos sean evaluados, previo pago de su costo a la Agencia.

La solicitud de un establecimiento particular pagado para ser evaluado, deberá ser presentada a la Agencia durante el último trimestre del año anterior al que ingrese al proceso de evaluación. En todo caso, estas evaluaciones no podrán representar más del 5% de las visitas evaluativas anuales que realice la Agencia al conjunto del sistema subvencionado.

Artículo 20.- Los establecimientos educacionales clasificados como de Buen Desempeño, podrán incorporarse al Registro de personas o entidades de apoyo técnico pedagógico administrado por el Ministerio de Educación.

En caso que un establecimiento educacional que forma parte del Registro, resultare clasificado en alguna de las categorías inferiores a la de Buen Desempeño, será eliminado del Registro.

Artículo 21.- En el caso de los establecimientos de educación parvularia y de educación especial, serán objeto de evaluación en ciclos periódicos de acuerdo a un programa que deberá aprobar la Agencia.

Artículo 22.- Una vez realizada la evaluación a que se refieren los artículos anteriores, los sostenedores de los establecimientos educacionales deberán elaborar o revisar su plan de mejoramiento educativo, incluyendo acciones que permitan hacerse cargo de las debilidades identificadas en el informe elaborado por la Agencia. Dicho plan deberá, además, explicitar las acciones que aspira llevar adelante para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes y contener, a lo menos, las estrategias, actividades, metas y recursos asociados a él.

El plan será de conocimiento público y será informado a la Agencia, al Ministerio de Educación y a la comunidad educativa en el plazo que fije la Agencia en el informe respectivo.

La Agencia tendrá que tomar en consideración este plan en su próxima evaluación y en el informe respectivo.

Artículo 23.- Los sostenedores de los establecimientos educacionales podrán solicitar apoyo técnico pedagógico para la elaboración e implementación de su plan de mejoramiento educativo al Ministerio de Educación o a una persona o entidad del Registro de Personas o Entidades Pedagógicas o Técnicas de Apoyo del Ministerio de Educación, a su elección.

Artículo 24.- El Ministerio de Educación podrá prestar apoyo técnico pedagógico directamente o a través de una persona o entidad del Registro creado para estos efectos y de acuerdo con la definición anual de la Ley de Presupuestos, sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 2º ter de la ley Nº 18.956.

Párrafo 5º

De las medidas especiales para los establecimientos educacionales de Mal Desempeño

Artículo 25.- La Agencia procurará que los establecimientos educacionales en la categoría de mal desempeño informen a todos los padres y apoderados y al Consejo Escolar del establecimiento educacional la categoría en la que han sido clasificados.

Artículo 26.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23 y 24 de la presente ley, los establecimientos educacionales mencionados en el artículo anterior deberán recibir apoyo técnico pedagógico. Para ello podrán recurrir al Ministerio de Educación, que prestará este servicio, o a un grupo de expertos reconocidos del Registro a que se refieren los artículos 23 y 24. Este apoyo podrá brindarse por un plazo máximo de cuatro años.

Artículo 27.- Los establecimientos educacionales que en la siguiente clasificación no logren ubicarse en una categoría superior, pero que muestren una mejora significativa, deberán continuar recibiendo apoyo hasta por dos años más.

En el caso de aquellos establecimientos educacionales que no exhiban una mejora significativa luego de dos años de haber sido clasificados como de mal desempeño, la Agencia deberá informar a los padres y apoderados de dichos establecimientos educacionales sobre la situación en que éstos se encuentran.

La comunicación a que alude el inciso anterior, se enviará por carta certificada y contendrá información relevante sobre los establecimientos educacionales de mejor clasificación de la misma comuna y de comunas contiguas.

Asimismo, se les otorgarán facilidades de transporte para que los alumnos accedan a tales establecimientos educacionales. La Agencia propondrá al Ministerio de Educación la dictación de un decreto supremo, que deberá ser suscrito también por el Ministro de Hacienda, que regule esta materia.

La Agencia definirá, en normas de carácter general, los criterios para determinar la “mejora significativa” de un establecimiento educacional. Éstos deben guardar relación con los estándares de aprendizaje referidos a los objetivos generales señalados en la ley y en sus bases curriculares.

Artículo 28.- En cualquier caso, si después de cuatro años, contados de la comunicación señalada en el artículo 25, el establecimiento educacional se mantiene en la categoría de Mal Desempeño, la Agencia deberá informar esta situación, a la Superintendencia para que ésta inicie el procedimiento administrativo para revocar el reconocimiento oficial del establecimiento educacional.

Artículo 29.- En el caso de los establecimientos particulares pagados clasificados en la categoría de Mal Desempeño y transcurrido el plazo de cuatro años contado desde la comunicación mencionada en el artículo 25, la Agencia informará a la comunidad educativa para todos los efectos legales.

Párrafo 6º

De la Organización de la Agencia.

Artículo 30.- Los órganos de la Agencia son el Consejo y el Secretario Ejecutivo.

Artículo 31.- El Consejo estará constituido por cinco miembros de destacada experiencia en la actividad educativa, nombrados por el Ministro de Educación, previa selección conforme al Sistema de la Alta Dirección Pública.

El Consejo designará de entre sus miembros a un Presidente, quien durará en el cargo dos años, pudiendo ser reelegido en el cargo por una vez.

Dicho Presidente tendrá por función dirigir el Consejo. Asimismo, citará a sesiones, fijará sus tablas, dirigirá sus deliberaciones y dirimirá sus empates. Del mismo modo, se relacionará con el Secretario Ejecutivo para la coordinación de las funciones y atribuciones de la Agencia.

Artículo 32.- Los miembros del Consejo serán nombrados por un período de seis años, pudiendo ser designados por un nuevo período.

Los consejeros se renovarán por parcialidades de tres y dos consejeros cada tres años, respectivamente.

Artículo 33.- Corresponderá al Consejo:

a) Aprobar y dar seguimiento al plan estratégico de la Agencia, el cual deberá ser actualizado y ajustado a lo menos cada seis años.

b) Aprobar y dar seguimiento anualmente al plan de trabajo de la Agencia, así como la memoria y el balance del año anterior, y conocer el anteproyecto de presupuesto.

c) Aprobar la clasificación de los establecimientos educacionales en los plazos que establece la ley y aprobar anualmente el cambio de clasificación de los establecimientos educacionales.

d) Aprobar el plan de evaluaciones nacionales e internacionales en coordinación con el Ministerio de Educación.

e) Aprobar el registro de personas o entidades acreditadas para apoyar la realización de las visitas evaluativas.

f) Ejercer las demás atribuciones que le encomienden las leyes y reglamentos.

Artículo 34.- No podrán ser miembros del Consejo:

a) Los sostenedores, representantes legales, gerentes, administradores o miembros de un directorio de la entidad sostenedora de algún establecimiento educacional que imparta enseñanza en los niveles parvulario, básico y medio o de alguna asociación de sostenedores.

b) Los senadores y diputados, Ministros de Estado, subsecretarios, intendentes o gobernadores; los Secretarios Regionales Ministeriales de Educación o los Jefes de Departamentos Provinciales de Educación; alcaldes o concejales; consejeros regionales; miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial; secretarios o relatores del Tribunal Constitucional; fiscales del Ministerio Público; miembros del Tribunal Calificador de Elecciones o su secretario-relator; miembros de los tribunales electorales regionales, suplentes o secretarios-relatores, y miembros de los demás tribunales creados por ley.

c) Los inscritos en el registro de personas naturales acreditadas como evaluadores.

d) Los que formen parte del registro de administradores provisionales a cargo de la Superintendencia.

Artículo 35.- Los Consejeros deberán informar inmediatamente al Presidente de todo hecho, cualquiera sea su naturaleza, que le reste imparcialidad en sus decisiones o acuerdos, absteniéndose, en el acto, de conocer del asunto respecto del cual se configure la causal.

En particular, estarán inhabilitados de intervenir en aquellos asuntos que afecten a:

a) Establecimientos de educación parvularia, básica o media con que tengan un vínculo patrimonial o laboral.

b) Establecimientos de educación parvularia, básica o media en que se desempeñen como asesores o consultores, a cualquier título.

c) Instituciones de asistencia técnica en que participen como propietarios, como dependientes o en que tengan otra clase de intereses patrimoniales.

d) Establecimientos de educación parvularia, básica o media en que el o los consejeros se desempeñen como docentes.

Los consejeros que, estando inhabilitados, actúen en tales asuntos, serán removidos de su cargo por el Ministro de Educación y quedarán impedidos de ejercerlo nuevamente.

Las inhabilidades que contempla este artículo, así como las incompatibilidades señaladas en el artículo anterior, serán aplicables a todos los funcionarios de la Agencia.

Artículo 36.- Serán causales de cesación en el cargo de consejero las siguientes:

a) Expiración del plazo por el que fueron designados.

b) Renuncia aceptada por el Ministro de Educación.

c) Incapacidad legal sobreviniente, circunstancia que será calificada por la mayoría de los consejeros con exclusión del afectado.

d) Actuación en un asunto en que estuvieren legalmente inhabilitados.

e) Incumplimiento de los deberes y obligaciones que establece esta ley.

En caso que uno o más consejeros cesaren por cualquier causa en su cargo, procederá la designación de un nuevo consejero, sujeto al mismo procedimiento dispuesto en el artículo 31 de la presente ley, por el período que restare.

Si el consejero que cesare en el cargo en virtud del inciso precedente invistiere la condición de Presidente del Consejo, su reemplazante será designado en la forma prevista en el artículo 31 de la presente ley, por el tiempo que faltare al que produjo la vacante.

Artículo 37.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, el quórum para sesionar y para adoptar acuerdos, los procedimientos para decidir en caso de empate y, en general, aquellas normas que permitan una gestión flexible, eficaz y eficiente, serán definidas por las normas que dicte la Agencia.

Artículo 38.- Los consejeros percibirán una dieta equivalente a 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 100 de dichas unidades por mes calendario.

Artículo 39.- El Secretario Ejecutivo será el Jefe Superior del Servicio y estará afecto al sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882.

Corresponderá al Secretario Ejecutivo las siguientes atribuciones:

a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo, y proponerle el programa anual de trabajo del servicio;

b) Participar en el Consejo con derecho a voz;

c) Delegar en funcionarios de la institución las funciones y atribuciones que estime conveniente;

d) Conocer y resolver todo asunto relacionado con los intereses de la Agencia, salvo aquellas materias que la ley reserva al Consejo, pudiendo al efecto ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios o conducentes a la obtención de los objetivos del servicio, ya sea con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado;

e) Comunicar a los organismos competentes los antecedentes de que disponga o de que tome conocimiento, para que éstos ejerzan a su vez las facultades que les sean propias;

f) Dictar las resoluciones que apruebe el Consejo, así como conocer los recursos que procedan conforme a la ley. Le corresponderá también, cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le imparta el Consejo y realizar los actos que éste le delegue en el ejercicio de sus atribuciones;

g) Informar a la Superintendencia de la clasificación de un establecimiento como de Mal Desempeño y del hecho de que alguno de éstos, a pesar de los apoyos y habiéndose cumplido los plazos establecidos en la ley, no logre los estándares mínimos exigidos;

h) Representar judicial y extrajudicialmente al servicio;

i) Preparar el plan anual de trabajo, el anteproyecto de presupuesto y toda otra materia que deba ser sometida a la consideración del Consejo;

j) Gestionar administrativamente el servicio;

k) Contratar labores operativas de inspección o verificación del cumplimiento de las normas de su competencia a terceros idóneos debidamente certificados;

l) Celebrar convenios y ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento de los fines del servicio;

m) Nombrar y remover personal del servicio, de conformidad a la presente ley y a las normas estatutarias;

n) Informar periódicamente al Consejo respecto de la marcha de la institución y del cumplimiento de sus acuerdos e instrucciones, y

ñ) Ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Artículo 40.- El personal de la Agencia se regulará por las normas de esta ley y por los reglamentos que de conformidad a ella se dicten, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo y, en materia de remuneraciones, por las normas que fije el decreto con fuerza de ley a que se refiere el artículo tercero transitorio de la presente ley.

Artículo 41.- Previo acuerdo del Consejo, el Secretario Ejecutivo, con sujeción a la planta de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

El personal a contrata de la Agencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Secretario Ejecutivo. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Agencia de Calidad.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios, se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

Artículo 42.- El personal de la Agencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley.

Asimismo, tendrá prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su evaluación otros servicios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta.

Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos de exigir responsabilidad administrativa, lo que se exigirá con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiera configurarse.

Artículo 43.- Sin perjuicio de las causales previstas en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, para la cesación del cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

a) Necesidades de la Agencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio un vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Agencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II nivel jerárquico de la Agencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Secretario Ejecutivo ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que adoptarán y la forma y oportunidad en que recibirán la información y antecedentes requeridos al efecto.

b) Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a) precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Párrafo 7º

Patrimonio de la Agencia.

Artículo 44.- El patrimonio de la Agencia estará constituido por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b) Los recursos otorgados por leyes especiales;

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o que adquiera a cualquier título;

d) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios;

e) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

g) Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.

La Agencia estará sujeta a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, y sus disposiciones complementarias.

TÍTULO III

DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

Párrafo 1º

Objeto y atribuciones

Artículo 45.- Créase la Superintendencia de Educación, en adelante “la Superintendencia”, servicio público funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

La Superintendencia constituye una institución fiscalizadora en los términos del decreto ley N° 3.551, de 1981, y estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882.

El domicilio de la Superintendencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las Direcciones Regionales que constituya.

Artículo 46.- El objeto de la Superintendencia será fiscalizar el uso de los recursos por los sostenedores y los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, y que éstos cumplan con las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, en adelante “la normativa educacional”. Asimismo, proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, y atenderá los reclamos y denuncias de éstos, estableciendo las sanciones que en cada caso corresponda.

Si en el ejercicio de sus atribuciones la Superintendencia toma conocimiento de infracciones a otras normas legales que no integran la normativa educacional, deberá informar a los órganos fiscalizadores correspondientes. La Superintendencia no podrá iniciar procesos sancionatorios por infracciones a otras normas legales que no integran la normativa educacional.

Artículo 47.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones:

a) Fiscalizar que las personas o instituciones cumplan con la normativa educacional.

b) Fiscalizar la rendición de cuenta del uso de los recursos, a través de procedimientos contables simples generalmente aceptados, de acuerdo al párrafo 3° de este título.

c) Realizar y ordenar auditorías a la gestión financiera de los sostenedores en los casos que disponga la legislación vigente.

d) Ingresar a los establecimientos educacionales y dependencias del sostenedor que tengan relación con la administración del establecimiento educacional, a objeto de realizar las funciones que le son propias. En el ejercicio de esta atribución, los funcionarios de la Superintendencia no podrán impedir el normal desenvolvimiento de las actividades pedagógicas del establecimiento educacional.

e) Acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin impedir el normal desarrollo de las actividades pedagógicas del mismo, y examinar, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las personas y/o entidades fiscalizadas, y disponer de todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor fiscalización. La Superintendencia, mediante resolución, determinará aquellos libros, archivos y documentos que deberán estar permanentemente disponibles para su examen en el propio establecimiento educacional. Las mismas facultades, y en los mismos términos, tendrá la Superintendencia respecto de los terceros que administren los establecimientos educacionales.

Respecto de los establecimientos educacionales particulares pagados, el ejercicio de esta atribución exigirá la existencia de una denuncia o reclamo conforme al párrafo 4º, del Título III, de esta ley, salvo que se trate de la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado. En tal caso, la Superintendencia no podrá examinar las operaciones, bienes, libros y cuentas de la entidad fiscalizada.

f) Citar a declarar a los sostenedores, representantes, administradores y dependientes de las instituciones fiscalizadas respecto de algún hecho que estime necesario para resolver alguna denuncia o reclamo que esté conociendo o cuando de oficio, en un procedimiento administrativo, lo determine en cumplimiento de sus funciones. Las mismas facultades, y en los mismos términos, tendrá la Superintendencia respecto de los terceros que administren y presten servicios a los establecimientos educacionales.

g) Absolver consultas, investigar denuncias y resolver reclamos que los distintos miembros de la comunidad escolar presenten.

h) Desarrollar instancias de mediación.

i) Formular cargos, sustanciar su tramitación y resolver los procesos que se sigan respecto de todos los incumplimientos o faltas a la normativa educacional, así como de los que conozca por la vía de denuncias o reclamos del público o por denuncia que formule el Ministerio de Educación u otros órganos públicos.

j) Disponer el nombramiento de un administrador provisional para la gestión de los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado, en los casos que determine la presente ley.

k) Fiscalizar el cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional y, cuando corresponda, remitir los antecedentes al Ministerio de Educación para que éste, en un plazo no superior al término del año escolar, proceda a la revocación del reconocimiento señalado.

l) Imponer las sanciones correspondientes por infracción a la normativa educacional, así como aquéllas que proponga la Agencia de Calidad de la Educación.

m) Aplicar e interpretar administrativamente la normativa educacional, cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones fundadas de general aplicación al sector sujeto a su fiscalización, sin perjuicio del ejercicio de las facultades propias del Ministerio de Educación. Las instrucciones y resoluciones que emanen de la Superintendencia deberán ser sistematizadas de tal forma de facilitar el acceso y conocimiento de ellas por parte del sujeto a su fiscalización.

n) Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.

ñ) Requerir de los sostenedores y docentes directivos de los establecimientos educacionales u otros organismos públicos y privados relacionados, en el ámbito de sus atribuciones, la información que estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrá recoger la información proporcionada por las instituciones, procesarla cuando corresponda, y distribuirla anualmente a los distintos usuarios.

o) Poner a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de establecimientos educacionales, sostenedores, docentes, estudiantes, y demás integrantes de la comunidad educativa y crear y administrar los registros que sean necesarios para ejercer sus funciones.

p) Convenir con otros organismos de la Administración del Estado o con entidades privadas, la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones.

q) Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y a otros organismos en materias de su competencia.

r) Cobrar y percibir los derechos de actuaciones y certificaciones que establezca la ley en el ámbito de sus atribuciones.

s) Realizar las demás funciones que le encomienden las leyes o los reglamentos.

Párrafo 2º

De la Fiscalización.

Artículo 48.- En el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la Superintendencia actuará de oficio o a petición de interesado.

La Superintendencia formulará cargos e instruirá el respectivo procedimiento en caso de verificar, por sí o a través de terceros, la existencia de una o más contravenciones a la normativa educacional.

En el caso de denuncias que le comuniquen el Ministerio de Educación o la Agencia de Calidad, la Superintendencia ordenará directamente la formulación de cargos y la instrucción del respectivo proceso.

Artículo 49.- Para los efectos de la presente ley, el personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá también el carácter de Ministro de Fe respecto de todas las actuaciones que realice en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrá tomar declaraciones bajo juramento. Los hechos constatados por los funcionarios y sobre los cuales deban informar, de oficio o a requerimiento, podrán constituir presunción legal de veracidad para todos los efectos de la prueba judicial.

Las acciones de fiscalización podrán llevarse a efecto en cualquier momento, siempre que no se impida con ellas el normal desarrollo de las actividades pedagógicas del establecimiento educacional. Los entes fiscalizados deberán otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los referidos funcionarios.

La Superintendencia deberá procurar que los procesos de fiscalización que lleve a cabo se coordinen con aquellos que, en el ejercicio de sus competencias, lleven a cabo los diversos órganos de la Administración del Estado, de manera de evitar distraer indebidamente la labor educativa en los establecimientos educacionales.

Párrafo 3º

De la rendición de cuentas.

Artículo 50.- Los sostenedores y los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado, deberán rendir cuenta pública del uso de los recursos a través de procedimientos contables simples generalmente aceptados, respecto de cada uno de sus establecimientos educacionales de acuerdo a los instrumentos y formatos estandarizados que fije la Superintendencia. El análisis de la rendición de cuentas sólo implicará un juicio de legalidad del uso de los recursos.

Además, previa resolución que señale la existencia de sospechas fundadas, la Superintendencia podrá realizar auditorías o requerir, a petición del sostenedor del establecimiento educacional, que instituciones externas las efectúen, para comprobar la veracidad y exactitud de la información financiera que le hayan proporcionado. Si estas auditorías fueran realizadas por instituciones externas, la elección de la institución y su financiamiento corresponderá al sostenedor. La institución que realice la auditoría externa, deberá estar inscrita en un registro que para tales efectos lleve la Superintendencia.

Artículo 51.- La superintendencia deberá levantar un informe con las observaciones y recomendaciones que le ameriten las auditorías. Si detectare infracciones que puedan ser objeto de sanción, deberá abrir el procedimiento sancionatorio correspondiente y formular los cargos que procedieren.

Párrafo 4º

De la Atención de Denuncias y Reclamos.

Artículo 52.- La Superintendencia recibirá las denuncias y resolverá los reclamos que se formulen por los miembros de la comunidad educativa u otros directamente interesados y que se refieran a materias de su competencia, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

Artículo 53.- Para los efectos de esta ley, la denuncia es el acto escrito u oral por medio del cual una persona o grupo de personas interesadas y previamente individualizadas, ponen en conocimiento de la Superintendencia una eventual irregularidad, con el objeto de que ésta investigue y adopte las medidas que correspondan.

Se entenderá por reclamo la petición formal realizada a la Superintendencia por alguna de las personas señaladas en el artículo anterior, en orden a que ésta resuelva la controversia existente entre el reclamante y alguna de las entidades fiscalizadas, apersonándose el reclamante en el procedimiento.

Artículo 54.- Formulada una denuncia o recibido un reclamo, la Superintendencia podrá abrir un período de información previo con el fin de conocer las circunstancias concretas del caso y la conveniencia de iniciar un procedimiento.

Artículo 55.- En el caso de denuncia o reclamo respecto de los establecimientos particulares pagados, la Superintendencia podrá investigar y exigir la entrega de los antecedentes que corresponda.

Artículo 56.- Admitida una denuncia o reclamo a tramitación, el Director Regional ordenará la apertura de un expediente y designará al funcionario encargado de su tramitación, quien notificará al denunciado o reclamado.

Artículo 57.- El funcionario designado podrá citar a los interesados a una audiencia de mediación en la cual propondrá bases de arreglo para solucionar el conflicto. Las opiniones que emita en esa audiencia no lo inhabilitarán para seguir conociendo de la causa.

Sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de resolver los conflictos que se susciten, y exceptuando las situaciones que de acuerdo a esta ley configuran infracciones graves, las partes podrán convenir a su costo que tales conflictos sean sometidos a mediación previa.

No obstante lo anterior, tratándose de los establecimientos particulares pagados la excepción a que se refiere el inciso anterior no comprende las infracciones señaladas en los literales h), i) y j) del artículo 72 de la presente ley.

Las partes convendrán el nombre del mediador, el que en todo caso, para ejercer como tal, deberá inscribirse en el registro que al efecto lleve la Superintendencia.

Corresponderá a la Superintendencia fijar, mediante normas de general aplicación, los requisitos que deberán cumplir los mediadores a que se refiere este precepto, así como las normas generales de procedimiento a las que deberán sujetarse y las sanciones que podrá aplicar por su inobservancia. Dichas sanciones serán amonestación, multa hasta 1.000 unidades de fomento, suspensión hasta por 180 días o cancelación del registro.

Artículo 58.- Las notificaciones a los interesados se realizarán por medio de carta certificada al domicilio que éstos fijen en la primera actuación, y se entenderán practicadas desde el tercer día desde la fecha de su despacho en la oficina de correos. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán registrar en la Superintendencia una dirección de correo electrónico en la cual recibir las notificaciones respectivas que, para todos los efectos legales, se entenderán practicadas al día hábil siguiente de su despacho.

Artículo 59.- Un reglamento establecerá la forma de tramitación y los requisitos que deben cumplir las diligencias, actuaciones y las medidas precautorias que se decreten, debiendo velar porque se respete la igualdad de condiciones entre los involucrados, la facultad del reclamante de retirarse del procedimiento en cualquier momento, la bilateralidad de la audiencia, la imparcialidad y la transparencia del proceso.

Artículo 60- La Superintendencia deberá mantener un registro público con las estadísticas de denuncias y reclamos conocidos y resueltos.

Artículo 61.- Si el Director Regional o el Superintendente mediante resolución fundada, establece que la denuncia o reclamo carece manifiestamente de fundamentos, podrá imponer a quien lo hubiere formulado una multa no inferior a 1 UTM y no superior a 10 UTM, atendida la gravedad de la infracción imputada.

Párrafo 5º

De las infracciones y sanciones.

Artículo 62.- Si se detectaren infracciones que pudieren significar contravención a la normativa educacional, el Director Regional competente, mediante resolución fundada, ordenará la instrucción de un procedimiento y designará un fiscal instructor encargado de su tramitación, de formular cargos, de investigar los hechos, solicitar informes, ponderar las pruebas y disponer toda otra diligencia que dé curso al procedimiento.

Artículo 63- Tratándose de denuncias derivadas del Ministerio de Educación o la Agencia, el Director Regional competente ordenará directamente la formulación de cargos y la instrucción del procedimiento.

Artículo 64.- La resolución que ordena instruir el procedimiento deberá notificarse al sostenedor o a su representante legal, personalmente, por carta certificada o correo electrónico. Esta actuación debe constar en el expediente administrativo.

La notificación por carta certificada se enviará al domicilio del establecimiento educacional donde hubieren ocurrido los hechos que dan origen a los cargos o al domicilio del Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad o de la Corporación Municipal de que se trate, o el que corresponda, tratándose de otra entidad creada por ley. La notificación se entenderá practicada al tercer día hábil siguiente del despacho de correos.

La notificación por correo electrónico deberá enviarse a la dirección registrada por el sostenedor ante la Superintendencia y se entenderá practicada al día hábil siguiente de su despacho.

En el caso de infracción a lo dispuesto en los artículo 72 letra b) y 73 letra b) de esta ley, la notificación también se efectuará al obligado a proporcionar la información que se solicite.

Artículo 65.- Una vez notificado el sostenedor, de acuerdo al artículo anterior, el Director Regional, podrá proponer al Superintendente, como medida precautoria, ordenar mediante resolución fundada, la retención inmediata, ya sea total o parcial del pago de la subvención y proporcional al daño causado, sólo en los casos señalados en las letras f), g) , h) y l) del artículo 72. El Ministerio de Educación deberá proceder en el sentido dispuesto por la Superintendencia. Las medidas precautorias tendrán una vigencia de hasta 15 días corridos pudiendo ser decretadas nuevamente si se mantienen las circunstancias que le dieron origen.

Esta medida sólo podrá ser dispuesta oyendo al afectado, y podrá ser impugnada dentro de los 5 días hábiles siguientes, sin suspender la tramitación del procedimiento administrativo principal. En tal caso, la Administración tendrá igual plazo para resolver.

Artículo 66.- Formulados los cargos, la persona objeto del procedimiento tendrá un plazo de quince días contado desde la fecha de la notificación para presentar descargos y los medios de prueba que estime pertinentes.

Artículo 67.- Presentados los descargos, o transcurrido el plazo para tal efecto, el fiscal instructor elaborará un informe y propondrá al Director Regional respectivo la aplicación de sanciones o el sobreseimiento, según corresponda.

Artículo 68.- Corresponderá al Director Regional, de acuerdo al mérito de los antecedentes y por resolución fundada, sobreseer o aplicar las sanciones establecidas en el artículo siguiente.

La prueba que se rinda se apreciará de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Si correspondiere sancionar un hecho que constituya una infracción tanto a esta ley como al decreto fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, el Director Regional aplicará la sanción que corresponda como si se tratara de una sola infracción.

Artículo 69.- Comprobada la infracción a la normativa educacional, y sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda, el Director Regional, podrá aplicar las siguientes sanciones, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de ellas:

a) Amonestación por escrito, en cuyo caso deberá señalarse el origen de la infracción administrativa, como asimismo el plazo dentro del cual deberá ser subsanada.

b) Multa, de acuerdo de la siguiente proporción:

1.- En el caso de las infracciones leves las multas no excederán de 50 UTM.

2.- En el caso de infracciones menos graves, las multas no podrán exceder de 500 UTM.

3.- En el caso de infracciones graves, las multas no podrán exceder de 1000 UTM.

La multa aplicada deberá ser proporcional a la matrícula total del establecimiento a la fecha de la infracción, al beneficio económico obtenido con ocasión de la infracción, a la intencionalidad de la comisión de la infracción, y a la subvención mensual por alumno o los recursos que el establecimiento reciba regularmente.

Para los establecimientos educacionales regidos por los títulos I y II del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, se entenderá por subvención mensual por alumno la que resulte de aplicar sus artículos 9º, 9º bis y 11, según corresponda.

Para los establecimientos educacionales regidos por el título II de la ley señalada, la aplicación de la multa se aumentará según el cobro mensual promedio del establecimiento.

En el caso de los establecimientos educacionales regidos por los Títulos I y II del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, la multa no podrá ser inferior al 5% ni exceder el 50% de la subvención mensual por alumno matriculado. Iguales porcentajes mínimos y máximos se aplicarán adicionalmente sobre el cobro mensual promedio del establecimiento, en el caso de los establecimientos educacionales regidos por el Título II de la señalada ley.

Para los establecimientos de educación técnico-profesional regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, la multa deberá ser proporcional al promedio mensual de los recursos que se les asignen con el objeto de financiar su operación y funcionamiento.

Para los establecimientos particulares pagados, la multa será proporcional al promedio mensual de los cobros por motivo de arancel y matrícula.

c) Privación temporal de la subvención, la que podrá ser total o parcial. La privación de la subvención no podrá exceder de 12 meses consecutivos.

d) Privación definitiva de la subvención.

e) Inhabilitación temporal o a perpetuidad de la calidad de sostenedor y para mantener o participar en cualquier forma en la administración de establecimientos educacionales, la que se entenderá aplicada a sus representantes legales y administradores;

f) Revocación del reconocimiento oficial.

Artículo 70.- En caso que la Superintendencia disponga la sanción de privación de la subvención, inhabilidad del sostenedor y/o revocación del reconocimiento oficial del Estado, deberá enviar al Ministerio de Educación los antecedentes que correspondan para su aplicación y posterior inclusión en el registro correspondiente.

Artículo 71.- Los hechos, actos u omisiones que constituyen infracciones administrativas, serán graves, menos graves y leves.

Artículo 72.- Son infracciones graves:

a) No efectuar la rendición de cuentas en la forma que determina la ley.

b) No entregar la información solicitada por el Ministerio de Educación, la Agencia o la Superintendencia conforme a la normativa educacional.

c) Incumplir alguno de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado.

d) Incumplir reiteradamente los estándares de aprendizaje exigidos en conformidad a las leyes. Esta infracción sólo podrá ser sancionada con la revocación del reconocimiento oficial.

e) Alterar los resultados de las mediciones de aprendizaje.

f) Impedir, entorpecer u obstaculizar la fiscalización de la Superintendencia.

g) Realizar acciones dolosas destinadas a obtener la subvención educacional, tales como alterar la asistencia media o la matrícula de los alumnos.

h) Cobrar indebidamente derechos de escolaridad.

i) Hacer obligatorio el pago de matrícula u otros cobros que tengan carácter voluntario.

j) Exigir cobros o aportes económicos a través de terceros prohibidos en la ley.

k) Incurrir en atraso reiterado en el pago de las remuneraciones, cotizaciones provisionales y de salud de su personal, sin perjuicio de las facultades que sobre la materia detentan otros órganos.

l) Toda otra que haya sido expresamente calificada como grave en el decreto con fuerza de ley Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación, y en la normativa educacional.

Artículo 73.- Son infracciones menos graves:

a) Efectuar tardía o incompletamente la rendición de cuenta.

b) Entregar la información requerida por la Superintendencia en forma incompleta o inexacta.

c) Infringir los deberes y derechos establecidos en la normativa educacional que no sean calificados como infracción grave.

d) Cobrar indebidamente valores superiores a los establecidos.

e) No prestar el servicio educativo en conformidad a la ley, los reglamentos y los convenios respectivos.

f) Toda otra infracción que sea expresamente calificada como tal en el decreto con fuerza de ley Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación, y en la normativa educacional.

En caso de infracciones que tengan el carácter de menos graves, sólo podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa establecidas en esta ley.

Artículo 74.- Son infracciones leves aquellas en que incurran los sostenedores y/o establecimientos educacionales, contra la normativa educacional y que no tengan señalada una sanción especial.

Las infracciones leves sólo serán sancionadas si no fueren subsanadas en el plazo que prudencialmente conceda al efecto el fiscalizador de la Superintendencia.

En este caso, podrán ser amonestados o sancionados con multa, a beneficio fiscal.

Artículo 75.- Constituyen circunstancias atenuantes de responsabilidad administrativa:

a) Subsanar los incumplimientos reportados por la Superintendencia, dentro del plazo de 30 días contados desde la notificación.

b) Que no le haya sido impuesta una de las sanciones previstas en la normativa educacional, en los últimos seis años por una infracción grave; en los últimos cuatro años por una infracción menos grave, y en los últimos dos años por una infracción leve.

c) Concurrir a las oficinas de la Superintendencia y denunciar estar cometiendo, por sí, cualquier infracción a la normativa educacional.

La circunstancia señalada en la letra c) sólo procederá cuando el sostenedor suministre información precisa, verídica y comprobable respecto de los hechos que constituyen la infracción y ponga fin, de inmediato, a los mismos.

Artículo 76.- Se considerarán circunstancias agravantes de responsabilidad:

a) La no concurrencia de los sostenedores, representantes, administradores y dependientes de las instituciones fiscalizadas a las citaciones a declarar efectuadas por la Superintendencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 letra f) de la presente ley.

b) El incumplimiento reiterado de las instrucciones formuladas por la Superintendencia. Se entenderá que son reiterados aquellos incumplimientos que, en un mismo año calendario, se repitan en dos o más ocasiones.

c) Haber sido sancionado con antelación en virtud de alguno de los procesos administrativos previstos en la normativa educacional vigente, en los términos establecidos en la letra b) del artículo anterior.

En el caso de la letra c) de este artículo, la multa deberá ser aumentada hasta el doble, como máximo, conforme a los criterios señalados en el artículo 69 letra b) de la presente ley.

Artículo 77.- La sanción de multa no impide la aplicación de la inhabilitación temporal o perpetua de la calidad de sostenedor, ni la de revocación del reconocimiento oficial del Estado.

Artículo 78.- Tratándose de multa aplicada a establecimientos educacionales subvencionados, o que reciban aportes del Estado, el pago de la misma se efectuará a través del descuento, total o en cuotas, de la multa correspondiente de la subvención mensual a percibir. En el caso de establecimientos particulares pagados, las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República.

Un reglamento fijará la forma, modalidad y oportunidad del pago de la multa impuesta, así como su reintegro en los casos que corresponda.

Las multas impuestas por la Superintendencia serán de beneficio fiscal.

El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia, en conformidad a la ley, devengará los intereses y reajustes establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Artículo 79.- En caso que la Superintendencia disponga la sanción de revocación del reconocimiento oficial del Estado, el Ministerio de Educación deberá adoptar todas las medidas que resulten pertinentes para asegurar el derecho a la educación de los alumnos, en coordinación con las facultades que detenta esta Superintendencia.

Artículo 80.- En contra de la resolución del Director Regional que aplique cualquiera de las sanciones señaladas, procederán los recursos administrativos que establece la ley Nº 19.880.

Artículo 81.- Los afectados que estimen que las resoluciones del Superintendente no se ajustan a la normativa educacional, podrán reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro del plazo de quince días contados desde la notificación de la resolución que se impugna, para que las deje sin efecto.

La Corte deberá pronunciarse en cuenta sobre la admisibilidad del recurso.

Admitido el recurso, la Corte de Apelaciones dará traslado de éste a la Superintendencia, notificándola por oficio, y ésta dispondrá del plazo de quince días, contado desde que se notifique la apelación interpuesta, para evacuar el informe respectivo.

Evacuado el traslado por la Superintendencia, o vencido el plazo de que dispone para emitir su informe, la Corte ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala.

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días, la cual podrá ser apelada ante la Corte Suprema dentro del plazo de diez días hábiles, la que resolverá en cuenta.

Artículo 82.- Contra la sanción de amonestación no procederá recurso administrativo alguno.

Artículo 83.- La Superintendencia no podrá aplicar ningún tipo de sanción luego de transcurridos cuatro años desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho. El inicio de la investigación respectiva suspenderá este plazo de prescripción.

Todo proceso que inicie la Superintendencia deberá concluir en un plazo que no exceda los dos años.

Párrafo 6º

Del Administrador Provisional.

Artículo 84.- La Superintendencia de Educación, mediante resolución fundada, podrá nombrar un Administrador Provisional, para que asuma las funciones que competen al sostenedor de un establecimiento educacional subvencionado o que reciba aportes del Estado, con el objeto de asegurar el adecuado funcionamiento de dicho establecimiento y la continuidad del servicio educativo.

El administrador provisional durará en su cargo sólo hasta el término del año escolar en curso, salvo lo establecido en el inciso segundo del artículo 91 de la presente ley.

Artículo 85.- No podrá ser nombrado como Administrador Provisional de un establecimiento educacional:

a) El cónyuge, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del sostenedor del establecimiento educacional y de quienes hayan sido directores titulares o administradores de la persona jurídica;

b) Los acreedores o deudores del sostenedor o que tengan algún interés pecuniario directo en empresas relacionadas;

c) Los administradores de bienes del sostenedor.

Sin perjuicio de lo anterior, regirán respecto de estas personas las inhabilidades de los artículos 54 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Artículo 86.- Sólo se podrá nombrar un Administrador Provisional en los siguientes casos:

a) Cuando el establecimiento educacional se mantenga en la categoría de Desempeño Insatisfactorio por más de cuatro años consecutivos y exista riesgo de afectar la continuidad del año escolar.

b) Cuando el sostenedor se ausente injustificadamente, poniendo en riesgo la continuidad del año escolar.

c) Cuando, por razones imputables al sostenedor, se haga imposible la mantención del servicio educativo a consecuencia de sanciones, medidas precautorias, embargos, ejecuciones, retiros que afecten al establecimiento educacional o a su mobiliario.

d) Cuando exista atraso reiterado en el pago de las remuneraciones, cotizaciones previsionales y/o de salud del personal del establecimiento. Se entenderá por atraso reiterado la mora total o parcial en el pago de dos meses consecutivos o de tres en un período de seis.

e) Cuando, por causa imputable al sostenedor, se suspendan los servicios básicos para el buen funcionamiento del local escolar. Se entenderá por suspensión reiterada la no disponibilidad del servicio básico en un período de tres días hábiles consecutivos o cinco días hábiles en un período de seis meses.

El nombramiento del administrador provisional en los casos señalados en las letras b), c) y d), será una atribución privativa e indelegable del Superintendente.

Artículo 87.- Al asumir sus funciones, el Administrador Provisional levantará un acta que dé cuenta del estado administrativo y financiero del establecimiento educacional, que será entregada a la Superintendencia.

Además, dentro de los 20 días siguientes a su nombramiento, deberá presentar un plan de trabajo, que deberá ser aprobado por el Superintendente.

El administrador provisional deberá presentar informes trimestrales de avance de su gestión y dar cuenta documentada de ella al Superintendente de Educación al término de sus funciones.

Una vez que la rendición de cuenta haya sido aprobada por la Superintendencia, ella será incorporada a un registro de carácter público, de conformidad a lo dispuesto en el reglamento.

El Administrador Provisional responderá de la culpa leve en su administración.

Artículo 88.- Desde la fecha de designación del Administrador Provisional, el sostenedor del establecimiento será sustituido por éste para todos los efectos legales, quedando inhabilitado para percibir la subvención educacional.

Sin perjuicio de lo anterior, el sostenedor será responsable de todas las obligaciones que se hubieren generado en virtud del funcionamiento del establecimiento educacional con antelación al inicio de la Administración Provisional.

El nombramiento de administrador provisional procederá sin perjuicio de hacer efectiva la garantía establecida en el artículo 56 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación.

Artículo 89.- El Administrador Provisional asumirá las facultades que competen al sostenedor del establecimiento educacional en el cual desempeñará su cargo y tendrá las facultades consignadas en el artículo 2.132 del Código Civil.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Administrador Provisional tendrá, especialmente, las siguientes facultades:

a) Asumir la representación legal del establecimiento, sea particular subvencionado, municipal o cuyo sostenedor sea otra entidad creada por ley;

b) Asegurar la continuidad escolar y la disponibilidad de matrícula para los alumnos del establecimiento, de conformidad a lo establecido en esta ley;

c) Percibir y administrar los recursos de que trata el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación;

d) Pagar las obligaciones derivadas del servicio educacional desde el momento que asume sus funciones, con el límite de los recursos que reciba para su gestión, de acuerdo a las prioridades que establezca, y considerando el buen desempeño del establecimiento educacional;

e) Poner término a la relación laboral del personal del establecimiento educacional, y

f) Constituir prenda sobre los bienes del establecimiento a fin de garantizar su buen funcionamiento.

g) Devolver la administración de los bienes al sostenedor al término de su gestión.

Las facultades del Administrador Provisional serán indelegables.

Artículo 90.- El nombramiento de un Administrador Provisional, en el caso de la letra a) del artículo 86 de la presente ley, podrá tener por objeto hacer efectiva la revocación del reconocimiento oficial del establecimiento, siempre que existan establecimientos cercanos que impartan el mismo nivel educativo, clasificados en una categoría superior.

Para proceder a cerrar el establecimiento el Administrador Provisional deberá dar continuidad al servicio educativo, por el período que reste hasta el término del año escolar, asegurando la matrícula disponible a los alumnos para el año escolar siguiente en otros establecimientos educacionales.

Artículo 91.- El Administrador Provisional tendrá facultades para reestructurar un establecimiento educacional, siempre que se trate de establecimientos educacionales administrados por municipalidades, sea directamente o por sus corporaciones municipales, o administrados por otras entidades creadas por ley, y no existan establecimientos cercanos que impartan el mismo nivel educativo, clasificados en mejor categoría.

El Administrador Provisional se hará cargo de las obligaciones legales hasta la entrega del establecimiento educacional a la Municipalidad o corporación respectiva, o a la entidad creada por ley que corresponda, la que deberá materializarse dentro del plazo de tres años, contado desde la fecha de su nombramiento.

Artículo 92.- Para los efectos de lo dispuesto en este Párrafo, se entiende por establecimientos cercanos, aquellos cuyo sostenedor sea una Municipalidad, una corporación municipal u otra entidad creada por ley, o los establecimientos particulares subvencionados gratuitos, que acepten a esos alumnos sin proceso de selección, y que se encuentren emplazados en la misma comuna y tengan matrícula disponible para atender las necesidades educativas que se generen, salvo que estén ubicados en zonas de aislamiento geográfico o de difícil acceso.

Artículo 93.- Ningún establecimiento podrá ser objeto de reestructuración más de dos veces en un período de diez años.

Si el establecimiento educacional resulta clasificado como insatisfactorio después de finalizada la segunda reestructuración dentro de tal período, la Agencia de Calidad comunicará la situación a la Superintendencia para que ésta inicie el procedimiento administrativo para revocar el reconocimiento oficial del establecimiento.

Artículo 94.- Créase un Registro Público de Administradores Provisionales, a cargo de la Superintendencia, que incluirá las personas naturales y jurídicas, habilitadas para cumplir las funciones de Administrador Provisional.

Un reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir las personas para el ingreso y permanencia en el registro o subregistros que se creen; procedimiento de selección, mecanismos de evaluación y acreditación de ellas; tiempo de duración en el registro y causales que originan la salida de éste, a fin de asegurar la idoneidad del Administrador Provisional y la efectividad de su gestión.

Artículo 95.- Los honorarios del Administrador Provisional serán pagados con cargo a la subvención que le corresponda recibir al establecimiento, conforme a la ley. En la parte no cubierta por estos recursos, será cubierta por la Superintendencia.

Párrafo 7º

De la Organización de la Superintendencia.

Artículo 96.- Un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, con el título de Superintendente de Educación, será el Jefe Superior de la Superintendencia y tendrá la representación judicial y extrajudicial de la misma. Dicho funcionario estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.

Artículo 97.- Corresponderá al Superintendente especialmente:

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia y ejercer, respecto de su personal, las atribuciones propias de su calidad de Jefe Superior de Servicio.

b) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Superintendencia.

c) Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio. En el ejercicio de estas facultades podrá administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza.

d) Nombrar y remover al personal del Servicio, de conformidad a la presente ley y a las normas estatutarias.

e) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia, de conformidad a la ley.

f) Contratar las labores operativas de inspección o verificación del cumplimiento de las normas de su competencia a terceros idóneos debidamente certificados conforme al reglamento respectivo.

g) Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas, elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento.

h) Conocer y resolver los recursos que la ley establece.

i) Imponer las sanciones y multas que establece la presente ley y las demás disposiciones legales que regulen la actividad educacional e informar de éstas al Ministerio de Educación, para que sean incorporadas en el registro correspondiente.

j) Ejercer las demás atribuciones que le encomienden las leyes y reglamentos.

Sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Superintendente deberá poner en conocimiento de los demás organismos fiscalizadores los antecedentes de que disponga o de que tome conocimiento, para que éstos ejerzan a su vez las facultades que les sean propias.

Artículo 98.- La Superintendencia se desconcentrará territorialmente a través de Direcciones Regionales de conformidad a lo establecido en la ley.

Artículo 99.- El personal de la Superintendencia se regulará por las normas de esta ley, por el D.F.L. a que se refiere el artículo tercero transitorio y por los reglamentos que de conformidad a ella se dicten. Supletoriamente, le serán aplicables las normas del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 100.- El Superintendente, con sujeción a la planta de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

El personal a contrata de la Superintendencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Superintendente. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Superintendencia.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios, se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

Artículo 101.- El Superintendente podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la administración civil del Estado, sin que rijan las limitaciones establecidas por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes.

Artículo 102.- El personal de la Superintendencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos administrativos, lo que no obsta a las sanciones penales que procedan.

Artículo 103.- El personal de la Superintendencia tendrá prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su fiscalización otros servicios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta. Cualquiera infracción a esta norma será constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan de conformidad a la ley.

Artículo 104.- Sin perjuicio de las causales previstas en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo, para la cesación del cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

a) Necesidades de la Superintendencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Superintendencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II nivel jerárquico de la Superintendencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Superintendente ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que se adopten y la forma y oportunidad en que se recepcione la información y antecedentes requeridos al efecto.

b) Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a) precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 105.- El personal de la Superintendencia que detente cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos deberá desempeñarse con dedicación exclusiva. Sin perjuicio de lo anterior, podrá realizar labores docentes en los términos del artículo 8° de la Ley N° 19.863, ejercer los derechos que le atañen personalmente, percibir los beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable y los emolumentos que provengan de la administración de su patrimonio.

Artículo 106.- La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos.

Párrafo 8º

Del Patrimonio.

Artículo 107.- El patrimonio de la Superintendencia estará constituido por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b) Los recursos otorgados por leyes especiales;

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o que adquiera a cualquier título;

d) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios;

e) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

g) Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.

La Superintendencia estará sujeta a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado y sus disposiciones complementarias.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 108.- Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Artículo 109.- En los casos no contemplados en la presente ley, la entrega de información que se requiera a estos órganos, se someterá al procedimiento establecido en los artículos 13 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000.

Artículo 110.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y en lo que faltare con cargo a la partida Presupuestaria del Tesoro Público.

Artículo 111.- Un reglamento establecerá los mecanismos que permitan una coordinación eficaz entre los órganos del Estado que componen el Sistema.

Las visitas inspectivas, evaluativas o de fiscalización que realicen los órganos mencionados deberán realizarse coordinadamente.

La Agencia deberá informar a la Superintendencia de Educación, la exclusión indebida de alumnos de bajo rendimiento de las mediciones, filtración de pruebas o cualquier otro intento de manipulación de los resultados de las mediciones de aprendizaje, con el objeto que adopte las medidas pertinentes y aplique las sanciones que corresponda de conformidad a la ley.

Para la elaboración, mantención y actualización de los Registros que se creen en virtud de esta ley, el Ministerio, la Superintendencia y la Agencia de Calidad tendrán libre acceso a la información que cada uno posea, recíprocamente.

Artículo 112.- Modifíquese la ley Nº 18.956, que Reestructura el Ministerio de Educación en el siguiente sentido:

1.- Sustitúyase el artículo 1º por el siguiente:

“El Ministerio de Educación es la Secretaría de Estado encargada de fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades; promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal al primer y segundo nivel de la educación parvularia; financiar un sistema gratuito destinado a garantizar el acceso de toda la población a la educación básica y media generando las condiciones para la permanencia en los mismos de conformidad a la ley; promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales de la persona humana; fomentar la cultura de la paz; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística, la práctica del deporte y la protección y conservación del patrimonio cultural.”.

2.- Elimínese la letra c) del artículo 2º.

3.- Intercálese, a continuación del artículo 2º, el siguiente artículo 2º bis nuevo:

“Artículo 2º bis.- Sin perjuicio de las funciones señaladas en el artículo anterior, también corresponderá al Ministerio:

a) Elaborar las bases curriculares y los planes y programas de estudio para la aprobación del Consejo Nacional de Educación;

b) Formular los estándares de aprendizaje de los alumnos y los estándares indicativos de desempeño para docentes, docente directivos, sostenedores y establecimientos educacionales para la aprobación del Consejo Nacional de Educación, cuando corresponda;

c) Proponer y evaluar las políticas y diseñar e implementar programas y las acciones de apoyo técnico pedagógico para docentes, equipos directivos, asistentes de la educación, sostenedores y establecimientos educacionales;

d) Proponer y evaluar las políticas relativas a la formación inicial y continua de docentes;

e) Determinar, en coordinación con la Agencia de Calidad, el plan de mediciones nacionales e internacionales de los niveles de aprendizaje de los alumnos para la aprobación del Consejo Nacional de Educación.

f) Desarrollar estadísticas, indicadores y estudios del sistema educativo, en el ámbito de su competencia, y poner a disposición del público la información que con motivo del ejercicio de sus funciones recopile. Esta información será pública y de libre acceso para todo el que tenga interés en consultarla. No obstante, tendrá carácter confidencial respecto de la identidad de los alumnos y los docentes evaluados de conformidad a la ley;

g) Establecer y administrar los registros públicos que determine la ley, y

h) Ejecutar, las sanciones que disponga la Superintendencia de Educación o, en su caso, aplicar las sanciones en los ámbitos que determinen las leyes.”.

4.- Intercálese, a continuación del artículo 2º bis nuevo, el siguiente artículo 2º ter nuevo:

“Artículo 2º ter.- Dentro de la función de apoyo técnico pedagógico a los sostenedores y sus establecimientos educacionales y a las instituciones de apoyo técnico pedagógico, al Ministerio le corresponderá asesorar, directamente o a través de terceros, elegidos por el sostenedor de entre los sujetos registrados según el artículo 19 letra d), en los procesos de mejora de la calidad educativa.

En el caso de los establecimientos que reciban la subvención creada por la ley Nº 20.248, este apoyo se financiará con cargo a los recursos que ella establece.”.

5.- Elimínese, en el artículo 4º, la expresión “Jefe Superior del Ministerio y”.

6.- Agréguese al artículo 6º, a continuación de la expresión “del Ministro”, la frase “y el Jefe Administrativo del Ministerio”.

7.- Reemplácese, en el artículo 15, en su inciso segundo, la expresión “y de inspección y control de subvenciones”, por la frase “y las vinculadas a la inspección del pago de las subvenciones”.

8.- Elimínese, en el artículo 16, en su inciso primero, la expresión “y financiera”.

9.- Incorpórese el siguiente Título III nuevo, a la ley Nº 18.956, pasando el actual Título III a ser Título IV, ordenándose sus artículos correlativamente:

“TÍTULO III

De los requerimientos de información, de la Ficha Escolar y los registros

Artículo 17.- Para los efectos de los registros establecidos en la ley, los sostenedores deberán proporcionar toda la información solicitada por el Ministerio de Educación relativa a repitencia, promoción, abandono y retiro de alumnos, compromisos de gestión o metas institucionales del establecimiento. Asimismo, cuando corresponda, deberán informar sobre los programas de apoyo propios o con otras instituciones u organismos, cobros efectuados en los establecimientos en que así procediere y aquella información mencionada en el artículo 8º de la ley Nº 19.979, en los casos que corresponda.

Artículo 18.- A partir de la información a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Educación elaborará una Ficha Escolar que resumirá la información relativa a cada establecimiento educacional.

La Ficha Escolar será publicada en la página Web del Ministerio de Educación. Esta información estará a disposición de cualquier interesado.

Un reglamento fijará la forma, modalidad y periodicidad en que deberá requerirse y publicarse la información establecida en el presente artículo y el anterior, en especial el contenido de la Ficha Escolar.

Artículo 19.- Los Registros de Información comprenderán, al menos, los siguientes:

a) Registros de Sostenedores, el que deberá incluir, al menos, la constancia de su personalidad jurídica, representante legal, establecimientos que administra e historial de infracciones, si las hubiere. En el caso de percibir subvención y/o aportes estatales, deberá también informarse sobre origen y monto de todos los recursos recibidos y planes de desarrollo.

b) Registros de Establecimientos Reconocidos Oficialmente, donde deberá incluirse, al menos, el nombre y domicilio del establecimiento educacional, identificación del sostenedor y representante legal, constancia del acto administrativo por medio del cual se otorgó el reconocimiento oficial y su fecha, nivel de enseñanza y modalidad que imparte y la información pertinente relativa a alumnos, directivos, docentes y asistentes de la educación. Asimismo, deberá contemplar indicadores de eficacia y eficiencia interna y fuentes de recursos y monto de los mismos.

En el caso de los establecimientos que reciban Subvenciones y/o Aportes Estatales, deberá incluir además, la individualización de los integrantes del Consejo Escolar e información sobre el Plan de Mejoramiento Educativo, si lo tuviere.

c) Registro de Docentes, el que deberá incluir el nombre, títulos y otras certificaciones de competencia, establecimiento educacional donde se desempeña, sectores de aprendizaje y cursos en que ejerce, premios y/o sanciones recibidas y otros antecedentes relativos a la idoneidad para ejercer la profesión, de conformidad a la ley. La información para confeccionarlo, deberá ser proporcionada por el sostenedor para quien trabaja el docente.

d) Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, que estarán habilitadas para prestar apoyo a los establecimientos educacionales y para la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo. Un reglamento establecerá la regulación a que se sujete este registro, así como los requisitos que deberán cumplir las personas y entidades para el ingreso y permanencia en el registro o subregistro de especialidades que se creen. En todo caso, el registro deberá incluir, a lo menos, una adecuada identificación de las entidades y especialidades técnicas en las que ofrecen servicios, así como antecedentes relativos a la calidad de los que hubieren prestado. El procedimiento de selección de las mismas, tiempo de duración en el registro y causales que originan la salida de éste, se determinará considerando la calidad técnica, eficacia y especialidad de dichas entidades. Para constituir este registro, el Ministerio de Educación convocará un panel de expertos, ad-honorem, ampliamente reconocidos en el campo de la educación nacional o extranjera.

El Ministerio de Educación deberá administrar y mantener con información actualizada los registros señalados en este artículo, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación de establecer otros registros que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 20.- Las Universidades e Institutos Profesionales deberán remitir por medios informáticos al Ministerio de Educación la nómina de profesores titulados cada año de su respectiva institución. Tratándose de profesores titulados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, deberán remitir la información, dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de la presente ley.”.

Artículo 113.- Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, en el siguiente sentido:

1.- Al artículo 5°:

a) Derógase su inciso tercero.

b) Sustitúyese su inciso cuarto por el siguiente:

“El incumplimiento de la obligación señalada en el inciso segundo se considerará infracción menos grave.”.

2.- Derógase el artículo 19.

3.- Elimínese del inciso final del artículo 21 la siguiente frase “para los efectos del artículo 50”.

4.- Sustitúyese en el inciso final del artículo 22 la frase que sigue al punto seguido (.) por la siguiente “La infracción de esta obligación se considerará infracción menos grave.”.

5.- Sustitúyese, en el inciso quinto del artículo 26 la expresión “al Ministerio” por “a la Superintendencia”.

6.- Deróganse los artículos 52, 52 bis y 53.

7.- Intercálese en el inciso primero del artículo 54 entre las expresiones “mediante resolución fundada“, y la que se inicia “ordenar que se deje sin efecto” la siguiente frase “y previo informe favorable de la Superintendencia de Educación,”.

8.- Al artículo 55:

a) Para agregar después del punto final (.) que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase “Sin perjuicio de las facultades que correspondan, en materia sancionatoria a la Superintendencia de Educación.”.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En la fiscalización de las normas de esta ley y sus reglamentos el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de Educación deberán actuar coordinadamente conforme al artículo 111 de la Ley sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación parvularia, básica y media.”.

9.- Deróganse los artículos 64 y 65.

10.- Elimínese del inciso final del artículo quinto transitorio la frase “para los efectos de los artículos 50 y 52 del presente cuerpo legal”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante un decreto con fuerza de ley expedido por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda, establezca las Direcciones Regionales de la Superintendencia de Educación definiendo sus potestades, funciones y el ámbito geográfico que abarcará cada una de ellas.

Artículo segundo transitorio.- El Ministerio de Educación tendrá un plazo máximo de un año desde la entrada en vigencia de esta ley, para presentar los estándares de aprendizaje e indicativos de desempeño al Consejo Nacional de Educación.

La Agencia de Calidad tendrá un plazo máximo de un año, contado desde la aprobación de los estándares que señala el inciso anterior, para determinar y aplicar la metodología para la clasificación de los establecimientos en las categorías y criterios señalados en el artículo 13.

Artículo tercero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, fije las plantas de personal de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación, y el régimen de remuneraciones que les será aplicable.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas de personal que fije, el número de cargos por cada planta así como los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones y niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley Nº 19.882 y en el artículo 8° del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, según corresponda. En el mismo acto, fijará la fecha de vigencia de la planta de personal y la dotación máxima de personal para el año.

Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas de encasillamiento del personal de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República fijará las normas necesarias para la fijación de las remuneraciones variables, en su aplicación transitoria.

Mediante igual procedimiento, el Presidente de la República determinará la fecha de vigencia de la planta que fije y del encasillamiento que practique y el inicio de funciones de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad.

Artículo cuarto transitorio.- El Presidente de la República nombrará, transitoria y provisionalmente, conforme al artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, al Superintendente y al Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, quienes asumirán de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

Para iniciar el concurso de los integrantes del consejo de la Agencia, el Ministro de Educación tendrá un plazo máximo de dos meses, contado desde la publicación de la presente ley.

Artículo quinto transitorio.- La planta de personal de la Superintendencia y de la Agencia de Calidad de la Educación será provista mediante el traspaso, sin solución de continuidad, de personal desde el Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, siguiendo el procedimiento que se establece en el inciso siguiente. Del mismo modo, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. Los cargos que no se provean de conformidad al procedimiento previsto en el inciso siguiente se llenarán mediante concurso público.

Conforme lo anterior, la Subsecretaría de Educación directamente o utilizando el procedimiento que establece por el artículo 23 del Estatuto Administrativo, llamará a un concurso abierto a los funcionarios de las instituciones enumeradas en el inciso anterior, sean de planta o a contrata, los que deberán cumplir los requisitos de los cargos concursados y estar calificados en listas 1 o 2 de distinción o buena, respectivamente. Los funcionarios a contrata deberán, además, haberse desempeñado en tal calidad a lo menos durante los dos años previos al concurso.

La Subsecretaría de Educación en forma previa, según la planta y sus requisitos, definirá, conjuntamente con el Superintendente o el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, según corresponda, los factores, subfactores, competencias y/o aptitudes específicas a considerar, pudiendo fijarse por cargos o grupo de cargos o funciones.

El concurso deberá seguir, a lo menos, las siguientes normas básicas:

a) En la convocatoria se especificarán los cargos, las funciones a desempeñar y la localidad en la que estará ubicada la vacante.

b) En un solo acto, se postulará a una o más de las plantas o escalafones de la Superintendencia sin especificar cargos o grados determinados dentro de ellas, salvo que se postule sólo a determinadas localidades especificadas en la convocatoria.

c) La provisión de los cargos de cada planta se efectuará, en cada grado, en orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los postulantes.

d) En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme a los siguientes criterios: en primer término con el personal de planta, si quedaran vacantes se procederá con los funcionarios a contrata. De subsistir la igualdad se procederá conforme al resultado de la última calificación obtenida en la institución de origen. Por último, de mantenerse la igualdad se pronunciará el Superintendente o el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad, según corresponda.

e) El traspaso regirá a partir de la fecha en que quede totalmente tramitado el acto administrativo que lo dispone o de una fecha posterior si así éste lo estableciera.

Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, dicte normas complementarias para el adecuado desarrollo del concurso, aplicando en lo que estime pertinente, los preceptos del decreto supremo N° 69 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Artículo sexto transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que a través de uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, regule los cargos de planta que quedaren vacantes, en el o los servicios en virtud de la creación de la Supertendencia de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación. En el ejercicio de esta facultad además, podrá establecer la disminución de la dotación máxima en los servicios antes mencionados.

Artículo séptimo transitorio.- Los traspasos de personal no podrán significar disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos previsionales de los funcionarios traspasados. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.

Artículo octavo transitorio.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministro de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Superintendencia y la Agencia de Calidad, incluyendo sus glosas y los recursos que se le traspasen por efectos del artículo quinto transitorio y aquéllos asociados a las unidades cuyas funciones se transfieren por esta ley a la Superintendencia.

Artículo noveno transitorio.- Mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá también suscribirse por el Ministro de Educación, se determinarán los bienes muebles e inmuebles fiscales que se traspasarán a la Superintendencia y la Agencia de Calidad. El Superintendente y el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, requerirán de las reparticiones correspondientes las inscripciones y anotaciones que procedan, con el sólo mérito del decreto supremo antes mencionado.

Artículo décimo transitorio.- Las categorías indicadas en el artículo 9º de la ley Nº 20.248 se entenderán equivalentes a las categorías establecidas en el artículo 13 de la presente ley, de acuerdo a la siguiente tabla:

Los establecimientos educacionales adscritos al régimen de Subvención Escolar Preferencial, regulado por la ley N° 20.248, serán reclasificados por la Agencia de la Calidad en el plazo establecido en el artículo segundo transitorio de la presente ley.

Sin embargo, los establecimientos clasificados según las categorías señaladas en la ley N° 20.248, conservarán los derechos y deberes constituidos conforme a ella, hasta el término del año 2011.

Facúltase al Presidente de la República para que dicte las normas con fuerza de ley necesarias para la transición de los establecimientos regidos por la ley Nº 20.248 a las categorías establecidas en el artículo 13 de la presente ley.

En el mismo acto el Presidente de la República dictará las demás disposiciones necesarias para adecuar las demás disposiciones de la ley Nº 20.248 a las de la presente ley.

Artículo undécimo transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, a través de uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministerio de Hacienda, dicte las normas necesarias para modificar la organización del Ministerio de Educación con el objeto de adecuarla a las normas de esta ley. En dichas normas se procederá, además, a efectuar la adecuación de las plantas de personal que de dicha reorganización se deriven.”.

- - -

Acordado en sesión celebrada el día 28 de abril de 2009, con asistencia de los Honorables Senadores señora Evelyn Matthei Fornet (Presidenta) y señores Camilo Escalona Medina, José García Ruminot, Carlos Ominami Pascual y Hosaín Sabag Castillo.

Sala de la Comisión, a 28 de abril de 2009.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, ACERCA DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

(Boletín Nº 5.083-04)

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: establecer un Sistema Nacional de Aseguramiento de Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, y crear dos nuevos órganos que velen por la calidad en materia educacional, a saber: la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación.

II.ACUERDOS: Indicaciones:

Números:

2 y 3. Aprobadas con enmiendas por unanimidad (4x0).

3 bis. Aprobada por unanimidad (4x0).

4. Aprobada con enmiendas por unanimidad (4x0).

4 bis. Aprobada por unanimidad (4x0).

5 y 6. Aprobadas con enmiendas por unanimidad (4x0).

5 bis y 6 ter. Aprobadas por unanimidad (4x0).

6 bis. Aprobada con enmiendas por unanimidad (4x0).

9. Rechazada por unanimidad (4x0).

29 y 30. Retiradas.

31. Retirada.

32. Aprobada con enmiendas por unanimidad (4x0).

50, 51, 53 y 54. Rechazadas por unanimidad (3x0).

52. Aprobada con enmiendas por unanimidad (3x0).

51 bis. Aprobada por unanimidad (3x0).

58. Rechazada por unanimidad (3x0).

59. Aprobada con enmiendas por unanimidad (3x0).

59 bis. Aprobada por unanimidad (3x0).

62. Rechazada por unanimidad (3x0).

66 y 67. Rechazadas por unanimidad (3x0).

67 bis, 67 ter y 67 quater. Aprobadas por unanimidad (3x0).

71. Rechazada por unanimidad (4x0).

72 y 73. Inadmisibles.

73 bis y 73 ter. Aprobadas por unanimidad (4x0).

86. Rechazada por unanimidad (4x0).

86 bis. Aprobada por unanimidad (4x0).

87. Retirada.

98 y 99. Rechazadas por unanimidad (4x0).

99 bis. Rechazada por unanimidad (4x0).

100, 101 y 102. Rechazadas por unanimidad (4x0).

102 bis. Aprobada por unanimidad (4x0).

103. Rechazada por unanimidad (4x0).

103 bis. Aprobada por unanimidad (4x0).

104. Retirada.

105. Rechazada por unanimidad (4x0).

Artículo 1º. Aprobado por unanimidad (4x0).

Artículo 7º, letras h), i), m) y o). Aprobadas por unanimidad (4x0).

Artículo 7º, letras j) y k). Aprobadas con enmiendas por unanimidad (4x0).

Artículo 12. Aprobado por unanimidad (4x0).

Artículo 33, letra b). Aprobada por unanimidad (4x0).

Artículo 30. Aprobado por unanimidad (4x0).

Artículo 39 inciso primero. Aprobado por unanimidad (4x0).

Artículo 40. Aprobado por unanimidad (4x0).

Artículo 41. Aprobado por unanimidad (5x0).

Artículo 43 inciso final. Aprobado por unanimidad (5x0).

Artículo 45. Aprobado por unanimidad (4x0).

Artículo 47, letras n) y r). Aprobadas por unanimidad (4x0).

Artículo 60. Aprobado por unanimidad (3x0).

Artículo 61. Aprobado por unanimidad (3x0).

Artículo 69, letras c), d) y f). Aprobadas por unanimidad (4x0).

Artículo 69, letras b) y e). Aprobadas con enmiendas por unanimidad (4x0).

Artículo 73 inciso segundo. Aprobado por unanimidad (4x0).

Artículo 74. Aprobado por unanimidad (4x0).

Artículo 78. Aprobado por unanimidad (4x0).

Artículo 94. Aprobado por unanimidad (4x0).

Artículo 95. Aprobado por unanimidad (4x0).

Artículo 97, letras c), f) e i). Aprobadas por unanimidad (4x0).

Artículo 99. Aprobado por unanimidad (4x0).

Artículo 110. Aprobado por unanimidad (4x0).

Artículo 112, numerales 1, 3, 4, 7 y 9. Aprobados por unanimidad (4x0).

Artículos primero, tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y undécimo transitorios. Aprobados por unanimidad (4x0).

III.ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de 113 artículos permanentes y 11 artículos transitorios.

IV.NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: corresponde aprobar como normas de carácter orgánico constitucional los artículos 5°, 6°, 7°, 15, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 80, 81, 82, 94, 97, 98, 99, 100, 104, 112 y los artículos transitorios primero, tercero, cuarto, quinto y undécimo, por tratarse de un conjunto de normas que se refieren a la creación, organización y funcionamiento de los Servicios Públicos y de la carrera funcionaria, y por establecer una especie de recurso administrativo y judicial. Todo esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República y en el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

V.URGENCIA: suma.

VI.ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S. E. la Presidenta de la República.

VII.TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII.INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 5 de junio de 2007.

IX.TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- Los numerales 10º y 11º del artículo 19 de la Constitución Política, que consagran, respectivamente, las garantías del derecho a la educación y de libertad de enseñanza.

2.- El decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales.

3.- La ley N° 18.956 que reestructura el Ministerio de Educación Pública.

4.- La ley N° 20.248 que establece la Ley de Subvención Escolar Preferencial.

5.- El decreto ley N° 3.551, de 1981 que fija las normas sobre remuneraciones y sobre el personal para el sector público.

6.- El decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

7.- La ley N° 19.863 sobre remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la Administración Pública y da normas sobre gastos reservados.

8.- El decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado.

9.- El decreto ley N° 3.166, de 1980, que autoriza entrega de la administración de determinados establecimientos de educación técnico profesional a las instituciones o a las personas jurídicas que indica.

10.- La ley N° 19.979 que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.

11.- El decreto supremo N° 69, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que establece el Reglamento sobre concursos del Estatuto Administrativo.

12.- El decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.

13.- La ley N° 19.882 que regula la nueva política de personal de los funcionarios que indica.

14.- La ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

15.- El decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

16.- El artículo 260 del Código Penal.

17.- El Código Tributario en sus artículos 53, 57 y 58.

18.- El Código Civil en su artículo 2132.

Valparaíso, 28 de abril de 2009.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión

CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje, que crea la Superintendencia de Educación, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología e informe de la de Hacienda y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (5083-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 21 en 5 de junio de 2007.

Informes de Comisión:

Educación, sesión 62ª, en 6 de noviembre de 2007.

Educación (segundo), sesión 12ª, en 28 de abril de 2009.

Hacienda, sesión 12ª, en 28 de abril de 2009.

Discusión:

Sesión 65ª, en 14 de noviembre de 2007 (se aprueba en general).

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

La Comisión de Educación deja testimonio en su informe de que el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva del proyecto aprobado en general, a la cual posteriormente se le presentaron diversas indicaciones.

En consecuencia, para los efectos reglamentarios, cabe señalar que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los siguientes artículos permanentes de la indicación sustitutiva: 1º, 12, 21, 30, 32, 36 a 38, 40, 42, 45, 48, 51, 54 a 56, 60, 62, 63, 67, 70, 71, 74, 77, 80, 82, 83, 85, 87 a 91, 93 a 99, 101 a 103, 105, 106, 109 a 111, y los artículos transitorios primero a noveno, y undécimo. De estas disposiciones, los artículos 30, 32, 36, 40, 43, 45, 80, 82, 94 a 99 permanentes, y primero, tercero, cuarto, quinto y undécimo transitorios tienen carácter orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación los votos favorables de 22 señores Senadores.

--Quedan aprobados reglamentariamente los artículos permanentes y transitorios señalados por el señor Secretario (22 votos), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

La Comisión de Educación aprobó por unanimidad gran cantidad de las indicaciones presentadas, y adoptó igual resolución respecto de diversas enmiendas, con excepción de algunas que el señor Presidente pondrá en votación oportunamente.

La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció sobre determinado número de artículos propios de su competencia y les dio su aprobación unánime, en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Educación.

Cabe recordar que las modificaciones acordadas por unanimidad deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión y votación o que existan indicaciones renovadas.

Las enmiendas acogidas unánimemente en ambas Comisiones recaen en los artículos 5°, 6° 15, 31, 33, 39, 43, 46, 47, 81, 104 y 112, que revisten rango orgánico constitucional, por lo cual precisan para su aprobación los votos conformes de 22 señores Senadores.

El señor LETELIER.-

¿Me permite plantear un asunto sobre el método de votación, señor Presidente?

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente , como hay un conjunto muy amplio de modificaciones acordadas por unanimidad en las Comisiones, propongo no tratarlas una a una sino darlas por aprobadas en un solo acto con el quórum existente en la Sala, que es -según me parece- el requerido.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

Se hallan presentes 21 señores Senadores. Falta uno.

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Habría que llamar a votar a los miembros de la Comisión de Constitución.

El señor CANTERO.-

Y a los de la Comisión de Transportes, que también está sesionando.

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Se tocarán los timbres, pues se autorizó a ambos órganos técnicos con la condición de que sus integrantes participaran en las votaciones.

Ya han ingresado.

Si le parece a la Sala, se aprobarán las enmiendas acogidas por unanimidad tanto en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología como en la de Hacienda.

--Se aprueban reglamentariamente (26 votos), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido.

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Solicito autorización para que ingresen a la Sala los siguientes asesores de la Ministra de Educación: la señora Regina Clark Medina, Jefa de la División Jurídica del Ministerio, y el señor Pedro Montt Leiva, de la Unidad de Currículum y Evaluación.

--Se accede.

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Hay siete modificaciones aprobadas por mayoría en la Comisión de Educación, y procederemos a discutirlas una por una.

La señora JIMÉNEZ ( Ministra de Educación ).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor NOVOA (Presidente).-

¿Desea referirse a alguna de estas enmiendas?

La señora JIMÉNEZ ( Ministra de Educación ).-

Señor Presidente , quería consultar si Sus Señorías desean escuchar de mi parte algún comentario general con respecto al proyecto. Pero observo que van tan acelerados que prefiero intervenir al final para manifestar mi agradecimiento.

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Perfecto, señora Ministra .

Se pondrá en discusión y en votación particular cada una de las siete modificaciones que la Comisión de Educación aprobó mediante votación dividida.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

En la letra g) del artículo 2° del texto sustitutivo, la Comisión propone suprimir la frase "accesibles a toda la comunidad".

Esta enmienda fue acogida por 3 votos a favor (Honorables señores Cantero, Chadwick y Pizarro) y 2 abstenciones (Senadores señores Letelier y Núñez).

El señor NOVOA (Presidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.