1.- MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

En Oportunidades anteriores hemos expresado que la política económica del Gobierno se ha inspirado fundamentalmente en el propósito de obtener simultáneamente la aceleración del desarrollo económico, la estabilización permanente del valor de nuestra moneda y una redistribución progresiva del ingreso y de la riqueza.

Tales propósitos conservan plenamente su vigencia y siguen orientando, por lo tanto, la acción económica del Gobierno, toda vez que, para seguir progresando en materia social y consolidar lo ya obtenido en ese campo, es necesario contar con una economía sana y pujante.

En el proyecto de reajuste para 1968 presentado por el Ejecutivo a fines de 1967, sostuvimos que junto con reajustar las remuneraciones era necesario obtener que parte de los aumentos reales recibidos por los asalariados con la redistribución de ingresos lograda en los tres primeros años de este Gobierno, se transfiriera al ahorro y a la capitalización, medida indispensable para dar un impulso al progreso económico-social y detener la inflación.

No fue posible obtener la aprobación de tal idea y la tramitación del proyecto se dilató hasta el mes de mayo de 1968, lo que representó graves trastornos económicos para el Fisco, por la disminución de los ingresos destinados al financiamiento y, asimismo, para los empleados, por la demora en percibir sus reajustes.

Esa experiencia determinó que se evitara la discusión de una ley de reajustes para el año 1969 y la Ley de Presupuestos de ese año otorgó facultades especiales para conceder una asignación compensatoria por el año 1969, cuya incorporación a los sueldos, con el carácter de permanente pende de la consideración del Congreso.

Como a pesar de los esfuerzos del Gobierno el proceso inflacionario continúa latente, se hace indispensable restituir a las remuneraciones el valor adquisitivo perdido durante el año en curso.

Con el fin de lograr un acuerdo que permitiera el rápido despacho de un Proyecto de Ley sobre reajuste de remuneraciones, el Gobierno, a través de los señores Ministros del Interior y de Hacienda, sostuvo diversas reuniones con la Central Unica de Trabajadores de Chile y, con fecha 3 del mes en curso, se suscribió un "Acta de Acuerdo" en la que se contemplan las bases fundamentales que deben considerarse en la determinación del reajuste.

De conformidad con lo acordado, el Gobierno viene en proponer a la consideración del Honorable Congreso Nacional un Proyecto de Ley basado en el Acta ya referida.

Respecto del Sector Público, el reajuste se otorga sobre las siguientes bases principales:

a) Un aumento general de 28% para todas las remuneraciones permanentes, siempre que el costo de vida durante 1969 tenga un incremento inferior al 29,5%. Si, por el contrario, fuere superior, el reajuste se aumentará en los puntos y fracciones que excedan el 29,5%.

b) La asignación familiar se reajusta en el mismo porcentaje en que aumente el costo de vida durante 1969.

c) Se otorga una asignación familiar complementaria de Eº 20 por carga, que representa una redistribución, en función de las cargas de familia, de la diferencia entre el 29,5% y el 28% de aumento del costo de vida que no se otorga a las demás remuneraciones.

d) La asignación de 7,5% de la ley Nº 16.840, que caduca en este año, se mantiene con carácter permanente, mediante la incorporación al sueldo respecto de los funcionarios afectos al DFL. N° 40 y como asignación imponible, respecto de les demás.

El proyecto representa un mayor gasto de cargo fiscal del orden de los dos mil doscientos veinte millones de escudos, que se afrontará con los recursos del ítem 006, provisión para reajustes, del Presupuesto del Ministerio de Hacienda del año 1970 y con el mayor ingreso arancelario del orden de 50 millones de escudos que producirá un artículo declarativo en relación con el régimen arancelario de las coberturas diferidas, que permitirá eliminar las franquicias otorgadas a las importaciones de bienes de capital autorizadas con dicha cobertura.

En el proyecto de presupuestos se incluyó dicho ítem con la cantidad de mil seiscientos cincuenta millones, que fue la máxima a que se pudo llegar en la fecha en que debe presentarse dicho proyecto.

Ahora, con los ajustes finales del Proyecto de Presupuestos, después de conocerse con más exactitud los ingresos posibles y de efectuarse una revisión de los gastos, el Ejecutivo propondrá el aumento de la cantidad consultada en dicho ítem.

Si no fuere posible llegar a la cifra necesaria para financiar debidamente el reajuste, durante el estudio del proyecto se propondrán nuevas fuentes de recursos con esa finalidad.

En cuanto al Sector Privado, respetando los sistemas legales actuales, el proyecto hace una distinción entre los trabajadores cuyas remuneraciones y condiciones de trabajo están determinadas en convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales y aquellos que sólo están regidos por los respectivos contratos individuales de trabajo.

Estos últimos se encontrarían en inferioridad de condiciones respecto de los primeros, si no existiere para ellos una disposición legal que cautelare sus intereses. En virtud de lo anterior, se propone que sus remuneraciones se reajusten, a partir del 1º de enero de 1970, en un porcentaje igual a la variación que experimente el índice de precios al consumidor, en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969.

En seguida, se fija en la misma forma en que se ha hecho en las leyes de reajuste anteriores el sistema en cuya virtud se reajustarán las remuneraciones de los obreros agrícolas, de los garzones, camareros y ayudantes, de los empleados del Archivo, Notarías o Conservador de Bienes Raíces, de los empleados u obreros cuyos contratos de trabajo contemplan remuneraciones a trato y el de la hora semanal de clases de los profesores a que se refiere la ley Nº 10.518. Además, se mantienen las excepciones referentes a las remuneraciones que se pagan o convienen en moneda extranjera y a aquellas que resultan de porcentajes aplicados a remuneraciones reajustadas o a las que consistan en porcentajes sobre utilidades, ingresos, ventas o compras, señalando que ellas no están afectas al reajuste dispuesto.

Por otra parte, se mantienen vigentes todos los sistemas de remuneraciones mínimas, vitales y de reajustes no modificados por la presente ley, con la excepción de lo que dice relación con el salario mínimo para los obreros de la industria, el comercio y agrícolas. En todo caso, se establece expresamente que aquéllos no pueden sumarse a los establecidos en las disposiciones del proyecto.

Por último, la disposición referida conserva el status existente en diversas empresas e instituciones del Estado, cuyos reajustes se regirán por el proyecto en análisis. Permite, por otra parte, la imputación a los reajustes emanados de la ley que en definitiva se apruebe de los aumentos de remuneraciones o cualquiera otra cantidad que incremente las remuneraciones que el trabajador perciba en cada período de pago y que se hubieren otorgado durante el año 1969, con el objeto de compensar el alza del costo de la vida producida en cualquier período del año.

Se soluciona, en la misma forma en que lo hizo la ley Nº 17.074, la situación de los obreros y empelados que prestan sus servicios en predios agrícolas pertenecientes a institutos de previsión. Estos trabajadores mantienen su asimilación al sistema del Sector Privado cuyas remuneraciones están fijadas en convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, siempre que estén sujetos a cualquiera de las formas señaladas de fijación de reajustes y de condiciones de trabajo.

Por otra parte, se mantiene el actual sistema de libre negociación colectiva para los trabajadores sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales. En consecuencia, el reajuste de sus remuneraciones será el que libremente pacten o acuerden con los respectivos empleadores, al término de la vigencia de los convenios o fallos referidos.

El Gobierno estima de justicia que los trabajadores antes mencionados puedan obtener una mayor participación directa en la producción o utilidades de la empresa en que laboran. Sin embargo, los aumentos superiores a la variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor durante la vigencia del convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral no deben repercutir en los precios de los bienes que ésta produce o expende, ya que este traspaso, junto con aumentar la presión inflacionaria, perjudica, a todos los consumidores. Para determinar el porcentaje real en que se alzan las remuneraciones al término de los convenios o fallos referidos debe considerarse el valor total, reducido a porcentaje, que representa el costo del acuerdo logrado, incluyendo en él tanto el reajuste de sueldos y salarios como el de las diversas regalías o beneficios contemplados en ella.

Las disposiciones legales en actual vigencia, señalan que el salario mínimo por hora trabajada para los obreros no aprendices de la industria, del comercio y de la agricultura, se determina reajustando el actualmente vigente en el ciento por ciento de la variación que hubiere experimentado el índice de Precios al Consumidor en el año respectivo, según lo disponen los artículos 6º de la ley Nº 16.688, en relación con los artículos 9º del mismo Cuerpo Legal, 80 de la ley Nº 16.250 y 149 de la ley Nº 16.617.

No obstante lo anterior se ha estimado conveniente modificar para el año 1970 las normas antes referidas y establecer para ese año y a contar del 1º de enero, un salario mínimo aplicable a los obreros no aprendices de la industria, del comercio y la agricultura equivalente a Eº 1,50 por hora, lo que significa un salario mínimo de Eº 12 por jornada ordinaria de ocho horas trabajadas. Si consideramos que el salario mínimo vigente en el año 1969 es de Eº 0,935 por hora, lo que equivale a Eº 7,48 por jornada ordinaria de ocho horas trabajadas, podemos apreciar, que el reajuste corresponde a un 60% más o menos. Este salario mínimo lo percibirán todos los obreros no aprendices de la industria y el comercio, estén sujetos o no a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, cuyo salario sea inferior al mínimo antes referido. Estimamos necesario dejar expresa constancia que en el monto antes mencionado queda comprendido el reajuste general en forma tal que no es posible sumar a dicha cantidad el reajuste referido.

El principio que inspira el establecimiento de salarios o sueldos vitales o mínimos es el de asegurar un ingreso determinado y obligatorio a los trabajadores.

Los convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, establecen en muchas ocasiones remuneraciones o regalías que deben determinarse en función de salarios mínimos. No es conveniente que para estos casos se considere el salario mínimo de Eº 12 establecido en el proyecto de ley, ya que ello implicaría alzar desde ya dichas remuneraciones y regalías en un porcentaje elevado y sin que los trabajadores pierdan su derecho de considerar nuevas peticiones en los respectivos pliegos presentados a la expiración de los acuerdos antes mencionados. Es por eso, que para estos casos,, el salario mínimo sobre cuya base corresponde calcular el monto de las remuneraciones o regalías, es el vigente en 1969 aumentado en el ciento por ciento de la variación que hubiere experimentado el índice de Precios al Consumidor durante ese año, lo que es de absoluta justicia.

Por lo anteriormente expuesto vengo en someter a la consideración del Honorable Congreso Nacional, con el carácter, de urgente en todos sus trámites e incluido en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones, el siguiente

PROYECTO DE LEY

TITULO I

DEL REAJUSTE DEL SECTOR PUBLICO

PARRAFO 1º

Reajuste general del Sector Público

Artículo 1°.- Reajústanse, a contar desde el 1º de enero de 1970, en un veintiocho por ciento (28%) las remuneraciones permanentes al 31 de diciembre de 1969 de los empleados y obreros del Sector Público, incluidas las de las Municipalidades y excluidas las horas extraordinarias y las asignaciones de alimentación, las que se fijan en función de sueldos vitales y las qué constituyen porcentajes de los sueldos.

Si el índice de precios al consumidor que entrega la Dirección de Estadística y Censos experimentare entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969 un alza superior al 29,5%, el reajuste mencionado se incrementará en tantos puntos y fracciones de punto como sean los que excedan de 29,5% en el alza del índice antes señalado.

El reajuste se calculará sobre las remuneraciones incrementadas con la asignación otorgada por el D.F.L. Nº 1, de 1969, y, en el caso de las remuneraciones a que se refiere el artículo 5º de la presente ley, se calculará, además, sobre las cantidades que resulten después de aplicado dicho precepto.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las remuneraciones del personal en servicio activo o retirado de las Fuerzas Armadas, Subsecretarías de Defensa Nacional, Carabineros de Chile, Servicio de Investigaciones, Poder Judicial, Sindicatura General de Quiebras y personal afecto a la ley Nº 15.076, Estatuto Médico Funcionario.

Artículo 2º.- Reajustase, a contar del 1º de enero de 1970, en un 100% del alza que experimente el índice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969 la asignación familiar, incrementada con la asignación complementaria otorgada por el artículo 3º del D.F.L. Nº 1 de 1969, de los empleados, obreros y pensionados del Sector Público que no se determina de acuerdo con la ley Nº 7.295 o con el D.F.L. Nº 245, de 1953.

Establécese, también, a contar del 1º de enero de 1970, una bonificación complementaria y permanente de Eº 20 porcada carga de familia que dé derecho a la asignación a que Se refiere el inciso anterior y que perciban los funcionarios a quienes corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley. Esta bonificación tendrá las mismas características de la asignación familiar y, en consecuencia, no podrá ser retenida ni embargada, no será imponible, estará exenta de toda clase de impuestos y será reajustada en los años siguientes en los mismos términos que la asignación familiar base.

PARRAFO 2º

Normas especiales.

Artículo 3°.- Al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del regido por la ley Nº 15.076 y del sujeto a tarifado gráfico, le será aplicable lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley.

En todo caso, cada categoría y grado de las escalas de sueldos que rijan para el personal del Servicio Nacional de Salud durante 1970, comprendido el reajuste a que se refiere el inciso anterior, tendrá un aumento que signifique alcanzar en total un 94% de cada categoría o grado de las escalas del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigentes para ese mismo año.

Artículo 4º.- Concédese en el año 1970, a los empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal regido por la ley Nº 15.076, del personal sujeto a tarifado gráfico y del personal de empleados particulares, una bonificación no imponible que no será considerada sueldo para ningún efecto legal y que se devengará en las fechas y por los montos que se indican:

Artículo 5º.- Incorpórase a contar del 1º de enero de 1970, a las escalas de sueldos del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigentes después de sus modificaciones, incluidas las de la ley Nº 17.063, la asignación establecida en el artículo 1º, incisos segundo y tercero de la ley Nº 16.840.

Para los efectos de esta incorporación se considerará la asignación completa que correspondió de acuerdo con el inciso segundo aludido, más el aumento del D.F.L. Nº 1, de 1969.

Los funcionarios del Sector Público no regidos por el D.F.L. Nº 40, de 1959, que al 31 de diciembre de 1959 estaban percibiendo la asignación establecida por la ley Nº 16.840 en sus artículos 1º, incisos segundo y tercero, y 49, inciso cuarto, y que fue aumentada por el artículo 29 del D.F.L. Nº 1, de 1969, mantendrán dicha asignación, a contar del 1º de enero de 1970, con el carácter de sueldo para todos los efectos legales e imponible en la misma proporción en que lo sea el sueldo.

La primera diferencia mensual determinada por la aplicación de este artículo quedará a beneficio de los personales respectivos y no será depositada en las cajas de previsión correspondientes.

Artículo 6º.- A partir del 1º de enero de 1970, serán imponibles las bonificaciones, asignaciones y todas las demás remuneraciones de carácter general y permanente de que gozan los empleados a quienes se aplica el artículo 99 de la ley Nº 16.617, pero con los límites porcentuales fijados en dicho artículo, con la modificación que le introdujo la ley Nº 17.083. Mantendrán su carácter de no imponibles las remuneraciones eventuales y las de naturaleza previsional, tales como el viático, las asignaciones de gastos de movilización, de máquinas, pérdidas de caja, de cambio de residencia, la gratificación de zona, la remuneración por trabajos nocturnos y horas extraordinarias, asignación familiar, la bonificación del artículo 19 de la ley Nº 15.386, y cualquiera otras de la misma naturaleza actualmente existentes o que se establezcan en el futuro.

El reajuste de las pensiones a que dé lugar la aplicación de este artículo será de cargo de la respectiva caja de previsión.

Artículo 7º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.076:

a) Reemplázase el artículo 7º, por el siguiente:

"El sueldo base mensual por cada hora diaria de trabajo, a contar del 1º de enero de 1970, será la cantidad equivalente al sueldo vital, escala A), del departamento de Santiago para 1969 (Eº 477,50) aumentada en el 100% del alza que experimente el índice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969. La fracción de hora se pagará en proporción a dicho sueldo.".

b) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 10, por el siguiente:

"Los profesionales funcionarios que por razones de servicio deban excederse del horario contratado, en días y horas hábiles, gozarán de una asignación de permanencia de hasta un 30 % de su sueldo base. Esta asignación no se considerará para el cálculo del porcentaje máximo a que se refiere el inciso cuarto del artículo 9º; será no imponible y podrá sumarse a las demás asignaciones que establece el citado artículo. Un Reglamento establecerá, a propuesta del Consejo Nacional de Salud, la forma, monto y condiciones para el goce de esta asignación".

c) Remplazase en el inciso final, del artículo 12 la cifra "24" por "12" y agrégase la siguiente frase final:

"Los profesionales funcionarios que desempeñen estos cargos no podrán contratar extensiones horarias, salvo en los casos contemplados en el inciso anterior".

Párrafo 3º

Reglas para la aplicación de los reajustes

Artículo 8º.- El porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1º de esta ley se aplicará, respecto del personal de la Empresa Portuaria de Chile, de acuerdo a las normas contenidas en el artículo 5° del D.F.L. Nº 1, de 1969, dictado en uso de las facultades concedidas por el artículo 82 de la ley Nº 17.072.

Artículo 9º.- Para los efectos del otorgamiento del reajuste a que se refiere el presente Título se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 90, 93, 94, 95, 131, inciso tercero, y 132 de la ley Nº 16.617, modificándose la referencia al año "1967" por "1970", en los artículos 94 y 132.

Artículo 10.- Con lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley se entiende cumplido lo ordenado por el artículo 33, inciso segundo, de la ley Nº 15.840.

Artículo 11.- Las pensiones que se reajustan de acuerdo con su similar en servicio activo recibirán como mínimo el mismo porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1º de esta ley sobre la pensión al 31 de diciembre de 1969.

Artículo 12.- El Presidente de la República entregará durante el año 1970 a los Servicios e instituciones enumeradas en el artículo 239 de la ley Nº 16.840, excluidas la Empresa Portuaria de Chile, el Servicio Médico Nacional de Empleados y la Caja de Accidentes del Trabajo, e incluidas la Corporación de Obras Urbanas y la Superintendencia de Servicios Eléctricos de Gas y de Telecomunicaciones, las cantidades necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

Al personal de las instituciones a que se refiere este artículo, cualquiera que sea el régimen de remuneraciones a que están afectos durante el año 1970 les corresponderá únicamente el porcentaje de reajuste del Sector Público.

Declárase que los reajustes de remuneraciones de los funcionarios del Servicio Médico Nacional de Empleados regidos por la ley Nº 15.076 han debido ser y serán exclusivamente de cargo Se dicho Servicio.

Artículo 13.- Auméntase, en el mismo porcentaje fijado en el artículo 1º, la remuneración máxima establecida en el artículo 1º del D.F.L. Nº 68, y sus modificaciones posteriores.

Artículo 14.- Autorízase a las instituciones descentralizadas para alterar las remuneraciones de sus personales, sin necesidad de decreto supremo, a fin de dar cumplimiento a la presente ley, entendiéndose modificados, al efecto, sus respectivos presupuestos.

Artículo 15.- La primera diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del artículo 1º de esta ley, ingresará a las cajas de previsión en seis cuotas mensuales iguales a contar del mes de enero de 1970.

Párrafo 4º

Del financiamiento

Artículo 16.- El mayor gasto de cargo fiscal que significa este proyecto, se afrontará con cargo al ítem 006 de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda de la ley de Presupuestos para 1970.

Artículo 17.- Declárase que las importaciones que se realicen con cobertura diferida y cuyos derechos aduaneros puedan cancelarse en la forma señalada en el artículo 164 de la ley Nº 13.05, no constituyen un régimen de importación especial a los cuales se refiere el inciso segundo del artículo 187 de la ley Nº 16.464.

En consecuencia, el Presidente de la República podrá ejercer con respecto a ella las facultades que le confiere el artículo 186 de la ley Nº 16.464.

TITULO II

Del reajuste del Sector Privado

Artículo 18.- Reajústanse, desde el 1º de 1970, en un porcentaje igual a la variación que experimente el índice de Precios al Consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969, las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo vigentes al 31 de diciembre de 1969, de los trabajadores, empleados y obreros del Sector Privado, no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 19.- Durante 1970 regirán las disposiciones de los artículos 85, 86, 87, 88, 89, inciso primero, 90, 91, 92 y 93 de la ley Nº 16.840 de 24 de mayo de 1968, con la salvedad de que el porcentaje de reajustes a que ellas se refieren es el señalado en el artículo anterior de esta ley.

Se regirá por las disposiciones de esta ley el reajuste de remuneraciones de los obreros y empleados agrícolas que trabajan en predios pertenecientes a instituciones de previsión, en faenas directamente relacionadas con la agricultura, en los casos en que estén sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 20.- Las remuneraciones de los trabajadores, empleados y obreros del Sector Privado sujetas a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, se reajustarán de común acuerdo entre las partes. Si el reajuste pactado es superior a la variación que hubiese experimentado el índice de Precios al Consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos durante el período de vigencia del convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral, el excedente será absorbido por las utilidades de la empresa o industria sin que opere su posterior traspaso a los precios de los bienes que ésta produce o expende. Para los efectos anteriores se tendrá en consideración el valor total que representa el convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral que pone término al conflicto, es decir, no sólo el reajuste de las remuneraciones sino también el de las regalías que se pacten.

Artículo 21.- El salario mínimo para los obreros de la industria, del comercio y agrícolas será, durante 1970 y a partir del 1º de enero de ese año, equivalente a Eº 1,50 por hora. Sin embargo, en los casos de salarios, remuneraciones o regalías convenidos en contratos o convenios colectivos, actas de avenimiento o establecidos por fallos arbitrales, en relación al salario mínimo, se entenderá que éste, a partir del 1° de enero de 1970, es el actualmente vigente reajustado en el ciento por ciento de la variación que experimente el índice de Precios y Consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969.

(Fdo.) : Eduardo Freí Montalva.- Andrés Zaldívar Larraín."

?1.- MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

En Oportunidades anteriores hemos expresado que la política económica del Gobierno se ha inspirado fundamentalmente en el propósito de obtener simultáneamente la aceleración del desarrollo económico, la estabilización permanente del valor de nuestra moneda y una redistribución progresiva del ingreso y de la riqueza.

Tales propósitos conservan plenamente su vigencia y siguen orientando, por lo tanto, la acción económica del Gobierno, toda vez que, para seguir progresando en materia social y consolidar lo ya obtenido en ese campo, es necesario contar con una economía sana y pujante.

En el proyecto de reajuste para 1968 presentado por el Ejecutivo a fines de 1967, sostuvimos que junto con reajustar las remuneraciones era necesario obtener que parte de los aumentos reales recibidos por los asalariados con la redistribución de ingresos lograda en los tres primeros años de este Gobierno, se transfiriera al ahorro y a la capitalización, medida indispensable para dar un impulso al progreso económico-social y detener la inflación.

No fue posible obtener la aprobación de tal idea y la tramitación del proyecto se dilató hasta el mes de mayo de 1968, lo que representó graves trastornos económicos para el Fisco, por la disminución de los ingresos destinados al financiamiento y, asimismo, para los empleados, por la demora en percibir sus reajustes.

Esa experiencia determinó que se evitara la discusión de una ley de reajustes para el año 1969 y la Ley de Presupuestos de ese año otorgó facultades especiales para conceder una asignación compensatoria por el año 1969, cuya incorporación a los sueldos, con el carácter de permanente pende de la consideración del Congreso.

Como a pesar de los esfuerzos del Gobierno el proceso inflacionario continúa latente, se hace indispensable restituir a las remuneraciones el valor adquisitivo perdido durante el año en curso.

Con el fin de lograr un acuerdo que permitiera el rápido despacho de un Proyecto de Ley sobre reajuste de remuneraciones, el Gobierno, a través de los señores Ministros del Interior y de Hacienda, sostuvo diversas reuniones con la Central Unica de Trabajadores de Chile y, con fecha 3 del mes en curso, se suscribió un "Acta de Acuerdo" en la que se contemplan las bases fundamentales que deben considerarse en la determinación del reajuste.

De conformidad con lo acordado, el Gobierno viene en proponer a la consideración del Honorable Congreso Nacional un Proyecto de Ley basado en el Acta ya referida.

Respecto del Sector Público, el reajuste se otorga sobre las siguientes bases principales:

a) Un aumento general de 28% para todas las remuneraciones permanentes, siempre que el costo de vida durante 1969 tenga un incremento inferior al 29,5%. Si, por el contrario, fuere superior, el reajuste se aumentará en los puntos y fracciones que excedan el 29,5%.

b) La asignación familiar se reajusta en el mismo porcentaje en que aumente el costo de vida durante 1969.

c) Se otorga una asignación familiar complementaria de Eº 20 por carga, que representa una redistribución, en función de las cargas de familia, de la diferencia entre el 29,5% y el 28% de aumento del costo de vida que no se otorga a las demás remuneraciones.

d) La asignación de 7,5% de la ley Nº 16.840, que caduca en este año, se mantiene con carácter permanente, mediante la incorporación al sueldo respecto de los funcionarios afectos al DFL. N° 40 y como asignación imponible, respecto de les demás.

El proyecto representa un mayor gasto de cargo fiscal del orden de los dos mil doscientos veinte millones de escudos, que se afrontará con los recursos del ítem 006, provisión para reajustes, del Presupuesto del Ministerio de Hacienda del año 1970 y con el mayor ingreso arancelario del orden de 50 millones de escudos que producirá un artículo declarativo en relación con el régimen arancelario de las coberturas diferidas, que permitirá eliminar las franquicias otorgadas a las importaciones de bienes de capital autorizadas con dicha cobertura.

En el proyecto de presupuestos se incluyó dicho ítem con la cantidad de mil seiscientos cincuenta millones, que fue la máxima a que se pudo llegar en la fecha en que debe presentarse dicho proyecto.

Ahora, con los ajustes finales del Proyecto de Presupuestos, después de conocerse con más exactitud los ingresos posibles y de efectuarse una revisión de los gastos, el Ejecutivo propondrá el aumento de la cantidad consultada en dicho ítem.

Si no fuere posible llegar a la cifra necesaria para financiar debidamente el reajuste, durante el estudio del proyecto se propondrán nuevas fuentes de recursos con esa finalidad.

En cuanto al Sector Privado, respetando los sistemas legales actuales, el proyecto hace una distinción entre los trabajadores cuyas remuneraciones y condiciones de trabajo están determinadas en convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales y aquellos que sólo están regidos por los respectivos contratos individuales de trabajo.

Estos últimos se encontrarían en inferioridad de condiciones respecto de los primeros, si no existiere para ellos una disposición legal que cautelare sus intereses. En virtud de lo anterior, se propone que sus remuneraciones se reajusten, a partir del 1º de enero de 1970, en un porcentaje igual a la variación que experimente el índice de precios al consumidor, en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969.

En seguida, se fija en la misma forma en que se ha hecho en las leyes de reajuste anteriores el sistema en cuya virtud se reajustarán las remuneraciones de los obreros agrícolas, de los garzones, camareros y ayudantes, de los empleados del Archivo, Notarías o Conservador de Bienes Raíces, de los empleados u obreros cuyos contratos de trabajo contemplan remuneraciones a trato y el de la hora semanal de clases de los profesores a que se refiere la ley Nº 10.518. Además, se mantienen las excepciones referentes a las remuneraciones que se pagan o convienen en moneda extranjera y a aquellas que resultan de porcentajes aplicados a remuneraciones reajustadas o a las que consistan en porcentajes sobre utilidades, ingresos, ventas o compras, señalando que ellas no están afectas al reajuste dispuesto.

Por otra parte, se mantienen vigentes todos los sistemas de remuneraciones mínimas, vitales y de reajustes no modificados por la presente ley, con la excepción de lo que dice relación con el salario mínimo para los obreros de la industria, el comercio y agrícolas. En todo caso, se establece expresamente que aquéllos no pueden sumarse a los establecidos en las disposiciones del proyecto.

Por último, la disposición referida conserva el status existente en diversas empresas e instituciones del Estado, cuyos reajustes se regirán por el proyecto en análisis. Permite, por otra parte, la imputación a los reajustes emanados de la ley que en definitiva se apruebe de los aumentos de remuneraciones o cualquiera otra cantidad que incremente las remuneraciones que el trabajador perciba en cada período de pago y que se hubieren otorgado durante el año 1969, con el objeto de compensar el alza del costo de la vida producida en cualquier período del año.

Se soluciona, en la misma forma en que lo hizo la ley Nº 17.074, la situación de los obreros y empelados que prestan sus servicios en predios agrícolas pertenecientes a institutos de previsión. Estos trabajadores mantienen su asimilación al sistema del Sector Privado cuyas remuneraciones están fijadas en convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, siempre que estén sujetos a cualquiera de las formas señaladas de fijación de reajustes y de condiciones de trabajo.

Por otra parte, se mantiene el actual sistema de libre negociación colectiva para los trabajadores sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales. En consecuencia, el reajuste de sus remuneraciones será el que libremente pacten o acuerden con los respectivos empleadores, al término de la vigencia de los convenios o fallos referidos.

El Gobierno estima de justicia que los trabajadores antes mencionados puedan obtener una mayor participación directa en la producción o utilidades de la empresa en que laboran. Sin embargo, los aumentos superiores a la variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor durante la vigencia del convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral no deben repercutir en los precios de los bienes que ésta produce o expende, ya que este traspaso, junto con aumentar la presión inflacionaria, perjudica, a todos los consumidores. Para determinar el porcentaje real en que se alzan las remuneraciones al término de los convenios o fallos referidos debe considerarse el valor total, reducido a porcentaje, que representa el costo del acuerdo logrado, incluyendo en él tanto el reajuste de sueldos y salarios como el de las diversas regalías o beneficios contemplados en ella.

Las disposiciones legales en actual vigencia, señalan que el salario mínimo por hora trabajada para los obreros no aprendices de la industria, del comercio y de la agricultura, se determina reajustando el actualmente vigente en el ciento por ciento de la variación que hubiere experimentado el índice de Precios al Consumidor en el año respectivo, según lo disponen los artículos 6º de la ley Nº 16.688, en relación con los artículos 9º del mismo Cuerpo Legal, 80 de la ley Nº 16.250 y 149 de la ley Nº 16.617.

No obstante lo anterior se ha estimado conveniente modificar para el año 1970 las normas antes referidas y establecer para ese año y a contar del 1º de enero, un salario mínimo aplicable a los obreros no aprendices de la industria, del comercio y la agricultura equivalente a Eº 1,50 por hora, lo que significa un salario mínimo de Eº 12 por jornada ordinaria de ocho horas trabajadas. Si consideramos que el salario mínimo vigente en el año 1969 es de Eº 0,935 por hora, lo que equivale a Eº 7,48 por jornada ordinaria de ocho horas trabajadas, podemos apreciar, que el reajuste corresponde a un 60% más o menos. Este salario mínimo lo percibirán todos los obreros no aprendices de la industria y el comercio, estén sujetos o no a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, cuyo salario sea inferior al mínimo antes referido. Estimamos necesario dejar expresa constancia que en el monto antes mencionado queda comprendido el reajuste general en forma tal que no es posible sumar a dicha cantidad el reajuste referido.

El principio que inspira el establecimiento de salarios o sueldos vitales o mínimos es el de asegurar un ingreso determinado y obligatorio a los trabajadores.

Los convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, establecen en muchas ocasiones remuneraciones o regalías que deben determinarse en función de salarios mínimos. No es conveniente que para estos casos se considere el salario mínimo de Eº 12 establecido en el proyecto de ley, ya que ello implicaría alzar desde ya dichas remuneraciones y regalías en un porcentaje elevado y sin que los trabajadores pierdan su derecho de considerar nuevas peticiones en los respectivos pliegos presentados a la expiración de los acuerdos antes mencionados. Es por eso, que para estos casos,, el salario mínimo sobre cuya base corresponde calcular el monto de las remuneraciones o regalías, es el vigente en 1969 aumentado en el ciento por ciento de la variación que hubiere experimentado el índice de Precios al Consumidor durante ese año, lo que es de absoluta justicia.

Por lo anteriormente expuesto vengo en someter a la consideración del Honorable Congreso Nacional, con el carácter, de urgente en todos sus trámites e incluido en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones, el siguiente

PROYECTO DE LEY

TITULO I

DEL REAJUSTE DEL SECTOR PUBLICO

PARRAFO 1º

Reajuste general del Sector Público

Artículo 1°.- Reajústanse, a contar desde el 1º de enero de 1970, en un veintiocho por ciento (28%) las remuneraciones permanentes al 31 de diciembre de 1969 de los empleados y obreros del Sector Público, incluidas las de las Municipalidades y excluidas las horas extraordinarias y las asignaciones de alimentación, las que se fijan en función de sueldos vitales y las qué constituyen porcentajes de los sueldos.

Si el índice de precios al consumidor que entrega la Dirección de Estadística y Censos experimentare entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969 un alza superior al 29,5%, el reajuste mencionado se incrementará en tantos puntos y fracciones de punto como sean los que excedan de 29,5% en el alza del índice antes señalado.

El reajuste se calculará sobre las remuneraciones incrementadas con la asignación otorgada por el D.F.L. Nº 1, de 1969, y, en el caso de las remuneraciones a que se refiere el artículo 5º de la presente ley, se calculará, además, sobre las cantidades que resulten después de aplicado dicho precepto.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las remuneraciones del personal en servicio activo o retirado de las Fuerzas Armadas, Subsecretarías de Defensa Nacional, Carabineros de Chile, Servicio de Investigaciones, Poder Judicial, Sindicatura General de Quiebras y personal afecto a la ley Nº 15.076, Estatuto Médico Funcionario.

Artículo 2º.- Reajustase, a contar del 1º de enero de 1970, en un 100% del alza que experimente el índice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969 la asignación familiar, incrementada con la asignación complementaria otorgada por el artículo 3º del D.F.L. Nº 1 de 1969, de los empleados, obreros y pensionados del Sector Público que no se determina de acuerdo con la ley Nº 7.295 o con el D.F.L. Nº 245, de 1953.

Establécese, también, a contar del 1º de enero de 1970, una bonificación complementaria y permanente de Eº 20 porcada carga de familia que dé derecho a la asignación a que Se refiere el inciso anterior y que perciban los funcionarios a quienes corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley. Esta bonificación tendrá las mismas características de la asignación familiar y, en consecuencia, no podrá ser retenida ni embargada, no será imponible, estará exenta de toda clase de impuestos y será reajustada en los años siguientes en los mismos términos que la asignación familiar base.

PARRAFO 2º

Normas especiales.

Artículo 3°.- Al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del regido por la ley Nº 15.076 y del sujeto a tarifado gráfico, le será aplicable lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley.

En todo caso, cada categoría y grado de las escalas de sueldos que rijan para el personal del Servicio Nacional de Salud durante 1970, comprendido el reajuste a que se refiere el inciso anterior, tendrá un aumento que signifique alcanzar en total un 94% de cada categoría o grado de las escalas del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigentes para ese mismo año.

Artículo 4º.- Concédese en el año 1970, a los empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal regido por la ley Nº 15.076, del personal sujeto a tarifado gráfico y del personal de empleados particulares, una bonificación no imponible que no será considerada sueldo para ningún efecto legal y que se devengará en las fechas y por los montos que se indican:

IMAGEN

Artículo 5º.- Incorpórase a contar del 1º de enero de 1970, a las escalas de sueldos del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigentes después de sus modificaciones, incluidas las de la ley Nº 17.063, la asignación establecida en el artículo 1º, incisos segundo y tercero de la ley Nº 16.840.

Para los efectos de esta incorporación se considerará la asignación completa que correspondió de acuerdo con el inciso segundo aludido, más el aumento del D.F.L. Nº 1, de 1969.

Los funcionarios del Sector Público no regidos por el D.F.L. Nº 40, de 1959, que al 31 de diciembre de 1959 estaban percibiendo la asignación establecida por la ley Nº 16.840 en sus artículos 1º, incisos segundo y tercero, y 49, inciso cuarto, y que fue aumentada por el artículo 29 del D.F.L. Nº 1, de 1969, mantendrán dicha asignación, a contar del 1º de enero de 1970, con el carácter de sueldo para todos los efectos legales e imponible en la misma proporción en que lo sea el sueldo.

La primera diferencia mensual determinada por la aplicación de este artículo quedará a beneficio de los personales respectivos y no será depositada en las cajas de previsión correspondientes.

Artículo 6º.- A partir del 1º de enero de 1970, serán imponibles las bonificaciones, asignaciones y todas las demás remuneraciones de carácter general y permanente de que gozan los empleados a quienes se aplica el artículo 99 de la ley Nº 16.617, pero con los límites porcentuales fijados en dicho artículo, con la modificación que le introdujo la ley Nº 17.083. Mantendrán su carácter de no imponibles las remuneraciones eventuales y las de naturaleza previsional, tales como el viático, las asignaciones de gastos de movilización, de máquinas, pérdidas de caja, de cambio de residencia, la gratificación de zona, la remuneración por trabajos nocturnos y horas extraordinarias, asignación familiar, la bonificación del artículo 19 de la ley Nº 15.386, y cualquiera otras de la misma naturaleza actualmente existentes o que se establezcan en el futuro.

El reajuste de las pensiones a que dé lugar la aplicación de este artículo será de cargo de la respectiva caja de previsión.

Artículo 7º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.076:

a) Reemplázase el artículo 7º, por el siguiente:

"El sueldo base mensual por cada hora diaria de trabajo, a contar del 1º de enero de 1970, será la cantidad equivalente al sueldo vital, escala A), del departamento de Santiago para 1969 (Eº 477,50) aumentada en el 100% del alza que experimente el índice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969. La fracción de hora se pagará en proporción a dicho sueldo.".

b) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 10, por el siguiente:

"Los profesionales funcionarios que por razones de servicio deban excederse del horario contratado, en días y horas hábiles, gozarán de una asignación de permanencia de hasta un 30 % de su sueldo base. Esta asignación no se considerará para el cálculo del porcentaje máximo a que se refiere el inciso cuarto del artículo 9º; será no imponible y podrá sumarse a las demás asignaciones que establece el citado artículo. Un Reglamento establecerá, a propuesta del Consejo Nacional de Salud, la forma, monto y condiciones para el goce de esta asignación".

c) Remplazase en el inciso final, del artículo 12 la cifra "24" por "12" y agrégase la siguiente frase final:

"Los profesionales funcionarios que desempeñen estos cargos no podrán contratar extensiones horarias, salvo en los casos contemplados en el inciso anterior".

Párrafo 3º

Reglas para la aplicación de los reajustes

Artículo 8º.- El porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1º de esta ley se aplicará, respecto del personal de la Empresa Portuaria de Chile, de acuerdo a las normas contenidas en el artículo 5° del D.F.L. Nº 1, de 1969, dictado en uso de las facultades concedidas por el artículo 82 de la ley Nº 17.072.

Artículo 9º.- Para los efectos del otorgamiento del reajuste a que se refiere el presente Título se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 90, 93, 94, 95, 131, inciso tercero, y 132 de la ley Nº 16.617, modificándose la referencia al año "1967" por "1970", en los artículos 94 y 132.

Artículo 10.- Con lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley se entiende cumplido lo ordenado por el artículo 33, inciso segundo, de la ley Nº 15.840.

Artículo 11.- Las pensiones que se reajustan de acuerdo con su similar en servicio activo recibirán como mínimo el mismo porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1º de esta ley sobre la pensión al 31 de diciembre de 1969.

Artículo 12.- El Presidente de la República entregará durante el año 1970 a los Servicios e instituciones enumeradas en el artículo 239 de la ley Nº 16.840, excluidas la Empresa Portuaria de Chile, el Servicio Médico Nacional de Empleados y la Caja de Accidentes del Trabajo, e incluidas la Corporación de Obras Urbanas y la Superintendencia de Servicios Eléctricos de Gas y de Telecomunicaciones, las cantidades necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

Al personal de las instituciones a que se refiere este artículo, cualquiera que sea el régimen de remuneraciones a que están afectos durante el año 1970 les corresponderá únicamente el porcentaje de reajuste del Sector Público.

Declárase que los reajustes de remuneraciones de los funcionarios del Servicio Médico Nacional de Empleados regidos por la ley Nº 15.076 han debido ser y serán exclusivamente de cargo Se dicho Servicio.

Artículo 13.- Auméntase, en el mismo porcentaje fijado en el artículo 1º, la remuneración máxima establecida en el artículo 1º del D.F.L. Nº 68, y sus modificaciones posteriores.

Artículo 14.- Autorízase a las instituciones descentralizadas para alterar las remuneraciones de sus personales, sin necesidad de decreto supremo, a fin de dar cumplimiento a la presente ley, entendiéndose modificados, al efecto, sus respectivos presupuestos.

Artículo 15.- La primera diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del artículo 1º de esta ley, ingresará a las cajas de previsión en seis cuotas mensuales iguales a contar del mes de enero de 1970.

Párrafo 4º

Del financiamiento

Artículo 16.- El mayor gasto de cargo fiscal que significa este proyecto, se afrontará con cargo al ítem 006 de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda de la ley de Presupuestos para 1970.

Artículo 17.- Declárase que las importaciones que se realicen con cobertura diferida y cuyos derechos aduaneros puedan cancelarse en la forma señalada en el artículo 164 de la ley Nº 13.05, no constituyen un régimen de importación especial a los cuales se refiere el inciso segundo del artículo 187 de la ley Nº 16.464.

En consecuencia, el Presidente de la República podrá ejercer con respecto a ella las facultades que le confiere el artículo 186 de la ley Nº 16.464.

TITULO II

Del reajuste del Sector Privado

Artículo 18.- Reajústanse, desde el 1º de 1970, en un porcentaje igual a la variación que experimente el índice de Precios al Consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969, las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo vigentes al 31 de diciembre de 1969, de los trabajadores, empleados y obreros del Sector Privado, no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 19.- Durante 1970 regirán las disposiciones de los artículos 85, 86, 87, 88, 89, inciso primero, 90, 91, 92 y 93 de la ley Nº 16.840 de 24 de mayo de 1968, con la salvedad de que el porcentaje de reajustes a que ellas se refieren es el señalado en el artículo anterior de esta ley.

Se regirá por las disposiciones de esta ley el reajuste de remuneraciones de los obreros y empleados agrícolas que trabajan en predios pertenecientes a instituciones de previsión, en faenas directamente relacionadas con la agricultura, en los casos en que estén sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 20.- Las remuneraciones de los trabajadores, empleados y obreros del Sector Privado sujetas a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, se reajustarán de común acuerdo entre las partes. Si el reajuste pactado es superior a la variación que hubiese experimentado el índice de Precios al Consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos durante el período de vigencia del convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral, el excedente será absorbido por las utilidades de la empresa o industria sin que opere su posterior traspaso a los precios de los bienes que ésta produce o expende. Para los efectos anteriores se tendrá en consideración el valor total que representa el convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral que pone término al conflicto, es decir, no sólo el reajuste de las remuneraciones sino también el de las regalías que se pacten.

Artículo 21.- El salario mínimo para los obreros de la industria, del comercio y agrícolas será, durante 1970 y a partir del 1º de enero de ese año, equivalente a Eº 1,50 por hora. Sin embargo, en los casos de salarios, remuneraciones o regalías convenidos en contratos o convenios colectivos, actas de avenimiento o establecidos por fallos arbitrales, en relación al salario mínimo, se entenderá que éste, a partir del 1° de enero de 1970, es el actualmente vigente reajustado en el ciento por ciento de la variación que experimente el índice de Precios y Consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969.

(Fdo.) : Eduardo Freí Montalva.- Andrés Zaldívar Larraín."

?3.- INFORME DE LA COMISIONES UNIDAS DE GOBIERNO INTERIOR Y HACIENDA

"Honorable Cámara:

Las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y Hacienda, pasan a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje con urgencia calificada de "extrema", por el cual se reajustan las remuneraciones del personal de los sectores público y privado.

La Cámara, junto con calificar de "extrema" dicha urgencia, acordó utilizar el sistema contemplado en el Reglamento para la suma urgencia respecto de la renovación de las indicaciones.

Asistieron a las Comisiones Unidas a proporcionar diversos antecedentes para el mejor estudio del proyecto, el señor Ministro de Hacienda, don Andrés Zaldívar, los Subsecretarios de Hacienda, don Florencio Guzmán, de Previsión Social, don Alvaro Covarrubias, del Trabajo, don Ernesto Yavar; el Superintendente de Seguridad Social, don Carlos Briones, la señora Victoria Arellano por la Dirección de Presupuesto, los dirigentes de la Central Única de Trabajadores, señores Hernán del Campo, Edmundo Polanco y Mario Merino.

La Cámara acordó enviar el proyecto en examen a las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y de Hacienda, las que, reglamentariamente, dispusieron para tal efecto del reducido plazo de un día, durante el cual sesionaron nueve horas en forma prácticamente interrumpidas.

Comprenderá la Honorable Cámara que, debido al escaso tiempo disponible y a pesar de la acuciosidad y del considerable esfuerzo desplegó, resulta imponible que las Comisiones Unidas puedan presentar un informe tan completo como la importancia de la materia sometida a su estudio justificaría normalmente.

Estas consideraciones han determinado que el presente dictamen deba restringirse en su análisis a los conceptos principales de dicha iniciativa legal y renunciar, en consecuencia, a reseñar en detalle, como hubiera sido deseable, el sentido y el alcance de cada una de sus disposiciones.

Conocen los señores Diputados el persistente proceso inflacionario que afecta a la economía nacional, fenómeno que trae como consecuencia inevitable un paulatino decrecimiento del poder adquisitivo de la moneda, en desmedro, principalmente, del sector asalariado de nuestro país.

Al respecto, se ha dicho que la desvalorización monetaria equivale, en el hecho, a un impuesto inaparente que grava en mayor medida a los sujetos de menores recursos económicos, puesto que su tasa aumenta en la misma proporción en que el ingreso personal es más bajo.

En efecto, mientras más reducida es la renta que un individuo percibe, mayor es la proporción de ella que debe necesariamente mantener en dinero, el que es afectado fatalmente por la desvalorización.

Por tal motivo, todos los Gobiernos de los últimos años, junto con empeñarse en dominar dicho proceso inflacionario, han debido patrocinar anualmente reajustes generales de remuneraciones, que permitan devolver a los sueldos y salarios todos o parte de su poder adquisitivo inicial.

Ello explica también, el que guiados por un principio de equidad, hayan propiciado, asimismo, en forma periódica, aumentos especiales para aquellos sectores cuyas justas aspiraciones de mejoramiento económico se han visto más postergadas, con el objeto de elevarlos en la medida de lo posible, al nivel de remuneraciones alcanzado por el personal del resto de la administración pública.

En concordancia con lo anterior, se expresa en la exposición de motivos del proyecto en estudio que, "Como a pesar de los esfuerzos del Gobierno el proceso inflacionario continúa latente, se hace indispensable restituir a las remuneraciones el valor adquisitivo perdido durante el año en curso".

Para tal objeto, el Gobierno celebró numerosas reuniones con representantes de la Central Única de Trabajadores de Chile, las que culminaron el día 3 del presente con la suscripción de un acta de acuerdo, en la que se convinieron las normas básicas por las cuales debía regirse el reajuste, documento que, por acuerdo de las Comisiones Unidas, se adjunta al final del presente informe.

Consecuencialmente, estas normas inspiran en forma determinante al proyecto en examen.

Como se expresa en el Mensaje, el reajuste de las remuneraciones del sector público se otorga de acuerdo con las siguientes normas:

1.- Se concede un aumento general de 28 % para todas las remuneraciones permanentes, siempre que el costo de vida durante 1969 tenga un incremento inferior al 29,5%. Si, por el contrario, fuere superior, el reajuste se aumentará en los puntos y fracciones que excedan el 29,5%.

2.- La asignación familiar se reajusta en el mismo porcentaje en que aumente el costo de vida durante 1969.

Asimismo, se otorga una asignación familiar complementaria de veinte escudos por carga, que representa una redistribución, en función de las cargas de familia, de la diferencia entre el 29,5% y el 28% de aumento del costo de vida que no se otorga a las demás remuneraciones.

De esta manera, un funcionario con tres cargas familiares que perciba una renta de Eº 700,00, que puede estimarse como un sueldo promedio dentro de la Administración Pública, tendría un reajuste de 34,4% y no de un 28%, puesto que se beneficia con la redistribución antes mencionada, que opera a través de la asignación familiar. Por otra parte, ésta subiría en 1970 a Eº 78,00 por carga, lo que implica un aumento del 80%.

3.- La asignación de 7,5% de la Ley Nº 16.840, que caduca en este año, se mantiene con carácter permanente, mediante la incorporación al sueldo respecto de los funcionarios afectos al D.F.L. Nº 40, y como asignación imponible, respecto de los demás.

El mayor gasto que significa esta incorporación como sueldo, es del orden de noventa y ocho millones de escudos, lo que significa en el hecho, un punto coma cinco de reajuste, aproximadamente.

Cabe destacar, asimismo, que la bonificación de 7,5% se pagaba de abril a diciembre y ahora se hará desde enero a diciembre, como consecuencia de haber sido incluida en los sueldos.

Además, según datos proporcionados a las Comisiones Unidas, existen acuerdos entre diversos gremios y el Gobierno, con el objeto de mejorar las rentas de los sectores más postergados, reajuste que fluctuaría entre un 14% y un 60 ó 70%.

Estos convenios especiales, que beneficiarían a 23 servicios, aumentarían el promedio del reajuste al sector civil a un 40% aproximadamente.

El costo del reajuste de la Administración Pública, ascendería a una suma del orden de los tres mil quinientos millones de escudos (Eº 3.500.000.000), a la que sería preciso agregar doscientos millones de escudos (Eº 200.000.000) que ya están contemplados en la Ley de Presupuestos para dar cumplimiento al Acuerdo Magisterial, como, también para financiar parte de los reajustes especiales que se otorgaron a las Fuerzas Armadas en virtud del D.F.L. Nº 1 y que sólo tuvieron vigencia por un cuatrimestre en el presente año.

Sobre el particular, el señor Ministro de Hacienda manifestó que, sustentando la tesis del Ejecutivo en orden a excluir el pago de los dos tercios de lo que corresponde al sector pasivo de las Fuerzas Armadas, el monto total del reajuste de la Administración Pública sería del orden de los tres mil setecientos millones de escudos (Eº 3.700.000.000).-

El costo del reajuste, según el Acta suscrita por el Gobierno y la Central Única a de Trabajadores es de dos mil doscientos diecinueve millones de escudos (Eº 2.219.000.000).- Dicho gasto se afrontará con los recursos consultados en el ítem 006, Provisión para Reajustes, del Presupuesto del Ministerio de Hacienda para el año 1970 y con el mayor ingreso arancelario de cincuenta millones de escudos (Eº 50.000.000), aproximadamente, que producirá un artículo declarativo en relación con el régimen arancelario de las coberturas diferidas, el que permitirá eliminar las franquicias otorgadas a las importaciones de bienes de capital, autorizadas con dichas coberturas.

Según expresó el señor Ministro de Hacienda, existe un posible desfinanciamiento que fluctuaría entre 100 y 130 millones de escudos, considerando solamente el pago del 40% del reajuste de los pensionados de las Fuerzas Armadas, pues en caso de pagarse éste en su integridad, el déficit sería del orden de los seiscientos treinta millones de escudos (630.000.000 de escudos).-

En atención a esta circunstancia, las Comisiones Unidas prestaron su aprobación a indicaciones que tienen por objeto proporcionar al proyecto un holgado financiamiento.

Cabe mencionar, en primer lugar, el artículo 24, nuevo, que establece una sobretasa a las ventas de la libra de cobre fino producido en el año, proveniente de la Pequeña Minería, gravamen cuyo rendimiento se estima en la suma de US$ 10.632.074, sobre la base de que la libra de cobre alcance un precio promedio de sesenta centavos de dólar.

Asimismo, el artículo 21, nuevo, establece un gravamen a la Pequeña y Mediana Minería de dos centavos de dólar por tonelada de cobre, que debe producir una mayor entrada de cincuenta millones de escudos (Eº 50.000.000), tomando en consideración la actual capacidad de fundición y refinación de la Empresa Nacional de Minería.

Se aprobó también una indicación que establece una sobretasa de impuesto a los intereses primas u otras remuneraciones que perciban los bancos comerciales del Estado y Central de Chile; como, asimismo, la Corporación de Fomento de la Producción, en razón de préstamos no reajustabas otorgados en moneda corriente a empresas extranjeras.

Esta disposición tiene por objeto evitar que dichas empresas contraten préstamos en Chile, que les resultan más baratos, pero que restan posibilidades de financiamiento a los industriales nacionales.

Finalmente, se aprobaron dos indicaciones formuladas por el señor Ministro de Hacienda, que dieron origen a los artículos 26 y 27 del proyecto, respectivamente.

El artículo 26 tiene por objeto aclarar la ley de impuesto a las compraventas, en lo que se refiere al impuesto de cifra de negocios. Se ha llegado a la conclusión de que por un error de habían gravado todas las comisiones o pagos que se hacen a los mandatos generales, pero no se había gravado a los mandatos generales de las personas que tributan en la segunda categoría, y que realmente ejercen un mandato general, como es el caso de los asignatarios de vegas, ferias, comisionistas, corredores, etc.

Se estima que la aplicación de este artículo producirá una suma de 700 u 800 millones de escudos.

El artículo 27, permite solucionar un problema de interpretación que se ha creado con la ley de compraventa. Si se la interpretará estrictamente, tendría que aplicarse el impuesto de cifra de negocios a los intereses que pagan tanto el Banco del Estado como los bancos comerciales a los particulares por los depósitos efectuados por ellos.

Después de un estudio hecho por Impuestos Internos, se ha llegado a la conclusión de que debiera aplicarse en esa forma, pero también, se advirtió la imposibilidad de hacerlo, puesto que la ley habla de los depósitos hechos por comerciantes, industriales y mineros y siempre que las sumas depositadas provengan del ejercicio de sus actividades. Es muy difícil que el Banco del Estado o los bancos particulares puedan precisar si los fondos depositados por una persona provienen de su actividad de comerciante, industrial o minero o de otro trabajo.

El Ejecutivo, al proponer la modificación de la ley Nº 12.120 el año 1966, con las enmiendas hechas en el año 1968 no pretendió realmente gravar a los intereses de los depósitos hechos en los Bancos, puesto que ello va en contra de todo tipo de política de ahorro. Por esa razón, el Gobierno solicitó su aclaración, lo que no significa un menor rendimiento.

En lo que respecta al sector privado, el proyecto distingue entre los trabajadores cuyas remuneraciones y condiciones de trabajo están determinadas en convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales y aquellos que están regidos solamente por los correspondientes contratos de trabajo.

Respecto de estos últimos, que se encuentran en inferioridad de condiciones, establece que sus remuneraciones se reajustarán, a partir del 1º de enero de 1970, en un porcentaje igual a la variación que experimente el índice de precios al consumidor, en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969.

El artículo 20 del proyecto tiene por objeto aclarar que el Presidente de la República tiene la facultad de modificar el Arancel Aduanero, en lo relativo al establecimiento de un régimen diverso para las importaciones con cobertura diferida, sin que constituya un régimen especial a los cuales se refiere el inciso segundo del artículo 187 de la ley Nº 16.464.

El artículo 29 dispone que durante 1970 rijan las disposiciones de los artículos 85, 86, 87, 88, 89 inciso primero, 90, 91, 92 y 93 de la ley Nº 16.840, con la salvedad que se indica.

El objeto de este precepto es el de incorporar normas que siempre se han incluido en los proyectos de reajuste al sector privado, que dicen relación con la forma de aplicarlo en casos especiales. En el orden que se señalan las disposiciones, ellas se refieren a los obreros agrícolas (artículo 85), a los garzones (artículo 86), a los empleados de archivo, notarías o conservadores de bienes raíces (artículo 87), a la hora semanal de clase de los profesores a que se refiere la ley Nº 10.518 (artículo 88), a las remuneraciones en moneda extranjera (artículo 89 inciso primero), a las remuneraciones a trato (artículo 90), a las rentas mínimas, vitales y de reajustes (artículo 91), a las Empresas del Estado que tengan la facultad de celebrar convenios colectivos de trabajo (artículo 92), etc.

El artículo 34 suprime determinadas franquicias de que gozan actualmente las empresas constructoras, medida que permitirá obtener un mayor ingreso de Eº 50.000.000, que se destinará a financiar préstamos a cooperativas de viviendas urbanas y rurales a través del Ministerio e la Vivienda y Urbanismo.

En seguida, se aprobó una indicación que crea un artículo nuevo, que pasa a ser 35, por el cual se fija un mecanismo para establecer un tope máximo en el reajuste de los precios, con excepción de los correspondientes a productos agropecuarios de procedencia nacional.

Las Comisiones Unidas aprobaron por unanimidad este artículo.

El artículo 4º concede en el año 1970 a los empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción de los que se señalan en su texto, una bonificación no imponible que no se considerará sueldo para ningún efecto legal y que se pagará en los meses de marzo, septiembre y diciembre por las sumas de Eº 400, Eº 340 y Eº 400, respectivamente.

Durante la discusión de este artículo se formuló una indicación, que la Mesa, en uso de sus facultades reglamentarias, declaró improcedente, y que tenía por objeto elevar a Eº 355 la cuota de la bonificación correspondiente a septiembre. Sus autores fundamentaron esta indicación en que la, cifra que ellos proponían, correspondería al alza que debía producirse, respecto de la suma consultada en el proyecto, de acuerdo con la fluctuación que de aquí al 31 de diciembre de 1969 experimentara el índice de precios. El monto total de esta bonificación se ha establecido en el proyecto sobre la base de un alza del costo de la vida de un 28%; si esta alza es mayor, dicha suma debía elevarse.

Las Comisiones Unidas acordaron dejar constancia en este informe que el espíritu con que se aprobaba este artículo era el de que debían hacerse las correcciones pertinentes en su oportunidad, de acuerdo con el contexto del proyecto, si el índice de precios que se utilizó para hacer estos cálculos en el Acuerdo CUT Gobierno sufre aumentos. Para reforzar esta idea se acogió la proposición de transcribir el texto del Acta suscrita por el Gobierno con la Central Única de Trabajadores en este informe, acuerdo que se cumple con la agregación de dicha Acta como documento anexo.

El señor Ministro de Hacienda declaró en el seno de las Comisiones Unidas que, una vez conocida el alza del índice de precios, se procedería a hacer las correcciones pertinentes.

Las Comisiones Unidas aprobaron este artículo por unanimidad.

El artículo 5º fue modificado por las Comisiones Unidas, en su inciso tercero, mediante la agregación de la palabra "base" a continuación de la expresión "con el carácter de sueldo".

Esta modificación se hizo para constituir el precepto en regla de general aplicación, sin que fuera necesario dictar una norma especial para determinados servicios.

Las Comisiones Unidas aprobaron este artículo por unanimidad.

El artículo 7º dispone que a partir del 1º de enero de 1970 serán imponibles las remuneraciones y demás emolumentos que se expresan de los empleados a quienes se aplica el artículo 99 de la ley Nº 16.617.

El inciso segundo establece que el reajuste de las pensiones a que dé lugar la aplicación de este artículo será de cargo de la respectiva Caja de Previsión. No obstante, para que no quedaran excluidos de sus beneficios aquellas personas que reciben sus pensiones de organismos distintos de las Cajas de Previsión, las Comisiones acogieron una indicación que agrega al final del inciso segundo de este artículo la siguiente frase: "u otras instituciones o empresas que paguen pensiones".

Las Comisiones Unidas aprobaron por unanimidad este artículo y su modificación.

El artículo 11 tiene por objeto mantener vigentes ciertas normas que tradicionalmente se han incorporado a todos los proyectos de reajustes. Al efecto, esta disposición establece que se aplicarán para el otorgamiento del reajuste a que se refiere el Párrafo 3" las reglas contenidas en los artículos 90, 93, 94, 95, 131 inciso tercero, y 132 de la ley Nº 16.617, reemplazándose la referencia al año 1967 por la de 1970 en los artículos 94 y 132.

Los preceptos referidos prescriben lo siguiente:

El artículo 90, que se mantienen vigentes todos los sistemas de remuneraciones mínimas, y que los aumentos que correspondan en virtud de dichos sistemas no podrán sumarse a los de esta ley;

El artículo 93, que no tendrá derecho a este reajuste el personal cuyos estipendios estén fijados en oro o en moneda extranjera, mientras subsista para él esta forma de remuneración;

El artículo 94, que en el caso de estar fijados en porcentajes del sueldo la gratificación de zona, las horas extraordinarias y las remuneraciones de cualquiera naturaleza, se calcularán sobre el sueldo reajustado desde el 1º de enero de 1970;

El artículo 95, que las cifras que resulten de aplicar la ley y los porcentajes imponibles y no imponibles se ajustarán al entero más cercano divisible por doce. Esta disposición no se aplicará al valor de la hora de clase;

El inciso tercero del artículo 131, que para los efectos de la aplicación de este reajuste no regirán las limitaciones establecidas en los artículos 35 de la ley número 11.469 y 109 de la ley Nº 77.860; y

El artículo 132, que se faculta a las Municipalidades para modificar los presupuestos correspondientes a 1970, con el objeto de considerar los mayores gastos que le impone esta ley.

El artículo 12 del proyecto estatuye que "con lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley se entiende cumplido lo ordenado por el artículo 33 inciso segundo de la ley Nº 15.840". Este último precepto ordena que el Presidente de la República fijara anualmente la remuneración correspondiente al grado 1º de la planta del personal de la Dirección General de Obras Públicas.

Con la norma contenida en este artículo 12 del proyecto se da por cumplida dicha obligación y, en consecuencia, de acuerdo con el régimen decreciente de remuneraciones para los grados sucesivos queda automáticamente fijado el reajuste para los demás funcionarios de este servicio.

El artículo 13 establece que las pensiones que se reajustan de acuerdo con su similar en servicio activo recibirán, como mínimo, el mismo porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1º de la ley sobre la pensión al 31 de diciembre de 1969.

El señor Ministro de Hacienda manifestó que este artículo tenía por objeto atender la situación de un grupo de pensionados de los Servicios de Hacienda, Impuestos Internos y Aduanas a quienes se les permitió incorporar a su jubilación una asignación del orden del 50%. Al no existir esta disposición estas personas recibirían un reajuste inferior al contemplado en el artículo 1º.

Para perfeccionar esta norma y adecuarla al contexto del proyecto, las Comisiones Unidas acogieron una indicación para agregarle después de la expresión inicial "Las pensiones" la siguiente frase: "del personal a que se refiere el inciso primero del artículo 1º de esta ley".

El artículo 14 ordena al Presidente de la

República entregar durante 1970 a las Instituciones que señalan las cantidades necesarias para dar cumplimiento a la presente ley. El artículo 239 de la ley 239 de la ley Nº 16.840 que menciona esta disposición, enumera los servicios a los que deben entregarse las cantidades señaladas.

Esta misma norma se establecía antes para las Municipalidades, pero dejó de hacerse desde que estos organismos cuentan con una participación porcentual de los impuestos básicos del Fisco, como son las contribuciones de bienes raíces y el impuesto a la renta.

Las Comisiones Unidas aprobaron este artículo por unanimidad.

El artículo 15 hace extensivo el reajuste a los que gozan de la remuneración máxima establecida en el D.F.L. Nº 68, de 1960. Este decreto con fuerza de ley establece el sueldo tope en la Administración Pública, que consiste en una suma fija. Todos los años se va subiendo esta cifra en el mismo porcentaje de reajuste de las demás rentas, porque si así no se hiciera las personas que están en el tope no recibirían reajuste.

Las Comisiones Unidas aprobaron por unanimidad este artículo con la sola modificación de agregarle la expresión "de 1960" a continuación de "D.F.L. Nº 68", con el objeto de precisar la referencia legal respectiva.

Sin perjuicio de las observaciones anteriores, se analizan a continuación las normas más importantes contenidas en el articulado del proyecto o las que por su complejidad requieren una explicación respecto de su contenido o aquellas que hayan sido objeto de modificaciones o de extenso debate en el seno de las Comisiones Unidas.

El artículo 1º establece el porcentaje y las normas básicas de reajuste de las remuneraciones de los empleados y obreros del sector público para el año 1970.

Las Comisiones Unidas acogieron una indicación para agregar al inciso cuarto de este artículo una frase que diga "y personal del Magisterio que se rige por el artículo 3º de la ley Nº 16.930". La disposición recién mencionada señala un mecanismo especial de reajuste para el Magisterio. De ahí la razón de ser de esta agregación.

Las Comisiones Unidas aprobaron por unanimidad este artículo y la indicación mencionada.

El artículo 2° reajusta la asignación familiar a contar del 1° de enero de 1970, en un 100% del alza que experimente el Índice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969, y señala las bases para la aplicación de este mandato legal.

El inciso segundo establece, a contar del 1º de enero de 1970, una bonificación complementaria y permanente de Eº 20 por cada carga de familia que dé derecho a la asignación a que se refiere el inciso primero y que perciban los funcionarios a quienes corresponda aplicar el artículo 1º del proyecto en

Informe. A esta bonificación se le dan las mismas características jurídicas de la asignación familiar, por lo que no podrá ser retenida ni embargada, no será imponible; estará exenta de toda clase de impuestos y será reajustada en el futuro en igual forma que la asignación familiar base.

Las Comisiones Unidas aprobaron por unanimidad este artículo.

El artículo 3º, el primero sobre normas especiales de este proyecto, hace aplicable al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud lo dispuesto en el artículo 1º de la ley y exceptúa al regido por la ley Nº 15.0766 y al que está sujeto a tarifado gráfico. Establece, además, en el inciso segundo, otras normas aplicables al personal del Servicio Nacional de Salud.

Indicaciones rechazadas

Artículo 11

1) De los señores Cabello, Fuentealba, don Clemente, y Fuentes, don Samuel, para suprimirlo.

2) De los señores Lorca, Alessandri, Frías y Godoy para agregar la siguiente frase intercalada a continuación de la palabra "activo": "excluidas las que benefician al personal pensionado y montepiado de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Servicio de Investigaciones y Subsecretarías de Defensa Nacional".

Artículo 21

3) De los señores Cabello, Fuentealba, don Clemente, y Fuentes, don Samuel, para reemplazar la primera frase, hasta la palabra "hora", por la siguiente: "El salario mínimo para los obreros de la industria, del comercio y agrícolas será de Eº 16 a contar del 1º de enero de 1970".

Artículos nuevos

4) De la señora Lazo y el señor Schnake, para agregar el siguiente:

"Artículo...- Establécele una indemnización por años de servicios, con cargo al empleador, equivalente a un mes completo del sueldo o salario, incluidas las gratificaciones y asignaciones familiares, por cada año de trabajo o fracción superior a seis meses, en favor de los empleados y obreros del sector privado, para el caso de que sean despedidos o terminen sus contratos, salvo que hayan incurrido en alguna causal de caducidad del contrato de las establecidas en los números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11 del artículo 2° de la ley Nº 16.455.

Esta indemnización será compatible con cualquiera otra legal o convencional, debiendo aplicarse en cada caso aquella que sea más favorable al obrero o al empleado afectado y se calculará sobre la base del último mes de remuneración que éste haya gozado, pero con un máximo de 50 sueldos vitales mensuales escala a) del departamento de Santiago".

5) De los señores Maira, Phillips, Arnello, Urra y señora Lazo para agregar el siguiente:

"Artículo...- Declárase que el inciso 4º del artículo 1º de la ley Nº 17.015 de 31 de octubre de 1968, se limitó a derogar el párrafo 49 del Título II del D.F.L. 338 de 1960 y el artículo 20 de la ley Nº 7.295, respecto de los servicios enumerados en el mismo precepto, y sólo a contar desde el 1º de enero de 1969. En consecuencia, los funcionarios que adquirieron antes de esa fecha alguno de los beneficios establecidos en el referido párrafo o en el artículo citado, lo han conservado con posterioridad a ella."

6) Del señor Aguilera, de la señora Lazo y del señor Fuentealba, don Clemente, para agregar el siguiente:

"Artículo...- Los asegurados independientes del Servicio de Seguro Social, tendrán derecho a percibir el beneficio de asignación familiar.

Para gozar de esta franquicia social, deben los interesados imponer al Fondo de Asignación Familiar de acuerdo a las normas que rigen para los asegurados apatronados.

El Servicio de Seguro Social deberá reglamentar en un plazo no superior a 90 días contados desde la vigencia de la presente ley."

7) De los señores Cerda, Maira y Páez, para agregar el siguiente:

"Artículo...- Los derechos e impuestos cuya cancelación se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 164 de la ley Nº 13.305, estarán afectos a un interés a beneficio fiscal, cuya tasa será equivalente a la que rija para el respectivo crédito."

8) De los señores Penna, Cerda, Urra, Vergara, Maira y Páez, para agregar el siguiente:

"Artículo...- Reemplazase el Nº 1 del artículo 61 de la Ley de Impuesto a la Renta por el siguiente:

"1) Intereses. Sin embargo, estarán exentos de este impuesto los intereses a favor de instituciones bancarias internacionales o de instituciones públicas financieras extranjeras, por créditos otorgados directamente por ellas; los intereses que los bancos nacionales paguen al exterior provenientes de líneas de crédito sólo hasta por los márgenes aprobados por el Comité Ejecutivo del Banco Central; y los intereses que paguen empresas o instituciones estatales y aquéllas cuyo capital sean en más de un 50% propiedad del Sector Público chileno."

Artículos aprobados por unanimidad.

Se encuentran en esta situación los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 y 36.

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y de Hacienda prestaron su aprobación al proyecto en estudio y os recomiendan lo aprobéis también, redactado en los siguientes términos:

Proyecto de ley:

TITULO I

Del reajuste del Sector Público

Párrafo 1º

Reajuste general del Sector Público

Artículo 1º.- Reajústense, a contar desde el 1º de enero de 1970, en un veintiocho por ciento (28%) las remuneraciones permanentes al 31 de diciembre de 1969 de los empleados y obreros del Sector Público, incluidas las de las Municipalidades y excluidas las horas extraordinarias y las asignaciones de alimentación, las que se fijan en función de sueldos vitales y las que constituyen porcentajes de los sueldos.

Si el índice de precios al consumidor que entrega la Dirección de Estadística y Censos experimentare entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969 un alza superior al 29,15%, el reajuste mencionado se incrementará en tantos puntos y fracciones de punto como sean los que excedan de 29,5% en el alza del índice antes señalado.

El reajuste se calculará sobre las remuneraciones incrementadas con la asignación otorgada por el D.F.L. Nº 1, de 1969, y, en el caso de las remuneraciones a que se refiere el artículo 5º de la presente ley, se calculará, además, sobre las cantidades que resulten después de aplicado dicho precepto.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las remuneraciones del personal en servicio activo o retirado de las Fuerzas Armadas, Subsecretarías de Defensa Nacional, Carabineros de Chile, Servicio de Investigaciones, Poder Judicial, Sindicatura General de Quiebras y personal afecto a la ley Nº 15.076, Estatuto Médico Funcionario, y personal del Magisterio que se rige por el artículo 39 de la ley Nº 16.930.

Artículo 2º.- Reajustase, a contar del 1º de enero de 1970, en un cien por ciento (100%) del alza que experimente el Indice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969 la asignación familiar, incrementada con por el artículo 3º del D.F.L. Nº 1 de 1969, de los empleados, obreros y pensionados del Sector Público que no se determina de acuerdo con la ley Nº 7.295 o con el D.F.L. Nº 245, de 1953.

Establécese, también, a contar del 1º de enero de 1970, una bonificación complementaria y permanente de veinte escudos (Eº 20) por cada carga de familia que dé derecho a la asignación a que se refiere el inciso anterior y que perciban los funcionarios a quienes corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley. Esta bonificación tendrá las mismas características de la asignación familiar y, en consecuencia, no podrá ser retenida ni embargada, no será imponible, estará exenta de toda clase de impuestos y será reajustada en los años siguientes en los mismos términos que la asignación familiar base.

Párrafo 2º

Normas especiales

Artículo 3°.- Al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del regido por la ley Nº 15.076 y del sujeto a tarifado gráfico, le será aplicable lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley.

En todo caso, cada categoría y grado de las escalas de sueldos que rijan para el personal del Servicio Nacional de Salud durante 1970, comprendido el reajuste a que se refiere el inciso anterior, tendrá un aumento que signifique alcanzar en total un 94% de cada categoría o grado de las escalas del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigente para ese mismo año.

Artículo 4°.- Concédase en el año 1970, a los empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal regido por la ley Nº 15.076, del personal sujeto a tarifado gráfico y del personal de empleados particulares, una bonificación no imponible que no será considerada sueldo para ningún efecto legal y que se devengará en las fechas y por los montos que se indican:

IMAGEN

Artículo 5º.- Incorporase a contar del 1º de enero de 1970, a las escalas de sueldos del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigentes después de sus modificaciones, incluidas las de la ley Nº 17.063, la asignación establecida en el artículo 1º, incisos segundo y tercero de la ley Nº 16.840.

Para los efectos de esta incorporación se considerarán la asignación completa que correspondió de acuerdo con el inciso segundo aludido, más el aumento del D. F. L. Nº 1, de 1969.

Los funcionarios del Sector Público no regidos por el D.F.L. Nº 40, de 1959, que al 31 de diciembre de 1969 estaban percibiendo la asignación establecida por la ley Nº 16.840 en sus artículos 1º, incisos segundo y tercero, y 49, inciso cuarto y que fue aumentada por el artículo 2° del D. F. L. Nº 1, de 1969, mantendrán dicha asignación, a contar del 1º de enero de 1970, con el carácter de sueldo base para todos los efectos legales e imponibles en la misma proporción en que lo sea el sueldo.

La primera diferencia mensual determinada por la aplicación de este artículo quedará a beneficio de los personales respectivos y no será depositada en las Cajas de Previsión correspondientes.

Artículo 6º.- Modificase el artículo 174 de la ley Nº 16.840, sustituido por el artículo 10 de la ley Nº 17.029 de 4 de diciembre de 1968, como sigue:

"Artículo 174.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1970 el plazo otorgado a las Municipalidades por el artículo 26 de la ley 16.250, para encuadrar los excesos de aumentos de remuneraciones concedido a sus empleados y obreros dentro de los porcentajes de limitación establecidos por la ley en los términos que prescribe el citado artículo 26.

Mientras esto no suceda, les queda prohibido crear nuevos cargos de empleados y obreros, aumentar de grados, mejorar las rentas u otorgar otros beneficios."

Artículo 7º.- A partir del 1º de enero de 1970, serán imponibles las bonificaciones, asignaciones y todas las demás remuneraciones de carácter general y permanente de que gozan los empleados a quienes se aplica el artículo 99 de la ley Nº 16.617, pero con los límites porcentuales fijados en dicho artículo, con la modificación que le introdujo la ley Nº 17.083. Mantendrán su carácter de no imponibles las remuneraciones eventuales y las de naturaleza previsional, tales como el viático, las asignaciones de gastos de movilización, de máquinas, pérdidas de caja, de cambio de residencia, la gratificación de zona, la remuneración por trabajos nocturnos y horas extraordinarias, asignación familiar, la bonificación del artículo 19 de la ley Nº 15.386, y cualesquiera otras de la misma naturaleza actualmente existente o que se establezcan en el futuro.

El reajuste de las pensiones a que dé lugar la aplicación de este artículo será de cargo de la respectiva Caja de Previsión u otra Institución o Empresa que paguen pensiones.

Artículo 8º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.076:

a) Reemplazase el artículo 7º por el siguiente:

"El sueldo base mensual por cada hora diaria de trabajo a contar del 1º de enero de 1970, será la cantidad equivalente al sueldo vital escala A) del Departamento de Santiago para 1969 (Eº 477,50) aumentada en el 100% del alza que experimente el Indice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969. La fracción de hora se pagará en proporción a dicho sueldo".

b) Sustituyese el inciso segundo del artículo 10, por el siguiente:

"Los profesionales funcionarios que por razones de servicio deban excederse del horario contratado, en días y horas hábiles, gozarán de una asignación de permanencia de hasta un 30% de su sueldo base. Esta asignación no se considerará para el cálculo del porcentaje máximo a que se refiere el inciso cuarto del artículo 99; será no imponible y podrá sumarse a las demás asignaciones que establece el citado artículo. Un Reglamento establecerá, a propuesta del Consejo Nacional de Salud, la forma, monto y condiciones para el goce de esta asignación".

c) Reemplazase en el inciso final del artículo 12 la cifra "24" por "12" y agregase la siguiente frase final:

"Los profesionales funcionarios que desempeñen estos cargos no podrán contratar extensiones horarias, salvo en los casos contemplados en el inciso anterior".

Artículo 9º.- A contar del primero de enero de 1970, los trabajadores que lobaran en la extracción de ripio, arena y materiales para la construcción recibirán en sus salarios o tratos un reajuste igual al porcentaje que hubiere experimentado el alza del costo de la vida, durante el año 1969.

Párrafo 3°

Reglas para la aplicación de los reajustes.

Artículo 10.- El porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1º de esta ley se aplicará, respecto del personal de la Empresa Portuaria de Chile, de acuerdo a las normas contenidas en el artículo 5º del D.F.L. Nº 1, de 1969, dictado en uso de las facultades concedidas por el artículo 82 de la ley Nº 17.072.

Artículo 11.- Para los efectos del otorgamiento del reajuste a que se refiere el presente Título se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 90, 93, 94, 95, 131 inciso tercero y 132 de la Ley Nº 16.617, modificándose la referencia al año "1967". Por "1970" en los artículos 94 y 132.

Artículo 12.- Con lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley se entiende cumplido lo ordenado por el artículo 33, inciso segundo, de la Ley Nº 15.840.

Artículo 13.- Las pensiones del personal a que se refiere el inciso primero del artículo 1º de esta ley, que se reajustan de acuerdo con su similar en servicio activo recibirán como mínimo el mismo porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1º de esta ley sobre la pensión al 31 de diciembre de 1969.

Artículo 14.- El Presidente de la República entregará durante el año 1970 a los Servicios e Instituciones enumeradas en el artículo 239 de la Ley Nº 16.840, excluidas la Empresa Portuaria de Chile, el Servicio Médico Nacional de Empleados y la Caja de Accidentes del Trabajo, e incluidas la Corporación de Obras Urbanas y la Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Gas y de Telecomunicaciones, las cantidades necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

Al personal de las Instituciones a que se refiere este artículo, cualquiera que sea el régimen de remuneraciones a que están afectos durante el año 1970 les corresponderá únicamente el porcentaje de reajuste del Sector Público.

Declárase que los reajustes de remuneraciones de los funcionarios del Servicio Médico Nacional de Empleados regidos por la Ley Nº 15.076 han Debido ser y serán exclusivamente de cargo de dicho Servicio.

Artículo 15.- Aumentase, en el mismo porcentaje fijado en el artículo 1º, la remuneración máxima establecida en el artículo 1º del D. F. L. Nº 68, de 1960, y sus modificaciones posteriores.

Artículo 16.- Autorízase a las Instituciones Descentralizadas para adecuar las remuneraciones de sus personales, sin necesidad de Decreto Supremo, a fin de dar cumplimiento a la presente ley, entendiéndose modificados, al efecto, sus respectivos presupuestos.

Artículo 17.- La primera diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del artículo 1º de esta ley, ingresará a las Cajas de Previsión en seis cuotas mensuales iguales a contar del mes de enero de 1970.

Artículo 18.- El porcentaje de reajuste a que se refiere el artículo 1º que corresponde a los empleados y obreros de los Ferrocarriles del Estado, se aplicará también sobre las remuneraciones vigentes, al 31 de diciembre de 1969, que no se determinen como un porcentaje del respectivo sueldo o salario base.

Párrafo 4º

Del financiamiento.

Artículo 19.- El mayor gasto de cargo fiscal que significa este proyecto, se afrontará con cargo al ítem 006 de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda de la Ley de Presupuestos para 1970.

Artículo 20.- Declárase que las importaciones que se realicen con cobertura diferida y cuyos derechos aduaneros puedan cancelarse en la forma señalada en el artículo 164 de la Ley Nº 13.305, no constituyen un régimen de importación especial a los cuales se refiere el inciso segundo del artículo 187 de la Ley Nº 16.464.

En consecuencia, el Presidente de la República podrá ejercer con respecto a ella las facultades que le confiere el artículo 186 de la Ley Nº 16.464.

Artículo 21.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.575:

1º.- En el artículo 136:

A) Se suprime el Nº 2.

B) Se sustituye el Nº 3 por el siguiente, que pasa a tener el Nº 2:

"2.- Las exportaciones de la pequeña y mediana minería, cuando la Empresa Nacional de Minería certifique que no hay en Chile capacidad de fundición o refinación según corresponda a los productos que se deseen exportar, o que por cualquier motivo no pueda recibir dichas producciones para su tratamiento".

C) Se agrega el siguiente Nº 3:

"3.- Las exportaciones provenientes de contratos celebrados por empresas de la pequeña y mediana minería, relacionados con nuevas producciones o con ampliaciones de su capacidad de producción financiadas con aportes de capital extranjero debidamente autorizados y siempre que los referidos contratos sean aprobados especialmente para estos efectos por la Corporación del Cobre."

D) Se suprime el actual Nº 4, que se reemplaza por el siguiente:

"4.- Las exportaciones de la pequeña y mediana minería provenientes de contratos de venta aprobados por la Corporación del Cobre correspondientes a producciones para las cuales no haya capacidad en los términos a que se refiere el Nº 2 de este artículo. Esta excepción se mantendrá por la cantidad y plazo que determine la Corporación del Cobre en la respectiva aprobación del contrato de venta.

La Empresa Nacional de Minería deberá declarar, antes del 30 de septiembre de cada año, la capacidad de fundición y refinación disponible para el año siguiente".

E) Se reemplaza el Nº 6 por el siguiente:

"6.- Las exportaciones de cobre blister destinadas a cumplir contratos que comprometan la venta de formas especiales que no se produzcan en el país, o destinadas a producir aleaciones, productos químicos u otros productos en que el cobre blister se usa directamente sin que medie un proceso de refinación. En todo caso estas ventas deberán efectuarse a fabricantes sin intermediarios y deberán contar con la aprobación especial de la Corporación para que proceda la excepción."

F) Se sustituye el texto del actual Nº 7 por el siguiente: "Las exportaciones de cobre "blister" de las empresas de la Gran Minería del Cobre que tengan actualmente contratos vigentes o los celebraren en el futuro, con la Empresa Nacional de Minería, para utilizar la refinería de Las Ventanas y que, con tres meses de anticipación al vencimiento de dichos contratos, obtuvieren su renovación o la celebración de nuevos contratos con ella, para el objeto señalado";

G) Se sustituye el inciso segundo por el siguiente: "Las cuestiones que pueden suscitarse con motivo de la aplicación o interpretación de las excepciones contempladas en los Nºs. 2 y 7 del presente artículo, entre los productores mineros y la Empresa Nacional de Minería u otras empresas nacionales de fundición o refinación, serán resueltas en única instancia y sin forma de juicio por la Corporación del Cobre";

H) El inciso cuarto se sustituye por el siguiente: "Respecto a las excepciones contempladas en los Nºs. 5 y 7, ellas se aplicarán sólo a la cantidad de cobre no refinado equivalente a la capacidad anual de la refinería para el primer caso y a la cantidad que ampare el contrato de refinación en el segundo caso".

2º.- Agregase el siguiente artículo nuevo:

"Artículo...- El impuesto establecido en el artículo 134 de esta ley, será depositado en una cuenta especial en el Banco Central de Chile, contra la cual sólo podrá girar la Empresa Nacional de Minería para los planes de creación, expansión y desarrollo de las Cooperativas de pequeños mineros y pirquineros.

El Banco Central de Chile remitirá a la Empresa Nacional de Minería, el día 10 de cada mes, una relación de todos los depósitos efectuados en la antedicha cuenta especial durante el mes calendario anterior.

La declaración jurada maliciosamente falsa que hiciere un exportador sobre los peros y leyes de origen del producto, será sancionada con pena de presidio o reclusión menor en su grado mínimo. El proceso correspondiente se iniciará por denuncia o querella de la Corporación del Cobre, cuando el Directorio de ésta, por acuerdo que cuente con el voto de las tres cuartas partes de sus miembros presentes, así lo decidiere. Las causas criminales que se originaren se tramitarán según el procedimiento establecido en el Libro II del Código de Procedimiento Penal, pero el juez podrá apreciar, la prueba en conciencia.

Artículo 22.- Modificase en los siguientes términos el número 11 del artículo 15 de la ley Nº 16.624:

a) Eliminase la coma que aparece después de la palabra "Conocer";

b) Sustituir la frase "en primera instancia, como árbitro", por la frase siguiente: "como árbitro en única instancia, de", y

c) Reemplazar el guarismo "3" por "2".

Artículo 23.- Interpretando el artículo 3º de la ley Nº 16.528, se declara que la exención tributaria de pleno derecho, a que se refiere esa disposición, y el número 5 del artículo 18 del Decreto de Economía Nº 1.270, de 27 de septiembre de 1966, no constituye exención al impuesto establecido en los artículos 134 y siguientes de la ley Nº 15.575.

El pago del impuesto será hecho en escudos, al cambio bancario vendedor, posición contado, vigente al día de la cancelación provisoria o definitiva, según el caso.

Junto con la correspondiente solicitud o registro de exportación, el exportador presentará una declaración jurada sobre el peso y ley de origen del producto y el número de libras de cobre fino contenido según los mismos análisis de origen, Además, adjuntará comprobante del depósito provisorio del impuesto, que haya efectuado en la cuenta especial de que se trata en el inciso primero, conforme a los indicado antecedentes de peso y ley de origen.

La Corporación del Cobre no podrá otorgar la autorización de exportación, sin que se hubiere dado cumplimiento a las exigencias señaladas en el precedente inciso. Cumplidas estas exigencias, la Corporación del Cobre así lo certificará al autorizar la exportación.

Una vez que la Corporación del Cobre haya verificado el peso y la ley definitivos del producto exportado, y dentro del plazo en que según las normas actuales o futuras deba procederse a liquidar las divisas provenientes del retorno, el exportador presentará a la Corporación del Cobre un comprobante de haber depositado, en la cuenta especial señalada en el inciso primero, la diferencia correspondiente al mayor impuesto definitivo que se determinare. El exportador que no diere cumplimiento a esta obligación, dentro de ese plazo y a satisfacción de la Corporación del Cobre, podrá hacerlo en cualquier tiempo, previa determinación del monto del impuesto definitivo según el nuevo cambio vigente y recargo de un 10% mensual. No obstante, mientras no hiciere el pago, no podrán serle autorizadas nuevas exportaciones de cobre. Todo esto se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso sexto.

En caso de que el impuesto definitivo resultare inferior al impuesto provisorio, la diferencia en favor del exportador será descontada por éste en el más próximo entere de impuesto provisorio que le corresponda hacer en futuras exportaciones. Si, en el mismo caso, transcurrieren seis meses desde el pago provisorio del impuesto sin que el interesado efectúe nuevas exportaciones, tendrá éste el derecho de solicitar devolución de la diferencia a la Empresa Nacional de Minería.

Artículo 24.- Se establecerá anualmente para cada productor de Cobre de la Mediana Minería, el costo de producción, y se agregarán 15 centavos de dólar por cada libra de cobre fino producido en el año, y la suma de ambos guarismos será el precio base.

Se entiende por sobreprecio, todo el excedente obtenido en la venta del cobre sobre el precio base.

El 50% del excedente a que se refiere el inciso anterior se destinará a beneficio fiscal y se aplicará sobre el total anual de las ventas de cobre que efectúe cada empresa, ya sea que se venda en forma de minerales, concentrados, precipitados, cementos, blister, ánodos o cualquier otra forma de cobre.

La norma del inciso anterior se aplicará cualesquiera que sean las exenciones o franquicias de que goce la empresa productora, por disposiciones legales o reglamentarias generales o especiales y se deducirá de la renta bruta para la determinación de las rentas imponibles.

Al Servicio de Impuestos Internos corresponderá la fiscalización del pago que deba enterar cada empresa productora según los precios bases establecidos en conformidad a lo dispuesto en el inciso 2º de este artículo.

Artículo 25.- Agregase al final del artículo 235 de la ley Nº 16.617 los siguientes incisos:

No obstante lo anterior, los intereses, primas, u otras remuneraciones que perciban los bancos comerciales, Banco del Estado de Chile, Banco Central de Chile, Corporación de Fomento de la Producción y Empresa de Comercio Agrícola, en razón de los préstamos u operaciones de crédito no reajustables que otorguen en moneda corriente a empresas extranjeras, estarán además afectos a una sobretasa de impuesto, que será determinada trimestralmente por el Ministerio de Hacienda a propuesta del Comité Ejecutivo del Banco Central.

Dicha sobretasa de impuesto será equivalente a la diferencia que exista entre el costo promedio del crédito en los mercados internacionales y el costo promedio del crédito en el sistema bancario chileno, una vez descontado el efecto de desvalorización monetaria.

Para estos efectos se considerará como empresas extranjeras a todas aquellas cuyo capital esté constituido en más de un 50% por aportes provenientes del exterior y a las filiales de empresas internacionales.

Las normas relativas al impuesto único al crédito, en lo que se refiere a la modalidad de cobro, excepciones y publicación, se hacen extensivas a la aplicación de esta sobretasa.

Artículo 26.- Declárase, interpretando la expresión "mandatarios en general" contenida en la letra b) del artículo 15 de la ley Nº 12.120, que dicha expresión se refiere a todas las personas que, como retribución de sus servicios, perciban ingresos sujetos a las disposiciones de los artículos 20, 21 y 36 números 2º y 3º de la Ley de la Renta.

Artículo 27.- Agregase en la letra c) del número 20 del artículo 19 de la ley Nº 12.120, a continuación de la expresión "7º" y antecedido de una coma (,), el guarismo "9°".

TITULO II

Del reajuste del Sector Privado.

Artículo 28.- Reajústense, desde el 1° de enero de 1970, en un porcentaje igual a la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos para el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969, las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo vigentes al 31 de diciembre de 1969, de los trabajadores, empleados y obreros del Sector Privado, no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 29.- Durante 1970 regirán las disposiciones de los artículos 85, 86, 87, 88, 89, inciso primero, 90, 91, 92 y 93 de la Ley Nº 16.840, de 24 de mayo de 1968, con la salvedad de que el porcentaje de reajustes a que ellas se refieren es el señalado en el artículo anterior de esta ley.

Se regirá por las disposiciones de esta ley el reajuste de remuneraciones de los obreros y empleados agrícolas que trabajan en predios pertenecientes a instituciones de previsión, en faenas directamente relacionadas con la agricultura, en los casos en que estén sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 30.- Las remuneraciones de los trabajadores, empleados y obreros del sector privado sujetas a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, se reajustarán de común acuerdo entre las partes. Si el reajuste pactado es superior a la variación que hubiese experimentado el Indice de Precios al Consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos durante el período de vigencia del convenio, contrato colectivo, acta de de avenimiento o fallo arbitral, el excedente será absorbido por las utilidades de la empresa, o industria sin que opere su posterior traspaso a los preciso de los bienes que ésta produce o expende. Para los efectos anteriores se tendrá en consideración el valor total que representa el convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral que pone término al conflicto, es decir, no sólo el reajuste de las remuneraciones, sino también el de las regalías que se pacten.

Artículo 31.- El salario mínimo para los obreros de la industria, del comercio y agrícolas será durante 1970 y a partir del 1º de enero de ese año, equivalente a Eº 1,50 por hora. Sin embargo, en los casos de salarios, remuneraciones o regalías convenidos en contratos o convenios colectivos, actas de avenimiento o establecidos por fallos arbitrales, en relación al salario mínimo, se entenderá que éste, a partir del 1º de enero de 1970, es el actualmente vigente reajustado en el ciento por ciento de la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969.

Artículo 32.- Los empleados ingresados con posterioridad al 6 de abril de 1960, en actual servicio, de la Empresa de Comercio Agrícola y los que ingresaren, tendrán el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y se les aplicarán los párrafos 13, 18, 19 y 20 del título 2º; artículo 143 y títulos 49 59 del D.F.L. 338 de 1960, sin perjuicio de las demás disposiciones de los Estatutos Internos del Personal de la Empresa.

En ningún caso esta disposición significará disminución de las actuales rentas de los empleados ni supresiones de cargos.

Artículo 33.- A contar de la vigencia de la presente ley la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, podrá contratar préstamos en el Banco del Estado u otra institución bancaria, que le permitan cancelar lo adeudado a su personal que ha sido declarado cesante o jubilado, especialmente, los desahucios, en conformidad a la ley Nº 7.998.

El préstamo señalado sólo será para cancelar deudas a sus ex servidores que permanecen impagos de sus beneficios.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado autorizará el préstamo con los valores que ingresa de los descuentos directos del personal consultado en la ley Nº 7.998. Su interés será el mínimo y de cargo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

Artículo 34.- Derógase el artículo 65 de la ley Nº 17.073, de 31 de diciembre de 1968.

El mayor ingreso tributario derivado de la Supresión de la franquicia a que se refiere el inciso anterior, se destinará a los programas de operación sitio, préstamos a cooperativas y viviendas populares urbanas y rurales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

Artículo 35.- Durante el año 1970 los organismos públicos encargados de la fijación de precios no podrán autorizar reajustes en un porcentaje superior a un 28% respecto de los precios vigentes en el mes de diciembre de 1969. Esta disposición se aplicará especialmente respecto de los productos de primera necesidad, los artículos sujetos a márgenes de comercialización y las tarifas de los servicios de utilidad pública. En ningún caso las autoridades podrán conceder más de un alza para un mismo producto en el curso del año 1970.

Otorgado que sea un reajuste de precios, el Director de Industria y Comercio o el Jefe del Servicio respectivo, si el alza se hubiere concedido por un servicio distinto, deberá remitir dentro del plazo de 5 días a las Oficinas de Informaciones de ambas ramas del Congreso Nacional los estudios de costos y todos los antecedentes económicos y legales que hayan servido de base a la adopción de dicha medida.

Quedan excluidos de las limitaciones que establece el presente artículo los precios de los productos agropecuarios de procedencia nacional, los que quedarán sometidos a la política que determine el Ministerio de Agricultura.

Artículo 36.- Constitúyese una Comisión Paritaria integrada por seis funcionarios del Ministerio de Hacienda y seis representantes de los funcionarios públicos nominados por la Central Única de Trabajadores, para que en el plazo de seis meses a contar de la promulgación de esta ley estudie los sistemas de remuneraciones del sector público civil, de carreras funcionarías, con todos los mecanismos relativos a escalas de remuneraciones, y proponga al Presidente de la República sistemas de ingresos, ascenso, perfeccionamiento y demás materias afines. Los integrantes de esta, Comisión podrán contar con la asesoría técnica necesaria y serán nombrados por Decreto Supremo dentro del plazo de 15 días de promulgada esta ley.".

Sala de las Comisiones Unidas, a 11 de diciembre de 1969.

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Cerda (Presidente), Acevedo, Alessandri, don Gustavo; Arnello, Atencio, Avendaño, Cabello, Cademártori, Carrasco, Figueroa, Fuentealba, don Clemente; Fuentes, don Samuel; Godoy, señora Lazo, doña Carmen; Lavandero, Maira, Páez, Riesco, Ríos, don Héctor; Sabat, Schleyer, Schnake, Temer, Urra y Vergara.

Se designó Diputado informante al señor Cerda (Presidente.-

(Fdo.) : Carlos Olivares Santa Cruz Secretario."

ANEXO DE DOCUMENTOS

ACTA

En Santiago de Chile, a 24 de noviembre de 1969, entre las Federaciones de Trabajadores de la Salud y la de Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional de Salud y el señor Subsecretario de Salud, Dr. Patricio Silva Garín, se ha convenido lo siguiente:

1.- Las Escalas de Sueldos del personal del S.Ñ.S. para 1970, considerada la Escala Directiva Profesional y Técnica y las Escalas Administrativas A y B, equivaldrá a un 94% de las Escalas de Sueldos de la Administración Civil del Estado (ANEF).- Se deja constancia de que la Escala ANEF para el año 1970 será aquella que se acuerde entre los señores Ministros del Interior y Hacienda, CUT y Comando de Trabajadores del Estado. Se entiende que en dicho porcentaje, deberá incluirse la Bonificación del 7,5% otorgada para dicha. Escala en el año 1968; la Asignación especial del 20% otorgada para 1969; el reajuste que se otorgue a dicha Escala para 1970 y cualquier otra clase de Asignación, Bonificación o remuneración anexa adicional que se otorgue a dicho Personal.

2.- El Personal del S.N.S. y de la Subsecretaría de Salud, excluida de ambas partes el Personal afecto a, la ley 15.076, recibirá durante el año 1970 una Bonificación no imponible, ascendente a Eº 1.140 y distribuida de la siguiente manera :

Mes de marzo Eº 400,

Mes de septiembre Eº 340,

Mes de diciembre Eº 400.

Se deja expresa constancia que en el cálculo del monto de esta bonificación, se ha considerado como reajuste para el año 1970, un aumento del 28%, el que correspondería a un alza del índice de precios para 1969 equivalente a dicho porcentaje. De este modo, si el alza del índice de precios fuera mayor, se incluirá la diferencia del total en la cuota de septiembre.

2.- Declárase que las Planillas Suplementarias que perciben los funcionarios, materia del presente acuerdo, serán reajustadas a contar del 1º de enero de 1970 en el mismo porcentaje que corresponda al reajuste general de sueldos.

4.- Las horas extraordinarias diurnas, nocturnas, domingos y festivos se pagarán a contar del 1º de enero de 1970 en conformidad a las Escalas a que se refiere el punto 1º del presente acuerdo.

5.- Las partes están de acuerdo en que el Ministerio de Salud remitirá al Honorable Congreso Nacional un proyecto de ley en que se considerarán los siguientes aspectos, en conformidad a las indicaciones que se adjuntan al Acta:

a) Paso a la Planta del Personal Contratado, y a Jornal.

b) Jornada de trabajo para la Planta Administrativa A y B y Profesionales y Técnicos.

c) Casa del Trabajador de la Salud

d) Reajuste Bonificación 1969.

e) Imposibilidad para el personal que se acoja a jubilación.

f) Plazo para proveer los cargos vacantes por ascensos.

g) Indicación renovada sobre Escalafones.

6.- Se declara que en cumplimiento de la política de Salud para el mejor logro de las aspiraciones de los Trabajadores dela Salud y Profesionales y Técnicos, continuarán funcionando las comisiones a que se refiere la Resolución Nº 51, de 20 de octubre de 1969, de la Subsecretaría de Salud.

ACTA DE ACUERDO

En Santiago, a 3 de diciembre de 1969, entre los Ministros del Interior, don Patricio Rojas S., y de Hacienda, don Andrés Zaldívar L., en representación del Supremo Gobierno, y la Central Única de Trabajadores de Chile, representada por don Luis Figueroa, Presidente; don Bayardo González y don Sergio Sánchez, Vicepresidentes; y don Hernán' del Canto, Secretario General, se ha acordado lo siguiente:

1º.- El reajuste general de remuneraciones del Sector Público para 1970, se hará sobre las siguientes bases:

a) Se reajustarán las remuneraciones totales de los funcionarios del Sector Público, comprendidos en este acuerdo, incluidas las de las Municipalidades y excluidas las horas extraordinarias y las asignaciones de alimentación, las que se fijan en función de sueldos" vitales y las que constituyen porcentajes de los sueldos en un 28%, acontar de enero de 1970.

Si el índice de precios al consumidor que entrega la Dirección de Estadística y Censos experimentare entre el 1º de enero de 1969 y el 31 de diciembre de 1969 un alza superior al 29,5%, el reajuste mencionado se incrementará en tantos puntos y/o fracciones de punto como sean los que excedan del 29,5% en el alza del índice antes señalado.

b) La asignación familiar se reajustará en un 100% del alza que experimente el índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969.

c) Se otorgará a contar del 1º de enero de 1970 una, bonificación complementaria y permanente de Eº 20 mensuales por cada carga familiar a todos los funcionarios públicos civiles comprendidos en este acuerdo, que gozan de asignación familiar fiscal y que en el año 1969 asciende a Eº 37. Dicha bonificación será reajustada en los años siguientes en los mismos términos que lo sea la asignación familiar base.

d) La asignación no imponible del 7,5% otorgada por la ley Nº 16.840 se incorporará a contar del 1º de enero de 1970 a la escala de sueldo del D.F.L. Nº 40 y sus modificaciones, denominada ANEF. En el resto de las escalas de sueldos en que se aplique esa asignación se mantendrá como asignación para, los funcionarios que la perciben, con carácter de sueldo para todos los efectos legales y de imponible en la misma proporción en que lo sea el sueldo base. La cantidad que corresponda a esa asignación se reajustará al igual que el sueldo base, de acuerdo a la letra a) precedente.

e) A contar del 1º de enero de 1970 será imponible el 70% del total de las remuneraciones de los funcionarios públicos, sin perjuicio de los porcentajes superiores de inoponibilidad que establece la legislación vigente, y siempre que dichas remuneraciones tengan el carácter de generales y permanentes, excluyéndose, por tanto, de la inoponibilidad las transitorias y eventuales y las que tienen carácter de provisionales, o de seguridad social.

f) Se declara que el reajuste general del año 1970, ya especificado, se aplicará sobre las remuneraciones y asignación familiar vigentes después de incorporar a ellas las bonificaciones transitorias de 20% y 28%, respectivamente, contempladas en el D.F.L. Nº 1, de 1969.

g) Se designará una Comisión Gobierno-Central Única de Trabajadores, para que en el plazo de seis (6) meses estudie el sistema de remuneraciones del Sector Público Civil y proponga sistemas de Carrera Civil Funcionaría con todos los mecanismos relativos a escalas de remuneraciones, sistemas de ingreso, ascenso, perfeccionamiento y demás materias afines.

h) El monto de la asignación de alimentación para el personal a que se refiere el artículo 41 de la Ley de Presupuestos vigente será de Eº 4 diarios a contar del 1º de enero de 1970.

i) El descuento de la primera diferencia de remuneraciones que debe integrarse en la Caja de Previsión respectiva, correspondiente al primer mes de reajuste, se hará efectiva en seis (6) cuotas mensuales.

2º.- El reajuste de remuneraciones del sector privado para el año 1970, se hará bajo las siguientes bases:

a) Los trabajadores, obreros y empleados, no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, recibirán a contar del 1° de enero de 1970 un reajuste sobre sus remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo vigentes al 31 de diciembre de 1969, equivalente al 100% de la variación que hubiere experimentado el Indice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadística y Censos para el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969;

b) Los trabajadores, empleados y obreros, sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, reajustarán sus remuneraciones, al término de dichos acuerdos, en los porcentajes o montos que libremente se pacten o acuerden;

c) El salario mínimo obrero para la industria y agricultura será" de Eº 12 diarios, a contar del 1º de enero de 1970, incluido en él el reajuste contemplado en la letra a) precedente;

d) El Servicio de Seguro Social fijará a contar del 1º de enero de 1970 una asignación familiar de Eº 1,50 por carga y por día trabajado, entendiéndose incluido en dicha suma el reajuste correspondiente a la variación del Indice de Precios al consumidor experimentada entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969.

3º.- El proyecto de ley o indicaciones que contendrán los acuerdos antes señalados, salvo la letra d) precedente, se presentará por el Ejecutivo dentro del plazo de seis días a contar de esta fecha y ambas partes procurarán su pronto despacho, solicitando al Honorable Congreso su tramitación con la máxima urgencia.

4º.- El reajuste que contempla este acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1970.

5º.- Se declara que forman parte integrante de este acuerdo los arreglos, reestructuraciones y reajustes especiales comprometidos a esta fecha entre el Gobierno y diversos gremios de servidores públicos, los que serán incorporados al proyecto de ley durante su tramitación, excepto los personales del Magisterio que se rigen por el artículo 3º de la ley Nº 16,930.

Previa lectura y ratificación firman esta acta:

Patricio Rojas S., Ministro del Interior.- Andrés Zaldívar L., Ministro de Hacienda.- Luis Figueroa M., Presidente de la CUT.- Hernán del Canto, Secretario General de la CUT.- Bayardo González, Vicepresidente de la CUT.- Sergio Sánchez, Vicepresidente de la CUT.

3.- INFORME DE LA COMISIONES UNIDAS DE GOBIERNO INTERIOR Y HACIENDA

"Honorable Cámara:

Las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y Hacienda, pasan a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje con urgencia calificada de "extrema", por el cual se reajustan las remuneraciones del personal de los sectores público y privado.

La Cámara, junto con calificar de "extrema" dicha urgencia, acordó utilizar el sistema contemplado en el Reglamento para la suma urgencia respecto de la renovación de las indicaciones.

Asistieron a las Comisiones Unidas a proporcionar diversos antecedentes para el mejor estudio del proyecto, el señor Ministro de Hacienda, don Andrés Zaldívar, los Subsecretarios de Hacienda, don Florencio Guzmán, de Previsión Social, don Álvaro Covarrubias, del Trabajo, don Ernesto Yavar; el Superintendente de Seguridad Social, don Carlos Briones, la señora Victoria Arellano por la Dirección de Presupuesto, los dirigentes de la Central Única de Trabajadores, señores Hernán del Campo, Edmundo Polanco y Mario Merino.

La Cámara acordó enviar el proyecto en examen a las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y de Hacienda, las que, reglamentariamente, dispusieron para tal efecto del reducido plazo de un día, durante el cual sesionaron nueve horas en forma prácticamente interrumpidas.

Comprenderá la Honorable Cámara que, debido al escaso tiempo disponible y a pesar de la acuciosidad y del considerable esfuerzo desplegó, resulta imponible que las Comisiones Unidas puedan presentar un informe tan completo como la importancia de la materia sometida a su estudio justificaría normalmente.

Estas consideraciones han determinado que el presente dictamen deba restringirse en su análisis a los conceptos principales de dicha iniciativa legal y renunciar, en consecuencia, a reseñar en detalle, como hubiera sido deseable, el sentido y el alcance de cada una de sus disposiciones.

Conocen los señores Diputados el persistente proceso inflacionario que afecta a la economía nacional, fenómeno que trae como consecuencia inevitable un paulatino decrecimiento del poder adquisitivo de la moneda, en desmedro, principalmente, del sector asalariado de nuestro país.

Al respecto, se ha dicho que la desvalorización monetaria equivale, en el hecho, a un impuesto inaparente que grava en mayor medida a los sujetos de menores recursos económicos, puesto que su tasa aumenta en la misma proporción en que el ingreso personal es más bajo.

En efecto, mientras más reducida es la renta que un individuo percibe, mayor es la proporción de ella que debe necesariamente mantener en dinero, el que es afectado fatalmente por la desvalorización.

Por tal motivo, todos los Gobiernos de los últimos años, junto con empeñarse en dominar dicho proceso inflacionario, han debido patrocinar anualmente reajustes generales de remuneraciones, que permitan devolver a los sueldos y salarios todos o parte de su poder adquisitivo inicial.

Ello explica también, el que guiados por un principio de equidad, hayan propiciado, asimismo, en forma periódica, aumentos especiales para aquellos sectores cuyas justas aspiraciones de mejoramiento económico se han visto más postergadas, con el objeto de elevarlos en la medida de lo posible, al nivel de remuneraciones alcanzado por el personal del resto de la administración pública.

En concordancia con lo anterior, se expresa en la exposición de motivos del proyecto en estudio que, "Como a pesar de los esfuerzos del Gobierno el proceso inflacionario continúa latente, se hace indispensable restituir a las remuneraciones el valor adquisitivo perdido durante el año en curso".

Para tal objeto, el Gobierno celebró numerosas reuniones con representantes de la Central Única de Trabajadores de Chile, las que culminaron el día 3 del presente con la suscripción de un acta de acuerdo, en la que se convinieron las normas básicas por las cuales debía regirse el reajuste, documento que, por acuerdo de las Comisiones Unidas, se adjunta al final del presente informe.

Consecuencialmente, estas normas inspiran en forma determinante al proyecto en examen.

Como se expresa en el Mensaje, el reajuste de las remuneraciones del sector público se otorga de acuerdo con las siguientes normas:

1.- Se concede un aumento general de 28 % para todas las remuneraciones permanentes, siempre que el costo de vida durante 1969 tenga un incremento inferior al 29,5%. Si, por el contrario, fuere superior, el reajuste se aumentará en los puntos y fracciones que excedan el 29,5%.

2.- La asignación familiar se reajusta en el mismo porcentaje en que aumente el costo de vida durante 1969.

Asimismo, se otorga una asignación familiar complementaria de veinte escudos por carga, que representa una redistribución, en función de las cargas de familia, de la diferencia entre el 29,5% y el 28% de aumento del costo de vida que no se otorga a las demás remuneraciones.

De esta manera, un funcionario con tres cargas familiares que perciba una renta de Eº 700,00, que puede estimarse como un sueldo promedio dentro de la Administración Pública, tendría un reajuste de 34,4% y no de un 28%, puesto que se beneficia con la redistribución antes mencionada, que opera a través de la asignación familiar. Por otra parte, ésta subiría en 1970 a Eº 78,00 por carga, lo que implica un aumento del 80%.

3.- La asignación de 7,5% de la Ley Nº 16.840, que caduca en este año, se mantiene con carácter permanente, mediante la incorporación al sueldo respecto de los funcionarios afectos al D.F.L. Nº 40, y como asignación imponible, respecto de los demás.

El mayor gasto que significa esta incorporación como sueldo, es del orden de noventa y ocho millones de escudos, lo que significa en el hecho, un punto coma cinco de reajuste, aproximadamente.

Cabe destacar, asimismo, que la bonificación de 7,5% se pagaba de abril a diciembre y ahora se hará desde enero a diciembre, como consecuencia de haber sido incluida en los sueldos.

Además, según datos proporcionados a las Comisiones Unidas, existen acuerdos entre diversos gremios y el Gobierno, con el objeto de mejorar las rentas de los sectores más postergados, reajuste que fluctuaría entre un 14% y un 60 ó 70%.

Estos convenios especiales, que beneficiarían a 23 servicios, aumentarían el promedio del reajuste al sector civil a un 40% aproximadamente.

El costo del reajuste de la Administración Pública, ascendería a una suma del orden de los tres mil quinientos millones de escudos (Eº 3.500.000.000), a la que sería preciso agregar doscientos millones de escudos (Eº 200.000.000) que ya están contemplados en la Ley de Presupuestos para dar cumplimiento al Acuerdo Magisterial, como, también para financiar parte de los reajustes especiales que se otorgaron a las Fuerzas Armadas en virtud del D.F.L. Nº 1 y que sólo tuvieron vigencia por un cuatrimestre en el presente año.

Sobre el particular, el señor Ministro de Hacienda manifestó que, sustentando la tesis del Ejecutivo en orden a excluir el pago de los dos tercios de lo que corresponde al sector pasivo de las Fuerzas Armadas, el monto total del reajuste de la Administración Pública sería del orden de los tres mil setecientos millones de escudos (Eº 3.700.000.000).-

El costo del reajuste, según el Acta suscrita por el Gobierno y la Central Única a de Trabajadores es de dos mil doscientos diecinueve millones de escudos (Eº 2.219.000.000).- Dicho gasto se afrontará con los recursos consultados en el ítem 006, Provisión para Reajustes, del Presupuesto del Ministerio de Hacienda para el año 1970 y con el mayor ingreso arancelario de cincuenta millones de escudos (Eº 50.000.000), aproximadamente, que producirá un artículo declarativo en relación con el régimen arancelario de las coberturas diferidas, el que permitirá eliminar las franquicias otorgadas a las importaciones de bienes de capital, autorizadas con dichas coberturas.

Según expresó el señor Ministro de Hacienda, existe un posible desfinanciamiento que fluctuaría entre 100 y 130 millones de escudos, considerando solamente el pago del 40% del reajuste de los pensionados de las Fuerzas Armadas, pues en caso de pagarse éste en su integridad, el déficit sería del orden de los seiscientos treinta millones de escudos (630.000.000 de escudos).-

En atención a esta circunstancia, las Comisiones Unidas prestaron su aprobación a indicaciones que tienen por objeto proporcionar al proyecto un holgado financiamiento.

Cabe mencionar, en primer lugar, el artículo 24, nuevo, que establece una sobretasa a las ventas de la libra de cobre fino producido en el año, proveniente de la Pequeña Minería, gravamen cuyo rendimiento se estima en la suma de US$ 10.632.074, sobre la base de que la libra de cobre alcance un precio promedio de sesenta centavos de dólar.

Asimismo, el artículo 21, nuevo, establece un gravamen a la Pequeña y Mediana Minería de dos centavos de dólar por tonelada de cobre, que debe producir una mayor entrada de cincuenta millones de escudos (Eº 50.000.000), tomando en consideración la actual capacidad de fundición y refinación de la Empresa Nacional de Minería.

Se aprobó también una indicación que establece una sobretasa de impuesto a los intereses primas u otras remuneraciones que perciban los bancos comerciales del Estado y Central de Chile; como, asimismo, la Corporación de Fomento de la Producción, en razón de préstamos no reajustabas otorgados en moneda corriente a empresas extranjeras.

Esta disposición tiene por objeto evitar que dichas empresas contraten préstamos en Chile, que les resultan más baratos, pero que restan posibilidades de financiamiento a los industriales nacionales.

Finalmente, se aprobaron dos indicaciones formuladas por el señor Ministro de Hacienda, que dieron origen a los artículos 26 y 27 del proyecto, respectivamente.

El artículo 26 tiene por objeto aclarar la ley de impuesto a las compraventas, en lo que se refiere al impuesto de cifra de negocios. Se ha llegado a la conclusión de que por un error de habían gravado todas las comisiones o pagos que se hacen a los mandatos generales, pero no se había gravado a los mandatos generales de las personas que tributan en la segunda categoría, y que realmente ejercen un mandato general, como es el caso de los asignatarios de vegas, ferias, comisionistas, corredores, etc.

Se estima que la aplicación de este artículo producirá una suma de 700 u 800 millones de escudos.

El artículo 27, permite solucionar un problema de interpretación que se ha creado con la ley de compraventa. Si se la interpretará estrictamente, tendría que aplicarse el impuesto de cifra de negocios a los intereses que pagan tanto el Banco del Estado como los bancos comerciales a los particulares por los depósitos efectuados por ellos.

Después de un estudio hecho por Impuestos Internos, se ha llegado a la conclusión de que debiera aplicarse en esa forma, pero también, se advirtió la imposibilidad de hacerlo, puesto que la ley habla de los depósitos hechos por comerciantes, industriales y mineros y siempre que las sumas depositadas provengan del ejercicio de sus actividades. Es muy difícil que el Banco del Estado o los bancos particulares puedan precisar si los fondos depositados por una persona provienen de su actividad de comerciante, industrial o minero o de otro trabajo.

El Ejecutivo, al proponer la modificación de la ley Nº 12.120 el año 1966, con las enmiendas hechas en el año 1968 no pretendió realmente gravar a los intereses de los depósitos hechos en los Bancos, puesto que ello va en contra de todo tipo de política de ahorro. Por esa razón, el Gobierno solicitó su aclaración, lo que no significa un menor rendimiento.

En lo que respecta al sector privado, el proyecto distingue entre los trabajadores cuyas remuneraciones y condiciones de trabajo están determinadas en convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales y aquellos que están regidos solamente por los correspondientes contratos de trabajo.

Respecto de estos últimos, que se encuentran en inferioridad de condiciones, establece que sus remuneraciones se reajustarán, a partir del 1º de enero de 1970, en un porcentaje igual a la variación que experimente el índice de precios al consumidor, en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969.

El artículo 20 del proyecto tiene por objeto aclarar que el Presidente de la República tiene la facultad de modificar el Arancel Aduanero, en lo relativo al establecimiento de un régimen diverso para las importaciones con cobertura diferida, sin que constituya un régimen especial a los cuales se refiere el inciso segundo del artículo 187 de la ley Nº 16.464.

El artículo 29 dispone que durante 1970 rijan las disposiciones de los artículos 85, 86, 87, 88, 89 inciso primero, 90, 91, 92 y 93 de la ley Nº 16.840, con la salvedad que se indica.

El objeto de este precepto es el de incorporar normas que siempre se han incluido en los proyectos de reajuste al sector privado, que dicen relación con la forma de aplicarlo en casos especiales. En el orden que se señalan las disposiciones, ellas se refieren a los obreros agrícolas (artículo 85), a los garzones (artículo 86), a los empleados de archivo, notarías o conservadores de bienes raíces (artículo 87), a la hora semanal de clase de los profesores a que se refiere la ley Nº 10.518 (artículo 88), a las remuneraciones en moneda extranjera (artículo 89 inciso primero), a las remuneraciones a trato (artículo 90), a las rentas mínimas, vitales y de reajustes (artículo 91), a las Empresas del Estado que tengan la facultad de celebrar convenios colectivos de trabajo (artículo 92), etc.

El artículo 34 suprime determinadas franquicias de que gozan actualmente las empresas constructoras, medida que permitirá obtener un mayor ingreso de Eº 50.000.000, que se destinará a financiar préstamos a cooperativas de viviendas urbanas y rurales a través del Ministerio e la Vivienda y Urbanismo.

En seguida, se aprobó una indicación que crea un artículo nuevo, que pasa a ser 35, por el cual se fija un mecanismo para establecer un tope máximo en el reajuste de los precios, con excepción de los correspondientes a productos agropecuarios de procedencia nacional.

Las Comisiones Unidas aprobaron por unanimidad este artículo.

El artículo 4º concede en el año 1970 a los empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción de los que se señalan en su texto, una bonificación no imponible que no se considerará sueldo para ningún efecto legal y que se pagará en los meses de marzo, septiembre y diciembre por las sumas de Eº 400, Eº 340 y Eº 400, respectivamente.

Durante la discusión de este artículo se formuló una indicación, que la Mesa, en uso de sus facultades reglamentarias, declaró improcedente, y que tenía por objeto elevar a Eº 355 la cuota de la bonificación correspondiente a septiembre. Sus autores fundamentaron esta indicación en que la, cifra que ellos proponían, correspondería al alza que debía producirse, respecto de la suma consultada en el proyecto, de acuerdo con la fluctuación que de aquí al 31 de diciembre de 1969 experimentara el índice de precios. El monto total de esta bonificación se ha establecido en el proyecto sobre la base de un alza del costo de la vida de un 28%; si esta alza es mayor, dicha suma debía elevarse.

Las Comisiones Unidas acordaron dejar constancia en este informe que el espíritu con que se aprobaba este artículo era el de que debían hacerse las correcciones pertinentes en su oportunidad, de acuerdo con el contexto del proyecto, si el índice de precios que se utilizó para hacer estos cálculos en el Acuerdo CUT Gobierno sufre aumentos. Para reforzar esta idea se acogió la proposición de transcribir el texto del Acta suscrita por el Gobierno con la Central Única de Trabajadores en este informe, acuerdo que se cumple con la agregación de dicha Acta como documento anexo.

El señor Ministro de Hacienda declaró en el seno de las Comisiones Unidas que, una vez conocida el alza del índice de precios, se procedería a hacer las correcciones pertinentes.

Las Comisiones Unidas aprobaron este artículo por unanimidad.

El artículo 5º fue modificado por las Comisiones Unidas, en su inciso tercero, mediante la agregación de la palabra "base" a continuación de la expresión "con el carácter de sueldo".

Esta modificación se hizo para constituir el precepto en regla de general aplicación, sin que fuera necesario dictar una norma especial para determinados servicios.

Las Comisiones Unidas aprobaron este artículo por unanimidad.

El artículo 7º dispone que a partir del 1º de enero de 1970 serán imponibles las remuneraciones y demás emolumentos que se expresan de los empleados a quienes se aplica el artículo 99 de la ley Nº 16.617.

El inciso segundo establece que el reajuste de las pensiones a que dé lugar la aplicación de este artículo será de cargo de la respectiva Caja de Previsión. No obstante, para que no quedaran excluidos de sus beneficios aquellas personas que reciben sus pensiones de organismos distintos de las Cajas de Previsión, las Comisiones acogieron una indicación que agrega al final del inciso segundo de este artículo la siguiente frase: "u otras instituciones o empresas que paguen pensiones".

Las Comisiones Unidas aprobaron por unanimidad este artículo y su modificación.

El artículo 11 tiene por objeto mantener vigentes ciertas normas que tradicionalmente se han incorporado a todos los proyectos de reajustes. Al efecto, esta disposición establece que se aplicarán para el otorgamiento del reajuste a que se refiere el Párrafo 3" las reglas contenidas en los artículos 90, 93, 94, 95, 131 inciso tercero, y 132 de la ley Nº 16.617, reemplazándose la referencia al año 1967 por la de 1970 en los artículos 94 y 132.

Los preceptos referidos prescriben lo siguiente:

El artículo 90, que se mantienen vigentes todos los sistemas de remuneraciones mínimas, y que los aumentos que correspondan en virtud de dichos sistemas no podrán sumarse a los de esta ley;

El artículo 93, que no tendrá derecho a este reajuste el personal cuyos estipendios estén fijados en oro o en moneda extranjera, mientras subsista para él esta forma de remuneración;

El artículo 94, que en el caso de estar fijados en porcentajes del sueldo la gratificación de zona, las horas extraordinarias y las remuneraciones de cualquiera naturaleza, se calcularán sobre el sueldo reajustado desde el 1º de enero de 1970;

El artículo 95, que las cifras que resulten de aplicar la ley y los porcentajes imponibles y no imponibles se ajustarán al entero más cercano divisible por doce. Esta disposición no se aplicará al valor de la hora de clase;

El inciso tercero del artículo 131, que para los efectos de la aplicación de este reajuste no regirán las limitaciones establecidas en los artículos 35 de la ley número 11.469 y 109 de la ley Nº 77.860; y

El artículo 132, que se faculta a las Municipalidades para modificar los presupuestos correspondientes a 1970, con el objeto de considerar los mayores gastos que le impone esta ley.

El artículo 12 del proyecto estatuye que "con lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley se entiende cumplido lo ordenado por el artículo 33 inciso segundo de la ley Nº 15.840". Este último precepto ordena que el Presidente de la República fijara anualmente la remuneración correspondiente al grado 1º de la planta del personal de la Dirección General de Obras Públicas.

Con la norma contenida en este artículo 12 del proyecto se da por cumplida dicha obligación y, en consecuencia, de acuerdo con el régimen decreciente de remuneraciones para los grados sucesivos queda automáticamente fijado el reajuste para los demás funcionarios de este servicio.

El artículo 13 establece que las pensiones que se reajustan de acuerdo con su similar en servicio activo recibirán, como mínimo, el mismo porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1º de la ley sobre la pensión al 31 de diciembre de 1969.

El señor Ministro de Hacienda manifestó que este artículo tenía por objeto atender la situación de un grupo de pensionados de los Servicios de Hacienda, Impuestos Internos y Aduanas a quienes se les permitió incorporar a su jubilación una asignación del orden del 50%. Al no existir esta disposición estas personas recibirían un reajuste inferior al contemplado en el artículo 1º.

Para perfeccionar esta norma y adecuarla al contexto del proyecto, las Comisiones Unidas acogieron una indicación para agregarle después de la expresión inicial "Las pensiones" la siguiente frase: "del personal a que se refiere el inciso primero del artículo 1º de esta ley".

El artículo 14 ordena al Presidente de la República entregar durante 1970 a las Instituciones que señalan las cantidades necesarias para dar cumplimiento a la presente ley. El artículo 239 de la ley 239 de la ley Nº 16.840 que menciona esta disposición, enumera los servicios a los que deben entregarse las cantidades señaladas.

Esta misma norma se establecía antes para las Municipalidades, pero dejó de hacerse desde que estos organismos cuentan con una participación porcentual de los impuestos básicos del Fisco, como son las contribuciones de bienes raíces y el impuesto a la renta.

Las Comisiones Unidas aprobaron este artículo por unanimidad.

El artículo 15 hace extensivo el reajuste a los que gozan de la remuneración máxima establecida en el D.F.L. Nº 68, de 1960. Este decreto con fuerza de ley establece el sueldo tope en la Administración Pública, que consiste en una suma fija. Todos los años se va subiendo esta cifra en el mismo porcentaje de reajuste de las demás rentas, porque si así no se hiciera las personas que están en el tope no recibirían reajuste.

Las Comisiones Unidas aprobaron por unanimidad este artículo con la sola modificación de agregarle la expresión "de 1960" a continuación de "D.F.L. Nº 68", con el objeto de precisar la referencia legal respectiva.

Sin perjuicio de las observaciones anteriores, se analizan a continuación las normas más importantes contenidas en el articulado del proyecto o las que por su complejidad requieren una explicación respecto de su contenido o aquellas que hayan sido objeto de modificaciones o de extenso debate en el seno de las Comisiones Unidas.

El artículo 1º establece el porcentaje y las normas básicas de reajuste de las remuneraciones de los empleados y obreros del sector público para el año 1970.

Las Comisiones Unidas acogieron una indicación para agregar al inciso cuarto de este artículo una frase que diga "y personal del Magisterio que se rige por el artículo 3º de la ley Nº 16.930". La disposición recién mencionada señala un mecanismo especial de reajuste para el Magisterio. De ahí la razón de ser de esta agregación.

Las Comisiones Unidas aprobaron por unanimidad este artículo y la indicación mencionada.

El artículo 2° reajusta la asignación familiar a contar del 1° de enero de 1970, en un 100% del alza que experimente el Índice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969, y señala las bases para la aplicación de este mandato legal.

El inciso segundo establece, a contar del 1º de enero de 1970, una bonificación complementaria y permanente de Eº 20 por cada carga de familia que dé derecho a la asignación a que se refiere el inciso primero y que perciban los funcionarios a quienes corresponda aplicar el artículo 1º del proyecto en

Informe. A esta bonificación se le dan las mismas características jurídicas de la asignación familiar, por lo que no podrá ser retenida ni embargada, no será imponible; estará exenta de toda clase de impuestos y será reajustada en el futuro en igual forma que la asignación familiar base.

Las Comisiones Unidas aprobaron por unanimidad este artículo.

El artículo 3º, el primero sobre normas especiales de este proyecto, hace aplicable al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud lo dispuesto en el artículo 1º de la ley y exceptúa al regido por la ley Nº 15.0766 y al que está sujeto a tarifado gráfico. Establece, además, en el inciso segundo, otras normas aplicables al personal del Servicio Nacional de Salud.

Indicaciones rechazadas

Artículo 11

De los señores Cabello, Fuentealba, don Clemente, y Fuentes, don Samuel, para suprimirlo.

De los señores Lorca, Alessandri, Frías y Godoy para agregar la siguiente frase intercalada a continuación de la palabra "activo": "excluidas las que benefician al personal pensionado y montepiado de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Servicio de Investigaciones y Subsecretarías de Defensa Nacional".

Artículo 21

De los señores Cabello, Fuentealba, don Clemente, y Fuentes, don Samuel, para reemplazar la primera frase, hasta la palabra "hora", por la siguiente: "El salario mínimo para los obreros de la industria, del comercio y agrícolas será de Eº 16 a contar del 1º de enero de 1970".

Artículos nuevos

De la señora Lazo y el señor Schnake, para agregar el siguiente:

"Artículo...- Establécele una indemnización por años de servicios, con cargo al empleador, equivalente a un mes completo del sueldo o salario, incluidas las gratificaciones y asignaciones familiares, por cada año de trabajo o fracción superior a seis meses, en favor de los empleados y obreros del sector privado, para el caso de que sean despedidos o terminen sus contratos, salvo que hayan incurrido en alguna causal de caducidad del contrato de las establecidas en los números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11 del artículo 2° de la ley Nº 16.455.

Esta indemnización será compatible con cualquiera otra legal o convencional, debiendo aplicarse en cada caso aquella que sea más favorable al obrero o al empleado afectado y se calculará sobre la base del último mes de remuneración que éste haya gozado, pero con un máximo de 50 sueldos vitales mensuales escala a) del departamento de Santiago".

De los señores Maira, Phillips, Arnello, Urra y señora Lazo para agregar el siguiente:

"Artículo...- Declárase que el inciso 4º del artículo 1º de la ley Nº 17.015 de 31 de octubre de 1968, se limitó a derogar el párrafo 49 del Título II del D.F.L. 338 de 1960 y el artículo 20 de la ley Nº 7.295, respecto de los servicios enumerados en el mismo precepto, y sólo a contar desde el 1º de enero de 1969. En consecuencia, los funcionarios que adquirieron antes de esa fecha alguno de los beneficios establecidos en el referido párrafo o en el artículo citado, lo han conservado con posterioridad a ella."

Del señor Aguilera, de la señora Lazo y del señor Fuentealba, don Clemente, para agregar el siguiente:

"Artículo...- Los asegurados independientes del Servicio de Seguro Social, tendrán derecho a percibir el beneficio de asignación familiar.

Para gozar de esta franquicia social, deben los interesados imponer al Fondo de Asignación Familiar de acuerdo a las normas que rigen para los asegurados apatronados.

El Servicio de Seguro Social deberá reglamentar en un plazo no superior a 90 días contados desde la vigencia de la presente ley."

De los señores Cerda, Maira y Páez, para agregar el siguiente:

"Artículo...- Los derechos e impuestos cuya cancelación se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 164 de la ley Nº 13.305, estarán afectos a un interés a beneficio fiscal, cuya tasa será equivalente a la que rija para el respectivo crédito."

De los señores Penna, Cerda, Urra, Vergara, Maira y Páez, para agregar el siguiente:

"Artículo...- Reemplazase el Nº 1 del artículo 61 de la Ley de Impuesto a la Renta por el siguiente:

"1) Intereses. Sin embargo, estarán exentos de este impuesto los intereses a favor de instituciones bancarias internacionales o de instituciones públicas financieras extranjeras, por créditos otorgados directamente por ellas; los intereses que los bancos nacionales paguen al exterior provenientes de líneas de crédito sólo hasta por los márgenes aprobados por el Comité Ejecutivo del Banco Central; y los intereses que paguen empresas o instituciones estatales y aquéllas cuyo capital sean en más de un 50% propiedad del Sector Público chileno."

Artículos aprobados por unanimidad.

Se encuentran en esta situación los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 y 36.

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y de Hacienda prestaron su aprobación al proyecto en estudio y os recomiendan lo aprobéis también, redactado en los siguientes términos:

Proyecto de ley:

TITULO I

Del reajuste del Sector Público

Párrafo 1º

Reajuste general del Sector Público

Artículo 1º.- Reajústense, a contar desde el 1º de enero de 1970, en un veintiocho por ciento (28%) las remuneraciones permanentes al 31 de diciembre de 1969 de los empleados y obreros del Sector Público, incluidas las de las Municipalidades y excluidas las horas extraordinarias y las asignaciones de alimentación, las que se fijan en función de sueldos vitales y las que constituyen porcentajes de los sueldos.

Si el índice de precios al consumidor que entrega la Dirección de Estadística y Censos experimentare entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969 un alza superior al 29,15%, el reajuste mencionado se incrementará en tantos puntos y fracciones de punto como sean los que excedan de 29,5% en el alza del índice antes señalado.

El reajuste se calculará sobre las remuneraciones incrementadas con la asignación otorgada por el D.F.L. Nº 1, de 1969, y, en el caso de las remuneraciones a que se refiere el artículo 5º de la presente ley, se calculará, además, sobre las cantidades que resulten después de aplicado dicho precepto.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las remuneraciones del personal en servicio activo o retirado de las Fuerzas Armadas, Subsecretarías de Defensa Nacional, Carabineros de Chile, Servicio de Investigaciones, Poder Judicial, Sindicatura General de Quiebras y personal afecto a la ley Nº 15.076, Estatuto Médico Funcionario, y personal del Magisterio que se rige por el artículo 39 de la ley Nº 16.930.

Artículo 2º.- Reajustase, a contar del 1º de enero de 1970, en un cien por ciento (100%) del alza que experimente el Índice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969 la asignación familiar, incrementada con por el artículo 3º del D.F.L. Nº 1 de 1969, de los empleados, obreros y pensionados del Sector Público que no se determina de acuerdo con la ley Nº 7.295 o con el D.F.L. Nº 245, de 1953.

Establécese, también, a contar del 1º de enero de 1970, una bonificación complementaria y permanente de veinte escudos (Eº 20) por cada carga de familia que dé derecho a la asignación a que se refiere el inciso anterior y que perciban los funcionarios a quienes corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley. Esta bonificación tendrá las mismas características de la asignación familiar y, en consecuencia, no podrá ser retenida ni embargada, no será imponible, estará exenta de toda clase de impuestos y será reajustada en los años siguientes en los mismos términos que la asignación familiar base.

Párrafo 2º

Normas especiales

Artículo 3°.- Al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del regido por la ley Nº 15.076 y del sujeto a tarifado gráfico, le será aplicable lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley.

En todo caso, cada categoría y grado de las escalas de sueldos que rijan para el personal del Servicio Nacional de Salud durante 1970, comprendido el reajuste a que se refiere el inciso anterior, tendrá un aumento que signifique alcanzar en total un 94% de cada categoría o grado de las escalas del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigente para ese mismo año.

Artículo 4°.- Concédase en el año 1970, a los empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal regido por la ley Nº 15.076, del personal sujeto a tarifado gráfico y del personal de empleados particulares, una bonificación no imponible que no será considerada sueldo para ningún efecto legal y que se devengará en las fechas y por los montos que se indican:

Artículo 5º.- Incorporase a contar del 1º de enero de 1970, a las escalas de sueldos del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigentes después de sus modificaciones, incluidas las de la ley Nº 17.063, la asignación establecida en el artículo 1º, incisos segundo y tercero de la ley Nº 16.840.

Para los efectos de esta incorporación se considerarán la asignación completa que correspondió de acuerdo con el inciso segundo aludido, más el aumento del D.F.L. Nº 1, de 1969.

Los funcionarios del Sector Público no regidos por el D.F.L. Nº 40, de 1959, que al 31 de diciembre de 1969 estaban percibiendo la asignación establecida por la ley Nº 16.840 en sus artículos 1º, incisos segundo y tercero, y 49, inciso cuarto y que fue aumentada por el artículo 2° del D.F.L. Nº 1, de 1969, mantendrán dicha asignación, a contar del 1º de enero de 1970, con el carácter de sueldo base para todos los efectos legales e imponibles en la misma proporción en que lo sea el sueldo.

La primera diferencia mensual determinada por la aplicación de este artículo quedará a beneficio de los personales respectivos y no será depositada en las Cajas de Previsión correspondientes.

Artículo 6º.- Modificase el artículo 174 de la ley Nº 16.840, sustituido por el artículo 10 de la ley Nº 17.029 de 4 de diciembre de 1968, como sigue:

"Artículo 174.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1970 el plazo otorgado a las Municipalidades por el artículo 26 de la ley 16.250, para encuadrar los excesos de aumentos de remuneraciones concedido a sus empleados y obreros dentro de los porcentajes de limitación establecidos por la ley en los términos que prescribe el citado artículo 26.

Mientras esto no suceda, les queda prohibido crear nuevos cargos de empleados y obreros, aumentar de grados, mejorar las rentas u otorgar otros beneficios."

Artículo 7º.- A partir del 1º de enero de 1970, serán imponibles las bonificaciones, asignaciones y todas las demás remuneraciones de carácter general y permanente de que gozan los empleados a quienes se aplica el artículo 99 de la ley Nº 16.617, pero con los límites porcentuales fijados en dicho artículo, con la modificación que le introdujo la ley Nº 17.083. Mantendrán su carácter de no imponibles las remuneraciones eventuales y las de naturaleza previsional, tales como el viático, las asignaciones de gastos de movilización, de máquinas, pérdidas de caja, de cambio de residencia, la gratificación de zona, la remuneración por trabajos nocturnos y horas extraordinarias, asignación familiar, la bonificación del artículo 19 de la ley Nº 15.386, y cualesquiera otras de la misma naturaleza actualmente existente o que se establezcan en el futuro.

El reajuste de las pensiones a que dé lugar la aplicación de este artículo será de cargo de la respectiva Caja de Previsión u otra Institución o Empresa que paguen pensiones.

Artículo 8º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.076:

a) Reemplazase el artículo 7º por el siguiente:

"El sueldo base mensual por cada hora diaria de trabajo a contar del 1º de enero de 1970, será la cantidad equivalente al sueldo vital escala A) del Departamento de Santiago para 1969 (Eº 477,50) aumentada en el 100% del alza que experimente el Índice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969. La fracción de hora se pagará en proporción a dicho sueldo".

b) Sustituyese el inciso segundo del artículo 10, por el siguiente:

"Los profesionales funcionarios que por razones de servicio deban excederse del horario contratado, en días y horas hábiles, gozarán de una asignación de permanencia de hasta un 30% de su sueldo base. Esta asignación no se considerará para el cálculo del porcentaje máximo a que se refiere el inciso cuarto del artículo 99; será no imponible y podrá sumarse a las demás asignaciones que establece el citado artículo. Un Reglamento establecerá, a propuesta del Consejo Nacional de Salud, la forma, monto y condiciones para el goce de esta asignación".

c) Reemplazase en el inciso final del artículo 12 la cifra "24" por "12" y agregase la siguiente frase final:

"Los profesionales funcionarios que desempeñen estos cargos no podrán contratar extensiones horarias, salvo en los casos contemplados en el inciso anterior".

Artículo 9º.- A contar del primero de enero de 1970, los trabajadores que lobaran en la extracción de ripio, arena y materiales para la construcción recibirán en sus salarios o tratos un reajuste igual al porcentaje que hubiere experimentado el alza del costo de la vida, durante el año 1969.

Párrafo 3°

Reglas para la aplicación de los reajustes.

Artículo 10.- El porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1º de esta ley se aplicará, respecto del personal de la Empresa Portuaria de Chile, de acuerdo a las normas contenidas en el artículo 5º del D.F.L. Nº 1, de 1969, dictado en uso de las facultades concedidas por el artículo 82 de la ley Nº 17.072.

Artículo 11.- Para los efectos del otorgamiento del reajuste a que se refiere el presente Título se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 90, 93, 94, 95, 131 inciso tercero y 132 de la Ley Nº 16.617, modificándose la referencia al año "1967". Por "1970" en los artículos 94 y 132.

Artículo 12.- Con lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley se entiende cumplido lo ordenado por el artículo 33, inciso segundo, de la Ley Nº 15.840.

Artículo 13.- Las pensiones del personal a que se refiere el inciso primero del artículo 1º de esta ley, que se reajustan de acuerdo con su similar en servicio activo recibirán como mínimo el mismo porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1º de esta ley sobre la pensión al 31 de diciembre de 1969.

Artículo 14.- El Presidente de la República entregará durante el año 1970 a los Servicios e Instituciones enumeradas en el artículo 239 de la Ley Nº 16.840, excluidas la Empresa Portuaria de Chile, el Servicio Médico Nacional de Empleados y la Caja de Accidentes del Trabajo, e incluidas la Corporación de Obras Urbanas y la Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Gas y de Telecomunicaciones, las cantidades necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

Al personal de las Instituciones a que se refiere este artículo, cualquiera que sea el régimen de remuneraciones a que están afectos durante el año 1970 les corresponderá únicamente el porcentaje de reajuste del Sector Público.

Declárase que los reajustes de remuneraciones de los funcionarios del Servicio Médico Nacional de Empleados regidos por la Ley Nº 15.076 han Debido ser y serán exclusivamente de cargo de dicho Servicio.

Artículo 15.- Aumentase, en el mismo porcentaje fijado en el artículo 1º, la remuneración máxima establecida en el artículo 1º del D.F.L. Nº 68, de 1960, y sus modificaciones posteriores.

Artículo 16.- Autorízase a las Instituciones Descentralizadas para adecuar las remuneraciones de sus personales, sin necesidad de Decreto Supremo, a fin de dar cumplimiento a la presente ley, entendiéndose modificados, al efecto, sus respectivos presupuestos.

Artículo 17.- La primera diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del artículo 1º de esta ley, ingresará a las Cajas de Previsión en seis cuotas mensuales iguales a contar del mes de enero de 1970.

Artículo 18.- El porcentaje de reajuste a que se refiere el artículo 1º que corresponde a los empleados y obreros de los Ferrocarriles del Estado, se aplicará también sobre las remuneraciones vigentes, al 31 de diciembre de 1969, que no se determinen como un porcentaje del respectivo sueldo o salario base.

Párrafo 4º

Del financiamiento.

Artículo 19.- El mayor gasto de cargo fiscal que significa este proyecto, se afrontará con cargo al ítem 006 de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda de la Ley de Presupuestos para 1970.

Artículo 20.- Declárase que las importaciones que se realicen con cobertura diferida y cuyos derechos aduaneros puedan cancelarse en la forma señalada en el artículo 164 de la Ley Nº 13.305, no constituyen un régimen de importación especial a los cuales se refiere el inciso segundo del artículo 187 de la Ley Nº 16.464.

En consecuencia, el Presidente de la República podrá ejercer con respecto a ella las facultades que le confiere el artículo 186 de la Ley Nº 16.464.

Artículo 21.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.575:

1º.- En el artículo 136:

A) Se suprime el Nº 2.

B) Se sustituye el Nº 3 por el siguiente, que pasa a tener el Nº 2:

"2.- Las exportaciones de la pequeña y mediana minería, cuando la Empresa Nacional de Minería certifique que no hay en Chile capacidad de fundición o refinación según corresponda a los productos que se deseen exportar, o que por cualquier motivo no pueda recibir dichas producciones para su tratamiento".

C) Se agrega el siguiente Nº 3:

"3.- Las exportaciones provenientes de contratos celebrados por empresas de la pequeña y mediana minería, relacionados con nuevas producciones o con ampliaciones de su capacidad de producción financiadas con aportes de capital extranjero debidamente autorizados y siempre que los referidos contratos sean aprobados especialmente para estos efectos por la Corporación del Cobre."

D) Se suprime el actual Nº 4, que se reemplaza por el siguiente:

"4.- Las exportaciones de la pequeña y mediana minería provenientes de contratos de venta aprobados por la Corporación del Cobre correspondientes a producciones para las cuales no haya capacidad en los términos a que se refiere el Nº 2 de este artículo. Esta excepción se mantendrá por la cantidad y plazo que determine la Corporación del Cobre en la respectiva aprobación del contrato de venta.

La Empresa Nacional de Minería deberá declarar, antes del 30 de septiembre de cada año, la capacidad de fundición y refinación disponible para el año siguiente".

E) Se reemplaza el Nº 6 por el siguiente:

"6.- Las exportaciones de cobre blister destinadas a cumplir contratos que comprometan la venta de formas especiales que no se produzcan en el país, o destinadas a producir aleaciones, productos químicos u otros productos en que el cobre blister se usa directamente sin que medie un proceso de refinación. En todo caso estas ventas deberán efectuarse a fabricantes sin intermediarios y deberán contar con la aprobación especial de la Corporación para que proceda la excepción."

F) Se sustituye el texto del actual Nº 7 por el siguiente: "Las exportaciones de cobre "blister" de las empresas de la Gran Minería del Cobre que tengan actualmente contratos vigentes o los celebraren en el futuro, con la Empresa Nacional de Minería, para utilizar la refinería de Las Ventanas y que, con tres meses de anticipación al vencimiento de dichos contratos, obtuvieren su renovación o la celebración de nuevos contratos con ella, para el objeto señalado";

G) Se sustituye el inciso segundo por el siguiente: "Las cuestiones que pueden suscitarse con motivo de la aplicación o interpretación de las excepciones contempladas en los Nºs. 2 y 7 del presente artículo, entre los productores mineros y la Empresa Nacional de Minería u otras empresas nacionales de fundición o refinación, serán resueltas en única instancia y sin forma de juicio por la Corporación del Cobre";

H) El inciso cuarto se sustituye por el siguiente: "Respecto a las excepciones contempladas en los Nºs. 5 y 7, ellas se aplicarán sólo a la cantidad de cobre no refinado equivalente a la capacidad anual de la refinería para el primer caso y a la cantidad que ampare el contrato de refinación en el segundo caso".

2º.- Agregase el siguiente artículo nuevo:

"Artículo...- El impuesto establecido en el artículo 134 de esta ley, será depositado en una cuenta especial en el Banco Central de Chile, contra la cual sólo podrá girar la Empresa Nacional de Minería para los planes de creación, expansión y desarrollo de las Cooperativas de pequeños mineros y pirquineros.

El Banco Central de Chile remitirá a la Empresa Nacional de Minería, el día 10 de cada mes, una relación de todos los depósitos efectuados en la antedicha cuenta especial durante el mes calendario anterior.

La declaración jurada maliciosamente falsa que hiciere un exportador sobre los peros y leyes de origen del producto, será sancionada con pena de presidio o reclusión menor en su grado mínimo. El proceso correspondiente se iniciará por denuncia o querella de la Corporación del Cobre, cuando el Directorio de ésta, por acuerdo que cuente con el voto de las tres cuartas partes de sus miembros presentes, así lo decidiere. Las causas criminales que se originaren se tramitarán según el procedimiento establecido en el Libro II del Código de Procedimiento Penal, pero el juez podrá apreciar, la prueba en conciencia.

Artículo 22.- Modificase en los siguientes términos el número 11 del artículo 15 de la ley Nº 16.624:

a) Eliminase la coma que aparece después de la palabra "Conocer";

b) Sustituir la frase "en primera instancia, como árbitro", por la frase siguiente: "como árbitro en única instancia, de", y

c) Reemplazar el guarismo "3" por "2".

Artículo 23.- Interpretando el artículo 3º de la ley Nº 16.528, se declara que la exención tributaria de pleno derecho, a que se refiere esa disposición, y el número 5 del artículo 18 del Decreto de Economía Nº 1.270, de 27 de septiembre de 1966, no constituye exención al impuesto establecido en los artículos 134 y siguientes de la ley Nº 15.575.

El pago del impuesto será hecho en escudos, al cambio bancario vendedor, posición contado, vigente al día de la cancelación provisoria o definitiva, según el caso.

Junto con la correspondiente solicitud o registro de exportación, el exportador presentará una declaración jurada sobre el peso y ley de origen del producto y el número de libras de cobre fino contenido según los mismos análisis de origen, Además, adjuntará comprobante del depósito provisorio del impuesto, que haya efectuado en la cuenta especial de que se trata en el inciso primero, conforme a los indicado antecedentes de peso y ley de origen.

La Corporación del Cobre no podrá otorgar la autorización de exportación, sin que se hubiere dado cumplimiento a las exigencias señaladas en el precedente inciso. Cumplidas estas exigencias, la Corporación del Cobre así lo certificará al autorizar la exportación.

Una vez que la Corporación del Cobre haya verificado el peso y la ley definitivos del producto exportado, y dentro del plazo en que según las normas actuales o futuras deba procederse a liquidar las divisas provenientes del retorno, el exportador presentará a la Corporación del Cobre un comprobante de haber depositado, en la cuenta especial señalada en el inciso primero, la diferencia correspondiente al mayor impuesto definitivo que se determinare. El exportador que no diere cumplimiento a esta obligación, dentro de ese plazo y a satisfacción de la Corporación del Cobre, podrá hacerlo en cualquier tiempo, previa determinación del monto del impuesto definitivo según el nuevo cambio vigente y recargo de un 10% mensual. No obstante, mientras no hiciere el pago, no podrán serle autorizadas nuevas exportaciones de cobre. Todo esto se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso sexto.

En caso de que el impuesto definitivo resultare inferior al impuesto provisorio, la diferencia en favor del exportador será descontada por éste en el más próximo entere de impuesto provisorio que le corresponda hacer en futuras exportaciones. Si, en el mismo caso, transcurrieren seis meses desde el pago provisorio del impuesto sin que el interesado efectúe nuevas exportaciones, tendrá éste el derecho de solicitar devolución de la diferencia a la Empresa Nacional de Minería.

Artículo 24.- Se establecerá anualmente para cada productor de Cobre de la Mediana Minería, el costo de producción, y se agregarán 15 centavos de dólar por cada libra de cobre fino producido en el año, y la suma de ambos guarismos será el precio base.

Se entiende por sobreprecio, todo el excedente obtenido en la venta del cobre sobre el precio base.

El 50% del excedente a que se refiere el inciso anterior se destinará a beneficio fiscal y se aplicará sobre el total anual de las ventas de cobre que efectúe cada empresa, ya sea que se venda en forma de minerales, concentrados, precipitados, cementos, blister, ánodos o cualquier otra forma de cobre.

La norma del inciso anterior se aplicará cualesquiera que sean las exenciones o franquicias de que goce la empresa productora, por disposiciones legales o reglamentarias generales o especiales y se deducirá de la renta bruta para la determinación de las rentas imponibles.

Al Servicio de Impuestos Internos corresponderá la fiscalización del pago que deba enterar cada empresa productora según los precios bases establecidos en conformidad a lo dispuesto en el inciso 2º de este artículo.

Artículo 25.- Agregase al final del artículo 235 de la ley Nº 16.617 los siguientes incisos:

No obstante lo anterior, los intereses, primas, u otras remuneraciones que perciban los bancos comerciales, Banco del Estado de Chile, Banco Central de Chile, Corporación de Fomento de la Producción y Empresa de Comercio Agrícola, en razón de los préstamos u operaciones de crédito no reajustables que otorguen en moneda corriente a empresas extranjeras, estarán además afectos a una sobretasa de impuesto, que será determinada trimestralmente por el Ministerio de Hacienda a propuesta del Comité Ejecutivo del Banco Central.

Dicha sobretasa de impuesto será equivalente a la diferencia que exista entre el costo promedio del crédito en los mercados internacionales y el costo promedio del crédito en el sistema bancario chileno, una vez descontado el efecto de desvalorización monetaria.

Para estos efectos se considerará como empresas extranjeras a todas aquellas cuyo capital esté constituido en más de un 50% por aportes provenientes del exterior y a las filiales de empresas internacionales.

Las normas relativas al impuesto único al crédito, en lo que se refiere a la modalidad de cobro, excepciones y publicación, se hacen extensivas a la aplicación de esta sobretasa.

Artículo 26.- Declárase, interpretando la expresión "mandatarios en general" contenida en la letra b) del artículo 15 de la ley Nº 12.120, que dicha expresión se refiere a todas las personas que, como retribución de sus servicios, perciban ingresos sujetos a las disposiciones de los artículos 20, 21 y 36 números 2º y 3º de la Ley de la Renta.

Artículo 27.- Agregase en la letra c) del número 20 del artículo 19 de la ley Nº 12.120, a continuación de la expresión "7º" y antecedido de una coma (,), el guarismo "9°".

TITULO II

Del reajuste del Sector Privado.

Artículo 28.- Reajústense, desde el 1° de enero de 1970, en un porcentaje igual a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos para el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969, las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo vigentes al 31 de diciembre de 1969, de los trabajadores, empleados y obreros del Sector Privado, no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 29.- Durante 1970 regirán las disposiciones de los artículos 85, 86, 87, 88, 89, inciso primero, 90, 91, 92 y 93 de la Ley Nº 16.840, de 24 de mayo de 1968, con la salvedad de que el porcentaje de reajustes a que ellas se refieren es el señalado en el artículo anterior de esta ley.

Se regirá por las disposiciones de esta ley el reajuste de remuneraciones de los obreros y empleados agrícolas que trabajan en predios pertenecientes a instituciones de previsión, en faenas directamente relacionadas con la agricultura, en los casos en que estén sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 30.- Las remuneraciones de los trabajadores, empleados y obreros del sector privado sujetas a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, se reajustarán de común acuerdo entre las partes. Si el reajuste pactado es superior a la variación que hubiese experimentado el Índice de Precios al Consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos durante el período de vigencia del convenio, contrato colectivo, acta de de avenimiento o fallo arbitral, el excedente será absorbido por las utilidades de la empresa, o industria sin que opere su posterior traspaso a los precios de los bienes que ésta produce o expende. Para los efectos anteriores se tendrá en consideración el valor total que representa el convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral que pone término al conflicto, es decir, no sólo el reajuste de las remuneraciones, sino también el de las regalías que se pacten.

Artículo 31.- El salario mínimo para los obreros de la industria, del comercio y agrícolas será durante 1970 y a partir del 1º de enero de ese año, equivalente a Eº 1,50 por hora. Sin embargo, en los casos de salarios, remuneraciones o regalías convenidos en contratos o convenios colectivos, actas de avenimiento o establecidos por fallos arbitrales, en relación al salario mínimo, se entenderá que éste, a partir del 1º de enero de 1970, es el actualmente vigente reajustado en el ciento por ciento de la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969.

Artículo 32.- Los empleados ingresados con posterioridad al 6 de abril de 1960, en actual servicio, de la Empresa de Comercio Agrícola y los que ingresaren, tendrán el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y se les aplicarán los párrafos 13, 18, 19 y 20 del título 2º; artículo 143 y títulos 4° 5° del D.F.L. 338 de 1960, sin perjuicio de las demás disposiciones de los Estatutos Internos del Personal de la Empresa.

En ningún caso esta disposición significará disminución de las actuales rentas de los empleados ni supresiones de cargos.

Artículo 33.- A contar de la vigencia de la presente ley la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, podrá contratar préstamos en el Banco del Estado u otra institución bancaria, que le permitan cancelar lo adeudado a su personal que ha sido declarado cesante o jubilado, especialmente, los desahucios, en conformidad a la ley Nº 7.998.

El préstamo señalado sólo será para cancelar deudas a sus ex servidores que permanecen impagos de sus beneficios.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado autorizará el préstamo con los valores que ingresa de los descuentos directos del personal consultado en la ley Nº 7.998. Su interés será el mínimo y de cargo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

Artículo 34.- Derógase el artículo 65 de la ley Nº 17.073, de 31 de diciembre de 1968.

El mayor ingreso tributario derivado de la Supresión de la franquicia a que se refiere el inciso anterior, se destinará a los programas de operación sitio, préstamos a cooperativas y viviendas populares urbanas y rurales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

Artículo 35.- Durante el año 1970 los organismos públicos encargados de la fijación de precios no podrán autorizar reajustes en un porcentaje superior a un 28% respecto de los precios vigentes en el mes de diciembre de 1969. Esta disposición se aplicará especialmente respecto de los productos de primera necesidad, los artículos sujetos a márgenes de comercialización y las tarifas de los servicios de utilidad pública. En ningún caso las autoridades podrán conceder más de un alza para un mismo producto en el curso del año 1970.

Otorgado que sea un reajuste de precios, el Director de Industria y Comercio o el Jefe del Servicio respectivo, si el alza se hubiere concedido por un servicio distinto, deberá remitir dentro del plazo de 5 días a las Oficinas de Informaciones de ambas ramas del Congreso Nacional los estudios de costos y todos los antecedentes económicos y legales que hayan servido de base a la adopción de dicha medida.

Quedan excluidos de las limitaciones que establece el presente artículo los precios de los productos agropecuarios de procedencia nacional, los que quedarán sometidos a la política que determine el Ministerio de Agricultura.

Artículo 36.- Constitúyese una Comisión Paritaria integrada por seis funcionarios del Ministerio de Hacienda y seis representantes de los funcionarios públicos nominados por la Central Única de Trabajadores, para que en el plazo de seis meses a contar de la promulgación de esta ley estudie los sistemas de remuneraciones del sector público civil, de carreras funcionarías, con todos los mecanismos relativos a escalas de remuneraciones, y proponga al Presidente de la República sistemas de ingresos, ascenso, perfeccionamiento y demás materias afines. Los integrantes de esta, Comisión podrán contar con la asesoría técnica necesaria y serán nombrados por Decreto Supremo dentro del plazo de 15 días de promulgada esta ley.".

Sala de las Comisiones Unidas, a 11 de diciembre de 1969.

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Cerda (Presidente), Acevedo, Alessandri, don Gustavo; Arnello, Atencio, Avendaño, Cabello, Cademártori, Carrasco, Figueroa, Fuentealba, don Clemente; Fuentes, don Samuel; Godoy, señora Lazo, doña Carmen; Lavandero, Maira, Páez, Riesco, Ríos, don Héctor; Sabat, Schleyer, Schnake, Temer, Urra y Vergara.

Se designó Diputado informante al señor Cerda (Presidente.-

(Fdo.) : Carlos Olivares Santa Cruz Secretario."

ANEXO DE DOCUMENTOS

ACTA

En Santiago de Chile, a 24 de noviembre de 1969, entre las Federaciones de Trabajadores de la Salud y la de Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional de Salud y el señor Subsecretario de Salud, Dr. Patricio Silva Garín, se ha convenido lo siguiente:

1.- Las Escalas de Sueldos del personal del S.Ñ.S. para 1970, considerada la Escala Directiva Profesional y Técnica y las Escalas Administrativas A y B, equivaldrá a un 94% de las Escalas de Sueldos de la Administración Civil del Estado (ANEF).- Se deja constancia de que la Escala ANEF para el año 1970 será aquella que se acuerde entre los señores Ministros del Interior y Hacienda, CUT y Comando de Trabajadores del Estado. Se entiende que en dicho porcentaje, deberá incluirse la Bonificación del 7,5% otorgada para dicha. Escala en el año 1968; la Asignación especial del 20% otorgada para 1969; el reajuste que se otorgue a dicha Escala para 1970 y cualquier otra clase de Asignación, Bonificación o remuneración anexa adicional que se otorgue a dicho Personal.

2.- El Personal del S.N.S. y de la Subsecretaría de Salud, excluida de ambas partes el Personal afecto a, la ley 15.076, recibirá durante el año 1970 una Bonificación no imponible, ascendente a Eº 1.140 y distribuida de la siguiente manera :

Mes de marzo Eº 400,

Mes de septiembre Eº 340,

Mes de diciembre Eº 400.

Se deja expresa constancia que en el cálculo del monto de esta bonificación, se ha considerado como reajuste para el año 1970, un aumento del 28%, el que correspondería a un alza del índice de precios para 1969 equivalente a dicho porcentaje. De este modo, si el alza del índice de precios fuera mayor, se incluirá la diferencia del total en la cuota de septiembre.

2.- Declárase que las Planillas Suplementarias que perciben los funcionarios, materia del presente acuerdo, serán reajustadas a contar del 1º de enero de 1970 en el mismo porcentaje que corresponda al reajuste general de sueldos.

4.- Las horas extraordinarias diurnas, nocturnas, domingos y festivos se pagarán a contar del 1º de enero de 1970 en conformidad a las Escalas a que se refiere el punto 1º del presente acuerdo.

5.- Las partes están de acuerdo en que el Ministerio de Salud remitirá al Honorable Congreso Nacional un proyecto de ley en que se considerarán los siguientes aspectos, en conformidad a las indicaciones que se adjuntan al Acta:

a) Paso a la Planta del Personal Contratado, y a Jornal.

b) Jornada de trabajo para la Planta Administrativa A y B y Profesionales y Técnicos.

c) Casa del Trabajador de la Salud

d) Reajuste Bonificación 1969.

e) Imposibilidad para el personal que se acoja a jubilación.

f) Plazo para proveer los cargos vacantes por ascensos.

g) Indicación renovada sobre Escalafones.

6.- Se declara que en cumplimiento de la política de Salud para el mejor logro de las aspiraciones de los Trabajadores de la Salud y Profesionales y Técnicos, continuarán funcionando las comisiones a que se refiere la Resolución Nº 51, de 20 de octubre de 1969, de la Subsecretaría de Salud.

ACTA DE ACUERDO

En Santiago, a 3 de diciembre de 1969, entre los Ministros del Interior, don Patricio Rojas S., y de Hacienda, don Andrés Zaldívar L., en representación del Supremo Gobierno, y la Central Única de Trabajadores de Chile, representada por don Luis Figueroa, Presidente; don Bayardo González y don Sergio Sánchez, Vicepresidentes; y don Hernán del Canto, Secretario General, se ha acordado lo siguiente:

1º.- El reajuste general de remuneraciones del Sector Público para 1970, se hará sobre las siguientes bases:

a) Se reajustarán las remuneraciones totales de los funcionarios del Sector Público, comprendidos en este acuerdo, incluidas las de las Municipalidades y excluidas las horas extraordinarias y las asignaciones de alimentación, las que se fijan en función de sueldos" vitales y las que constituyen porcentajes de los sueldos en un 28%, acontar de enero de 1970.

Si el índice de precios al consumidor que entrega la Dirección de Estadística y Censos experimentare entre el 1º de enero de 1969 y el 31 de diciembre de 1969 un alza superior al 29,5%, el reajuste mencionado se incrementará en tantos puntos y/o fracciones de punto como sean los que excedan del 29,5% en el alza del índice antes señalado.

b) La asignación familiar se reajustará en un 100% del alza que experimente el índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969.

c) Se otorgará a contar del 1º de enero de 1970 una, bonificación complementaria y permanente de Eº 20 mensuales por cada carga familiar a todos los funcionarios públicos civiles comprendidos en este acuerdo, que gozan de asignación familiar fiscal y que en el año 1969 asciende a Eº 37. Dicha bonificación será reajustada en los años siguientes en los mismos términos que lo sea la asignación familiar base.

d) La asignación no imponible del 7,5% otorgada por la ley Nº 16.840 se incorporará a contar del 1º de enero de 1970 a la escala de sueldo del D.F.L. Nº 40 y sus modificaciones, denominada ANEF. En el resto de las escalas de sueldos en que se aplique esa asignación se mantendrá como asignación para, los funcionarios que la perciben, con carácter de sueldo para todos los efectos legales y de imponible en la misma proporción en que lo sea el sueldo base. La cantidad que corresponda a esa asignación se reajustará al igual que el sueldo base, de acuerdo a la letra a) precedente.

e) A contar del 1º de enero de 1970 será imponible el 70% del total de las remuneraciones de los funcionarios públicos, sin perjuicio de los porcentajes superiores de inoponibilidad que establece la legislación vigente, y siempre que dichas remuneraciones tengan el carácter de generales y permanentes, excluyéndose, por tanto, de la inoponibilidad las transitorias y eventuales y las que tienen carácter de provisionales, o de seguridad social.

f) Se declara que el reajuste general del año 1970, ya especificado, se aplicará sobre las remuneraciones y asignación familiar vigentes después de incorporar a ellas las bonificaciones transitorias de 20% y 28%, respectivamente, contempladas en el D.F.L. Nº 1, de 1969.

g) Se designará una Comisión Gobierno-Central Única de Trabajadores, para que en el plazo de seis (6) meses estudie el sistema de remuneraciones del Sector Público Civil y proponga sistemas de Carrera Civil Funcionaría con todos los mecanismos relativos a escalas de remuneraciones, sistemas de ingreso, ascenso, perfeccionamiento y demás materias afines.

h) El monto de la asignación de alimentación para el personal a que se refiere el artículo 41 de la Ley de Presupuestos vigente será de Eº 4 diarios a contar del 1º de enero de 1970.

i) El descuento de la primera diferencia de remuneraciones que debe integrarse en la Caja de Previsión respectiva, correspondiente al primer mes de reajuste, se hará efectiva en seis (6) cuotas mensuales.

2º.- El reajuste de remuneraciones del sector privado para el año 1970, se hará bajo las siguientes bases:

a) Los trabajadores, obreros y empleados, no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, recibirán a contar del 1° de enero de 1970 un reajuste sobre sus remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo vigentes al 31 de diciembre de 1969, equivalente al 100% de la variación que hubiere experimentado el Índice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadística y Censos para el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969;

b) Los trabajadores, empleados y obreros, sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, reajustarán sus remuneraciones, al término de dichos acuerdos, en los porcentajes o montos que libremente se pacten o acuerden;

c) El salario mínimo obrero para la industria y agricultura será" de Eº 12 diarios, a contar del 1º de enero de 1970, incluido en él el reajuste contemplado en la letra a) precedente;

d) El Servicio de Seguro Social fijará a contar del 1º de enero de 1970 una asignación familiar de Eº 1,50 por carga y por día trabajado, entendiéndose incluido en dicha suma el reajuste correspondiente a la variación del Índice de Precios al consumidor experimentada entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969.

3º.- El proyecto de ley o indicaciones que contendrán los acuerdos antes señalados, salvo la letra d) precedente, se presentará por el Ejecutivo dentro del plazo de seis días a contar de esta fecha y ambas partes procurarán su pronto despacho, solicitando al Honorable Congreso su tramitación con la máxima urgencia.

4º.- El reajuste que contempla este acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1970.

5º.- Se declara que forman parte integrante de este acuerdo los arreglos, reestructuraciones y reajustes especiales comprometidos a esta fecha entre el Gobierno y diversos gremios de servidores públicos, los que serán incorporados al proyecto de ley durante su tramitación, excepto los personales del Magisterio que se rigen por el artículo 3º de la ley Nº 16,930.

Previa lectura y ratificación firman esta acta:

Patricio Rojas S., Ministro del Interior.- Andrés Zaldívar L., Ministro de Hacienda.- Luis Figueroa M., Presidente de la CUT.- Hernán del Canto, Secretario General de la CUT.- Bayardo González, Vicepresidente de la CUT.- Sergio Sánchez, Vicepresidente de la CUT.

REAJUSTE DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO PARA 1970.- OFICIO.

El señor MERCADO ( Presidente).-

En conformidad con el objeto de la presente sesión, corresponde discutir y votar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje con urgencia calificada de "extrema", informado por las Comisiones unidas de Gobierno Interior y de Hacienda, que reajusta las remuneraciones del personal de los sectores público y privado para el año 1970.

Diputado informante es el señor Cerda.

-El proyecto de ley, impreso en el boletín Nº 326692, es el siguiente:

TITULO I

DEL REAJUSTE DEL SECTOR PÚBLICO.

PARRAFO 1º

Reajuste general del Sector Público.

"Artículo 1º.- Reajústense, a contar desde el 1º de enero de 1970, en un veintiocho por ciento (28%) las remuneraciones permanentes al 31 de diciembre de 1969 de los empleados y obreros del Sector Público, incluidas las de las municipalidades y excluidas las horas extraordinarias y las asignaciones de alimentación, las que se fijan en función de sueldos vitales y las que constituyen porcentajes de los sueldos.

Si el índice de precios al consumidor que entrega la Dirección de Estadística y Censos

Experimentare entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969 un alza superior al 29,5%, el reajuste mencionado se incrementará en tantos puntos y fracciones de punto como sean los que excedan de 29,5% en el alza del índice antes señalado.

El reajuste se calculará sobre las remuneraciones incrementadas con la asignación otorgada por el D.F.L. Nº 1, de 1969, y, en el caso de las remuneraciones a que se refiere el artículo 59 de la presente ley, se calculará, además, sobre las cantidades que resulten después de aplicado dicho precepto.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las remuneraciones del personal en servicio activo o retirado de las Fuerzas Armadas, Subsecretarías de Defensa Nacional, Carabineros de Chile, Servicio de Investigaciones, Poder Judicial, Sindicatura General de Quiebras y personal afecto a la ley Nº 15.076, Estatuto Médico Funcionario, y personal del Magisterio que se rige por el artículo 3º de la ley Nº 16.930.

Artículo 2º.- Reajustase, a contar del 1º de enero de 1970, en un ciento por ciento (100%) del alza que experimente el Indice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969 la asignación familiar, incrementada con la asignación complementaria otorgada por el artículo 3º del D.F.L. Nº 1 de 1969, de los empleados, obreros y pensionados del Sector Público que no se determina de acuerdo con la ley Nº 7.295 o con el D.F.L. Nº 245, de 1953.

Establécele, también, a contar del 19 de enero de 1970, una bonificación complementaria y permanente de veinte escudos (Eº 20) por cada carga de familia que dé derecho a la asignación a que se refiere el inciso anterior y que perciban los funcionarios a quienes corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley. Esta bonificación tendrá las mismas características de la asignación familiar y, en consecuencia, no podrá ser retenida ni embargada, no será imponible, estará exenta de toda clase de impuestos y será reajustada en los años siguientes en los mismos términos que la asignación familiar base.

PARRAFO 2º

Normas especiales.

Artículo 3º.- Al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del regido por la ley número 15.076 y del sujeto a tarifado gráfico, le será aplicable lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley.

En todo caso, cada categoría y grado de las escalas de sueldos que rijan para el personal del Servicio Nacional de Salud durante 1970, comprendido el reajuste a que se refiere el inciso anterior, tendrá un aumento, que signifique alcanzar en total un 94% de cada categoría o grado de las escalas del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigentes para ese mismo año.

Artículo 4º.- Concédele en el año 1970, a los empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal regido por la ley Nº 15.076, del personal sujeto a tarifado gráfico y del personal de empleados particulares, una bonificación no imponible que no será considerada sueldo para ningún efecto legal y que se devengará en las fechas y por los montos que se indican:

Artículo 5º.- Incorporase a contar del 1º de enero de 1970, a las escalas de sueldos del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigentes después de sus modificaciones, incluidas las de la ley Nº 17.063, la asignación establecida en el artículo 1º, incisos segundo y tercero de la ley Nº 16.840.

Para los efectos de esta incorporación se considerará la asignación completa que correspondió de acuerdo con el inciso segundo aludido, más el aumento del D. F. L. Nº 1, de 1969.

Los funcionarios del Sector Público no regidos por el D.F.L. Nº 40, de 1959, que al 31 de diciembre de 1969 estaban percibiendo la asignación establecida por la ley número 16.840 en sus artículos 1º, incisos segundo y tercero, y 4º, inciso cuarto y que fue aumentada por el artículo 2º del D.F. L. Nº 1, de 1969, mantendrán dicha asignación, a contar del 1º de enero de 1970, con el carácter de. Sueldo base para todos los efectos legales e imponibles en la misma proporción en que lo sea el sueldo.

La primera diferencia mensual determinada por la aplicación de este artículo quedará a beneficio de los personales respectivos y no será depositada en las Cajas de Previsión correspondientes.

Artículo 6º.- Modificase el artículo 174 de la ley Nº 16.840, sustituido por el artículo 10 de la ley Nº 17.029 de 4 de diciembre de 1968, como sigue:

"Artículo 174.- Prorrogase hasta el 31 de diciembre de 1970 el plazo otorgado a las municipalidades por el artículo 26 de la ley 16.250, para encuadrar los excesos de aumentos de remuneraciones concedidos a sus empleados y obreros dentro de los porcentajes de limitación establecidos por la ley en los términos que prescribe el citado artículo 26.

Mientras esto no suceda, les queda prohibido crear nuevos cargos de empleados y obreros, aumentar de grados, mejorarlas rentas u otorgar otros beneficios.".

Artículo 7º.- A partir del 1º de enero de 1970, serán imponibles las bonificaciones, asignaciones y todas las demás remuneraciones de carácter general y permanente de que gozan los empleados a quienes se aplica el artículo 99 de la ley Nº 16.617, pero con los límites porcentuales fijados en dicho artículo, con la modificación que le introdujo la ley Nº 17.083. Mantendrán su carácter de no imponibles las remuneraciones eventuales y las de naturaleza provisional, tales como el viático, las asignaciones de gastos de movilización, de máquinas, pérdidas de caja, de cambio de residencia, la gratificación de zona, la remuneración por trabajos nocturnos y horas extraordinarias, asignación familiar, la bonificación del artículo 19 de la ley Nº 15.386, y cualesquiera otras de la misma naturaleza actualmente existentes o que se establezcan en el futuro.

El reajuste de las pensiones a que dé lugar la aplicación de este artículo será de cargo de la respectiva Caja de Previsión u otra Institución o Empresa que paguen pensiones.

Artículo 8º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.076:

a) Reemplazase el artículo 7° por el siguiente:

"El sueldo base mensual por cada hora diaria de trabajo, a contar del 1º de enero de 1970, será la cantidad equivalente al sueldo vital escala A) del Departamento en Santiago para 1969 (Eº 477,50) aumentada en el 100% del alza que experimente el Indice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de 1969. La fracción de hora se pagará en proporción a dicho sueldo".

b) Sustituyese el inciso segundo del artículo 10, por el siguiente:

"Los profesionales funcionarios que por razones de servicio deban excederse del horario contratado, en días y horas hábiles, gozarán de una asignación de permanencia de hasta un 30% de su sueldo base. Esta asignación no se considerará para el cálculo del porcentaje máximo a que se refiere el inciso cuarto del artículo 9º; será no imponible y podrá sumarse a las demás asignaciones que establece el citado artículo. Un Reglamento establecerá, a propuesta del Consejo Nacional de Salud, la forma, monto y condiciones para el goce de esta asignación".

c) Reemplazase en el inciso final del artículo 12 la cifra "24" por "12" y agregase la siguiente frase final:

"Los profesionales funcionarios que desempeñen estos cargos no podrán contratar extensiones horarias, salvo en los casos contemplados en el inciso anterior".

Artículo 9º.- A contar del primero de enero de 1970, los trabajadores que laboran en la extracción de ripio, arena y materiales para la construcción recibirán en sus salarios o tratos un reajuste igual al porcentaje que hubiere experimentado el alza del costo de la vida, durante el año 1969.

PARRAFO 3º

Reglas para la aplicación de los reajustes.

Artículo 10.- El porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1º de esta ley se aplicará, respecto del personal de la Empresa Portuaria de Chile, de acuerdo a las normas contenidas en el artículo 59 del D. FL. Nº 1, de 1969, dictado en uso de las facultades concedidas por el artículo 82 de la ley Nº 17.072.

Artículo 11.- Para los efectos del otorgamiento del reajuste a que se refiere el presente Título se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 90, 93, 94, 95, 131 inciso tercero y 132 de la ley Nº 16.617, modificándose la referencia al año "1967" por "1970" en los artículos 94 y 132.

Artículo 12.- Con lo, dispuesto en el artículo 1º de esta ley se entiende cumplido lo ordenado por el artículo 33, inciso segundo, de la ley Nº 15.840.

Artículo 13.- Las pensiones del personal a que se refiere el inciso primero del artículo 1º de esta ley, que se reajustan de acuerdo con su similar en servicio activo recibirán como mínimo el mismo porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1º de esta ley sobre la pensión al 31 de diciembre de 1969.

Artículo 14.- El Presidente de la República entregará durante el año 1970 a los Servicios e Instituciones enumeradas en el artículo 239 de la ley Nº 16.840, excluidas la Empresa Portuaria de Chile, el Servicio Médico Nacional de Empleados y la Caja de Accidentes del Trabajo, e incluidas la Corporación de Obras Urbanas y la Superintendencia de Servicios Eléctricos de Gas y de Telecomunicaciones, las cantidades necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

Al personal de las Instituciones a que se refiere este artículo, cualquiera que sea el régimen de remuneraciones a que estén afectos durante el año 1970 le corresponderá únicamente el porcentaje de reajuste del Sector Público.

Declárase que los reajustes de remuneraciones de los funcionarios del Servicio Médico Nacional de Empleados regidos por la ley Nº 15.076 han debido ser y serán exclusivamente de cargo de dicho Servicio.

Artículo 15.- Aumentase, en el mismo porcentaje fijado en el artículo 1º, la remuneración máxima establecida en el artículo 1º del D.F.L. Nº 68, de 1960, y sus modificaciones posteriores.

Artículo 16.- Autorízase a las Instituciones Descentralizadas para adecuar las remuneraciones de sus personales, sin necesidad de Decreto Supremo, a fin de dar cumplimiento a la presente ley, entendiéndose modificados, al efecto, sus respectivos presupuestos.

Artículo 17.- La primera diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del artículo 1º de esta ley, ingresará a las Cajas de Previsión en seis cuotas mensuales iguales a contar del mes de enero de 1970.

Artículo 18.- El porcentaje de reajuste a que se refiere el artículo 1º que corresponde a los empleados y obreros de los Ferrocarriles del Estado, se aplicará también sobre las remuneraciones vigentes, al 31 de diciembre de 1969, que no se determinen como un porcentaje del respectivo sueldo o salario base.

PARRAFO 4º

Del financiamiento.

Artículo 19.- El mayor gasto de cargo fiscal que significa este proyecto, se afrontará con cargo al ítem 006 de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda de la Ley de Presupuestos para 1970.

Artículo 20.- Declárase que las importaciones que se realicen con cobertura diferida y cuyos derechos aduaneros puedan cancelarse en la forma señalada en el artículo 164 de la ley Nº 13.305, no constituyen un régimen de importación especial a los cuales se refiere el inciso segundo del artículo 187 de la ley Nº 16.464.

En consecuencia, el Presidente de la República podrá ejercer con respecto a ella las facultades que le confiere el artículo 186 de la ley Nº 16.464.

Artículo 21.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.575:

1º.- En el artículo 136:

A) Se suprime el Nº 2.

B) Se sustituye el Nº 3 por el siguiente, que pasa a tener el Nº 2:

"2.- Las exportaciones de la pequeña y mediana minería, cuando la Empresa Nacional de Minería certifique que no hay en Chile capacidad de fundición o refinación según corresponda a los productos que se deseen exportar, o que por cualquier motivo no pueda recibir dichas producciones para su tratamiento".

C) Se agrega el siguiente Nº 3:

"3.- Las exportaciones provenientes de contratos celebrados por empresas de la pequeña y mediana minería, relacionados con nuevas producciones o con ampliaciones de su capacidad de producción financiadas con aportes de capital extranjero debidamente autorizados y siempre que los referidos contratos sean aprobados especialmente para estos efectos por la Corporación del Cobre."

D) Se suprime el actual Nº 4, que se reemplaza por el siguiente:

"4.- Las exportaciones de la pequeña y mediana minería provenientes de contratos de venta aprobados por la Corporación del Cobre correspondientes a producciones para las cuales no haya capacidad en los términos a que se refiere el Nº 2 de este artículo. Esta excepción se mantendrá por la cantidad y plazo que determine la Corporación del Cobre en la respectiva aprobación del contrato de venta.

La Empresa Nacional de Minería deberá declarar, antes del 80 de septiembre de cada año, la capacidad de fundición y refinación disponible para el año siguiente".

E) Se reemplaza el Nº 6 por el siguiente:

"6.- Las exportaciones de cobre blister destinadas a cumplir contratos que comprometan la venta de formas especiales que no se produzcan en el país, o destinadas a producir aleaciones, productos químicos u otros productos en que el cobre blister se usa directamente sin que medie un proceso de refinación. En todo caso estas ventas deberán efectuarse a fabricantes sin intermediarios y deberán contar con la aprobación especial de la Corporación para que proceda la excepción."

F) Se sustituye el texto del actual Nº 7 por el siguiente: "Las exportaciones de cobre "blister" de las empresas de la Gran Minería del Cobre que tengan actualmente contratos vigentes o los celebraren en el futuro, con la Empresa Nacional de Minería, para utilizar la refinería de Las Ventanas y que, con tres meses de anticipación al vencimiento de dichos contratos, obtuvieren su renovación o la celebración de nuevos contratos con ella, para el objeto señalado";

G) Se sustituye el inciso segundo por el siguiente: "Las cuestiones que pueden suscitarse con motivo de la aplicación o interpretación de las excepciones contempladas en los Nºs. 2 y 7 del presente artículo, entre los productores mineros y la Empresa Nacional de Minería u otras empresas Nacionales de fundición o refinación, serán resueltas en única instancia y sin forma de juicio por la Corporación del Cobre";

H) El inciso cuarto se sustituye, por el siguiente:

"Respecto a las excepciones contempladas en los Nºs. 5 y 7, ellas se aplicarán sólo a la cantidad de cobre no refinado equivalente a la capacidad anual de la refinería para el primer caso y a la cantidad que ampare el contrato de refinación en el segundo caso".

2º) Agregase el siguiente artículo nuevo:

"Artículo...- El impuesto establecido en el artículo 134 de esta ley, será depositado en una cuenta especial en el Banco Central de Chile, contra la cual sólo podrá girar la Empresa Nacional de Minería para los planes de creación, expansión y desarrollo de las cooperativas de pequeños mineros y pirquineros.

El pago del impuesto será hecho en escudos, al cambio bancario vendedor, posición contado, vigente al día de la cancelación provisoria o definitiva, según el caso.

Junto con la correspondiente solicitud o registro de exportación, el exportador presentará una declaración jurada sobre el peso y ley de origen del producto y el número de libras de cobre fino contenido según los mismos análisis de origen. Además, adjuntará comprobante del depósito provisorio del impuesto, que haya efectuado en la cuenta especial de que se trata en el inciso primero, conforme a los indicados antecedentes de peso y ley de origen.

La Corporación del Cobre no podrá otorgar la autorización de exportación, sin que se hubiere dado cumplimiento a las exigencias señaladas en el precedente inciso. Cumplidas estas exigencias, la Corporación del Cobre así lo certificará al autorizar la exportación.

Una vez que la Corporación del Cobre haya verificado el peso y la ley definitivos del producto exportado, y dentro del plazo en que según las normas actúales o futuras deba procederse a liquidar las divisas provenientes del retorno, el exportador presentará a la Corporación del Cobre un comprobante de haber depositado, en la cuenta especial señalada en el inciso primero, la diferencia correspondiente al mayor impuesto definitivo que se determinare. El exportador que no diere cumplimiento a esta obligación, dentro de ese plazo y a satisfacción de la Corporación del Cobre, podrá hacerlo en cualquier tiempo, previa determinación del monto del impuesto definitivo según el nuevo cambio vigente y recargo de un 10% mensual. No obstante, mientras no hiciere el pago, no podrán serle autorizadas nuevas exportaciones de cobre. Todo esto se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso sexto.

En caso de que el impuesto definitivo resultare inferior al impuesto provisorio, la diferencia en favor del exportador será descontada por éste en el más próximo entere de impuesto provisorio que le corresponda hacer en futuras exportaciones. Si, en el mismo caso, transcurrieren seis meses desde el pago provisorio del impuesto sin que el interesado efectúe nuevas exportaciones, tendrá éste el derecho de solicitar devolución de la diferencia a la Empresa Nacional de Minería.

El Banco Central de Chile remitirá a la Empresa Nacional de Minería, el día 10 de cada mes, una relación de todos los depósitos efectuados en la antedicha cuenta especial durante el mes calendario anterior.

La declaración jurada maliciosamente falsa que hiciere un exportador sobre los pesos y leyes de origen del producto, será sancionada con pena de presidio o reclusión menor en su grado mínimo. El proceso correspondiente se iniciará por denuncia o querella de la Corporación del Cobre, cuando el Directorio de ésta, por acuerdo que cuente con el voto de las tres cuartas partes de sus miembros presentes, así lo decidiere. Las causas criminales que se originaren se tramitarán según el procedimiento establecido en el Libro II del Código de Procedimiento Penal, pero el juez podrá apreciar la prueba en conciencia.

Artículo 22.- Modificase en los siguientes términos el número 11 del artículo 15 de la ley Nº 16.624:

a) Eliminase la coma que aparece después de la palabra "Conocer";

b) Sustituir la frase "en primera instancia, como árbitro", por la frase siguiente: "como árbitro en única instancia, de", y

c) Reemplazar el guarismo "3" por "2".

Artículo 23.- Interpretando el artículo 3º de la ley Nº 16.528, se declara que la exención tributaria de pleno derecho, a que se refiere esa disposición, y el número 5 del artículo 18 del Decreto de Economía Nº 1.270, de 27 de septiembre de 1966, no constituye exención al impuesto establecido en los artículos 134 y siguientes de la ley Nº 15.575.

Artículo 24.- Se establecerá anualmente para cada productor de cobre de la Mediana Minería, el costo de producción y se agregarán 15 centavos de dólar por cada libra de cobre fino producido en el año, y la suma de ambos guarismos será el precio base.

Se entiende por sobreprecio, todo el excedente obtenido en la venta del cobre sobre el precio base.

El 50% del excedente a que se refiere el inciso anterior se destinará a beneficio fiscal y se aplicará sobre el total anual de las ventas de cobre que efectúe cada empresa, ya sea que se venda en forma de minerales, concentrados, precipitados, cementos, blister, ánodos o cualquier otra forma de cobre.

La norma del inciso anterior se aplicará cualesquiera que sean las exenciones o franquicias de que goce la empresa productora, por disposiciones legales o reglamentarias generales o especiales y se deducirá de la renta bruta para la determinación de las rentas imponibles.

Al Servicio de Impuestos Internos corresponderá la fiscalización del pago que deba enterar cada empresa productora según los precios bases establecidos en Conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.

Artículo 25.- Agregase al final del artículo 235 de la ley Nº 16.617, los siguientes incisos:

No obstante lo anterior, los intereses, primas u otras remuneraciones que perciban los bancos comerciales, Banco del Estado de Chile, Banco Central de Chile, Corporación de Fomento de la Producción y Empresa de Comercio Agrícola, en razón de los préstamos u operaciones de crédito no reajustables que otorguen en moneda corriente a empresas extranjeras, estarán además afectos a una sobretasa de impuesto, que será determinada trimestralmente por el Ministerio de Hacienda a propuesta del Comité Ejecutivo del Banco Central.

Dicha sobretasa de impuesto será equivalente a la diferencia que exista entre el costo promedio del crédito en los mercados internacionales y el costo promedio del crédito en el sistema bancario chileno, una vez descontado el efecto de desvalorización monetaria.

Para estos efectos se considerará como empresas extranjeras a todas aquellas cuyo capital esté constituido en más de un 50% por aportes provenientes. del exterior y a las filiales de empresas internacionales.

Las normas relativas al impuesto único al crédito, en lo que se refiere a la modalidad del cobro, excepciones y publicación, se hacen extensivas a la aplicación de esta sobretasa.

Artículo 26.- Declárase, interpretando la expresión "mandatarios en general" contenida en la letra b) del artículo 15 de la ley Nº 12.120, que dicha expresión se refiere a todas las personas que, como retribución de sus servicios, perciban ingresos sujetos a las disposiciones de los artículos 20, 21 y 36, números 29 y 39 de la Ley de la Renta.

Artículo 27.- Agregase en la letra c) del número 20 del artículo 19 de la ley Nº 12.120, a continuación de la expresión "7°" y antecedido de una coma (,), el guarismo "9°".

TITULO II

Del reajuste del Sector Privado

Artículo 28.- Reajústense, desde el 1º de enero de 1970, en un porcentaje igual a la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos para el período comprendido entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de 1969, las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo vigentes al 31 de diciembre de 1969, de los trabajadores, empleados y obreros del Sector Privado, no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 29.- Durante 1970 regirán las disposiciones de los artículos 85, 86, 87, 88, 89, inciso primero, 90, 91, 92 y 93 de la ley Nº 16.840, de 24 de mayo de 1968, con la salvedad de que el porcentaje de reajustes a que ellas se refieren es el señalado en el artículo anterior de esta ley.

Se regirá por las disposiciones de esta ley el reajuste de remuneraciones de los obreros y empleados agrícolas que trabajan en predios pertenecientes a instituciones de previsión, en faenas directamente relacionadas con la agricultura, en los casos en que estén sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 30.- Las remuneraciones de los trabajadores, empleados y obreros del Sector Privado sujetas a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, se reajustarán de común acuerdo entre las partes. Si el reajuste pactado es superior a la variación que hubiese experimentado el Indice de Precios al Consumidor señalado por la Dirección de Estadísticas y Censos durante el período de vigencia del convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral, el excedente será absorbido por las utilidades de la empresa o industria sin que opere su posterior traspaso a los precios de los bienes que ésta produce o expende. Para los efectos anteriores se tendrá en consideración el valor total que representa el convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral que pone término al conflicto, es decir, no sólo el reajuste de las remuneraciones, sino también el de las regalías que se pacten.

Artículo 31.- El salario mínimo para los obreros de la industria, del comercio y agrícolas será durante 1970 y a partir del 19 de enero de ese año, equivalente a Eº 1,50 por hora. Sin embargo, en los casos de salarios, remuneraciones o regalías convenidos en contratos o convenios colectivos, actas de avenimiento o establecidos por fallos arbitrales, en relación al salario mínimo, se entenderá que éste, a partir del 1º de enero de 1970, es el actualmente vigente reajustado en el ciento por ciento de la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969.

Artículo 32.- Los empleados ingresados con posterioridad al 6 de abril de 1960, en actual servicio, de la Empresa de Comercio Agrícola y los que ingresaren, tendrán el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y se les aplicarán los párrafos 13, 18, 19 y 20 del título 29; artículo 143 y títulos 49 y 59 del D.F.L. 338, de 1960, sin perjuicio de las demás disposiciones de los Estatutos Internos del Personal de la Empresa.

En ningún caso esta disposición significará disminución de las actuales rentas de los empleados ni supresiones de cargos.

Artículo 33.- A contar de la vigencia de la presente ley, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado podrá contratar préstamos en el Banco del Estado u otra institución bancaria, que le permitan cancelar lo adeudado a su personal que ha sido declarado cesante o jubilado, especialmente, los desahucios, en conformidad a la ley Nº 7.998.

El préstamo señalado sólo será para cancelar deudas a sus ex servidores que permanecen impagos de sus beneficios.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado autorizará el préstamo con los valores que ingresa de los descuentos directos del personal consultado en la ley número 7.998. Su interés será el mínimo y de cargo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

Artículo 34.- Derógase el artículo 65 de la ley Nº 17.073, de 31 de diciembre de 1968.

El mayor ingreso tributario derivado de la supresión de la franquicia a que se refiere el inciso anterior, se destinará a los programas de operación sitio, préstamos a cooperativas y viviendas populares urbanas y rurales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

Artículo 35.- Durante el año 1970, los organismos públicos encargados de la fijación de precios no podrán autorizar reajustes en un porcentaje superior a un 28% respecto de los precios vigentes en el mes de diciembre de 1969. Esta disposición se aplicará especialmente respecto de los productos de primera necesidad, los artículos sujetos a márgenes de comercialización y las tarifas de los servicios de utilidad pública. En ningún caso las autoridades podrán conceder más de un alza para un mismo producto en el curso del año 1970.

Otorgado que sea un reajuste de precios, el Director de Industria y Comercio o el Jefe del Servicio respectivo, si el alza se hubiere concedido por un servicio distinto, deberá remitir dentro del plazo de 5 días a las oficinas de Informaciones de ambas ramas del Congreso Nacional, los estudios de costos y todos los antecedentes económicos y legales que hayan servido de base a la adopción de dicha medida.

Quedan excluidos de las limitaciones que establece el presente artículo los precios de los productos agropecuarios de precedencia nacional, los que quedarán sometidos a la política que determine el Ministerio de Agricultura.

Artículo 36.- Constituyese una Comisión Paritaria integrada por seis funcionarios del Ministerio de Hacienda y seis representantes de los funcionarios públicos nominados por la Central Única de Trabajadores, para que en el plazo de seis meses a contar de la promulgación de esta ley estudie los sistemas de remuneraciones del sector público civil de carreras funcionarías, con todos los mecanismos relativos a escalas de remuneraciones, y proponga al Presidente de la República sistemas de ingresos, ascenso, perfeccionamiento y demás materias afines. Los integrantes de esta Comisión podrán contar con la asesoría técnica necesaria y serán nombrados por decreto supremo dentro del plazo de 15 días de promulgada esta ley.".

El señor MERCADO ( Presidente).-

El procedimiento a que se sujetará el despacho de esta iniciativa fue puesto, oportunamente, en conocimiento de los señores Diputados.

En conformidad con un acuerdo adoptado por los Comités parlamentarios y con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento, se declaran aprobados en particular, por haber sido aprobados por las Comisiones unidas por asentimiento unánime, los siguientes artículos del proyecto: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 36.

El señor CERDA (don Eduardo).-

¿Los puede leer más despacio, por favor, señor Presidente?

El señor KLEIN.-

Están en la página XVI.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Figuran en la página XVI del boletín, pero si gusta, señor Diputado, les puedo dar nuevamente lectura.

El señor CERDA (don Eduardo).-

No es necesario, señor Presidente.

El señor MERCADO ( Presidente).-

En discusión general y particular el proyecto.

El señor PONTIGO.-

Una cuestión previa, señor Presidente, en relación a los artículos que se han aprobado, respecto del artículo 9º.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para conceder la palabra al señor Pontigo.

Acordado.

El señor PONTIGO.-

Señor Presidente, el artículo 9°, según lo que ha manifestado usted a la Sala, estaría aprobado y no sería materia de discusión.

Este artículo estaría destinado, según el texto, a darles a los obreros y trabajadores que laboran en la extracción de ripio, arena y materiales para la construcción un aumento igual al experimentado por el alza del costo de la vida. Dice el artículo: "... recibirán en sus salarios o tratos un reajuste", y resulta, señor Presidente, que los obreros que trabajan en la extracción del ripio y arena no son obreros asalariados y tampoco trabajan a trato; estos obreros tienen sus sindicatos; extraen el producto y lo venden directamente a un precio determinado, por metros cúbicos, a las firmas constructoras o al dueño del camión que traslada este producto del río hacia la construcción.

De tal manera que yo pido a la Honorable Cámara, si lo tiene a bien, examinar este asunto para hacer una indicación, a fin de que realmente este artículo beneficie a los obreros que trabajan en la extracción del ripio y arena de río, ya que ése fue el deseo y el buen espíritu de la Comisión.

Esto es todo lo que quería decir.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito la venia de la Sala para concederle algunos minutos al Diputado informante, a fin de que absuelva la consulta formulada por el Diputado señor Pontigo.

Tiene la palabra el señor Cerda.

El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).-

Lo puede aclarar cuando rinda su informe.

El señor CERDA (don Eduardo).-

Señor Presidente, en verdad, esta indicación fue presentada ayer en la Comisión y, como no estaba muy claro su texto, se aprobó por unanimidad, pero sin duda, en el texto original se indicaba "metros cúbicos", pero, consultado esto con otros colegas y con personal de la Cámara, se dictaminó que "trato" involucraba la idea de metros cúbicos o cualquier otro sistema en que el trabajador recibiera su remuneración. Entonces, ya sea por metros cúbicos, por camionadas o por lo que sea, se entiende que se le paga a trato. Por esta razón se dejó "salarios o tratos".

Ahora, si esta redacción no refleja lo que se quiso decir en la indicación, por nuestra parte no habría ningún inconveniente en modificarla, pero creemos que en el "trato" está todo contemplado.

El señor MERCADO ( Presidente).-

¿Está satisfecho, señor Pontigo?

El señor PONTIGO.-

Conforme.

El señor MERCADO ( Presidente).-

No habría razón de hacer una indicación.

El señor PONTIGO.-

No, señor Presidente.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Ofrezco la palabra para referirse al proyecto en general y en particular.

El señor CERDA (don Eduardo).-

" Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CERDA (don Eduardo).-

Señor Presidente, voy a ser muy breve en la información general, para dejar parte de mi tiempo corno Diputado informante para absolver, más adelante, las consultas que los señores parlamentarios quieran hacer. Además, por lo avanzado de la hora a que terminamos ayer en la Comisión, sólo me voy a referir al proyecto en líneas muy generales.

El proyecto que estamos tratando esta mañana, de reajuste general a los sectores público y privado, establece en su artículo 1º un reajuste del 28% a las remuneraciones permanentes al 31 de diciembre de 1969 de los empleados y obreros del sector público, incluidas las Municipalidades. Están excluidos de este reajuste general el personal activo y en retiro de las Fuerzas Armadas, Servicio de Investigaciones, Carabineros de Chile, Poder Judicial, Sindicatura General de Quiebras, personal afecto a la ley Nº 15.076, Estatuto Médico Funcionario y, además, la Comisión incorporó a esta exención al personal del Magisterio que se rige por el artículo 3° de la ley Nº 16.930.

El texto del reajuste proviene de un acuerdo de la Central Única de Trabajadores con el Gobierno.

Durante la discusión del proyecto en las Comisiones unidas de Gobierno Interior y de Hacienda estuvieron presentes los dirigentes de la Central Única de Trabajadores, encabezados por su Presidente DiputadoLuis Figueroa; Hernán del Canto, Edmundo Polanco y Mario Merino; el Ministro de Hacienda, el Subsecretario de Hacienda, el Subsecretario de de Previsión Social, el Superintendente de Seguridad Social, señor Carlos Briones, y la señora Victoria Avellanos por la Dirección de Presupuesto.

Este acuerdo indica, tal como quedó estipulado en la Comisión y se estableció en el artículo 1º, que el reajuste del 28% rige siempre que el índice de precios, o sea el alza del costo de la vida, durante 1969 no suba de 29,5%. En cambio, si el alza del costo de la vida o el índice de precios al consumidor en el año 1969, sube de 29,5%, el reajuste se incrementará "en tantos puntos y fracciones de puntos como sean los que excedan del 29,5 en el alza del índice antes señalado". Esto quiere decir que, si el alza del costo de la vida durante 1969 es, por ejemplo, de 29,8%, el reajuste general será de 28,3%, esto es, sube en tres décimos, y así sucesivamente, según las diferentes cifras que arroje este índice.

En el artículo 2º se indita que el monto de la asignación familiar será reajustado en un ciento por ciento en relación al índice de precios al consumidor y que, además, habrá, a partir del 1° de enero de 1970, una bonificación complementaria y permanente de 20 escudos por cada carga familiar, lo que indica que el reajuste de la asignación familiar para el personal del sector público durante el año 1970 será aproximadamente de un 80%, dado que va a quedar en alrededor de 68 escudos por cada carga familiar en el mes.

Quizás sea un poco desordenado, pero quisiera plantear, en líneas generales, los puntos principales del acuerdo con la Central Única de Trabajadores. Se aumenta el salario mínimo para los trabajadores industriales y agrícolas, el sector más postergado, donde muchas veces no hay ninguna organización y hay gente que trabaja sólo por ciertos días del mes, haciendo lo que vulgarmente se llama "pololos", por tener que estar en una u otra faena. Ellos van a tener un salario mínimo de 12 escudos diarios durante el año 1970, lo que significa un aumento en este sector de un 60%.

También quedó establecido en la Comisión, según el acuerdo de la Central Única de Trabajadores con el Gobierno, que los representantes Consejeros del Gobierno en el Servicio de Seguro Social se han comprometido a votar para que la asignación familiar obrera del sector privado alcance, durante el año 1970, a Eº 1,50 por carga y por día trabajado, lo que significa aumentar prácticamente en un 50% la asignación familiar del sector particular obrero.

Quisiera referirme, a continuación, a algunas normas especiales de este proyecto.

El artículo 3° se refiere al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción de la regida polla ley 15.076 y del sujeto a tarifado gráfico. En todo caso, este sector tendrá un reajuste que significa alcanzar, durante el año 1970, un 94% de cada categoría o grado de la escala del D.F.L. Nº 40, de 1959, o sea, de la escala administrativa vigente para este mismo año. Además, en el artículo 4º se concede al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud una bonificación no imponible especial en los meses de marzo, septiembre y diciembre del año 1970, que alcanza la suma de Eº 1.140, con lo cual, prácticamente, el reajuste que va a tener el personal del Servicio Nacional de Salud le permitirá llegar al 99% y 100% de la misma escala.

Durante la discusión en la Comisión, quedó claramente establecido el compromiso del Gobierno en orden a que la suma correspondiente a septiembre, De Eº 340, sería aumentada a Eº 355, para que alcanzara exactamente la cifra determinada. El Gobierno ha prometido, a través del Ministro de Hacienda, revisar y a justar lo convenido, mediante indicación en el transcurso del proyecto.

En los artículos que siguen, se ha indicado también un reajuste especial para el sector acogido a la ley Nº 15.076, en general, los médicos, quienes tendrán durante el año 1970 una remuneración equivalente a un sueldo vital escala A) del departamento de Santiago, durante el año 1970, por cada hora de servicio. La indicación aprobada, que fue enviada por el Ejecutivo en el Mensaje, establece claramente que "el sueldo base mensual por cada hora diaria de trabajo, a contar del 1º de enero de 1970, será la cantidad equivalente al sueldo vital escala A) del departamento de Santiago para 1969 aumentada en el 100% del alza que experimente el Indice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969".

Por lo tanto, queda, en este sentido, solucionado el problema de remuneraciones de los médicos funcionarios.

En diferentes otros artículos hay reglas generales para la aplicación de los reajustes que, en su. mayoría, son transcripción de otras leyes de reajustes de años anteriores; en especial, las que tienen que ver con la Empresa Portuaria, donde se necesita hacer diferentes alcances a leyes por las cuales se ha estado rigiendo este personal. Hay especificaciones concretas en este proyecto para que no haya mayor problema.

En cuanto al sector privado, ha quedado claramente establecido que éste tendrá un reajuste equivalente a un ciento por ciento del alza del costo de la vida, sin perjuicio de que todos aquellos trabajadores u organizaciones regidos por convenios o actas de avenimiento tengan plena libertad para obtener el reajuste que ellos logren conseguir, una vez que se haya cumplido el plazo de dicha acta.

Como financiamiento del proyecto, el Ejecutivo propuso una indicación que fue aprobada, referente a las coberturas de importaciones, con lo cual se da un financiamiento de alrededor de los 50 millones de escudos; y el mayor gasto de cargo fiscal que significa este proyecto se afrontará con cargo al ítem 006 de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda, de la ley de presupuesto para 1970. Esto significa que, consideradas las diferentes fuentes de financiamiento y recursos con que cuenta el Ejecutivo, quedaría un resto sin financiar, tal como fue presentado el proyecto y como lo indicara el Ministro de Hacienda en las Comisiones Unidas, de alrededor de 100 y 130 millones de escudos. El costo general de este proyecto, en conformidad con el acuerdo con la Central Única de Trabajadores, es de 2.219 millones de escudos. A esto habría que agregar, para todo el costo del reajuste para 1970, una suma de 1.219 millones de escudos, que significa el reajuste al personal en actividad de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, pagando al sector pasivo sólo un 40%, como lo indicó el Ministro de Hacienda durante el debate, en el año 1970. En el caso de que el financiamiento del sector pasivo fuera completo, este gasto subiría a 1.703 millones de escudos, caso en el cual, según indicó el Ministro de Hacienda, no podría ser pagado.

El reajuste especial al Poder Judicial y Sindicatura de Quiebra, más el reajuste normal del 28% que les correspondería, significa gastar alrededor de 51 millones de escudos, a los cuales hay que agregar, además, los recursos necesarios para cumplir con los acuerdos del Magisterio, de la Universidad de Chile y otros, que hacen llegar el costo total del proyecto a la suma de 3.570 millones de escudos, según lo indicara el señor Ministro de Hacienda.

Durante la discusión del proyecto, se incorporaron al financiamiento de él algunas indicaciones formuladas por los parlamentarios de la Democracia Cristiana, las que significan dar un financiamiento adicional para solventar este déficit. Entre estas indicaciones, la más importante sería la de aplicar el sobreprecio del cobre a las empresas de la mediana minería del cobre, que está en el artículo 24 del proyecto, y sobre el cual, más adelante, si los señores Diputados lo desean, podría darles la información del rendimiento, según fuera el precio del cobre.

Este nuevo artículo ha sido aprobado por la Comisión sobre la base de que, prácticamente, en todos los sectores hay unanimidad de pareceres en cuanto a que el sector de la mediana minería ha estado obteniendo, en este último tiempo, utilidades verdaderamente extraordinarias, derivadas del alza del precio del cobre en el mercado internacional. Debo señalar que el rendimiento de esta disposición, considerando diversos precios para la libra del cobre, sería el siguiente: a 50 centavos de dólares, 3. 700.000 dólares; a 60 centavos de dólar, 10 millones de dólares; y a 70 centavos de dólar bordearía los 19 millones de dólares.

El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).-

¿Me permite, colega?

El señor CERDA (don Eduardo).-

Con mucho gusto.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede hacer uso de una interrupción el señor Rufo. Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).-

Señor Presidente, acabo de tomar conocimiento del artículo 24 del proyecto que establece el destino fiscal de parte del precio a que se refería él señor Diputado informante, aplicado a las ventas de cobre de la mediana minería, como, asimismo, de la disposición del artículo 21, que introduce una serie de modificaciones al artículo 136 de la ley Nº 15.575 y que grava con un impuesto de 2 centavos de dólar la libra de cobre exportado no refinado, eliminando la exención de que goza la pequeña minería nacional y otorgándola, en cambio, a determinadas inversiones extranjeras.

La disposición del artículo 24 encierra una gravedad bastante trascendente. En primer lugar, porque las empresas más importantes de la mediana minería, a las cuales se ha referido el señor Diputado informante, tienen sus inversiones en Chile amparadas por las disposiciones del artículo 54 y siguientes de la ley número 16.624, que establecen la obligación para el Estado de no introducir en los contratos de inversiones gravámenes que sean discriminatorios o están acogidos al Estatuto del Inversionista o a la ley 7.747. En segundo término, porque si el país necesita crear un incentivo realmente efectivo de las inversiones mineras, es necesario que las empresas de la pequeña minería aumenten el volumen de su producción y se transformen en empresas de la mediana minería, que son las que realmente realizan una explotación intensiva y más o menos íntegra de las riquezas mineras del país, lo que no ocurrirá de aprobarse el proyectado artículo 24.

Esta disposición -quiero explicarle mi criterio al señor Diputado informante- produciría una franca discriminación entre las empresas que actualmente están amparadas o por el Estatuto del Inversionista o por la disposición del artículo 54 de la Ley del Cobre, Nº 16.624, y las nuevas empresas que desearan llegar al país, las que se encontrarían con esta limitación del artículo 24 del proyecto, que les haría absolutamente inatractivo venir a Chile. Esto no está ocurriendo en otros países del mundo; en Perú, por ejemplo, " donde se están dando toda clase de franquicias y de incentivos a las empresas mineras para instalarse y donde, al momento de esta discusión, existe una verdadera carrera internacional por invertir capitales en la minería del cobre de ese país que, consciente de la importancia económica que ello encierra, da estabilidad y seguridad al inversionista.

Además de aprobarse este artículo, como ya lo he dicho, las pequeñas empresas mineras, que no tienen más de 100 sueldos vitales anuales de la capital, límite de la pequeña minería, nunca llegarán a transformarse en empresas de la mediana minería, con lo cual no se obtendrá el provecho económico que el país realmente quiere obtener de estas pertenencias o explotaciones. Por otra parte, podría producirse, perfectamente, una división entre la mina y la planta para aquellas personas que desearan eludir el impuesto. Quiero explicarme. Se produciría una división jurídica del yacimiento minero y de la planta de explotación; de manera tal que, el impuesto que grava al productor podría eludirse vendiéndose más barato a la planta de beneficio, que, en definitiva, incorpora un mayor valor a esta producción y que queda fuera del alcance del artículo 24 propuesto que grava sólo al productor.

Yo estoy de acuerdo, señor Diputado informante, en que muchas empresas de la mediana minería tienen ventajas tributarias excesivas. Pero una cosa es pretender someterlas mediante los convenios con Gobierno, que es el responsable de la conducción económica del país, a regímenes de tributación aceptables, y otra cosa es, de un golpe de plurtia, desalentar absolutamente la inversión minera en el país mediante artículos como el aprobado en el informe que usted lee. Se crea así una situación injusta, porque a algunos privilegiados, que están amparados en disposiciones legales, en los contratos celebrados con el Estado a que me he referido, no se les aplicaría el artículo 24; en cambio, aquellos que no han tenido la suerte de este amparo serían gravados con esta disposición.

Comentario especial, señor Diputado informante, me merece la modificación del artículo 136 de la ley Nº 15.575, en virtud de la cual se elimina la exención para la pequeña minería del gravamen de dos centavos de dólar por libra de cobre, en el caso de que las exportaciones no sean refinadas. La circunstancia de haber o no haber capacidad instalada suficientemente para refinar en la Empresa Nacional de Minería, no es una cosa que sólo debe determinar la ley, sino cada caso particular. Hay muchas pertenencias mineras alejadas de los centros de refinación de Paipote o de Las Ventanas; de modo que es físicamente imposible llegar a ellos por las dificultades de transportes, de comunicación y por lo oneroso de los fletes. Pero de un golpe de pluma se modifica el número 2° del artículo 136 de la ley Nº 15.575 y se grava a la pequeña explotación minera de cobre. Los señores Diputados que representan provincias en las cuales existen yacimientos de la pequeña minería, que conocen las dificultades, los apremios y los tremendos esfuerzos que deben realizar estos mineros, que son los únicos que dan vida a muchas provincias del país, comprenderán perfectamente la gravedad, la injusticia y la inconveniencia de las modificaciones que se introducen a la ley Nº 15.575 por el artículo 21 del proyecto.

Nada más.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede continuar el señor Cerda, don Eduardo.

El señor CERDA (Don Eduardo).-

El señor Magallanes me está solicitando una interrupción, señor Presidente, y se la voy a conceder.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede usar de la interrupción, Su Señoría.

El señor MAGALHAES.-

Señor Presidente, aun cuando pudiera pensarse de que es una redundancia, quisiera que el señor Diputado informante nos dijera si está excluida la Empresa Nacional de Minería, porque, como ella adquiere, en total, una cantidad superior a aquélla que adquiere la mediana minería, podría perjudicarse a los vendedores de la Empresa Nacional de Minería.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede continuar el señor Diputado informante.

El señor CERDA (don Eduardo).-

Señor Presidente, voy a explicar el sentido del artículo 24 en relación con el artículo 21, sobre lo cual iba a dar una explicación antes de que el colega Ruiz-Esquide, don Rufo, me solicitara una interrupción. Explicaré ambas disposiciones en conjunto. La disposición aprobada como artículo 21 significa, en resumen, porque son prácticamente dos o tres páginas, puesto que se ha modificado la ley Nº 15.575, terminar con la exención del impuesto de dos centavos de dólar por libra de cobre exportado, sin ser tratado en el país.

¿A qué se refiere esencialmente el artículo 21? A que en estos instantes, la Empresa Nacional de Minería, en Las Ventanas, Paipote y en otras plantas, tiene una capacidad instalada sin ser aprovechada en su totalidad para fundir o refinar cobre. Estos significa que los costos de maquila aumentan, sin duda, por tener una capacidad instalada que no está siendo aprovechada, y la disposición tiende a que este impuesto se aplique mientras exista capacidad en las plantas de ENAMI en el país para fundir o refinar este cobre, a fin de rebajar los costos de maquila y, por lo tanto, beneficiar en lugar de castigar a la pequeña minería que está llevando su cobre a las plantas de ENAMI. Indudablemente, algunas personas pueden ser perjudicadas con esto, si están exportando directamente. Pero a los que presentamos la indicación nos pareció, y como Diputado informante tengo que decirlo, que, sin duda, es de absoluta justicia el que, existiendo capacidad instalada en el país, con esfuerzo de todos los chilenos, con capitalización del Estado, que proviene de recursos de todos los chilenos, se aproveche dicha capacidad, que 'ha significado la inversión del Estado en plantas concentradoras, de lixiviación y plantas de refinerías en Chile. Este es el alcance concreto de esta disposición. Y, por lo tanto, para que alguien pueda exportar directamente, debe tener un certificado de la Empresa Nacional de Minería, en el sentido de que el Estado ha copado su actual capacidad instalada.

Lo que interesa a todos los Diputados, de todos los bancos, es que la Empresa Nacional de Minería aproveche el 100% de su capacidad instalada y, aún más, que ésta pueda ir aumentando en el futuro, a través de la ampliación de las plantas de fundición, de plantas refinadoras o por la construcción de otras plantas de fundición y refinación. Así se alcanzará, cada día, un mejor desarrollo económico de nuestro país y, especialmente, de la minería.

Además, en la indicación a que se ha dado lectura, que fue aprobada por las Comisiones unidas, se destinan los recursos que, para este objeto, se paguen a la Empresa Nacional de Minería, a fin de formar un fondo especial dentro de esta empresa, para préstamos, fomento, desarrollo y construcción de plantas para cooperativas de pequeños mineros y pirquineros en el país. En tales condiciones, se conseguirá que este impuesto, que se está pagando por explotar del país cobre sin ser tratado, vaya íntegramente en beneficio de la minería nacional y no a recursos generales del Estado.

No sé si en esta forma doy respuesta a lo que planteaba el señor Magalhaes.

El señor MAGALHAES.-

¿Me permite una interrupción, colega?

El señor MERCADO ( Presidente).-

¿Concede una interrupción al señor Magalhaes, Su Señoría?

El señor CERDA (don Eduardo).-

Cómo no.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor MAGALHAES.-

Más claro sería establecer la terminante prohibición de exportar concentrados y minerales.

El señor PENNA.-

Así es. ¿Me permite?

El señor MAGALHAES.-

Creo que así hubiera quedado más claro y se habría entendido perfectamente bien.

El señor PENNA.-

Señor Cerda, ¿me concede una interrupción?

El señor CERDA (don Eduardo).-

Con todo gusto.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor PENNA.-

Señor Presidente, precisamente, el sentido de esta indicación, que modifica los artículos 134 a 136 de la ley Nº 15.575, es, justamente, prohibir, prácticamente, la exportación de cementos, concentrados y blister, mientras haya capacidad instalada para tratar esos minerales en Chile. Porque, evidentemente, sería injusto que, existiendo capacidad instalada sin copar, alguien estuviera produciendo concentrados y dejara a Chile expuesto a las alzas y bajas, a las fluctuaciones del mercado internacional.

En el artículo 134 de la ley Nº 15.575, se fija un impuesto de dos centavos de dólar por libra exportado, sin refinar. En el artículo 135, se precisa qué se considera cobre sin refinar para exportar. En el artículo 136, se hacen las exenciones a esta regla general del artículo 134. Entonces, esta modificación que aprobó la Comisión en el artículo 21 tiende a suprimir muchísimas de las exenciones que se había establecido y que en verdad permiten a muchas empresas de la mediana minería exportar cementos concentrados y no entregar su refinación total a las fundiciones de la ENAMI. Como se ve, el destino de estos recursos es bastante importante.

La minería nacional comprende alrededor de diez a quince mil pequeños mineros y pirquineros. Y, según una estadística que poseo, alrededor de 220 pequeños mineros entregan aproximadamente 34 mil toneladas de cobre fino a la ENAMI; y, más o menos, seis mil mineros le entregan unas diez mil toneladas. Prácticamente, es un término medio de dos toneladas por capita al año. Por lo tanto, el rendimiento del impuesto de dos centavos por cada libra de cobre exportado sin refinar tendrá una finalidad muy justa, pues estará destinado a financiar un fondo que permitiría incrementar y desarrollar el cooperativismo entre los pequeños y medianos mineros y pirquineros, lo que favorecería a un sector absolutamente postergado y, yo diría, abandonado de la pequeña minería, que ha trabajado siempre sólo con su esfuerzo, que no han tenido nunca acceso al crédito, que no han podido llegar a instituciones que lo conceden, como la ENAMI, que les exige tener primero, saneadas las pertenencias mineras y, luego, algún respaldo económico, y ellos no lo tienen. El único camino que tiene esta gente para salir adelante es organizarse en cooperativas. Así podría conseguir, entre otras cosas, los créditos que la Empresa Nacional de Minería estará autorizada a concederles con los recursos que le entrega el proyecto que en este momento estamos aprobando.

Nada más.

El señor CERDA (don Eduardo).-

He concedido una interrupción al señor Rufo-Ruiz-Esquide, y a continuación al señor Barrionuevo.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).-

Señor Presidente, la razón de que los productores nacionales lleven sus concentrados y cementos de cobre al extranjero es la diferencia de tarifa, de valor de las maquilas entre la Empresa Nacional de Minería y los centros de refinación internacionales. Es así como por refinar electrolíticamente una tonelada de cobre, la ENAMI cobra cerca de cien dólares, mientras que en el extranjero el costo no alcanza ni a la mitad de esa cifra, como ocurre en Europa, Japón o Estados Unidos de Norteamérica. Podrá decirse que entregarle mayor capacidad de refinación la Empresa Nacional de Minería podrá bajar los costos, pero mientras no se modifique su actual organización, su modo de operar y se haga de ella una Empresa ágil y moderna, esto será un hecho absolutamente imposible, y cualquiera que sea lo que los señores Diputados quieran establecer, la necesidad económica llevará forzosamente a los productores a seguir efectuando sus exportaciones. Y esto continuará hasta que la ENAMI llegue a los términos de eficiencia, de costos bajos y de capacidad real que corresponden a todas las empresas refinadoras del mundo.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Barrionuevo.

El señor BARRIONUEVO.-

Señor Presidente, me hago eco de lo dicho por el señor Magalhaes. Su posición es que no sea perjudicada la pequeña minería ni sus posibilidades. Comparto ampliamente su criterio. Esta preocupación suya la tengo yo también. Pero resulta que los pequeños mineros no mandan a tratar sus concentrados al extranjero; lo entregan todo a la fundición de Paipote. Y siempre se han quejado -somos testigos de ello- de las subidas tarifas del, tratamiento, es decir, de maquila. Se ha dado al caso, hace algún tiempo denuncié en esta Cámara, que la Empresa Nacional de Minería le procesaba a la Braden Copper y otras compañías del país, a mitad de precio en Ventanas. Y la explicación del Gobierno fue que se aprovechaba el sobrante que había para procesar estos minerales justamente en esa refinería.

Yo he visto con cierta inquietud cómo en la provincia de Atacama algunas firmas de gran producción exportan sus cementos de minerales lixiviados como asimismo de concentración, restándole a la Empresa Nacional de Minería la posibilidad de procesarlos ella; de modo que la diferencia la pudiesen pagar los pequeños mineros. Es decir, los pequeños mineros tienen que pagar todo el alto costo que significa procesar esos minerales.

Por eso, si se trata de copar nuestra capacidad de refinación o de procesamiento de minerales, debe realmente prohibirse a los exportadores o industrias enviar sus minerales al extranjero, excepto cuando nuestra capacidad de procesamiento no sea suficiente, en cuyo caso no sería lícito impedirles buscar algún medio para procesar sus minerales en otro país.

Eso es todo.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Señor Cerda, el Diputado señor Pontigo le solicita una interrupción. ¿Le concede Su Señoría?

El señor CERDA (don Eduardo).-

Me había pedido antes una interrupción el señor Magalhaes. Se la concedo a él primero; y, a continuación, al señor Pontigo.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Muy bien.

Puede usar de la interrupción el señor Magalhaes.

El señor MAGALHAES.-

Señor Presidente, como representante de una zona minera, me interesa aclarar bien este problemita.

El Nº 2 de la letra B) del artículo 21, dice: "Las exportaciones de la pequeña y mediana minería, cuando la Empresa Nacional de Minería certifique que no hay en Chile capacidad de fundición o refinación según corresponda a los productos que se deseen exportar, o que por cualquier motivo no pueda recibir dichas producción para su tratamiento".

El problema es el siguiente. Hasta el día de hoy no he podido conseguir el rol de los pequeños mineros establecidos por la ley Nº 10.270, que esta misma ley obliga a elaborar a Impuestos Internos. Por eso, aquí se puede confundir perfectamente entre pequeña y mediana minería.

Estoy mucho más Se acuerdo con el planteamiento que se hace en el sentido de prohibir terminantemente las exportaciones de concentrados, cemento y mineral de cobre. ¿Por qué? Porque creo que la Empresa Nacional de Minería ha favorecido a los monopolios en el país. Por ejemplo, la ENAMI paga por cobre de lixiviación del 3,5%, 130 escudos. En cambio, las empresas particulares pagan 70 escudos, es decir menos de la mitad.

Por eso, estimo que esta indicación es muy favorable para la minería.

En cuanto a las maquilas, efectivamente las que cobra la Empresa Nacional de Minería son abusivas. No tiene ningún espíritu de fomento para la pequeña minería. Incluso los préstamos que otorga la ENAMI son extorsionistas.

Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo en que se prohíban las exportaciones de concentrados, cemento y minerales de cobre.

Eso es todo, por el momento.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede hacer uso de la interrupción el señor Pontigo.

El señor PONTIGO.

Señor Presidente, los comunistas votamos, ayer, en la Comisión, favorablemente esta disposición, porque nos parece que nuestra primera obligación es defender el interés nacional antes que el interés particular. Si la refinería Las Ventanas no trabaja a plenitud; si por trabajar a un 60 ó 61% de su capacidad, tiene tan altos costos, nosotros tenemos la obligación de darle la posibilidad de que trabaje a plenitud. Y ,de esta manera, bajando sus costos de producción, se beneficiará, evidentemente, la minería chilena.

En seguida, el señor Ruiz-Esquide ha dicho aquí que los productores particulares exportan sus concentrados, porque le es mucho más conveniente.

El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).-

Es mucho más caro refinar aquí en Chile.

El señor PONTIGO.

Es lo mismo. Es más conveniente, según el interés de los productores particulares. Pero nosotros, desde ningún punto de vista, podemos poner el interés particular por sobre el interés nacional.

De ahí, entonces, que si esta disposición obligara a los productores a entregar sus centrados a la refinería Las Ventanas, lo que le permitiría a ésta trabajar a plena capacidad, pudiendo así bajar los costos de producción y beneficiar a la pequeña minería, nosotros estamos total y . Plenamente de acuerdo con ella. Hay que aprovechar esa capacidad instalada. El país no puede continuar desperdiciándola. El país no puede seguir perjudicándose. Por lo tanto, así como apoyamos esta disposición en la Comisión, la apoyaremos también en la Sala.

Pero, se ha planteado el problema de la pequeña minería. A nosotros también nos inquieta este problema. En la Comisión se nos dijo, y esta es la verdad, que la pequeña minería vende sus concentrados a la ENAMI. De tal manera que no varía, no cambia el sistema en relación con la pequeña minería. Y. si el día de mañana se produce alguna situación que perjudique a la pequeña minería, nosotros seremos los primeros en solicitar de la Democracia Cristiana y del Gobierno el envío de una iniciativa legal que permita defender a la pequeña minería.

Nada más.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Pede continuar el señor Cerda.

El señor CERDA (don Eduardo).-

Señor Presidente, continuando con el informe, deseo aclarar algunas dudas y responder a varias consultas planteadas en este debate.

En primer término, me alegra mucho lo expresado por el señor Magalhaes, Diputadopor Atacama, y por el señor Barrionuevo, ambos muy conocedores de la materia minera. Ellos han comprendido que esta disposición no va a castigar a la pequeña minería. Quizás puedan ser afectados dos, tres o cuatro productores. Pero, si en el país hay más de 15 mil pequeños mineros, sin duda, el interés de ellos es el que tiene que primar por sobre el de todos los demás. Y por otro lado, de esta forma la Empresa Nacional de Minería podrá aprovechar toda su capacidad instalada en el país.

Con respecto a las palabras del señor Pontigo, Diputado por la provincia de Coquimbo, sobre el problema que afecta a los pequeños mineros y pirquineros, repito que el rendimiento de esta disposición será destinado íntegramente por la Empresa Nacional de Minería a la concesión de préstamos a cooperativas de pequeños mineros y pirquineros. Sabemos muy bien los problemas que tienen los pirquineros por falta de recursos. Hay centros mineros muy buenos, como el de Freirina y otros, pero esta gente no puede explotarlos como quisieran porque no tienen dinero para organizarse, para instalarse, para formar cooperativas, para adquirir maquinarias. Los recursos que obtenga ENAMI por este concepto los destinará íntegramente a la concesión de préstamos en moneda corriente, y no en préstamos en dólares, para que ellos puedan llevar adelante sus trabajos.

Continuando con el informe y para terminar la parte de minería, en lo que se refiere a la mediana minería y a la observación hecha por el Diputado señor Rufo Ruiz-Esquide, debo decir que, sin duda, las inversiones hechas en el país deben obtener utilidades, porque nadie va a invertir aquí sin obtenerlas. Pero quiero decirle a la Cámara, y ruego a los Diputados que escuchen bien, que una sola empresa de la mediana minería "Mantos Blancos", según el balance publicado en "La Segunda", hace dos meses, obtuvo con un capital más reservas de 15 millones de dólares, una utilidad líquida, en un año, de 20 millones de dólares. ¿Se necesita esto para que puedan venir al país las empresas extranjeras a hacer inversiones? Si esto es lo que se necesita, yo estaría definitivamente en contra de que vengan las empresas extranjeras al país, porque significa venir a llevarse las riquezas chilenas, dejar en nuestra patria sólo los hoyos y llevarse recursos que aquí se necesitan.

Nos parece que tiene que haber una rentabilidad, pero no una rentabilidad que signifique diez o quince veces lo que está obteniendo algún inversionista chileno en una industria, en una empresa minera, en la agricultura, o en cualquier otro rubro de producción. Este es precisamente el alcance de esta disposición, porque, si se examina la producción de la mediana minería, veremos que alcanza a 179 millones o 180 millones de libras, "Mantos Blancos" produjo en 1968, 66 millones de libras, "Disputada Las Condes", 79 millones de libras; "Sali Hoschschild", 12 millones de libras. Es decir, tres grandes empresas prácticamente copan el 80 ó 90% de la producción de la mediana minería.

Por eso nos parece justo, que mientras exista este precio del cobre en el mercado internacional -porque en la indicación sólo se contempla una diferencia de 15 centavos de dólar por libra- una vez fijados sus costos, sobre eso se entre a pagar el sobreprecio del cobre, quedando el 50% para el Estado chileno, lo que nos parece de absoluta justicia. La mediana minería puede tener costos de 30, 35 ó 40 centavos; de 50 centavos para arriba va a comenzar a pagar el sobreprecio del cobre, y si éste baja el día de mañana, no se pagará el sobreprecio y no se aplicará este impuesto. Por que el sobreprecio no es el resultado del trabajo que están ejecutando los Inversionistas, sino que de las condiciones del mercado internacional que, por lo tanto, tiene que aprovechar el país para su capitalización, para aumentar los recursos internos y para provocar un desarrollo económico.

El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).-

¿Me concede una interrupción, colega?

El señor CERDA (don Eduardo).-

Con mucho gusto.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Ruiz-Esquide, don Rufo.

El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).-

Las disposiciones del artículo 24 no alcanzan a ninguna de las empresas a que se ha referido el señor Diputado informante. Porque estas empresas están acogidas -como he manifestado- a las disposiciones del Estatuto del Inversionista, o a las normas dél artículo 54 y siguientes de la del cobre Nº 16.624 o a la ley Faivovich, o amparadas por una serie de convenios, muchos de los cuales se han celebrado con el actual Gobierno. A ellas les sería absolutamente inaplicable esta disposición, porque establece un sistema tributario no común, como dicen la ley del cobre "discriminatorio" y sus propios convenios o decretos de inversión las ampararán de la aplicación del artículo que se procura introducir. Así deberá sostenerlo el Ministro de Hacienda, presente en esta sesión.

En cambio, con este artículo se va a impedir que cualquiera empresa de la pequeña minería que desee transformarse en una empresa de la mediana minería, pueda hacerlo, porque esta disposición es realmente exploratoria estableciendo un impuesto al precio. Otra cosa es que cuando el Gobierno pacte o trate con estas empresas establezca normas tributarias justas. En esto estoy absolutamente de acuerdo y creo que es lo que correspondería hacer. Determinar o pactar determinadas tasas de impuesto a los ingresos o utilidades y una vez convenidas, deberán permanecer inmutables.

No estoy defendiendo ninguna clase de intereses, sino que solamente el fomento de la pequeña y mediana minería del país, absolutamente necesario para contribuir al desarrollo económico nacional, Lo contrario es desalentar la inversión. Hacerla que busque otro lugar donde radicarse.

Nada más, señor Presidente.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede continuar el Diputado señor Cerda.

El señor CERDA (don Eduardo).-

Señor Presidente, para no prolongar el informe, quiero manifestar que para nosotros -y es ésta mi opinión personal y creo que la de la mayoría de los Diputados integrantes de la Comisión- no existen contratos-leyes que impidan al Parlamento chileno legislar en forma diferente a lo que se ha aprobado en ocasiones anteriores.

En el artículo 25 se agregó una nueva disposición en virtud de la cual los préstamos u operaciones de crédito no reajustares que les instituciones mencionadas en el precepto otorguen en moneda corriente a empresas extranjeras, estarán además afectos a una sobre tasa de impuesto, que será determinada trimestralmente por el Ministerio de Hacienda a propuesta del Comité Ejecutivo del Banco Central.

En este momento me asalta una duda respecto de este artículo 25, porque me parece que ayer fue rechazado en la Comisión. Debe haber un error en el informe, ya que aquí está incluido como artículo aprobado, en circunstancias que fue rechazado.

El señor ARNELLO.-

Hay varios errores.

El señor PHILLIPS.-

¿Me permite una interrupción, señor Diputado?

El señor CERDA (don Eduardo).-

Con todo gusto.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Phillips.

El señor PHILLIPS.-

Gracias.

Estoy completamente de acuerdo con el Diputado informante; estuve en la Comisión; de manera que" puedo manifestar que este artículo fue rechazado. Algo similar sucede con el artículo 34, que aparece aprobado por unanimidad. Por señor Presidente, le ruego que se llame al Secretario de la Comisión de Hacienda, para que explique esta situación, ya que el artículo 34 fue aprobado por 7 votos contra 6, y aquí figura en la nómina de los artículos aprobados por unanimidad, cosa que no es efectiva. Como dice el señor Diputado informante, el artículo 25 fue rechazado en la Comisión y el 34 no fue aprobado por unanimidad; en consecuencia, corresponde tratarlos.

El señor MERCADO ( Presidente).-

¿Me excusa, señor Diputado? Se ha solicitado al Secretario de la Comisión de Hacienda que explique esta situación que se ha planteado. Una vez que este informe esté en poder de la Mesa se dará a conocer a la Sala.

Puede continuar el señor Cerda.

El señor CERDA (don Eduardo).-

Creo que se trata de un error, porque soy uno de los autores de esta indicación y fui el Presidente de las Comisiones Unidas; de modo que puedo asegurar que este artículo fue rechazado. Respecto del artículo 34, el señor Phillips también tiene la razón, ya que él no fue aprobado por unanimidad, sino que con los votos en contra de los Diputados nacionales.

El señor PHILLIPS.-

Exactamente. Y de un democratacristiano.

El señor CERDA (don Eduardo).-

Por lo tanto, no seguiré refiriéndome al artículo 25, salvo que algún señor Diputado quisiera hacer una consulta especial, si se renueva la indicación aquí en la Sala.

Además, en la Comisión fue aprobada una indicación de los parlamentarios de la Democracia. Cristiana, que se tradujo en el artículo 35, el cual establece:

"Durante el año 1970 los organismos públicos encargados de la fijación de precios no podrán autorizar reajustes en un porcentaje superior a un 28% respecto de los precios vigentes en el mes de diciembre de 1969. Esta disposición se aplicará especialmente respecto de los productos de primera necesidad, los artículos sujetos a márgenes de comercialización y las tarifas de los servicios de utilidad pública. En ningún caso las autoridades podrán conceder más de un alza para un mismo producto en el curso del año 1970."

Agrega el artículo: "Otorgado que sea un reajuste de precios, el Director de Industria y Comercio o el Jefe del Servicio respectivo, si el alza se hubiere concedido por un servicio distinto, deberá remitir dentro del plazo de 5 días a las Oficinas de Informaciones de ambas ramas del Congreso Nacional, los estudios de costos y todos los antecedentes económicos y legales que hayan servido de base a la adopción de dicha medida.

"Quedan excluidos de las limitaciones que establece el presente artículo los precios de los productos agropecuarios de procedencia nacional los que quedarán sometidos a la política que determine el Ministerio de Agricultura".

Los señores Diputados que fundamentaron esta indicación en la Comisión, expresaron que, si se estaba dando un reajuste al sector público que no excede del 28%, era de toda justicia que los precios, especialmente de los artículos de primera necesidad o de aquellos que significan tarifas de servicios de utilidad pública, no pudieran subir más allá de esa misma cifra.

Es indudable que todos los señores Diputados hubieran querido que no se alzara el precio de ningún producto, pero el proceso económico obliga a que haya alzas durante el próximo año. Si se dispusiera la congelación de precios, esto quedaría solamente en el papel, en la ley.

En todo caso, nos ha parecido que fijar un 28% como tope máximo es posible y de estricta justicia.

Finalmente, en el artículo 36, se aprueba la constitución de "una Comisión Paritaria integrada por seis funcionarios del Ministerio de Hacienda y seis

Representantes de los funcionarios públicos nominados por la Central Única de Trabajadores, para que en el plazo de seis meses a contar de la promulgación de esta ley estudie los sistemas de remuneraciones del sector público civil, de carreras funcionarías, con todos los mecanismos relativos a escalas de remuneraciones, y proponga al Presidente de la República sistemas de ingresos, ascensos, perfeccionamiento y demás materias afnes."

Este artículo, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión, también estaba incluido en el acuerdo de la Central Única de Trabajadores con el Gobierno, y tiene gran importancia por cuanto permitirá ordenar las remuneraciones del sector público y establecer prácticamente, lo que se puede llamar "la escala única" dentro de la Administración Pública, con el fin de que se terminen una serie de injusticias que se producen en este momento, en que. Personas que trabajan en distintos servicios y cumplen una función igual, tienen remuneraciones totalmente distintas. Esto, significa para los funcionarios vivir en un clima de injusticias y participar en una carrera en que los sectores postergados tratan a través de una ley, de obtener un reajuste especial, quedando por encima de otros grupos que hasta entonces se consideraban privilegiados y que, a, su vez, quedan rezagados.

Señor Presidente, me he referido, como lo indiqué al principio, sólo a los artículos fundamentales de este proyecto, porque el Diputado informante dispone apenas de 30 minutos, y deseo reservar tiempo para poder responder las preguntas que los señores Diputados quisieran formular durante el transcurso de la sesión.

Quiero, además, agregar que con las indicaciones nuevas aprobadas, se ha dado financiamiento a la suma de 130 millones de escudos que el señor Ministro indicaba como déficit del proyecto con lo cual quedaría financiado. A esto hay que agregar las otras medidas que propuso el Ejecutivo de disminuir algunos gastos públicos sin afectar los programas especiales del Ejecutivo y, además, la diferencia del precio del dólar, indicación que sería presentada en el oficio final, en el proyecto de ley de Presupuestos.

Quisiera referirme ahora al artículo 34, e1 que estaba aludiendo el señor Phillips.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Señor Diputado, el señor Amello le solicita una interrupción.

El señor CERDA (don Eduardo).-

Con mucho gusto.

El señor ARNELLO.-

Si quiere, después que informe el artículo 34, para no interrumpirlo.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede continuar el señor Diputado.

El señor CERDA (don Eduardo).-

En realidad, este artículo es importante, señor Presidente, por cuanto deroga el artículo 65 de la ley Nº 17.073, de 31 de diciembre de 1968. ¿Qué significa esta disposición? Las sociedades constructoras habitacionales tenían hasta la ley Nº 17.073, una exención de un 100% en el impuesto global complementario. El artículo 65 de esa ley rebajó la exención a un 50%. La indicación que se aprobó ayer en las Comisiones Unidas suprimió totalmente la franquicia tributaria que tenían las sociedades constructoras de viviendas. El criterio de la mayoría de los Diputados de la Comisión fue que había que ir eliminando las franquicias tributarias que no son absolutamente necesarias para la marcha del país y que consagran injusticias entre los diferentes sectores de la actividad industrial y empresarial del país.

El mayor ingreso tributario derivado de la supresión de esta franquicia se deberá destinar a los programas de operación sitio, préstamos a cooperativas y viviendas populares urbanas y rurales, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, porque su presupuesto para el año 1970 es uno de los más afectados, a pesar de que necesita ingentes para llevar adelante la política habitacional del país. En esta forma, nos ha parecido justo que, sí se suprime esta franquicia, estos recursos vayan al Ministerio de la Vivienda para, que al mismo tiempo, incentiven la construcción. Por otra parte, e indirectamente, las mismas empresas constructoras van a estar en condiciones de edificar, a través de propuestas de la Corporación de la Vivienda, de las cooperativas o de la Corporación de Servicios Habitacionales...

El señor PHILLIPS.-

¿Me permite una interrupción?

El señor CERDA (don Eduardo).-

Yo quisiera indicar que el rendimiento estimativo de esta disposición, es de 50 millones de escudos, que van a incrementar el presupuesto del Ministerio de la Vivienda.

Le concedo con mucho gusto una interrupción al señor Phillips.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.

El señor PHILLIPS.-

Señor Presidente, quiero manifestar nuestra disconformidad con este artículo, porque las personas que se ven afectadas por esta disposición tienen un derecho adquirido y tendrían que tributar sobre operaciones que ya fueron ejecutadas. Sería distinto el caso si la ley les quitara estos derechos para el año tributario siguientes a la fecha de su dictación.

A nosotros nos pareció en la Comisión que la indicación era improcedente e inconstitucional, porque estas personas tienen derechos adquiridos por operaciones que han efectuado y por contratos celebrados con la CORVI y la CORMU. Y esos contratos han sido cancelados de acuerdo con las reglas del juego establecidas por el Gobierno. Incluso, los propios Ministros de Estado de esta Administración, como el señor Hamilton, suprimieron ciertas garantías que tenían el sistema de edificación en el país y fijaron estas reglas del juego.

No nos parece adecuado que, en el momento en que esto se ha producido, en que los contratos están liquidados, se vuelva atrás y se le diga a esas empresas: ustedes tienen que tributar también sobre esas operaciones ya finiquitadas. Nos parece lógico que si el Congreso quiere eliminar estas franquicias, exprese: desde esta fecha para adelante, van a ser distintas las reglas del juego. Pero no se pueden afectar derechos adquiridos de estas empresas, que ya han pagado sueldos y salarios, que han cancelado el fierro y todos los materiales que intervienen en el proceso de construcción en el país. No se les puede cambiar las reglas del juego al final y decir hagan su declaración de renta y paguen el impuesto, lo cual no estaba contemplado. Por eso, nos parece más serio que se declare: desde esta fecha para adelante, las reglas del juego cambiarán y las empresas no tendrán esta exención. De esta manera ellas adoptarán las medidas pertinentes para el año próximo, y los servicios habitacionales del Estado, los que intervienen en la construcción, los empleados y obreros y las empresas constructoras, podrán formarse conciencia concreta de lo que ocurrirá.

Nada más y muchas gracias.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Excúseme, señor Diputado informante. Le advierto que sólo le queda un minuto.

El señor CERDA (don Eduardo).-

Voy a contestar al señor Phillips muy brevemente. Sin duda el colega se refiere a la constitucionalidad. Como Presidente de la Comisión, expuse esta disposición durante la discusión, porque el año pasado se aprobó otra exactamente igual, restando el 50% con efecto retroactivo, y esta ley se está aplicando en este momento.

Finalmente, quisiera decir que, como Presidente de la Comisión de Hacienda, durante la discusión de ayer, tuve que declarar improcedentes más de cien indicaciones, algunas por ser ajenas al proyecto y otras por crear mayores gastos en el :sistema previsional.

El señor PHILLIPS.-

Mala suerte que sólo las indicaciones nuestras fueran desechadas y no las de Sus Señorías,

El señor CERDA (don Eduardo).-

Todos los partidos políticos presentaron indicaciones, especialmente la Democracia Cristiana e igualmente tuve que declarar improcedentes la mayoría de ellas, por la sencilla razón. . .

El señor MERCADO ( Presidente).-

Excúseme, señor Diputado. Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor CERDA (don Eduardo).-

...de que el proyecto debía ser despachado a la brevedad posible; y la única forma de obtenerlo era proceder así. En esto asumo la responsabilidad que me corresponde.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor PHILLIPS.-

Tocó la mala suerte de que las indicaciones suyas eran buenas; las otras eran malas.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito la venia de la Sala. . .

El señor CERDA (don Eduardo).-

Puedo continuar en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Un minutito, señor Diputado.

Solicito la venia de la Sala para dar lectura a una indicación en la que, según me advierten, estarían de acuerdo todos los señores Comités y para someterla a votación en seguida.

El señor Secretario dará lectura a la indicación.

El señor MENA ( Secretario).-

Indicación presentada al artículo 7º por los señores Maira, González, Fuentealba, don Clemente; Fuentes, don Samuel; Aguilera, Monares, Muñoz, Barrionuevo, Figueroa, Ruiz-Esquide, don Mariano; Del Fierro, Penna, Señoret Magalhaes, Cabello, Basso, Ibáñez, Soto, Hurtado, Argandoña y Barahona para intercalar en el artículo 7° a continuación de la palabra "asignaciones" una coma (,) y la frase "lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Nº 16.617".

La señora LAZO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora LAZO.

Señor Presidente, hay otra nómina de firmas en la cual está la mía también e incluso la de don Patricio Phillips, a quien yo misma me encargué de solicitarla. Hay dos listas de firmas, y esto es una aclaración. El personal de Tesorería da la siguiente razón para hacer esta modificación; es para dejar claramente establecido que la asignación que perciben los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, de Tesorería y Aduanas está considerada en la redacción primitiva del artículo 6° del proyecto de reajustes para el año 1970.

Se trata solamente de eso, señor Presidente.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, considero que esta indicación es absolutamente innecesaria, puesto que, efectivamente, la asignación del personal de Tesorerías, que se llama el incentivo y que también lo tiene el del Servicio de Impuestos Internos, está incluida dentro de esta redacción. Yo, personalmente, pido ahora a la Cámara que acuerde remitir esta indicación al Ejecutivo, para ver si es necesario hacer una aclaración de este tipo que, a mi modo de ver no reflejo a las finalidades que se tuvieron presentes cuando se redactó este artículo, que fue precisamente considerar el caso de los empleados de Tesorería, Impuestos Internos y otros que tienen esta misma asignación.

La señora LAZO.-

¿Me permite?

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra la señora Lazo. .

La señora LAZO.-

Creo que no hay inconveniente en remitir esta indicación al señor Ministro, porque el espíritu del personal de Tesorería era el que se dio a conocer durante la discusión de este proyecto. Por lo tanto, quedará claramente establecido para la historia de la ley cuál era la intención del Ejecutivo. Entonces, creo que sería suficiente con que la Cámara remitiera al señor Ministro la indicación de las cuales hay dos. Es decir, de la misma existen dos copias. Yo firmé una y mi nombre no ha sido leído, a pesar de que está firmada por todos los Comités y casi todos los Diputados que estamos presentes en este momento. Por lo tanto, personalmente yo no soy obstáculo, porque el deseo del personal de Tesorería era que en la historia de la ley quedara establecida esta aclaración.

El señor MERCADO ( Presidente).-

¿Habría acuerdo de la Sala para enviar estas dos indicaciones al Ejecutivo?

El señor CLAVEL.

¿Me permite?

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Clavel.

El señor CLAVEL.-

Señor Presidente, yo considero que el enviar al señor Ministro esta indicación en nada aclara el asunto. Es preferible que hoy día aprobemos en esta sesión la indicación.

Aquí se está haciendo mención a los empleados de Tesorerías y, en el Senado, el señor Ministro puede hacer las indicaciones del caso; pero no podemos dejar una cosa en el aire, saltándonos un trámite constitucional, que es el trámite en que está actualmente este proyecto. En consecuencia, yo creo que para mayor seguridad de los funcionarios de Tesorerías, debemos aprobar la indicación esta mañana, para que el señor Ministro la arregle en el Senado o haga lo que él estime conveniente, con el objeto de asegurar esta disposición en los trámites posteriores.

Esta es la indicación del Partido Radical, señor Presidente.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito la venia de la Sala para reabrir debate sobre el artículo 7°, a fin de considerar esta indicación.

¿Habría acuerdo?

El señor CERDA (don Eduardo).-

Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CERDA.

Señor Presidente, nosotros nos basamos en las palabras del señor Ministro de Hacienda, en el sentido de que quedó aclarado para la historia de la ley, como lo ha dicho la señora Carmen Lazo que esta disposición está incluida dentro de la redacción actual del artículo 7º. Por eso nos parece suficiente que la Cámara envíe oficio al Ejecutivo, el cual, si hay alguna disposición que está faltando en el artículo 7º, sin duda, la incluirá posteriormente en el Senado, o directamente a través del veto. Pero el señor Ministro me vuelve a insistir en que no hay necesidad de ella, porque está claramente establecida ya dentro del alcance de la disposición del artículo 7°.

Además, creo que este debate que se ha abierto ha sido conveniente para que quede establecido en la historia de la ley que este personal también tendrá rebaja en sus remuneraciones extras.

El señor ARNELLO.-

Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ARNELLO.-

Señor Presidente, quisiera aprovechar la presencia del señor Ministro para preguntarle a él sobre el artículo 7º.

Se me ha observado, por algunos funcionarios públicos, que con la redacción dada podrían verse afectadas personas que hoy día no lo están, en cuanto a que se imponga sólo por el 70% de sus remuneraciones.

Los funcionarios del Ministerio de Educación...

El señor MERCADO ( Presidente).-

Excúseme, señor Diputado. No ha habido acuerdo para reabrir el debate sobre el artículo 7º.

El señor ARNELLO.-

Mi observación es una pregunta, porque tiene relación con la redacción del artículo 7°. Por las explicaciones que da el señor Ministro se ve que las cosas se van solucionando. Esto queda claro para la historia de la ley, y nos evitamos problemas.

No hay el ánimo de reabrir el debate, sino, simplemente, de pedir al señor Ministro...

La señora LAZO.-

Que se reabra el debate.

El señor TEMER.-

Pero si no hay acuerdo.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito nuevamente el asentimiento de la Sala para reabrir el debate sobre el artículo 7º

El señor CERDA (don Eduardo).-

No hay acuerdo.

El señor AMUNATEGUI.-

Pero ¿por qué no hay acuerdo?

La señora LAZO.-

Entonces, vamos a insistir en la indicación.

El señor AMUNATEGUI.-

Vamos a seguir legislando sin saber de qué se trata.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Amello.

El señor ARNELLO.-

Señor Presidente, yo quiero preguntar al señor Ministro cuál es claramente, el ánimo del Ejecutivo; si entiende que, con la redacción de este artículo, al decir: "serán imponibles las bonificaciones, asignaciones y todas las demás remuneraciones de carácter general y permanente de que gozan los empleados a quienes se aplica el artículo 99..." si se entiende claramente –repito- que aquéllos que hoy día tienen imposiciones de un 100% de sus rentas mantienen la misma situación vigente o pasan en virtud de la redacción que tiene este artículo, a ser afectados por esa disminución del monto imponible.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede usar de la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, creo que basta la sola lectura del artículo para llegar a la conclusión de que no los afecta, puesto que dice "a quienes se aplica el artículo 99 de la ley Nº 16.617... O sea, a aquellas personas que tienen una imposibilidad del 70%, y no a otras personas.

El señor PHILLIPS.-

Con eso quedaría todo aclarado y se evita cualquier problema.

El señor MERCADO ( Presidente).-

¿Habría acuerdo para enviar en consulta esta indicación al Ejecutivo?

El señor PHILLIPS.-

Está aclarado.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Acordado.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación general el proyecto.

Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará en general.

Aprobado.

En discusión el artículo 8º.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para omitir la votación secreta en este artículo.

Acordado.

El señor CLAVEL.-

En todos.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará el artículo.

Aprobado.

En discusión el artículo 21, que figura en la página 7?º

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará.

El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).-

Que se vote.

El señor MERCADO ( Presidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 voto; por la negativa, 13 votos.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Aprobado el artículo.

En discusión el artículo 22.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará el artículo 22.

Aprobado.

En discusión el artículo 23.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará el artículo 23.

Aprobado.

En discusión el artículo 24.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, mi intervención sólo tiene por objeto ratificar las expresiones que tuve en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Gobierno Interior, en el sentido de que estas disposiciones, entendiendo el que habla su alcance, su sentido y su posible justicia, sobre todo la del artículo 24, tenían que verse en un problema mucho más amplio, cual era la posibilidad efectiva de la aplicación de los impuesto del sobreprecio.

Personalmente, como Ministro, siempre he manifestado que no existen los contratos-leyes, puesto que creo que la soberanía de un país no puede estar sujeta a un contrato entre una empresa y un determinado acto administrativo.

El señor CLAVEL.-

¿Qué han dicho los tribunales?

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Los tribunales de justicia han tenido algunas tesis según las cuales reconocían la existencia de los contratos-leyes; pero eso no quiere decir, a mi modo de ver, que nosotros, como país, podamos enajenar la soberanía. Sobre este punto existe un informe muy claro del Consejo de Defensa del Estado, en el cual se sostiene que pueden existir contratos, pero no contratos-leyes y que aquellos contratos están sujetos a las mismas normas que los que pueden celebrar los particulares. El Fisco actúa como un particular con una empresa extranjera o nacional. Si el Fisco, como parte, no cumple sus obligaciones sobre lo que se ha pactado en ese contrato, está sometido al problema de las indemnizaciones, de acuerdo con las normas generales del Código, o de otros textos legales vigentes...

Un señor DIPUTADO.-

¡Lógico!

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Por esta razón, en el caso que se está viendo, el problema que puede producirse es éste. Y hay que estar atento a que no se vaya a provocar un perjuicio grave al Estado, con la aprobación de una disposición como la de este tipo.

Personalmente creo que existe la misma causa para que se aplique el sobreprecio que hoy día se está pagando por las grandes compañías del cobre, a las empresas de la mediana minería del cobre, porque creo que existe la misma razón.

Ahora, si existe la posibilidad legal, o el imperio legal para imponerlo, ése es otro problema. El Ejecutivo, por lo tanto, se reserva el derecho de revisar esta disposición, de manera de que, si tiene algún defecto, pueda corregirla, sea por la vía de la indicación en el Senado, sea por la vía del veto.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Si le parece a la Sala, se daría por aprobado el artículo 24.

El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).-

¡Que se rechace!

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Que se rechace!

El señor ARNELLO.-

¡Que se vote!

El señor MERCADO ( Presidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 13 votos.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Aprobado el artículo.

Debo advertir a los señores Diputados que correspondería discutir y votar el artículo 25; pero, como se ha advertido que hay un error en el informe, en el resultado de la votación, va a quedar "pendiente, hasta que no tengamos. . .

El señor CERDA (don Eduardo).-

Está rechazado.

El señor PHILLIPS.-

Escuche al Presidente de la Comisión, que se lo está diciendo. Está rechazado. Hace un rato que lo dijo.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Excúseme, señor Diputado. Lo vamos a dejar pendiente, hasta que llegue el informe del señor Secretario de la Comisión...

El señor PHILLIPS.-

Ojala llegue luego.

Un señor DIPUTADO.-

¿Hasta el término del proyecto?

El señor MERCADO ( Presidente).-

El señor Secretario de la Comisión va a venir. Se fue a acostar a las siete de la mañana...

El señor PHILLIPS.-

A mí no me importa a qué hora se acueste...

El señor MERCADO ( Presidente).-

Por eso no está presente en la Sala. Esto lo digo como explicación al señor Diputado.

En discusión el artículo 26.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el artículo.

Aprobado.

En discusión el artículo 33.

Tiene la palabra el señor Aguilera.

El señor AGUILERA.-

Señor Presidente, el artículo 33 obedece a un indicación nuestra, que tiende a regularizar el pago de los desahucios y que están pendientes en la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

Ocurre, que, de año en año, la Empresa declara cesantes a miembros de su personal, por razones de enfermedad o de buen servicio, de los cuales, muchos, si no la mayoría de ellos, es por que han trabajado treinta años y han perdido su derecho a jubilación. De acuerdo con la ley Nº 7.998, ellos tienen derecho a un mes de desahucio por año de servicios. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? No tan sólo en este último año, sino desde hace muchos años, esta ley se ha venido desfinanciando cada día, porque se ha agotado su fondo de desahucio. Tengo aquí, a la mano, el caso de un funcionario, cuyo nombre podré dar más adelante, para no herir susceptibilidades. Hace cinco días, fue declarado cesante en los Ferrocarriles y se ha llevado, por concepto de desahucio por 42 años de servicios, 172 millones de pesos, que se le han pagado en cinco días. En cambio, otros empleados de la Empresa no han podido conseguir que se les pague siquiera '6 mil escudos. Tal es el caso del señor Humberto Bouey Meritt, al que la Empresa tiene que pagarle Eº 6.000; el del señor Francisco León Barraza, al que tiene que pagarle 6 millones; del señor Luis Rosa Matamala, Eº 392; del señor Manuel Cáceres Solís, de Ovalle, Eº 702.

Todas estas cantidades son por concepto de iniciación de los expedientes de jubilación.

Cuando así la Empresa está desfinanciándose, por una ley de la que está disfrutando una parte de su personal, es aconsejable que recurra al Banco del Estado en demanda de un préstamo para pagar estas deudas pendientes, que son de poco monto, a fin de que no merezca el desprestigio que se está acarreando día a día; y, además, para que todos aquellos funcionarios que han trabajado 30 años en ella, no se vayan resentidos por la demora de un año o año y medio en obtener sus papeles, para el pago del desahucio o el pago de la jubilación.

Por eso, hemos presentado esta indicación, por la cual la Cámara concede esta facultad a la Empresa para regularizar sus pagos, según como está concebido en el presente artículo.

Además, quiero dejar constancia de un hecho que Los Diputados socialistas lamentamos, ocurrido hace dos o tres sesiones. En efecto, no se aprobó un proyecto por el cual se otorgaba la jubilación con toda su remuneración al personal de la Empresa, y, además, se establecía la obligación de pagar el desahucio de treinta meses de sueldo por treinta años de servicio, disposición que eliminó el Senado y que había sido solicitada por el personal. Ojala que esto se corrija, porque ocurre que, cuando la gente empieza en la Empresa en los 10 primeros años, tributa, para los efectos del pago de desahucio, un 2%; de 10 a 20 años, un 3%; y de 20 a 30 años, un 4%. Y están ahí los que han tributado en gran número. Pero hay otros que trabajan 38, 42, 45 años, que no han tributado un centavo y que son los que se llevan un desahucio ilimitado, excesivo, lo que está desfinanciando el Fondo para toda la gente de abajo, que tiene desahucio de 3, 4, 6 ó 10 millones de pesos.

Por eso, vamos a apoyar esta disposición, lamentando que no hubiera quedado como era al principio, cuando decía; "A contar de la vigencia de la presente ley, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado contratará lo necesario y por una sola vez, de un préstamo en el Banco del Estado u otra institución bancaria, que le permita cancelar lo adeudado a su personal que ha sido declarado cesante o jubilado, los desahucios especialmente, en conformidad a la ley Nº 7.998.

"El préstamo señalado sólo será para cancelar deudas a sus ex servidores que permanecen impagos de sus beneficios, algunos por más de un año.

"Ferrocarriles del Estado autorizará el préstamo con los valores que ingresa de los descuentos directos del personal consultado en la ley Nº 7.998".

En el proyecto, señor Presidente, la autorización ha quedado como facultativa.

De todas maneras, los socialistas vamos a apoyar esta iniciativa, para que puedan pagarse estas deudas que están pendientes en la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede hacer uso de la palabra el señor Fuentes.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Señor Presidente, lo expresado por el colega señor Aguilera me ahorra muchos comentarios, porque esta situación es de conocimiento público y de todos los colegas que integran esta Cámara de Diputados, que tienen que haber sido testigos de lo que está ocurriendo en los Ferrocarriles del Estado, respecto al pago del desahucio del personal que ha sido declarado cesante y que estaba amparado por la ley Nº 7.998, que significa el descuento de sus malarios y de sus sueldos para formar este fondo de desahucio.

La realidad es que yo 'no .sé si el fondo está desfinanciado o no. Pero creo que lo cierto el que la Empresa está desfinancia da; como consecuencia de esto, no puede cumplir con esta obligación y otras fundamentales. Hemos tenido oportunidad de comprobar, como lo dijimos en la Comisión, que, estos beneficios que, por primera vez se otorgan al personal de Ferrocarriles del Estado, no se le pagan con la debida oportunidad. El Tesorero de la Empresa de Ferrocarriles, señor Godoy, me ha informado que están pendientes todos los desahucios que han sido dictados después del 1º de junio del presente año. Sólo tienen pagado hasta el mes de mayo; eso suma millones. Y son muchos los funcionarios que han quedado cesantes hace más de un año,, y que, debido a la tramitación de sus decretos, han pasado 6 u 8 meses sin recibir el pago de su desahucio, ni tampoco lo que &e llama la "planilla inicial" de los jubilados. De tal manera que su situación es dramática.

Este sistema de préstamos se ha autorizado, no obstante, para la Caja de Empleados Públicos, a fin de que pague los desahucios de los funcionarios del departamento de Notarías y otros servicios similares. De manera que en este caso no tendría nada de extraño, porque la empresa entraría a reintegrarlo.

Yo creo que en esto vamos a tener que hacer una corrección, que la voy a plantear en el inciso final. La Empresa debe reintegrar este préstamo con los mismos descuentos que le hace a su personal, de acuerdo con la ley Nº 7.998; de manera que él tiene un financiamiento asegurado.

Un organismo estatal quede perfectamente contar con esta franquicia para autorizar este préstamo en el Banco del Estado en otra institución, como los Ferrocarriles del Estado. Esta es la solución que justamente propusimos al señor Director General de los Ferrocarriles y, por ende, al Tesorero de dicha institución.

Yo creo que, en este inciso tercero, hay que reemplazar la palabra "autorizará", por "reintegrará"; porque dice lo siguiente: "La Empresa de los Ferrocarriles del Estado autorizará el préstamo con los valores que ingresa de los descuentos directos del personal consultado en la ley N° 7.998". Seguramente, debe ser un error de redacción, porque la palabra que calza, naturalmente, es, en vez de "autorizará", "reintegrará el préstamo con los valores que ingresa de los descuentos directos del personal consultado en la ley Nº 7.998".

Por eso, yo solicitaría el asentimiento unánime para que, de aprobarse el artículo 33, se cambie la palabra "autorizará", por "reintegrará".

Los Diputados radicales vamos a aprobar este artículo, por las razones que acabo de expresar. Pero quiero aprovechar la presencia del señor Ministro de Hacienda -quien me dice que ya ha ordenado que no-para formularle una consulta, que se me ha hecho por parte del sector de jubilados respecto de esta bonificación de la asignación familiar de 20 escudos por carga. Quisiera que el señor Ministro de Hacienda me corroborara si esta bonificación se va a hacer extensiva también -así lo entiendo yo, porque el régimen de la asignación familiar jamás ha sido restringido para los jubilado- sal sector de jubilados de los distintos servicios de la Administración Pública y municipales.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Señor Ministro, el señor Fuentes ha pedido que tenga la bondad de aclarar este problema.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

¿Sobre qué materia? ¿Sobre el asunto de los pensionados y jubilados que eran Regidores?

El señor FUENTES (don Samuel).-

Quiero haber si la bonificación de 20 escudos que se contempla en el artículo 2º, relativo a la asignación familiar, se aplicará también a los sectores pasivos de las distintas ramas de la Administración Pública.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Dice claramente que se aplicará a todas aquéllas personas que tienen la asignación fiscal de 37 escudos; o sea, si reciben la asignación fiscal, tienen que aplicárseles los 20 escudos.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Yo me conformo con eso. Todos tienen la asignación familiar de 37 escudos. De manera que, de acuerdo con lo planteado, quiero que quede establecido, para la historia de la ley, que efectivamente los jubilados tendrán ese beneficio.

A pesar de que el artículo 13 fue aprobado, quisiera que en la Sala también quedara establecido el planteamiento del señor Ministro, en el sentido de que los funcionarios que tienen el sistema de renta perseguidora señalado en el artículo 18 de la ley Nº 15.386, no serán afectados por la disposición del artículo de este proyecto, que dispone: "Las pensiones del personal a que se refiere el inciso primero del artículo 19 de esta ley, que se reajustan de acuerdo con su similar en servicio activo, recibirán como mínimo el mismo porcentaje de reajuste establecido en el artículo 19 de esta ley sobre la pensión al 31 de diciembre de 1969".

Nos asalta la duda...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Estoy haciendo uso de nuestro tiempo nosotros no habíamos intervenido.

Un señor DIPUTADO.-

¿Cuál artículo estamos discutiendo?

El señor MERCADO ( Presidente).-

El artículo 33, señor Diputado.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Estoy haciendo una acotación para aclarar en la Sala algunas cosas que merecen dudas.

La Confederación de Jubilados de Chile ha manifestado su inquietud respecto de la interpretación del artículo 13.

-Hablan varios señores Diputados a Un vez.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Nosotros deseamos que quede constancia de que ese sector con pensión perseguidora no será afectado -como se dijo en la Comisión- por lo dispuesto en este artículo 13.

El señor KLEIN.-

No se oye bien.

El señor MERCADO ( Presidente).-

¿Ha terminado, señor Fuentes?

El señor FUENTES (don Samuel).-

No he terminado todavía. Le estoy haciendo una consulta, al señor Ministro.

Hablan vanos señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Si quiere, le repito la consulta, señor Ministro.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede continuar el señor Diputado.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Ayer se aprobó esta disposición, con una aclaración del señor Ministro en la Comisión. Y yo quiero que quede establecido.

porque el informe no lo dice claramente que en ningún sentido los jubilados que tienen la pensión perseguidora chica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley Nº 15.386, serán afectados por el artículo 13 del proyecto en debate, sino que van a mantener su régimen actual.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Señor Ministro, ¿desea contestarle al señor Diputado?

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Sí, señor Presidente.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, creo que ayer quedó aclarado este punto en la Comisión. Hubo unanimidad entre todos los sectores políticos y el Gobierno, para decir que esto no tenía aplicación para las Fuerzas Armadas, Carabineros, Servicio de Investigaciones y demás instituciones que estaban consideradas en el otro proyecto, porque en él se establecía una norma distinta. Incluso, hubo acuerdo para dejar constancia de esto en la historia de la ley y modificar el artículo 13.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede continuar el señor Diputado.

El señor FUENTES (don Samuel).-

El problema de las Fuerzas Armadas quedó aclarado: no están incluidas en la disposición del artículo 19; pero no así lo relacionado con los pensionados del sector civil, acogidos al artículo 18 de la ley Nº 15.386, porque, de acuerdo con el mecanismo del citado artículo, se aplicaría un porcentaje mínimo, equivalente al reajuste del 28%, sobre la pensión vigente al 31 de diciembre de 1969, en circunstancias que el salario del personal en actividad será aumentado. En consecuencia, si se calcula este porcentaje sobre la pensión al 31 de diciembre, automáticamente se lesionará a los pensionados.

Deseo que quede claramente establecido que ellos no serán lesionados.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES ( Presidente).-

No está muy claro. Por eso, lo ha planteado la Confederación de Jubilados de Chile.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Señor Ministro, el Diputado señor Fuentes nuevamente le solicita una aclaración.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede continuar, señor Diputado. El señor Ministro, no va a intervenir.

El señor FUENTES (don Samuel).-

He terminado.

El señor PONTIGO.-

Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Pontigo; a continuación, el señor Guerra.

El señor PONTIGO.-

Señor Presidente, los parlamentarios comunistas votamos favorablemente este artículo 33 en la Comisión que discutió este proyecto de ley. También lo votaremos favorablemente aquí, aun cuando lo ideal habría sido conservar el texto primitivo de esta disposición, que establecía la obligación para la Empresa de los Ferrocarriles del Estado de contratar estos empréstitos, a fin de resolver el problema del personal cesante, al cual no le ha pagado su desahucio esta Empresa.

He consultado a la Empresa de los Ferrocarriles sobre este problema y, en verdad, ella no ha pagado este desahucio por incapacidad de caja. Es natural que los representantes de la clase obrera apoyemos esta indicación, a fin de darles a estos trabajadores la posibilidad de que tengan ese desahucio. ¿Qué ocurre, señor Presidente? Que pasa un año, un año y medio,...

El señor KLEIN.-

A veces más.

El señor PONTIGO.-

Dos años o más, como anota el colega Klein, y en ese tiempo se va desvalorizando, la moneda. Es decir, reciben el desahucio con un poder adquisitivo equivalente al 60%, o quizás sólo al 50%, del valor que realmente debieron recibir de parte de la Empresa si ésta les hubiera pagado oportunamente.

Si bien es cierto que por este artículo solamente se autoriza a la Empresa para contratar empréstitos, no es menos efectivo que él la obliga moralmente a contratarlos. Por eso, vamos a apoyar esta indicación y esperamos que la Empresa comprenda que el Parlamento está recogiendo un sentido anhelo y una aspiración de los ex trabajadores de dicha Empresa, los cuales hoy están desocupados y esperan el pago de su desahucio.

Sin embargo, quisiera decir algo más en relación con el problema de los desahucios. En algunas Cajas, en lo que se refiere a los pagos de desahucios y otras obligaciones legales a los trabajadores, se producen casos exactamente iguales a éste. Por eso, la Central Única de Trabajadores ha venido solicitando del Gobierno que resuelva el problema de la representación de los trabajadores en los Consejos de las Cajas, porque en la actualidad estos Consejos no representan, en plenitud, los intereses de los trabajadores, o sea, de los obreros y empleados.

En el curso de las conversaciones que culminaron con la aprobación del acta de acuerdo suscrita por el Supremo Gobierno y la CUT, sobre este proyecto de ley, el señor Ministro del Interior, don Patricio Rojas, y e'1 de Hacienda señor Andrés Zaldívar, establecieron, en el número 4 de esa acta y en relación con la petición formulada por los representantes de la Central Única de Trabajadores para que se establezca un nuevo sistema de representación de los trabajadores en los Consejos de las Cajas de Previsión, que el Ejecutivo ha llegado a un principio de acuerdo al respecto y que ya ha iniciado el estudio de esta materia una comisión integrada por representantes del Ministerio del Trabajo y de la Central Única de Trabajadores. Los parlamentarios comunistas esperamos que esta buena disposición del Gobierno ante la petición de la Central Única de Trabajadores, sea puesta en práctica dentro del menor tiempo posible, a fin de darles a los obreros y empleados la representación que les corresponde en todos los Consejos.

Nada más.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede hacer uso de la palabra el señor Guerra, don Bernardino.

El señor GUERRA.-

Señor Presidente, tal como se ha manifestado en la Sala, la ley Nº 7.998 concede al personal ferroviario un desahucio sobre el sueldo base que percibía. Cuando jubila el ferroviario, espera más de un año, con mucho interés, el pago de este beneficio. Hasta hace poco, ese pago se hacía oportunamente, porque el Fondo, creado por la ley Nº 7.998, es financiado por el mismo personal ferroviario, mediante aportes de un 2, un 3 y un 4 por ciento. Pero en la actualidad estos pagos se hacen con mucha atraso y, en consecuencia, cuando el ferroviario se acoge a jubilación, atraviesa por una situación de angustia, porque es, precisamente, el desahucio el que contribuye a sustentar el hogar hasta que se le paga la pensión.

Hemos comprobado también, en la práctica, que el personal más afectado en cuanto al pago del desahucio es el que jubila en provincias. Hay casos de funcionarios que han esperado 6, 8 ó 9 meses el pago de este dinero que ellos mismos han juntado a través de los años que han trabajado en la empresa ferroviaria.

Los Diputados nacionales vamos a aprobar este artículo 33, con el fin de que Ferrocarriles tenga los medios económicos para que el pago del desahucio sea hecho en forma oportuna.

Por otra parte y aprovechando que estoy haciendo uso de la palabra, quiero solicitar un pronunciamiento definitivo respecto del artículo 13.

El Ejecutivo, cuando envió el Mensaje, manifestó claramente que estas pensiones iban a recibir el mismo tratamiento que las remuneraciones del personal activo; es decir, que ellas serían reajustadas en las mismas condiciones que las rentas del personal en servicio activo.

Pero este artículo 13 viene con un arreglo -según se manifiesta en la parte explicativa del informe, él fue incorporado en las Comisiones Unidas- que dice lo siguiente: "del personal a que se refiere el inciso primero del artículo 1° de esta ley".

El inciso primero del artículo 19 habla exclusivamente del 28%. En consecuencia, se le está quitando al personal jubilado el 7,5 %, que en estos momentos no es imponible.

Me parece que en la Comisión el Diputado señor Acevedo formuló un indicación para que en el artículo 13 se hablara del artículo 19 en su totalidad, no sólo del inciso primero.

El señor Ministro envió este proyecto de ley, y manifestó en la Comisión que el espíritu de esta disposición era acoger algunas peticiones que le habían formulado los personales de Tesorerías e Impuestos Internos. En consecuencia, espero que en este proyecto de ley quede claramente establecido, en el trámite por cumplirse en el Senado, que el personal jubilado tenga derecho a todos los porcentajes indicados en el artículo 1º.

Termino manifestando, una vez más, que nosotros vamos a aprobar este artículo 33.

Le concedo una interrupción al señor Amello.

El señor FIGUEROA.-

Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede hacer uso de la palabra el señor Amello; en seguida, el señor Figueroa.

El señor ARNELLO.-

Señor Presidente, no obstante el deseo de mi colega el señor Guerra de que el señor Ministro dejara constancia del alcance de la disposición del artículo 13, quiero, precisamente para la historia clara de la ley, dejar constancia de que en la Comisión quedó perfectamente establecido que esta disposición no afectaría, en ninguno de sus alcances, los derechos de estas personas al reajuste de sus pensiones.

La referencia al inciso primero del artículo 1º no es al monto del reajuste ni elimina las consideraciones establecidas en el artículo 3º respecto del 7,5%; se refiere al personal, es decir a todos los empleados del sector público, de cualquier servicio que sea. Nada más que esa es la referencia. En consecuencia, todos los miembros del sector público tendrán derecho al reajuste de sus pensiones, el cual no podrá, en caso alguno, ser inferior al 28%.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede continuar el señor Guerra.

El señor GUERRA.-

He terminado, señor Presidente.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Figueroa.

El señor FIGUEROA.-

Señor Presidente, tal como lo expresó, hace pocos momentos, nuestro colega el Diputado por la provincia de Coquimbo, nosotros apoyaremos este artículo.

Sin embargo, queremos dejar constancia de 'nuestra, protesta porque ayer la Mesa de las Comisiones Unidas declaró improcedente una indicación que presentó el colega Aguilera junto con parlamentarios de nuestro partido, tendiente a establecer un tope a los desahucios en treinta meses. Ocurre que actualmente altos funcionarios de Ferrocarriles, después de treinta años de servicios, dejan de imponer y, en cambio, pueden recibir desahucio por jubilación de hasta cuarenta meses. Esto también es un factor de desfinanciamiento del fondo de desahucio. Estimamos de justicia que se establezca un tope en los desahucios en treinta meses, porque esto beneficia a la inmensa mayoría de los personales de ferrocarriles.

Sin embargo, la Mesa de las Comisiones Unidas, ayer declaró improcedente esta indicación y, desgraciadamente, no pudo ser tratada.

Con todo, la renovaremos, a través de los Senadores de nuestro partido, en el trámite siguiente de este proyecto de ley.

Ahora bien, hay otro asunto que tiene cierta atingencia con este problema. Los pensionados de la ley 10.383, han recibido este año sólo un 15% del reajuste de sus pensiones. El Fondo del Servicio de Seguro Social está desfinanciado, en 1969, en 162 millones de escudos. El colega Héctor Olivares presentó una iniciativa, discutida en la Comisión 'de Trabajo y Seguridad Social y despachada en esta Sala, que destina nuevos recursos para el Fondo de Pensiones de la ley Nº 10.383.

Como algunos de los financiamientos de este proyecto pasaron a otros, el Ejecutivo lo retiró de la legislatura extraordinaria. ¿Qué ocurre ahora? Que los pensionados están percibiendo apenas el 15%, y la diferencia no se les ha pagado, y no hay posibilidad alguna, desde el punto de vista de los recursos del Servicio de Seguro Social, que puedan recibir el resto del reajuste, con la agravante de que para el próximo año no hay posibilidad, salvo que se busque un financiamiento para este Fondo, que los pensionados puedan recibir el reajuste que legítimamente les corresponde.

Al reiterar lo que expresé ayer en las Comisiones Unidas, solicito al Gobierno, a través del señor Ministro de Hacienda que concurre a esta sesión, el reenvío de este proyecto, para que sea tratado en esta legislatura extraordinaria, con el objeto de que los pensionados de la ley Nº 10.383 puedan recibir el reajuste que aún no se les ha pagado.

Muchas gracias.

La señora LAZO.-

Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede usar de la palabra Su Señoría.

La señora LAZO.-

Señor Presidente, sobre el artículo 33, éramos partidarios de haberlo hecho de manera que quedara todavía más claro, pero, como ya se ha expresado, la indicación que había fue rechazada.

De todas maneras, queremos hacer notar o que en el último tiempo pasa con los pensionados de Santiago y con los de la primera o segunda zona de Valparaíso. En todas las ocasiones hemos tenido que recurrir a los Ministros o al Director General de Ferrocarriles, haciendo una serie de trámites, incluso con los jubilados, que en gran número se reúnen en los patios de las Cajas a la espera de que le sean pagados sus pensiones y desahucios. Por esa razón, concurrimos con nuestros votos, pero seguiremos insistiendo en que, ojala, se dé una solución parecida al Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social, porque, como lo informamos y lo repetimos ayer en las Comisiones Unidas, sabemos y tenemos conciencia de que desde el mes de octubre inclusive se están mermando las pensiones de los jubilados de la ley Nº 10.383.

Por estos motivos, apoyaremos este artículo y nos reservaremos para, más adelante, dar una explicación general sobre la conducta que hemos tenido respecto de otros gremios.

El señor PALESTRO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, a propósito de lo dicho por la compañera Carmen Lazo, hace tiempo pedí el envío de un oficio, aprobado por todos los sectores de esta Cámara, con el objeto de que se nos informara por qué motivo se habían mermado, en el mes de octubre, las modestas, exiguas y raquíticas pensiones de los jubilados del Servicio de Seguro Social. Hasta ahora no hemos recibido una sola explicación del Ministro del Trabajo y Previsión Social, o sencillamente por desinterés o como en muchos casos, por el desprecio que algunos sectores del Gobierno sienten por el Parlamento, en circunstancias que tienen la obligación de contestar por deferencia, por cultura, las peticiones que hacemos respecto de determinados problemas máxime tratándose, en este caso, de la grave, seria y angustiosa situación de los pensionados del Servicio de Seguro Social, a los que, aparte de no pagárseles el resto del aumento otorgado por ley, más encima se les quitan, merman o achican sus modestas pensiones.

De ahí que, en nombre del Comité Socialista, dejo sentada mi protesta por el silencio que se ha guardado respecto de la petición hecha presente por todos los sectores, que sin discriminación alguna han pedido antecedentes de la exacta situación en que están los pensionados del servicio de Seguro Social.

La señora LAZO.-

Señor Presidente, un minuto.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora LAZO.-

Señor Presidente, sobre este mismo problema, y como ya lo dijo el DiputadoFigueroa, quiero insistir en que en el proyecto elaborado por nuestro colega Olivares, se establecía un financiamiento para el Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social, el que, desgraciadamente, se destinó a otros gremios.

Por eso, ahora que está presente el señor Ministro de Hacienda, quisiera que nos dijera cuándo va a entregar el Gobierno un proyecto definitivo sobre el Fondo de Pensiones de la ley Nº 10.383.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede hacer uso de la palabra el señor Ministro.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, el Gobierno propuso en la Comisión de Hacienda de la Cámara, gestión que conoció el DiputadoOlivares, un financiamiento sobre la base de una inoponibilidad en base a aceptar algunos recursos con determinado destino. El proyecto en definitiva pasó al Senado, pero ha tenido problemas.

Uno de los problemas es que a un grupo de trabajadores, que hace una imposición menor del 2%, porque está acogido al sistema de Caja de Compensación, se le estaba pidiendo que hiciera una imposición igual al 2%, para destinarlo a financiar el Fondo de Pensiones, ya que pagaba una menor y recibían iguales o mayores beneficios que la gente afiliada al Servicio de Seguro Social.

El señor PALESTRO.

¡Se sacan las correas del mismo cuero! ¿Cómo el trabajador va a aportar más dinero?

El señor MERCADO ( Presidente).-

¡Señor Diputado!

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Yo quiero explicarle al DiputadoPalestro que los sistemas previsionales son fondos de reparto, por cotizaciones que se hacen por empleadores y trabajadores, sobre la base de cuyos fondos se pagan las pensiones. El Fisco no tiene tuición directa sobre lo que es el Fondo del Servicio de Seguro Social. Es un mecanismo que corre por cuerda aparte. Es indiscutible que el Gobierno, en representación del Estado, tiene que preocuparse de la solución de todos los problemas nacionales. Nosotros dimos una posible salida, en la que, como he dicho, participó el DiputadoHéctor Olivares. El proyecto fue despachado por la Cámara con algunas observaciones del Ejecutivo, en el que, en todo caso, parte importante del problema estaba solucionado. Llegó al Senado y allí se produjo el problema de la Caja de Compensación. El Ejecutivo lo retiro de la convocatoria, pero creo que para hacer un reestudio del problema.

Me dice el Ministro del Trabajo que se está re estudiando el problema como para presentar al Senado una solución que pueda ser definitiva.

Ahora, yo quiero insistir en que el Gobierno, cada año, observó aquí en la Cámara el problema de crisis a que iba a llegar el Servicio de Seguro Social. El Gobierno no fue escuchado y la crisis se produjo. Yo soy el que más lo lamenta, porque se está perjudicando a los sectores más modestos de la población.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

El señor KLEIN.-

Pido la palabra.

El señor OLIVARES.-

Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Klein y, en seguida, el señor Olivares.

El señor KLEIN.-

En relación con Ferrocarriles el problema se hace más grave con los jubilados de provincia, como les consta a todos los que no son representantes de Santiago.

Yo estoy seguro de que son muchos los colegas de provincia que a diario reciben cartas, desde hace más o menos un año y medio en las que jubilados ferroviarios nos piden nuestra intervención para el pago de sus desahucios, porque creen que tenemos una llave mágica, que abre las puertas donde a ellos no se les abre y es así como los colegas mandamos semanalmente oficios a las autoridades gubernativas, pidiéndoles, casi por favor, que se pague el desahucio de esta gente que está sufriendo verdaderos dramas.

Yo insisto en que este problema es más grave con los de provincia, porque, como muy bien lo decía la colega Lazo, los de Santiago están al pie del cañón todos los días; en los recintos, en las puertas; en fin, peleando y empujando por el pago; y esto no ocurre en las provincias.

Por eso corroboro lo dicho por los colegas. Y ojala que el Banco del Estado preste la plata, porque si para el comercio no hay margen de créditos, mucho menos lo va a haber para los Ferrocarriles.

Es todo lo que quería decir, señor Presidente.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Olivares.

El señor OLIVARES.-

Señor Presidente, es sólo para aclarar lo que decía el señor Ministro en relación con el proyecto que otorgaba recursos al fondo de pensiones del Servicio de Seguro Social.

Lo que el Diputado que habla tuvo presente, como lo tuvo toda la Comisión de Trabajo, fue la angustiosa situación económica por que atraviesan los pensionados del Servicio de Seguro Social de todo el país. Así fue reconocido por el Ejecutivo en la persona del Ministro de Hacienda y por la Directora del Servicio de Seguro Social. Y para nuestro estudio se contó con la colaboración del Superintendente de Seguridad Social.

Lo que nos extraña a los Diputados socialistas, y esto es lo que deseamos que nos aclare el señor Ministro, es que si hay conciencia en el Ejecutivo de la angustiosa situación económica por que atraviesan los pensionados del Servicio de Seguro Social, ¿por qué se retiró el proyecto que había aprobado la Cámara y que ya estaba en el Senado, trasladando sus ideas a otro proyecto, que puede ser muy justo en su financiamiento, pero que ha dejado de nuevo, por así decirlo, en la calle a los pensionados del Servicio de Seguro Social?

Por eso, en nombre de la Brigada Socialista y de los pensionados, quiero pedirle al señor Ministro de Hacienda que, ya que el Gobierno retiró este proyecto para trasladar su financiamiento a otro, a la brevedad posible se preocupe de enviar uno nuevo, que haga justicia a los pensionados del Servicio de Seguro Social de todo el país.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo.

El señor LEON (Ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Señor Presidente, yo quiero contestarle al representante socialista, y a la Honorable Cámara, que este proyecto fue retirado del Senado con una declaración expresa del Gobierno. Habiéndose destinado su financiamiento a otro proyecto, lo retiramos por unos días, mientras se tramitaba el reajusté a los sectores público y privado, y se estudiaba un nuevo financiamiento para incluirlo en la convocatoria extraordinaria, con el trámite de urgencia, lo que esperamos hacer en el mes de enero.

El señor OLIVARES.-

Los pensionados del Servicio de Seguro Social necesitan comer en 1969.

El señor MERCADO ( Presidente).-

¡Señor Diputado! Tiene la palabra la señora Carmen Lazo.

La señora LAZO.-

Señor Presidente, seré muy breve.

Es sólo para establecer que no se tratará de "unos días", sino de muchos días, y para decir que en la Superintendencia de Seguridad Social hay una denuncia, que me permití hacer llegar, de estafa en la caja de los pensionados del Servicio de Seguro Social, donde se han hurtado millones de pesos. Y a pesar de haberse remitido los antecedentes, las personas involucradas en ello siguen trabajando con un sumario encima. Entonces da la impresión, y esto es lo que quiero que sepa el señor Ministro del Trabajo, que cuando se trata de los pensionados del Servicio de Seguro Social hay una absoluta indolencia por parte del Gobierno, en circunstancias que para los ancianos los días son muy largos cuando no tienen qué comer.

Nada más, señor Presidente.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito la venia de la Sala para. . .

El señor ARNELLO.-

Votemos.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Excúseme, señor Diputado.

El Diputado señor Samuel Fuentes hizo indicación, en el artículo 33, inciso tercero, de cambiar la palabra "autorizará" por "reintegrará".

El señor PONTIGO.-

Conforme.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo con la indicación.

Acordado.

En discusión el artículo 34.

El señor PHILLIPS.-

Pido la palabra.

El señor CERDA (don Eduardo).-

Señor Presidente, una cosa previa.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para otorgarle dos minutos al Diputado señor Cerda.

Acordado.

El señor CERDA (don Eduardo).-

Señor Presidente, denantes, mientras estaba dando el informe, hubo dudas sobre si estaba aprobada o rechazada una indicación. En estos momentos no recuerdo bien el número del artículo...

El señor ARNELLO.-

25.

El señor CERDA (don Eduardo).-

El artículo 25. Personalmente, también manifesté mis dudas; creía que había un error y que dicha indicación había sido rechazada por 7 votos contra 6. Pero, en honor a la verdad, el señor Secretario ha llegado hace muy poco y me ha indicado que fue aprobada por 12 votos contra 6. La confusión fue con otro artículo que también legislaba sobre intereses y que fue . Rechazado 7 contra 6." A mí, como Presidente me merece plena fe la palabra del señor Secretario de la Comisión. El me solicitó que fuera a escuchar la cinta grabadora; yo le dije que no había necesidad. A los parlamentarios democratacristianos la palabra de todos los funcionarios de la Cámara, como Ministros de fe, nos merece pleno respaldo. Insisto, para tranquilidad del señor Secretario, fui a escuchar la cinta. Ese es el resultado de la votación: 12 contra 6. Doy esta explicación por lo de denantes y para que quede clara la posición del señor Secretario.

El señor MERCADO ( Presidente).-

En discusión el artículo 34.

El señor URRA.-

Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Urra.

El señor PHILLIPS.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor MERCADO ( Presidente).-

En seguida Su Señoría.

El señor URRA.-

En este artículo 34, señor Presidente, se consulta una indicación presentada inicialmente por los Diputados democratacristianos, que fue considerada por la Directiva Nacional del partido, quien estimó razonable proponer esta iniciativa a las Comisiones Unidas a través de los parlamentarios de Hacienda y de Gobierno Interior.

El artículo se refiere a un beneficio otorgado inicialmente a las sociedades constructoras de viviendas, para las cuales se estableció una exención que llegaba primariamente al 100%. Más adelante, el beneficio otorgado a estas sociedades se rebajó al 50%, con efecto retroactivo, polla ley Nº 17.073, de 31 de diciembre de 1968. Al aprobarse esta indicación, hubo quienes manifestaron que se disminuirían dramáticamente las opciones de las empresas constructoras de viviendas en el país. En un momento determinado, se creó un clima de temor, en alguna forma, entre las empresas constructoras, a raíz de la aprobación de esa disposición legal.

En realidad, durante el año 1969, ha sucedido el fenómeno inverso. El ritmo de la actividad constructora no ha disminuido en el país. Sin duda que las empresas constructoras han alcanzado, durante el año 1969, un impulso sostenido, que permite pensar razonablemente en un ritmo superior en los próximos meses o en los próximos años.

Esta disposición, aprobada en las Comisiones Unidas, señala que el mayor ingreso tributario derivado de la supresión de la franquicia se destinará a los programas de la Operación Sitio, préstamos a cooperativas y viviendas populares urbanas y rurales del Ministerio de la Vivienda. Se traspasa, con otras palabras, al Ministerio de la Vivienda, una suma cercana a los 50 millones de escudos. Nosotros creemos que con esta indicación entregamos un financiamiento en este instante absolutamente necesario para los programas de desarrollo habitacional con claro sentido popular, que puede impulsar el Ministerio de la Vivienda.

Creo que los temores que algunos plantean en relación con este tipo de indicaciones han sido desmentidos sistemáticamente por los hechos y, más que eso, por el ritmo que alcanzan determinadas actividades de servicio o de acción económica, como es el caso de las sociedades constructoras de viviendas. Algunos espejismos planteados en relación con este tipo de indicaciones aprobadas en otros textos legales en definitiva han sido desmentidos por los hechos económicos y sociales.

Antes de finalizar el debate, en nombre de los Diputados democratacristianos, quisiéramos reafirmar el sentido que tienen la aprobación y la discusión general del proyecto de reajuste del sector público en la forma como lo ha conocido el Congreso Nacional. Creo que esto merece, pollo menos desde nuestro punto de vista, dos o tres reflexiones que están íntimamente vinculadas a la forma como se aprobó también este artículo por las Comisiones Unidas.

Para nosotros, la aprobación de este proyecto de reajustes ofrece una singularidad que quisiéramos dejar establecida en el debate. Básicamente, en la aprobación de este proyecto de ley, la negociación alcanzada por la Central Única de Trabajadores y por el Gobierno. Diecisiete Federaciones Nacionales, como lo manifestaron sus dirigentes, sostuvieron un mes de negociaciones con el Gobierno para alcanzar el texto que hoy conoce la Cámara de Diputados.

Esta es una modalidad significativa de trabajo entre los gremios y el Gobierno. No es fruto del azar. Sin duda que no lo es. Corresponde a una intención reflexiva de los trabajadores y a una intención reflexiva del Ministro de Hacienda y del Ministro del Interior, representando la intención del Presidente de la República. Es un procedimiento de trabajo que tiene, sin duda, inmensas proyecciones para los trabajadores y para el país. Como lo dijo el Presidente de la CUT en las Comisiones Unidas, constituye un paso importante, sin satisfacer, como lo expresó, integralmente, plenamente, a los trabajadores chilenos. De acuerdo con las expresiones textuales del Presidente de la CUT en las Comisiones Unidas -y el MinistroZaldívar también lo expresó con claridad- esta acta es un avance y, sin duda, destaca, corno lo expresó en forma muy precisa, la responsabilidad de la Central Única de Trabajadores y del Gobierno.

Al finalizar, en alguna forma, con la aprobación del artículo 35, que muy pronto conocerá la Sala, el despacho de este proyecto de ley, hay algunas consecuencias que nosotros también quisiéramos manifestar claramente para la historia de este proyecto y, más que eso, para la historia de esta negociación, que realmente estimamos los democratacristianos es un hecho trascendental en la historia de las relaciones entre las organizaciones sindicales responsables del país y el Gobierno.

Primera consecuencia, a nuestro juicio: el reconocimiento de la Central Única como entidad representativa de la mayoría de los trabajadores chilenos.

En segundo lugar, la demostración de madurez y comprensión de los dirigentes sindicales. Como lo dijo don Luis Figueroa, el reajuste se paga con los recursos fiscales, que paga toda la comunidad, y así lo entendieron los negociadores del Gobierno y del organismo sindical.

En tercer lugar, creo que el Parlamento y, en general, las fuerzas políticas, a través de la aprobación de este proyecto de ley en los términos en que la realizaron las Comisiones Unidas en el día de ayer y la Cámara en el día de hoy, han entregado una respuesta positiva del Parlamento y de los partidos políticos, al legislador rápida y responsablemente para los trabajadores del sector público y del sector privado. Esto envuelve también, en definitiva, una respuesta positiva a las críticas que, desde las sombras, sistemáticamente, orquestadamente, en los últimos días, en las últimas semanas, han venido tratando de crear en el país una sensación de creciente desprestigio de los partidos políticos y de la función parlamentaria, formulando diagnósticos opresivos acerca del papel que juegan realmente los parlamentarios ante el Congreso Nacional y ante la opinión pública, en general.

Creo que con la aprobación de este proyecto de ley iniciada gracias a la colaboración responsable de los dirigentes de la Central Única de Trabajadores, al entendimiento de las fuerzas del trabajo y representantes del Gobierno, y lograda más tarde gracias a la comprensión de los partidos políticos, que por unanimidad entregaron una tramitación acelerada a este proyecto en la Cámara de Diputados; gracias al trabajo responsable cumplido por las Comisiones Unidas en el día de ayer y a la forma como nosotros le hemos concedido también una tramitación excepcional -en la discusión en la Sala en la mañana de hoy- se está dando por el Parlamento y por los partidos políticos una respuesta categórica para quienes, durante los últimos días, desde las sombras, han formulado críticas a la acción parlamentaria y en general, a la responsabilidad de los dirigentes políticos de este país.

Nosotros queríamos significar este hecho en la historia de la negociación entre el Gobierno y la Central Única de Trabajadores: la forma como el proyecto está entregando testimonios efectivos de que nuestra función parlamentaria tiene también un grado de madurez y, más que eso, de responsabilidad ante los trabajadores y ante el país entero.

Gracias, señor Presidente.

Me ha pedido una interrupción el colega Mario Mosquera. Creo que, con la venia de la Mesa, podrá hacer uso de ella.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede hacer uso de una interrupción Su Señoría.

El señor MOSQUERA.-

Señor Presidente, no podía quedarme callado, en mi condición de obrero, sobre esta situación que nos preocupa.

El Gobierno de la Democracia Cristiana y del PresidenteFrei, haciendo justicia, ha llegado a acuerdos con los gremios, no solamente en el caso histórico de este proyecto de reajuste de hoy, sino también con los servicios postergados de la Administración Pública. Concretamente, en los casos del magisterio, del Servicio Nacional de Salud, de Correos y Telégrafos, de la Subsecretaría de Transportes, etcétera, los gremios y el Poder Ejecutivo lograron acuerdos para mejorar sus salarios y sueldos, postergados por todos los gobiernos anteriores.

Pero lo más importante de todo, ante la crítica que se ha hecho, especialmente pollos diarios de Derecha, por gente interesada y por cadenas radiales, que han planteado los Diputados y los dirigentes de los partidos reaccionarios.

El señor PHILLIPS.-

¡No es cierto!

El señor MOSQUERA.-

...en el sentido de desprestigiar este convenio entre la Central Única de Trabajadores y el Gobierno, es que no importa tanto el porcentaje conseguido aquí en este convenio...

El señor KLEIN.-

¡Es importante!

El señor MOSQUERA.-

...no importa tanto lo que se haya sacado más o menos que en otros años...

El señor KLEIN.-

¡Claro que importa!

El señor MOSQUERA.-

Lo fundamental es que, por primera vez en Chile, se ha dado un paso importante. Al haber representantes populares de los gremios en la Cámara y en el Congreso Nacional, ha sido posible también tomar conocimiento de los problemas que afectan a los trabajares de Chile y se ha llegado a una madurez tal, que hoy día este proyecto de reajuste es el fruto de un convenio entre la Central Única de Trabajadores y el Gobierno, como lo ha planteado el camarada Urra. Y esto es muy importante, señor Presidente, porque todos los sectores de la Cámara tendrán que reconocer que un acuerdo previo entre las bases es la única manera de legislar para todos los sectores más necesitados de Chile.

Pero no puedo callar, señor Presidente, la campaña de desprestigio, con nombres y apellidos que hemos observado, porque a este Parlamento lo ha criticado especialmente la Derecha con otros sectores golpistas de este país...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MERCADO ( Presidente).-

¡Ruego a Sus Señorías guardar silencio!

El señor MOSQUERA.-

...los que han dicho categóricamente que este Parlamento está absolutamente desprestigiado, porque ha llegado gente de la calle, sin mayores conocimientos...

El señor AMUNATEGUI.-

Eso no. ¡Con irresponsabilidad!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MOSQUERA.-

Esa gente que ha llegado al Parlamento somos los trabajadores que hemos llegado aquí. Pero aquellos que han criticado esta circunstancia, especialmente los sectores opositores de este Gobierno, esa gente que ayer no criticó al Parlamento burgués que había, hoy día, porque han llegado trabajadores al Congreso, dicen que no sirve para nada. Lo están planteando desde adentro y desde afuera, atacando siempre al Parlamento.

El señor AMUNATEGUI.-

¡No se ha criticado por eso!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MOSQUERA.-

El señor Arnello, especialmente, lo ha planteado en foros de televisión. Lo ha planteado el señor Jarpa, también en televisión, y el Senador Ibáñez...

Por eso yo quiero decirles que este Congreso, al que quieren desprestigiar, puesto que incluso el señor Alessandri dijo que era una montonera de flojos e irresponsables...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

Un señor DIPUTADO.-

De los 150 Diputados, ¿cuántos tienen ustedes hoy día?

El señor MOSQUERA.-

...lo que había aquí...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor RODRIGUEZ.-

Pero están ganando su dieta...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MOSQUERA.-

Por esta razón, creo que la Derecha no tiene autoridad para estar planteando en el Congreso y en las columnas del diario "El Mercurio", críticas a los comunistas o al compañero Figueroa, por este paso importante que se ha dado.

Yo creo que, aunque critiquen, y tengo que decirlo como trabajador, este proceso no lo pueden parar. Este proceso, en que jo, personalmente, también he participado, como miembro representante de la provincia de Concepción, ha tenido algunas dificultades en su conducción -lo he planteado públicamente-, pero debo reconocer que este paso dado es importante, porque la unidad del pueblo y la lucha proletaria tienen que venir desde las bases mismas y pactar con los gobernantes, en principio, los acuerdo a que debe llegarse.

Aprovecho esta ocasión también para decirles al compañero Figueroa, que preside la Central Única de Trabajadores, y a todos los trabajadores del país que, así como hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno, así como los trabajadores han actuado con responsabilidad en su intervención en el proyecto de reajuste de sueldos y salarios, sigamos por este camino. Quiero hacer un llamado sincero a todos los trabajadores y partidos políticos: que hagamos, de una vez por todas, una reforma previsional en que tengamos toda participación y terminemos con las prebendas, porque en una democracia no debe haber tanta desigualdad.

Hago este llamado para llegar a un acuerdo total sobre este problema, porque de todo esto la Derecha, demagógicamente, en cada foro responsabiliza a este Congreso y a este Gobierno. Nos hace responsables de todas las injusticias existentes en la previsión. Yo les digo que esa no es la solución del problema planteado porque no hay foro en que no digan que la previsión en Chile es un desastre. Pero, ¿qué hicieron ellos en ciento cincuenta años que gobernaron el país? ¿Qué hicieron?, repito.

El señor AMUNATEGUI.-

Y vamos a volver en 1970.

El señor MOSQUERA.-

¡Nunca se hizo nada, salvo ahora, cuando ha llegado a este Parlamento gente que realmente pensaba beneficiar a los pobres! Por eso, el paso dado por este Gobierno, tan criticado por la Derecha...

El señor AMUNATEGUI.-

¡Por Chile entero, señor!

El señor MOSQUERA.-

¡Y es un paso de los trabajadores responsables para un candidato reaccionario, que el año 1964 dejó el país con un 45% de inflación, y a los gremios de la salud, de correos y telégrafos, de profesores, del transportes, y a todos los gremios del país, absolutamente postergados...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MOSQUERA.-

Y hoy día aparecen como salvadores...

El señor AMUNATEGUI.-

¡No hagamos comparaciones, mejor!

El señor MOSQUERA.-

...de la clase media, que ellos dicen defender, de los profesores, porque no ganan buenos sueldos, pero eso no es culpa de la Democracia Cristiana.

¡Por eso, digo que todos los sectores podrán criticarnos, pero los que no tienen derecho a criticarnos, y eso no lo pedimos aceptar son "El Mercurio" y su cadena de diarios, y el Partido Nacional a través de los nacistas y golpistas que están dentro de ese partido!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Phillips.

El señor AMUNATEGUI.-

Para 150 años estos Diputados se ven bastante jóvenes.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PHILLIPS.-

Pido que se respete mi derecho, señor Presidente.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede iniciar su intervención, señor Diputado.

El señor PHILLIPS.-

Señor Presidente, el señor Mosquera, en uño de esos exabruptos que le son propios, ha querido involucrarnos como si estuviéramos en contra del convenio que se hizo entre la Central Única y el Gobierno,. . .

El señor MOSQUERA.-

"El Mercurio" lo dice así.

El señor PHILLIPS.-

¡”El Mercurio" pertenecerá a Sus Señorías, pero no al Partido Nacional! Si durante los cinco años de Gobierno del señor Frei, se hubiera tomado la molestia de leerlo con tranquilidad, vería hacia qué lado ha estado cargada permanentemente.

El señor TEJEDA.-

¡Le hace a los dos lados!

El señor PHILLIPS.-

Por lo demás, ¡si Su Señoría lo lee, podrá decir si alguna vez me ha encontrado en alguna de sus páginas!

Decía, señor Presidente, que el señor Mosquera hace afirmaciones como si el Partido Nacional hubiera estado en contra de este convenio o hubiera tenido algunas expresiones contrarias a la gestión que hizo el señor Figueroa, Pero si el señor Mosquera hubiera tenido dos minutos para ir a la Comisión de Hacienda, se habría encontrado con que, al fundamentar nuestro voto en general, manifesté que no le rendía alabanza por la propia seguridad del señor Figueroa, porque a lo mejor lo echaban del Partido Comunista, pero que el convenio era positivo. En consecuencia, eso viene a desmentir lo que Su Señoría, con tanta fanfarronería, ha dicho esta mañana.

Pero voy a entrar de lleno al problema, que es el artículo 84.

Se reclamó por algunos sectores por la forma arbitraria en que fue llevada la calificación de las indicaciones en la Comisión de Hacienda.

Es efectivo -yo también lo hice presente en su oportunidad- que cierto número de indicaciones que tenían la firma de gente de Gobierno y del propio Presidente de la Comisión se declararon procedentes y los demás improcedentes, a pesar de tener atingencia directa con el proyecto.

Este artículo 34, señor Presidente, viene a demostrar, palmariamente, lo que sostengo en este momento. ¿Le da recursos al erario para pagar el reajuste? No, señores Diputados. Le da recursos al Ministerio de la Vivienda, cosa que absolutamente nada tiene que ver con el proyecto en discusión, y esto viene a comprobar, palmariamente, que cuando las indicaciones son firmadas por el Presidente de la Comisión se consideran atingentes al proyecto; y cuando son de otros sectores, se declaran improcedentes. Este artículo, como digo, da recursos al Ministerio de la Vivienda no para pagar sueldos o salarios ni para nada que tenga atingencia con el proyecto.

Pero, en este mismo articulado, lo que hemos objetado es lo siguiente. Al asumir la Presidencia el señor Frei, el MinistroCollados vino dos veces con distintos proyectos para darle una nueva estructura al Ministerio de la Vivienda, fijando nuevas normas, nuevos moldes dentro de lo que era la vivienda en Chile. Y, no contentos con esto, con que se modificaran las reglas del juego, el 31 de diciembre de 1968 -antes había venido el señor Hamilton- se volvieron a cambiar las reglas del juego. Y hoy día nos encontramos con que, a través de esta indicación, se pretende derogar una franquicia que se dio hace unos meses. ¿A quiénes? A quienes intervienen en la construcción de viviendas, cuyas propuestas, a través de CORMU -de la Corporación de Mejoramiento Urbano- fueron entregadas, ejecutadas y pagadas, incluso, en las cajas de asociaciones de ahorro y préstamo, y entregadas a sus beneficiarios con un valor asignado. Y, como ellos tienen que hacer su declaración en marzo próximo, van a obligarlos apagar un tipo de impuesto que no estaba contemplado dentro de las reglas del juego. O sea, les van a quitar este 50% de franquicia que tienen en el global complementario, para hacérselo efectivo.

Nosotros creemos que, si el Gobierno estima necesario cambiar la disposición, ésta debe ser fijada a partir de la fecha de promulgación de esta ley, de tal modo que se haga efectiva en el año calendario que corresponda, y no después que los contratos están hechos y las propuestas asignadas a los distintos Ministerios que intervienen en este proceso, cuando la maquinaria ya entró al país, cuando el ripio, arena, cemento, fierro, etcétera, ya han tenido un precio que ha sido estudiado para fijar sus utilidades, para poder hacer los pagos a su personal de empleados y obreros. No encuentro serio cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana.

Y es aquí donde viene la pérdida de confianza de estos sectores. Si el Gobierno -y esto lo compartió el señor Ministro de Hacienda- encuentra justificable quitar esta franquicia, que lo estudie y cambie la fecha, y lo presente en la fecha que corresponde, pero no transcurrido el año calendario, después de asignadas las viviendas, de terminado el proceso completo, si en ese momento se quiere derogar esta franquicia, ello va a repercutir, el día de mañana, indiscutiblemente, en aquellas personas que van a ser asignatarias de las viviendas. Esto, a mi modo de ver, es sólo una demagogia electorera, porque va a recaer, justamente, sobre las viviendas que se construyan para la CORVI o para las asociaciones de ahorro y préstamos, y va a encarecer las viviendas al personal que ya las tiene asignadas.

En consecuencia, estamos en contra de esta disposición en la forma como está redactada. Si el Gobierno democratacristiano estima que se debe suprimir esta franquicia, cambie las reglas del juego en la fecha que corresponda, no después de acaecidos los hechos, después de asignadas las casas. ¿Quiénes van a ser, a la larga, los perjudicados? Justamente la gente que este Congreso no quiere que se perjudique.

Nada más.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede usar de la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, quiero repetir los conceptos que emití en el día de ayer en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Gobierno Interior.

En la tramitación de la ley que dio financiamiento a los reajustes del año 1969, se modificó el sistema de franquicias a las empresas constructoras. Estas empresas tenían una exención total del global complementario, por las utilidades que obtenían en su ejercicio. Se modificó en el sentido de que sólo estarían exentas hasta el 50%; o sea, en todo caso, pagarían global complementario sobre el 50% de sus rentas, y sobre el 50% quedarían exentas. Para gozar del beneficio de exención se les obligaba a reinvertir esas utilidades en el giro propio del negocio, o sea, en la construcción de viviendas acogidas a los beneficios del DFL. Nº 2. Esa inversión tenían que mantenerla durante cinco años; es decir, tenían que reinvertir las utilidades durante cinco años. En esas condiciones, el Gobierno fijó las reglas del juego para las empresas constructoras durante el año 1969 y, de aprobarse este artículo, se modificaría este "status". Personalmente, y en nombre del Gobierno, yo me he manifestado contrario a esta disposición por las razones que explicaba, a pesar de que he sostenido, en el Congreso y en foros públicos, que creo que en Chile, toda persona debe pagar el global complementario, que es un impuesto en el cual no deben existir exenciones. Sin embargo, en este caso, por tratarse de una actividad muy especial y para que pueda lograrse una mayor inversión, precisamente en la construcción de viviendas D. F. L. 2 el Gobierno adoptó una tesis distinta, combinando el pago del impuesto con la reinversión. Creo que con la aprobación de este artículo podría producirse un daño no calculado en la baja de actividad en la vivienda, qué sería perjudicial en todo sentido, que se provocara durante el año 70.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Figueroa.

El señor FIGUEROA.-

Señor Presidente, los parlamentarios comunistas vamos a votar favorablemente este artículo. La mentamos, sin embargo, que esta iniciativa se haya tomado tardíamente.

Aquí, el Diputado señor Phillips ha expresado, entre otras cosas, que, en realidad, derogar esta exención ahora sería modificar "las reglas del juego". En verdad, siempre los Diputados de Derecha encuentran argumentos para defender los intereses creados...

El señor AMUNATEGUI.-

¡La justicia!

El señor FIGUEROA.-

Efectivamente, en Chile, la política de exenciones tributarias, aduaneras, y de otro orden, ha constituido la martingala a través de la cual, operando con los medios del Estado, las grandes empresas monopolísticas extranjeras y nacionales han saqueado la economía del país.

De manera que nosotros vamos a votar favorablemente esta disposición, porque viene a restablecer en justicia una redistribución del ingreso. Efectivamente, como el colega Urra lo dijo aquí, esta derogación significaría un ingreso de 50 millones de escudos. Ahora bien, el señor Phillips ha sostenido que esta derogación no favorece de ningún modo al proyecto en discusión. Tiene razón relativamente; porque, en efecto, si bien es cierto que estos recursos no se destinan al reajuste de sueldos y salarios para los trabajadores de la ciudad y del campo, del sector privado y del público, en todo caso, al destinarse estos 50 millones a los programas de la "operación sitio" constituyen una forma de redistribución del ingreso en favor de las clases desposeídas, en favor de los sectores de menores ingresos. De modo que, aun cuando no constituya esto un reajuste de sueldo o salario, constituye una forma de ingreso desde el punto de vista de la habitación para los trabajadores de la ciudad y del campo.

No podemos, sin embargo, dejar de expresar nuestra protesta por el hecho de que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo camine a paso de tortuga en relación con la "operación sitio", y que haya miles de familias que han ocupado terrenos eriazos, a las cuales no se les ha regularizado su situación.

Esta situación se mantiene en numerosas poblaciones. Nosotros queremos insistir aquí, en el sentido de que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo acelere la solución de los problemas de los "sin casa", a través de la "operación sitio".

El incremento de estos recursos, que van a ir a parar a los programas de "operación sitio", facilitará, sin lugar a dudas, el que se adopten medidas urgentes para resolver los problemas de una parte importante de los trabajadores "sin casa".

Nada más.

El señor PALESTRO.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, solamente dos palabras, para manifestar nuestro apoyo a este artículo, que tiende más que nada, como ha dicho alguien, a darle recursos al propio Ministerio de la Vivienda.

Pero lo que nosotros queremos dejar bien en claro es que, hasta ahora, no se han cumplido las promesas hechas especialmente a las personas que han sido erradicadas en la "operación sitio", de construirles sus viviendas. Como hace pocos días, pues éste es un problema de todos los días, de todas las semanas, a menudo ocurren incendios en las poblaciones de los trabajadores, de los obreros. En la población "22 de Julio", de la comuna de La Granja, donde continuamente se producen incendios, en estos siniestros, en las últimas semanas, se han quemado cerca de cuarenta casas-habitación, modestas, de esa gente que ha levantado su vivienda con materiales ligeros: fonolita o madera reseca, que es prácticamente el material más combustible para incendios.

Allí, en esa población, se les ofreció, hace cerca de 5 ó 6 años, construirles casas definitivas y, hasta ahora, esta gente vive en las mismas condiciones, y no hay pronunciamiento del Ministerio de la Vivienda y continúan ocurriendo incendios y desgracias personales. Ahora último, ha ocurrido un accidente del mismo tipo en la población "La Faena", donde han quedado varias familias en la calle.

Pero, hasta ahora, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo no ha dicho "esta boca es mía", en orden a cumplir las obligaciones mínimas que tiene para con los pobladores.

Y más aún, el problema sé agrava por la falta de agua. En el último tiempo, en todas las poblaciones de "operación sito", de erradicación, se han producido estos siniestros, por la falta de agua y debido a los materiales combustibles con que están construidas las habitaciones. Pero, hasta el momento, el Ministerio no reacciona. Conozco personalmente esa larga lucha, esa angustiosa lucha de los habitantes de la población "22 de julio", de La Granja, quienes, hasta la fecha, no han conseguido nada del Ministerio ni del Gobierno.

Cuando los parlamentarios populares manifestamos nuestra aprobación a este artículo 34, esperamos, sin sectarismos, que el Gobierno entienda que en esos sectores también hay trabajadores, hay seres humanos, hay chilenos, hay ciudadanos de este país, que necesitan vivir como seres humanos. El Gobierno debe cautelar sus modestos enseres e, incluso, las vidas de sus pobladores.

Por eso, vamos a votar favorablemente este artículo; pero en el bien entendido de que el Gobierno sepa que si nosotros, parlamentarios populares, parlamentarios de Oposición, damos nuestra aprobación a este artículo, también esperamos la recíproca de parte de él, para que resuelva, ¿e una vez por todas, este grave problema de los pobladores.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

-Durante la votación:

El señor ARNELLO.-

Este artículo es improcedente, señor Cerda.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 17 votos.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Aprobado el artículo.

En discusión el artículo 35.

El señor MAIRA.-

Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MAIRA.-

Señor Presidente, creo conveniente, en mi condición de autor de la indicación que hoy día constituye el artículo 35, realizar un comentario ante la Honorable Cámara respecto de su espíritu y de su contenido.

El artículo 35 actual consagra una disposición que, a primera vista, podría interpretarse como de congelación de precios; pero que, en verdad, tiene un alcance más restrictivo y distinto y, por tanto, más realista y de mayor aplicación que el que tendría una mera disposición congelatoria de precios.

En nuestro país hemos conocido durante los largos años de desarrollo del proceso inflacionario que enfrenta nuestra economía, un sinnúmero de tentativas para detener este proceso inflacionario. Y en no pocas ocasiones, las políticas oficiales establecieron, dentro de las medidas propuestas para ello, la de congelar precios, sueldos y salarios. Así ocurrió durante el Gobierno del Presidente don Carlos Ibáñez, en el cual, luego de una carrera desenfrenada de crecimiento de la inflación, que llevó al país a un porcentaje del 84% de alza del costo de la vida, en el año 1955, constituyendo el segundo país del mundo, en esa época, en crecimiento inflacionario, se trajo al país la misión de consultores privados norteamericanos Klein-Saks, que había realizado, con anterioridad, una experiencia aparentemente fructífera en la contención del proceso inflacionario en la vecina República del Perú. Y como producto de las recomendaciones de dicha misión de consultores privados norteamericanos, se sometió al Parlamento un proyecto de ley que, aprobado, dio origen a la ley Nº 12.006. Ella marcó un hito muy importante en el proceso de deterioro de las rentas de la población activa del país y, en particular, un deterioro de los sueldos y salarios de los sectores de más bajos ingresos de nuestra patria. Esta ley consagró, en su artículo 11, la idea de congelación de precios; pero pudo observarse, al poco tiempo de su aplicación, que los resultados que se conseguían con ella eran menguados, y que sólo se lograba reducir en un porcentaje el alza del costo de la vida. Pero la disposición, por su carácter poco flexible y extremadamente drástico, no tenía un campo pleno de aplicación y se mantenía, aunque en un ritmo más bajo, el desarrollo del proceso inflacionario chileno.

Una segunda experiencia se vivió, aunque esta vez sin disposiciones legales, en el Gobierno anterior, de don Jorge Alessandri. El PresidenteAlessandri recibió la inflación en un ritmo de control del orden del 17% el año 1957, y tuvo, en los dos primeros años de su Gobierno, tasas del orden del 35% anual. Para remediar este ritmo desenfrenado del crecimiento del proceso inflacionario, que atenuaba los efectos parciales logrados por la Misión Klein-Saks, se elaboró en las gestiones del Ministro de Hacienda, señor Vergara, y en los comienzos de las gestiones del MinistroFigueroa, una política de contención inflacionaria, que logró, durante dos años, contener el ritmo inflacionario, haciéndolo bajar a tasas inferiores.

Sin embargo, con ocasión de la combinación política denominada "Frente Democrático" y el acceso...

El señor KLEIN.-

¡Otra vez!

El señor MAIRA.-

...al Ministerio de Economía del Ministrodon Luis Escobar Cerda, el ritmo de la inflación nuevamente tomó un curso de incremento progresivo, hasta que el señor Ministro de Hacienda, y también el de Economía de la época, ante la avalancha del aumento de los precios, que ya desbordaban los límites de la política fijada por el propio Gobierno del señor Alessandri, tuvieron que proclamar una doctrina única en el mundo, extremadamente curiosa, que fue denominada "la estabilización a un nuevo nivel", mediante la cual se intentó, en el cénit del proceso inflacionario, contenerlo mediante la aplicación de la política oficial y por la vía de un simple decreto. En dicha ocasión, sin embargo, el señor Escobar Cerda no tuvo éxito en el empeño y fracasó en su tarea, porque después de la dictación del decreto Nº 1.721, de noviembre de 1962, el país empezó a presenciar un sorprendente incremento del ritmo inflacionario: el agua., la luz, el gas licuado, la locomoción, el pan, la leche, los combustibles, el vestuario, los productos agrícolas, de nuevo la locomoción. En un plazo bastante breve, suben los precios en porcentajes significativos. Irónicamente, el "Diario Oficial", que publica las alzas, reajustó su precio.

En definitiva, el término del Gobierno del señor Alessandri demostró, una vez más, que la política de congelación de precios, propugnada en forma tan simple, igual que en el caso del Gobierno del señor Ibáñez, no entregaba resultados positivos desde el punto de vista de su aplicación.

Por esa razón, y recogiendo la experiencia que dice que "hay que conocer la historia para no repetir sus errores", no hemos querido renovar hoy día una indicación de congelación de precios. Creemos que, por el desarrollo actual del ritmo de incremento del proceso inflacionario que el país vive en este momento, ella no tendrá efectos y podría producir, incluido, resultados contraproducentes, como ya lo hemos manifestado.

Sin embargo, consideramos que, en reemplazo de una disposición congelatoria que proclama, nominalmente, la decisión de no dar nuevos reajustes de precios, es indispensable establecer algún límite que, dentro del marco del realismo y la eficiencia, permita controlar, dominar y encauzar el desarrollo del proceso inflacionario que, en el último año, alcanza los porcentajes que a todos nos preocupan.

Por ese motivo, y porque, además, nos asiste una convicción muy profunda, que deseamos dejar de manifiesto, hemos patrocinado esta indicación.

La inflación, lo sabemos todos, no es un fenómeno jurídico; por lo tanto, no se controla ni con leyes, ni con decretos; es un fenómeno económico e implica una relación macroeconómica entre el volumen del circulante y el monto de la producción. En definitiva, en la concepción estructural de la inflación y del proceso económico que aceptamos, los democratacristianos tenemos perfecta conciencia de que sólo a través de un proceso de incremento, de ensanchamiento de la base productiva de la economía nacional, de su agricultura, de su campo, de su minería, de su industria, podremos resolver las causas que la generan. No es una enfermedad, sino un síntoma de la economía chilena. Sin embargo, mientras exista inflación, mientras este proceso desencadenado no pueda ser controlado por el incremento productivo satisfactorio que cambie los términos actuales de la balanza, ella constituye un flagelo que evidentemente golpea de manera distinta al pobre y al rico, y que implica un mecanismo de redistribución regresiva de la renta nacional; por lo tanto, mientras el país tenga inflación, el costo social de ella debe ser compartido por todos los sectores y no debe constituirse jamás, como por desgracia ha ocurrido, en un negocio de los ricos y en un flagelo para los pobres.

Por esa razón, analizando el problema desde un punto de vista estrictamente social y político, la disposición propuesta tiene por objeto aceptar la existencia del proceso inflacionario, ojala decreciente; evaluar sus costos sociales y tratar de hacer participar en ellos no sólo a los trabajadores, como ha sucedido hasta el día de hoy, sino que también, como es indispensable, a los sectores de la producción, a los empresarios, a los grupos patronales del país, los que, por el mecanismo actual, obtienen, en el curso del año, los reajustes de precios que los mantienen en el nivel de utilidades conocido y que solamente después de doce meses, cuando se dicta la ley de reajuste, otorgan la compensación que el deterioro ha causado a sus trabajadores, a sus empleados y obreros.

Por esa razón, ante la pregunta de por qué ese sacrificio, el costo social de la inflación no puede ser compartido también por los productores, contestamos afirmativamente con esta indicación. Esta es nuestra respuesta para obtener que también restrinjan su nivel de vida; para que también bajen su nivel de consumo de artículos suntuarios; para que también los sectores de la producción, los empresarios chilenos, desciendan sus niveles de utilidad, contribuyendo así a financiar el costo social que, para el país, implica el desarrollo de un proceso inflacionario.

La naturaleza de la inflación chilena ha sido estudiada más de una vez no sólo por economistas nacionales, sino que también por extranjeros. Quizá los ensayos más lúcidos y más amenos han sido producidos por tres o cuatro investigadores norteamericanos que han trabajado en nuestra patria. El economista señor Grunwald, ex Director del Instituto de Economía de la Universidad de Chile, es autor de un eficiente y brillante trabajo, y el profesor Hirschman, que ha llegado a ser Director de los cursos latinoamericanos de la Universidad de Harvard, en un trabajo en profundidad y muy ameno, emitió un informe sobre la inflación chilena. Del trabajo del profesor Hirschman he sacado una conclusión que me parece muy positiva. Es aquella según la cual la naturaleza de la inflación chilena presenta la característica única, en el mundo, de no haber llegado nunca al grado de una inflación desbocada. La inflación chilena, afirma él, crece más o menos, pero siempre crece y nunca se llega al ritmo de la hiperinflación.

"No hay una explicación satisfactoria para el fenómeno. Lo cierto es que no se imprimió suficiente papel dinero como para que hubiera hiperinflación. Con todo, si las fuerzas que obligaron a las autoridades a mover las prensas eran tan fuertes como para mantener durante años una inflación del 20% anual, ¿qué fue lo que detuvo a estas fuerzas antes de impulsar una expansión monetaria desmedida? Es posible que las presiones sociales no fueran lo suficientemente fuertes y tal vez que la confianza pública fuese mayor de lo que se pensaba generalmente."

Por eso, creemos que, teniendo estas características el proceso inflacionario chileno y teniendo un ritmo persistente de altos y bajos, sin desbocarse jamás y sin ser jamás controlado durante más de 90 años de la historia económica del país, es posible aplicar este tipo de paliativo por un período corto y no en forma permanente.

De ahí que hemos propuesto el artículo que la Cámara discute en estos instantes, que contendría, si se aprobaran las nuevas regias del juego para el debate entre los empresarios que requieren precios de organismos públicos y los que fijan la política de precios por parte de los organismos del Estado chileno, los que deben actuar, como siempre deben hacerlo, en defensa del conjunto de la masa consumidora del país.

¿Cuáles son las ideas más importantes que tiene esta indicación? Fundamentalmente, cuatro. Primero, que, durante el año 1970, los organismos públicos encargados de la fijación de precios no pueden otorgar reajustes superiores al 28%, respecto de los precios vigentes en diciembre de este año. Esta disposición tendría validez general, pero se aplicaría preferentemente a tres clases de artículos: los productos de primera necesidad incluidos en el índice de precios al consumidor, que hoy día se ponderan; los productos sujetos a márgenes de comercialización; y las tarifas de servicios de utilidad pública, como alumbrado, teléfono, agua potable, etcétera.

El señor KLEIN.-

Los arriendos y la locomoción.

El señor MAIRA.-

La segunda idea, que tiende a remediar lo que es un vicio intensificado en el curso de los últimos años, es la de que, reajustados los precios otorgados en determinado producto o servicio, se entreguen de una vez en el año y no se produzcan reajustes a un determinado producto dos o más veces en el curso del año, porque tiene un efecto de acumulación en el rendimiento de la empresa y de un desgravamen mayor desde el punto de vista del interés del consumidor.

De ahí que se proponga, en el artículo que comentamos, que, en ningún caso, las autoridades podrán conceder más de un alza para un mismo artículo en el curso del año 1970.

La tercera idea, que va a ser de interés reseñar también en esta Cámara, es obtener para el Parlamento una mayor participación en el conocimiento y la discusión de los antecedentes económicos que entregan las empresas que requieren de reajustes de precios. Y para, tal efecto, proponemos que, cuando se aplique un alza en el precio de un producto o de un servicio, la Dirección de Industria y Comercio, como ocurre habitualmente, o el organismo público respectivo encargado de la fijación de precios, si no es aquélla tenga la obligación perentoria de entregar, dentro del plazo fatal de cinco días, a las Oficinas de Informaciones de ambas ramas del Congreso Nacional, todos los antecedentes económicos, financieros y legales que han justificado la adopción de esta medida y, especialmente, que remita los estudios de costos que haya realizado. Sabemos que, en esta materia, la Administración Pública aún es deficiente. Hace muy pocos meses, se creó un Instituto de Costos y Medición de la Productividad. El personal de este departamento técnico del Ministerio del ramo es insuficiente y hay que hacer un gran esfuerzo para fortalecerlo, ya que todos los estudios sobre esta materia serán pocos.

Nos parece que, dentro de la facultad fiscalizadora que nos confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, los parlamentarios tienen el deber de conocer si otro tipo de documento, que se entregue o se remita obligatoriamente por mandato de la ley, es altamente conveniente. A nuestro juicio, sí lo es, pues queremos que la Cámara disponga del tiempo oportuno para ejercer las atribuciones fiscalizadoras a fin de conocer los antecedentes más fidedignos que motiven el alza de precio de los artículos adquiridos por sectores cuya economía familiar todos los parlamentarios de esta Cámara tenemos el deber de defender.

En último término...

El señor MERCADO ( Presidente).-

Excúseme, señor Diputado. Ha terminado el tiempo de su Comité.

Puede hacer uso de la palabra el señor Fuentes, don Samuel.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Señor Presidente, la iniciativa del colega Maira contó con nuestra aprobación, en las Comisiones Unidas, porque comprendemos que no tan sólo este Gobierno, sino que los tres últimos, han sido víctimas de este flagelo de la inflación. No ha habido herramienta alguna que haya permitido solucionar este gravísimo problema. Y si miramos hacia el Gobierno del señor Ibáñez, en que el alza del costo de la vida llegó a cifras siderales, casi al ciento por ciento, podemos observar que desde ese mismo momento fueron los sectores asalariados las víctimas más indefensas para sufrir los efectos de este flagelo inflacionario en el seno de sus hogares. En efecto, en aquel Gobierno, habiéndose registrado un alza del 86% del costo de la vida, sólo se entregó el 42% de reajuste de la ley Nº 12.006, citada por mi colega señor Maira. Desde esa fecha, todos los Gobiernos han hecho ensayos para solucionar este problema; y hay una cosa curiosa: mientras el señor Alessandri empezó, en sus dos primeros años, con una especie de estabilización, terminó con un alza del costo de la vida, en su último año de Gobierno, de un 45,9%.

El Gobierno del señor Frei, abocado a buscarle solución a este problema, entregó dicho porcentaje como reajuste a la masa asalariada y anunció que paulatinamente resolvería el problema. Indicó hasta los porcentajes con los cuales su Gobierno iba a combatir definitivamente la inflación que se registra en nuestro país. Pero ocurrió que tanto en el Mensaje como en la exposición del señor Ministro de Hacienda en la Comisión Mixta de Presupuestos, el Gobierno reconoció, en forma definitiva, que había tenido el más grande de los fracasos en esta materia y se encontraba abocado de nuevo, no a dar cuenta al país de la detención de la inflación, sino que, por el contrario, a manifestar que se encontraba, a fines del presente año, con la inflación casi más arriba del 30 % ; seguramente, en la realidad va mucho más allá que el 100% del alza del costo de la vida registrado en los años de Gobierno del Presidente señor Frei. La prueba está contenida en el proyecto de reajustes de sueldos de las Fuerzas Armadas, cuyo porcentaje excedió del 100%, en algunos rubros, para los funcionarios de estos servicios públicos, como son las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones, etcétera. Mientras tanto, nos encontramos con esta iniciativa de nuestro colega, la que, pretendiendo fijar nuevas formas para buscar la posibilidad de contener la inflación, es casi como la corroboración escrita y legalizada del fracaso de la Administración del señor Frei en esta materia. Y, una vez más, ha resultado perjudicado el sector asalariado, pese a lo que se diga. Durante todas las legislaturas pasadas, sobre todo con motivo de la discusión de los anteriores proyectos de reajustes, escuchamos decir aquí que este Gobierno era el único que compensaba por el alza del costo de la vida en el ciento por ciento y que la clase trabajadora no tenía nada que temer. Sin embargo, en este mismo proyecto estamos viendo que los reajustes de sueldos que él señala no guardan relación entre ellos ni mucho menos con los establecidos en leyes ya dictadas, como la que favorece a las Fuerzas Armadas, ni con los que se fijarán en otras, cuyos proyectos vamos a tener que estudiar, como es la que beneficiará a los funcionarios del Poder Judicial.

En efecto, mientras el último soldado contratado en el Ejército percibirá, a contar del 19 de enero del año 1970, un sueldo base de Eº 889, fuera de los demás beneficios que tiene el personal de las Fuerzas Armadas, los obreros y empleados, de acuerdo con el mecanismo establecido en este proyecto que estamos tratando, que ya ha sido aprobado en general y tiene que pasar al Senado en segundo trámite, recibirá apenas un sueldo vital mínimo de Eº 610, como lo establece el artículo 28, que se refiere al sector privado y que también tiene ingerencia en el sector fiscal, en cuanto al monto del reajuste.

Ayer nosotros quisimos establecer cierta paridad legislativa, considerando el aumento que se otorga a los obreros, a los cuales se les fija un salario mínimo vital de Eº 1,50 por hora, que no es la petición concreta de la Central Única de Trabajadores, que había pedido para ellos Eº 16 mínimos de salario. Esto significa que los obreros del sector privado, al fijarles Eº 12 por la jornada mínima de ocho horas, se les está haciendo un reajuste de un 60%Nosotros propusimos en la Comisión que a los empleados, también del sector privado, se les aplicara este mismo criterio, lo que habría significado que el sueldo vital para el año 1970 habría alcanzado a 760 escudos. ¿Cuál fue la respuesta que el señor Ministro nos dio a este planteamiento nuestro? No es que él reconociera la justicia de nuestro planteamiento; pero señaló que, como existían muchos mecanismos que estaban relacionados con el sector público, en el que se aplican los promedios de sueldos vitales, de acceder a esa petición, se iba a quebrar el sistema de reajuste para este sector o se produciría distorsión en algunas tributaciones.

Nosotros solicitamos concretamente al señor Ministro que buscara una fórmula compensatoria para el sector de empleados particulares, que es el más indefenso y el más desprovisto de conquistas sociales. Esa fórmula podría ser el sistema de bonificación que se aplica en este mismo proyecto de reajuste a los funcionarios del Servicio Nacional de Salud, cuyas bonificaciones, fuera del reajuste, sumadas y promediadas durante el año 1970, les significarán casi 100 escudos mensuales.

Como nuestra indicación fue rechazada y el señor Ministro quedó de estudiar esta petición, deseo que, haciéndose eco de lo que estamos planteando y de lo que él señaló en la Comisión respectiva, pudiera estudiar en el Senado, en el segundo trámite, este sistema de reajuste compensatorio para el sector privado sobre la base de una bonificación. De esta manera quedará a firme el sueldo vital de 610 escudos, que será imponible para todos los efectos legales. Y no se alterará el sistema de relación que tiene con el sector de jubilados, con el sector de empleados públicos o con las tributaciones.

Ruego al señor Ministro de Hacienda que consulte esta posibilidad, a fin de que siquiera los empleados y obreros del sector privado puedan tener un reajuste más de acuerdo con la realidad. Si las Fuerzas Armadas van a tener un sueldo mínimo de 889 escudos y el sector privado apenas de 610 escudos, creo que se le hace un flaco favor a este último. Los cálculos hechos por la Confederación de Empleados Particulares establecen que, considerando el deterioro producido en las remuneraciones desde el año 1956, fecha en que se dictó la ley N° 12.006, y si se hubiera hecho uso del sistema de la Comisión Mixta, de las encuestas sociales señaladas en dicha ley, el sueldo vital debería estar en este momento, me parece, en una suma superior a mil escudos. De manera que, al entregarle 610 escudos, no significa que el Gobierno haya atendido a este sector ni al sector fiscal en la forma justa y ecuánime de que hablaba mi colega señor Urra, cuando hacía presente que este Gobierno había sido el más justo, el más ecuánime y elogiaba mucho su actitud de conversar con la Central Única de Trabajadores.

Nosotros oímos ayer la exposición del compañero Figueroa, dirigente nacional de la Central Única de Trabajadores, cuya directiva también la integran representantes de nuestro partido y de otras colectividades políticas de Izquierda, entidad que ha llegado a entendimiento con el Gobierno en esta materia. El señaló que habían planteado en esta discusión la necesidad de establecer un sueldo vital. Desgraciadamente, no lo lograron y, en consecuencia, aceptaron el convenio de que se ha dado cuenta.

Si bien es cierto es positivo el paso respecto a la posibilidad que se establece en el artículo 36 de este proyecto, de constituir una Comisión Paritaria, integrada por seis funcionarios del Ministerio de Hacienda y seis representantes de los funcionarios públicos nominados por la Central Única de Trabajadores, para que en el plazo de seis meses a contar de la promulgación de esta ley estudie los sistemas de remuneraciones del sector público civil, nosotros, sin embargo, manifestamos en la Comisión, en representación de la Confederación Nacional de Jubilados, ya que el Ministro de Hacienda tocó el problema de los jubilados, la necesidad de que también se designe una comisión integrada por los sectores pasivos, para que busquen, como el Gobierno ha manifestado, una solución definitiva al problema previsional chileno.

El Ministro hizo alcance a un proyecto presentado por este Gobierno, responsabilizando al Parlamento de que no se había preocupado de este problema. La realidad es que no nos hemos preocupado de este problema, porque, invitadas las organizaciones activas y las pasivas a conocer de esta idea legislativa del Gobierno, ella fue rechazada con la más absoluta indignación, porque se pretendía, fundamentalmente, modificar el sistema previsional en base a establecer una etapa de trabajo hasta la edad de 65 años para los hombres y de 60 años para el sector femenino en la Administrativa Pública. Esa idea del Gobierno tuvo que ser, indiscutiblemente, rechazada. Por eso, el propio Ejecutivo no ha insistido nunca más en esta idea de reformar la previsión sobre esas bases.

Tampoco ha querido insistir nunca más en su proyecto que modifica el sistema de la asignación familiar en base a prestaciones -como se llamaba esta idea legislativa-, porque también las organizaciones de trabajadores, tanto activas como pasivas, repudiaron el sistema propuesto.

De ahí, que sería interesante que en el Senado, el señor Ministro, por propia iniciativa, acogiera nuestro planteamiento. Espero que lo haga, ya que tengo que reconocer que ha demostrado su buen propósito de solucionar algunos de estos problemas. La prueba está en que con su concurso, logramos buscar un financiamiento para la ley de revalorización de pensiones, que es la única que permite a los jubilados lograr la reposición del poder adquisitivo de sus míseras pensiones.

También ayer le pedí concretamente que el proyecto, ya aprobado por la Cámara y el Senado, y objeto de una sola observación por el Ejecutivo, que modifica el sistema establecido en el artículo 18 de la ley Nº 15.386, sea promulgado a la brevedad posible. Si hay que modificar esa parte de la ley de revalorización, el Ejecutivo puede traernos cien ideas para modificar el sistema vigente o volver al sistema antiguo, si el actual no le satisface. Para los jubilados, es urgente que la ley sea promulgada dentro del presente mes, porque, en caso contrario la Comisión Revalorizadora de Pensiones no podrá considerar como ingresos futuros los contemplados en el proyecto para la revalorización del año 1970.

Por eso, señor Presidente, volviendo a este artículo 35, dejo establecido que en la Comisión solicitamos para los empleados particulares un sueldo vital de 763 escudos, lo que se obtiene aplicando el mismo sistema de disposición que beneficia a los obreros del sector privado. También presentamos una indicación que fijaba el salario mínimo obrero a razón de dos escudos la hora; vale decir, un salario mínimo de 16 escudos diarios, la que fue rechazada.

Yo espero que la iniciativa planteada en el artículo 35 no sea meramente romántica, porque como no existe sanción alguna para los infractores de la ley, ahora aparece sólo como una declaración.

Señor Presidente, me ha solicitado una interrupción mi colega Fuentealba, y se la concedo.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede hacer uso de una interrupción el DiputadoFuentealba, don Clemente.

El señor FUENTEALBA (don Clemente).-

¿Cuántos minutos nos quedan, señor Presidente?

El señor MERCADO ( Presidente).-

Restan seis minutos, señor Diputado.

El señor FUENTEALBA (don Clemente).-

Vamos a reservarnos el tiempo para más adelante, señor Presidente.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede hacer uso de la palabra el señor .Amello.

El señor ARNELLO.-

Señor Presidente, el

Diputado señor Maturana me ha pedido una interrupción.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Le queda un minuto, señor Diputado.

El señor MATURANA.-

Está bien.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.

El señor MATURANA.-

Señor Presidente, quería hacer presente que estimamos que este artículo es un aberración económica, política y administrativa.

Nuestro país había conocido la intervención de la Administración Pública en el mundo de los negocios, pero nunca había llegado a este extremo de la intervención de los políticos en las fijaciones de los precios, en el secreto industrial y en el mundo de la competencia. Ni tampoco esto de pretender regir la vida económica con disposiciones administrativas y políticas absolutamente artificiales, con una inflación galopante, aun cuando un colega decía que en Chile nunca se ha conocido este tipo de inflación. Pero la realidad es que el "libro" fue escrito mucha antes que asumiera este Gobierno. Y con variaciones en los costos...

El señor MERCADO ( Presidente).-

Excúseme, señor Diputado. Ha llegado el término del Tiempo de Su Señoría.

La señora LAZO.-

Pido la palabra.

El señor FIGUEROA.-

Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra la señora Carmen Lazo; y, en seguida, el señor Figueroa.

La señora LAZO.-

Señor Presidente, nosotros vamos a dar nuestra aprobación a este artículo. Y deseo dejar establecido que con el DiputadoSchnake habíamos hecho indicación sobre esta materia. Y me voy a permitir leerla; porque cuando esta indicación fue acusada de adolecer de inconstitucionalidad, nosotros estábamos dispuestos a suprimir aquella frase que, en realidad, era inconstitucional.

Voy a darle lectura -aunque, desgraciadamente, nos queda tan poco tiempo- porque quiero dejar constancia de cuál era nuestro espíritu en esta materia.

El artículo que fue rechazado y declarado inconstitucional, dice lo siguiente:

"Declárase cancelado el precio de los artículos de uso o consumo habitual, actualmente considerados como de primera necesidad, a los mismos niveles existentes a la fecha de promulgación de la presente ley.". Esta era, más o menos, nuestra idea. Yo no quiero leer la parte que sigue, porque, en realidad, ella fijaba normas para que el Parlamento pudiera autorizar al Ministerio de Economía a fin de decretar en casos calificados, el alza de algunos artículos de primera necesidad.

Ahora ¿qué perseguíamos nosotros, señor Presidente, con ese artículo? En primer lugar, como se ha dicho aquí, nadie puede negar que el índice del costo de vida que todos nosotros conocemos no corresponda a las alzas que realmente han tenido que sufrir los consumidores. Sabemos perfectamente bien, y se ha dicho reconocido por las autoridades, que éste es un índice amañado para poder seguir diciendo que se pagan reajustes del ciento por ciento del alza del costo de la vida. Todos los que compramos y tenemos conciencia de lo que es un sueldo vital, por ejemplo, para un empleado, sabemos perfectamente bien que este índice de precios al consumidor es una de las mentiras más grandes que tienen que sufrir los trabajadores.

Por esa razón, ayer, en las Comisiones Unidas, manifesté que, considerándome integrante de la Central Única de Trabajadores, estimaba este proyecto de reajuste como un punto de partida, pero que él no conformaba, como lo declaró el Presidente de esa organización, a los trabajadores ni a ninguno de nosotros, por la sencilla razón de que esta cifra, que se ha fijado como tope, no tiene nada que ver con el alza real del costo de la vida.

Se ha hecho saber aquí que muchos Diputados están molestos porque el Presidente de la Comisión de Hacienda declaró improcedente un paquete, si no me equivoco, de más de cien indicaciones. Así fue, señor Presidente. Y entre las indicaciones que fueron declaradas improcedentes, solamente voy a citar una. Dice: "Para sustituir el artículo 49 por el siguiente: "Concédase en el año 1970 a los empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal regido por la ley 15.076, del personal sujeto a tarifado gráfico y del personal de empleados particulares, una bonificación no imponible que no será considerada sueldo para ningún efecto legal y que se devengará en las fechas y por los montos que se indican:

"Marzo Eº 400.-

"Septiembre Eº 355.-

"Diciembre Eº 400.-

Esas sumas obedecían al hecho de que había un acuerdo entre el Gobierno y los trabajadores de la Salud, en el sentido dé que en el mes de septiembre se les pagaría la diferencia efectiva del alza del costo de la vida de este año y no el 28%.

El señor Ministro afirmó ayer que el Gobierno estaba dispuesto a cumplir esa cláusula del acuerdo con la Salud. He dado a conocer estos antecedentes para dejar constancia de ellos en la Cámara.

También, señor Presidente, fueron declaradas improcedentes varias otras indicaciones que había propuesto la Confederación de Municipalidades. Y voy a leer también la exposición de motivos que sobre esta materia habían hecho las municipalidades. Dice:

"La opinión pública y los distintos sectores políticos que están representados en el H. Congreso Nacional conocen la situación extremadamente crítica que viven los Municipios del país por efectos del progresivo desfinanciamiento, uno de cuyos factores esenciales ha sido el aumento de sueldos y salarios de sus empleados y obreros por distintas leyes que no les entregaron los recursos correspondientes.

"Ese fenómeno ha ocurrido no obstante el art. 87, letra s) de la ley Nº 15.575, que dispuso que todos aquellos impuestos establecidos en la ley Nº 11.704, sobre Rentas Municipales que no estuvieran expresados en porcentajes, se reajustarían anualmente en el valor del índice del costo de la vida.

"La situación someramente descrita se actualiza una vez más respecto del reajuste de los personales municipales en un 28%, proyecto que en estos momentos estudian las Honorables Comisiones Unidas de Hacienda y Gobierno Interior de la H. Cámara.

"Por esas consideraciones, sometemos a la aprobación de la H. Cámara las siguientes indicaciones, cuyo texto fue consultado con la Confederación Nacional de Municipalidades, organismo que ha conversado al respecto con el señor Ministro de Hacienda, quien ha manifestado comprensión frente al problema".

Pero, por el momento -y como lo pueden aseverar los integrantes de las Comisiones Unidas- las Municipalidades se tendrán que conformar con la comprensión del señor Ministro, ya que estas indicaciones fueron declaradas improcedentes. Por esta razón, las Comisiones Unidas no pudieron conocer la real situación de las municipalidades.

Por último, quiero decir -porque más adelante intervendrá el colega señor Schnake- que anteayer conversé con funcionarios que trabajan en el Ministerio del Interior, personal de la confianza del Presidente de la República. Me decían: nosotros no podemos hacer huelgas, no podemos reclamar; no somos un instituto armado que se pueda tomar el Ministerio; somos los parientes pobres de la Administración Pública.

Ya que está presente el señor Ministro de Hacienda, quiero llamar la atención sobre la Situación de este personal de la confianza del Presidente de la República y decirle que nunca hay que abusar de la confianza. Sería bueno que el Ejecutivo buscara la manera de resolver el problema de ese personal, porque -me decía un funcionario- un gran sector del Ministerio del Interior gana sueldos de hambre.

El señor ARNELLO.-

Y eso que están al lado de la "torta".

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede hacer uso de la palabra el señor Figueroa.

El señor FIGUEROA.-

He concedido una interrupción a mi colega señor Solís.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor SOLIS.-

Señor Presidente, he solicitado esta interrupción, porque nos preocupa profundamente un problema planteado en el artículo 2° Aunque ya está aprobado, es conveniente esclarecer este asunto.

En este artículo, se aumenta la asignación familiar al sector público, pero se excluye, desgraciadamente, al magisterio. Es decir, la asignación familiar de éste quedaría en treinta y siete escudos, ya que tiene un tratamiento especial en virtud del artículo 3º de la ley Nº 16.930. A petición de ellos, se les excluyó de este proyecto de reajuste. Por lo mismo, nosotros estimamos conveniente plantear que en ningún caso se puede dejar al magisterio sin el reajuste de la asignación familiar. Y esperamos, ya que no es posible hacerlo aquí en la Cámara, presentar en el Senado una indicación que permita incluir al magisterio en el reajuste de la asignación familiar. Al respecto, deseo preguntarle al señor Ministro si habría alguna dificultad por parte del Ejecutivo para reajustar la asignación familiar al magisterio en los términos establecidos en el artículo 2º de este proyecto.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede usar de la palabra el señor Ministro.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

En realidad, la bonificación de 20 escudos para la asignación familiar se ha hecho con cargo a los recursos de los propios empleados, que han entregado hasta un punto y medio del reajuste.

En el caso del profesorado, por expresa petición de este gremio y por el hecho de tener reajustes especiales en virtud del acuerdo magisterial, no estarían haciendo ese aporte. Lo 'lógico sería, si realmente se quiere hacer una redistribución en los mismos términos que para el resto del sector público, que se les impusiera la misma norma. Es decir, que destinaran hasta un punto y medio de su reajuste para financiar la bonificación de asignación familiar.

Yo creo que eso sería de justicia.

El señor SOLIS.-

Señor Presidente, yo le agradezco la respuesta al señor Ministro.

Entonces, presentaremos una indicación en el Senado para que no se excluya al magisterio en relación con este artículo 2º.

Por otra parte, el artículo 17 dice que "la primera diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del artículo 1° de esta ley, ingresará a las Cajas de Previsión en seis cuotas mensuales iguales a contar del mes de enero de 1970. Pero, como el magisterio queda excluido en el artículo 1°, resulta que tiene el mismo problema.

Le agradezco al colega señor Figueroa la interrupción que me ha permitido plantear esta situación.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede continuar el señor Figueroa.

El señor FIGUEROA.-

Señor Presidente, el colega Atención me ha pedido una interrupción.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.

El señor ATENCIO.-

Señor Presidente, le he pedido una interrupción al señor Figueroa, porque a pesar de que los parlamentarios comunistas votamos favorablemente este artículo 35 en las Comisiones, queremos dar una opinión al respecto.

Estimamos que esta disposición, si bien es cierto tiene muy buenas intenciones, no es más que una declaración lírica, como ya se ha dicho en esta Cámara. El Partido Demócrata Cristiano, por intermedio de algunos de sus parlamentarios, ha presentado esta indicación, pretendiendo seguramente con ello cosechar algún dividendo político.

Queremos probar que esto es lírico pollo siguiente: se dice y se escribe, pero no se practica. El programa del Presidente Frei y de la Democracia Cristiana ha sido cumplido en mínima parte. Por ejemplo, se habló en ese programa de que la clase trabajadora tendría una participación fundamental en la conducción del Estado; pero, en este instante, vemos que la Democracia Cristiana y el Partido Nacional han apoyado, por ejemplo, una reforma constitucional que le entrega atribuciones omnímodas al Presidente de la República. ¿Es ésta, acaso, una manera ele incorporar a los trabajadores, con sus opiniones y sus votos, a la dirección del país? Por esos nosotros decimos que hay un divorcio entre las palabras y los hechos. Esta es una declaración lírica, concretamente. Y tal como lo ha dicho el colega señor Maira, éste no es un problema aislado. El ha expresado que éste, es, fundamentalmente, un fenómeno económico, y nosotros, los parlamentarios comunistas, agregamos que también es político, pues está 'ligado estrictamente a la política general del Gobierno. Por ejemplo, no podemos pretender que con la aprobación de este artículo 35 la inflación se va a detener. En absoluto. Mientras que por un lado se habla de que los precios no podrán reajustarse en un porcentaje superior al 28%, en la última parte del artículo se excluye de esta limitación a todos los artículo agropecuarios que se producen en Chile. ¿Qué significa esto? Que las papas, las cebollas, etcétera, todos los productos del agro, prácticamente, van atener libertad de precio. Esto se contrapone, reitero, con el espíritu de este artículo 35. Los comunistas hemos dicho que esto está sujeto a la política general del país. Por ejemplo, inflación, a juicio de los comunistas, equivale a cesantía, a desnutrición, al marasmo que sufre la clase trabajadora chilena.

Nosotros creemos que, si no se intensifica la reforma agraria para que se siembre la tierra, no podrá el agro abaratar sus productos. Pensamos, además, que, si no se ayuda a la pequeña minería, al pequeño minero, a aquel trabajador que extrae las riquezas de nuestra patria, no podrá haber una política económica completa y sana. Si no explotamos los subproductos del carbón y del salitre; si se mantiene el "draw-back", este "beneficio" "jugoso" para los empresarios; mientras subsistan las franquicias de que gozan los empresarios de la construcción -en favor de los cuales está este Gobierno, tal como lo ha manifestado el señor Ministro de Hacienda en la discusión de un artículo anterior-, creemos que estas declaraciones que se hacen en el artículo 35 son líricas. Los comunistas estimamos que, mientras no se aplique una política general patriótica en nuestro país, que tienda a recuperar las riquezas básicas de nuestra patria, para que así podamos detener la inflación, estas declaraciones no serán más que eso.

Gracias, colega Figueroa.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Puede continuar el Diputado señor Figueroa.

El señor FIGUEROA.-

Señor Presidente, a pesar de lo expresado por el colega señor Asencio -con lo que estamos plenamente de acuerdo- los Diputados comunista votaremos; favorablemente el artículo 35.

Sin embargo, hemos solicitado por escrito a la Mesa que se divida la votación: los dos primeros incisos, por una parte; y el tercero, por otra, separadamente, ya que los Diputados comunistas votaremos en contra de este último, porque estimamos que significa una concesión a los terratenientes.

En el curso de la discusión sostenida por la delegación del Consejo Directivo de la CUT -nombrada por el Plenario Nacional de Federaciones- y los representantes del Gobierno, los señores Ministros del Interior y de Hacienda, planteamos la necesidad de que se estableciera una política de control de precios. Partimos de la base de que, aun cuando las remuneraciones, especialmente las del sector obrero no organizado, se incrementan en un '60%, el resto de los reajustes se hace de acuerdo con el índice del costo de la vida, que no refleja, en verdad, el alza real de él. Reconocemos que efectivamente, el acuerdo logrado por la CUT y el Gobierno significa un paso muy importante para sectores numerosos de los trabajadores, particularmente, para los trabajadores no organizados, quienes recibirán un reajuste, repito, de un 60% de aumento y una asignación familiar aumentada en un 50%. Es importante también el incremento de la asignación familiar de los funcionarios civiles de la Administración Pública que recibirán esta asignación aumentada en un 80%. De ahí para allá, el proyecto contiene numerosas limitaciones.

Los parlamentarios de Izquierda quisimos introducir, a través de la indicación, mejoramientos a este proyecto, de modo de resolver numerosos otros problemas de los trabajadores que reclaman urgentísima solución. Sin embargo, como lo ha expresado aquí la colega Carmen Lazo, la Mesa declaró improcedente alrededor de cien indicaciones que habían sido formuladas y que tenían atingencia, de una manera u otra, con el proyecto. Con todo, los Diputados comunistas hemos dado nuestra aceptación y nuestros votos favorables, en general y en particular, al proyecto en discusión.

Queremos, sin embargo, expresar, respecto al control de precios, que, si bien es cierto que esta disposición entrega al Ejecutivo normas muy concretas en cuanto al control de precios, sin embargo, la continuación de una política antiinflacionista no podrá lograrse en este país con normas de tipo legal, sino con el cambio sustitutivo, aplicando una política económica y social que permita poner coto al poder de los grandes monopolios de la industria y el comercio que operan en nuestro país, monopolios nacionales y extranjeros que se llevan la parte del león en la renta nacional.

Los comunistas estimamos que una política antiinflacionista y de control de precios debe estar dirigida sustantivamente a atacar los intereses de los grupos más poderosos que operan en la producción y en la comercialización de los productos, en el transporte, en las .vías de comunicación y en otros medios. Con todo, apoyamos –repito- este artículo, porque significa entregar al Ejecutivo un mandato muy concreto en cuanto al control de precios. De no adoptarse una política de control de precios, los reajustes convenidos en este proyecto de ley, se convertirán en el primer trimestre en sal y agua para los trabajadores.

Por eso estamos absolutamente de acuerdo con la aprobación de este artículo, que significa poner coto a la ola de alzas que el país ha venido soportando.

Muchas gracias.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación el inciso primero.

El señor MERCADO ( Presidente).-

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 12 votos.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Aprobado el inciso.

En votación el inciso segundo.

-Efectuada la votación en formar económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 15 votos.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Aprobado el inciso segundo.

En votación el tercer inciso.

-Durante la votación:

El señor SCHNAKE.-

¡Cómo defienden su "pega" los nacionales!

El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-

Aquí se aseguran el veto.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 57 votos.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Rechazado el inciso tercero.

En discusión el artículo 25.

La señora LAZO.-

Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora LAZO.-

Señor Presidente, quiero decir, en forma muy breve, que, junto con el colega Figueroa, firmamos esta indicación, la cual, como dice el artículo, es para constituir "una Comisión Paritaria integrada por seis funcionarios del Ministerio de Hacienda y seis representantes de los funcionarios públicos nominados por la Central Única de Trabajadores, para que en el plazo de seis meses a contar de la promulgación de esta ley estudie los sistemas de remuneraciones del sector público civil, de carreras funcionarías, con todos los mecanismos relativos a escalas de remuneraciones. . en fin, "y proponga al Presidente de la República sistemas de ingresos, ascenso, perfeccionamiento y demás materias afines."

Como se puede apreciar claramente, el espíritu de esta Comisión es resolver, con bastante anticipación, los problemas que se creen y que ya se han creado, incluso, en la discusión de este proyecto.

Nada más.

El señor ARNELLO.-

¿Cuál es el artículo que está en discusión?

El señor MERCADO ( Presidente).-

Está en discusión el artículo 25.

La señora LAZO.-

Es el artículo 36.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Excúseme, señora Diputada; el artículo 36 ya está aprobado.

La señora LAZO.-

De todas maneras, dejo constancia entonces de que mi observación se refería al artículo 36.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Ofrezco la palabra sobre el artículo 25.

El señor CERDA (don Eduardo).-

Si me consigue un minuto...

El señor MERCADO ( Presidente).-

Excúseme, señor Cerda. Su Señoría ha ocupado ya su tiempo.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 15 votos.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Aprobado el artículo.

Se va a poner en discusión una indicación renovada. El señor Secretario va a darle lectura.

El señor MENA ( Secretario).-

Con el número reglamentario de firmas, se ha renovado la siguiente indicación, para agregar un artículo nuevo, que dice como sigue: "Declárase que el inciso 4° del artículo 1° de la ley Nº 17.015, de 31 de octubre de 1968, se limitó a derogar el párrafo 4° del Título II del D.F.L. 338, de 1960, y el artículo 20 de la ley número 7.295, respecto de los servicios enumerados en el mismo precepto y sólo a contar desde el 1° de enero de 1969. En consecuencia, los funcionarios que adquirieron antes de esta fecha algunos de los beneficios establecidos en el referido párrafo o en el artículo citado, lo han conservado con posterioridad a ella."

El señor MERCADO ( Presidente).-

En discusión esta indicación.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, en la Comisión pedí que se declarara improcedente este artículo por ser inconstitucional. Fundamenté la inconstitucionalidad en tres razones. Primero, puesto que éste era un aumento neto de remuneraciones de cargo fiscal o semifiscal; por lo tanto, requiere de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución.

En segundo término, es inconstitucional, porque infringe el artículo 44, Nº 4, de la Constitución, ya que crea un gasto y no le da el correspondiente financiamiento. Según información dada por el señor Subsecretario de Previsión en la Comisión en el día de ayer, este mayor gasto en 1968 alcanzó a la suma de cerca de treinta millones de escudos.

En tercer lugar, y también por información dada por el señor Subsecretario de Previsión, sería inconstitucional, puesto que existe un juicio pendiente que ha iniciado el personal que sería beneficiado con esta disposición, juicio que sería resuelto en virtud de esta disposición, lo cual también infringe una disposición constitucional expresa, que prohíbe que el legislador pueda resolver un juicio pendiente, en virtud de la aprobación de una determinada disposición.

Estas tres razones me movieron a pedir la improcedencia de inconstitucionalidad.

Yo reitero estos fundamentos, porque creo que los tres argumentos que doy no fueron contradichos en el día de ayer, y creo que no existen antecedentes para poder deshacer los elementos que constituyen la inconstitucionalidad misma del precepto que se pretende aprobar.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

El señor CLAVEL.-

Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Clavel

El señor CLAVEL.-

Señor Presidente, si se toman las palabras del señor Ministro al pie de la letra, la Cámara va a creer o va a estimar que éste es un artículo nuevo y una nueva ley que viene a aumentar las rentas de los empleados semifiscales.

Pero la redacción de la indicación renovada, que es la misma que se presentó en la Comisión de Hacienda, no es una cosa nueva; es simplemente una declaración que aclara el inciso cuarto del articulo 1° de la ley Nº 17.015.

¿Qué dice el inciso cuarto de la ley Nº 17.015? en su artículo primero? Dice:

"A contar desde el 1° de enero de 1969, quedará sin efecto el párrafo 4° del Título II del decreto con fuerza ele ley Nº 338 de 1960, respecto de todos los Servicios enumerados en el presente artículo; ni los personales de ellos tendrán derecho a los reajustes establecidos por el artículo 20 de la ley Nº 7.295.

"No se aplicará lo dispuesto en este artículo a los personales de dichos Servicios afectos a la ley Nº 15.076 y sus modificaciones; ni a los que se rigen por las disposiciones del Código del Trabajo".

Señor Presidente, el legislador, cuando discutió la ley Nº 17.015, les dio a los empleados fiscales este derecho. El problema nació a raíz de un informe de la Contraloría General de la República, pero jamás el Parlamento tuvo la idea, cuando se discutió este inciso, que a los empleados de las cajas de previsión, a los empleados semifiscales, cuando tuvieran derecho al 2%, se les rebajara de sus aumentos por reajuste de sueldos, por ascenso de grado; jamás se tuvo en cuenta esa idea contenida en el informe de la Contraloría, que vino a anular totalmente este derecho concedido por la ley Nº 17.015, ya que, de acuerdo con ese informe, es absorbido de los aumentos que tiene este personal.

En consecuencia, no es justa la afirmación hecha por el señor Ministro, de que esta indicación sería algo nuevo y, más que eso, significaría un gasto. Lo que pasa es que este gasto no se ha hecho por una mala interpretación de la Contraloría. Y el Parlamento quiere aclarar hoy día lo que el legislador tuvo en cuenta al dictar la ley Nº 17.015.

Por estas razones, los Diputados de mi partido votarán afirmativamente la indicación renovada.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

El señor MOSQUERA.-

Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

No tiene tiempo Su Señoría.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación la indicación renovada.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).-

Con mi voto en contra.

El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-

Que se vote.

El señor MERCADO ( Presidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 3 votos.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Aprobada la indicación.

En discusión la segunda indicación renovada, a la cual el señor Secretario va a dar lectura.

El señor MENA ( Secretario).-

Con el número reglamentario de firmas se ha renovado una indicación para agregar un artículo nuevo, concebido en los términos siguientes:

"Establécele una indemnización por años de servicios, con cargo al empleador, equivalente a un mes completo de sueldo o salario, incluidas las. Gratificaciones y asignaciones familiares, por cada año de trabajo o fracción superior a seis meses, en favor de los empleados y obreros del sector privado, para el caso de que sean despedidos o terminen sus contratos, salvo que hayan incurrido en alguna causal de caducidad del contrato de las establecidas en los números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11 del artículo 2° de la ley Nº 16.455.

"Esta indemnización será compatible con cualquiera otra legal o convencional, debiendo aplicarse en cada caso aquella que sea más favorable al obrero o al empleado afectado y se calculará sobre la base del último mes de remuneración que éste haya gozado, pero con un máximo de 50 sueldos vitales mensuales escala a) del departamento de Santiago".

El señor MERCADO ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

El señor LEON (Ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LEON (Ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Señor Presidente, en la Comisión el Gobierno manifestó su opinión en contra de esta indicación, en virtud de las siguientes razones.

Creo que lo más importante para los trabajadores del país es, por un lado, la estabilidad en sus cargos, en el empleo, y, por otro lado, el monto de sus remuneraciones.

Se ha pretendido obtener la estabilidad de los trabajadores en sus puestos a través de la ley Nº 16.455, que impide el despido arbitrario y establece una indemnización, exactamente igual a la que aquí se propone, para el caso de que exista despido arbitrario. Al establecerse ahora, en general, una indemnización de 30 días de remuneración por año de servicio, en el fondo se está volviendo al sistema antiguo, que no conserva o no resguarda la estabilidad del trabajador en su cargo. En el hecho, esto significaría que los patrones o empleadores no tendrían más que pagar una indemnización de treinta días para despedir, sin ninguna limitación, a cualquiera de sus trabajadores. Además, en el caso hipotético de que los empleadores o patrones tuvieran el temor de pagar una indemnización que gravaría, indudablemente la economía de las empresas, esto significaría, de hecho, una restricción en la contratación, efecto que, por lo demás, el Parlamento lo sabe y la ciudadanía y los propios trabajadores lo han reconocido, se está produciendo, incluso, con motivo de la aplicación de la ley Nº 16.455. Es decir, los empresarios que pueden absorber un determinado número de trabajadores para sus empresas, reducen ese número al mínimo, frente a la eventualidad -si los negocios andan mal o si la empresa no puede continuar, con los cambios que en el país se producen- de tener que pagar una indemnización de 30 días a cada uno de los empleados y obreros desahuciados.

La indicación, a mi modo de ver, es mucho más grave, porque no sólo se remite al caso de desahucio, sino también el caso de retiro voluntario, pues dice: los que "sean despedidos o terminen sus contratos"; es decir, que terminen de cualquier forma. Parece que no es justo que, cada vez que un trabajador quiera remirarse de una empresa, tenga el patrón la obligación de pagarle una indemnización de 30 días de sus remuneraciones.

Creo, por último, que el inciso final establece una limitación, en cuanto a indemnización, de 50 sueldos vitales mensuales, escala a), del departamento de Santiago. Y esta limitación, aparte de afectar, en especial, a los que tienen más años de servicios, afecta, de hecho, a muchos convenios actualmente existentes en numerosas empresas, en las que no existe límite para la indemnización.

En suma, señor Presidente, creemos que, aparte de que este sistema significa un recargo grande, digamos, para la economía de las empresas, que va a traer una restricción en la contratación, en el hecho va a permitir, también, volver al despido arbitrario y sin limitaciones, con la sola condición de pagar. Nosotros creemos que es inaceptable, insisto.

Nada más.

El señor SCHNAKE.-

Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor SCHNAKE.-

Señor Presidente, antes de referirme en términos generales a esta indemnización y para dejar las cosas muy en claro, quiero levantar los cargos que el señor Ministro del Trabajo ha formulado, me parece, porque no ha leído suficientemente la indicación, por inadvertencia, o bien con un juicio un poco ligero. Y esto lo digo, de manera muy concreta, yendo a los razonamientos que hacía el señor Ministro del Trabajo, que es un hombre que tiene bastante experiencia en materia laboral; por eso, me extraña que pueda sostener lo que ha dicho.

En primer término, sostener que con esta indicación se vuelve al sistema antiguo, en virtud del cual el patrón podía despedir arbitrariamente a un obrero o a un empleado, es un absurdo tan grande, que no resiste ningún análisis. Esta indicación no vulnera ni modifica las disposiciones de la ley 16.455; es una indemnización que se produce en determinados casos, que están establecidos. De tal manera que la imposibilidad para despedir, o la obligación de reintegrar a su trabajo a quien no incurra en cualquiera de las causales que para ello señala la ley 16.456, continúan vigentes, con el agregado de que, como todos sabemos, en la práctica han sido vulnerados permanentemente.

En segundo término, decir, y esto sí que ya entraña una afirmación temeraria, que la limitación de 50 sueldos vitales, que en este instante alcanza a Eº 28.550, entraría a perjudicar aquellos gremios que por convenio tienen indemnizaciones superiores, simplemente significa no haber leído el artículo, ya que, en el inciso final, se hace presente que "esta indemnización será compatible con cualquiera otra legal o convencional, debiendo aplicarse en cada caso aquella que sea más favorable al obrero o al empleado afectado...".Obviamente, quienes tengan un convenio superior, por ejemplo, hay algunos de 45 días por año, como en el caso de Huachipato, que ha recordado el colega Mosquera, gozarán de esta indemnización y no de la que establece la disposición que pretendemos aprobar en este instante.

Por otro lado, esta indicación -y quiero dejar muy en claro que no es una indicación muestra, aunque ayer fue presentada con la firma de la colega Lazo y la mía, sino de toda la Brigada Socialista Parlamentaria, que ha sido apoyada, en el día de hoy, por todo el Comité Radical, por el Comunista y por gran parte del Comité Demócrata Cristiano- tiende a solucionar un problema extraordinariamente grave. Desde hace años, quienes hemos tenido alguna experiencia sindical sabemos que éste es uno de los puntos obligatorios, prácticamente, en cada pliego de peticiones, y el señor Ministro del Trabajo lo sabe muy bien. Pero aquellos sectores de presión laboral más fuerte son los únicos que la han logrado imponer, y descubrimos, a lo largo de Chile, que solamente una porción de los trabajadores chilenos goza de esta indemnización por años de servicio.

No la tienen todos; aquellos que no han podido obtenerla por su número o por su falta de presión sindical siguen peleando cinco días por año, siete días por año, diez días por año. Al mismo tiempo, paulatinamente se ha ido buscando por los sectores patronales la manera de burlar, de vulnerar, la ley de inamovilidad. ¿Cómo se ha vulnerado? Se ha vulnerado, sistemáticamente, al solicitar el despido aduciendo la causal del número 1 del artículo 2º de la ley de inamovilidad; es decir, el término de la faena o de la razón por la cual el obrero o el empleado ha sido contratado. Naturalmente, siempre se encuentra esta causal. O se ha vulnerado, como me lo han expresado en la Federación Bancaria, sistemáticamente también, a través de la creación en los bancos, para poner un ejemplo muy claro y decisivo, de cargos que no existen. Hoy por hoy, todos los bancos de Chile tienen un porcentaje de empleados, del orden del 30 al 40%, donde entran los más modestos empleados, con la calidad de apoderados o mandatarios del banco; en esta circunstancia, pueden, aunque tengan 10, 15, 20 ó 30 años de servicio, ser despedidos, lisa y llanamente, por la causal establecida en el artículo 3º de la ley Nº 16.455. Y nadie razonablemente puede suponer que un modesto empleado de cuentas corrientes, como lo he visto en más de algún conflicto de la Federación Bancaria, sea, efectivamente, un mandatario del banco, que tenga el sentido que la ley quiso darle. A través de estas formas se ha ido vulnerando todo el principio que se pretendió crear a través de la ley de inamovilidad.

Ahora, ¿qué sentido tuvo imponer una limitación de 50 sueldos vitales? Tampoco creemos nosotros que a través de esto, que es un justo beneficio para millones de trabajadores chilenos -en este instante no lo tienen los servidores del sector privado, pero sí lo tienen los funcionarios públicos y todos los grandes gremios de este país- puedan tener un mínimo de resguardo, después de haber entregado una vida al trabajo, son despedidos, a veces, simplemente, porque perdieron sus aptitudes físicas para el cargo o empleo que estaban desempeñando, o porque perdieron la confianza del patrón. Por eso, creemos de gran justicia esta indicación y consideramos que, históricamente, debe incorporarse a nuestra legislación como una de las aspiraciones más sentidas de toda la clase trabajadora chilena.

Por esta razón, 110 dudamos de que de todos los bancos de esta Honorable Cámara, habrá votos favorables para aprobar esta indicación.

Nada más, señor Presidente.

El señor FIGUEROA.-

Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor FIGUEROA.-

Señor Presidente, los diputados comunistas vamos a apoyar esta indicación, aun cuando hemos formulado al colega Schnake algunas observaciones secundarias respecto de su texto. Con todo, aprobada en la Cámara, podrá ser mejorada en el Senado.

Queremos expresar, eso sí, que la ley Nº 16.455, llamada de "inamovilidad", en la forma en que fue despachada por este Gobierno, se ha constituido, virtualmente, en una ley de reglamentación de despidos, porque ha permitido a los patrones burlar el sentido de la propiedad del empleo, de la inamovilidad, ya que, en la práctica, agregó nuevas causales a las que establecía el Código del Trabajo para los despidos.

¿Qué ocurre? Por ejemplo, la ley establece 30 días de plazo para que el trabajador recurra en queja si ha sido despedido arbitrariamente. Va a la Inspección del Trabajo. Como hay pocos funcionarios en este servicio, pasan los treinta días de los trámites de conciliación. Cuando el operario debe recurrir a los Tribunales del Trabajo, de acuerdo con la misma ley, ocurre que ha pasado el plazo, y no puede llevar a cabo su reclamación por las vías legales. Esto significa que el patrón despide al trabajador y no le paga la indemnización de un mes por año que la ley establece. Así tenemos que en más del 90% de los casos de despidos arbitrarios, los trabajadores no perciben el mes de indemnización que establece la llamada ley de "inamovilidad".

Por ello, estimamos de justicia este artículo en discusión, porque va a beneficiar sustantivamente a los trabajadores sin organización, que no tienen las posibilidades de defensa que dan los mecanismos legales.

Los trabajadores organizados en una u otra forma han venido conquistando este beneficio a través de sus pliegos de peticiones. Su conquista ha constituido' motivo de largas y duras huelgas para importantes sectores de trabajadores. Sin embargo, los que no están organizados sindicalmente no tienen ninguna protección, y después de 20, 30 ó más años de trabajo esforzado, se van a la calle a morir como un perro en cualquier lugar. Por este motivo, los Diputados comunistas apoyaremos esta indicación.

Además, queremos dejar en claro que en la legislatura ordinaria se discutió una iniciativa de varios parlamentarios, entre ellos, del colega Héctor Olivares y del Diputado que habla, tendiente a modificar la ley de inamovilidad. El Ejecutivo sostuvo en nuestra Comisión de Trabajo que era indispensable estudiar en profundidad esta materia, porque era muy cumple ja, y se comprometió a incluir en esta legislatura extraordinaria un nuevo proyecto de inamovilidad, que reformara la ley Nº 16.455.

Estamos ya a mediados de diciembre y hasta el momento el señor Ministro del Trabajo no ha cumplido el compromiso contraído con la Comisión mediante oficio que lleva su firma.

Nosotros apoyaremos esta indicación, porque, de no establecerse una indemnización especial para los trabajadores, éstos no van a tener, en las condiciones actuales, ninguna herramienta defensiva.

Muchas gracias.

El señor CLAVEL.-

Pido la palabra.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría. Le queda un minuto a su Comité.

El señor SCHNAKE.-

¿Y a nosotros?

El señor MERCADO ( Presidente).-

Uno minuto también.

El señor SCHNAKE.-

Se lo cedemos al Comité Radical.

El señor CLAVEL.-

Señor Presidente, los Diputados de estos bancos vamos a votar afirmativamente esta indicación renovada, porque da una verdadera efectividad a la ley de inamovilidad, que no está operando, como lo explicaba el colega Figueroa. Dictada para proteger los intereses de empleados y obreros, hasta el momento lo único que ha hecho ha sido reglamentar los despidos. En ningún caso han recibido éstos indemnización por sus años de trabajo.

Por estas razones, y no disponiendo de más tiempo...

El señor MERCADO ( Presidente).-

Excúseme, señor Diputado. El Comité Socialista le ha cedido un minuto que le quedaba.

El señor CLAVEL.-

Muchas gracias. Señor Presidente, esta indicación, que ya fue modificada, y que puede serlo también en el Senado, siempre que no se vulnere la idea que se tuvo "in mente", va a permitir que la ley de inamovilidad produzca todos los efectos legales que se persiguen.

En consecuencia, los Diputados radicales la votaremos afirmativamente.

Muchas gracias.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación la indicación renovada.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Aprobada la indicación.

El señor Secretario va a dar lectura a indicaciones que pasan a ser artículos nuevos.

El señor PARETO.-

Tiene que pedir el asentimiento.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Excúseme, señor Diputado. Sólo se van a leer.

El señor PARETO.-

¿Y si no hay acuerdo? Yo creo que, como se requiere unanimidad, primero hay que preguntar.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Primero se van a leer; después solicitaré el asentimiento para entrar a discutirlas.

El señor PARETO.-

¿Y si no hay acuerdo para leerlas?

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito la venia de la Sala para dar lectura a la primera de estas indicaciones.

El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).-

No.

El señor MERCADO ( Presidente).-

No hay acuerdo.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

La señora BALTRA.-

¡No es posible, señor Presidente!

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito la venia de la Sala para dar lectura a otra nueva indicación.

No hay acuerdo.

La señora BALTRA.-

Señor Presidente, tienen que leerse, para poder decir que sí o que no.

El señor ROBLES.-

¡Puras maniobras!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

La señora LAZO.-

Señor, Presidente, ¿me permite?

El señor PARETO.-

Un minuto, señor Presidente.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito la venia de la Sala para conceder un minuto al señor Pareto que desea hacer una aclaración sobre lo que se está debatiendo. ¿Habría Acuerdo?

No hay acuerdo.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito la venia de la Sala para darle lectura a una indicación de los señores Asencio, Basso, Maira, Fuentealba, don Clemente; Robles, Cabello, señora Lazo; señores Solís, Leyton, Phillips, Schnake, Barahona, De la Fuente, Carvajal, Acevedo, González, Cantero, Figueroa, Ibáñez, Godoy y Pareto. ¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

La señora LAZO.-

Señor Presidente, pido un minuto.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito la venia de la Sala para concederle un minuto a la señora Carmen Lazo.

No hay acuerdo.

La señora LAZO.-

¡Pero si han firmado todos, señor Presidente! ¿Para qué lo hacen si después no quieren que se lea lo que han firmado?

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito nuevamente la venia de la Sala para conceder un minuto a la señora Lazo, a fin de que aclare una proposición.

Acordado.

Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.

La señora LAZO.-

Señor Presidente, respecto de esta indicación, que beneficia a los empleados de la empresa de Agua Potable, hablé .con todos los Diputados firmantes, incluso con el señor Pareto, jefe del Comité de la Democracia Cristiana. Así conseguí la firma de todos los Comités, entre ellas la de don Patricio Phillips. Y todo esto por una razón. Les consta a los miembros de las dos Comisiones que yo permanecí siete horas trabajando, y como se me traspapeló esta indicación, yo aparecería como una persona injusta, solamente por haberla extraviado.

Por eso, me di el trabajo de pedirles la firma a casi todos los Diputados que están presentes.

El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).-

Que se lea.

La señora LAZO.-

Por eso, pido que se lea esta indicación, que también la conocen los señores Ministros.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito la venia de la Sala para dar lectura a la indicación a que ha hecho referencia la señora Lazo.

Acordado.

El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).-

Y ni una más.

El señor MENA ( Secretario).-

Indicación de los señores Atencio, Basso, Maira, Fuentealba, don Clemente; Robles, Cabello, señora Lazo; señores Solís, Leighton, Phillips, Schnake, Barahona, De la Fuente, Carvajal, Acevedo, González, Cantero, Figueroa, Ibáñez, Godoy y Pareto, que dice: "Reemplazase, a contar desde el 1º de enero de 1970, el artículo 21 de los estatutos de la Caja de Previsión de los empleados de la Empresa de Agua Potable de Santiago, por el siguiente :

"Artículo 21.- La Caja reajustará anualmente en el mismo porcentaje en que se aumente el sueldo vital, escala a) del departamento de Santiago, a contar desde el 19 de enero de cada año, las pensiones de jubilación, invalidez y montepío a que se refieren estos estatutos y que tendrán un año de vigencia."

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito la venia de la Sala para admitir a discusión y votación esta indicación.

¿Habría acuerdo?

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MERCADO ( Presidente).-

No hay acuerdo.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Sí!

El señor KLEIN.-

¡Que se vote!

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito nuevamente la venia de la Sala para admitir a discusión y votación esta indicación.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Votación nada más!

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito la venia de la Sala para someterla a votación.

Acordado.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

Aprobada.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Vamos a las otras!

El señor CADEMARTORI.-

A todas las que están firmadas por todos los Comités.

El señor PARETO.-

La de los molineros.

El señor CADEMARTORI.-

La de los molineros.

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito la venia de la Sala para dar lectura a una indicación presentada por los señores Carvajal, Basso, Phillips, Monares, Fuentes, don Samuel; Schnake y Cademártori.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Se va a dar lectura a la indicación.

El señor MENA.-

Indicación para agregar un artículo que diga: "Incorporase al Departamento de Inmunizaciones a Obreros Molineros y Panificadores a los obreros panificadores que trabajan en las Oficinas Salitreras. Las imposiciones correspondientes serán en su totalidad de cargo de los respectivos patrones".

"En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará a los infractores una multa a beneficio del Departamento de Incensaciones a Obreros Molineros y panificadores, equivalente a cinco sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago, la que se duplicará en caso de reincidencia."

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito la venia de la Sala para someter a votación esta indicación.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

Aprobada.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor KLEIN.-

¿Cuántas quedan todavía, señor Presidente?

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito la venia de la Sala para dar lectura a la indicación presentada por el señor Phillips, la señora Baltra y los señores Monares, Campos, González, Figueroa, Basso, Solís, Asencio, Schnake, Señoret y Sanhueza.

¿Habría acuerdo?

El señor PARETO.-

No hay acuerdo.

El señor MERCADO ( Presidente).-

No hay acuerdo.

El señor GUERRA.-

¡Nadie se opone!

El señor MERCADO ( Presidente).-

Solicito nuevamente la venia de la Sala.

No hay acuerdo.

Solicito la venia de la Sala para dar lectura a la indicación presentada por los Diputados señores Fuentes, don Samuel;

Fuentealba, don Clemente; Guerra, Cabello, González, Ibáñez, De la Fuente, Señoret, Asencio, Aguilera.

El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).-

No hay acuerdo.

El señor MERCADO ( Presidente).-

No hay acuerdo.

Solicito la venia de la Sala para dar lectura a la indicación presentada por los Diputados señora Carmen Lazo; señores Schnake, Robles, Aguilera, Koenig, Palestro; señora Baltra, doña Mireya; Atencio, Andrade, Carvajal, Figueroa, Solís.

El señor BASSO.-

No hay acuerdo.

El señor MERCADO ( Presidente).-

No hay acuerdo.

Indicación de los señores Señoret, señora Baltra, doña Mireya,...

Varios señores DIPUTADOS.-

No hay acuerdo.

El señor MERCADO ( Presidente).-

No. hay acuerdo.

Habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, se levanta.

?1.- PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS SOBRE REAJUSTE DE REMUNERACIONES DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.

Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"TITULO I

Del reajuste del Sector Público.

Párrafo 1º

Reajuste general del Sector Público.

Artículo 1º.- Reajústanse, a contar desde el 1º de enero de 1970, en un veintiocho por ciento (28%) las remuneraciones permanentes al 31 de diciembre de 1969 de los empleados y obreros del Sector Público, incluidas las de las Municipalidades y excluidas las horas extraordinarias y las asignaciones de alimentación, las que se fijan en función de sueldos y las que constituyen porcentajes de los sueldos.

Si el índice de precios al consumidor que entrega la Dirección de Estadística y Censos experimentare entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969 un alza superior al 29,5%, el reajuste mencionado se incrementará en tantos puntos y fracciones de punto como sean los que excedan de 29,5% en el alza del índice antes señalado.

El reajuste se calculará sobre las remuneraciones incrementadas con la asignación otorgada por el D.F.L. N° 1, de 1969, y, en el caso de las remuneraciones a que se refiere el artículo 5º de la presente ley, se calculará, además, sobre las cantidades que resulten después de aplicado dicho precepto.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las remuneraciones del personal en servicio activo o retirado de las Fuerzas Armadas, Subsecretarías de Defensa Nacional, Carabineros de Chile, Servicio de Investigaciones, Poder Judicial, Sindicatura General de Quiebras y personal efecto a la ley Nº 15.076, Estatuto Médico Funcionario, y personal del Magisterio que se rige por el artículo 3º de la ley Nº 16.930.

Artículo 2º.- Reajustase, a contar del 1° de enero de 1970, en un cien por ciento (100%) del alza que experimente el índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969 la asignación familiar, incrementada con la asignación complementaria otorgada por el artículo 3º del D.F.L. Nº 1, de 1969, de los empleados, obreros y pensionados del Sector Público que no se determina de acuerdo con la ley Nº 7.295 o con el D.F.L. Nº 245, de 1953.

Establécese, también, a contar del 1° de enero de 1970, una bonificación complementaria y permanente de veinte escudos (Eº 20) por cada carga de familia que dé derecho a la asignación a que se refiere el inciso anterior y que perciban los funcionarios a quienes corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley. Esta bonificación tendrá las mismas características de la asignación familiar y, en consecuencia, no podrá ser retenida ni embargada, no será imponible, estará exenta de toda clase de impuestos y será reajustada en los años siguientes en los mismos términos que la asignación familiar base.

Párrafo 2º

Normas especiales.

Artículo 3º.- Al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del regido por la ley Nº 15.076 y del sujeto a tarifado gráfico, le será aplicable lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley.

En todo caso, cada categoría y grado de las escalas de sueldos que rijan para el personal del Servicio Nacional de Salud durante 1970, comprendido el reajuste a que se refiere el inciso anterior, tendrá un aumento que signifique alcanzar en total un 94% de cada categoría o grado de las escalas del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigentes para ese mismo año.

Artículo 4º-Concédese en el año 1970, a los empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal regido por la ley Nº 15.076, del personal sujeto a tarifado gráfico y del personal de empleados particulares, una bonificación no imponible que no será considerada sueldo para ningún efecto legal y que se devengará en las fechas y por los montos que se "indican:

IMAGEN

Artículo 5º.- Incorpórase, a contar del 1° de enero de 1970, a las escalas de sueldos del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigentes después de sus modificaciones, incluidas las de la ley Nº 17.063, la asignación establecida en el artículo 1°, incisos segundo y tercero de la ley Nº 16.840.

Para los efectos de esta incorporación se considerará la asignación completa que correspondió de acuerdo con el inciso segundo aludido, más el aumento del D.F.L. Nº 1, de 1969.

Los funcionarios del Sector Público no regidos por el D.F.L. Nº 40, de 1959, que al 31 de diciembre Se 1969 estaban percibiendo la asignación establecida por la ley Nº 16.840 en sus artículos 1°, incisos segundo y tercero, y 49, inciso cuarto y que fue aumentada por el artículo 29 del D.F.L. Nº 1, de 1969, mantendrán dicha asignación, a contar del 1° de enero de 1970, con el carácter de sueldo base para todos los efectos legales e imponibles en la misma proporción en que lo sea el sueldo.

La primera diferencia mensual determinada por la aplicación de este artículo quedará a beneficio de los personales respectivos y no será depositada en las cajas de previsión correspondientes.

Artículo 6º.- Modifícase el artículo 174 de la ley Nº 16.840, sustituido por el artículo 10 de la ley Nº 17.029, de 4 de diciembre de 1968, como sigue:

"Artículo 174.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1970 el plazo otorgado a las Municipalidades por el artículo 26 de la ley Nº 16.250, para encuadrar los excesos de aumentos de remuneraciones concedidos a sus empleados y obreros dentro de los porcentajes de limitación establecidos por la ley en los términos que prescribe el citado artículo 26.

Mientras esto no suceda, les queda prohibido crear nuevos cargos de empleados y obreros, aumentar de grados, mejorar las rentas u otorgar otros beneficios.".

Artículo 7º.- A partir del 1° de enero de 1970, serán imponibles las bonificaciones, asignaciones y todas las demás remuneraciones de carácter general permanente de que gozan los empleados a quienes se aplica el ¡artículo 99 de la ley Nº 16.617, pero con los límites porcentuales fijados en dicho artículo, con la modificación que le introdujo la ley Nº 17.083. Mantendrán su carácter de no imponibles las remuneraciones eventuales y las de naturaleza previsional, tales como el viático, las asignaciones de gastos de movilización, de máquinas, pérdidas de caja, de cambio de residencia, la gratificación de zona, la remuneración por trabajos nocturnos y horas extraordinarias, asignación familiar, la bonificación del artículo 19 de la ley Nº 15.386, y cualesquiera otras de la misma naturaleza actualmente existentes o que se establezcan en el futuro.

El reajuste de las pensiones a que dé lugar la aplicación de este artículo será de cargo de la respectiva caja de previsión u otra institución o empresa que paguen pensiones.

Artículo 8º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.076:

a) Reemplázase el artículo 79 por el siguiente:

"Artículo 7º.- El sueldo base mensual por cada hora diaria de trabajo, a contar del 1° de enero de 1970, será la cantidad equivalente al sueldo vital, escala A), del departamento de Santiago para 1969 (Eº 477,50), aumentada en el 100% del alza que experimente el índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969. La fracción de hora se pagará en proporción a dicho sueldo.".

b) Sustituyese el inciso segundo del artículo 10, por el siguiente:

"Los profesionales funcionarios que por razones de servicio deban excederse del horario contratado, en días y horas hábiles, gozarán de una asignación de permanencia de hasta un 30% de su sueldo base. Esta asignación no se considerará para el cálculo del porcentaje máximo a que se refiere el inciso cuarto del artículo 99; será no imponible y podrá sumarse a las demás asignaciones que establece el citado artículo. Un Reglamento establecerá, a propuesta del Consejo Nacional de Salud, la forma, monto y condiciones para el goce de esta asignación.".

c) Reemplázase en el inciso final del artículo 12 la cifra "24" por "12" y agrégase la siguiente frase final:

"Los profesionales funcionarios que desempeñen estos cargos no podrán contratar extensiones horarias, salvo en los casos contemplados en el inciso anterior."

Artículo 9º.- A contar del 1° de enero de 1970, los trabajadores que laboran en la extracción de ripio, arena y materiales para la construcción recibirán en sus salarios o tratos un reajuste igual al porcentaje que hubiere experimentado el alza del costo de la vida, durante el año 1969.

Artículo 10.- Declárase que el inciso cuarto del artículo 1° de la ley Nº 17.015, de 31 de octubre de 1968, se limitó a derogar el párrafo 4º del Título II del D.F.L. Nº 338, de 1960, y el artículo 20 de la ley Nº 7.295, respecto de los servicios enumerados en el mismo precepto, y sólo a contar desde el 1° de enero de 1969. En consecuencia, los funcionarios que adquirieron antes de esta fecha alguno de los beneficios establecidos en el referido párrafo o en el artículo citado, lo han conservado con posterioridad a ello.

Artículo 11.- Reemplázase, a contar desde el 1° de enero 1970, el artículo 21 de los Estatutos de la Caja de Previsión de los Empleados de la Empresa de Agua Potable de Santiago, por el siguiente:

"Artículo 21.- La Caja reajustará anualmente en el mismo porcentaje en que se aumente el sueldo vital, escala A), del departamento de Santiago, a contar desde el 1° de enero de cada año, las pensiones de jubilación, invalidez y montepío a que se refieren estos estatutos y que tengan un año de vigencia."

Párrafo 3º

Reglas para la aplicación de los reajustes.

Artículo 12.- El porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1° de esta ley se aplicará, respecto del personal de la Empresa Portuaria de Chile, de acuerdo a las normas contenidas en el artículo 5º del D.F.L. Nº 1, de 1969, dictado en uso de las facultades concedidas por el artículo 82 de la ley Nº 17.072.

Artículo 13.- Para los efectos del otorgamiento del reajuste a que se refiere el presente Título se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 90, 93, 94, 95, 131, inciso tercero, y 132 de la ley Nº 16.617, modificándose la referencia al año "1967" por "1970" en los artículos 94 y 132.

Artículo 14.- Con lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley se entiende cumplido lo ordenado por el artículo 33, inciso segundo, de la ley Nº 15.840.

Artículo 15.- Las pensiones del personal a que se refiere el inciso primero del artículo 1° de esta ley, que se reajustan de acuerdo con su similar en servicio activo recibirán como mínimo el mismo porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1° de esta ley sobre la pensión al 31 de diciembre de 1969.

Artículo 16.- El Presidente de la República entregará durante el año 1970 a los Servicios e Instituciones enumeradas en el artículo 239 de la ley Nº 16.840, excluidas la Empresa Portuaria de Chile, el Servicio Médico Nacional de Empleados y la Caja de Accidentes del Trabajo, e incluidas la Corporación de Obras Sanitarias y la Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Gas y de Telecomunicaciones, las cantidades necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

Al personal de las instituciones a que se refiere este artículo, cualquiera que sea el régimen de remuneraciones a que estén afectos durante el año 1970 les corresponderá únicamente el porcentaje de reajuste del Sector Público.

Declárase que los reajustes de remuneraciones de los funcionarios del Servicio Médico Nacional de Empleados regidos por la ley Nº 15.076 han debido ser y serán exclusivamente de cargo de dicho Servicio.

Artículo 17.- Auméntase, en el mismo porcentaje fijado en el artículo 1°, la remuneración máxima establecida en el artículo 1° del D.F.L. Nº 68, de 1830, y sus modificaciones posteriores.

Artículo 18.- Autorízase a las Instituciones Descentralizadas para adecuar las remuneraciones de sus personales, sin necesidad de Decreto Supremo, a fin da dar cumplimiento a la presente ley, entendiéndose modificados, al efecto, sus respectivos presupuestos.

Artículo 19.- La primera diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del artículo 1° de esta ley, ingresará a las Cajas de Previsión en seis cuotas mensuales iguales a contar del mes de enero de 1970.

Artículo 20.- El porcentaje de reajuste a que se refiere el artículo 1° que corresponde a los empleados y obreros de los Ferrocarriles del Estado, se aplicará también sobre las remuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 1969, que no se determinen como un porcentaje del respectivo sueldo o salario base.

Párrafo 4º

Del financiamiento.

Artículo 21.- El mayor gasto de cargo fiscal que significa este proyecto, se afrontará con cargo al ítem 006 de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda de la Ley de Presupuestos para 1970.

Artículo 22.- Declárase que las importaciones que se realicen con cobertura diferida y cuyos derechos aduaneros puedan cancelarse en la forma señalada en el artículo 164 de la ley Nº 13.305, no constituyen un régimen de importación especial a los cuales se refiere el inciso segundo del artículo 187 de la ley Nº 16.464.

En consecuencia, el Presidente de la República podrá ejercer con respecto a ellas las facultades que le confiere el artículo 186 de la ley Nº 16.464.

Artículo 23.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.575:

1) En el artículo 136:

a) Se suprime el N° 2.

b) Se sustituye el Nº 3 por el siguiente, que pasa a tener el Nº 2: "2.- Las exportaciones de la pequeña y mediana minería, cuando la Empresa Nacional de Minería certifique que no hay en Chile capacidad de fundición o refinación según corresponda a los productos que se deseen exportar, o que por cualquier motivo no pueda recibir dichas producciones para su tratamiento."

c) Se agrega el siguiente Nº 3:

"3.- Las exportaciones provenientes de contratos celebrados por empresas de la pequeña y mediana minería, relacionados con nuevas producciones o con ampliaciones de su capacidad de producción financiados con aportes de capital extranjero debidamente autorizados y siempre que los referidos contratos sean aprobados especialmente para estos efectos por la Corporación del Cobre."

d) Se suprime el actual Nº 4, que se reemplaza por el siguiente:

"4.- Las exportaciones de la pequeña y mediana minería provenientes de contratos de venta aprobados por la Corporación del Cobre correspondientes a producciones para las cuales no haya capacidad en los términos a que se refiere el Nº 2 de este artículo. Esta excepción se mantendrá por la cantidad y plazo que determine la Corporación del Cobre en la respectiva aprobación del contrato de venta.

La Empresa Nacional de Minería deberá declarar, antes del 30 de septiembre de cada año, la capacidad de fundición y refinación disponible para el año siguiente."

e) Se reemplaza el N° 6 por el siguiente:

"6.- Las exportaciones de cobre blister destinadas a cumplir contratos que comprometan la venta de formas especiales que no se produzcan en el país, o destinadas a producir aleaciones, productos químicos oí, otros productos en que el cobre blister se usa directamente sin que medie un proceso de refinación. En todo caso estas ventas deberán efectuarse a fabricantes sin intermediarios y deberán contar con la aprobación especial de la Corporación para que proceda la excepción."

f) Se sustituye el texto del actual Nº 7 por el siguiente:

"Las exportaciones de cobre blister de las empresas de la Gran Minería del Cobre que tengan actualmente contratos vigentes o los celebraren en el futuro, con la Empresa Nacional de Minería, para utilizar la refinería de Las Ventanas y que, con tres meses de anticipación al vencimiento de dichos contratos, obtuvieren su renovación o la celebración de nuevos contratos con ella, para el objeto señalado."

g) Se sustituye el inciso segundo por el siguiente:

"Las cuestiones que pueden suscitarse con motivo de la aplicación o interpretación de las excepciones contempladas en los N°s. 2 y 7 del presente artículo, entre los productores mineros y la Empresa Nacional de Minería u otras empresas nacionales de fundición o refinación, serán resueltas en única instancia y sin forma de juicio por la Corporación deü Cobre."

h) El inciso cuarto se sustituye por el siguiente:

"Respecto a las excepciones contempladas en los Nºs. 5 y 7, ellas se aplicarán sólo a la cantidad de cobre no refinado equivalente a la capacidad actual de la refinería para el primer caso y a la cantidad que ampare el contrato de refinación en el segundo caso."

2º.- Agrégase el siguiente artículo nuevo:

"Artículo...- El impuesto establecido en el artículo 134 de esta ley, será depositado en una cuenta especial en el Banco Central de Chile, contra la cual sólo podrá girar la Empresa Nacional de Minería, para los planes de creación, expansión y desarrollo de las Cooperativas de pequeños mineros y pirquineros.

El pago del impuesto será hecho en escudos, al cambio bancario vendedor, posición contado, vigente al día de la cancelación provisoria o definitiva, según el caso.

Junto con la correspondiente solicitud o registro de exportación, el exportador presentará una declaración jurada sobre el peso y ley de origen del producto y el número de libras de cobre fino contenido según los mismos análisis de origen. Además, adjuntará comprobante del depósito provisorio del impuesto, que haya efectuado en la cuenta especial de que se trata en el inciso primero, conforme a los indicados antecedentes de peso y ley de origen.

La Corporación del Cobre no podrá otorgar la autorización de exportación, sin que se hubiere dado cumplimiento a las exigencias señaladas en el precedente inciso. Cumplidas estas exigencias, la Corporación del Cobre así lo certificará al autorizar la exportación.

Una vez que la Corporación del Cobre haya verificado el peso y la ley definitivos del producto exportado, y dentro del plazo en que según las: normas actuales o futuras deba procederse a liquidar las divisas provenientes del retorno, el exportador presentará a la Corporación del Cobre un comprobante de haber depositado, en la cuenta especial señalada en el inciso primero, la diferencia correspondiente al mayor impuesto definitivo que se determinare. El exportador que no diere cumplimiento a esta obligación, dentro de esa plazo y a satisfacción de la Corporación del Cobre, podrá hacerlo en cualquier tiempo, previa determinación del monto del impuesto definitivo según el nuevo cambio vigente y recargo de un 10% mensual. No obstante, mientras no hiciere el pago, no podrán serle autorizadas nuevas exportaciones de cobre. Todo esto se entiende sin, perjuicio de lo dispuesto en el inciso sexto.

En caso de que el impuesto definitivo resultare inferior al impuesto provisorio, la diferencia en favor del exportador será descontada por éste en el más próximo entere de impuesto provisorio que le corresponda hacer en futuras exportaciones. Si, en el mismo caso, transcurrieren seis meses desde el pago provisorio del impuesto sin que el interesado efectúe nuevas exportaciones, tendrá éste el derecho de solicitar devolución de la diferencia a la Empresa Nacional de Minería.

El Banco Central de Chile remitirá a la Empresa Nacional de Minería, el día 10 de cada mes, una relación de todos los depósitos efectuados en la antedicha cuenta especial durante el mes calendario anterior.

La declaración jurada maliciosamente falsa que hiciere un exportador sobre los pesos y leyes de origen del producto, será sancionada con pena de presidio o reclusión menor en su grado mínimo. El proceso correspondiente se iniciará por denuncia o querella de la Corporación del; Cobre, cuando el Directorio de ésta, por acuerdo que cuente con el voto de las tres cuartas partes de sus miembros presentes, así lo decidiere. Las causas criminales que se originaren se tramitarán según el procedimiento establecido en el Libro II del Código de Procedimiento Penal, pero el Juez podrá apreciar la prueba en conciencia.

Artículo 24.- Modifícase en los siguientes términos el número 11 del artículo 15 de la ley Nº 16.624:

a) Elimínase la coma que aparece después de la palabra "Conocer";

b) Sustituyese la frase "en primera instancia, como árbitro", por la frase siguiente: "como árbitro en única instancia, de", y

c) Reemplázase el guarismo "3" por "2".

Artículo 25.- Interpretando el artículo 3° de la ley Nº 16.528, se declara que la exención tributaria de pleno derecho, a que se refiere esa disposición, y el número 5 del artículo 18 del Decreto de Economía Nº 1.270, de 27 de septiembre de 1966, no constituye exención al impuesto establecido en los artículos 134 y siguientes de la ley Nº 15.575.

Artículo 26.- Se establecerá anualmente para cada productor de cobre de la mediana minería, el costo de producción, y se agregarán 15 centavos de dólar por cada libra de cobre fino producido en el año, y la suma; de ambos guarismos será el precio base.

Se entiende por sobreprecio, todo el excedente obtenido en la venta del cobre sobre el precio base.

El 50% del excedente a que se refiere el inciso anterior se destinará a beneficio fiscal y se aplicará sobre el total anual de las ventas de cobre que efectúe cada empresa, ya sea que se venda en forma de minerales,, concentrados, precipitados, cementos, blister, ánodos o cualquier otra forma de cobre.

La norma del inciso anterior se aplicará cualesquiera que sean las exenciones o franquicias de que goce la empresa productora, por disposiciones legales o reglamentarias generales o especiales y se deducirá de la renta bruta para la determinación de las rentas imponibles.

Al Servicio de Impuestos Internos corresponderá la fiscalización del pago que deba enterar cada empresa productora según los precios bases) establecidos en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.

Artículo 27.- Agréganse al final del artículo 235 de la ley Nº 16.617 los siguientes incisos:

"No obstante lo anterior, los intereses, primas u otras remuneraciones que perciban los bancos comerciales, Banco del Estado de Chile, Banco Central de Chile, Corporación de Fomento de la Producción y Empresa de Comercio Agrícola, en razón de los préstamos u operaciones de crédito no reajustables que otorguen en moneda corriente a empresas extranjeras, estarán además afectos a una sobretasa de impuesto, que será determinada trimestralmente por el Ministerio de Hacienda a propuesta del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile.

Dicha sobretasa de impuesto será equivalente a la diferencia que exista entre el costo promedio del crédito en los mercados internacional les y el costo promedio del crédito en el sistema bancario chileno, una vez descontado el efecto de desvalorización monetaria.

Para estos efectos se considerará como empresas extranjeras a todas aquellas cuyo capital esté constituido en más de un 50 % por aportes provenientes del exterior y a las filiales de empresas internacionales.

Las normas relativas al impuesto único al crédito, en lo que se refiere a la modalidad del cobro, excepciones y publicación, se hacen extensivas a la aplicación de esta sobretasa."

Artículo 28.- Declárase, interpretando la expresión "mandatarios en general" contenida en la letra b) del artículo 15 de la ley Nº 12.120, que dicha expresión se refiere a todas las personas que, como retribución de sus servicios, perciban ingresos sujetos a las disposiciones de los artículos 20, 21 y 36 números 2º y 3º de la Ley de la Renta.

Artículo 29.- Agrégase en la letra c) del número 20 del artículo 19 de la ley Nº 12.120, a continuación de la expresión "7º" y antecedido de una coma (,), el guarismo "9º".

TITULO II

Del reajuste al Sector Privado.

Artículo 30.- Reajústanse, desde el 1° de enero de 1970, en un porcentaje igual a la variación que experimente el índice de precios al consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969, las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo vigentes al 31 de diciembre de 1969, de los trabajadores, empleados y obreros del Sector Privado, no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 31.- Durante 1970 regirán las disposiciones de los artículos 85, 86, 87, 88, 89, inciso primero, 90, 91, 92 y 93 de la ley Nº 16.840, de 24 de mayo de 1968, con la salvedad de que el porcentaje de reajustes a que ellas se refieren es el señalado en el artículo anterior de esta ley.

Se regirá por las disposiciones de esta ley el reajuste de remuneraciones de los obreros y empleados agrícolas que trabajan en predios pertenecientes a instituciones de previsión, en faenas directamente relacionadas con la agricultura, en los casos en que estén sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 32.- Las remuneraciones de los trabajadores, empleados y obreros del Sector Privado sujetas a convenios, contactos colectivos, actas de avenimiento o fallo arbitrales, se reajustarán de común acuerdo entre las partes. Si el reajuste pactado es superior a la variación que hubiese experimentado el índice de precios al consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos durante el período de vigencia del convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral, el excedente será absorbido por las utilidades de la empresa o industria sin que opere su posterior traspaso a los precios de los bienes que ésta produce o expende. Para los efectos anteriores se tendrá en consideración el valor total que representa el convenio, contralto colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral que pone término al conflicto, es decir, no sólo el reajuste de las remuneraciones sino también el de las regalías que se pacten.

Artículo 33.- El salario mínimo para los obreros de la industria, del comercio y agrícolas será durante 1970 y a partir del 1º de enero de ese año, equivalente a Eº 1,50 por hora. Sin embargo, en los casos de salarios, remuneraciones o regalías convenidos en contratos o convenios colectivos, actas de avenimiento o establecidos por fallos arbitrales, en relación al salario mínimo, se entenderá que éste, a partir del 1º de enero de 1970, es el actualmente vigente reajustado en. el ciento por ciento de la variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969.

Artículo 34.- Los empleados ingresados con posterioridad al 6 de abril de 1960, en actual servicio, de la Empresa de Comercio Agrícola y los que ingresaren, tendrán el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas ¡y se les aplicarán los párrafos 13, 18, 19 y 20 del título 2º; artículo 143 y títulos 4º y 5º del D. F. L. Nº 338 de 1960, sin perjuicio de las demás disposiciones de los Estatutos Internos del Personal de la Empresa.

En ningún caso esta disposición significará disminución de las actuales rentas de los empleados ni supresiones de cargos.

Artículo 35.- A contar de la vigencia de la presente ley la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, podrá contratar préstamos en el Banco del Estado u otra institución bancaria, que le permitan cancelar lo adeudado a su personal que ha sido declarado cesante o jubilado, especialmente, los desahucios, en conformidad a la ley Nº 7.998.

El préstamo señalado sólo será para cancelar deudas a sus ex servidores que permacen impagos de sus beneficios.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado reintegrará el préstamo con los valores que ingresa de los descuentos directos del personal consultado en la ley Nº 7.998. Su interés será el mínimo y de cargo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

Artículo 36.- Derógase el artículo 65 de la ley Nº 17.073, de 31 de diciembre de 1968.

El mayor ingreso tributario derivado de la supresión de la franquicia a que se refiere el inciso anterior, se destinará a los programas de operación sitio, préstamos a cooperativas ¡y viviendas populares urbanas y rurales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

Artículo 37.- Durante el año 1970 los organismos públicos encargados de la fijación de precios no podrán autorizar reajustes en un porcentaje superior a un 28% respecto de los precios vigentes en el mes de diciembre de 1969. Esta disposición se aplicará especialmente respecto de los productos de primera necesidad, loe artículos sujetos a márgenes de comercialización y las tarifas de los servicios de utilidad pública. En ningún caso las autoridades podrán conceder más de un alza para un mismo producto en el curso del año 1970.

Otorgado que sea un reajuste de precios, el Director de Industrias y Comercio o el Jefe del Servicio respectivo, si el alza se hubiere concedido por un servicio distinto, deberá remitir dentro del plazo de 5 días a las Oficinas de Informaciones de ambas ramas del Congreso Nacional, los estudios de costos y todos los antecedentes económicos y legales que hayan servido de base a la adopción de dicha medida.

Artículo 38.- Constituyese una Comisión Paritaria integrada por seis funcionarios del Ministerio de Hacienda y seis representantes de los funcionarios públicos nominados por la Central Única de Trabajadores, para que en el plazo de seis meses a contar de la promulgación de esta ley estudie los sistemas de remuneraciones del sector público civil, de carreras funcionarías, con todos los mecanismos relativos a escalas de remuneraciones, y proponga al Presidente de la República sistemas de ingresos, ascenso, perfeccionamiento y demás materias afines. Los integrantes de esta Comisión podrán contar con la asesoría técnica necesaria y serán nombrados por Decreto Supremo dentro del plazo de 15 días de promulgada esta ley.

Artículo 39.- Incorpórase al Departamento de Indemnizaciones a Obreros Molineros y Panificadores a los obreros panificadores que trabajan en las Oficinas Salitreras. Las imposiciones correspondientes serán en su totalidad de cargo de los respectivos patrones.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará a los infractores una multa a beneficio del Departamento de Indemnizaciones a Obreros Molineros y Panificadores equivalentes a cinco sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago, la que se duplicará en caso de reincidencia.

Artículo 40.- Establécese una indemnización por años de servicios, de cargo de los empleadores, equivalente a un mes completo del sueldo o salario, incluidas las gratificaciones y asignaciones familiares, por cada año de trabajo o fracción superior a seis meses, en favor de los empleados y obreros del sector privado, para el caso de que sean despedidos o terminen sus contratos, salvo que hayan incurrido en alguna causal de caducidad del contrato de las establecidas en los números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11 del artículo 2º de la ley Nº 16.455.

Esta indemnización será incompatible con cualquiera otra legal o convencional, debiendo aplicarse en cada caso aquella que sea más favorable al obrero o al empleado afectado y se calculará sobre la base del último mes de remuneraciones que éste haya gozado, pero con un máximo de cincuenta sueldos vitales mensuales escala A) del departamento de Santiago.".

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Julio Mercado I.- Eduardo Mena A.

1.- PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS SOBRE REAJUSTE DE REMUNERACIONES DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.

Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"TITULO I

Del reajuste del Sector Público.

Párrafo 1º

Reajuste general del Sector Público.

Artículo 1º.- Reajústanse, a contar desde el 1º de enero de 1970, en un veintiocho por ciento (28%) las remuneraciones permanentes al 31 de diciembre de 1969 de los empleados y obreros del Sector Público, incluidas las de las Municipalidades y excluidas las horas extraordinarias y las asignaciones de alimentación, las que se fijan en función de sueldos y las que constituyen porcentajes de los sueldos.

Si el índice de precios al consumidor que entrega la Dirección de Estadística y Censos experimentare entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969 un alza superior al 29,5%, el reajuste mencionado se incrementará en tantos puntos y fracciones de punto como sean los que excedan de 29,5% en el alza del índice antes señalado.

El reajuste se calculará sobre las remuneraciones incrementadas con la asignación otorgada por el D.F.L. N° 1, de 1969, y, en el caso de las remuneraciones a que se refiere el artículo 5º de la presente ley, se calculará, además, sobre las cantidades que resulten después de aplicado dicho precepto.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las remuneraciones del personal en servicio activo o retirado de las Fuerzas Armadas, Subsecretarías de Defensa Nacional, Carabineros de Chile, Servicio de Investigaciones, Poder Judicial, Sindicatura General de Quiebras y personal efecto a la ley Nº 15.076, Estatuto Médico Funcionario, y personal del Magisterio que se rige por el artículo 3º de la ley Nº 16.930.

Artículo 2º.- Reajustase, a contar del 1° de enero de 1970, en un cien por ciento (100%) del alza que experimente el índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969 la asignación familiar, incrementada con la asignación complementaria otorgada por el artículo 3º del D.F.L. Nº 1, de 1969, de los empleados, obreros y pensionados del Sector Público que no se determina de acuerdo con la ley Nº 7.295 o con el D.F.L. Nº 245, de 1953.

Establécese, también, a contar del 1° de enero de 1970, una bonificación complementaria y permanente de veinte escudos (Eº 20) por cada carga de familia que dé derecho a la asignación a que se refiere el inciso anterior y que perciban los funcionarios a quienes corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley. Esta bonificación tendrá las mismas características de la asignación familiar y, en consecuencia, no podrá ser retenida ni embargada, no será imponible, estará exenta de toda clase de impuestos y será reajustada en los años siguientes en los mismos términos que la asignación familiar base.

Párrafo 2º

Normas especiales.

Artículo 3º.- Al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del regido por la ley Nº 15.076 y del sujeto a tarifado gráfico, le será aplicable lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley.

En todo caso, cada categoría y grado de las escalas de sueldos que rijan para el personal del Servicio Nacional de Salud durante 1970, comprendido el reajuste a que se refiere el inciso anterior, tendrá un aumento que signifique alcanzar en total un 94% de cada categoría o grado de las escalas del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigentes para ese mismo año.

Artículo 4º.- Concédese en el año 1970, a los empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal regido por la ley Nº 15.076, del personal sujeto a tarifado gráfico y del personal de empleados particulares, una bonificación no imponible que no será considerada sueldo para ningún efecto legal y que se devengará en las fechas y por los montos que se "indican:

Artículo 5º.- Incorpórase, a contar del 1° de enero de 1970, a las escalas de sueldos del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigentes después de sus modificaciones, incluidas las de la ley Nº 17.063, la asignación establecida en el artículo 1°, incisos segundo y tercero de la ley Nº 16.840.

Para los efectos de esta incorporación se considerará la asignación completa que correspondió de acuerdo con el inciso segundo aludido, más el aumento del D.F.L. Nº 1, de 1969.

Los funcionarios del Sector Público no regidos por el D.F.L. Nº 40, de 1959, que al 31 de diciembre Se 1969 estaban percibiendo la asignación establecida por la ley Nº 16.840 en sus artículos 1°, incisos segundo y tercero, y 4°, inciso cuarto y que fue aumentada por el artículo 2° del D.F.L. Nº 1, de 1969, mantendrán dicha asignación, a contar del 1° de enero de 1970, con el carácter de sueldo base para todos los efectos legales e imponibles en la misma proporción en que lo sea el sueldo.

La primera diferencia mensual determinada por la aplicación de este artículo quedará a beneficio de los personales respectivos y no será depositada en las cajas de previsión correspondientes.

Artículo 6º.- Modifícase el artículo 174 de la ley Nº 16.840, sustituido por el artículo 10 de la ley Nº 17.029, de 4 de diciembre de 1968, como sigue:

"Artículo 174.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1970 el plazo otorgado a las Municipalidades por el artículo 26 de la ley Nº 16.250, para encuadrar los excesos de aumentos de remuneraciones concedidos a sus empleados y obreros dentro de los porcentajes de limitación establecidos por la ley en los términos que prescribe el citado artículo 26.

Mientras esto no suceda, les queda prohibido crear nuevos cargos de empleados y obreros, aumentar de grados, mejorar las rentas u otorgar otros beneficios.".

Artículo 7º.- A partir del 1° de enero de 1970, serán imponibles las bonificaciones, asignaciones y todas las demás remuneraciones de carácter general permanente de que gozan los empleados a quienes se aplica el artículo 99 de la ley Nº 16.617, pero con los límites porcentuales fijados en dicho artículo, con la modificación que le introdujo la ley Nº 17.083. Mantendrán su carácter de no imponibles las remuneraciones eventuales y las de naturaleza previsional, tales como el viático, las asignaciones de gastos de movilización, de máquinas, pérdidas de caja, de cambio de residencia, la gratificación de zona, la remuneración por trabajos nocturnos y horas extraordinarias, asignación familiar, la bonificación del artículo 19 de la ley Nº 15.386, y cualesquiera otras de la misma naturaleza actualmente existentes o que se establezcan en el futuro.

El reajuste de las pensiones a que dé lugar la aplicación de este artículo será de cargo de la respectiva caja de previsión u otra institución o empresa que paguen pensiones.

Artículo 8º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.076:

a) Reemplázase el artículo 7° por el siguiente:

"Artículo 7º.- El sueldo base mensual por cada hora diaria de trabajo, a contar del 1° de enero de 1970, será la cantidad equivalente al sueldo vital, escala A), del departamento de Santiago para 1969 (Eº 477,50), aumentada en el 100% del alza que experimente el índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969. La fracción de hora se pagará en proporción a dicho sueldo.".

b) Sustituyese el inciso segundo del artículo 10, por el siguiente:

"Los profesionales funcionarios que por razones de servicio deban excederse del horario contratado, en días y horas hábiles, gozarán de una asignación de permanencia de hasta un 30% de su sueldo base. Esta asignación no se considerará para el cálculo del porcentaje máximo a que se refiere el inciso cuarto del artículo 9°; será no imponible y podrá sumarse a las demás asignaciones que establece el citado artículo. Un Reglamento establecerá, a propuesta del Consejo Nacional de Salud, la forma, monto y condiciones para el goce de esta asignación.".

c) Reemplázase en el inciso final del artículo 12 la cifra "24" por "12" y agrégase la siguiente frase final:

"Los profesionales funcionarios que desempeñen estos cargos no podrán contratar extensiones horarias, salvo en los casos contemplados en el inciso anterior."

Artículo 9º.- A contar del 1° de enero de 1970, los trabajadores que laboran en la extracción de ripio, arena y materiales para la construcción recibirán en sus salarios o tratos un reajuste igual al porcentaje que hubiere experimentado el alza del costo de la vida, durante el año 1969.

Artículo 10.- Declárase que el inciso cuarto del artículo 1° de la ley Nº 17.015, de 31 de octubre de 1968, se limitó a derogar el párrafo 4º del Título II del D.F.L. Nº 338, de 1960, y el artículo 20 de la ley Nº 7.295, respecto de los servicios enumerados en el mismo precepto, y sólo a contar desde el 1° de enero de 1969. En consecuencia, los funcionarios que adquirieron antes de esta fecha alguno de los beneficios establecidos en el referido párrafo o en el artículo citado, lo han conservado con posterioridad a ello.

Artículo 11.- Reemplázase, a contar desde el 1° de enero 1970, el artículo 21 de los Estatutos de la Caja de Previsión de los Empleados de la Empresa de Agua Potable de Santiago, por el siguiente:

"Artículo 21.- La Caja reajustará anualmente en el mismo porcentaje en que se aumente el sueldo vital, escala A), del departamento de Santiago, a contar desde el 1° de enero de cada año, las pensiones de jubilación, invalidez y montepío a que se refieren estos estatutos y que tengan un año de vigencia."

Párrafo 3º

Reglas para la aplicación de los reajustes.

Artículo 12.- El porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1° de esta ley se aplicará, respecto del personal de la Empresa Portuaria de Chile, de acuerdo a las normas contenidas en el artículo 5º del D.F.L. Nº 1, de 1969, dictado en uso de las facultades concedidas por el artículo 82 de la ley Nº 17.072.

Artículo 13.- Para los efectos del otorgamiento del reajuste a que se refiere el presente Título se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 90, 93, 94, 95, 131, inciso tercero, y 132 de la ley Nº 16.617, modificándose la referencia al año "1967" por "1970" en los artículos 94 y 132.

Artículo 14.- Con lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley se entiende cumplido lo ordenado por el artículo 33, inciso segundo, de la ley Nº 15.840.

Artículo 15.- Las pensiones del personal a que se refiere el inciso primero del artículo 1° de esta ley, que se reajustan de acuerdo con su similar en servicio activo recibirán como mínimo el mismo porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1° de esta ley sobre la pensión al 31 de diciembre de 1969.

Artículo 16.- El Presidente de la República entregará durante el año 1970 a los Servicios e Instituciones enumeradas en el artículo 239 de la ley Nº 16.840, excluidas la Empresa Portuaria de Chile, el Servicio Médico Nacional de Empleados y la Caja de Accidentes del Trabajo, e incluidas la Corporación de Obras Sanitarias y la Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Gas y de Telecomunicaciones, las cantidades necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

Al personal de las instituciones a que se refiere este artículo, cualquiera que sea el régimen de remuneraciones a que estén afectos durante el año 1970 les corresponderá únicamente el porcentaje de reajuste del Sector Público.

Declárase que los reajustes de remuneraciones de los funcionarios del Servicio Médico Nacional de Empleados regidos por la ley Nº 15.076 han debido ser y serán exclusivamente de cargo de dicho Servicio.

Artículo 17.- Auméntase, en el mismo porcentaje fijado en el artículo 1°, la remuneración máxima establecida en el artículo 1° del D.F.L. Nº 68, de 1830, y sus modificaciones posteriores.

Artículo 18.- Autorízase a las Instituciones Descentralizadas para adecuar las remuneraciones de sus personales, sin necesidad de Decreto Supremo, a fin da dar cumplimiento a la presente ley, entendiéndose modificados, al efecto, sus respectivos presupuestos.

Artículo 19.- La primera diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del artículo 1° de esta ley, ingresará a las Cajas de Previsión en seis cuotas mensuales iguales a contar del mes de enero de 1970.

Artículo 20.- El porcentaje de reajuste a que se refiere el artículo 1° que corresponde a los empleados y obreros de los Ferrocarriles del Estado, se aplicará también sobre las remuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 1969, que no se determinen como un porcentaje del respectivo sueldo o salario base.

Párrafo 4º

Del financiamiento.

Artículo 21.- El mayor gasto de cargo fiscal que significa este proyecto, se afrontará con cargo al ítem 006 de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda de la Ley de Presupuestos para 1970.

Artículo 22.- Declárase que las importaciones que se realicen con cobertura diferida y cuyos derechos aduaneros puedan cancelarse en la forma señalada en el artículo 164 de la ley Nº 13.305, no constituyen un régimen de importación especial a los cuales se refiere el inciso segundo del artículo 187 de la ley Nº 16.464.

En consecuencia, el Presidente de la República podrá ejercer con respecto a ellas las facultades que le confiere el artículo 186 de la ley Nº 16.464.

Artículo 23.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.575:

1) En el artículo 136:

a) Se suprime el N° 2.

b) Se sustituye el Nº 3 por el siguiente, que pasa a tener el Nº 2: "2.- Las exportaciones de la pequeña y mediana minería, cuando la Empresa Nacional de Minería certifique que no hay en Chile capacidad de fundición o refinación según corresponda a los productos que se deseen exportar, o que por cualquier motivo no pueda recibir dichas producciones para su tratamiento."

c) Se agrega el siguiente Nº 3:

"3.- Las exportaciones provenientes de contratos celebrados por empresas de la pequeña y mediana minería, relacionados con nuevas producciones o con ampliaciones de su capacidad de producción financiados con aportes de capital extranjero debidamente autorizados y siempre que los referidos contratos sean aprobados especialmente para estos efectos por la Corporación del Cobre."

d) Se suprime el actual Nº 4, que se reemplaza por el siguiente:

"4.- Las exportaciones de la pequeña y mediana minería provenientes de contratos de venta aprobados por la Corporación del Cobre correspondientes a producciones para las cuales no haya capacidad en los términos a que se refiere el Nº 2 de este artículo. Esta excepción se mantendrá por la cantidad y plazo que determine la Corporación del Cobre en la respectiva aprobación del contrato de venta.

La Empresa Nacional de Minería deberá declarar, antes del 30 de septiembre de cada año, la capacidad de fundición y refinación disponible para el año siguiente."

e) Se reemplaza el N° 6 por el siguiente:

"6.- Las exportaciones de cobre blister destinadas a cumplir contratos que comprometan la venta de formas especiales que no se produzcan en el país, o destinadas a producir aleaciones, productos químicos oí, otros productos en que el cobre blister se usa directamente sin que medie un proceso de refinación. En todo caso estas ventas deberán efectuarse a fabricantes sin intermediarios y deberán contar con la aprobación especial de la Corporación para que proceda la excepción."

f) Se sustituye el texto del actual Nº 7 por el siguiente:

"Las exportaciones de cobre blister de las empresas de la Gran Minería del Cobre que tengan actualmente contratos vigentes o los celebraren en el futuro, con la Empresa Nacional de Minería, para utilizar la refinería de Las Ventanas y que, con tres meses de anticipación al vencimiento de dichos contratos, obtuvieren su renovación o la celebración de nuevos contratos con ella, para el objeto señalado."

g) Se sustituye el inciso segundo por el siguiente:

"Las cuestiones que pueden suscitarse con motivo de la aplicación o interpretación de las excepciones contempladas en los N°s. 2 y 7 del presente artículo, entre los productores mineros y la Empresa Nacional de Minería u otras empresas nacionales de fundición o refinación, serán resueltas en única instancia y sin forma de juicio por la Corporación del Cobre."

h) El inciso cuarto se sustituye por el siguiente:

"Respecto a las excepciones contempladas en los Nºs. 5 y 7, ellas se aplicarán sólo a la cantidad de cobre no refinado equivalente a la capacidad actual de la refinería para el primer caso y a la cantidad que ampare el contrato de refinación en el segundo caso."

2º.- Agrégase el siguiente artículo nuevo:

"Artículo...- El impuesto establecido en el artículo 134 de esta ley, será depositado en una cuenta especial en el Banco Central de Chile, contra la cual sólo podrá girar la Empresa Nacional de Minería, para los planes de creación, expansión y desarrollo de las Cooperativas de pequeños mineros y pirquineros.

El pago del impuesto será hecho en escudos, al cambio bancario vendedor, posición contado, vigente al día de la cancelación provisoria o definitiva, según el caso.

Junto con la correspondiente solicitud o registro de exportación, el exportador presentará una declaración jurada sobre el peso y ley de origen del producto y el número de libras de cobre fino contenido según los mismos análisis de origen. Además, adjuntará comprobante del depósito provisorio del impuesto, que haya efectuado en la cuenta especial de que se trata en el inciso primero, conforme a los indicados antecedentes de peso y ley de origen.

La Corporación del Cobre no podrá otorgar la autorización de exportación, sin que se hubiere dado cumplimiento a las exigencias señaladas en el precedente inciso. Cumplidas estas exigencias, la Corporación del Cobre así lo certificará al autorizar la exportación.

Una vez que la Corporación del Cobre haya verificado el peso y la ley definitivos del producto exportado, y dentro del plazo en que según las: normas actuales o futuras deba procederse a liquidar las divisas provenientes del retorno, el exportador presentará a la Corporación del Cobre un comprobante de haber depositado, en la cuenta especial señalada en el inciso primero, la diferencia correspondiente al mayor impuesto definitivo que se determinare. El exportador que no diere cumplimiento a esta obligación, dentro de ese plazo y a satisfacción de la Corporación del Cobre, podrá hacerlo en cualquier tiempo, previa determinación del monto del impuesto definitivo según el nuevo cambio vigente y recargo de un 10% mensual. No obstante, mientras no hiciere el pago, no podrán serle autorizadas nuevas exportaciones de cobre. Todo esto se entiende sin, perjuicio de lo dispuesto en el inciso sexto.

En caso de que el impuesto definitivo resultare inferior al impuesto provisorio, la diferencia en favor del exportador será descontada por éste en el más próximo entere de impuesto provisorio que le corresponda hacer en futuras exportaciones. Si, en el mismo caso, transcurrieren seis meses desde el pago provisorio del impuesto sin que el interesado efectúe nuevas exportaciones, tendrá éste el derecho de solicitar devolución de la diferencia a la Empresa Nacional de Minería.

El Banco Central de Chile remitirá a la Empresa Nacional de Minería, el día 10 de cada mes, una relación de todos los depósitos efectuados en la antedicha cuenta especial durante el mes calendario anterior.

La declaración jurada maliciosamente falsa que hiciere un exportador sobre los pesos y leyes de origen del producto, será sancionada con pena de presidio o reclusión menor en su grado mínimo. El proceso correspondiente se iniciará por denuncia o querella de la Corporación del; Cobre, cuando el Directorio de ésta, por acuerdo que cuente con el voto de las tres cuartas partes de sus miembros presentes, así lo decidiere. Las causas criminales que se originaren se tramitarán según el procedimiento establecido en el Libro II del Código de Procedimiento Penal, pero el Juez podrá apreciar la prueba en conciencia.

Artículo 24.- Modifícase en los siguientes términos el número 11 del artículo 15 de la ley Nº 16.624:

a) Elimínase la coma que aparece después de la palabra "Conocer";

b) Sustituyese la frase "en primera instancia, como árbitro", por la frase siguiente: "como árbitro en única instancia, de", y

c) Reemplázase el guarismo "3" por "2".

Artículo 25.- Interpretando el artículo 3° de la ley Nº 16.528, se declara que la exención tributaria de pleno derecho, a que se refiere esa disposición, y el número 5 del artículo 18 del Decreto de Economía Nº 1.270, de 27 de septiembre de 1966, no constituye exención al impuesto establecido en los artículos 134 y siguientes de la ley Nº 15.575.

Artículo 26.- Se establecerá anualmente para cada productor de cobre de la mediana minería, el costo de producción, y se agregarán 15 centavos de dólar por cada libra de cobre fino producido en el año, y la suma; de ambos guarismos será el precio base.

Se entiende por sobreprecio, todo el excedente obtenido en la venta del cobre sobre el precio base.

El 50% del excedente a que se refiere el inciso anterior se destinará a beneficio fiscal y se aplicará sobre el total anual de las ventas de cobre que efectúe cada empresa, ya sea que se venda en forma de minerales,, concentrados, precipitados, cementos, blister, ánodos o cualquier otra forma de cobre.

La norma del inciso anterior se aplicará cualesquiera que sean las exenciones o franquicias de que goce la empresa productora, por disposiciones legales o reglamentarias generales o especiales y se deducirá de la renta bruta para la determinación de las rentas imponibles.

Al Servicio de Impuestos Internos corresponderá la fiscalización del pago que deba enterar cada empresa productora según los precios bases) establecidos en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.

Artículo 27.- Agréganse al final del artículo 235 de la ley Nº 16.617 los siguientes incisos:

"No obstante lo anterior, los intereses, primas u otras remuneraciones que perciban los bancos comerciales, Banco del Estado de Chile, Banco Central de Chile, Corporación de Fomento de la Producción y Empresa de Comercio Agrícola, en razón de los préstamos u operaciones de crédito no reajustables que otorguen en moneda corriente a empresas extranjeras, estarán además afectos a una sobretasa de impuesto, que será determinada trimestralmente por el Ministerio de Hacienda a propuesta del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile.

Dicha sobretasa de impuesto será equivalente a la diferencia que exista entre el costo promedio del crédito en los mercados internacional les y el costo promedio del crédito en el sistema bancario chileno, una vez descontado el efecto de desvalorización monetaria.

Para estos efectos se considerará como empresas extranjeras a todas aquellas cuyo capital esté constituido en más de un 50 % por aportes provenientes del exterior y a las filiales de empresas internacionales.

Las normas relativas al impuesto único al crédito, en lo que se refiere a la modalidad del cobro, excepciones y publicación, se hacen extensivas a la aplicación de esta sobretasa."

Artículo 28.- Declárase, interpretando la expresión "mandatarios en general" contenida en la letra b) del artículo 15 de la ley Nº 12.120, que dicha expresión se refiere a todas las personas que, como retribución de sus servicios, perciban ingresos sujetos a las disposiciones de los artículos 20, 21 y 36 números 2º y 3º de la Ley de la Renta.

Artículo 29.- Agrégase en la letra c) del número 20 del artículo 19 de la ley Nº 12.120, a continuación de la expresión "7º" y antecedido de una coma (,), el guarismo "9º".

TITULO II

Del reajuste al Sector Privado.

Artículo 30.- Reajústanse, desde el 1° de enero de 1970, en un porcentaje igual a la variación que experimente el índice de precios al consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969, las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo vigentes al 31 de diciembre de 1969, de los trabajadores, empleados y obreros del Sector Privado, no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 31.- Durante 1970 regirán las disposiciones de los artículos 85, 86, 87, 88, 89, inciso primero, 90, 91, 92 y 93 de la ley Nº 16.840, de 24 de mayo de 1968, con la salvedad de que el porcentaje de reajustes a que ellas se refieren es el señalado en el artículo anterior de esta ley.

Se regirá por las disposiciones de esta ley el reajuste de remuneraciones de los obreros y empleados agrícolas que trabajan en predios pertenecientes a instituciones de previsión, en faenas directamente relacionadas con la agricultura, en los casos en que estén sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 32.- Las remuneraciones de los trabajadores, empleados y obreros del Sector Privado sujetas a convenios, contactos colectivos, actas de avenimiento o fallo arbitrales, se reajustarán de común acuerdo entre las partes. Si el reajuste pactado es superior a la variación que hubiese experimentado el índice de precios al consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos durante el período de vigencia del convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral, el excedente será absorbido por las utilidades de la empresa o industria sin que opere su posterior traspaso a los precios de los bienes que ésta produce o expende. Para los efectos anteriores se tendrá en consideración el valor total que representa el convenio, contralto colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral que pone término al conflicto, es decir, no sólo el reajuste de las remuneraciones sino también el de las regalías que se pacten.

Artículo 33.- El salario mínimo para los obreros de la industria, del comercio y agrícolas será durante 1970 y a partir del 1º de enero de ese año, equivalente a Eº 1,50 por hora. Sin embargo, en los casos de salarios, remuneraciones o regalías convenidos en contratos o convenios colectivos, actas de avenimiento o establecidos por fallos arbitrales, en relación al salario mínimo, se entenderá que éste, a partir del 1º de enero de 1970, es el actualmente vigente reajustado en el ciento por ciento de la variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969.

Artículo 34.- Los empleados ingresados con posterioridad al 6 de abril de 1960, en actual servicio, de la Empresa de Comercio Agrícola y los que ingresaren, tendrán el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y se les aplicarán los párrafos 13, 18, 19 y 20 del título 2º; artículo 143 y títulos 4º y 5º del D.F.L. Nº 338 de 1960, sin perjuicio de las demás disposiciones de los Estatutos Internos del Personal de la Empresa.

En ningún caso esta disposición significará disminución de las actuales rentas de los empleados ni supresiones de cargos.

Artículo 35.- A contar de la vigencia de la presente ley la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, podrá contratar préstamos en el Banco del Estado u otra institución bancaria, que le permitan cancelar lo adeudado a su personal que ha sido declarado cesante o jubilado, especialmente, los desahucios, en conformidad a la ley Nº 7.998.

El préstamo señalado sólo será para cancelar deudas a sus ex servidores que permanecen impagos de sus beneficios.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado reintegrará el préstamo con los valores que ingresa de los descuentos directos del personal consultado en la ley Nº 7.998. Su interés será el mínimo y de cargo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

Artículo 36.- Derógase el artículo 65 de la ley Nº 17.073, de 31 de diciembre de 1968.

El mayor ingreso tributario derivado de la supresión de la franquicia a que se refiere el inciso anterior, se destinará a los programas de operación sitio, préstamos a cooperativas y viviendas populares urbanas y rurales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

Artículo 37.- Durante el año 1970 los organismos públicos encargados de la fijación de precios no podrán autorizar reajustes en un porcentaje superior a un 28% respecto de los precios vigentes en el mes de diciembre de 1969. Esta disposición se aplicará especialmente respecto de los productos de primera necesidad, loe artículos sujetos a márgenes de comercialización y las tarifas de los servicios de utilidad pública. En ningún caso las autoridades podrán conceder más de un alza para un mismo producto en el curso del año 1970.

Otorgado que sea un reajuste de precios, el Director de Industrias y Comercio o el Jefe del Servicio respectivo, si el alza se hubiere concedido por un servicio distinto, deberá remitir dentro del plazo de 5 días a las Oficinas de Informaciones de ambas ramas del Congreso Nacional, los estudios de costos y todos los antecedentes económicos y legales que hayan servido de base a la adopción de dicha medida.

Artículo 38.- Constituyese una Comisión Paritaria integrada por seis funcionarios del Ministerio de Hacienda y seis representantes de los funcionarios públicos nominados por la Central Única de Trabajadores, para que en el plazo de seis meses a contar de la promulgación de esta ley estudie los sistemas de remuneraciones del sector público civil, de carreras funcionarías, con todos los mecanismos relativos a escalas de remuneraciones, y proponga al Presidente de la República sistemas de ingresos, ascenso, perfeccionamiento y demás materias afines. Los integrantes de esta Comisión podrán contar con la asesoría técnica necesaria y serán nombrados por Decreto Supremo dentro del plazo de 15 días de promulgada esta ley.

Artículo 39.- Incorpórase al Departamento de Indemnizaciones a Obreros Molineros y Panificadores a los obreros panificadores que trabajan en las Oficinas Salitreras. Las imposiciones correspondientes serán en su totalidad de cargo de los respectivos patrones.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará a los infractores una multa a beneficio del Departamento de Indemnizaciones a Obreros Molineros y Panificadores equivalentes a cinco sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago, la que se duplicará en caso de reincidencia.

Artículo 40.- Establécese una indemnización por años de servicios, de cargo de los empleadores, equivalente a un mes completo del sueldo o salario, incluidas las gratificaciones y asignaciones familiares, por cada año de trabajo o fracción superior a seis meses, en favor de los empleados y obreros del sector privado, para el caso de que sean despedidos o terminen sus contratos, salvo que hayan incurrido en alguna causal de caducidad del contrato de las establecidas en los números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11 del artículo 2º de la ley Nº 16.455.

Esta indemnización será incompatible con cualquiera otra legal o convencional, debiendo aplicarse en cada caso aquella que sea más favorable al obrero o al empleado afectado y se calculará sobre la base del último mes de remuneraciones que éste haya gozado, pero con un máximo de cincuenta sueldos vitales mensuales escala A) del departamento de Santiago.".

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Julio Mercado I.- Eduardo Mena A.

INFORME DE LAS COMISIONES DE GOBIERNO Y HACIENDA, UNIDAS, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE REAJUSTA LAS REMUNERACIONES DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones de Gobierno y de Hacienda, Unidas, tienen el honor de informaros el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que reajusta las remuneraciones de los sectores público y privado.

A la sesión en que se consideró esta materia, concurrieron, además de los miembros de vuestras Comisiones, los Honorables Senadores señores Altamirano, Chadwick, Fuentealba, Irureta, Luengo y Valente; los Diputados señora Laura Allende y señor Figueroa; los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Hacienda, de Trabajo y Previsión Social y de Minería; los señores Subsecretarios de Hacienda y de Trabajo; el señor Superintendente de Seguridad Social y la Directora de Presupuestos. Además, se escucharon exposiciones de representantes de la Central Única de Trabajadores, de las Cámaras Chilena de la Construcción y Central de Comercio, y de la Empresa Nacional de Minería.

Por acuerdo de los Comités, vuestras Comisiones Unidas debieron estudiar la presente iniciativa de ley únicamente durante el día miércoles 17 del actual, con el objeto de que la Sala tome conocimiento del informe reglamentario en la sesión que celebrará el día de hoy, jueves 18.

Para cumplir dicha resolución vuestras Comisiones sesionaron ininterrumpidamente desde las 10.30 del día antes citado hasta las 0.30 de hoy. Debido a esta circunstancia, y a pesar del acucioso y considerable esfuerzo realizado por los miembros de las Comisiones Unidas, nos ha sido imposible confeccionar el presente documento en forma detallada como habría sido nuestro deseo, dada la importancia de la legislación en proyecto. En consecuencia, nos limitaremos a exponeros los principales acuerdos y materias debatidas en el seno de vuestras Comisiones Unidas.

Síntesis de las principales disposiciones del proyecto.

En forma previa, os hacemos presente que el reajuste general de las remuneraciones de los sectores público y privado se fundamenta en el acuerdo suscrito por el Supremo Gobierno y la Central Única de Trabajadores de Chile, de fecha 3 de diciembre en curso.

Los regímenes especiales que se establecen respecto de los funcionarios del Servicio Nacional de Salud ,y del personal afecto a la ley Nº 15.076 tuvieron origen, en cuanto a los primeros, en el Acta de Acuerdo suscrita entre el Subsecretario de Salud, doctor Patricio Silva Garín y las Federaciones de Trabajadores de la Salud y de Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional de Salud, de 24 de noviembre ppdo.; y respecto de los profesionales funcionarios en convenios que el Ejecutivo ha concluido con los personeros de este grupo de funcionarios.

A continuación, reseñaremos las normas fundamentales contenidas en la presente iniciativa de ley:

A.- Normas generales del reajuste del sector público.

Esta materia se aborda en los artículos 1°, 2º y 5º. De acuerdo con ellos los personales del sector público, incluidos los de las municipalidades, tendrán, a partir del 1° de enero próximo, un reajuste del 28% de sus remuneraciones permanentes, más el aumento del D.F.L. Nº 1. Sin embargo, si el índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos experimenta durante 1969 un alza superior al 29.5%, el reajuste se incrementará en tantos puntos y fracciones como sean los que excedan el mencionado guarismo.

La asignación familiar tendrá un aumento equivalente al que registre el índice del costo de vida, más una asignación complementaria, de carácter permanente, de Eº 20 por carga, la que gozará de la misma calidad jurídica de dicho beneficio.

Por último, se mantiene con carácter permanente la asignación del 7,5% de la ley Nº 16.840, que caducaba el 31 de diciembre del presente año, la que se incorpora íntegramente al sueldo de los funcionarios de las instituciones regidas por el D.F.L. Nº 40, de 1959, y sólo en la proporción en que son imponibles sus rentas respecto de los demás.

B.- Normas especiales de reajustes.

1.- Servicio Nacional de Salud, excepto los personales afectos a la ley Nº 15.076 y los sujetos a tarifado gráfico.

A estos funcionarios se les hacen aplicables las disposiciones generales de reajuste, ya explicadas; pero se establece, además, que los aumentos respectivos deberán alcanzar en total un 94% de cada categoría o grado de la escala única fiscal de sueldos, vigentes para 1970. (Escala ANEF). Asimismo, se les concede una bonificación no imponible de Eº 1.140, pagadera en tres cuotas.

2.- Personal regido por la Ley Nº 15.076 (Estatuto de los Profesionales Funcionarios).

En primer término, se fija en la cantidad equivalente al sueldo vital, Escala A), del departamento de Santiago, el sueldo base mensual por cada hora diaria de trabajo.

Además, se establecen diversas disposiciones relativas a las asignaciones que les corresponden a los profesionales que, por razones de servicio, deban excederse del horario contratado.

Finalmente, se modifican los preceptos referentes a las incompatibilidades horarias que afectan a estos funcionarios, haciéndolas menos rigurosas.

C.- Servicios del Sector Público excluidos del proyecto.

Fuerzas Armadas, Subsecretarías de la Defensa Nacional, Carabineros, Servicio de Investigaciones, Poder Judicial, Sindicatura General de Quiebras y Magisterio.

D.- Reajuste del sector privado.

A esta materia se refiere el título II del proyecto, que prescribe que el reajuste para este sector será igual al ciento por ciento del alza del costo de vida, registrada entre el 1° de enero de 1969 y el 31 de diciembre de este mismo año, respecto de los trabajadores no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales. Para estos últimos, se establece que sus remuneraciones se reajustarán de común acuerdo entre las partes, y que si el reajuste pactado excediere de la variación del índice de precios al consumidor, el excedente será absorbido por las utilidades de la empresa respectiva.

Por otra parte, se fija en Eº 1,50 por hora el salario mínimo industrial, agrícola y del obrero comercial.

E.- Financiamiento.

Se refieren a la materia los artículos 21 a 29, ambos inclusive.

Las principales fuentes de financiamiento, aprobadas por la Honorable Cámara de Diputados, son las siguientes:

1.- Gravamen de 2 centavos de dólar por libra de cobre exportado por la pequeña y mediana minería sin refinar, existiendo capacidad para hacerlo en las plantas de ENAMI, disposición que produciría un rendimiento de 50 millones de escudos, si se considera la capacidad actual de fundición y refinación de la referida Empresa.

2.- Sobretasa a las ventas de cobre fino realizadas por la pequeña y mediana minería. Su rendimiento se estima en la cantidad de 10.632.074 dólares, sobre la base de que la libra de cobre alcance un precio promedio de 60 centavos de dólar.

3.- Sobretasa del impuesto a los intereses, primas u otras remuneraciones que perciban los bancos comerciales, del Estado y Central de Chile y la CORFO por préstamos no reajustables otorgados en moneda corriente a empresas extranjeras, y

4.- Aclaración de la ley de impuesto a las compraventas en lo relativo al impuesto a los servicios, mediante la cual se gravan los mandatos generales de las personas afectas a la segunda categoría de la Ley de la Renta (asignatarios de vegas, ferias, comisionistas, corredores y otros). Este precepto tiene un rendimiento aproximado de Eº 800 millones.

Los datos del costo del proyecto y su financiamiento, los detallaremos más adelante, al referirnos a la exposición que hizo, ante vuestras Comisiones, el señor Ministro de Hacienda.

E.- Normas para la aplicación de los reajustes.

Esta materia está reglamentada en los artículos 12 a 20, inclusive, y 31.

En general, estos preceptos tienen por objeto mantener determinadas normas que se han incorporado en los proyectos de reajustes para años anteriores, tanto para el sector público como para el privado. Así, se da expresa vigencia a ciertos artículos de las leyes Nºs. 16.617 y 16.840, y del D. F. L. Nº 1, de 1969, que legislaron sobre reajustes para 1967, 1968 y 1969, respectivamente.

También se ordena que la primera diferencia de remuneraciones que resulte de la aplicación del artículo 1° del proyecto, ingresará a las Cajas de Previsión en seis cuotas mensuales iguales, a contar de enero de 1970.

F.- Otras disposiciones.

En virtud del artículo 37, se limita a un 28% el porcentaje de alzas de precios que podrán autorizarse en 1970 para artículos de primera necesidad, tarifas de servicios de utilidad pública y productos sujetos a márgenes de comercialización. Se establece, además, la prohibición de conceder más de un alza para un mismo producto en el curso del citado año.

El artículo 40 ordena el pago de una indemnización ascendente a un mes por año de servicio a los empleados y obreros del sector privado que sean despedidos o cuyos contratos terminen, salvo que hayan incurrido en alguna causal de caducidad del contrato de las establecidas en los Nºs. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11 del artículo 2º de la ley Nº 16.455. Este pago incluye gratificaciones y asignación familiar.

Discusión general del proyecto.

En esta oportunidad, se oyeron las intervenciones del señor Ministro de Hacienda, de los representantes de la Central Única de Trabajadores, Cámara Central de Comercio, Empresa Nacional de Minería y Cámara Chilena de la construcción, las que reseñaremos a continuación.

Exposición del señor Ministro de Hacienda.

En primer término, el señor Ministro se refirió al reajuste general para el sector público, concedido sobre las bases acordadas entre el Ejecutivo y la Central Única de Trabajadores, y a las que ya hicimos referencia anteriormente.

Hizo hincapié en que el 28% de reajuste otorgado al personal del sector público, con los aumentos previstos para el caso de que el costo de la vida para 1969 tenga un incremento superior al 29,5%, y con el reajuste del 100% del índice de alza de precios al consumidor respecto de las asignaciones familiares, está destinado a beneficiar principalmente a los sectores de rentas más modestas y con mayor número de cargas de familia. Ello, porque la inflación menoscaba mucho más la situación de estas personas que la de aquellas de ingresos más elevados En atención a este hecho se otorga, además, a estos funcionarios una bonificación adicional de Eº 20 por carga familiar.

Agregó que si se estudia el caso de un funcionario público que tenga una renta de Eº 700 mensuales y tres cargas de familia, que puede estimarse como caso tipo, debe concluirse que el reajuste real que le otorga el proyecto no sería del orden del 28% sino del 32 al 33%, en virtud, fundamentalmente, de dicha bonificación compensatoria de la asignación familiar.

Expresó que se excluye de este último beneficio al personal que no está sometido a las disposiciones de esta iniciativa o del reajuste general del 28%, tales como Fuerzas Armadas, Carabineros, Poder Judicial, Sindicatura de Quiebras, Médicos y Profesores, por cuanto no parecía justo que con lo que aporta el sector público civil se favorezca también a quienes están sujetos a sistemas especiales de aumentos de remuneraciones.

En seguida, abordó el significado de la incorporación al sueldo, con carácter de imponible, de la asignación establecida en el artículo 1°, incisos segundo y tercero, de la ley Nº 16.840.

Sobre esta materia destacó que, además del beneficio de la imponibilidad de esa bonificación que se otorga a los personales de las instituciones afectas a las escalas de sueldo del D.F.L. Nº 40, de 1959, y a los no incluidos en dicho cuerpo legal, debía considerarse que dicha asignación se concede también, con carácter de imponible, a diversos servicios que antes no gozaban de ella. Citó el caso de Correos y Telégrafos que, por este concepto, pasará a tener un reajuste adicional; el del personal del Registro Civil y de otros grupos de funcionarios públicos.

En cuanto a la fijación del salario mínimo del sector privado en Eº 12, manifestó que con ello también se beneficiarán aquellos jornaleros y obreros del sector público acogidos a tal régimen de salarios.

Por último, el señor Ministro se refirió al costo global de los reajustes para 1970.

Expresó que los aumentos establecidos en conformidad a los acuerdos celebrados con la Central Única de Trabajadores se elevan a un monto de Eº 2.219,10 millones, según el siguiente cuadro:

Nota: Pasivos, según veto Ejecutivo, hace bajar esta cifra en E° 484,0, el total de las facultades a E° 1.219.7 y el total general a E° 3.579.2.

En cuanto al financiamiento del proyecto en discusión, el señor Ministro manifestó que la provisión del reajuste se efectuaría sobre la base del ítem 006 del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, que se eleva en el denominado “Oficio Final” al proyecto de Ley de Presupuestos en la suma de E° 1.531 millones, hasta completar una provisión total de E° 3.181 millones, en circunstancias que dicho ítem se había propuesto en el mes de agosto del presente año por un monto de E° 1.650 millones.

Finalizó su intervención señalando que el incremento aludido se financia con el mayor rendimiento que el primitivamente estimado de algunos ingresos presupuestarios, y con los recursos aprobados en la presente iniciativa, y en la de reajuste de las Fuerzas Armadas, indicando sí existía un déficit de E° 106.8 millones, que se determina en la forma que establece el siguiente cuadro:

Exposición de don Luis Figueroa M., Presidente de la Central Única de Trabajadores.

En primer término, señaló que la CUT suscribió un acta de acuerdo con el Gobierno sobre reajustes que, en términos generales, constituye un paso positivo, ya que, aun cuando no resuelve todos los problemas que los trabajadores han planteado, en todo caso representa un avance en relación con esta materia, teniendo en cuenta las políticas de reajuste que han venido aplicando en Chile desde el año 1956, época en que se dictó la primera ley de congelación de sueldos y salarios. Con todo, el acta en referencia contiene, por así decirlo, la aspiración mínima de los trabajadores.

Por ejemplo, la Central Única presentó la petición de un salario mínimo de Eº 16, que es "el equivalente a la dieta mínima establecida por el Departamento de Nutrición del Servicio Nacional de Salud para cuatro personas. No hubo posibilidad de llegar a acuerdo con el Ejecutivo sobre esta cifra y, finalmente, se aprobó, de común acuerdo, un salario mínimo de Eº 12, que significa un aumento de 60,4%. Naturalmente que los trabajadores aspiran a un salario mínimo a lo menos de Eº 16.

Respecto del sueldo vital se solicitó también un reajuste superior, puesto que aquél ha sufrido un deterioro real por efecto de las leyes de congelación. En efecto, si se compara en moneda constante del año 1969 el sueldo vital del año 1953, se llega a la conclusión de que el sueldo vital ha disminuido su poder comprador en más de un 80%. Sin embargo, no hubo posibilidad de llegar a acuerdo sobre esta materia y se debió aceptar, para poder concluir el compromiso, que el sueldo vital se reajustara en un 100% del índice del costo de la vida.

En seguida, respecto de otras materias, en el Acta, mas no en el proyecto, hay otros compromisos. Por ejemplo, el Gobierno se obligó a establecer un reajuste para la asignación familiar del Servicio de Seguro Social, de un 50%. Como esto no es materia de ley, sino de resolución, de acuerdo con las atribuciones del Consejo del Servicio de Seguro Social, no está incluido en el proyecto, pero la CUT espera que el Gobierno cumplirá este compromiso.

Pasando a otros aspectos, señaló que la organización que dirige ha venido sosteniendo, desde hace tiempo, la necesidad de una reforma de la previsión, en general, por tratarse de una legislación frondosa que se hace necesario corregir. En este punto se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo para hacer una reforma parcial de las leyes orgánicas de las Cajas para lograr la supresión de un sistema que los trabajadores estiman arbitrario y en virtud del cual el Presidente de la República, por decreto supremo, designa los Consejeros obreros o empleados, en las distintas Cajas de Previsión.

Al respecto, se plantearon dos cuestiones:

1.- Establecer Consejos en las Cajas de Previsión, de composición, a lo menos, paritaria, es decir, con la mitad de representación de los trabajadores y la mitad de representación del Gobierno, y

2.- Que en los Consejos donde hay mayoría de representación de los trabajadores, ésta se mantenga, pero que los representantes sean elegidos directamente por los imponentes, las organizaciones sindicales, a través de un sistema que sea democrático y suficientemente representativo.

Agregó que se insistió en la necesidad de que la Central Única de Trabajadores tenga, a lo menos, un representante en cada Caja, con el objeto de poder continuar haciendo esfuerzos para lograr una política común en materia previsional.

Ahora bien, prosiguió, el proyecto enviado por el Ejecutivo responde, en términos generales, a la letra y al espíritu del convenio. Sin embargo, hay algunos aspectos de la iniciativa que es necesario aclarar y mejorar.

Por ejemplo, respecto del fondo disponible de la asignación familiar, el acuerdo con el Gobierno fue establecer un fondo de redistribución de rentas, a través del cual aportaban los trabajadores del sector civil el 1,5% de diferencia entre el aumento experimentado por el costo de la vida en el presente año (29,5%) y el reajuste que recibirán (28%) y el Gobierno, por su parte, aportaba la diferencia. En esta forma, las asignaciones familiares, reajustadas en un 100% del alza del costo de la vida, se incrementarían en Eº 20 por carga para todos los funcionarios civiles, exceptuando a los que tienen compromisos especiales (Poder Judicial, médicos del Servicio Nacional de Salud, etc.). Sin embargo, en el texto del proyecto actualmente en debate han quedado fuera los jubilados. Los que se rigen por el sistema de "perseguidora", obtendrán el incremento respectivo, pero los que se rigen por otro sistema, como el de la revalorización de pensiones, no aparecen claramente contemplados en la ley y quedan, hasta ahora por lo menos, sin recibir el aumento de la asignación familiar.

Otro tanto ocurre respecto del Magisterio. Este sector estuvo plenamente de acuerdo con hacer el aporte del punto coma cinco al fondo de incremento de las asignaciones familiares. Sin embargo, tal vez por razones de redacción, quedó excluido de este beneficio, a pesar de que el Ministro de Hacienda manifestó que no tenía ningún inconveniente en concedérselos si los profesores estaban dispuestos a aportar dicho 1,5.

Lo mismo en relación a la primera diferencia que van a la Caja. Se estableció en el acuerdo que esta diferencia se pagaría en seis cuotas, pero al excluirse expresamente en el artículo 1° al Magisterio, éste deberá pagar de una sola vez dicha diferencia, cuestión que tampoco está dentro de lo convenido.

En seguida, se estableció que la asignación de 7,5% creada por la ley Nº 16.840, se incorporaba al grado en todos los servicios que forman parte de la escala ANEF. El problema surgió en otros servicios, que no pertenecen a la citada escala, como la Universidad de Chile, Ferrocarriles, etc., que tienen otro tipo de escala de remuneraciones. Se convino, al respecto, disponer que este 7,5% tenía la calidad y efectos del sueldo base, para tales instituciones, pero no se incorporaba al grado.

Señaló, en seguida, en relación con lo anterior, que existe un problema respecto de Ferrocarriles del Estado, empresa que tiene numerosas remuneraciones anexas que dificultan el cálculo de los beneficios que corresponden a su personal. Esta situación, que se viene arrastrando desde hace tiempo, no es solucionada en forma clara por el proyecto, el que, a su juicio, debe ser modificado en este aspecto.

En seguida, hay otro asunto que no estaría claro en el proyecto. Todas las asignaciones familiares, según el acta, se reajustarán en el alza del índice del costo de la vida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969 y se incrementarán en Eº 20 las actuales asignaciones de Eº 37. No obstante, los personales del agro, como INDAP, CORA, Servicio Agrícola y Ganadero y otros, tienen un estatuto especial sobre la materia, ya que en algunos casos están asimilados al régimen de los empleados particulares, por lo que se ha estimado que es la Caja respectiva la que debería reajustar las asignaciones familiares de estos funcionarios. En virtud de esta situación, éstos no recibieron reajuste de este beneficio en 1969, por lo que es necesario aclarar este punto en el proyecto, para que esta situación anómala no vuelva a repetirse.

Reiteró que quedó perfectamente claro en las conversaciones con el Gobierno que todas las asignaciones, cualquiera que fuera su monto, se reajustarían en el índice y se incrementarían las de Eº 37, que actualmente perciben los funcionarios del sector civil.

Ahora bien, prosiguió, respecto de la imponibilidad, la CUT planteó la reivindicación del 100% de la remuneración imponible. Se discutió este asunto y se llegó al acuerdo de establecer un tope. A los personales que tienen una imponibilidad del 100%, la Central Única y el Gobierno convinieron mantenérsela; respecto de; los que tienen 90, 82 u 80%, siempre que sea superior a 70%, se les mantiene en los mismos porcentajes ya establecidos por la ley. Pero, hacia abajo, ningún funcionario público tendrá una imponibilidad inferior al 70% de su remuneración.

Al respecto señaló que algunos servicios semifiscales tienen una imponibilidad real de 31, 35, 41 y 45% del total de sus ingresos. Para remediar lo anterior, se destinaron, de los recursos, Eº 17.000.000 para establecer una nivelación, a fin de que nadie que preste servicios en el sector público tenga una imponibilidad inferior al 70% de la remuneración.

Así está claramente establecido en el Acta. Sin embargo, los funcionarios del Ministerio de Educación sostienen que tal como está redactada la disposición, pudiera disminuirse la imponibilidad actual de sus remuneraciones.

Expresó, en seguida, que, la Central Única de Trabajadores espera que en este trámite del Senado se corrijan estas omisiones con el objeto de que quede esto suficientemente claro.

En cuanto a los acuerdos especiales a que han llegado los personales de varios servicios postergados, como Registro Civil, Registro Electoral, Casa de Moneda, etc., manifestó que ellos no están detallados en el Acta, pero el compromiso suscrito establece que, además del reajuste general, en aquellos sectores de la Administración Pública donde había acuerdo de otorgar reajustes complementarios, esos reajustes, que pueden ser concedidos, en su caso, por vía de reestructuración, modificación de escala, corrida de grados u otras formas, se cumplirán.

Finalmente, recalcó que el reajuste, tal como está pactado, representa un mínimo, para la Administración Pública, del 33% y un promedio del 40% de aumento. De tal modo es falso lo que se dice en el sentido de que la Central Única de Trabajadores ha pactado con el Gobierno un reajuste del 28%. Dicho porcentaje se estableció con el objeto de obtener un punto coma cinco para el fondo de redistribución de las asignaciones, que permite beneficiar a los sectores de más bajos ingresos, con un incremento que significa un reajuste superior para el sector civil. Por ejemplo, un funcionario que gane Eº 500, con tres cargas familiares, viene a obtener, además de este 28% establecido, o la diferencia según suba el índice, según está establecido en el proyecto, un 14% más de reajuste a través de la asignación familiar.

Exposición del Presidente de la Cámara Central de Comercio, don Luis Correa Prieto.

El señor Correa se refirió a las disposiciones del proyecto que, a su juicio, afectan directamente a la actividad comercial. Expresó que al artículo 28, propende al encarecimiento de las actividades económicas, porque afecta a los servicios profesionales al gravar con un impuesto de 17% (impuesto a los servicios) los ingresos de los mandatarios generales. En esta forma, se encarecerán los honorarios que aquéllos cobren lo que, en definitiva, perjudicará al consumidor.

Respecto del artículo 37, explicó que contiene una norma de congelación de reajustes de precios, por la vía legislativa, que en la práctica no ha dado resultados positivos. Así, existe en el país una larga histeria, desde 1930, en este sentido, que ofrece una ininterrumpida serie de fracasos, y los escasos logros, siempre ocasionales, que no alcanzaron a transformar la tendencia general.

La disposición prohíbe la elevación por sobre el 28%, durante el año 1970, del reajuste de los precios vigentes al 31 de diciembre de 1969, sin distinguir si se trata de los productos sometidos al régimen de fijación de precios o de los demás, lo que -en su opinión- entraña una grave confusión.

Existe consenso en que mientras a más artículos se extiende la fijación de precios, más ineficaz es el control.

Seguidamente, señaló la falta de concordancia entre la expresión "productos" contenida en esta norma, y la de "artículos" - que comprende bienes y servicios de primera necesidad sometidos a fijación de precios- que utiliza la reglamentación vigente; la carencia de normas respecto de la fijación de tope de reajustes de precios en relación a los márgenes de comercialización, que suelen fijarse principalmente a los comerciantes detallistas; la inconsecuencia de la regla que establece que en ningún caso podrá autorizarse el alza de un artículo más de una vez por año, ya que si por ejemplo se lo reajusta en enero en un 6% no podría volver a ser alzado después hasta el tope del 28%, y, finalmente, la indeterminación de la expresión "otorgado el aumento" ya que en la actualidad existen a lo menos tres sistemas al respecto: decretos del Ministerio de Economía, resoluciones de DIRINCO y cartas entre los industriales y el Gobierno en los artículos que no son de primera necesidad.

Asimismo, criticó la norma que dispone que si el alza se concede por otro funcionario que el Director de DIRINCO, debe éste o el servicio respectivo, enviar a las Oficinas de Informaciones de ambas ramas del Congreso Nacional los antecedentes respectivos.

Finalmente, hizo hincapié en que la disposición no considera factores del costo como salarios, comercio exterior y tipo de cambio que no están sujetos a control, y cuya incidencia no puede determinarse a priori, razón por la cual la cifra de 28% le parece arbitraria. Por último, expresó que si bien comprendía que la norma pretende disminuir la inflación, la experiencia demostraba que por esta vía era imposible conseguirlo.

Exposición del señor Carlos Lagos M., Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.

El señor Lagos se refirió a los artículos 36 y 40 del proyecto.

Expresó que la primera de dichas disposiciones deroga el incentivo a la capitalización de las empresas constructoras de viviendas económicas, que eximió del pago del impuesto global complementario a los socios de las mismas que capitalicen sus utilidades durante el plazo de cinco años, en condiciones de gran estrictez que fueron establecidas en el reglamento dictado por el Servicio de Impuestos Internos.

Dicho incentivo que sólo favorece a las empresas medianas y pequeñas, pues las grandes están constituidas como Sociedades Anónimas, fue producto de estudios efectuados por el Ejecutivo con la Cámara Chilena de la Construcción, en 1968, con motivo del anuncio hecho por el Ministro de Hacienda de que se derogarían las exenciones al impuesto global complementario.

Hizo presente que en el primer semestre de 1969 se inició la construcción de 13.162 viviendas, de las cuales 10.267 (78%) corresponden al sector privado y 2.895 (22%) al público. Además, que el sector privado acusó un incremento del 32% con respecto a igual período de 1968, en tanto que el público mostró una baja del 55% en relación al mismo lapso, lo que destaca la importancia del sector privado y del artículo que se propone derogar.

Por otra parte -prosiguió- la cifra de 50 millones de escudos que se ha dado como posible rendimiento de la disposición es ilusoria. En efecto, el rendimiento total del impuesto global complementario correspondiente al sector viviendas económicas para el año 1969 -pues sólo parte de él hace uso de la franquicia-, calculado por el Servicio de Impuestos Internos, asciende a 16 millones de escudos, cifra inferior a un tercio de la mencionada.

Manifestó, además, que la relación entre las viviendas de los sectores público y privado se calcula entre viviendas comparables. Respecto de la cifra antes mencionada de viviendas construidas por el sector privado, expuso que poco más del 70% se vendía a través de Asociaciones de Ahorro y Préstamos, y que el financiamiento de la construcción de las mismas era normalmente de íntegro origen privado, pues eran relativamente escasos los préstamos de construcción otorgados por las Asociaciones de Ahorro y Préstamos.

En cuanto a la especie de que las viviendas construidas por el sector privado sólo el 30% era financiado por los empresarios y el 70% por el Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos, manifestó que ello no se ajustaba a la realidad, pero que sí lo sería en caso de que el mencionado 70% se prestara efectivamente al sector privado previamente a la construcción. Sin embargo, aclaró, ocurre que el sector privado vende construido y recupera el financiamiento invertido al vender.

Con relación a que la franquicia que se deroga beneficiaría únicamente a las personas naturales socias de empresas constructoras y no a éstas, y que algunas viviendas se financiarían por las Asociaciones de Ahorro y Préstamo durante su construcción, explicó que si bien la exención del 50% del global complementario favorece a las personas naturales, ello se debe a que los recursos correspondientes quedan capitalizados en las empresas -en condiciones muy estrictas y controladas-, de modo que al desaparecer la franquicia, de la que gozan por lo demás en un 100% las sociedades anónimas, termina el incentivo de capitalización.

Respecto de la indemnización de un mes por año de servicios contenida en el artículo 40, calculó que existen en el país 2 millones de trabajadores en el sector privado. Si se presume una renta promedio baja, de Eº 660 mensuales incluidas gratificaciones y asignación familiar -esto es Eº 8.000 anuales-, se obtiene un ingreso anual de este sector de Eº 16.000 millones al año. Acotó que la indemnización de un mes por año equivaldría 1/12 de dicha suma, o sea 8,33%, y si se considera que también cubre las fracciones superiores a 6 meses, se puede llegar al 9% de los 16 millones de escudos, es decir a un costo de 1.440 millones de escudos.

Al respecto, hizo presente la extraordinaria gravedad que reviste el imponer al sector privado, en forma repentina, una contribución de alrededor de 1.500 millones de escudos.

Dicha cifra debería acumularse año tras año si no fuera con efecto retroactivo; o sea, si la indemnización del trabajador se empezara a contar desde el día del despacho de la ley. Pero, si se la cuenta con efecto retroactivo y se suponen nada más que diez años de promedio de antigüedad de cada trabajador, debería haber capitalizado una suma de 15.000 millones de escudos para poder hacer frente a este beneficio.

Exposición del señor Presidente de la Sociedad Nacional de Minería.

El señor Cuevas Mackenna expresó que los artículos 23 y 24 eliminan las exenciones de exportación de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Aisén y Magallanes, y de la pequeña minería, que contempla la ley Nº 15.575.

Primeramente, señaló que estas disposiciones no aportan, en realidad, financiamiento al reajuste del Sector Público, porque, más adelante, se destinan estos mismos recursos a la Empresa Nacional de Minería para el fomento de las cooperativas.

En segundo lugar, el rendimiento de estas disposiciones es ínfimo porque la pequeña minería, salvo en muy contadas excepciones, no ha hecho uso de estas liberaciones y, además, porque la minería de Tarapacá y Antofagasta, gracias a tener la opción de poder exportar, ha obtenido de la Empresa Nacional de Minería la posibilidad de contar con una maquila lo suficientemente conveniente como para no tener ningún interés en seguir exportando.

Esta facultad de poder exportar hizo posible al minero contar con una maquila adecuada. Al aprobarse las normas propuestas, estos productores se verán despojados del único mecanismo que les queda para que la Empresa Nacional dé Minería cumpla un convenio solemne que suscribió con ellos el Presidente de la República, y que lo desahució en 1988, cumpliendo, con ese mismo año, el Gobierno, convenios con la Gran Minería y con empresas importantes del país, que arrojaron una pérdida de US$ 2.800.000.

Es decir, en este caso particular a los pequeños mineros no se les cumplió un convenio solemne que tuvo amplia divulgación y que fue firmado por el Presidente de la República. Sin embargo, hubo fondos que salieron de la pequeña minería para poder cumplir un convenio suscrito con grandes empresas productoras.

Eliminar el último recurso que tiene la Pequeña Minería para poder exportar es, a su juicio, extirparle la postrera herramienta de defensa que ella posee.

Agrega el señor Cuevas que las maquilas de la Empresa Nacional de Minería han subido en un 50% en moneda dólar desde 1967 a esta fecha, lo que, en moneda nacional, significa un 200 ó 300% de aumento. A los pequeños mineros, que trabajan en minerales con 3% de ley y a US$ 0,50 la libra, no les queda un centavo ni para el flete de los minerales ni para la explotación de la mina, puesto que todo el dinero se lo lleva la Empresa Nacional de Minería. En estas circunstancias, se pretende arrebatar la única herramienta que tienen los mineros para discutir por maquilas justas, después de haberse desahuciado un convenio solemne, argumentando que los recursos podrían servir para el financiamiento del reajuste cuando la misma disposición destina estos fondos a un objeto distinto de aquel que preocupa en este momento al Senado.

Expresó, en seguida, que las empresas que están actualmente exportando son muy pocas, pues lo eran principalmente los productores de cemento de cobre, pero como la ENAMI otorgó una maquila conveniente a estos productores, hoy día están vendiendo su producción dentro del país. Pero hay algunos pequeños mineros, que a juicio del señor Cuevas no son tan pequeños, que están exportando de común acuerdo con la ENAMI. De tal manera que este recurso de opción o posibilidad de exportar para obtener maquilas adecuadas dentro del país, tienen la ventaja de ser el único medio para poderlas conseguir rebajadas o aceptables a los intereses de los mineros.

El señor Ballesteros preguntó si el deseo de mantener esta disposición obedece a un factor de presión de los pequeños mineros frente a ENAMI para la fijación de la maquila.

El señor Cuevas respondió afirmativamente y señaló que son normas que deben ser discutidas con cierta calma y, además, porque los posibles recursos que ellas producen no están destinados a financiar, como lo había expresado, el reajuste de remuneraciones del Sector Público.

El señor Ibáñez expresó que de lo expuesto por el señor Cuevas

Mackenna se deduce que las maquilas que cobra ENAMI son demasiado subidas y que, en definitiva, son los pequeños mineros los que están subvencionando la existencia de ENAMI.

El señor Cuevas respondía que coincidía con el señor Ibáñez en esta materia.

Prosiguió el señor Cuevas señalando que el otro punto que le merecía objeción era la interpretación, con efecto retroactivo, que el artículo 25 del proyecto le otorga, en cierto sentido, a la ley de Fomento de las Exportaciones. La Sociedad Nacional de Minería no tiene observación que hacer si esta ley se interpreta con validez para el futuro, pero estima que el interpretarla con efecto retroactivo es crear una situación totalmente irregular a personas que han actuado de buena fe de acuerdo con las leyes existentes al momento de contratar.

El señor Valente reiteró la pregunta del señor Ballesteros en el sentido de precisar el número de empresarios o pequeños mineros que están afectados por la disposición del artículo 23 de este proyecto, con indicación del tonelaje de exportación de los pequeños mineros.

El señor Cuevas respondió que con estas disposiciones los afectados son todos los pequeños mineros, porque no van a contar con ninguna herramienta para poder obtener la rebaja de maquilas. Reconoció, sin embargo, que la Pequeña Minería está actualmente liberada del impuesto de dos centavos de dólar con libre importación, como asimismo la minería de las provincias del norte y del sur del país. Las provincias del norte han solucionado su problema y tienen una maquila de cementos tan baja como cualquiera otra en el mundo y, por esta razón, hoy día siguen entregando sus productos en el país. Quedan sólo los pequeños mineros que, en su 99%, no exportan, pero teniendo la opción de exportar pueden presionar para obtener buenas maquilas, tal como las consiguieron los que producen cementos de cobre.

De tal manera, concluyó el señor Cuevas, que la aplicación de estas disposiciones, afecta al 99% de los pequeños mineros.

Por otra parte, señaló que con estas nuevas maquilas todos los productores de mineral desean venderle sus productos a ENAMI, habiendo algunos pequeños mineros que exportan directamente al extranjero, pero sin antes tratar la venta con la misma entidad; y con respecto al tonelaje de mineral que la Pequeña Minería la entrega a ENAMI para su exportación, informó que él alcanza a alrededor de ochenta mil toneladas anuales.

En lo que se refiere al sobreprecio a aplicarse a la Mediana Minería, el señor Cuevas estima que debería aplicarse en condiciones relativamente similares a aquellas de la Gran Minería. Por otra parte, considera que con ese sobreprecio aplicado en la forma antedicha no se producirá el mismo tropiezo que el Presidente Frei trataba de evitar, cual es que cuando un pequeño minero pueda llegar a la condición de mediano minero lo único que va a querer es no ser mediano minero, deteniendo, por consiguiente, el proceso de producción.

Por unanimidad, vuestras Comisiones aprobaron la idea de legislar sobre esta materia.

Discusión particular.

En seguida, consignamos los acuerdos más importantes adoptados por vuestras Comisiones en el estudio en particular de la iniciativa.

Artículo 1º

En virtud de este precepto, se reajustan en un 28%, a contar del 1° de enero de 1970, las remuneraciones permanentes de que gozaban al 31 de diciembre de 1969 los empleados y obreros del sector público y de las Municipalidades, excluidas sólo las horas extraordinarias, las asignaciones de alimentación y las que constituyen porcentajes de los sueldos.

En el caso de que el índice de precios al consumidor experimentare entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969 un alza superior al 29,5%, el reajuste mencionado se incrementará en tantos puntos y fracciones de puntos como sean los que excedan de 29,5% en el alza del índice antes señalado.

Se agrega, que el reajuste se calculará sobre las remuneraciones indicadas, incrementadas con la asignación que otorgó el D.F.L. Nº 1, de 1969 -que reajustó las remuneraciones para ese año-, y con la asignación de 7,5% creada en la ley Nº 16.840.

Por último, se señala que lo dispuesto en el precepto no se aplicará a los personales activo o pasivo de las Fuerzas Armadas, Subsecretarías de la Defensa Nacional, Carabineros de Chile, Servicio de Investigaciones, Poder Judicial, Sindicatura General de Quiebras, personal afecto al Estatuto Médico Funcionario y personal del Magisterio que se rige por el artículo 3° de la ley Nº 16.930.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron esta norma.

Artículo 2º

Esta disposición reajusta, a contar del 1° de enero de 1970, en un 100% del alza que experimente el costo de la vida en el año 1969, la asignación familiar de los empleados, obreros y pensionados del sector público.

Además, establece una bonificación complementaria y permanente de Eº 20 por cada asignación familiar.

El Honorable Senador señor Miranda manifestó que le parecía injusto que se privara del beneficio de la citada bonificación complementaria al personal del Magisterio.

El Honorable Senador señor Altamirano expresó que, a su juicio, la redacción del precepto era defectuosa, pues excluía también del beneficio indicado al personal pasivo.

El señor Ministro de Hacienda manifestó que la exclusión del personal del Magisterio se debe a que la señalada bonificación de Eº 20 sólo se ha otorgado a aquellos servicios que no gozarán de reajustes especiales. Agregó que el Fondo que hará posible el pago de dicho emolumento se formará fundamentalmente con el aporte de los personales que lo percibirán, los que recibirán un reajuste del 28%, aunque el alza del costo de la vida llegará probablemente a un 29,5% sacrificando el 1,5% de diferencia para el objetivo señalado. Puntualizó que no le parecía justo que quienes no realizaran este sacrificio se vean favorecidos con un beneficio debido al aporte de los demás.

Luego, hizo presente que la Federación de Educadores de Chile le había hecho llegar, con esta fecha, una argumentación en el sentido de que el Magisterio también se vería afectado por el sacrificio a que se ha venido refiriendo, toda vez que en virtud del mecanismo existente en el Acuerdo Magisterial para el reajuste de este sector, se considera como base el porcentaje de reajuste general, lo que determina que respecto de aquél exista también una disminución de un 1,5%.

Respecto de esta materia, señaló el señor Ministro que estaba dispuesto a analizar las razones expuestas por el profesorado, que a primera vista parecen valederas, y en el caso de comprobar que éste estaba realmente haciendo un aporte para el Fondo de Redistribución de la Asignación Familiar, no tendría inconveniente en otorgarle la bonificación de Eº 20 por carga.

En cuanto a si el beneficio en referencia alcanzaría o no al sector pasivo, manifestó que era la intención del Ejecutivo favorecer también a este sector, por lo que se comprometía a hacer la indicación pertinente con el objeto de que quede claramente establecido en la ley que en el artículo 2º están incluidos todos los jubilados que gozan de la asignación familiar fiscal de Eº 37.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa manifestó que, a su juicio, las asignaciones familiares deben ser de igual monto para todos. En consecuencia, sería justo otorgar la bonificación de Eº 20 por carga respecto de las 357.000 que, según el proyecto, no la recibirán, lo que representaría un mayor gasto de no más de 86 millones de escudos. Al efecto, solicitó del Ejecutivo el otorgamiento del patrocinio constitucional de una iniciativa en ese sentido.

Con la sola abstención del Honorable Senador señor Silva, vuestras Comisiones aprobaron este artículo.

Al fundamentar sus votos afirmativos, los Honorables Senadores señores Ibáñez y Montes expresaron que acogían la disposición sobre la base de lo prometido por el Ministro, en el sentido de corregirla con el objeto de que no quede duda que ella también beneficia a los jubilados del sector público.

Artículo 3º

Este precepto dispone que al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del regido por la ley Nº 15.076 y del sujeto a tarifado gráfico, le será aplicable el reajuste dispuesto en el artículo 1º del proyecto, y agrega que en todo caso, a contar del 1º de enero de 1970, las categorías y grados de las escalas de sueldos de estos funcionarios tendrán un aumento que signifique alcanzar un 94% de la escala ANEF.

Con leyes enmiendas de redacción, vuestras Comisiones aprobaron unánimemente este artículo.

Artículo 4º

Esta norma concede en el año 1970, al personal del Servicio Nacional de Salud indicado en el artículo anterior, una bonificación no imponible de Eº 1.140, pagadera en tres cuotas.

El señor Ministro de Hacienda expresó que tanto esta disposición como la precedente eran el resultado de un acuerdo a que llegó el Gobierno con la Federación de los Trabajadores de la Salud.

Con la sola abstención del Honorable Senador señor Silva Ulloa, vuestras Comisiones aprobaron también este precepto.

Artículo 5º

Esta disposición incorpora la asignación de un 7,5% establecida en el artículo 1º de la ley Nº 16.840 y aumentada por el D.F.L. 1, de 1969, a las escalas de sueldos del D.F.L. Nº 40, de 1959, llamada escala ANEF, e incorpora dicha asignación al sueldo de los funcionarios no afectos a dicha escala, pero sólo en la proporción en que sean imponibles sus remuneraciones.

Vuestras Comisiones, sin debate y por unanimidad, aprobaron asimismo esta norma.

Artículo 6º

Por medio de esta norma se hace aplicable para 1970 lo dispuesto en el artículo 174 de la ley Nº 16.840, el que se comprende por su sola lectura.

Al igual que en el caso anterior, vuestras Comisiones aprobaron por unanimidad este artículo.

Artículo 7º

Dispone que a partir del 1º de enero de 1970 serán imponibles las bonificaciones, asignaciones y, en general, todas las remuneraciones de carácter general y permanente de que gozan los empleados a quienes afecta el artículo 99 de la ley Nº 16.617, pero con los límites porcentuales fijados en dicha norma, esto es, sólo en un 70%.

El señor Ministro de Hacienda manifestó que esta disposición tenía por objeto concretar uno de los puntos del acuerdo suscrito con la Central Única de Trabajadores, en el sentido de llevar la imponibilidad de las remuneraciones del personal de la administración civil del Estado a un 70%, respecto de aquellas que tienen en la actualidad un porcentaje menor de imponibilidad.

Vuestras Comisiones observaron defectos de redacción en la norma que podría determinar una interpretación distinta al espíritu manifestado por el señor Ministro. Sin embargo, y por unanimidad, decidieron aprobarla sobre la base de lo aseverado por el representante del Ejecutivo y sin perjuicio de someter esta disposición a un más detenido estudio en el trámite de segundo informe.

Artículo 8º

Introduce diversas modificaciones a la ley Nº 15.076, destinadas fundamentalmente a aumentar el sueldo base mensual de los profesionales afectos a ella, el que se eleva, a contar del 1° de enero de 1970, a un sueldo vital, escala A), del departamento de Santiago, por cada hora diaria de trabajo. Además, se introducen enmiendas a la ley citada referentes al pago de las horas extraordinarias que sirva este personal en días y horas hábiles, y a otorgar una mayor flexibilidad al régimen de incompatibilidades horarias que los rige, especialmente respecto de los que laboran en maternidades, postas y servicios de urgencia en general.

Por unanimidad, vuestras Comisiones aprobaron el precepto.

Establece que los trabajadores que laboran en la extracción de materiales para la construcción recibirán en sus salarios o tratos un reajuste equivalente al 100% del alza del costo de la vida durante el año 1969.

Con las abstenciones de los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma, vuestras Comisiones resolvieron acoger este artículo y trasladarlo al título del proyecto que se refiere al sector privado, como artículo 27. Los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma fundamentaron su abstención en el hecho de que, a su juicio, la situación a que se refiere esta norma está contemplada en el artículo 31 de la iniciativa, que da vigencia, para 1970, al artículo 90 de la ley Nº 16.840.

Artículo 10

Declara que el artículo 1° de la ley Nº 17.015 se limitó a derogar el Párrafo IV del Título II del D.F.L. Nº 338, de 1960, que establece el derecho al sueldo del grado superior respecto de ciertos Servicios enumerados en el mismo artículo citado, derogación que rigió a contar desde el 1° de enero de 1969. Agrega que, en consecuencia, los funcionarios que adquirieron antes de esa fecha algunos de los beneficios establecidos en el referido Párrafo, lo han conservado con posterioridad.

En virtud del artículo 1° de la ley Nº 17.015, ya citada, se sustituyó el beneficio del grado superior, también llamado de quinquenios, por una bonificación equivalente a un 2% de la renta base mensual por cada año de servicios prestados en la administración del Estado, respecto del Servicio de Seguro Social, Servicio Médico Nacional de Empleados, Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y otros organismos.

Esta modificación del estatuto de dichas instituciones se introdujo, según el señor Ministro de Hacienda, a petición de las directivas gremiales respectivas y en razón de representar, la bonificación citada, un mayor beneficio para los funcionarios de rentas más bajas que el otorgado por el derecho al sueldo del grado superior.

El señor Ministro de Hacienda hizo presente que manifestó oportunamente a los interesados que la sustitución en referencia perjudicaría al personal de más altas rentas, situación que fue paliada mediante las siguientes medidas: la incorporación de un artículo transitorio en la ley referida, que estableció que la aplicación del nuevo sistema no implicaría disminución de remuneraciones y el acuerdo de que el personal disfrutaría de los dos beneficios, o sea, el del sueldo del grado superior y el del 2%, durante el lapso comprendido entre septiembre y diciembre de 1968. Según el acuerdo a que se llegó con las mencionadas directivas gremiales, a partir del 1º de enero de 1969 desaparecería el derecho al sueldo del grado superior, quedando sólo la bonificación del 2%.

Agregó, además, que la Contraloría General de la República, emitió un dictamen que interpretó la norma en referencia en el sentido por él expresado, lo que determinó que los personales afectados recurrieran a la Justicia Ordinaria existiendo en la actualidad un juicio pendiente.

Finalmente, expresó que este artículo -que en alguna medida pretende hacer subsistir conjuntamente ambos derechos- fue aprobado en la Cámara de Diputados con infracción a la Constitución Política del Estado, ya que otorga un incremento de remuneraciones vulnerando el artículo 45 de la Carta Fundamental; no está en absoluto financiado, desatendiendo en consecuencia lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política, y se avoca una causa pendiente.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa manifestó su acuerdo con la norma, la que viene a dar cumplimiento a un compromiso contraído por el Partido Demócrata Cristiano con el gremio semifiscal.

El Honorable Senador señor Fuentealba expresó que efectivamente existió un acuerdo del Partido Demócrata Cristiano con la directiva de la Agrupación de Empleados Semifiscales, compromiso que fue hecho suyo por la actual dirección del Partido y en cuya virtud se introdujo en la ley sobre conversión de deudas del Banco del Estado, que despachó el Congreso, una disposición similar que fue votada favorablemente por toda la representación parlamentaria democratacristiana.

Vuestras Comisiones, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Isla, Morales, Miranda, Lorca y Silva Ulloa, y con las abstenciones de los H. Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez y Palma, aprobaron el artículo. El Honorable Senador señor Ballesteros manifestó, al momento de emitir su voto, que si bien no le cabía duda que la interpretación jurídica del Ejecutivo era la acertada y que el precepto era inconstitucional, no podía votarlo negativamente en razón de la palabra empeñada por los dirigentes de su Partido.

Artículo 11.

Este precepto reemplaza el artículo 21 de los estatutos de la Caja de Previsión de los Empleados de la Empresa de Agua Potable de Santiago, por una disposición que obliga a dicha Caja a reajustar anualmente en el mismo porcentaje en que se aumente el sueldo vital, escala a), del departamento de Santiago, las pensiones de jubilación, invalidez y montepío a cuyo pago está obligada.

El señor Superintendente de Seguridad Social expresó que podían formularse dos reparos a esta norma: uno de carácter formal, ya que dichos estatutos son dictados por el Presidente de la República, y otro de fondo, consistente en la carencia de antecedentes acerca de si el organismo previsional respectivo tiene recursos suficientes para financiar el beneficio que se pretende otorgar. Hizo presente, además, que la Caja citada quedaría, de aprobarse esta iniciativa, en una situación excepcional, ya que con respecto a ella no sería aplicable el sistema de revalorización de pensiones.

Vuestras Comisiones resolvieron suprimir el artículo. Votaron por la supresión los H. Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez, Lorca, Isla y Palma, y por la mantención del artículo los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Artículos 12, 13 y 14.

El artículo 12 señala las normas de aplicación del reajuste establecido en el artículo 1° respecto del personal de la Empresa Portuaria de Chile, haciendo aplicable a la materia las normas contenidas en el artículo 5º del D.F.L. Nº 1, de 1969, sobre reajuste para este año.

El artículo 13 establece que para los efectos del otorgamiento del reajuste se aplicarán ciertas disposiciones contenidas en la ley Nº 16.617, que son usuales en este tipo de iniciativas.

El Honorable Senador señor Montes hizo presente que existía una petición de los trabajadores ferroviarios para agregar, entre las disposiciones de la ley Nº 16.617 que enumera esta norma, también el artículo 91 de esa ley, que establece que el reajuste que corresponde al personal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado se aplicará sobre todas las remuneraciones vigentes de que gozan, que no se determine como un porcentaje del respectivo sueldo o salario base.

El señor Ministro de Hacienda expresó que era innecesario incluir dicho artículo 91, ya que el artículo 1° del proyecto en informe se refiere a la totalidad de las remuneraciones permanentes. Agregó que si lo anterior fuera susceptible de una interpretación distinta, estaba dispuesto a hacer la aclaración del caso en el veto o en el próximo trámite parlamentario de esta iniciativa, previa consulta a la Fiscalía de Ferrocarriles. Finalmente, hizo presente que no deseaba hacer una mención especial a esta institución pues existen otras que están en situación similar como, por ejemplo, la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, y si se hace referencia a una sola de ellas, podría interpretarse la norma del artículo 1° del proyecto restrictivamente respecto las demás.

El Honorable Senador señor Ballesteros solicitó se dejara constancia de que el articule 1° de la iniciativa en informe, al referirse a las remuneraciones permanentes, incluye las comprendidas en el artículo 91 de la ley Nº 16.617, incluso los tratos.

El artículo 14 dispone que con lo establecido en el artículo 1° de esta ley se entiende cumplida la obligación del Presidente de la República, de fijar anualmente las remuneraciones correspondientes al grado uno de las plantas del personal de la Dirección de Obras Públicas.

Vuestras Comisiones Unidas aprobaron, unánimemente, estas tres disposiciones, dejando constancia que lo hacían, respecto del artículo 13, sobre la base de lo aseverado por el señor Ballesteros.

Artículo 15.

Dispone que las pensiones del personal a que se refiere el inciso primero del artículo 1º del proyecto, que se reajustan de acuerdo con sus similares en servicio activo, recibirán como mínimo el mismo porcentaje de reajuste establecido en dicho artículo 1°.

El señor Ministro de Hacienda manifestó que esta norma favorece a un grupo de funcionarios que, en virtud de una ley de 1964, jubiló con" la totalidad de la asignación de estímulo, solare la cual no imponen los empleados en actividad. De tal modo, este sector pasivo no recibiría reajuste sin esta disposición, ya que ellos se retiraron con el 100% de imponibilidad y sus similares en actividad tienen una remuneración imponible de sólo un 70%.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron este artículo.

A continuación, consideraron una indicación del Honorable Senador señor Bossay que dispone que los Jefes de Oficina de la Municipalidad de Santiago, contemplados en el artículo 14 de la ley Nº 11.469, que jubilaron a partir de enero de 1967, y cuyas pensiones no hayan sido reajustadas en los años 1967, 1968 y 1969, recibirán como mínimo un 28% de reajuste, el que será de cargo del organismo de previsión respectivo.

Vuestras Comisiones, por seis votos a favor, tres en contra y una abstención, aprobaron la indicación. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Isla, Lorca, Miranda, Morales y Silva, por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, García e Ibáñez, y se abstuvo el Honorable Senador señor Palma.

Artículo 16.

Prescribe que el Presidente de la República entregará, durante el año 1970, a las instituciones enumeradas en el artículo 239 de la ley Nº 16.840, excluida la Empresa Portuaria de Chile, el Servicio Médico Nacional de Empleados y la Caja de Accidentes del Trabajo, las cantidades necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

El inciso final, establece que los reajustes de remuneraciones del personal médico del Servicio Médico Nacional de Empleados han debido ser y serán exclusivamente de cargo de dicho Servicio.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa expresó que, a su juicio," debía eliminarse de la norma la referencia al Servicio Médico Nacional de Empleados y su inciso final, como una manera de no recargar a ese organismo con gastos que atentarían a la adecuada prestación de los beneficios que debe otorgar en virtud de la ley de medicina curativa. Formulo indicación para efectuar estas supresiones y para eliminar asimismo la referencia a la Caja de Accidentes del Trabajo, organismo que ya no existe.

El señor Ministro de Hacienda manifestó que le parecía lógico gravar al Servicio Médico Nacional de Empleados con la obligación de costear las remuneraciones de su personal médico. Agregó que al Servicio mencionado se le han otorgado recursos verdaderamente cuantiosos, por lo que no constituiría un impacto financiero de alguna magnitud el establecimiento de esta norma.

Vuestras Comisiones Unidas, por seis votos contra cuatro, aprobaron esta disposición y la indicación del Honorable Senador señor Silva Ulloa.

Artículos 17 y 18.

Establecen disposiciones que se comprenden por su sola lectura. Vuestras comisiones las aprobaron por unanimidad.

Artículo 19.

Prescribe que la primera diferencia de las remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del artículo 1° del proyecto, ingresará a las Cajas de Previsión en 6 cuotas mensuales iguales, a contar del mes de enero de 1970.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron esta misma norma, y con la misma votación, acogieron una indicación de los Honorables Senadores señores Acuña, Miranda, Montes, Palma, Silva y Valente, para hacerla extensiva al personal del Magisterio.

Artículo 20.

Señala que el porcentaje de reajuste a que se refiere el artículo 1°, que corresponde al personal de los Ferrocarriles del Estado, se aplicará también sobre las remuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 1969, que no se determinen como un porcentaje del sueldo o salario.

El Honorable Senador señor Chadwick manifestó que era una aspiración de estos funcionarios que la asignación de 7,5% establecida en la ley Nº 16.840 fuera incorporada al sueldo. Agregó que era necesario, además, consultar una disposición expresa respecto de las remuneraciones de estos personales llamadas "de tratos" y "de kilometraje".

El señor Ministro de Hacienda hizo presente que estudiaría la posibilidad de satisfacer este deseo.

En este entendido, vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron el artículo, dejando constancia, a solicitud del Honorable señor Ballesteros, que este precepto no significa que otras instituciones no reajusten la totalidad de sus remuneraciones en virtud del artículo 1°? de la iniciativa de ley en informe.

Artículo 21.

Prescribe que el mayor gasto de cargo fiscal que demanda el proyecto se hará con cargo al ítem respectivo de la ley de Presupuestos para 1970.

Vuestras Comisiones introdujeron una leve enmienda de redacción a la norma y la aprobaron unánimemente.

Artículo 22.

Declara que las importaciones con cobertura diferida cuyos derechos aduaneros puedan cancelarse en la forma señalada en el artículo 164 de la ley Nº 13.305, no constituyen un régimen de importación especial.

El señor Ministro de Hacienda expresó que mediante el Decreto Nº 1.419, dictado el año pasado, el Ejecutivo rebajó los aranceles normales respecto de las importaciones con coberturas diferidas, con el objeto de incentivarlas. Cuando en uso de la facultad que le confiere la ley Nº 16.464, el Presidente de la República quiso modificar el arancel, en razón de haber desaparecido las condiciones que determinaron su implantación, Contraloría General de la República observó el decreto respectivo, arguyendo que dichas importaciones constituían un régimen especial, el que no puede ser modificado por el Presidente de la República de acuerdo con la ley citada.

Agregó, por último, que la posición sustentada por el organismo contralor contradecía la historia de la ley respectiva, en la que consta que las importaciones con cobertura diferida no constituyen un régimen especial.

Vuestras Comisiones Unidas, por unanimidad, aprobaron este artículo.

Artículo 23.

Introduce diversas modificaciones a la ley Nº 15.575.

Salvo las que a continuación os explicaremos, ellas fueron rechazadas unánimemente por vuestras Comisiones Unidas, las que estimaron que carecían de los antecedentes suficientes y del tiempo necesario para estudiar enmiendas legales en una materia de esta importancia.

Igualmente por unanimidad, se acogieron dos modificaciones al artículo 136 de la ley citada.

Por la primera, se grava con un impuesto de dos centavos de dólar por cada libra de metal exportado sin refinar, a las exportaciones de la pequeña minería del cobre.

Por la segunda, exime del impuesto indicado a las exportaciones de la pequeña y mediana minería, cuando no haya en Chile capacidad de fundición o refinación para los productos que se deseen exportar.

Artículo 24

Por las mismas razones que motivaron el rechazo de gran parte del artículo anterior, la unanimidad de vuestras Comisiones suprimieron también éste.

Artículo 25.

Dispone que la exención tributaria de pleno derecho a que se refiere el artículo 3º de la ley Nº 16.528, no constituye exención del impuesto establecido en los artículos 134 y siguientes de la ley Nº 15.575, a la que nos hemos referido al explicaros el artículo 23.

El Honorable Senador señor García manifestó que existen juicios pendientes sobre la materia y que le parece absolutamente inadecuado el procedimiento de resolver las causas judiciales por ley.

Vuestras Comisiones, por seis votos contra cuatro, aprobaron el artículo. Votaron por la afirmativa, los Honorables Senadores señores Ballesteros, Isla, Lorca, Miranda, Montes y Silva, y por la negativa, los Honorables Senadores señores García, Morales, Ibáñez y Palma.

Artículo 26.

Prescribe que anualmente se establecerá para cada productor de cobre de la mediana minería el costo de producción, y se agregará 15 centavos de dólar por cada libra de cobre fino producido en el año, constituyendo la suma de ambos guarismos el precio base. Agrega, que se entenderá por sobreprecio todo el excedente obtenido en la venta del cobre sobre el precio base. Señala, por último, que el 50% del excedente a que se refiere el inciso segundo, se destinará a beneficio fiscal, cualesquiera que sean las exenciones o franquicias de que goce la empresa productora.

Vuestras Comisiones Unidas aprobaron este artículo por siete votos contra dos, y una abstención. Votaron por la afirmativa, los Honorables Senadores señores Ballesteros, Isla, Lorca, Miranda, Montes, Palma y Silva, por la negativa, los Honorables Senadores señores García e Ibáñez, y se abstuvo el Honorable Senador señor Morales.

Artículo 27.

Establece que los intereses, primas u otras remuneraciones que perciban los Bancos comerciales, el Banco del Estado de Chile, el Banco Central de Chile, la Corporación de Fomento de la Producción y la Empresa de Comercio Agrícola, en razón de los préstamos u operaciones de créditos no reajustables que otorguen en moneda corriente a empresas extranjeras, estarán además afectos a una sobretasa de impuesto equivalente a la diferencia que exista entre el costo promedio del crédito en los mercados internacionales y el costo promedio del crédito en el sistema bancario chileno, una vez descontado el efecto de desvalorización monetaria.

El señor Ministro de Hacienda expresó que esta iniciativa, de origen parlamentario, tiene por objeto desalentar a las empresas extranjeras respecto de la obtención de créditos en el país, los que, según afirman los autores de la disposición, les resultarían más baratos que los obtenidos en el extranjero, por efecto de la inflación existente en el país.

Vuestras Comisiones, por ocho votos contra dos, aprobaron el artículo. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Isla, Montes, Miranda, Morales, Lorca, Palma y Silva, y por la negativa los Honorables señores García e Ibáñez.

A continuación, y por unanimidad, vuestras Comisiones aprobaron una indicación de los Honorables Senadores señores Silva y Valente, para agregar la Junta de Adelanto de Arica al Banco del Estado de Chile y demás instituciones que figuran en el precepto.

Artículo 28.

Interpreta el artículo 15 de la ley Nº 12.120.

Vuestras Comisiones acordaron suprimirlo por siete votos contra tres, por estimar la mayoría que la interpretación hacía más confusa la norma. Votaron en contra de la disposición los Honorables Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez, Isla, Miranda, Morales y Palma, y a favor, los Honorables Senadores señores Lorca, Montes y Silva.

Artículo 29.

Introduce una modificación a la ley Nº 12.120 destinada a eximir del impuesto de servicios a los intereses que produzcan los depósitos que se hagan en el Banco del Estado de Chile y Bancos comerciales.

Vuestras Comisiones por unanimidad, lo aprobaron.

Artículo 30.

Este precepto reajusta, desde el 1° de enero de 1970, en un 100% del alza del costo de la vida del año 1969 las remuneraciones imponibles de los trabajadores, empleados y obreros del sector privado no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimientos o fallos arbitrales.

El Honorable Senador señor Miranda hizo presente su preocupación por la circunstancia de que el reajuste de que trata esta norma sólo se aplica sobre las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo, y por lo tanto, no favorece a las regalías que se pagan a los obreros como parte de sus emolumentos.

Con el objeto de solucionar esta situación, solicitó que se votara separadamente la frase "pagadas en dinero efectivo".

Vuestras Comisiones, con la sola abstención del Honorable Senador señor Silva, aprobaron esta norma. Al fundamentar su abstención, el señor Senador mencionado manifestó que reiteradamente ha afirmado que el indicador que se usa para medir el alza del costo de la vida, y por ende, el aumento de las remuneraciones, está absolutamente desvinculado de la realidad. En consecuencia, mediante esta iniciativa se continúa deteriorando las remuneraciones del sector privado.

Puesta en votación la frase "pagadas en dinero efectivo", ella fue aprobada por seis votos contra cuatro. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez, Isla, Lorca y Palma, y por la negativa los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Artículo 31.

Hace aplicable al reajuste del sector privado, para 1970, diversas normas contenidas en la ley Nº 16.840, sobre reajustes para 1968.

Vuestras Comisiones, con la sola abstención del Honorable Senador señor Silva, aprobaron este artículo.

Artículo 32.

Prescribe que las remuneraciones de los trabajadores del sector privado sujetas a convenios, se reajustarán de común acuerdo entre las partes; y que si el reajuste pactado es superior al alza del costo de la vida durante el período de vigencia del convenio, el excedente será absorbido por las utilidades de la empresa.

En su párrafo final, agrega que para los efectos de este artículo se tendrá en consideración no sólo el reajuste de las remuneraciones sino también las regalías que se pacten.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa presentó indicación para sustituir una frase de la norma con el objeto de aclarar que el citado excedente no podrá trasladarse a los precios de los bienes que la empresa o industria produce o expende.

Esta indicación fue puesta en votación conjuntamente con el artículo, resultando ambos aprobados por la unanimidad de vuestras Comisiones.

Seguidamente, se puso en discusión otra indicación del Honorable Senador señor Silva Ulloa, para suprimir el ya explicado párrafo final.

Vuestras Comisiones Unidas, por seis votos contra cuatro, rechazaron esta proposición. Votaron en contra de la indicación los Honorables Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez, Lorca, Palma e Isla, y a favor los Honorables Senadores señores Montes, Miranda, Morales y Silva.

Artículo 33.

Dispone que el salario mínimo para los obreros de la industria, del comercio y agrícolas, será durante 1970 Eº 1,50 por hora. Agrega, que en los casos de salarios, remuneraciones o regalías convenidos en contratos o convenios colectivos, en relación al salario mínimo, se entenderá que éste, a partir del 1º de enero de 1970, es el actualmente vigente reajustado en el 100% de la variación que experimente el alza del costo de la vida en 1969.

Los Honorables Senadores señores Montes y Silva manifestaron que tal como está redactado el precepto es posible que los trabajadores sujetos a contratos o convenios colectivos reciban un reajuste inferior al que el Ejecutivo afirma que constituye el salario mínimo para estos obreros, puesto que podrían recibir un reajuste de un 29,5%, en circunstancia de que el considerado para llegar al salario mínimo de Eº 1,50 por hora asciende a un 60,4%. De tal modo, afirmaron la necesidad de modificar la redacción del precepto.

El señor Subsecretario del Trabajo manifestó que la norma en discusión debe interpretarse de la única manera a su juicio posible, esto es, que las remuneraciones pactadas en unidades de salarios mínimos tendrían un reajuste de un 60,4% como consecuencia del aumento del salario mínimo, al que debe agregarse uno de 29,5% en virtud del alza que ha "experimentado el índice de precios al consumidor.

Agregó que debe dejar constancia que según el espíritu y el texto de esta iniciativa, y de acuerdo con la política del Gobierno al respecto, en ningún caso habrá un salario mínimo inferior a Eº 1,50 por hora.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa manifestó que la intención expresada por el representante del Ejecutivo no se reflejaba en el articulado del proyecto, por lo que formuló indicación para agregar a esta disposición una norma que dispone que en ningún caso el reajuste para los obreros sujetos a contratos o convenios colectivos puede ser inferior a Eº 5,48 diarios, que es el que recibe el salario mínimo según la proposición de ley en informe.

El señor Ministro de Hacienda formuló indicación para enmendar la redacción del artículo en la forma en que consta en el artículo 30 que os proponemos aprobar, con el objeto de salvar las objeciones planteadas.

Puesto en votación el artículo y la indicación del señor Ministro de Hacienda, fueron aprobados por vuestras Comisiones por nueve votos y una abstención del Honorable Senador señor Silva Ulloa.

Sometida a la consideración de vuestras Comisiones la indicación del Honorable señor Silva Ulloa, fue rechazada por seis votos contra tres y una abstención. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez, Isla, Lorca y Morales, por la afirmativa los Honorables Senadores señores Miranda, Montes y Silva y se abstuvo el Honorable Senador señor Palma.

En seguida, se consideró una indicación de los Honorables Senadores señores Montes, Silva y Valente, para sustituir el guarismo "1,50" por "2".

Esta indicación fue rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez, Isla, Lorca y Palma y la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Artículos 34 y 35.

Ambas disposiciones fueron aprobadas unánimemente por vuestras Comisiones, las que introdujeron una ligera enmienda de redacción en la segunda de ellas.

Artículo 36.

Esta norma deroga la exención del 50% del impuesto global complementario que favorece a las empresas constructoras de viviendas económicas.

El señor Ministro de Hacienda hizo presente que al dictarse la última ley tributaria, en virtud de la cual se privó a dichas empresas de un 50% de las franquicias que las beneficiaba respecto de este tributo, el Ejecutivo las obligó a dar una determinada inversión a las utilidades que percibieran como consecuencia del mantenimiento del 50% restante. En esa oportunidad, en consecuencia, se fijaron las reglas del juego sobre la base de las cuales se han realizado, de buena fe, importantes inversiones. De allí que le parezca inconveniente la retroactividad que otorga la norma en discusión a la derogación que ordena.

Agregó que reiteraba una vez más su posición en el sentido de que nadie debe estar exento del global complementario y, concordantemente con ello, formuló indicación para que la derogación en referencia se haga a contar del año tributario 1971.

Puesto en votación el artículo, vuestras Comisiones Unidas lo aprobaron unánimemente.

Por ocho votos contra uno, y una abstención, aprobaron igualmente la indicación del señor Ministro de Hacienda. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez, Isla, Lorca, Miranda, Morales y Palma, por la negativa el Honorable Senador señor Montes y se abstuvo el Honorable Senador señor Silva.

Artículo 37.

Dispone que durante el año 1970 no podrán autorizarse reajustes de precios superiores al 28%, respecto de los vigentes en el mes de diciembre de 1969. Agrega que en ningún caso las autoridades podrán conceder más de un alza para un mismo producto en el curso del año 1970.

Finalmente, en el inciso segundo, señala que deberá remitirse a las Oficinas de Informaciones de ambas ramas del Congreso Nacional los estudios de costos y todos los antecedentes que hayan servido de base a un reajuste de precio.

El señor Ministro de Hacienda reconoció la buena intención de los autores de la norma, pero advirtió que la inflación no puede controlarse por medio de decretos o leyes.

Recordó que el año 1964, en el mes de febrero, se dictó una ley que congeló los precios, no obstante lo cual en ese año se produjo una inflación de un 38,4%.

Manifestó, además, que la disposición produciría problemas respecto de algunos artículos que se confeccionan con materias primas importan-das o que directamente se importan, ya que la fijación de sus precios depende de factores externos.

El Honorable Senador señor García manifestó que esta medida, especialmente en lo concerniente al envío de los antecedentes al Congreso Nacional, va a significar la paralización de la fabricación de muchos productos, ya que a nadie interesará comunicar sus costos a la competencia.

El Honorable Senador señor Palma hizo presente que el inciso segundo puede crear un clima que no se busca e interferir en las actividades de todas las empresas, sean públicas o privadas. Por esta razón solicitó que se votara la disposición por incisos.

Puesto en votación el primero de ellos, se aprobó por siete votos contra tres. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores García, Ibáñez y Morales, quien lo hizo por estimar que las medidas análogas que se han adoptado en el pasado no han tenido éxito alguno.

Puesto en votación el inciso segundo, se rechazó con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez, Isla, Lorca, Morales y Palma y la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes y Silva.

Artículo 38.

Constituye una Comisión Paritaria integrada por seis funcionarios del Ministerio de Hacienda y seis representantes de los funcionarios públicos nombrados por la Central Única de Trabajadores, para que en el plazo de seis meses realice un estudio acerca de los sistemas de remuneraciones y de carrera funcionaria del sector público.

Por unanimidad vuestras Comisiones aprobaron el artículo y una indicación del Honorable Senador señor Ballesteros para que el organismo que se crea sea integrado por seis funcionarios designados por el Presidente de la República en reemplazo de los seis funcionarios del Ministerio de Hacienda.

Artículo 39.

Incorpora al Departamento de Indemnizaciones de Obreros Molineros y Panificadores a los panificadores de las oficinas salitreras.

La mayoría de vuestras Comisiones rechazaron la disposición por no ser atinente a la materia sobre que legisla el proyecto. Votaron por la supresión los Honorables Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez, Isla y Lorca, por la mantención del artículo los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva y se abstuvo el Honorable Senador señor Palma.

Artículo 40

Establece una indemnización por años de servicio, de cargo de los empleadores, equivalente a un mes completo de sueldo o salario por cada año de trabajo o fracción superior a seis meses. Este beneficio se causa en favor de los empleados y obreros del sector privado que sean despedidos o cuyos contratos terminen, salvo que hayan incurrido en alguna causal de caducidad del contrato de las establecidas en los Nºs. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11 del artículo 2º de la ley Nº 16.455.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social expresó que esta norma deroga prácticamente la ley Nº 16.455 y retorna al sistema de despidos con desahucio, otorgando una indemnización. Agrega que tal situación es perjudicial para el trabajador, a quien interesa mantenerse en el empleo.

Señaló, además, que esta norma se aplica no sólo caso de despido sino también al de renuncia voluntaria.

Finalmente, opinó que debería propenderse a la formación de un fondo de reserva, con cuyos recursos se financie el beneficio en referencia.

El señor Ministro de Hacienda expresó que esta disposición no ha sido objeto de estudio alguno y, por de pronto, carece de un sistema de financiamiento.

Hizo presente que la disposición no afectará a las grandes empresas, que en su mayoría ya han llegado a este mecanismo mediante aportes patronales o patronales y obreros; ella perjudicará a las pequeñas y medianas empresas.

Vuestras Comisiones Unidas, por seis votos contra tres y una abstención, rechazaron el artículo. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteres, García, Ibáñez, Isla, Lorca y Palma, por la afirmativa los Honorables Senadores señores Miranda, Montes y Silva y se abstuvo el Honorable Senador señor Morales Adriasola.

En mérito de las consideraciones anteriores, vuestras Comisiones Unidas tienen a bien proponeros la aprobación del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, con las siguientes modificaciones:

Artículo 3º

Intercalar, en su inciso segundo, a continuación de su frase inicial "En todo caso,", lo siguiente: "a contar del 1º de enero de 1970,".

Sustituir, en el mismo inciso la frase final "ese mismo año", por la expresión "1970".

Artículo 7º

Sustituir, en su inciso primero, la expresión "17.083" por "17.073".

Artículo 9º

Pasa a ser artículo 27, sin otra modificación.

Artículo 10

Pasa a ser artículo 9°, sin otra modificación.

Artículo 11

Suprimirlo.

Artículo 12

Pasa a ser artículo 10, sin otra modificación.

Artículo 13

Pasa a ser artículo 11, sin otra modificación.

Artículo 14

Pasa a ser artículo 12, sin otra modificación.

Artículo 15

Pasa a ser artículo 13.

Agregar como inciso segundo el siguiente, nuevo:

"Igualmente, las pensiones de los funcionarios de Santiago a que se refiere el artículo 14 de la ley Nº 11.469, que jubilaron a partir del mes de enero de 1967 y que no hayan sido reajustadas en los años 1967, 1968 y 1969, recibirán como mínimo el mismo porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1° de esta ley, sobre la pensión al 31 de diciembre de 1969, que será exclusivamente de cargo del organismo de previsión al que sus jubilaciones están acogidas.".

Artículo 16

Pasa a ser artículo 14.

Sustituir, en el mismo inciso, la frase ", el Servicio Médico Nacional de Empleados y la Caja de Accidentes del Trabajo,". Rechazar su inciso tercero.

Artículo 17

Pasa a ser artículo 15, sin otra modificación.

Artículo 18

Pasa a ser artículo 16, sin otra modificación.

Artículo 19

Pasa a ser artículo 17.

Agregar como inciso segundo el siguiente, nuevo: "Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará también al personal del Magisterio que se rige por el artículo 3° de la ley Nº 16.930.".

Artículo 20

Pasa a ser artículo 18, sin otra modificación.

Artículo 21

Pasa a ser artículo 19, sustituyéndose el vocablo "afrontará" por "hará".

Artículo 22

Para a ser artículo 20, sin otra modificación.

Artículo 23

Pasa a ser artículo 21, con las siguientes enmiendas:

I) Sustituir, en su encabezamiento, la preposición "a" por la frase "al artículo 136 de".

II) Suprimir el número 1) y la frase que lo sigue.

III) Agregar, en su letra a), a continuación de la expresión "Nº 2", lo siguiente:", y".

IV) Agregar, en su letra b), como inciso segundo del nuevo número 2 el siguiente:

El Ministro de Minería deberá declarar, antes del 30 de septiembre de cada año, la capacidad de fundición y refinación disponible para el año siguiente.", y

Proyecto de ley

V) Suprimir el resto del artículo.

Artículo 24

Rechazarlo.

Artículo 25

Pasa a ser artículo 22, sin otra modificación.

Artículo 26

Pasa a ser artículo 23, sin otra modificación.

Artículo 27

Pasa a ser artículo 24.

Intercalar, en el primero de los incisos que se agregan al artículo 235 de la ley Nº 16.617, entre las palabras "Producción" e "y", lo siguiente: "Junta de Adelanto de Arica".

Artículo 28

Suprimirlo.

Artículo 29

Pasa a ser artículo 25, sin otra modificación.

Artículo 30

Pasa a ser artículo 26, sin otra modificación.

Seguidamente, consultar como artículo 27 el artículo 9º del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, sin otra modificación.

Artículo 31

Pasa a ser artículo 28. En el inciso primero sustituir la palabra "anterior" por el guarismo "26".

Artículo 32

Pasa a ser artículo 29.

Sustituir, en su segunda oración, la expresión "será absorbido por las utilidades de la empresa o industria sin que opere su posterior traspaso a los precios de los bienes que ésta produce o expende" por la siguiente: "no podrá trasladarse a los precios de los bienes que la empresa o industria produce o expende".

Artículo 33

Pasa a ser artículo 30.

Suprimir la frase "Sin embargo," que encabeza su segunda oración, pasando ésta a ser inciso segundo-nuevo- del artículo.

Agregar como inciso tercero el siguiente, nuevo:

"En ningún caso, los trabajadores sujetos a contratos o convenios colectivos, actas de avenimiento o a fallos arbitrales, podrán gozar de una remuneración inferior a la señalada en el inciso primero.".

Artículo 34

Pasa a ser artículo 31, sin otra modificación.

Artículo 35

Pasa a ser artículo 32.

Intercalar, en su inciso primero, entre las palabras "Banco del Estado" y "u" las siguientes: "de Chile".

Artículo 36

Pasa a ser artículo 33.

Intercalar, en su inciso primero, entre los vocablos "Derógase" y "el" lo siguiente: ", a contar del año tributario 1971,".

Artículo 37

Pasa a ser artículo 34, con la siguiente enmienda a su inciso 1°: Sustituir, en su segunda oración, la palabra "productos" por "artículos y servicios", y en la tercera, "producto" por "artículo o servicio". Suprimir su inciso segundo.

Artículo 38

Pasa a ser artículo 35, sustituyendo la expresión "del Ministerio de Hacienda" por "designados por el Presidente de la República".

Artículos 39 y 40 Rechazarlos.

Con las modificaciones anteriores, el proyecto de ley aprobado queda como sigue:

"TITULO I

Del Reajuste del Sector Público.

Párrafo 1º

Reajuste general del Sector Público.

Artículo 1°.- Reajústanse, a contar desde el 1° de enero de 1970, en un veintiocho por ciento (28%) las remuneraciones permanentes al 31 de diciembre de 1969 de los empleados y obreros del Sector Público, incluidas las de las Municipalidades y excluidas las horas extraordinarias y las asignaciones de alimentación, las que se fijan en función de sueldos vitales y las que constituyen porcentajes de los sueldos.

Si el índice de precios al consumidor que entrega la Dirección de Estadística y Censos experimentare entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969 un alza superior al 29,5%, el reajuste mencionado se incrementará en tantos puntos y fracciones de punto como sean los que excedan de 29,5% en el alza del índice antes señalado.

El reajuste se calculará sobre las remuneraciones incrementadas con la asignación otorgada por el D.F.L. Nº 1, de 1969, y, en el caso de las remuneraciones a que se refiere el artículo 5° de la presente ley, se calculará, además, sobre las cantidades que resulten después de aplicado dicho precepto.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las remuneraciones del personal en servicio activo o retirado de las Fuerzas Armadas, Subsecretaría de Defensa Nacional, Carabineros de Chile, Servicio de Investigaciones, Poder Judicial, Sindicatura General de Quiebras y personal afecto a la ley Nº 15.076, Estatuto Médico Funcionario, y personal del Magisterio que se rige por el artículo 3º de la ley Nº 16.930.

Artículo 2º.- Reajustase, a contar del 1° de enero de 1970, en un cien por ciento (100%) del alza que experimente el índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969 la asignación familiar, incrementada con la asignación complementaria otorgada por el artículo 3° del D.F.L. Nº 1, de 1969, de los empleados, obreros y pensionados del Sector Público que no se determina de acuerdo con la ley Nº 7.295 o con el D.F.L. Nº 245, de 1953.

Establécese, también, a contar del 1° de enero de 1970, una bonificación complementaria y permanente de veinte escudos (Eº 20) por cada carga de familia que dé derecho a la asignación a que se refiere el inciso anterior y que perciban los funcionarios a quienes corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley. Esta bonificación tendrá las mismas características de la asignación familiar y, en consecuencia, no podrá ser retenida ni embargada, no será imponible, estará exenta de toda clase de impuestos y será reajustada en los años siguientes en los mismos términos que la asignación familiar base.

Párrafo 2º

Normas especiales.

Artículo 3°.- Al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del regido por la ley Nº 15.076 y del sujeto a tarifado gráfico, le será aplicable lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley.

En todo caso, a contar del 1° de enero de 1970, cada categoría y grado de las escalas de sueldos que rijan para el personal del Servicio Nacional de Salud durante 1970, comprendido el reajuste a que se refiere el inciso anterior, tendrá un aumento que signifique alcanzar en total un 94% de cada categoría o grado de las escalas del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigentes para 1970.

Artículo 4°.- Concédese en el año 1970, a los empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal regido por la ley Nº 15.076, del personal sujeto a tarifado gráfico y del personal de empleados particulares, una bonificación no imponible que no será considerada sueldo para ningún efecto legal y que se devengará en las fechas y por los montos que se indican:

1825

Artículo 5º.- Incorpórase a contar del 1° de enero de 1970, a las escalas de sueldos del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigentes después de sus modificaciones, incluidas las de la ley Nº 17.063, la asignación establecida en el artículo 1°, incisos segundo y tercero de la ley Nº 16.840.

Para los efectos de esta incorporación se considerará la asignación completa que correspondió de acuerdo con el inciso segundo aludido, más el aumento del D.F.L. Nº 1, de 1969.

Los funcionarios del Sector Público no regidos por el D.F.L. Nº 40 de 1959, que al 31 de diciembre de 1969 estaban percibiendo la asignación establecida por la ley Nº 16.840 en sus artículos 1°, incisos segundo y tercero, y 4°, inciso cuarto y que fue aumentada por el artículo 2º del D.F.L. Nº 1, de 1969, mantendrán dicha asignación, a contar del 1° de enero de 1970, con el carácter de sueldo base para todos los efectos legales e imponibles en la misma proporción en que lo sea el sueldo.

La primera diferencia mensual determinada por la aplicación de este artículo quedará a beneficio de los personales respectivos y no será depositada en las Cajas de Previsión correspondientes.

Artículo 6º.- Modifícase el artículo 174 de la ley Nº 16.840, sustituido por el artículo 10 de la ley Nº 17.029 de 4 de diciembre de 1968,

"Artículo 174.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1970 el plazo otorgado a las Municipalidades por el artículo 26 de la ley Nº 16.250, para encuadrar los excesos de aumentos de remuneraciones concedidos a sus empleados y obreros dentro de los porcentajes de limitación establecidos por la ley en los términos que prescribe el citado artículo 26.

Mientras esto no suceda, les queda prohibido crear nuevos cargos de empleados y obreros, aumentar de grados, mejorar las rentas u otorgar otros beneficios.".

Artículo 7°.- A partir del 1º de enero de 1970, serán imponibles las bonificaciones, asignaciones y todas las demás remuneraciones de carácter general y permanente de que gozan los empleados a quienes se aplica el artículo 99 de la ley Nº 16.617, pero con los límites porcentuales fijados en dicho artículo, con la modificación que le introdujo la ley Nº 17.073. Mantendrán su carácter de no imponibles las remuneraciones eventuales y las de naturaleza previsional, tales como el viático, las asignaciones de gastos de movilización, de máquinas, pérdidas de caja, de cambio de residencia, la gratificación de zona, la remuneración por trabajos nocturnos y horas extraordinarias, asignación familiar, la bonificación del artículo 19 de la ley Nº 15.386, y cualesquiera otras de la misma naturaleza actualmente existentes o que se establezcan en el futuro.

El reajuste de las pensiones a que dé lugar la aplicación de este artículo será de cargo de la respectiva Caja de Previsión u otra Institución o Empresa que paguen pensiones.

Artículo 8º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.076:

a) Reemplázase el artículo 7º por el siguiente:

"Artículo 7º.- El sueldo base mensual por cada hora diaria de trabajo, a contar del 1° de enero de 1970, será la cantidad equivalente al sueldo vital A) del departamento de Santiago para 1969 (Eº 477,50) aumentada en el 100% del alza que experimente el índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969. La fracción de hora se pagará en proporción a dicho sueldo.".

b) Sustituyese el inciso segundo del artículo 10, por el siguiente:

"Los profesionales funcionarios que por razones de servicio deban excederse del horario contratado, en días y horas hábiles, gozarán de una asignación de permanencia de hasta un 30% de su sueldo base. Esta asignación no se considerará para el cálculo del porcentaje máximo a que se refiere el inciso cuarto del artículo 9º; será no imponible y podrá sumarse a las demás asignaciones que establece el citado artículo. Un Reglamento establecerá, a propuesta del Consejo Nacional de Salud, la forma, monto y condiciones para el goce de esta asignación.".

c) Reemplázase en el inciso final del artículo 12 la cifra "24" por "12" y agrégase la siguiente frase final:

"Los profesionales funcionarios que desempeñen estos cargos no podrán contratar extensiones horarias, salvo en los casos contemplados en el inciso anterior."

Artículo 9º.- Declárase que el inciso cuarto del artículo 1° de la ley Nº 17.015 de 31 de octubre de 1968, se limitó a derogar el párrafo 49 del Título II del D.F.L. 338 de 1960 y el artículo 20 de la ley Nº 7.295, respecto de los servicios enumerados en el mismo precepto, y sólo a contar desde el 1° de enero de 1969. En consecuencia, los funcionarios que adquirieron antes de esta fecha alguno de los beneficios establecidos en el referido párrafo o en el artículo citado, lo han conservado con posterioridad a ella.

Párrafo 3°

Reglas para la aplicación de los reajustes.

Artículo 10.- El porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1° de esta ley se aplicará, respecto del personal de la Empresa Portuaria de Chile, de acuerdo a las normas contenidas en el artículo 5º del D.F.L. Nº 1, de 1969, dictado en uso de las facultades concedidas por el artículo 82 de la ley Nº 17.072.

Artículo 11.- Para los efectos del otorgamiento del reajuste a que ,se refiere el presente Título se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 90, 93, 94, 95, 131 inciso tercero y 132 de la ley Nº 16.617, modificándose la referencia al año "1967" por "1970" en los artículos 94 y 132.

Artículo 12.- Con lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley se entiende cumplido lo ordenado por el artículo 33, inciso segundo, de la ley Nº 15.840.

Artículo 13.- Las pensiones del personal a que se refiere el inciso primero del artículo 1° de esta ley, que se reajustan de acuerdo con su similar en servicio activo recibirán como mínimo el mismo porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1° de esta ley sobre la pensión al 31 de diciembre de 1969.

Igualmente, las pensiones de los funcionarios de Santiago a que se refiere el artículo 14 de la ley Nº 11.469, que jubilaron a partir del mes de enero de 1967 y que no hayan sido reajustadas en los años 1967, 1968 y 1969, recibirán como mínimo el mismo porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1° de esta ley, sobre la pensión al 31 de diciembre de 1969, que será exclusivamente de cargo del organismo de previsión al que sus jubilaciones están acogidas.

Artículo 14.- El Presidente de la República entregará durante el año 1970 a los Servicios e Instituciones enumeradas en el artículo 239 de la ley Nº 16.840, excluida la Empresa Portuaria de Chile e incluidas la Corporación de Obras Urbanas y la Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Gas y de Telecomunicaciones, las cantidades necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

Al personal de las Instituciones a que se refiere este artículo, cualquiera que sea el régimen de remuneraciones a que estén afectos durante el año 1970 les corresponderá únicamente el porcentaje de reajuste del Sector Público.

Artículo 15.- Auméntase, en el mismo porcentaje fijado en el artículo 1°, la remuneración máxima establecida en el artículo 1° del D.F.L. Nº 68, de 1960, y sus modificaciones posteriores.

Artículo 16.- Autorízase a las Instituciones Descentralizadas para adecuar las remuneraciones de sus personales, sin necesidad de Decreto Supremo, a fin de dar cumplimiento a la presente ley, entendiéndose modificados, al efecto, sus respectivos presupuestos.

Artículo 17.- La primera diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del artículo 1° de esta ley, ingresará a las Cajas de Previsión en seis cuotas mensuales iguales a contar del mes de enero de 1970.

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará también al personal del Magisterio que se rige por el artículo 3º de la ley Nº 16.930.

Artículo 18.- El porcentaje de reajuste a que se refiere el artículo 1° que corresponde a los empleados y obreros de los Ferrocarriles del Estado, se aplicará también sobre las remuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 1969, que no se determinen como un porcentaje del respectivo sueldo o salario base.

Párrafo 4°

Del mandamiento.

Artículo 19.- El mayor gasto de cargo fiscal que significa este proyecto, se hará con cargo al ítem 006 de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda de la Ley de Presupuestos para 1970.

Artículo 20.- Declárase que las importaciones que se realicen con cobertura diferida y cuyos derechos aduaneros puedan cancelarse en la forma señalada en el artículo 164 de la Ley Nº 13.305, no constituyen un régimen de importación especial a los cuales se refiere el inciso segundo del artículo 187 de la ley Nº 16.464.

En consecuencia, el Presidente de la República podrá ejercer con respecto a ellas las facultades que le confiere el artículo 186 de la ley Nº 16.464.

Artículo 21.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 136 de la ley Nº 15.575:

Se suprime el Nº 2, y

Se sustituye Nº 3 por el siguiente, que pasa a tener el Nº 2:

"2.- Las exportaciones de la pequeña y mediana minería, cuando la Empresa Nacional de Minería certifique que no hay en Chile capacidad de fundición o refinación según corresponda a los productos que se deseen exportar, o que por cualquier motivo no pueda recibir dichas producciones para su tratamiento. El Ministro de Minería deberá declarar, antes del 30 de septiembre de cada año, la capacidad de fundición y refinación disponible para el año siguiente.".

Artículo 22.- Interpretando el artículo 3º de la ley Nº 16.528, se declara que la exención tributaria de pleno derecho, a que se refiere esa disposición, y el número 5 del artículo 18 del Decreto de Economía Nº 1.270, de 27 de septiembre de 1966, no constituye exención al impuesto establecido en los artículos 134 y siguientes de la ley Nº 15.575.

Artículo 23.- Se establecerá anualmente para cada productor de cobre de la mediana minería, el costo de producción, y se agregarán 15 centavos de dólar por cada libra de cobre fino producido en el año, y la suma de ambos guarismos será el precio base.

Se entiende por sobreprecio, todo el excedente obtenido en la venta del cobre sobre el precio base.

El 50% del excedente a que se refiere el inciso anterior se destinará a beneficio fiscal y se aplicará sobre el total anual de las ventas de cobre que efectúe cada empresa, ya sea que se venda en forma de minerales, concentrados, precipitados, cementos, blister, ánodos o cualquier otra forma de cobre.

La norma del inciso anterior se aplicará cualesquiera que sean las exenciones o franquicias de que goce la empresa productora, por disposiciones legales o reglamentarias generales o especiales y se deducirá de la renta bruta para la determinación de las rentas imponibles.

Al Servicio de Impuestos Internos corresponderá la fiscalización del pago que deba enterar cada empresa productora según los precios bases establecidos en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.

Artículo 24.- Agréganse al final del artículo 235 de la ley Nº 16.617 los siguientes incisos:

"No obstante lo anterior, los intereses, primas u otras remuneraciones que perciban los bancos comerciales, Banco del Estado de Chile, Banco Central de Chile, Corporación de Fomento de la Producción, Junta de Adelanto de Arica y Empresa de Comercio Agrícola, en razón de los préstamos u operaciones de crédito no reajustables que otorguen en moneda corriente a empresas extranjeras, estarán además afectos a una sobretasa de impuesto, que será determinada trimestralmente por el Ministerio de Hacienda a propuesta del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile.

Dicha sobretasa de impuesto será equivalente a la diferencia que exista entre el costo promedio del crédito en los mercados internacionales y el costo promedio del crédito en el sistema bancario chileno, una vez descontado el efecto de desvalorización monetaria.

Para estos efectos se considerará como empresas extranjeras a todas aquellas cuyo capital esté constituido en más de un 50% por aportes provenientes del exterior y a las filiales de empresas internacionales.

Las normas relativas al impuesto único al crédito, en lo que se refiere a la modalidad de cobro, excepciones y publicación, se hacen extensivas a la aplicación de esta sobretasa."

Artículo 25.- Agrégase en la letra c) del número 20 del artículo 19 de la ley Nº 12.120, a continuación de la expresión "7" y antecedido de una coma (,), el guarismo "9º".

TITULO II

Del reajuste del Sector Privado.

Artículo 26.- Reajústanse, desde el 1° de enero de 1970, en un porcentaje igual a la variación que experimente el índice de precios al consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969, las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo vigentes al 31 de diciembre de 1969, de los trabajadores, empleados y obreros del Sector Privado, no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 27.- A contar del 1º de enero de 1970, los trabajadores que laboran en la extracción de ripio, arena y materiales para la construcción recibirán en sus salarios o tratos un reajuste igual al porcentaje que hubiere experimentado el alza del costo de la vida, durante el año 1969.

Artículo 28.- Durante 1970, regirán las disposiciones de los artículos 85, 86, 87, 88, 29, inciso primero, 90, 91, 92 y 93 de la ley Nº 16.840, de 24 de mayo de 1968 con la salvedad de que el porcentaje de reajustes a que ellas se refieren es el señalado en el artículo 26 de esta ley.

Se regirá por las disposiciones de esta ley el reajuste de remuneraciones de los obreros y empleados agrícolas que trabajan en predios pertenecientes a instituciones de previsión en faenas directamente relacionadas con la agricultura, en los casos en que estén sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 29.- Las remuneraciones de los trabajadores, empleados y obreros del Sector Privado sujetas a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, se reajustarán de común acuerdo entre las partes. Si el reajuste pactado es superior a la variación que hubiese experimentado el índice de precios al consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos durante el período de vigencia del convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral, el excedente no podrá trasladarse a los precios de los bienes que la empresa o industria produce o expende. Para los efectos anteriores se tendrá en consideración el valor total que representa el convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral que pone término al conflicto, es decir, no sólo el reajuste de las remuneraciones sino también el de las regalías que se pacten.

Artículo 30.- El salario mínimo para los obreros de la industria, del comercio y agrícolas será durante 1970 y a partir del 1º de enero de ese año, equivalente a Eº 1,50 por hora.

En los casos de salarios, remuneraciones o regalías convenidos en contratos o convenios colectivos, actas de avenimiento o establecidos por fallos arbitrales, en relación al salario mínimo, se entenderá que éste, a partir del 1º de enero de 1970, es el actualmente vigente reajustado en el ciento por ciento de la variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos en el período comprendido entre el 1° de, enero y el 31 de diciembre de 1969.

En ningún caso, los trabajadores sujetos a contratos o convenios colectivos, actas de avenimiento o a fallos arbitrales, podrán gozar de una remuneración inferior a la señalada en el inciso primero.

Artículo 31.- Los empleados ingresados con posterioridad al 6 de abril de 1960, en actual servicio, de la Empresa de Comercio Agrícola y los que ingresaren, tendrán el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y se les aplicarán los párrafos 13, 18, 19 y 20 del título 2º; artículo 143 y títulos 4º y 5º del D.F.L. Nº 338, de 1960, sin perjuicio de las demás disposiciones de los Estatutos Internos del personal de la Empresa.

En ningún caso esta disposición significará disminución de las actuales rentas de los empleados ni supresiones de cargos.

Artículo 32.- A contar de la vigencia Se la presente ley la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, podrá contratar préstamos en el Banco del Estado de Chile u otra institución, que le permitan cancelar lo adeudado a su personal que ha sido declarado cesante o jubilado, especialmente, los desahucios, en conformidad a la ley Nº 7.998.

El préstamo señalado sólo será para cancelar deudas a sus ex servidores que permanecen impagos de sus beneficios.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado reintegrará el préstamo con los valores que ingresa de los descuentos directos del personal consultado en la ley Nº 7.998. Su interés será mínimo y de cargo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

Artículo 33.- Derógase, a contar del año tributario 1971, el artículo 65 de la ley Nº 17.073, de 31 de diciembre de 1968.

El mayor ingreso tributario derivado de la supresión de la franquicia a que se refiere el inciso anterior, se destinará a los programas de operación sitio, préstamos a cooperativas y viviendas populares urbanas y rurales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

Artículo 34.- Durante el año 1970 los organismos públicos encargados de la fijación de precios no podrán autorizar reajustes en un porcentaje superior a un 28% respecto de los precios vigentes en el mes de diciembre de 1969. Esta disposición se aplicará especialmente respecto de los artículos y servicios de primera necesidad, los artículos sujetos a márgenes de comercialización y las tarifas de los servicios de utilidad pública. En ningún caso las autoridades podrán conceder más de un alza para un mismo artículo o servicio en el curso del año 1970.

Artículo 35.- Constituyese una Comisión Paritaria integrada por seis funcionarios designados por el Presidente de la República y seis representantes de los funcionarios públicos nominados por la Central Única de Trabajadores, para que en el plazo de seis meses a contar de la promulgación de esta ley estudie los sistemas de remuneraciones del sector público civil, de carreras funcionarías, con todos los mecanismos relativos a escalas de remuneraciones, y proponga al Presidente de la República sistemas de ingresos, ascenso, perfeccionamiento y demás materias afines. Los integrantes de esta Comisión podrán contar con la asesoría técnica necesaria y serán nombrados por decreto supremo dentro del plazo de 15 días de promulgada esta ley.".

Sala de las Comisiones Unidas, a 18 de diciembre de 1969.

Acordado en sesión de fecha de ayer, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente), Ballesteros, García, Ibáñez (Bulnes), Isla, Miranda, Montes, Morales (Aguirre), Palma y Silva.

(Fdo.) : José Luis Lagos López, Secretario.

INFORME DE LAS COMISIONES DE GOBIERNO Y HACIENDA, UNIDAS, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE REAJUSTA LAS REMUNERACIONES DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones de Gobierno y de Hacienda, Unidas, tienen el honor de informaros el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que reajusta las remuneraciones de los sectores público y privado.

A la sesión en que se consideró esta materia, concurrieron, además de los miembros de vuestras Comisiones, los Honorables Senadores señores Altamirano, Chadwick, Fuentealba, Irureta, Luengo y Valente; los Diputados señora Laura Allende y señor Figueroa; los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Hacienda, de Trabajo y Previsión Social y de Minería; los señores Subsecretarios de Hacienda y de Trabajo; el señor Superintendente de Seguridad Social y la Directora de Presupuestos. Además, se escucharon exposiciones de representantes de la Central Única de Trabajadores, de las Cámaras Chilena de la Construcción y Central de Comercio, y de la Empresa Nacional de Minería.

Por acuerdo de los Comités, vuestras Comisiones Unidas debieron estudiar la presente iniciativa de ley únicamente durante el día miércoles 17 del actual, con el objeto de que la Sala tome conocimiento del informe reglamentario en la sesión que celebrará el día de hoy, jueves 18.

Para cumplir dicha resolución vuestras Comisiones sesionaron ininterrumpidamente desde las 10.30 del día antes citado hasta las 0.30 de hoy. Debido a esta circunstancia, y a pesar del acucioso y considerable esfuerzo realizado por los miembros de las Comisiones Unidas, nos ha sido imposible confeccionar el presente documento en forma detallada como habría sido nuestro deseo, dada la importancia de la legislación en proyecto. En consecuencia, nos limitaremos a exponeros los principales acuerdos y materias debatidas en el seno de vuestras Comisiones Unidas.

Síntesis de las principales disposiciones del proyecto.

En forma previa, os hacemos presente que el reajuste general de las remuneraciones de los sectores público y privado se fundamenta en el acuerdo suscrito por el Supremo Gobierno y la Central Única de Trabajadores de Chile, de fecha 3 de diciembre en curso.

Los regímenes especiales que se establecen respecto de los funcionarios del Servicio Nacional de Salud ,y del personal afecto a la ley Nº 15.076 tuvieron origen, en cuanto a los primeros, en el Acta de Acuerdo suscrita entre el Subsecretario de Salud, doctor Patricio Silva Garín y las Federaciones de Trabajadores de la Salud y de Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional de Salud, de 24 de noviembre ppdo.; y respecto de los profesionales funcionarios en convenios que el Ejecutivo ha concluido con los personeros de este grupo de funcionarios.

A continuación, reseñaremos las normas fundamentales contenidas en la presente iniciativa de ley:

A.- Normas generales del reajuste del sector público.

Esta materia se aborda en los artículos 1°, 2º y 5º. De acuerdo con ellos los personales del sector público, incluidos los de las municipalidades, tendrán, a partir del 1° de enero próximo, un reajuste del 28% de sus remuneraciones permanentes, más el aumento del D.F.L. Nº 1. Sin embargo, si el índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos experimenta durante 1969 un alza superior al 29.5%, el reajuste se incrementará en tantos puntos y fracciones como sean los que excedan el mencionado guarismo.

La asignación familiar tendrá un aumento equivalente al que registre el índice del costo de vida, más una asignación complementaria, de carácter permanente, de Eº 20 por carga, la que gozará de la misma calidad jurídica de dicho beneficio.

Por último, se mantiene con carácter permanente la asignación del 7,5% de la ley Nº 16.840, que caducaba el 31 de diciembre del presente año, la que se incorpora íntegramente al sueldo de los funcionarios de las instituciones regidas por el D.F.L. Nº 40, de 1959, y sólo en la proporción en que son imponibles sus rentas respecto de los demás.

B.- Normas especiales de reajustes.

1.- Servicio Nacional de Salud, excepto los personales afectos a la ley Nº 15.076 y los sujetos a tarifado gráfico.

A estos funcionarios se les hacen aplicables las disposiciones generales de reajuste, ya explicadas; pero se establece, además, que los aumentos respectivos deberán alcanzar en total un 94% de cada categoría o grado de la escala única fiscal de sueldos, vigentes para 1970. (Escala ANEF). Asimismo, se les concede una bonificación no imponible de Eº 1.140, pagadera en tres cuotas.

2.- Personal regido por la Ley Nº 15.076 (Estatuto de los Profesionales Funcionarios).

En primer término, se fija en la cantidad equivalente al sueldo vital, Escala A), del departamento de Santiago, el sueldo base mensual por cada hora diaria de trabajo.

Además, se establecen diversas disposiciones relativas a las asignaciones que les corresponden a los profesionales que, por razones de servicio, deban excederse del horario contratado.

Finalmente, se modifican los preceptos referentes a las incompatibilidades horarias que afectan a estos funcionarios, haciéndolas menos rigurosas.

C.- Servicios del Sector Público excluidos del proyecto.

Fuerzas Armadas, Subsecretarías dela Defensa Nacional, Carabineros, Servicio de Investigaciones, Poder Judicial, Sindicatura General de Quiebras y Magisterio.

D.- Reajuste del sector privado.

A esta materia se refiere el título II del proyecto, que prescribe que el reajuste para este sector será igual al ciento por ciento del alza del costo de vida, registrada entre el 1° de enero de 1969 y el 31 de diciembre de este mismo año, respecto de los trabajadores no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales. Para estos últimos, se establece que sus remuneraciones se reajustarán de común acuerdo entre las partes, y que si el reajuste pactado excediere de la variación del índice de precios al consumidor, el excedente será absorbido por las utilidades de la empresa respectiva.

Por otra parte, se fija en Eº 1,50 por hora el salario mínimo industrial, agrícola y del obrero comercial.

E.- Financiamiento.

Se refieren a la materia los artículos 21 a 29, ambos inclusive.

Las principales fuentes de financiamiento, aprobadas por la Honorable Cámara de Diputados, son las siguientes:

1.- Gravamen de 2 centavos de dólar por libra de cobre exportado por la pequeña y mediana minería sin refinar, existiendo capacidad para hacerlo en las plantas de ENAMI, disposición que produciría un rendimiento de 50 millones de escudos, si se considera la capacidad actual de fundición y refinación de la referida Empresa.

2.- Sobretasa a las ventas de cobre fino realizadas por la pequeña y mediana minería. Su rendimiento se estima en la cantidad de 10.632.074 dólares, sobre la base de que la libra de cobre alcance un precio promedio de 60 centavos de dólar.

3.- Sobretasa del impuesto a los intereses, primas u otras remuneraciones que perciban los bancos comerciales, del Estado y Central de Chile y la CORFO por préstamos no reajustables otorgados en moneda corriente a empresas extranjeras, y

4.- Aclaración de la ley de impuesto a las compraventas en lo relativo al impuesto a los servicios, mediante la cual se gravan los mandatos generales de las personas afectas a la segunda categoría de la Ley de la Renta (asignatarios de vegas, ferias, comisionistas, corredores y otros). Este precepto tiene un rendimiento aproximado de Eº 800 millones.

Los datos del costo del proyecto y su financiamiento, los detallaremos más adelante, al referirnos a la exposición que hizo, ante vuestras Comisiones, el señor Ministro de Hacienda.

E.- Normas para la aplicación de los reajustes.

Esta materia está reglamentada en los artículos 12 a 20, inclusive, y 31.

En general, estos preceptos tienen por objeto mantener determinadas normas que se han incorporado en los proyectos de reajustes para años anteriores, tanto para el sector público como para el privado. Así, se da expresa vigencia a ciertos artículos de las leyes Nºs. 16.617 y 16.840, y del D. F. L. Nº 1, de 1969, que legislaron sobre reajustes para 1967, 1968 y 1969, respectivamente.

También se ordena que la primera diferencia de remuneraciones que resulte de la aplicación del artículo l° del proyecto, ingresará a las Cajas de Previsión en seis cuotas mensuales iguales, a contar de enero de 1970.

F.- Otras disposiciones.

En virtud del artículo 37, se limita a un 28% el porcentaje de alzas de precios que podrán autorizarse en 1970 para artículos de primera necesidad, tarifas de servicios de utilidad pública y productos sujetos a márgenes de comercialización. Se establece, además, la prohibición de conceder más de un alza para un mismo producto en el curso del citado año.

El artículo 40 ordena el pago de una indemnización ascendente a un mes por año de servicio a los empleados y obreros del sector privado que sean despedidos o cuyos contratos terminen, salvo que hayan incurrido en alguna causal de caducidad del contrato de las establecidas en los Nºs. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11 del artículo 2º de la ley Nº 16.455. Este pago incluye gratificaciones y asignación familiar.

Discusión general del proyecto.

En esta oportunidad, se oyeron las intervenciones del señor Ministro de Hacienda, de los representantes de la Central Única de Trabajadores, Cámara Central de Comercio, Empresa Nacional de Minería y Cámara Chilena de la construcción, las que reseñaremos a continuación.

Exposición del señor Ministro de Hacienda.

En primer término, el señor Ministro se refirió al reajuste general para el sector público, concedido sobre las bases acordadas entre el Ejecutivo y la Central Ínica de Trabajadores, y a las que ya hicimos referencia anteriormente.

Hizo hincapié en que el 28% de reajuste otorgado al personal del sector público, con los aumentos previstos para el caso de que el costo de la vida para 1969 tenga un incremento superior al 29,5%, y con el reajuste del 100% del índice de alza de precios al consumidor respecto de las asignaciones familiares, está destinado a beneficiar principalmente a los sectores de rentas más modestas y con mayor número de cargas de familia. Ello, porque la inflación menoscaba mucho más la situación de estas personas que la de aquellas de ingresos más elevados En atención a este hecho se otorga, además, a estos funcionarios una bonificación adicional de Eº 20 por carga familiar.

Agregó que si se estudia el caso de un funcionario público que tenga una renta de Eº 700 mensuales y tres cargas de familia, que puede estimarse como caso tipo, debe concluirse que el reajuste real que le otorga el proyecto no sería del orden del 28% sino del 32 al 33%, en virtud, fundamentalmente, de dicha bonificación compensatoria de la asignación familiar.

Expresó que se excluye de este último beneficio al personal que no está sometido a las disposiciones de esta iniciativa o del reajuste general del 28%, tales como Fuerzas Armadas, Carabineros, Poder Judicial, Sindicatura de Quiebras, Médicos y Profesores, por cuanto no parecía justo que con lo que aporta el sector público civil se favorezca también a quienes están sujetos a sistemas especiales de aumentos de remuneraciones.

En seguida, abordó el significado de la incorporación al sueldo, con carácter de imponible, de la asignación establecida en el artículo l9, incisos segundo y tercero, de la ley Nº 16.840.

Sobre esta materia destacó que, además del beneficio de la imponibilidad de esa bonificación que se otorga a los personales de las instituciones afectas a las escalas de sueldo del D.F.L. Nº 40, de 1959, y a los no incluidos en dicho cuerpo legal, debía considerarse que dicha asignación se concede también, con carácter de imponible, a diversos servicios que antes no gozaban de ella. Citó el caso de Correos y Telégrafos que, por este concepto, pasará a tener un reajuste adicional; el del personal del Registro Civil y de otros grupos de funcionarios públicos.

En cuanto a la fijación del salario mínimo del sector privado en Eº 12, manifestó que con ello también se beneficiarán aquellos jornaleros y obreros del sector público acogidos a tal régimen de salarios.

Por último, el señor Ministro se refirió al costo global de los reajustes para 1970.

Expresó que los aumentos establecidos en conformidad a los acuerdos celebrados con la Central Única de Trabajadores se elevan a un monto de Eº 2.219,10 millones, según el siguiente cuadro:

Costo reajuste general.

Acuerdo C.U.T.

COSTO REAJUSTE GENERAL.

COSTO REAJUSTE GENERAL

Exposición de don Luis Figueroa M., Presidente de la Central Unica de Trabajadores.

En primer término, señaló que la CUT suscribió un acta de acuerdo con el Gobierno sobre reajustes que, en términos generales, constituye un paso positivo, ya que, aun cuando no resuelve todos los problemas que los trabajadores han planteado, en todo caso representa un avance en relación con esta materia, teniendo en cuenta las políticas de reajuste que han venido aplicando en Chile desde el año 1956, época en que se dictó la primera ley de congelación de sueldos y salarios. Con todo, el acta en referencia contiene, por así decirlo, la aspiración mínima de los trabajadores.

Por ejemplo, la Central Unica presentó la petición de un salario mínimo de Eº 16, que es "el equivalente a la dieta mínima establecida por el Departamento de Nutrición del Servicio Nacional de Salud para cuatro personas. No hubo posibilidad de llegar a acuerdo con el Ejecutivo sobre esta cifra y, finalmente, se aprobó, de común acuerdo, un salario mínimo de Eº 12, que significa un aumento de 60,4%. Naturalmente que los trabajadores aspiran a un salario mínimo a lo menos de Eº 16.

Respecto del sueldo vital se solicitó también un reajuste superior, puesto que aquél ha sufrido un deterioro real por efecto de las leyes de congelación. En efecto, si se compara en moneda constante del año 1969 el sueldo vital del año 1953, se llega a la conclusión de que el sueldo vital ha disminuido su poder comprador en más de un 80%. Sin embargo, no hubo posibilidad de llegar a acuerdo sobre esta materia y se debió aceptar, para poder concluir el compromiso, que el sueldo vital se reajustara en un 100% del índice del costo de la vida.

En seguida, respecto de otras materias, en el Acta, mas no en el proyecto, hay otros compromisos. Por ejemplo, el Gobierno se obligó a establecer un reajuste para la asignación familiar del Servicio de Seguro Social, de un 50%. Como esto no es materia de ley, sino de resolución, de acuerdo con las atribuciones del Consejo del Servicio de Seguro Social, no está incluido en el proyecto, pero la CUT espera que el Gobierno cumplirá este compromiso.

Pasando a otros aspectos, señaló que la organización que dirige ha venido sosteniendo, desde hace tiempo, la necesidad de una reforma de la previsión, en general, por tratarse de una legislación frondosa que se hace necesario corregir. En este punto se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo para hacer una reforma parcial de las leyes orgánicas de las Cajas para lograr la supresión de un sistema que los trabajadores estiman arbitrario y en virtud del cual el Presidente de la República, por decreto supremo, designa los Consejeros obreros o empleados, en las distintas Cajas de Previsión.

Al respecto, se plantearon dos cuestiones:

1.- Establecer Consejos en las Cajas de Previsión, de composición, a lo menos, paritaria, es decir, con la mitad de representación de los trabajadores y la mitad de representación del Gobierno, y

2.- Que en los Consejos donde hay mayoría de representación de los trabajadores, ésta se mantenga, pero que los representantes sean elegidos directamente por los imponentes, las organizaciones sindicales, a través de un sistema que sea democrático y suficientemente representativo.

Agregó que se insistió en la necesidad de que la Central Única de Trabajadores tenga, a lo menos, un representante en cada Caja, con el objeto de poder continuar haciendo esfuerzos para lograr una política común en materia previsional.

Ahora bien, prosiguió, el proyecto enviado por el Ejecutivo responde, en términos generales, a la letra y al espíritu del convenio. Sin embargo, hay algunos aspectos de la iniciativa que es necesario aclarar y mejorar.

Por ejemplo, respecto del fondo disponible de la asignación familiar, el acuerdo con el Gobierno fue establecer un fondo de redistribución de rentas, a través del cual aportaban los trabajadores del sector civil el 1,5% de diferencia entre el aumento experimentado por el costo de la vida en el presente año (29,5%) y el reajuste que recibirán (28%) y el Gobierno, por su parte, aportaba la diferencia. En esta forma, las asignaciones familiares, reajustadas en un 100% del alza del costo de la vida, se incrementarían en Eº 20 por carga para todos los funcionarios civiles, exceptuando a los que tienen compromisos especiales (Poder Judicial, médicos del Servicio Nacional de Salud, etc.). Sin embargo, en el texto del proyecto actualmente en debate han quedado fuera los jubilados. Los que se rigen por el sistema de "perseguidora", obtendrán el incremento respectivo, pero los que se rigen por otro sistema, como el de la revalorización de pensiones, no aparecen claramente contemplados en la ley y quedan, hasta ahora por lo menos, sin recibir el aumento de la asignación familiar.

Otro tanto ocurre respecto del Magisterio. Este sector estuvo plenamente de acuerdo con hacer el aporte del punto coma cinco al fondo de incremento de las asignaciones familiares. Sin embargo, tal vez por razones de redacción, quedó excluido de este beneficio, a pesar de que el Ministro de Hacienda manifestó que no tenía ningún inconveniente en concedérselos si los profesores estaban dispuestos a aportar dicho 1,5.

Lo mismo en relación a la primera diferencia que van a la Caja. Se estableció en el acuerdo que esta diferencia se pagaría en seis cuotas, pero al excluirse expresamente en el artículo 1° al Magisterio, éste deberá pagar de una sola vez dicha diferencia, cuestión que tampoco está dentro de lo convenido.

En seguida, se estableció que la asignación de 7,5% creada por la ley Nº 16.840, se incorporaba al grado en todos los servicios que forman parte de la escala ANEF. El problema surgió en otros servicios, que no pertenecen a la citada escala, como la Universidad de Chile, Ferrocarriles, etc., que tienen otro tipo de escala de remuneraciones. Se convino, al respecto, disponer que este 7,5% tenía la calidad y efectos del sueldo base, para tales instituciones, pero no se incorporaba al grado.

Señaló, en seguida, en relación con lo anterior, que existe un problema respecto de Ferrocarriles del Estado, empresa que tiene numerosas remuneraciones anexas que dificultan el cálculo de los beneficios que corresponden a su personal. Esta situación, que se viene arrastrando desde hace tiempo, no es solucionada en forma clara por el proyecto, el que, a su juicio, debe ser modificado en este aspecto.

En seguida, hay otro asunto que no estaría claro en el proyecto. Todas las asignaciones familiares, según el acta, se reajustarán en el alza del índice del costo de la vida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969 y se incrementarán en Eº 20 las actuales asignaciones de Eº 37. No obstante, los personales del agro, como INDAP, CORA, Servicio Agrícola y Ganadero y otros, tienen un estatuto especial sobre la materia, ya que en algunos casos están asimilados al régimen de los empleados particulares, por lo que se ha estimado que es la Caja respectiva la que debería reajustar las asignaciones familiares de estos funcionarios. En virtud de esta situación, éstos no recibieron reajuste de este beneficio en 1969, por lo que es necesario aclarar este punto en el proyecto, para que esta situación anómala no vuelva a repetirse.

Reiteró que quedó perfectamente claro en las conversaciones con el Gobierno que todas las asignaciones, cualquiera que fuera su monto, se reajustarían en el índice y se incrementarían las de Eº 37, que actualmente perciben los funcionarios del sector civil.

Ahora bien, prosiguió, respecto de la imponibilidad, la CUT planteó la reivindicación del 100% de la remuneración imponible. Se discutió este asunto y se llegó al acuerdo de establecer un tope. A los personales que tienen una imponibilidad del 100%, la Central Unica y el Gobierno convinieron mantenérsela; respecto de; los que tienen 90, 82 u 80%, siempre que sea superior a 70%, se les mantiene en los mismos porcentajes ya establecidos por la ley. Pero, hacia abajo, ningún funcionario público tendrá una imponibilidad inferior al 70% de su remuneración.

Al respecto señaló que algunos servicios semifiscales tienen una imponibilidad real de 31, 35, 41 y 45% del total de sus ingresos. Para remediar lo anterior, se destinaron, de los recursos, Eº 17.000.000 para establecer una nivelación, a fin de que nadie que preste servicios en el sector público tenga una imponibilidad inferior al 70% de la remuneración.

Así está claramente establecido en el Acta. Sin embargo, los funcionarios del Ministerio de Educación sostienen que tal como está redactada la disposición, pudiera disminuirse la imponibilidad actual de sus remuneraciones.

Expresó, en seguida, que, la Central Unica de Trabajadores espera que en este trámite del Senado se corrijan estas omisiones con el objeto de que quede esto suficientemente claro.

En cuanto a los acuerdos especiales a que han llegado los personales de varios servicios postergados, como Registro Civil, Registro Electoral, Casa de Moneda, etc., manifestó que ellos no están detallados en el Acta, pero el compromiso suscrito establece que, además del reajuste general, en aquellos sectores de la Administración Pública donde había acuerdo de otorgar reajustes complementarios, esos reajustes, que pueden ser concedidos, en su caso, por vía de reestructuración, modificación de escala, corrida de grados u otras formas, se cumplirán.

Finalmente, recalcó que el reajuste, tal como está pactado, representa un mínimo, para la Administración Pública, del 33% y un promedio del 40% de aumento. De tal modo es falso lo que se dice en el sentido de que la Central Unica de Trabajadores ha pactado con el Gobierno un reajuste del 28%. Dicho porcentaje se estableció con el objeto de obtener un punto coma cinco para el fondo de redistribución de las asignaciones, que permite beneficiar a los sectores de más bajos ingresos, con un incremento que significa un reajuste superior para el sector civil. Por ejemplo, un funcionario que gane Eº 500, con tres cargas familiares, viene a obtener, además de este 28% establecido, o la diferencia según suba el índice, según está establecido en el proyecto, un 14% más de reajuste a través de la asignación familiar.

Exposición del Presidente de la Cámara Central de Comercio, don Luis Correa Prieto.

El señor Correa se refirió a las disposiciones del proyecto que, a su juicio, afectan directamente a la actividad comercial. Expresó que al artículo 28, propende al encarecimiento de las actividades económicas, porque afecta a los servicios profesionales al gravar con un impuesto de 17% (impuesto a los servicios) los ingresos de los mandatarios generales. En esta forma, se encarecerán los honorarios que aquéllos cobren lo que, en definitiva, perjudicará al consumidor.

Respecto del artículo 37, explicó que contiene una norma de congelación de reajustes de precios, por la vía legislativa, que en la práctica no ha dado resultados positivos. Así, existe en el país una larga histeria, desde 1930, en este sentido, que ofrece una ininterrumpida serie de fracasos, y los escasos logros, siempre ocasionales, que no alcanzaron a transformar la tendencia general.

La disposición prohibe la elevación por sobre el 28%, durante el año 1970, del reajuste de los precios vigentes al 31 de diciembre de 1969, sin distinguir si se trata de los productos sometidos al régimen de fijación de precios o de los demás, lo que -en su opinión- entraña una grave confusión.

Existe consenso en que mientras a más artículos se extiende la fijación de precios, más ineficaz es el control.

Seguidamente, señaló la falta de concordancia entre la expresión "productos" contenida en esta norma, y la de "artículos" - que comprende bienes y servicios de primera necesidad sometidos a fijación de precios- que utiliza la reglamentación vigente; la carencia de normas respecto de la fijación de tope de reajustes de precios en relación a los márgenes de comercialización, que suelen fijarse principalmente a los comerciantes detallistas; la inconsecuencia de la regla que establece que en ningún caso podrá autorizarse el alza de un artículo más de una vez por año, ya que si por ejemplo se lo reajusta en enero en un 6% no podría volver a ser alzado después hasta el tope del 28%, y, finalmente, la indeterminación de la expresión "otorgado el aumento" ya que en la actualidad existen a lo menos tres sistemas al respecto: decretos del Ministerio de Economía, resoluciones de DIRINCO y cartas entre los industriales y el Gobierno en los artículos que no son de primera necesidad.

Asimismo, criticó la norma que dispone que si el alza se concede por otro funcionario que el Director de DIRINCO, debe éste o el servicio respectivo, enviar a las Oficinas de Informaciones de ambas ramas del Congreso Nacional los antecedentes respectivos.

Finalmente, hizo hincapié en que la disposición no considera factores del costo como salarios, comercio exterior y tipo de cambio que no están sujetos a control, y cuya incidencia no puede determinarse a priori, razón por la cual la cifra de 28% le parece arbitraria. Por último, expresó que si bien comprendía que la norma pretende disminuir la inflación, la experiencia demostraba que por esta vía era imposible conseguirlo.

Exposición del señor Carlos Lagos M., Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.

El señor Lagos se refirió a los artículos 36 y 40 del proyecto.

Expresó que la primera de dichas disposiciones deroga el incentivo a la capitalización de las empresas constructoras de viviendas económicas, que eximió del pago del impuesto global complementario a los socios de las mismas que capitalicen sus utilidades durante el plazo de cinco años, en condiciones de gran estrictez que fueron establecidas en el reglamento dictado por el Servicio de Impuestos Internos.

Dicho incentivo que sólo favorece a las empresas medianas y pequeñas, pues las grandes están constituidas como Sociedades Anónimas, fue producto de estudios efectuados por el Ejecutivo con la Cámara Chilena de la Construcción, en 1968, con motivo del anuncio hecho por el Ministro de Hacienda de que se derogarían las exenciones al impuesto global complementario.

Hizo presente que en el primer semestre de 1969 se inició la construcción de 13.162 viviendas, de las cuales 10.267 (78%) corresponden al sector privado y 2.895 (22%) al público. Además, que el sector privado acusó un incremento del 32% con respecto a igual período de 1968, en tanto que el público mostró una baja del 55% en relación al mismo lapso, lo que destaca la importancia del sector privado y del artículo que se propone derogar.

Por otra parte -prosiguió- la cifra de 50 millones de escudos que se ha dado como posible rendimiento de la disposición es ilusoria. En efecto, el rendimiento total del impuesto global complementario correspondiente al sector viviendas económicas para el año 1969 -pues sólo parte de él hace uso de la franquicia-, calculado por el Servicio de Impuestos Internos, asciende a 16 millones de escudos, cifra inferior a un tercio de la mencionada.

Manifestó, además, que la relación entre las viviendas de los sectores público y privado se calcula entre viviendas comparables. Respecto de la cifra antes mencionada de viviendas construidas por el sector privado, expuso que poco más del 70% se vendía a través de Asociaciones de Ahorro y Préstamos, y que el financiamiento de la construcción de las mismas era normalmente de íntegro origen privado, pues eran relativamente escasos los préstamos de construcción otorgados por las Asociaciones de Ahorro y Préstamos.

En cuanto a la especie de que las viviendas construidas por el sector privado sólo el 30% era financiado por los empresarios y el 70% por el Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos, manifestó que ello no se ajustaba a la realidad, pero que sí lo sería en caso de que el mencionado

70% se prestara efectivamente al sector privado previamente a la construcción. Sin embargo, aclaró, ocurre que el sector privado vende construido y recupera el financiamiento invertido al vender.

Con relación a que la franquicia que se deroga beneficiaría únicamente a las personas naturales socias de empresas constructoras y no a éstas, y que algunas viviendas se financiarían por las Asociaciones de Ahorro y Préstamo durante su construcción, explicó que si bien la exención del 50% del global complementario favorece a las personas naturales, ello se debe a que los recursos correspondientes quedan capitalizados en las empresas -en condiciones muy estrictas y controladas-, de modo que al desaparecer la franquicia, de la que gozan por lo demás en un 100% las sociedades anónimas, termina el incentivo de capitalización.

Respecto de la indemnización de un mes por año de servicios contenida en el artículo 40, calculó que existen en el país 2 millones de trabajadores en el sector privado. Si se presume una renta promedio baja, de Eº 660 mensuales incluidas gratificaciones y asignación familiar -esto es Eº 8.000 anuales-, se obtiene un ingreso anual de este sector de Eº 16.000 millones al año. Acotó que la indemnización de un mes por año equivaldría 1/12 de dicha suma, o sea 8,33%, y si se considera que también cubre las fracciones superiores a 6 meses, se puede llegar al 9% de los 16 millones de escudos, es decir a un costo de 1.440 millones de escudos.

Al respecto, hizo presente la extraordinaria gravedad que reviste el imponer al sector privado, en forma repentina, una contribución de alrededor de 1.500 millones de escudos.

Dicha cifra debería acumularse año tras año si no fuera con efecto retroactivo; o sea, si la indemnización del trabajador se empezara a contar desde el día del despacho de la ley. Pero, si se la cuenta con efecto retroactivo y se suponen nada más que diez años de promedio de antigüedad de cada trabajador, debería haber capitalizado una suma de 15.000 millones de escudos para poder hacer frente a este beneficio.

Exposición del señor Presidente de la Sociedad Nacional de Minería.

El señor Cuevas Mackenna expresó que los artículos 23 y 24 eliminan las exenciones de exportación de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Aisén y Magallanes, y de la pequeña minería, que contempla la ley Nº 15.575.

Primeramente, señaló que estas disposiciones no aportan, en realidad, financiamiento al reajuste del Sector Público, porque, más adelante, se destinan estos mismos recursos a la Empresa Nacional de Minería para el fomento de las cooperativas.

En segundo lugar, el rendimiento de estas disposiciones es ínfimo porque la pequeña minería, salvo en muy contadas excepciones, no ha hecho uso de estas liberaciones y, además, porque la minería de Tarapacá y Antofagasta, gracias a tener la opción de poder exportar, ha obtenido de la Empresa Nacional de Minería la posibilidad de contar con una maquila lo suficientemente conveniente como para no tener ningún interés en seguir exportando.

Esta facultad de poder exportar hizo posible al minero contar con una maquila adecuada. Al aprobarse las normas propuestas, estos productores se verán despojados del único mecanismo que les queda para que la Empresa Nacional dé Minería cumpla un convenio solemne que suscribió con ellos el Presidente de la República, y que lo desahució en 1988, cumpliendo, con ese mismo año, el Gobierno, convenios con la Gran Minería y con empresas importantes del país, que arrojaron una pérdida de US$ 2.800.000.

Es decir, en este caso particular a los pequeños mineros no se les cumplió un convenio solemne que tuvo amplia divulgación y que fue firmado por el Presidente de la República. Sin embargo, hubo fondos que salieron de la pequeña minería para poder cumplir un convenio suscrito con grandes empresas productoras.

Eliminar el último recurso que tiene la Pequeña Minería para poder exportar es, a su juicio, extirparle la postrera herramienta de defensa que ella posee.

Agrega el señor Cuevas que las maquilas de la Empresa Nacional de Minería han subido en un 50% en moneda dólar desde 1967 a esta fecha, lo que, en moneda nacional, significa un 200 ó 300% de aumento. A los pequeños mineros, que trabajan en minerales con 3% de ley y a US$ 0,50 la libra, no les queda un centavo ni para el flete de los minerales ni para la explotación de la mina, puesto que todo el dinero se lo lleva la Empresa Nacional de Minería. En estas circunstancias, se pretende arrebatar la única herramienta que tienen los mineros para discutir por maquilas justas, después de haberse desahuciado un convenio solemne, argumentando que los recursos podrían servir para el financiamiento del reajuste cuando la misma disposición destina estos fondos a un objeto distinto de aquel que preocupa en este momento al Senado.

Expresó, en seguida, que las empresas que están actualmente exportando son muy pocas, pues lo eran principalmente los productores de cemento de cobre, pero como la ENAMI otorgó una maquila conveniente a estos productores, hoy día están vendiendo su producción dentro del país. Pero hay algunos pequeños mineros, que a juicio del señor Cuevas no son tan pequeños, que están exportando de común acuerdo con la ENAMI. De tal manera que este recurso de opción o posibilidad de exportar para obtener maquilas adecuadas dentro del país, tienen la ventaja de ser el único medio para poderlas conseguir rebajadas o aceptables a los intereses de los mineros.

El señor Ballesteros preguntó si el deseo de mantener esta disposición obedece a un factor de presión de los pequeños mineros frente a ENAMI para la fijación de la maquila.

El señor Cuevas respondió afirmativamente y señaló que son normas que deben ser discutidas con cierta calma y, además, porque los posibles recursos que ellas producen no están destinados a financiar, como lo había expresado, el reajuste de remuneraciones del Sector Público.

El señor Ibáñez expresó que de lo expuesto por el señor Cuevas

Mackenna se deduce que las maquilas que cobra ENAMI son demasiado subidas y que, en definitiva, son los pequeños mineros los que están subvencionando la existencia de ENAMI.

El señor Cuevas respondía que coincidía con el señor Ibáñez en esta materia.

Prosiguió el señor Cuevas señalando que el otro punto que le merecía objeción era la interpretación, con efecto retroactivo, que el artículo 25 del proyecto le otorga, en cierto sentido, a la ley de Fomento de las Exportaciones. La Sociedad Nacional de Minería no tiene observación que hacer si esta ley se interpreta con validez para el futuro, pero estima que el interpretarla con efecto retroactivo es crear una situación totalmente irregular a personas que han actuado de buena fe de acuerdo con las leyes existentes al momento de contratar.

El señor Valente reiteró la pregunta del señor Ballesteros en el sentido de precisar el número de empresarios o pequeños mineros que están afectados por la disposición del artículo 23 de este proyecto, con indicación del tonelaje de exportación de los pequeños mineros.

El señor Cuevas respondió que con estas disposiciones los afectados son todos los pequeños mineros, porque no van a contar con ninguna herramienta para poder obtener la rebaja de maquilas. Reconoció, sin embargo, que la Pequeña Minería está actualmente liberada del impuesto de dos centavos de dólar con libre importación, como asimismo la minería de las provincias del norte y del sur del país. Las provincias del norte han solucionado su problema y tienen una maquila de cementos tan baja como cualquiera otra en el mundo y, por esta razón, hoy día siguen entregando sus productos en el país. Quedan sólo los pequeños mineros que, en su 99%, no exportan, pero teniendo la opción de exportar pueden presionar para obtener buenas maquilas, tal como las consiguieron los que producen cementos de cobre.

De tal manera, concluyó el señor Cuevas, que la aplicación de estas disposiciones, afecta al 99% de los pequeños mineros.

Por otra parte, señaló que con estas nuevas maquilas todos los productores de mineral desean venderle sus productos a ENAMI, habiendo algunos pequeños mineros que exportan directamente al extranjero, pero sin antes tratar la venta con la misma entidad; y con respecto al tonelaje de mineral que la Pequeña Minería la entrega a ENAMI para su exportación, informó que él alcanza a alrededor de ochenta mil toneladas anuales.

En lo que se refiere al sobreprecio a aplicarse a la Mjediana Minería, el señor Cuevas estima que debería aplicarse en condiciones relativamente similares a aquellas de la Gran Minería. Por otra parte, considera que con ese sobreprecio aplicado en la forma antedicha no se producirá el mismo tropiezo que el Presidente Frei trataba de evitar, cual es que cuando un pequeño minero pueda llegar a la condición de mediano minero lo único que va a querer es no ser mediano minero, deteniendo, por consiguiente, el proceso de producción.

Por unanimidad, vuestras Comisiones aprobaron la idea de legislar sobre esta materia;

Discusión particular.

En seguida, consignamos los acuerdos más importantes adoptados por vuestras Comisiones en el estudio en particular de la iniciativa.

Artículo 1º

En virtud de este precepto, se reajustan en un 28%, a contar del 1° de enero de 1970, las remuneraciones permanentes de que gozaban al 31 de diciembre de 1969 los empleados y obreros del sector público y de las Municipalidades, excluidas sólo las horas extraordinarias, las asignaciones de alimentación y las que constituyen porcentajes de los sueldos.

En el caso de que el índice de precios al consumidor experimentare entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969 un alza superior al 29,5%, el reajuste mencionado se incrementará en tantos puntos y fracciones de puntos como sean los que excedan de 29,5% en el alza del índice antes señalado.

Se agrega, que el reajuste se calculará sobre las remuneraciones indicadas, incrementadas con la asignación que otorgó el D.F.L. Nº 1, de 1969 -que reajustó las remuneraciones para ese año-, y con la asignación de 7,5% creada en la ley Nº 16.840.

Por último, se señala que lo dispuesto en el precepto no se aplicará a los personales activo o pasivo de las Fuerzas Armadas, Subsecretarías de la Defensa Nacional, Carabineros de Chile, Servicio de Investigaciones, Poder Judicial, Sindicatura General de Quiebras, personal afecto al Estatuto Médico Funcionario y personal del Magisterio que se rige por el artículo 39 de la ley Nº 16.930.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron esta norma.

Artículo 2º

Esta disposición reajusta, a contar del 1° de enero de 1970, en un 100% del alza que experimente el costo de la vida en el año 1969, la asignación familiar de los empleados, obreros y pensionados del sector público.

Además, establece una bonificación complementaria y permanente de Eº 20 por cada asignación familiar.

El Honorable Senador señor Miranda manifestó que le parecía injusto que se privara del beneficio de la citada bonificación complementaria al personal del Magisterio.

El Honorable Senador señor Altamirano expresó que, a su juicio, la redacción del precepto era defectuosa, pues excluía también del beneficio indicado al personal pasivo.

El señor Ministro de Hacienda manifestó que la exclusión del personal del Magisterio se debe a que la señalada bonificación de Eº 20 sólo se ha otorgado a aquellos servicios que no gozarán de reajustes especiales. Agregó que el Fondo que hará posible el pago de dicho emolumento se formará fundamentalmente con el aporte de los personales que lo percibirán, los que recibirán un reajuste del 28%, aunque el alza del costo de la vida llegará probablemente a un 29,5% sacrificando el 1,5% de diferencia para el objetivo señalado. Puntualizó que no le parecía justo que quienes no realizaran este sacrificio se vean favorecidos con un beneficio debido al aporte de los demás.

Luego, hizo presente que la Federación de Educadores de Chile le había hecho llegar, con esta fecha, una argumentación en el sentido de que el Magisterio también se vería afectado por el sacrificio a que se ha venido refiriendo, toda vez que en virtud del mecanismo existente en el Acuerdo Magisterial para el reajuste de este sector, se considera como base el porcentaje de reajuste general, lo que determina que respecto de aquél exista también una disminución de un 1,5%.

Respecto de esta materia, señaló el señor Ministro que estaba dispuesto a analizar las razones expuestas por el profesorado, que a primera vista parecen valederas, y en el caso de comprobar que éste estaba realmente haciendo un aporte para el Fondo de Redistribución de la Asignación Familiar, no tendría inconveniente en otorgarle la bonificación de Eº 20 por carga.

En cuanto a si el beneficio en referencia alcanzaría o no al sector pasivo, manifestó que era la intención del Ejecutivo favorecer también a este sector, por lo que se comprometía a hacer la indicación pertinente con el objeto de que quede claramente establecido en la ley que en el artículo 2º están incluidos todos los jubilados que gozan de la asignación familiar fiscal de Eº 37.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa manifestó que, a su juicio, las asignaciones familiares deben ser de igual monto para todos. En consecuencia, sería justo otorgar la bonificación de Eº 20 por carga respecto de las 357.000 que, según el proyecto, no la recibirán, lo que representaría un mayor gasto de no más de 86 millones de escudos. Al efecto, solicitó del Ejecutivo el otorgamiento del patrocinio constitucional de una iniciativa en ese sentido.

Con la sola abstención del Honorable Senador señor Silva, vuestras Comisiones aprobaron este artículo.

Al fundamentar sus votos afirmativos, los Honorables Senadores señores Ibáñez y Montes expresaron que acogían la .disposición sobre la base de lo prometido por el Ministro, en el sentido de corregirla con el objeto de que no quede duda que ella también beneficia a los jubilados del sector público.

Artículo 3º

Este precepto dispone que al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del regido por la ley Nº 15.076 y del sujeto a tarifado gráfico, le será aplicable el reajuste dispuesto en el artículo 1º del proyecto, y agrega que en todo caso, a contar del 1º de enero de 1970, las categorías y grados de las escalas de sueldos de estos funcionarios tendrán un aumento que signifique alcanzar un 94% de la escala ANEF.

Con leves enmiendas de redacción, vuestras Comisiones aprobaron unánimemente este artículo.

Artículo 4º

Esta norma concede en el año 1970, al personal del Servicio Nacional de Salud indicado en el artículo anterior, una bonificación no imponible de Eº 1.140, pagadera en tres cuotas.

El señor Ministro de Hacienda expresó que tanto esta disposición como la precedente eran el resultado de un acuerdo a que llegó el Gobierno con la Federación de los Trabajadores de la Salud.

Con la sola abstención del Honorable Senador señor Silva Ulloa, vuestras Comisiones aprobaron también este precepto.

Artículo 5º

Esta disposición incorpora la asignación de un 7,5% establecida en el artículo 1º de la ley Nº 16.840 y aumentada por el D.F.L. 1, de 1969, a las escalas de sueldos del D.F.L. Nº 40, de 1959, llamada escala ANEF, e incorpora dicha asignación al sueldo de los funcionarios no afectos a dicha escala, pero sólo en la proporción en que sean imponibles sus remuneraciones.

Vuestras Comisiones, sin debate y por unanimidad, aprobaron asimismo esta norma.

Artículo 6º

Por medio de esta norma se hace aplicable para 1970 lo dispuesto en el artículo 174 de la ley Nº 16.840, el que se comprende por su sola lectura.

Al igual que en el caso anterior, vuestras Comisiones aprobaron por unanimidad este artículo.

Artículo 7º

Dispone que a partir del 1º de enero de 1970 serán imponibles las bonificaciones, asignaciones y, en general, todas las remuneraciones de carácter general y permanente de que gozan los empleados a quienes afecta el artículo 99 de la ley Nº 16.617, pero con los límites porcentuales fijados en dicha norma, esto es, sólo en un 70%.

El señor Ministro de Hacienda manifestó que esta disposición tenía por objeto concretar uno de los puntos del acuerdo suscrito con la Central Única de Trabajadores, en el sentido de llevar la imponibilidad de las remuneraciones del personal de la administración civil del Estado a un 70%, respecto de aquellas que tienen en la actualidad un porcentaje menor de imponibilidad.

Vuestras Comisiones observaron defectos de redacción en la norma que podría determinar una interpretación distinta al espíritu manifestado por el señor Ministro. Sin embargo, y por unanimidad, decidieron aprobarla sobre la base de lo aseverado por el representante del Ejecutivo y sin perjuicio de someter esta disposición a un más detenido estudio en el trámite de segundo informe.

Artículo 8º

Introduce diversas modificaciones a la ley Nº 15.076, destinadas fundamentalmente a aumentar el sueldo base mensual de los profesionales afectos a ella, el que se eleva, a contar del l° de enero de 1970, a un sueldo vital, escala A), del departamento de Santiago, por cada hora diaria de trabajo. Además, se introducen enmiendas a la ley citada referentes al pago de las horas extraordinarias que sirva este personal en días y horas hábiles, y a otorgar una mayor flexibilidad al régimen de incompatibilidades horarias que los rige, especialmente respecto de los que laboran en maternidades, postas y servicios de urgencia en general.

Por unanimidad, vuestras Comisiones aprobaron el precepto.

Establece que los trabajadores que laboran en la extracción de materiales para la construcción recibirán en sus salarios o tratos un reajuste equivalente al 100% del alza del costo de la vida durante el año 1969.

Con las abstenciones de los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma, vuestras Comisiones resolvieron acoger este artículo y trasladarlo al título del proyecto que se refiere al sector privado, como artículo 27. Los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma fundamentaron su abstención en el hecho de que, a su juicio, la situación a que se refiere esta norma está contemplada en el artículo 31 de la iniciativa, que da vigencia, para 1970, al artículo 90 de la ley Nº 16.840.

Artículo 10

Declara que el artículo 1° de la ley Nº 17.015 se limitó a derogar el Párrafo IV del Título II del D.F.L. Nº 338, de 1960, que establece el derecho al sueldo del grado superior respecto de ciertos Servicios enumerados en el mismo artículo citado, derogación que rigió a contar desde el 1° de enero de 1969. Agrega que, en consecuencia, los funcionarios que adquirieron antes de esa fecha algunos de los beneficios establecidos en el referido Párrafo, lo han conservado con posterioridad.

En virtud del artículo l° de la ley Nº 17.015, ya citada, se sustituyó el beneficio del grado superior, también llamado de quinquenios, por una bonificación equivalente a un 2% de la renta base mensual por cada año de servicios prestados en la administración del Estado, respecto del Servicio de Seguro Social, Servicio Médico Nacional de Empleados, Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y otros organismos.

Esta modificación del estatuto de dichas instituciones se introdujo, según el señor Ministro de Hacienda, a petición de las directivas gremiales respectivas y en razón de representar, la bonificación citada, un mayor beneficio para los funcionarios de rentas más bajas que el otorgado por el derecho al sueldo del grado superior.

El señor Ministro de Hacienda hizo presente que manifestó oportunamente a los interesados que la sustitución en referencia perjudicaría al personal de más altas rentas, situación que fue paliada mediante las siguientes medidas: la incorporación de un artículo transitorio en la ley referida, que estableció que la aplicación del nuevo sistema no implicaría disminución de remuneraciones y el acuerdo de que el personal disfrutaría de los dos beneficios, o sea, el del sueldo del grado superior y el del 2%, durante el lapso comprendido entre septiembre y diciembre de 1968. Según el acuerdo a que se llegó con las mencionadas directivas gremiales, a partir del 1º de enero de 1969 desaparecería el derecho al sueldo del grado superior, quedando sólo la bonificación del 2%.

Agregó, además, que la Contraloría General de la República, emitió un dictamen que interpretó la norma en referencia en el sentido por él expresado, lo que determinó que los personales afectados recurrieran a la Justicia Ordinaria existiendo en la actualidad un juicio pendiente.

Finalmente, expresó que este artículo -que en alguna medida pretende hacer subsistir conjuntamente ambos derechos- fue aprobado en la Cámara de Diputados con infracción a la Constitución Política del Estado, ya que otorga un incremento de remuneraciones vulnerando el artículo 45 de la Carta Fundamental; no está en absoluto financiado, desatendiendo en consecuencia lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política, y se avoca una causa pendiente.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa manifestó su acuerdo con la norma, la que viene a dar cumplimiento a un compromiso contraído por el Partido Demócrata Cristiano con el gremio semifiscal.

El Honorable Senador señor Fuentealba expresó que efectivamente existió un acuerdo del Partido Demócrata Cristiano con la directiva de la Agrupación de Empleados Semifiscales, compromiso que fue hecho suyo por la actual dirección del Partido y en cuya virtud se introdujo en la ley sobre conversión de deudas del Banco del Estado, que despachó el Congreso, una disposición similar que fue votada favorablemente por toda la representación parlamentaria democratacristiana.

Vuestras Comisiones, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Isla, Morales, Miranda, Lorca y Silva Ulloa, y con las abstenciones de los H. Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez y Palma, aprobaron el artículo. El Honorable Senador señor Ballesteros manifestó, al momento de emitir su voto, que si bien no le cabía duda que la interpretación jurídica del Ejecutivo era la acertada y que el precepto era inconstitucional, no podía votarlo negativamente en razón de la palabra empeñada por los dirigentes de su Partido.

Artículo 11.

Este precepto reemplaza el artículo 21 de los estatutos de la Caja de Previsión de los Empleados de la Empresa de Agua Potable de Santiago, por una disposición que obliga a dicha Caja a reajustar anualmente en el mismo porcentaje en que se aumente el sueldo vital, escala a), del departamento de Santiago, las pensiones de jubilación, invalidez y montepío a cuyo pago está obligada.

El señor Superintendente de Seguridad Social expresó que podían formularse dos reparos a esta norma: uno de carácter formal, ya que dichos estatutos son dictados por el Presidente de la República, y otro de fondo, consistente en la carencia de antecedentes acerca de si el organismo previsional respectivo tiene recursos suficientes para financiar el beneficio que se pretende otorgar. Hizo presente, además, que la Caja citada quedaría, de aprobarse esta iniciativa, en una situación excepcional, ya que con respecto a ella no sería aplicable el sistema de revalorización de pensiones.

Vuestras Comisiones resolvieron suprimir el artículo. Votaron por la supresión los H. Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez, Lorca, Isla y Palma, y por la mantención del artículo los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Artículos 12, 13 y 14.

El artículo 12 señala las normas de aplicación del reajuste establecido en el artículo 1° respecto del personal de la Empresa Portuaria de Chile, haciendo aplicable a la materia las normas contenidas en el artículo 5º del D.F.L. Nº 1, de 1969, sobre reajuste para este año.

El artículo 13 establece que para los efectos del otorgamiento del reajuste se aplicarán ciertas disposiciones contenidas en la ley Nº 16.617, que son usuales en este tipo de iniciativas.

El Honorable Senador señor Montes hizo presente que existía una petición de los trabajadores ferroviarios para agregar, entre las disposiciones de la ley Nº 16.617 que enumera esta norma, también el artículo 91 de esa ley, que establece que el reajuste que corresponde al personal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado se aplicará sobre todas las remuneraciones vigentes de que gozan, que no se determine como un porcentaje del respectivo sueldo o salario base.

El señor Ministro de Hacienda expresó que era innecesario incluir dicho artículo 91, ya que el artículo 1° del proyecto en informe se refiere a la totalidad de las remuneraciones permanentes. Agregó que si lo anterior fuera susceptible de una interpretación distinta, estaba dispuesto a hacer la aclaración del caso en el veto o en el próximo trámite parlamentario de esta iniciativa, previa consulta a la Fiscalía de Ferrocarriles. Finalmente, hizo presente que no deseaba hacer una mención especial a esta institución pues existen otras que están en situación similar como, por ejemplo, la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, y si se hace referencia a una sola de ellas, podría interpretarse la norma del artículo 1° del proyecto restrictivamente respecto las demás.

El Honorable Senador señor Ballesteros solicitó se dejara constancia de que el articule 1° de la iniciativa en informe, al referirse a las remuneraciones permanentes, incluye las comprendidas en el artículo 91 de la ley Nº 16.617, incluso los tratos.

El artículo 14 dispone que con lo establecido en el artículo 1° de esta ley se entiende cumplida la obligación del Presidente de la República, de fijar anualmente las remuneraciones correspondientes al grado uno de las plantas del personal de la Dirección de Obras Públicas.

Vuestras Comisiones Unidas aprobaron, unánimemente, estas tres disposiciones, dejando constancia que lo hacían, respecto del artículo 13, sobre la base de lo aseverado por el señor Ballesteros.

Artículo 15.

Dispone que las pensiones del personal a que se refiere el inciso primero del artículo 1º del proyecto, que se reajustan de acuerdo con sus similares en servicio activo, recibirán como mínimo el mismo porcentaje de reajuste establecido en dicho artículo 1°.

El señor Ministro de Hacienda manifestó que esta norma favorece a un grupo de funcionarios que, en virtud de una ley de 1964, jubiló con" la totalidad de la asignación de estímulo, solare la cual no imponen los empleados en actividad. De tal modo, este sector pasivo no recibiría reajuste sin esta disposición, ya que ellos se retiraron con el 100% de imponibilidad y sus similares en actividad tienen una remuneración imponible de sólo un 70%.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron este artículo.

A continuación, consideraron una indicación del Honorable Senador señor Bossay que dispone que los Jefes de Oficina de la Municipalidad de Santiago, contemplados en el artículo 14 de la ley Nº 11.469, que jubilaron a partir de enero de 1967, y cuyas pensiones no hayan sido reajustadas en los años 1967, 1968 y 1969, recibirán como mínimo un 28% de reajuste, el que será de cargo del organismo de previsión respectivo.

Vuestras Comisiones, por seis votos a favor, tres en contra y una abstención, aprobaron la indicación. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Isla, Lorca, Miranda, Morales y Silva, por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, García e Ibáñez, y se abstuvo el Honorable Senador señor Palma.

Artículo 16.

Prescribe que el Presidente de la República entregará, durante el año 1970, a las instituciones enumeradas en el artículo 239 de la ley Nº 16.840, excluida la Empresa Portuaria de Chile, el Servicio Médico Nacional de Empleados y la Caja de Accidentes del Trabajo, las cantidades necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

El inciso final, establece que los reajustes de remuneraciones del personal médico del Servicio Médico Nacional de Empleados han debido ser y serán exclusivamente de cargo de dicho Servicio.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa expresó que, a su juicio," debía eliminarse de la norma la referencia al Servicio Médico Nacional de Empleados y su inciso final, como una manera de no recargar a ese organismo con gastos que atentarían a la adecuada prestación de los beneficios que debe otorgar en virtud de la ley de medicina curativa. Formulo indicación para efectuar estas supresiones y para eliminar asimismo la referencia a la Caja de Accidentes del Trabajo, organismo que ya no existe.

El señor Ministro de Hacienda manifestó que le parecía lógico gravar al Servicio Médico Nacional de Empleados con la obligación de costear las remuneraciones de su personal médico. Agregó que al Servicio mencionado se le han otorgado recursos verdaderamente cuantiosos, por lo que no constituiría un impacto financiero de alguna magnitud el establecimiento de esta norma.

Vuestras Comisiones Unidas, por seis votos contra cuatro, aprobaron esta disposición y la indicación del Honorable Senador señor Silva Ulloa.

Artículos 17 y 18.

Establecen disposiciones que se comprenden por su sola lectura. Vuestras comisiones las aprobaron por unanimidad.

Artículo 19.

Prescribe que la primera diferencia de las remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del artículo 1° del proyecto, ingresará a las Cajas de Previsión en 6 cuotas mensuales iguales, a contar del mes de enero de 1970.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron esta misma norma, y con la misma votación, acogieron una indicación de los Honorables Senadores señores Acuña, Miranda, Montes, Palma, Silva y Valente, para hacerla extensiva al personal del Magisterio.

Artículo 20.

Señala que el porcentaje de reajuste a que se refiere el artículo 1°, que corresponde al personal de los Ferrocarriles del Estado, se aplicará también sobre las remuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 1969, que no se determinen como un porcentaje del sueldo o salario.

El Honorable Senador señor Chadwick manifestó que era una aspiración de estos funcionarios que la asignación de 7,5% establecida en la ley Nº 16.840 fuera incorporada al sueldo. Agregó que era necesario, además, consultar una disposición expresa respecto de las remuneraciones de estos personales llamadas "de tratos" y "de kilometraje".

El señor Ministro de Hacienda hizo presente que estudiaría la posibilidad de satisfacer este deseo.

En este entendido, vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron el artículo, dejando constancia, a solicitud del Honorable señor Ballesteros, que este precepto no significa que otras instituciones no reajusten la totalidad de sus remuneraciones en virtud del artículo 1°? de la iniciativa de ley en informe.

Artículo 21.

Prescribe que el mayor gasto de cargo fiscal que demanda el proyecto se hará con cargo al ítem respectivo de la ley de Presupuestos para 1970.

Vuestras Comisiones introdujeron una leve enmienda de redacción a la norma y la aprobaron unánimemente.

Artículo 22.

Declara que las importaciones con cobertura diferida cuyos derechos aduaneros puedan cancelarse en la forma señalada en el artículo 164 de la ley Nº 13.305, no constituyen un régimen de importación especial.

El señor Ministro de Hacienda expresó que mediante el Decreto Nº 1.419, dictado el año pasado, el Ejecutivo rebajó los aranceles normales respecto de las importaciones con coberturas diferidas, con el objeto de incentivarlas. Cuando en uso de la facultad que le confiere la ley Nº 16.464, el Presidente de la República quiso modificar el arancel, en razón de haber desaparecido las condiciones que determinaron su implantación, Contraloría General de la República observó el decreto respectivo, arguyendo que dichas importaciones constituían un régimen especial, el que no puede ser modificado por el Presidente de la República de acuerdo con la ley citada.

Agregó, por último, que la posición sustentada por el organismo contralor contradecía la historia de la ley respectiva, en la que consta que las importaciones con cobertura diferida no constituyen un régimen especial.

Vuestras Comisiones Unidas, por unanimidad, aprobaron este artículo.

Artículo 23.

Introduce diversas modificaciones a la ley Nº 15.575.

Salvo las que a continuación os explicaremos, ellas fueron rechazadas unánimemente por vuestras Comisiones Unidas, las que estimaron que carecían de los antecedentes suficientes y del tiempo necesario para estudiar enmiendas legales en una materia de esta importancia.

Igualmente por unanimidad, se acogieron dos modificaciones al artículo 136 de la ley citada.

Por la primera, se grava con un impuesto de dos centavos de dólar por cada libra de metal exportado sin refinar, a las exportaciones de la pequeña minería del cobre.

Por la segunda, exime del impuesto indicado a las exportaciones de la pequeña y mediana minería, cuando no haya en Chile capacidad de fundición o refinación para los productos que se deseen exportar.

Artículo 24

Por las mismas razones que motivaron el rechazo de gran parte del artículo anterior, la unanimidad de vuestras Comisiones suprimieron también éste.

Artículo 25.

Dispone que la exención tributaria de pleno derecho a que se refiere el artículo 3º de la ley Nº 16.528, no constituye exención del impuesto establecido en los artículos 134 y siguientes de la ley Nº 15.575, a la que nos hemos referido al explicaros el artículo 23.

El Honorable Senador señor García manifestó que existen juicios pendientes sobre la materia y que le parece absolutamente inadecuado el procedimiento de resolver las causas judiciales por ley.

Vuestras Comisiones, por seis votos contra cuatro, aprobaron el artículo. Votaron por la afirmativa, los Honorables Senadores señores Ballesteros, Isla, Lorca, Miranda, Montes y Silva, y por la negativa, los Honorables Senadores señores García, Morales, Ibáñez y Palma.

Artículo 26.

Prescribe que anualmente se establecerá para cada productor de cobre de la mediana minería el costo de producción, y se agregará 15 centavos de dólar por cada libra de cobre fino producido en el año, constituyendo la suma de ambos guarismos el precio base. Agrega, que se entenderá por sobreprecio todo el excedente obtenido en la venta del cobre sobre el precio base. Señala, por último, que el 50% del excedente a que se refiere el inciso segundo, se destinará a beneficio fiscal, cualesquiera que sean las exenciones o franquicias de que goce la empresa productora.

Vuestras Comisiones Unidas aprobaron este artículo por siete votos contra dos, y una abstención. Votaron por la afirmativa, los Honorables Senadores señores Ballesteros, Isla, Lorca, Miranda, Montes, Palma y Silva, por la negativa, los Honorables Senadores señores García e Ibáñez, y se abstuvo el Honorable Senador señor Morales.

Artículo 27.

Establece que los intereses, primas u otras remuneraciones que perciban los Bancos comerciales, el Banco del Estado de Chile, el Banco Central de Chile, la Corporación de Fomento de la Producción y la Empresa de Comercio Agrícola, en razón de los préstamos u operaciones de créditos no reajustables que otorguen en moneda corriente a empresas extranjeras, estarán además afectos a una sobretasa de impuesto equivalente a la diferencia que exista entre el costo promedio del crédito en los mercados internacionales y el costo promedio del crédito en el sistema bancario chileno, una vez descontado el efecto de desvalorización monetaria.

El señor Ministro de Hacienda expresó que esta iniciativa, de origen parlamentario, tiene por objeto desalentar a las empresas extranjeras respecto de la obtención de créditos en el país, los que, según afirman los autores de la disposición, les resultarían más baratos que los obtenidos en el extranjero, por efecto de la inflación existente en el país.

Vuestras Comisiones, por ocho votos contra dos, aprobaron el artículo. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Isla, Montes, Miranda, Morales, Lorca, Palma y Silva, y por la negativa los Honorables señores García e Ibáñez.

A continuación, y por unanimidad, vuestras Comisiones aprobaron una indicación de los Honorables Senadores señores Silva y Valente, para agregar la Junta de Adelanto de Arica al Banco del Estado de Chile y demás instituciones que figuran en el precepto.

Artículo 28.

Interpreta el artículo 15 de la ley Nº 12.120.

Vuestras Comisiones acordaron suprimirlo por siete votos contra tres, por estimar la mayoría que la interpretación hacía más confusa la norma. Votaron en contra de la disposición los Honorables Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez, Isla, Miranda, Morales y Palma, y a favor, los Honorables Senadores señores Lorca, Montes y Silva.

Artículo 29.

Introduce una modificación a la ley Nº 12.120 destinada a eximir del impuesto de servicios a los intereses que produzcan los depósitos que se hagan en el Banco del Estado de Chile y Bancos comerciales.

Vuestras Comisiones por unanimidad, lo aprobaron.

Artículo 30.

Este precepto reajusta, desde el 1° de enero de 1970, en un 100% del alza del costo de la vida del año 1969. las remuneraciones imponibles de los trabajadores, empleados y obreros del sector privado no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimientos o fallos arbitrales.

El Honorable Senador señor Miranda hizo presente su preocupación por la circunstancia de que el reajuste de que trata esta norma sólo se aplica sobre las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo, y por lo tanto, no favorece a las regalías que se pagan a los obreros como parte de sus emolumentos.

Con el objeto de solucionar esta situación, solicitó que se votara separadamente la frase "pagadas en dinero efectivo".

Vuestras Comisiones, con la sola abstención del Honorable Senador señor Silva, aprobaron esta norma. Al fundamentar su abstención, el señor Senador mencionado manifestó que reiteradamente ha afirmado que el indicador que se usa para medir el alza del costo de la vida, y por ende, el aumento de las remuneraciones, está absolutamente desvinculado de la realidad. En consecuencia, mediante esta iniciativa se continúa deteriorando las remuneraciones del sector privado.

Puesta en votación la frase "pagadas en dinero efectivo", ella fue aprobada por seis votos contra cuatro. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez, Isla, Lorca y Palma, y por la negativa los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Artículo 31.

Hace aplicable al reajuste del sector privado, para 1970, diversas normas contenidas en la ley Nº 16.840, sobre reajustes para 1968.

Vuestras Comisiones, con la sola abstención del Honorable Senador señor Silva, aprobaron este artículo.

Artículo 32.

Prescribe que las remuneraciones de los trabajadores del sector privado sujetas a convenios, se reajustarán de común acuerdo entre las partes; y que si el reajuste pactado es superior al alza del costo de la vida durante el período de vigencia del convenio, el excedente será absorbido por las utilidades de la empresa.

En su párrafo final, agrega que para los efectos de este artículo se tendrá en consideración no sólo el reajuste de las remuneraciones sino también las regalías que se pacten.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa presentó indicación para sustituir una frase de la norma con el objeto de aclarar que el citado excedente no podrá trasladarse a los precios de los bienes que la empresa o industria produce o expende.

Esta indicación fue puesta en votación conjuntamente con el artículo, resultando ambos aprobados por la unanimidad de vuestras Comisiones.

Seguidamente, se puso en discusión otra indicación del Honorable Senador señor Silva Ulloa, para suprimir el ya explicado párrafo final.

Vuestras Comisiones Unidas, por seis votos contra cuatro, rechazaron esta proposición. Votaron en contra de la indicación los Honorables Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez, Lorca, Palma e Isla, y a favor los Honorables Senadores señores Montes, Miranda, Morales y Silva.

Artículo 33.

Dispone que el salario mínimo para los obreros de la industria, del comercio y agrícolas, será durante 1970 Eº 1,50 por hora. Agrega, que en los casos de salarios, remuneraciones o regalías convenidos en contratos o convenios colectivos, en relación al salario mínimo, se entenderá que éste, a partir del 1º de enero de 1970, es el actualmente vigente reajustado en el 100% de la variación que experimente el alza del costo de la vida en 1969.

Los Honorables Senadores señores Montes y Silva manifestaron que tal como está redactado el precepto es posible que los trabajadores sujetos a contratos o convenios colectivos reciban un reajuste inferior al que el Ejecutivo afirma que constituye el salario mínimo para estos obreros, puesto que podrían recibir un reajuste de un 29,5%, en circunstancia de que el considerado para llegar al salario mínimo de Eº 1,50 por hora asciende a un 60,4%. De tal modo, afirmaron la necesidad de modificar la redacción del precepto.

El señor Subsecretario del Trabajo manifestó que la norma en discusión debe interpretarse de la única manera a su juicio posible, esto es, que las remuneraciones pactadas en unidades de salarios mínimos tendrían un reajuste de un 60,4% como consecuencia del aumento del salario mínimo, al que debe agregarse uno de 29,5% en virtud del alza que ha "experimentado el índice de precios al consumidor.

Agregó que debe dejar constancia que según el espíritu y el texto de esta iniciativa, y de acuerdo con la política del Gobierno al respecto, en ningún caso habrá un salario mínimo inferior a Eº 1,50 por hora.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa manifestó que la intención expresada por el representante del Ejecutivo no se reflejaba en el articulado del proyecto, por lo que formuló indicación para agregar a esta disposición una norma que dispone que en ningún caso el reajuste para los obreros sujetos a contratos o convenios colectivos puede ser inferior a Eº 5,48 diarios, que es el que recibe el salario mínimo según la proposición de ley en informe.

El señor Ministro de Hacienda formuló indicación para enmendar la redacción del artículo en la forma en que consta en el artículo 30 que os proponemos aprobar, con el objeto de salvar las objeciones planteadas.

Puesto en votación el artículo y la indicación del señor Ministro de Hacienda, fueron aprobados por vuestras Comisiones por nueve votos y una abstención del Honorable Senador señor Silva Ulloa.

Sometida a la consideración de vuestras Comisiones la indicación del Honorable señor Silva Ulloa, fue rechazada por seis votos contra tres y una abstención. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez, Isla, Lorca y Morales, por la afirmativa los Honorables Senadores señores Miranda, Montes y Silva y se abstuvo el Honorable Senador señor Palma.

En seguida, se consideró una indicación de los Honorables Senadores señores Montes, Silva y Valente, para sustituir el guarismo "1,50" por "2".

Esta indicación fue rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez, Isla, Lorca y Palma y la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Artículos 34 y 35.

Ambas disposiciones fueron aprobadas unánimemente por vuestras Comisiones, las que introdujeron una ligera enmienda de redacción en la segunda de ellas.

Artículo 36.

Esta norma deroga la exención del 50% del impuesto global complementario que favorece a las empresas constructoras de viviendas económicas.

El señor Ministro de Hacienda hizo presente que al dictarse la última ley tributaria, en virtud de la cual se privó a dichas empresas de un 50% de las franquicias que las beneficiaba respecto de este tributo, el Ejecutivo las obligó a dar una determinada inversión a las utilidades que percibieran como consecuencia del mantenimiento del 50% restante. En esa oportunidad, en consecuencia, se fijaron las reglas del juego sobre la base de las cuales se han realizado, de buena fe, importantes inversiones. De allí que le parezca inconveniente la retroactividad que otorga la norma en discusión a la derogación que ordena.

Agregó que reiteraba una vez más su posición en el sentido de que nadie debe estar exento del global complementario y, concordantemente con ello, formuló indicación para que la derogación en referencia se haga a contar del año tributario 1971.

Puesto en votación el artículo, vuestras Comisiones Unidas lo aprobaron unánimemente.

Por ocho votos contra uno, y una abstención, aprobaron igualmente la indicación del señor Ministro de Hacienda. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez, Isla, Lorca, Miranda, Morales y Palma, por la negativa el Honorable Senador señor Montes y se abstuvo el Honorable Senador señor Silva.

Artículo 37.

Dispone que durante el año 1970 no podrán autorizarse reajustes de precios superiores al 28%, respecto de los vigentes en el mes de diciembre de 1969. Agrega que en ningún caso las autoridades podrán conceder más de un alza para un mismo producto en el curso del año 1970.

Finalmente, en el inciso segundo, señala que deberá remitirse a las Oficinas de Informaciones de ambas ramas del Congreso Nacional los estudios de costos y todos los antecedentes que hayan servido de base a un reajuste de precio.

El señor Ministro de Hacienda reconoció la buena intención de los autores de la norma, pero advirtió que la inflación no puede controlarse por medio de decretos o leyes.

Recordó que el año 1964, en el mes de febrero, se dictó una ley que congeló los precios, no obstante lo cual en ese año se produjo una inflación de un 38,4%.

Manifestó, además, que la disposición produciría problemas respecto de algunos artículos que se confeccionan con materias primas importan-das o que directamente se importan, ya que la fijación de sus precios depende de factores externos.

El Honorable Senador señor García manifestó que esta medida, especialmente en lo concerniente al envío de los antecedentes al Congreso Nacional, va a significar la paralización de la fabricación de muchos productos, ya que a nadie interesará comunicar sus costos a la competencia.

El Honorable Senador señor Palma hizo presente que el inciso segundo puede crear un clima que no se busca e interferir en las actividades de todas las empresas, sean públicas o privadas. Por esta razón solicitó que se votara la disposición por incisos.

Puesto en votación el primero de ellos, se aprobó por siete votos contra tres. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores García, Ibáñez y Morales, quien lo hizo por estimar que las medidas análogas que se han adoptado en el pasado no han tenido éxito alguno.

Puesto en votación el inciso segundo, se rechazó con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez, Isla, Lorca, Morales y Palma y la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes y Silva.

Artículo 38.

Constituye una Comisión Paritaria integrada por seis funcionarios del Ministerio de Hacienda y seis representantes de los funcionarios públicos nombrados por la Central Única de Trabajadores, para que en el plazo de seis meses realice un estudio acerca de los sistemas de remuneraciones y de carrera funcionaria del sector público.

Por unanimidad vuestras Comisiones aprobaron el artículo y una indicación del Honorable Senador señor Ballesteros para que el organismo que se crea sea integrado por seis funcionarios designados por el Presidente de la República en reemplazo de los seis funcionarios del Ministerio de Hacienda.

Artículo 39.

Incorpora al Departamento de Indemnizaciones de Obreros Molineros y Panificadores a los panificadores de las oficinas salitreras.

La mayoría de vuestras Comisiones rechazaron la disposición por no ser atinente a la materia sobre que legisla el proyecto. Votaron por la supresión los Honorables Senadores señores Ballesteros, García, Ibáñez, Isla y Lorca, por la mantención del artículo los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva y se abstuvo el Honorable Senador señor Palma.

Artículo 40

Establece una indemnización por años de servicio, de cargo de los empleadores, equivalente a un mes completo de sueldo o salario por cada año de trabajo o fracción superior a seis meses. Este beneficio se causa en favor de los empleados y obreros del sector privado que sean despedidos o cuyos contratos terminen, salvo que hayan incurrido en alguna causal de caducidad del contrato de las establecidas en los Nºs. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11 del artículo 2º de la ley Nº 16.455.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social expresó que esta norma deroga prácticamente la ley Nº 16.455 y retorna al sistema de despidos con desahucio, otorgando una indemnización. Agrega que tal situación es perjudicial para el trabajador, a quien interesa mantenerse en el empleo.

Señaló, además, que esta norma se aplica no sólo caso de despido sino también al de renuncia voluntaria.

Finalmente, opinó que debería propenderse a la formación de un fondo de reserva, con cuyos recursos se financie el beneficio en referencia.

El señor Ministro de Hacienda expresó que esta disposición no ha sido objeto de estudio alguno y, por de pronto, carece de un sistema de financiamiento.

Hizo presente que la disposición no afectará a las grandes empresas, que en su mayoría ya han llegado a este mecanismo mediante aportes patronales o patronales y obreros; ella perjudicará a las pequeñas y medianas empresas.

Vuestras Comisiones Unidas, por seis votos contra tres y una abstención, rechazaron el artículo. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteres, García, Ibáñez, Isla, Lorca y Palma, por la afirmativa los Honorables Senadores señores Miranda, Montes y Silva y se abstuvo el Honorable Senador señor Morales Adriasola.

En mérito de las consideraciones anteriores, vuestras Comisiones Unidas tienen a bien proponeros la aprobación del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, con las siguientes modificaciones:

Artículo 3º

Intercalar, en su inciso segundo, a continuación de su frase inicial "En todo caso,", lo siguiente: "a contar del 1º de enero de 1970,".

Sustituir, en el mismo inciso la frase final "ese mismo año", por la expresión "1970".

Artículo 7º

Sustituir, en su inciso primero, la expresión "17.083" por "17.073".

Artículo 9º

Pasa a ser artículo 27, sin otra modificación.

Artículo 10

Pasa a ser artículo 9°, sin otra modificación.

Artículo 11

Suprimirlo.

Artículo 12

Pasa a ser artículo 10, sin otra modificación.

Artículo 13

Pasa a ser artículo 11, sin otra modificación.

Artículo 14

Pasa a ser artículo 12, sin otra modificación.

Artículo 15

Pasa a ser artículo 13.

Agregar como inciso segundo el siguiente, nuevo:

"Igualmente, las pensiones de los funcionarios de Santiago a que se refiere el artículo 14 de la ley Nº 11.469, que jubilaron a partir del mes de enero de 1967 y que no hayan sido reajustadas en los años 1967, 1968 y 1969, recibirán como mínimo el mismo porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1° de esta ley, sobre la pensión al 31 de diciembre de 1969, que será exclusivamente de cargo del organismo de previsión al que sus jubilaciones están acogidas.".

Artículo 16

Pasa a ser artículo 14.

Sustituir, en el mismo inciso, la frase ", el Servicio Médico Nacional de Empleados y la Caja de Accidentes del Trabajo,". Rechazar su inciso tercero.

Artículo 17

Pasa a ser artículo 15, sin otra modificación.

Artículo 18

Pasa a ser artículo 16, sin otra modificación.

Artículo 19

Pasa a ser artículo 17.

Agregar como inciso segundo el siguiente, nuevo: "Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará también al personal del Magisterio que se rige por el artículo 3° de la ley Nº 16.930.".

Artículo 20

Pasa a ser artículo 18, sin otra modificación.

Artículo 21

Pasa a ser artículo 19, sustituyéndose el vocablo "afrontará" por "hará".

Artículo 22

Para a ser artículo 20, sin otra modificación.

Artículo 23

Pasa a ser artículo 21, con las siguientes enmiendas:

I) Sustituir, en su encabezamiento, la preposición "a" por la frase "al artículo 136 de".

II) Suprimir el número 1) y la frase que lo sigue.

III) Agregar, en su letra a), a continuación de la expresión "Nº 2", lo siguiente:", y".

IV) Agregar, en su letra b), como inciso segundo del nuevo número 2 el siguiente:

El Ministro de Minería deberá declarar, antes del 30 de septiembre de cada año, la capacidad de fundición y refinación disponible para el año siguiente.", y

V) Suprimir el resto del artículo.

Artículo 24

Rechazarlo.

Artículo 25

Pasa a ser artículo 22, sin otra modificación.

Artículo 26

Pasa a ser artículo 23, sin otra modificación.

Artículo 27

Pasa a ser artículo 24.

Intercalar, en el primero de los incisos que se agregan al artículo 235 de la ley Nº 16.617, entre las palabras "Producción" e "y", lo siguiente: ", Junta de Adelanto de Arica".

Artículo 28

Suprimirlo.

Artículo 29

Pasa a ser artículo 25, sin otra modificación.

Artículo 30

Pasa a ser artículo 26, sin otra modificación.

Seguidamente, consultar como artículo 27 el artículo 9º del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, sin otra modificación.

Artículo 31

Pasa a ser artículo 28. En el inciso primero sustituir la palabra "anterior" por el guarismo "26".

Artículo 32

Pasa a ser artículo 29.

Sustituir, en su segunda oración, la expresión "será absorbido por las utilidades de la empresa o industria sin que opere su posterior traspaso a los precios de los bienes que ésta produce o expende" por la siguiente: "no podrá trasladarse a los precios de los bienes que la empresa o industria produce o expende".

Artículo 33

Pasa a ser artículo 30.

Suprimir la frase "Sin embargo," que encabeza su segunda oración, pasando ésta a ser inciso segundo-nuevo- del artículo.

Agregar como inciso tercero el siguiente, nuevo:

"En ningún caso, los trabajadores sujetos a contratos o convenios colectivos, actas de avenimiento o a fallos arbitrales, podrán gozar de una remuneración inferior a la señalada en el inciso primero.".

Artículo 34

Pasa a ser artículo 31, sin otra modificación.

Artículo 35

Pasa a ser artículo 32.

Intercalar, en su inciso primero, entre las palabras "Banco del Estado" y "u" las siguientes: "de Chile".

Artículo 36

Pasa a ser artículo 33.

Intercalar, en su inciso primero, entre los vocablos "Derógase" y "el" lo siguiente: ", a contar del año tributario 1971,".

Artículo 37

Pasa a ser artículo 34, con la siguiente enmienda a su inciso 1°: Sustituir, en su segunda oración, la palabra "productos" por "artículos y servicios", y en la tercera, "producto" por "artículo o servicio". Suprimir su inciso segundo.

Artículo 38

Pasa a ser artículo 35, sustituyendo la expresión "del Ministerio de Hacienda" por "designados por el Presidente de la República".

Artículos 39 y 40 Rechazarlos.

Con las modificaciones anteriores, el proyecto de ley aprobado queda como sigue:

Proyecto de ley

"TITULO I

Del Reajuste del Sector Público.

Párrafo 1º

Reajuste general del Sector Público.

Artículo 1°.- Reajústanse, a contar desde el 1° de enero de 1970, en un veintiocho por ciento (28%) las remuneraciones permanentes al 31 de diciembre de 1969 de los empleados y obreros del Sector Público, incluidas las de las Municipalidades y excluidas las horas extraordinarias y las asignaciones de alimentación, las que se fijan en función de sueldos vitales y las que constituyen porcentajes de los sueldos.

Si el índice de precios al consumidor que entrega la Dirección de Estadística y Censos experimentare entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969 un alza superior al 29,5%, el reajuste mencionado se incrementará en tantos puntos y fracciones de punto como sean los que excedan de 29,5% en el alza del índice antes señalado.

El reajuste se calculará sobre las remuneraciones incrementadas con la asignación otorgada por el D.F.L. Nº 1, de 1969, y, en el caso de las remuneraciones a que se refiere el artículo 5° de la presente ley, se calculará, además, sobre las cantidades que resulten después de aplicado dicho precepto.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las remuneraciones del personal en servicio activo o retirado de las Fuerzas Armadas, Subsecretaría de Defensa Nacional, Carabineros de Chile, Servicio de Investigaciones, Poder Judicial, Sindicatura General de Quiebras y personal afecto a la ley Nº 15.076, Estauto Médico Funcionario, y personal del Magisterio que se rige por el artículo 3º de la ley Nº 16.930.

Artículo 2º.- Reajustase, a contar del 1° de enero de 1970, en un cien por ciento (100%) del alza que experimente el índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969 la asignación familiar, incrementada con la asignación complementaria otorgada por el artículo 3° del D.F.L. Nº 1, de 1969, de los empleados, obreros y pensionados del Sector Público que no se determina de acuerdo con la ley Nº 7.295 o con el D.F.L. Nº 245, de 1953.

Establécese, también, a contar del l° de enero de 1970, una bonificación complementaria y permanente de veinte escudos (Eº 20) por cada carga de familia que dé derecho a la asignación a que se refiere el inciso anterior y que perciban los funcionarios a quienes corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley. Esta bonificación tendrá las mismas características de la asignación familiar y, en consecuencia, no podrá ser retenida ni embargada, no será imponible, estará exenta de toda clase de impuestos y será reajustada en los años siguientes en los mismos términos que la asignación familiar base.

Párrafo 2º

Normas especiales.

Artículo 3°.- Al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del regido por la ley Nº 15.076 y del sujeto a tarifado gráfico, le será aplicable lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley.

En todo caso, a contar del 1° de enero de 1970, cada categoría y grado de las escalas de sueldos que rijan para el personal del Servicio Nacional de Salud durante 1970, comprendido el reajuste a que se refiere el inciso anterior, tendrá un aumento que signifique alcanzar en total un 94% de cada categoría o grado de las escalas del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigentes para 1970.

Artículo 4°.- Concédese en el año 1970, a los empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal regido por la ley Nº 15.076, del personal sujeto a tarifado gráfico y del personal de empleados particulares, una bonificación no imponible que no será considerada sueldo para ningún efecto legal y que se devengará en las fechas y por los montos que se indican:

Marzo Eº 400

Septiembre 340

Diciembre 400

Artículo 5º.- Incorpórase a contar del 1° de enero de 1970, a las escalas de sueldos del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigentes después de sus modificaciones, incluidas las de la ley Nº 17.063, la asignación establecida en el artículo l°, incisos segundo y tercero de la ley Nº 16.840.

Para los efectos de esta incorporación se considerará la asignación completa que correspondió de acuerdo con el inciso segundo aludido, más el aumento del D.F.L. Nº 1, de 1969.

Los funcionarios del Sector Público no regidos por el D.F.L. Nº 40 de 1959, que al 31 de diciembre de 1969 estaban percibiendo la asignación establecida por la ley Nº 16.840 en sus artículos 1°, incisos segundo y tercero, y 49, inciso cuarto y que fue aumentada por el artículo 2º del D.F.L. Nº 1, de 1969, mantendrán dicha asignación, a contar del 1° de enero de 1970, con el carácter de sueldo base para todos los efectos legales e imponibles en la misma proporción en que lo sea el sueldo.

La primera diferencia mensual determinada por la aplicación de este artículo quedará a beneficio de los personales respectivos y no será depositada en las Cajas de Previsión correspondientes.

Artículo 6º.- Modifícase el artículo 174 de la ley Nº 16.840, sustituido por el artículo 10 de la ley Nº 17.029 de 4 de diciembre de 1968,

"Artículo 174.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1970 el plazo otorgado a las Municipalidades por el artículo 26 de la ley Nº 16.250, para encuadrar los excesos de aumentos de remuneraciones concedidos a sus empleados y obreros dentro de los porcentajes de limitación establecidos por la ley en los términos que prescribe el citado artículo 26.

Mientras esto no suceda, les queda prohibido crear nuevos cargos de empleados y obreros, aumentar de grados, mejorar las rentas u otorgar otros beneficios.".

Artículo 7°.- A partir del 1º de enero de 1970, serán imponibles las bonificaciones, asignaciones y todas las demás remuneraciones de carácter general y permanente de que gozan los empleados a quienes se aplica el artículo 99 de la ley Nº 16.617, pero con los límites porcentuales fijados en dicho artículo, con la modificación que le introdujo la ley Nº 17.073. Mantendrán su carácter de no imponibles las remuneraciones eventuales y las de naturaleza previsional, tales como el viático, las asignaciones de gastos de movilización, de máquinas, pérdidas de caja, de cambio de residencia, la gratificación de zona, la remuneración por trabajos nocturnos y horas extraordinarias, asignación familiar, la bonificación del artículo 19 de la ley Nº 15.386, y cualesquiera otras de la misma naturaleza actualmente existentes o que se establezcan en el futuro.

El reajuste de las pensiones a que dé lugar la aplicación de este artículo será de cargo de la respectiva Caja de Previsión u otra Institución o Empresa que paguen pensiones.

Artículo 8º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.076:

a) Reemplázase el artículo 7º por el siguiente:

"Artículo 7º.- El sueldo base mensual por cada hora diaria de trabajo, a contar del 1° de enero de 1970, será la cantidad equivalente al sueldo vital A) del departamento de Santiago para 1969 (Eº 477,50) aumentada en el 100% del alza que experimente el índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969. La fracción de hora se pagará en proporción a dicho sueldo.".

b) Sustituyese el inciso segundo del artículo 10, por el siguiente:

"Los profesionales funcionarios que por razones de servicio deban excederse del horario contratado, en días y horas hábiles, gozarán de una asignación de permanencia de hasta un 30% de su sueldo base. Esta asignación no se considerará para el cálculo del porcentaje máximo a que se refiere el inciso cuarto del artículo 9º; será no imponible y podrá sumarse a las demás asignaciones que establece el citado artículo. Un Reglamento establecerá, a propuesta del Consejo Nacional de Salud, la forma, monto y condiciones para el goce de esta asignación.".

c) Reemplázase en el inciso final del artículo 12 la cifra "24" por "12" y agrégase la siguiente frase final:

"Los profesionales funcionarios que desempeñen estos cargos no podrán contratar extensiones horarias, salvo en los casos contemplados en el inciso anterior."

Artículo 9º.- Declárase que el inciso cuarto del artículo 1° de la ley Nº 17.015 de 31 de octubre de 1968, se limitó a derogar el párrafo 49 del Título II del D.F.L. 338 de 1960 y el artículo 20 de la ley Nº 7.295, respecto de los servicios enumerados en el mismo precepto, y sólo a contar desde el 1° de enero de 1969. En consecuencia, los funcionarios que adquirieron antes de esta fecha alguno de los beneficios establecidos en el referido párrafo o en el artículo citado, lo han conservado con posterioridad a ella.

Párrafo 3°

Reglas para la aplicación de los reajustes.

Artículo 10.- El porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1° de esta ley se aplicará, respecto del personal de la Empresa Portuaria de Chile, de acuerdo a las normas contenidas en el artículo 5º del D.F.L. Nº 1, de 1969, dictado en uso de las facultades concedidas por el artículo 82 de la ley Nº 17.072.

Artículo 11.- Para los efectos del otorgamiento del reajuste a que ,se refiere el presente Título se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 90, 93, 94, 95, 131 inciso tercero y 132 de la ley Nº 16.617, modificándose la referencia al año "1967" por "1970" en los artículos 94 y 132.

Artículo 12.- Con lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley se entiende cumplido lo ordenado por el artículo 33, inciso segundo, de la ley Nº 15.840.

Artículo 13.- Las pensiones del personal a que se refiere el inciso primero del artículo 1° de esta ley, que se reajustan de acuerdo con su similar en servicio activo recibirán como mínimo el mismo porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1° de esta ley sobre la pensión al 31 de diciembre de 1969.

Igualmente, las pensiones de los funcionarios de Santiago a que se refiere el artículo 14 de la ley Nº 11.469, que jubilaron a partir del mes de enero de 1967 y que no hayan sido reajustadas en los años 1967, 1968 y 1969, recibirán como mínimo el mismo porcentaje de reajuste establecido en el artículo l° de esta ley, sobre la pensión al 31 de diciembre de 1969, que será exclusivamente de cargo del organismo de previsión al que sus jubilaciones están acogidas.

Artículo 14.- El Presidente de la República entregará durante el año 1970 a los Servicios e Instituciones enumeradas en el artículo 239 de la ley Nº 16.840, excluida la Empresa Portuaria de Chile e incluidas la Corporación de Obras Urbanas y la Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Gas y de Telecomunicaciones, las cantidades necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

Al personal de las Instituciones a que se refiere este artículo, cualquiera que sea el régimen de remuneraciones a que estén afectos durante el año 1970 les corresponderá únicamente el porcentaje de reajuste del Sector Público.

Artículo 15.- Auméntase, en el mismo porcentaje fijado en el artículo 1°, la remuneración máxima establecida en el artículo 1° del D.F.L. Nº 68, de 1960, y sus modificaciones posteriores.

Artículo 16.- Autorízase a las Instituciones Descentralizadas para adecuar las remuneraciones de sus personales, sin necesidad de Decreto Supremo, a fin de dar cumplimiento a la presente ley, entendiéndose modificados, al efecto, sus respectivos presupuestos.

Artículo 17.- La primera diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del artículo 1° de esta ley, ingresará a las Cajas de Previsión en seis cuotas mensuales iguales a contar del mes de enero de 1970.

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará también al personal del Magisterio que se rige por el artículo 3º de la ley Nº 16.930.

Artículo 18.- El porcentaje de reajuste a que se refiere el artículo 1° que corresponde a los empleados y obreros de los Ferrocarriles del Estado, se aplicará también sobre las remuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 1969, que no se determinen como un porcentaje del respectivo sueldo o salario base.

Párrafo 4°

Del mandamiento.

Artículo 19.- El mayor gasto de cargo fiscal que significa este proyecto, se hará con cargo al ítem 006 de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda de la Ley de Presupuestos para 1970.

Artículo 20.- Declárase que las importaciones que se realicen con cobertura diferida y cuyos derechos aduaneros puedan cancelarse en la forma señalada en el artículo 164 de la Ley Nº 13.305, no constituyen un régimen de importación especial a los cuales se refiere el inciso segundo del artículo 187 de la ley Nº 16.464.

En consecuencia, el Presidente de la República podrá ejercer con respecto a ellas las facultades que le confiere el artículo 186 de la ley Nº 16.464.

Artículo 21.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 136 de la ley Nº 15.575:

Se suprime el Nº 2, y

Se sustituye Nº 3 por el siguiente, que pasa a tener el Nº 2:

"2.- Las exportaciones de la pequeña y mediana minería, cuando la Empresa Nacional de Minería certifique que no hay en Chile capacidad de fundición o refinación según corresponda a los productos que se deseen exportar, o que por cualquier motivo no pueda recibir dichas producciones para su tratamiento. El Ministro de Minería deberá declarar, antes del 30 de septiembre de cada año, la capacidad de fundición y refinación disponible para el año siguiente.".

Artículo 22.- Interpretando el artículo 3º de la ley Nº 16.528, se declara que la exención tributaria de pleno derecho, a que se refiere esa disposición, y el número 5 del artículo 18 del Decreto de Economía Nº 1.270, de 27 de septiembre de 1966, no constituye exención al impuesto establecido en los artículos 134 y siguientes de la ley Nº 15.575.

Artículo 23.- Se establecerá anualmente para cada productor de cobre de la mediana minería, el costo de producción, y se agregarán 15 centavos de dólar por cada libra de cobre fino producido en el año, y la suma de ambos guarismos será el precio base.

Se entiende por sobreprecio, todo el excedente obtenido en la venta del cobre sobre el precio base.

El 50% del excedente a que se refiere el inciso anterior se destinará a beneficio fiscal y se aplicará sobre el total anual de las ventas de cobre que efectúe cada empresa, ya sea que se venda en forma de minerales, concentrados, precipitados, cementos, blister, ánodos o cualquier otra forma de cobre.

La norma del inciso anterior se aplicará cualesquiera que sean las exenciones o franquicias de que goce la empresa productora, por disposiciones legales o reglamentarias generales o especiales y se deducirá de la renta bruta para la determinación de las rentas imponibles.

Al Servicio de Impuestos Internos corresponderá la fiscalización del pago que deba enterar cada empresa productora según los precios bases establecidos en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.

Artículo 24.- Agréganse al final del artículo 235 de la ley Nº 16.617 los siguientes incisos:

"No obstante lo anterior, los intereses, primas u otras remuneraciones que perciban los bancos comerciales, Banco del Estado de Chile, Banco Central de Chile, Corporación de Fomento de la Producción, Junta de Adelanto de Arica y Empresa de Comercio Agrícola, en razón de los préstamos u operaciones de crédito no reajustables que otorguen en moneda corriente a empresas extranjeras, estarán además afectos a una sobretasa de impuesto, que será determinada trimestralmente por el Ministerio de Hacienda a propuesta del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile.

Dicha sobretasa de impuesto será equivalente a la diferencia que exista entre el costo promedio del crédito en los mercados internacionales y el costo promedio del crédito en el sistema bancario chileno, una vez descontado el efecto de desvalorización monetaria.

Para estos efectos se considerará como empresas extranjeras a todas aquellas cuyo capital esté constituido en más de un 50% por aportes provenientes del exterior y a las filiales de empresas internacionales.

Las normas relativas al impuesto único al crédito, en lo que se refiere a la modalidad de cobro, excepciones y publicación, se hacen extensivas a la aplicación de esta sobretasa."

Artículo 25.- Agrégase en la letra c) del número 20 del artículo 19 de la ley Nº 12.120, a continuación de la expresión "7" y antecedido de una coma (,), el guarismo "9º".

TITULO II

Del reajuste del Sector Privado.

Artículo 26.- Reajústanse, desde el 1° de enero de 1970, en un porcentaje igual a la variación que experimente el índice de precios al consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969, las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo vigentes al 31 de diciembre de 1969, de los trabajadores, empleados y obreros del Sector Privado, no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 27.- A contar del 1º de enero de 1970, los trabajadores que laboran en la extracción de ripio, arena y materiales para la construcción recibirán en sus salarios o tratos un reajuste igual al porcentaje que hubiere experimentado el alza del costo de la vida, durante el año 1969.

Artículo 28.- Durante 1970, regirán las disposiciones de los artículos 85, 86, 87, 88, 29, inciso primero, 90, 91, 92 y 93 de la ley Nº 16.840, de 24 de mayo de 1968 con la salvedad de que el porcentaje de reajustes a que ellas se refieren es el señalado en el artículo 26 de esta ley.

Se regirá por las disposiciones de esta ley el reajuste de remuneraciones de los obreros y empleados agrícolas que trabajan en predios pertenecientes a instituciones de previsión en faenas directamente relacionadas con la agricultura, en los casos en que estén sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 29.- Las remuneraciones de los trabajadores, empleados y obreros del Sector Privado sujetas a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, se reajustarán de común acuerdo entre las partes. Si el reajuste pactado es superior a la variación que hubiese experimentado el índice de precios al consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos durante el período de vigencia del convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral, el excedente no podrá trasladarse a los precios de los bienes que la empresa o industria produce o expende. Para los efectos anteriores se tendrá en consideración el valor total que representa el convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral que pone término al conflicto, es decir, no sólo el reajuste de las remuneraciones sino también el de las regalías que se pacten.

Artículo 30.- El salario mínimo para los obreros de la industria, del comercio y agrícolas será durante 1970 y a partir del 1º de enero de ese año, equivalente a Eº 1,50 por hora.

En los casos de salarios, remuneraciones o regalías convenidos en contratos o convenios colectivos, actas de avenimiento o establecidos por fallos arbitrales, en relación al salario mínimo, se entenderá que éste, a partir del 1º de enero de 1970, es el actualmente vigente reajustado en el ciento por ciento de la variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos en el período comprendido entre el 1° de, enero y el 31 de diciembre de 1969.

En ningún caso, los trabajadores sujetos a contratos o convenios colectivos, actas de avenimiento o a fallos arbitrales, podrán gozar de una remuneración inferior a la señalada en el inciso primero.

Artículo 31.- Los empleados ingresados con posterioridad al 6 de abril de 1960, en actual servicio, de la Empresa de Comercio Agrícola y los que ingresaren, tendrán el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y se les aplicarán los párrafos 13, 18, 19 y 20 del título 2º; artículo 143 y títulos 4º y 5º del D.F.L. Nº 338, de 1960, sin perjuicio de las demás disposiciones de los Estatutos Internos del personal de la Empresa.

En ningún caso esta disposición significará disminución de las actuales rentas de los empleados ni supresiones de cargos.

Artículo 32.- A contar de la vigencia Se la presente ley la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, podrá contratar préstamos en el Banco del Estado de Chile u otra institución, que le permitan cancelar lo adeudado a su personal que ha sido declarado cesante o jubilado, especialmente, los desahucios, en conformidad a la ley Nº 7.998.

El préstamo señalado sólo será para cancelar deudas a sus ex servidores que permanecen impagos de sus beneficios.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado reintegrará el préstamo con los valores que ingresa de los descuentos directos del personal consultado en la ley Nº 7.998. Su interés será mínimo y de cargo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

Artículo 33.- Derógase, a contar del año tributario 1971, el artículo 65 de la ley Nº 17.073, de 31 de diciembre de 1968.

El mayor ingreso tributario derivado de la supresión de la franquicia a que se refiere el inciso anterior, se destinará a los programas de operación sitio, préstamos a cooperativas y viviendas populares urbanas y rurales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

Artículo 34.- Durante el año 1970 los organismos públicos encargados de la fijación de precios no podrán autorizar reajustes en un porcentaje superior a un 28% respecto de los precios vigentes en el mes de diciembre de 1969. Esta disposición se aplicará especialmente respecto de los artículos y servicios de primera necesidad, los artículos sujetos a márgenes de comercialización y las tarifas de los servicios de utilidad pública. En ningún caso las autoridades podrán conceder más de un alza para un mismo artículo o servicio en el curso del año 1970.

Artículo 35.- Constituyese una Comisión Paritaria integrada por seis funcionarios designados por el Presidente de la República y seis representantes de los funcionarios públicos nominados por la Central Única de Trabajadores, para que en el plazo de seis meses a contar de la promulgación de esta ley estudie los sistemas de remuneraciones del sector público civil, de carreras funcionarías, con todos los mecanismos relativos a escalas de remuneraciones, y proponga al Presidente de la República sistemas de ingresos, ascenso, perfeccionamiento y demás materias afines. Los integrantes de esta Comisión podrán contar con la asesoría técnica necesaria y serán nombrados por decreto supremo dentro del plazo de 15 días de promulgada esta ley.".

Sala de las Comisiones Unidas, a 18 de diciembre de 1969.

Acordado en sesión de fecha de ayer, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente), Ballesteros, García, Ibáñez (Bulnes), Isla, Miranda, Montes, Morales (Aguirre), Palma y Silva.

(Fdo.) : José Luis Lagos López, Secretario.

REAJUSTE DE REMUNERACIONES DE SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO PARA 1970.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados, con informe de las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda, sobre reajuste de las remuneraciones de los sectores público y privado.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 26°, en 16 de diciembre de 1969.

Informe de Comisión:

Gobierno y Hacienda, unidas, sesión 27º, en 18 de diciembre de 1969.

El señor CHADWICK ( Presidente accidental).-

En discusión general el proyecto.

Ofrezco la palabra.

El señor PABLO.-

Pido la palabra.

En sesión que celebró el Senado hace un par de días para tratar el proyecto de reajuste de remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Servicio de Investigaciones, quedó de manifiesto la existencia de un desfinanciamiento cercano a los 500 millones de escudos en cuanto al pago de las pensiones de retiro y de viudez.

El Ejecutivo dejó constancia de que no podía cumplir con lo preceptuado en la ley. Señalé que compartía el criterio del Gobierno en cuanto al sistema de pago, por considerarlo más conveniente para la economía general del país, pero, como presidente de la Corporación, manifesté que las leyes se dictaban para cumplirlas. Agregué que, desde luego, comprendía que ante lo imposible nadie está obligado, como se ha demostrado, por lo demás, en la historia política y administrativa del país tanto en este Gobierno como en anteriores. En efecto, en muchas oportunidades se han otorgado beneficios previsionales sin contar con financiamiento adecuado, razón por la cual han transcurrido muchos años antes que ellos se hayan concretado. Esto ha creado una imagen adversa a los poderes públicos, tanto del Ejecutivo como del Congreso Nacional.

Expresé en esa ocasión que era de nuestro deber dar financiamiento, ya que habíamos aprobado un gasto. Mi interés en esta oportunidad, como miembro del Poder Legislativo, es presentar una fórmula para allegar recursos que permitan solventar el gasto señalado, unidos a los que se consignan en la iniciativa ahora en debate, la que, como se advirtió anteriormente, debería aportar fondos con ese fin.

Cualquier solución que se busque es difícil, pues por lo general los ingresos fiscales provienen de la tributación. Y bien sabemos que los distintos rubros tributarios del país se han agotado y no se ve ninguna posibilidad cierta de encontrar una fórmula conveniente.

Cualquier idea que se proponga merecerá críticas desde el punto de vista técnico. Estoy seguro de que la que yo pondré a disposición de la, Mesa en esta oportunidad presentará reservas. Pero debemos resolver el problema político que hemos creado al autorizar un gasto sin indicar financiamiento.

El país ha pasado por un período de honda inestabilidad. Ciertos sectores se sienten un poco desplazados del quehacer nacional por el hecho de estar en pasividad. La carrera del personal de las Fuerzas Armadas es extraordinariamente difícil. El individuo está en la plenitud de la vida cuando es llamado a retiro, pero no encuentra empleo en el sector civil a los 45 ó 50 años, porque allí se prefiere gente más joven. La actual situación, pues, prolonga la inquietud en estos sectores y crea sensación de injusticia. Todos los movimientos caóticos en la vida política de los pueblos nacen, fundamentalmente, del hecho de que ciertos sectores se sienten objeto de injusticias.

Si no hay recursos, el Gobierno no podrá cumplir, porque, como dijo, no se lo puede obligar a lo imposible. Por eso, en esta ocasión deseo hacer entrega de mi proposición para que sea conocida por las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda. No pretendo que mi idea sea el desiderátum, la mejor que pueda haber; pero creo sí que por lo menos constituye un financiamiento no inflacionario y permite solucionar el problema de manera adecuada. Si los señores Senadores consideran que hay otra mejor, si el Gobierno prefiere otro camino, -en buena hora. Pero, como Presidente del Senado, no deseo que se dicte una ley y no sea cumplida. Ello perjudica a todos los poderes del Estado y empaña la imagen tanto de los hombres de Oposición como de Gobierno.

Mi indicación es para autorizar la importación por una sola vez, de 5.000 automóviles de valor CIF no inferior a 2.600 dólares. Estoy consciente de que ella puede promover dos críticas.

Se podrá decir que se autoriza gasto de divisas en productos suntuarios, como son los automóviles de alto costo. Es efectivo y la crítica es acertada. No lo desconozco. Yo también desearía que cada dólar que ingrese al país se invirtiera, en actividades de la producción, para promover el desarrollo económico y social. Pero lo cierto es que en este instante existen más de 300 millones de dólares prácticamente sin liquidez en el Banco Central. Según los términos de mi indicación, se gastarían alrededor de 20 a 24 millones de dólares.

Los vehículos en referencia estarían gravados con tributos de 340% ; es decir, si un automóvil cuesta alrededor de 2.500 dólares, su valor en realidad, será de 10.000, considerados los gravámenes fiscales, aparte los gastos propios de este tipo de operaciones, por concepto de importación.

No se pretende que firmas determinadas tengan a su cargo la internación. Cualquiera podrá hacerlo.

Vehículos de estas características no costarán menos de 150 millones de pesos, y tal vez más. En consecuencia, a mi juicio la industria automotriz nacional, cuyo desarrollo nos interesa, no será afectada. Las armadurías o fábricas para los sectores medios no serán amagadas en absoluto. Las citronetas, los N.S.U., los Fiat 600, etcétera, son vehículos de valores muy inferiores. Por eso, digo que mi proposición no incide en esta actividad industrial.

Los coches de mayor costo fluctúan entre 80 y 100 millones de pesos. He hecho averiguar por los funcionarios del Senado la posibilidad de entrega de estos vehículos. Lo curioso del caso es que, por lo general, en las distintas partes en que hemos pedido informes, no hay capacidad de entrega inmediata, salvo uno o dos tipos, porque no existe producción suficiente en el país.

La indicación ha sido elaborada por funcionarios del Congreso y personal de Aduanas, a quienes he pedido su colaboración.

Según informes solicitados por el señor Secretario, se estima que la capacidad de fabricación nacional es de 23 mil vehículos y que la demanda asciende a 30 mil. Por lo tanto, queda un margen bastante amplio que no es satisfecho internamente. No he verificado estos antecedentes con la industria automotriz. Espero que lo consulten las Comisiones que estudiarán la iniciativa, como también que en el futuro se adopten algunas medidas terminantes con el propósito de favorecer a esta industria, como ser que los servicios públicos, el Ejército, los servicios de administración autónoma y otros no puedan adquirir automóviles que no sean de procedencia nacional, salvo aquellos autorizados por leyes especiales, y también establecer restricciones frente a un comercio de vehículos que, a mi modo de ver, es bastante ilícito en el país, porque si bien se justifica que en virtud de muchos tratados algunos diplomáticos puedan internarlos, la verdad es que tanto ellos como funcionarios internacionales están haciendo un negocio que, a mi juicio, el Estado no tiene por qué proteger. La importación que propongo no se enfrentará con la producción nacional, sino con las importaciones ya citadas, que -repito- el Estado no tiene por qué proteger.

Según los cálculos hechos por los técnicos que he citado, de venderse los 5 mil automóviles -lo que también es problemático- la indicación produciría 770 millones de escudos; pero si la cantidad de vehículos fuera menor, siempre se obtendría una importante cantidad de dinero que serviría para ir cancelando en el transcurso de la Administración actual, los reajustes de los pensionados de las Fuerzas Armadas, y así se solventará parte de lo que se les adeuda.

En realidad, estoy estimulando un consumo evidentemente superfluo, conspicuo, como creo que lo llaman los técnicos; pero lo cierto es que las pensiones serán pagadas por la gente que tiene dinero. En cambio, si aumentamos el impuesto al patrimonio en una pequeña proporción, no tendremos el rendimiento necesario, pero sí una resistencia bastante grande, inconveniente, que inclusive algunos señores Senadores de Oposición anotaban hace pocas horas. Sin embargo, por tener un auto Chevrolet, Mercedes Benz o Cadillac último modelo, hay personas dispuestas a pagar diez veces el impuesto patrimonial, contra el cual levantaron sus voces en un momento determinado.

No pretendo haber traído una solución definitiva; sólo he querido hacer un aporte. Creo que el Congreso Nacional tiene la obligación de entregar un financiamiento, ya que aprobó el gasto. Si se otorgan los recursos al Ejecutivo, no podremos escuchar de su parte que la ley no se cumplirá. Los preceptos legales no se obedecen cuando físicamente es imposible hacerlo, porque nadie está obligado a lo imposible; pero cuando es factible su ejecución, todas las autoridades del Estado, cualquiera que sea su jerarquía, tienen la obligación de acatar la ley.

El Gobierno democratacristiano ha tenido una serie de dificultades: ha carecido de mayoría política para gobernar. Esa es la verdad. Cuando uno, por imposibilidad o incapacidad, no logra tener mayoría en el régimen democrático, debe someterse a la voluntad manifestada en la ley. Este es el principio que quiero defender. Con ello -estoy cierto- protejo al Congreso y también al régimen democrático, cuyo respeto juramos y al cual adherimos permanentemente.

Si a otros sectores de la vida ciudadana les pedimos mantenerse dentro de la Constitución y la ley, nuestra primera obligación es dar el ejemplo y cumplir con las disposiciones legales.

Entrego este memorándum sin ninguna pretensión. Si hay ideas que deben ser innovadas, en buena hora. Si hay otra posibilidad más acertada u otros que visualicen una solución más adecuada, soy el primero en salir a su encuentro. Creo que era de mi deber, como Presidente de la Corporación, hacer un esfuerzo -que he intentado- para buscar un financiamiento.

Solicito que se agregue a mi intervención el memorándum y la indicación a que he hecho referencia.

El señor CHADWICK ( Presidente accidental).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del señor Senador.

Acordado.

-Los documentos cuya inserción se acuerda son los siguientes:

MEMORANDUM

1º.- La indicación a que se refiere este Memorándum tiene por objeto permitir la importación de 5.000 automóviles con un valor CIF, no inferior a US$ 2.600.- afectos a todos los derechos e impuestos que se recauden con intervención de las Aduanas, a fin de cubrir el déficit de financiamiento existente en el proyecto de reajuste de remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Servicio de Investigaciones, producido fundamentalmente por el hecho de que el Honorable Congreso Nacional ha rechazado el veto mediante el cual se paga en cuotas diferidas el reajuste de las pensiones del personal retirado de dichas instituciones. Este déficit alcanza a un monto global cercano a los E° 500.000.000.

2º.- Existe en el país una capacidad de adquisición anual de automóviles, ascendente a 30.000 unidades, requerimiento que no puede ser satisfecho por la producción de las armadurías nacionales que alcanza a una cantidad no superior a 23.000 unidades. Se registra, en consecuencia, un déficit en el mercado de aproximadamente, 7.000 unidades.

3°.- La importación que se autoriza no afecta, en estas condiciones, las posibilidades de colocación de nuestra industria automotriz, de acuerdo con su capacidad actual de producción.

4º.- Por otra parte, se ha establecido un mínimo de US$ 2.600.- CIF por cada vehículo, sin fijar un máximum de valor, con el objeto de que los interesados importen modelos de vehículos diferentes y de mayor valor que los que se fabriquen en el país.

5°.- El rendimiento de los derechos que se han de percibir por intermedio de las Aduanas, se ha calculado sobre la base del valor del dólar de la última quincena de diciembre del presente año que es de Eº 9.896, lo que representa un valor de conversión para cada peso oro de Eº 2.033.

Con estos antecedentes y como indicador de la posible recaudación que producirá la importación de los 5.000 automóviles a que se refiere la indicación, se ha efectuado la siguiente liquidación, en diferentes tramos de valor CIF, tomando en cuenta que los automóviles están afectos a un derecho específico de $3.- oro por kilogramo neto de automóvil y a un 340 % de su valor aduanero:

.

6º.- Debe sumarse, además a la recaudación anterior, el valor de las patentes de automóviles que incrementan el financiamiento fiscal y municipal.

7º.- Entre la última quincena de diciembre del año 1968 y la presente quincena, el dólar ha experimentado un aumento equivalente al 31,6%. Es lícito, en estas condiciones, presumir que los ingresos señalados en el número quinto de este memorándum, por el hecho de que se producirán durante un lapso superior a seis meses del próximo año, se encontrarán recargados en no menos de un diez por ciento, en promedio.

8º.- Es posible, así, estimar que la autorización de que se trata significará una entrada no menor de Eº 750.000.000, sólo por concepto de derechos de aduana, aparte del producido de las patentes, del impuesto sustitutivo del 3% del valor CIF, consultado en el artículo 182 de la ley Nº 16.464 y sus modificaciones y de los tributos con que se encuentran gravados diversos actos jurídicos y contratos a que darán origen en el país los automóviles importados.

9°.- Lo prevenido, en cuanto a la substitución de los depósitos previos por un pago anticipado en escudos equivalente a US$ 3.900.- , por intermedio de las Aduanas, asegura un financiamiento inmediato de la ley, cuyos gastos se trata de cubrir, para evitar cualquier apremio inicial de Caja.

10.- La salida en divisas, en ningún caso podrá ser superior a una cantidad de 20 a 24 millones de dólares, lo que le significará a la Hacienda Pública un ingreso en escudos no inferior a cuatro veces su valor.

11.- Por todas estas razones, la iniciativa propuesta presenta ventajas innegables para el erario, sin que produzca ningún entorpecimiento a la economía del país. Antes, al contrario, significará en muchos aspectos, estimular algunas actividades sectoriales vinculadas al transporte automotor.

"Artículo...- Autorízase la importación, afecta a todos los derechos e impuestos establecidos en el Arancel Aduanero y en leyes especiales, sin rebaja de ninguna especie, de hasta 5.000 automóviles armados, de un valor CIF no inferior a US$ 2.600.- cada uno, siempre que su internación se solicite al Banco Central de Chile dentro del plazo de 180 días, contado desde la fecha de publicación de la presente ley.

El Banco Central de Chile deberá dar curso, dentro de un lapso no mayor de tres días, a todas las solicitudes presentadas de acuerdo al plazo y cuota establecidos en el inciso anterior. Para este efecto, el Banco Central de Chile deberá certificar especialmente al interesado e indicar, además, en el respectivo Registro de Importación, el número correlativo de orden que corresponda a cada vehículo dentro de la cuota de importación que esta disposición autoriza.

Estas importaciones se registrarán sin el requisito del depósito previo. Sin embargo, será condición indispensable que a la presentación de la solicitud respectiva se acompañe comprobante fiscal de pago de una suma equivalente, en escudos, a US$ 3.900.- por cada vehículo.

Estos fondos serán recaudados por intermedio de las Aduanas al tipo de cambio y factor de conversión en vigencia a la fecha del pago.

Las sumas canceladas en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero deberán rebajarse de los derechos ad valor era determinados por las Aduanas al momento del desaduanamiento del vehículo respectivo.

Los recursos provenientes de la aplicación de esta disposición se destinarán al financiamiento de los gastos que irrogue la cancelación de los beneficios establecidos en el proyecto de ley que dicta normas relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Servicio de Investigaciones, para cuyo efecto, se ingresarán en una cuenta especial que deberá abrir la Tesorería General de la República."

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El señor ALTAMIRANO.-

Señor Presidente, trataré de ser muy breve, porque la sesión fue convocada para pronunciarse en general sobre el proyecto de reajustes a los sectores público y privado.

Inicio mis palabras manifestando mi acuerdo con las aprensiones del Presidente del Senado, en cuanto a que el Ejecutivo pudiera no cumplir una ley despachada por el Congreso, la cual necesariamente tendrá que promulgar el Presidente de la República.

Comparto su opinión de que las leyes se dictan para cumplirse, pero discrepo con el Honorable señor Pablo cuando expresa que hemos autorizado un gasto y no hemos destinado los fondos requeridos. No voy a abundar sobre el tema. Prácticamente dedicamos toda la sesión pasada a debatirlo. Pero los socialistas debemos dejar constancia de que no autorizamos un gasto, sino que delegamos una facultad -cuya constitucionalidad, por lo demás, es discutible- en el Poder Ejecutivo, en el Presidente de la República, para que, de acuerdo con su criterio, llegue a un arreglo con las Fuerzas Armadas y dictamine sobre el gasto.

En segundo lugar, no estamos obligados a otorgar el financiamiento. El Poder Ejecutivo, en el Mensaje que propuso la delegación de facultades para reajustar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, manifestó que la iniciativa se solventaba con los recursos allí considerados; que si éstos no eran suficientes, los nuevos fondos se indicarían en la ley general de Presupuestos, y que si aún faltaban, los incluiría en el proyecto que hoy analizaremos. En consecuencia, la responsabilidad que asumió el Presidente del Senado para financiar el reajuste de los pensionados de las Fuerzas Armadas, la tomó el Gobierno, el Presidente de la República.

Nos alegramos, en vista de que el Jefe del Estado olvidó el compromiso contraído en el Mensaje -y, al parecer, pretende no cumplir una ley- de que el Presidente del Senado asuma la responsabilidad y se encargue de presentar una indicación para financiar esa iniciativa.

Los socialistas no podemos pronunciarnos precipitadamente sobre la proposición del Honorable señor Pablo, pero sí podemos decir que lo acompañaremos a buscar la fórmula para poder cancelar el reajuste a las 70 mil personas del sector pasivo de las Fuerzas Armadas, en vista de que el Poder Ejecutivo no cumplió con lo que prometió al país y a ese sector.

El señor MONTES.-

Quiero referirme al proyecto de reajustes a los sectores público y privado, sobre el cual debemos pronunciarnos en general y que ya fue estudiado, en su segundo trámite, por las Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas.

Este año la Central Única de Trabajadores representó a los empleados y a la clase obrera chilena en las conversaciones sostenidas con el Gobierno de la República, que tuvieron por objeto llegar a un acuerdo que considerara, desde el punto de vista de los trabajadores, sus aspiraciones mínimas. En la práctica, se trató -así lo podríamos llamar- de presentar un pliego nacional de peticiones, respecto del cual se llegó a acuerdo con el Gobierno.

Tengo en mi mano el Acta de Acuerdo que -como se sabe- se tradujo en el actual proyecto de reajuste de los sectores público y privado. Dicho documento está firmado, en representación del Gobierno, por los señores Patricio Rojas y Andrés Zaldívar, Ministros del Interior y de Hacienda, respectivamente, y por la CUT, por don Luis Figueroa, Presidente, don Bayardo González y don Sergio Sánchez, Vicepresidentes, y don Hernán del Canto, Secretario General.

Solicito insertar en el texto de mi intervención esta Acta de Acuerdo -que tiene dos carillas y media-, porque me parece importante que en el debate del Senado aparezca su contenido, a fin de que su interpretación no pueda prestarse a equívocos y para que ojalá toda la ciudadanía lo conozca. De esta manera me evito darle lectura y ocupar tiempo que, probablemente, otros señores Senadores necesitarán en el debate de hoy.

El señor PABLO ( Presidente).-

Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.

Acordado.

-El documento cuya, inserción se acuerda es el siguiente:

"Acta de Acuerdo.

En Santiago, a 3 de diciembre de 1969, entre los Ministros de Interior, don Patricio Rojas S., y de Hacienda, don Andrés Zaldívar L., en representación del Supremo Gobierno, y la Central Única de Trabajadores de Chile, representada por don Luis Figueroa, Presidente; don Bayardo González y don Sergio Sánchez, Vicepresidentes; y don Hernán del Canto, Secretario General, se ha acordado lo siguiente:

1º.- El reajuste general de remuneraciones del Sector Público para 1970, se hará sobre las siguientes bases:

a) Se reajustarán las remuneraciones totales de los funcionarios del Sector Público, comprendidos en este acuerdo incluidas las de las Municipalidades y excluidas las horas extraordinarias y las asignaciones de alimentación, las que se fijan en función de sueldos vitales y las que constituyen porcentajes de los sueldos en un 28%, a contar del 1º de enero de 1970.

Si el índice de precios al consumidor que entrega la Dirección de Estadística y Censos experimentare entre el 1° de enero de 1969 y el 31 de diciembre de 1969 un alza superior al 29,5%, el reajuste mencionado se incrementará en tantos puntos y/o fracciones de punto como sean los que excedan de 29,5% en el alza del índice antes señalado.

b) La asignación familiar se reajustará en un 100% del alza que experimente el índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1º de enero y el 81 de diciembre de 1969.

c) Se otorgará a contar del 1° de enero de 1970 una bonificación complementaria y permanente de Eº 20,- mensuales por cada carga familiar a todos los funcionarios públicos civiles comprendidos en este acuerdo, que gozan de asignación familiar fiscal y que en el año 1969 asciende a Eº 37.- Dicha bonificación será reajustada en los años siguientes en los mismos términos que lo sea la asignación familiar base.

d) La asignación no imponible del 7,5% otorgada por la Ley Nº 16.840 se incorporará a contar del 1° de enero de 1970 a la escala de sueldos del D.F.L. Nº 40 y sus modificaciones, denominada ANEF. En el resto de las escalas de sueldos en que se aplique esa asignación se mantendrá como asignación para los funcionarios que la perciben, con carácter de sueldo para todos los efectos legales y de imponible en la misma proporción en que lo sea el sueldo base. La cantidad que corresponda a esa asignación se reajustará al igual que el sueldo base de acuerdo a la letra a) precedente;

e) A contar del 1° de enero de 1970 será imponible el 70% del total de las remuneraciones de los funcionarios públicos, sin perjuicio de los porcentajes superiores de imponibilidad que establece la legislación vigente, y siempre que dichas remuneraciones tengan el carácter de generales y permanentes, excluyéndose, por tanto, de la imponibilidad las transitorias y eventuales y las que tienen carácter de previsionales o de seguridad social.

f) Se declara que el reajuste general del año 1970, ya especificado, se aplicará sobre las remuneraciones y asignación familiar vigentes después de incorporar a ellas las bonificaciones transitorias de 20% y 28% respectivamente, contempladas en el D.F.L. Nº 1, de 1969.

g) Se designará una Comisión Gobierno - Central Unica de Trabajadores, para que en el plazo de seis (6) meses estudie el sistema de remuneraciones del Sector Público Civil y proponga sistemas de Carrera Civil Funcionaría con todos los mecanismos relativos a escalas de remuneraciones, sistemas de ingreso, ascenso, perfeccionamiento y demás materias afines.

h) El monto de la asignación de alimentación para el personal a que se refiere el artículo 41 de la Ley de Presupuestos vigente será de Eº 4.- diarios a contar del 1° de enero de 1970.

i) El descuento de la primera diferencia de remuneraciones que debe integrarse en la Caja de Previsión respectiva, correspondiente al primer mes de reajuste, se hará efectiva en seis (6) cuotas mensuales.

2º.- El reajuste de remuneraciones del sector privado para el año 1970, se hará bajo las siguientes bases:

a) Los trabajadores, obreros y empleados, no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, recibirán a contar del 1° de enero de 1970 un reajuste sobre sus remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo vigentes al 31 de diciembre de 1969, equivalente al 100% de la variación que hubiere experimentado el índice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadística y Censos para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969;

b) Los trabajadores, empleados y obreros, sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, reajustarán sus remuneraciones, al término de dichos acuerdos, en los porcentajes o montos que libremente se pacten o acuerden;

c) El salario mínimo obrero para la industria y agricultura será de Eº 12.- diarios, a contar del 1° de enero de 1970, incluido en él el reajuste contemplado en la letra a) precedente;

d) El Servicio de Seguro Social fijará a contar del 1° de enero de 1970 una asignación familiar de Eº 1,50 por carga y por día trabajado, entendiéndose incluido en dicha suma el reajuste correspondiente a la variación del índice de precios al consumidor experimentada entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1969.

3º.- El proyecto de ley o indicaciones que contendrán los acuerdos antes señalados, salvo la letra d) precedente, se presentará por el Ejecutivo dentro del plazo de seis días a contar de esa fecha y ambas partes procurarán su pronto despacho, solicitando al Honorable Congreso su tramitación con la máxima urgencia.

4º.- El reajuste que contempla este Acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1970.

5º.- Se declara que forman parte integrante de este acuerdo los arreglos, reestructuraciones y reajustes especiales comprometidos a esta fecha entre el Gobierno y diversos gremios de servidores públicos los que serán incorporados al Proyecto de Ley durante su tramitación, excepto los personales del Magisterio que se rigen por el artículo 3º de la Ley Nº 16.930."

El señor MONTES.-

Aun cuando la CUT llegó a un acuerdo con el Gobierno en cuanto al reajuste para los sectores público y privado, tanto para empleados como para obreros; me referiré a un acta firmada el 24 de noviembre del año en curso por la Federación de Trabajadores de la Salud y la de Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional de Salud, y por el señor Subsecretario de Salud, doctor Patricio Silva Garín, en la que se llegó a un convenio respecto de sus remuneraciones.

Solicito insertar este documento, que tiene una carilla y media, en el texto de mi intervención.

El señor PABLO ( Presidente).-

Si le parece a la Sala, así se procederá.

Acordado.

-El documento cuya inserción se acuerda es el siguiente:

"Acta,

En Santiago de Chile, a 24 de noviembre de 1969; entre las Federaciones de Trabajadores de la Salud y la de Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional de Salud y el señor Subsecretario de Salud, Dr. Patricio Silva Garín, se ha convenido lo siguiente:

1.- Las Escalas de Sueldos del personal del Servicio Nacional de Salud para 1970, considerada la Escala Directiva Profesional y Técnica y las Escalas Administrativas A y B, equivaldrá a un 94% de las Escalas de Sueldos de la Administración Civil del Estado (ANEF). Se deja constancia que la Escala ANEF para el año 1970, será aquella que se acuerde entre los señores Ministros del Interior y Hacienda, CUT y Comando de Trabajadores del Estado. Se entiende que en dicho porcentaje, deberá incluirse la Bonificación del 7,5% otorgada para dicha Escala en el año 1968; la Asignación especial del 20% otorgada para 1969; el reajuste que se otorgue a dicha Escala para 1970 y cualquier otra clase de asignación, bonificación o remuneración anexa o adicional que se otorgue a dicho personal.

2.- El personal del Servicio Nacional de Salud y de la Subsecretaría de Salud, excluida de ambas partes el personal afecto a la Ley 15.076, recibirá durante el año 1970 una bonificación no imponible, ascendente a Eº 1.140.- y distribuida de la siguiente manera:

Mes de marzo Eº 400.-

Mes de septiembre Eº 340.-

Mes de diciembre Eº 400.-

Se deja expresa constancia que en el cálculo del monto de esta bonificación, se ha considerado como reajuste para el año 1970, un aumento del 28%, el que correspondería a un alza del índice de precios para 1969 equivalente a dicho porcentaje. De este modo, sí el alza del índice de precios fuera mayor, se incluirá la diferencia del total en la cuota de septiembre.

3.- Declárase que las planillas suplementarias que perciben los funcionarios, materia del presente acuerdo, serán reajustadas a contar del 1° de enero de 1970 en el mismo porcentaje que corresponde al reajuste general de sueldos.

4.- Las horas extraordinarias diurnas, nocturnas, domingos y festivos se pagarán a contar del 1° de enero de 1970 en conformidad a las escalas a que se refiere el punto 1º del presente acuerdo.

5.- Las partes están de acuerdo en que el Ministerio de Salud Honorable Congreso Nacional un proyecto de ley en que se considerarán los siguientes aspectos, en conformidad a las indicaciones que se adjuntan al acta:

a) Paso a la Planta del Personal Contratado y a Jornal.

b) Jornada de trabajo para la Planta Administrativa A y B y Profesionales y Técnicos.

c) Casa del Trabajador de la Salud.

d) Reajuste bonificación 1969.

e) Imponibilidad para el personal que se acoja a jubilación.

f) Plazo para proveer los cargos vacantes por ascensos.

g) Indicación renovada sobre escalafones.

6.- Se declara que en cumplimiento de la política de Salud para el mejor logro de las aspiraciones de los Trabajadores dela Salud y Profesionales y Técnicos, continuarán funcionando las comisiones a que se refiere la Resolución Nº 51 de 20 de octubre de 1969, de la Subsecretaría de Salud."

El señor PABLO ( Presidente).-

¿Me permite, señor Senador?

El señor MONTES.-

Concluiré mis observaciones rápidamente, porque comprendo que otros señores Senadores desean intervenir. Termino en cinco minutos.

El señor PABLO ( Presidente).-

Advierto al Senado que la sesión dura hasta las ocho y no hemos distribuido el tiempo. Hay varios señores Senadores inscritos después del Honorable señor Montes. En consecuencia, el tiempo restante deberá dividirse. Pido al Honorable señor Montes que finalice sus observaciones lo antes posible, vale decir, en menos de cinco minutos, ya que de esa manera podríamos proponer conceder veinte minutos por Comité.

El señor MORALES ADRIASOLA.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor MONTES.-

Excúseme, Honorable colega. Quisiera concedérsela, pero la Mesa me ha pedido no demorar más mi intervención, pues otros señores Senadores desean usar de la palabra. No obstante, si Su Señoría es breve, le puedo dar unos minutos.

El señor MONTES.-

Repito: los acuerdos consignados en las actas de la CUT y de la Federación de Trabajadores de la Salud, firmadas ambas por personeros de Gobierno, han sido considerados en el proyecto que tratamos en este momento. Por eso, me referiré a él en forma breve.

Las principales materias de que trata son las siguientes:

Primero: se reajustan los sueldos del sector público en 28%.

Segundo: si el porcentaje del costo de la vida sube de 29,5, el reajuste se incrementará en lo que exceda esta cifra; esto es, para poner un ejemplo típico, mencionado en las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, si el alza del costo de la vida llegara este año a 29,6 %; el reajuste sería de 28,1%, y así sucesivamente. ¿Por qué razón se estableció ese espacio entre 28% y 29,5%? ¿Por qué se dio este salto de 1,5%, de comprensión aparentemente difícil para algunas personas y aprovechado por otras con fines que tienen relación con la campaña propagandística de desprestigio de la CUT por este acuerdo? Se estableció en vista de la resolución estampada más adelante, consistente en dar, sobre la asignación familiar -además del reajuste- una bonificación no imponible de 20 escudos por carga, que se financia con el producto de ese margen, además de la cantidad necesaria que aportará el Fisco si tal financiamiento no se logra completar con el 1,5% ; es decir, el Gobierno se comprometió, en el acuerdo suscrito, a financiar aquella parte de esos veinte escudos que no se alcance a cubrir con el financiamiento señalado.

Tercero: las remuneraciones de los servicios públicos llamados "postergados" se reajustarán en lo que se estipula en los respectivos acuerdos especiales, además de serlo en 28%. En la práctica, por ejemplo, el magisterio queda excluido del acuerdo, toda vez que le son aplicables las disposiciones del artículo 3º de la ley Nº 16.930. Entonces, el reajuste del magisterio se regirá, para 1970, no por las disposiciones de la ley en debate en cuanto a porcentaje, sino por las normas especiales pactadas hace años, ganadas, conquistadas por ese gremio y que se consignan -repito- en la ley Nº 16.930. Así, también, en otros casos.

Cuarto: la asignación no imponible de 7,5% que percibe gran parte de la Administración Pública, o toda ella. Esta asignación no imponible –vencida me anota el Honorable señor Valente- se incorpora al sueldo imponible y se reajusta en les términos generales propuestos. Tal asimilacion al sueldo base de la citada asignación reajustada en 28% significa, evidentemente, un porcentaje de aumento mucho más elevado que el de 28%. Las bonificaciones transitorias -en unos casos, de 20%, y en otros, de 28%- se hacen permanentes y también se reajustan de la manera señalada para la asignación de 7,5%. De manera que sobre el sueldo base así incrementado se aplica el porcentaje general estipulado en la iniciativa en discusión, vale decir, en el acuerdo suscrito entre la CUT y el Gobierno.

Quinto: la asignación familiar de los empleados fiscales, que es de 37 escudos mensuales por carga, se reajusta en ciento por ciento del alza experimentada por el índice del costo de la vida, y a la cantidad resultante se agregan, como adición no imponible, los 20 escudos mensuales por carga a que me referí denantes. Ello significa, según cálculos que no son definitivos, porque no tenemos todavía el porcentaje exacto del alza del costo de la vida -se conocerá el 31 de diciembre-, que la asignación familiar de los empleados fiscales pasaría, de 37 escudos, a 68 escudos más o menos.

Sexto: la asignación de alimentación se fija, para determinados sectores de la Administración Pública, en cuatro escudos diarios.

Séptimo: la primera diferencia de remuneración imponible se descontará en seis meses y no de una sola vez. Este acuerdo, que rige para toda la Administración Pública, no comprendía taxativamente al Magisterio Nacional, en atención a que, como lo he señalado, éste se rige por las disposiciones de una ley especial; pero al respecto ya se ha resuelto que la primera diferencia de remuneración imponible de los educadores se descuente también en seis mensualidades.

Octavo: se eleva a 70% el porcentaje mínimo imponible de las remuneraciones del sector público. Sabido es que muchos sectores de la Administración y algunos de instituciones de administración autónoma, semifiscales, etcétera, tienen un sueldo base muy pequeño, al que se agregan, para conformar la renta total del trabajador, remuneraciones anexas. El sueldo base imponible es, en algunos casos, inferior a 70% de la remuneración total. En las Comisiones Unidas del Senado se expresó que, en otros, alcanza a 38%, a 40% ó a 50%. El acuerdo pactado con el Gobierno significa que el porcentaje mínimo imponible de las remuneraciones del sector público será el que he indicado: 70% de la renta total. Al respecto, se ha producido alguna inquietud acerca de si ello implica la posibilidad de que aquellos sectores que están imponiendo sobre un porcentaje superior de sus sueldos -80%, 85%, 90% y en ciertos casos 100%- deban hacerlo en adelante sobre menor proporción de aquéllos, es decir sobre 70%. Ha quedado absolutamente en claro, sin lugar a dudas, tanto en las intervenciones de los señores Senadores que en las Comisiones interpretaron este asunto como en las de los señores Ministros de Estado que participaron en la discusión, que el porcentaje de 70% es el mínimo imponible de las remuneraciones del sector público y que, en consecuencia, quienes tienen un porcentaje imponible superior, lo mantendrán, por tratarse ya de un derecho adquirido, de una conquista lograda, de una reivindicación que ellos han ganado. Por tanto, en este momento existe claridad suficiente para afirmar lo que estamos diciendo.

Noveno: en el plazo de seis meses se establecerá, por parte de la CUT y del Gobierno, la carrera civil funcionaría, con la modalidad-de escala de remuneraciones y el sistema de ingresos, ascensos, perfeccionamientos y otras materias, lo que en la práctica significa, a nuestro juicio, un paso adelante, una conquista importante en el logro de una finalidad que los trabajadores han venido tratando de obtener durante muchos años. En este momento ya existe acuerdo, como he dicho, para que, en plazo determinado, una comisión paritaria resuelva el problema de común acuerdo, sobre la base de que la representación de los trabajadores la tendrá la Central Unica de Trabajadores de Chile.

En seguida, con relación al sector privado quiero señalar algunas reivindicaciones mínimas logradas también en el acta de acuerdo y tomadas en cuenta en el proyecto en debate.

El salario mínimo obrero, industrial y agrícola, sube, de 7.480 pesos diarios, a 12.000 pesos; de 7,48 escudos, a 12 escudos. Se reajusta en 60,4%. No nos parece óptimo un salario mínimo de doce escudos diarios. Evidentemente, habríamos deseado que su monto fuera superior. La CUT lo estimó, primitivamente, en una suma no inferior a 16 escudos diarios. Recuerdo que el año pasado, al discutirse el proyecto de reajustes, los parlamentarios comunistas presentamos una indicación para que el salario mínimo fuese de 15 escudos al día, indicación que fue modificada por otra, de los Diputados de la Democracia Cristiana, que fijaba en 10 escudos el salario mínimo industrial y agrícola. Aprobada en la Cámara de Diputados, tal iniciativa fue posteriormente rechazada por los propios parlamentarios ante el veto del Ejecutivo, en el que se determinaba sólo un salario mínimo reajustado en el alza del costo de la vida, el que, como se sabe, alcanzó a la cantidad señalada, de 7.480 pesos. Pero en el acta de la CUT y el Gobierno -repito- ese salario se eleva a 12 escudos diarios como mínimo, como se consigna en el proyecto. Insisto en que a nosotros no nos satisface; tampoco conforma a la CUT, que suscribió el acuerdo, y sabemos que no satisface las aspiraciones señaladas anteriormente por el organismo mencionado. Pero fue necesario suscribir ese acuerdo, teniendo en cuenta los otros problemas abordados en el acta, las demás soluciones que, a juicio de la Central Unica de Trabajadores, significan un avance. Por ello, aun cuando no era lo mejor, fue aceptado.

En seguida, se reajustan en ciento por ciento del alza del costo de la vida los salarios y sueldos de los trabajadores del sector privado no sujetos a convenios colectivos, actas de avenimiento y fallos arbitrales. Esto, a nuestro juicio, significa una conquista que podemos calificar de extraordinaria, de muy importante, toda vez que nadie ignora el hecho de que hay una inmensa cantidad de trabajadores en nuestro país que todavía carece de organización, por efecto del crecimiento de la colectividad obrera o campesina o por razones de mecánica jurídica, por así decirlo, pues para constituir una organización sindical se exige, entre otras cosas, un número no inferior a 25 asalariados, aparte otras normas señaladas en el Código del Trabajo.

En nuestro país existe una gran cantidad de pequeños talleres y faenas medianas que no alcanzan a ocupar ese número de trabajadores, pues utilizan sólo cinco, diez, doce o quince obreros u obreras, particularmente estas últimas en el caso de la pequeña industria textil, por ejemplo. Todas éstas, por carecer de organización sindical, no tienen posibilidad de recurrir, desde el punto de vista legal, al pliego de peticiones que les permita llegar a un avenimiento de manera directa con el patrón o la empresa.

Por eso, el hecho de asignar el ciento por ciento del alza del costo de la vida para todo trabajador no sujeto a convenio colectivo, nos parece una conquista importante, un avance notorio, un logro que realmente valorizamos en lo que representa.

Luego, los obreros y empleados del sector privado sujetos a convenios colectivos, actas de avenimiento y fallos arbitrales reajustarán sus remuneraciones de común acuerdo entre las partes. Pero se establece una limitación con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Ya lo expresamos en las Comisiones al discutirse el problema, que no nos satisface este procedimiento: que si el reajuste pactado es superior al ciento por ciento del alza del costo de la vida, el excedente deberá ser absorbido por las utilidades de las empresas o industrias; es decir, no podrá ser cargado a los precios.

Tanto el Gobierno como algunos sectores del Parlamento han expresado que esta disposición tiende a constituir una especie de dique, de barrera que sirva de detención al proceso inflacionista. En esa forma, los acuerdos a que se llegue ante un pliego de peticiones, no han de significar una cantidad superior al ciento por ciento del alza del costo de la vida; y, si ese porcentaje se supera, las empresas deberán responder por la diferencia.

A nuestro juicio, este precepto implica una especie de limitación para que los obreros y sus respectivas organizaciones puedan romper lo que se ha denominado la "barrera del índice del costo de la vida"; limitación que, en mi opinión, no debiera existir.

A continuación, debemos señalar que la asignación familiar obrera se eleva a 1.500 pesos diarios por carga. Se reajusta, por lo tanto, en 45%. Es decir, se llega a un porcentaje evidentemente superior al de los reajustes de sueldos y salarios.

He querido analizar de manera rápida el proyecto, sin detenerme en especial en cada una de sus disposiciones, sino sólo en aquellas que nos parece más interesante destacar, porque diversos sectores del país se han empeñado en desprestigiar el acuerdo diciendo que, de una manera u otra, se ha producido un contubernio entre la Central Unica de Trabajadores y el Ejecutivo y no se han satisfecho las aspiraciones de los trabajadores. En fin, diversos sectores de la prensa nacional han hecho hincapié en que éste no habría sido un buen acuerdo, y han tratado de destacar que, de un modo u otro, en mayor o menor grado, la CUT habría arriado sus banderas y entrado a una especie de conciliación impropia de un organismo revolucionario.

El Partido Comunista agradece a aquellos sectores que en algunas oportunidades se preocupan de la pureza revolucionaria de los asalariados. Sobre todo, valorizamos, refrendamos y respaldamos el acuerdo adoptado por la Central Unica de Trabajadores de nuestro país, contenido en el acta cuyo texto se insertará en la versión de esta sesión. Y lo valorizamos, ante todo, porque ha sido la central obrera del país quien ha representado a los trabajadores chilenos ante el Gobierno, en lo que al comienzo se estimó un verdadero pliego nacional que se discutiría sobre la base de que, dadas las condiciones de nuestra sociedad actual y el medio en que nos movemos, no es posible soñar que los asalariados puedan alcanzar siempre la satisfacción del ciento por ciento de sus aspiraciones o hacer realidad todas sus esperanzas reivindicativas.

No plantear el problema de ese modo significa admitir que vivimos despegados de la tierra, de la realidad, desconociendo el medio en que actuamos, no teniendo en cuenta las condiciones reales de estos días de lucha. Por lo menos, el Senador que habla no tiene conocimiento, a lo largo de su pequeña o mediana experiencia en materia de discusión de pliegos de peticiones consecutivos a conflictos colectivos, de que alguna organización sindical haya obtenido alguna vez el ciento por ciento de las reivindicaciones que plantean. Porque ello no corresponde -repito- al carácter de la sociedad en que vivimos, al cuadro real que los trabajadores deben enfrentar para resolver sus problemas.

¿Qué significa, en cifras, el Acta CUT-Gobierno, que -repito- determinados sectores pretenden desprestigiar? Un reajuste mínimo de 33% para la Administración Pública global, y un promedio de 40% en el total del proyecto. ¿Qué ha dicho la Central Unica de Trabajadores al respecto, cuyas palabras, por cierto, suscribimos? La Mesa de la CUT, como es sabido, está presidida por el Diputado comunista señor Luis Figueroa Mazuela -presente en estos instantes en la Sala- e integrada por el socialista Hernán del Canto, como secretario general, y los vicepresidentes Bayardo González, radical, y Sergio Sánchez, del MAPU.

En la campaña convulsionista desatada sobre el particular, han participado ciertos órganos de prensa como "El Mercurio", algunos periodistas que se denominan de Izquierda y otros que se auto llaman "independientes". El tono general - lo he dicho- consiste en presentar una especie de supuesto contubernio entre la Central Unica de Trabajadores y el Gobierno. Al respecto, se hizo una entrevista de prensa al presidente y al secretario general de la CUT, a quienes se formuló una serie de preguntas sobre la materia. ¿Qué han contestado ellos? A las preguntas que se les formularon respecto del contenido del acta, esos dirigentes respondieron:

"DEL CANTO: - En las conversaciones rechazamos terminantemente la pretensión del Gobierno de que en 1970 los gremios se comprometieran a no luchar por más que lo establecido en el Acta. Querían que los trabajadores quedáramos con las manos atadas. Esto se incluía en el primer proyecto de Acta del Gobierno y lo rechazamos. Cada cual podrá conseguir un reajuste mayor al acordado.

"FIGUEROA.- En los últimos años las plataformas de lucha anuales de la CUT se han perfeccionado científicamente gracias al trabajo de nuestra Comisión Técnica que cuenta con más de 30 especialistas. En 1962 nuestra plataforma dio lugar a una entrevista con el Presidente Alessandri y luego a un paro nacional. El 67 logramos derrotar con la lucha por nuestra plataforma la política de los "chiribonos" planteada por el MinistroMolina por imposición del Comité de la Alianza para el Progreso, Las plataformas de la CUT no son nada nuevo.

"DEL CANTO: - El patrón de los servidores públicos es el Gobierno. Los trabajadores discuten habitualmente con sus patrones y la CUT lo hizo con el patrón de los servidores públicos, gracias al mandato recibido de sus organizaciones. Esto no significa desconocer que el Gobierno es contrario a los trabajadores.

"FIGUEROA: - El Gobierno hace su política y la CUT la suya. Lo único que: este año ha cambiado es que el Gobierno debió aceptar conversar con la organización máxima de los trabajadores.

"DEL CANTO: - El Gobierno quiso aprovechar la situación para conseguir que los trabajadores firmaran el Acta de la Paz Social. No aceptamos porque no es un Gobierno de los trabajadores.

"-Los gremios que nos dieron mandato estuvieron informados en más de diez reuniones del Consejo Plenario de Federaciones y quince reuniones de los trabajadores del sector público, y en un acto de masas en la Avenida Bulnes. Quien nos acuse de haber actuado secretamente, miente. Pero deben saber que nosotros no representábamos en estas conversaciones a los órganos informativos sino a los trabajadores, y que por eso era a las bases a las que informábamos. Antes de firmar el Acta con el Gobierno consultamos a las organizaciones.

"FIGUEROA: - El Acta se elaboró "ad referéndum", es decir, sujeta a la ratificación de las organizaciones gremiales y sólo se firmó una vez ratificada por ellas. Esas organizaciones tuvieron amplia confianza en la Mesa de la CUT.

"DEL CANTO: - Sin las conversaciones el reajuste habría sido mucho menor al alza del costo de la vida reconocida por el Gobierno, como sucedió en los últimos cuatro años. Desde la segunda reunión con el Gobierno el Plenario de Federaciones tenía acuerdo de paro nacional. Estábamos discutiendo el pliego del poder de los trabajadores, con el poder del Gobierno.

"FIGUEROA: - Si no se hubiera seguido este camino las organizaciones de trabajadores del Estado habrían enfrentado sus problemas dispersas. La CUT logró que los sectores de los trabajadores públicos y privados actuaran juntos. Es una elevación cualitativa en el proceso de lucha unitaria.

"DEL CANTO: - En años anteriores como resultado de la lucha dispersa del sector público el Gobierno arreglaba a un sector con los recursos de otro.

"FIGUEROA: -En cuanto a los trabajadores del sector privado se logró que los organizados hicieran fuerza a favor de los inorganizados. Los inorganizados que suman más de un millón habrían recibido, sin esta acción conjunta, un reajuste congelado inferior al alza del costo de la vida de acuerdo a la política del Gobierno. En cambio se logró un aumento igual al alza oficial del costo de la vida en sueldos y salarios para los inorganizados, más un 50% de reajuste de la asignación familiar obrera y un 60% en el salario mínimo. Para este sector es el aumento mayor logrado en los últimos diez años, pues antes, en el mejor de los casos, recibían sólo el reajuste oficial del costo de la vida y nada más.

"-El Acta CUT-Gobierno no resuelve naturalmente el problema fundamental de los trabajadores, pues subsiste el régimen capitalista de explotación del hombre por el hombre. Pero despeja el camino para luchas por objetivos superiores.

"-Los trabajadores organizados del sector privado que tienen convenios colectivos -alrededor de 500 mil- quedan sujetos a la libertad de convenio y lo que obtengan dependerá de sus luchas.

"DEL CANTO: -Los trabajadores organizados del sector privado tendrán el apoyo de la CUT al luchar por sus pliegos. Es el caso ele los mineros, fabriles, campesinos y muchos otros.

"FIGUEROA: -El último Congreso de la CUT planteó coordinar las luchas. Planteamos ahora que deben presentarse pliegos nacionales por ramas de la producción."."

He querido dar una rápida lectura total a esa entrevista, cuya versión aparece en el diario "El Siglo" del viernes 12 de diciembre en curso, en la crónica diaria titulada "Las Vueltas de la Política", firmada por el periodista Eduardo Labarca, se recogen, de una manera más o menos textual, las expresiones que reflejan el pensamiento, no sólo del Presidente y del Secretario General de la CUT, sino también el de toda esa organización gremial y de los trabajadores que la integran, representados por esos dirigentes en las conversaciones sostenidas con el Gobierno, que culminaron en el acuerdo en referencia.

Es efectivo, como se comprueba con las afirmaciones finales de esos dirigentes, que no se ha logrado la solución integral -cerno nadie lo soñó, por cierto- de los problemas reivindicativos del asalariado chileno. Es el caso, por ejemplo, de las aspiraciones de obtener un sueldo o un salario realmente justo, de lo referente a la asignación familiar y de otros problemas. Ello habría sido soñar despierto o, simplemente, plantear una falsa esperanza que pudiera haber surgido en el corazón o en el pensamiento de los trabajadores chilenos. En efecto, no se ha logrado todo.

Por ejemplo, lo tocante al sueldo vital no fue resuelto, salvo que su fijación se determinará según las disposiciones legales vigentes. Es decir, en las diversas escalas se le aplicará el porcentaje que el índice de precios al consumidor señale como alza del costo de la vida, y las cantidades resultantes tendrán vigencia el año venidero. Según lo anterior, el sueldo vital para 1970 será, poco más o menos, de 620 escudos mensuales, cifra, a nuestro juicio, insuficiente.

Como sabemos, el sueldo vital se fija para los empleados del sector privado.

El Servicio Nacional de Salud efectuó un cálculo exacto, científico. En él se concluye que la dieta mínima de cuatro personas requiere mensualmente de un sueldo no inferior a 760 escudos. Además, el sueldo vital se ha ido deteriorando por sucesivas kyt3 de congelación. Según un calcico de la Central Unica de Trabajadores, entre 1963 y 1969 ha habido un deterioro equivalente, por lo menos, a &0% del sueldo vital, en términos reales.

Por esa razón, los Senadores comunistas presentamos una indicación basada en el estudio de la dieta mínima hecho por el Servicio Nacional de Salud, demostrativo de que un sueldo vital de 620 escudos es, en verdad, insuficiente para resolver los problemas que deben enfrentar los hogares de los empleados por el alza del costo de la vida. Esa indicación se discutirá mañana en las Comisiones Unidas. No sabemos si ella se aprobará. En todo caso, señalamos lo que, en nuestra opinión, es una solución del problema: proponemos agregar a los sueldos vitales señalados en las diversas escalas una bonificación no imponible de 80 escudos. Si consideramos el monto a que llegará el sueldo vital el próximo año por aplicación de las actuales normas legales, esos 80 escudos servirán para que el sueldo vital llegue a 700 escudos, y se acerque a la cantidad señalada por el Servicio Nacional de Salud como necesaria para obtener una dieta mínima.

Por otra parte, y así lo expusimos en las Comisiones Unidas, nos parece conveniente incorporar al magisterio nacional a la bonificación de 20 escudos por carga familiar que obtendrán otros sectores. Por las informaciones proporcionadas en las Comisiones Unidas, hay conversaciones entre la Federación de Educadores, la Central Unica de Trabajadores y el Ministro de Hacienda, con el objeto de llegar a un acuerdo acerca de ese problema, el cual se concretará el día de mañana mediante la presentación de una indicación.

También nos interesa incluir entre quienes perciban esa bonificación -lo que hasta ahora es incierto, porque todavía no se resuelve definitivamente- a los jubilados que no gozan de pensión reajustable.

El señor MONTES.-

Afortunadamente, ese acuerdo ya no me afecta; pero, en todo caso, concluiré mi intervención a la brevedad.

Además, observamos algunas deficiencias en el proyecto. Quiero citar dos. En el artículo 37 de la iniciativa de la Cámara, originado en una indicación parlamentaria, se dispone una congelación de precios para el próximo año. Comprendemos que, en la práctica, no pueden resolverse problemas relativos a fenómenos de orden económico por la simple aprobación de un precepto de esa naturaleza. El alza del costo de la vida depende de otros factores. Sin embargo, la votamos favorablemente -y la norma se aprobó- por estimarla necesaria. Sabemos, y no podemos sembrar ilusiones al respecto, que la inflación no depende de aceptar o desechar el precepto. Pero éste servirá de algo, si consideramos el medio en que ese fenómeno se desenvuelve.

Más importante que la disposición anterior nos pareció la contenida en el inciso segundo de la misma. Según él, cuando se otorgue un reajuste de precios, el Director de Industria y Comercio o el Jefe respectivo deberán remitir dentro del plazo de cinco días a las Oficinas de Informaciones de ambas ramas del Congreso Nacional los estudios de costos y todos los antecedentes económicos y legales que hayan servido de base para la adopción de dicha medida. La mayoría de las Comisiones Unidas rechazó esta norma. Nosotros nos pronunciamos por mantenerla. Argumentamos que la entrega de esos antecedentes constituiría un paso importante, que podría contribuir, de una manera no despreciable, como un elemento de juicio para quienes desean impedir que la inflación sea mucho más violenta y desatada el próximo año. Insistiremos en reponer el inciso, aunque de nuevo corra la misma suerte, porque estamos absolutamente convencidos de que esta materia no tiene nada que ver con lo que se denomina violación del secreto de los costos o del cálculo para elevar los precios. Quienes defienden ese secreto argumentan que su publicidad acarrearía más perjuicio que ventajas. En verdad, este tipo de argumento no nos convence, toda vez que el conocimiento por parte del Congreso Nacional de los antecedentes que motivan un alza, podría permitirle percatarse de que el aumento puede ser controlado.

Finalmente, quiero referirme al artículo 40, rechazado por las Comisiones Unidas, que tuvo origen en una indicación formulada en la Cámara por el Partido Socialista y que esa rama del Congreso aprobó. Dicha norma establece una indemnización por años de servicio de cargo de los empleadores, equivalente a un mes completo del sueldo o salario, incluidas las gratificaciones y asignaciones familiares, por cada año de trabajo o fracción superior a seis meses, a favor de los empleados y obreros del sector privado, para el caso de que sean despedidos o terminen sus contratos, salvo que hayan incurrido en alguna causal de caducidad del contrato de las establecidas en los números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11 del artículo 2º de la ley Nº 16.455.

La norma en referencia, que fue bastante discutida, a pesar del cansancio y de ser ya la una de la madrugada, contiene, a nuestro juicio, una idea justa. Por; cierto, no participamos de todas las objeciones que se han expuesto sobre este artículo. Nos hacemos cargo de algunas deficiencias relativas a la redacción o de la necesidad de una mayor clarificación o especificación del problema propuesto. Estamos dispuestos a considerarlas, pero el contenido fundamental de la idea nos parece enteramente justo. Por esa razón, anoche, en las Comisiones Unidas, solicitamos votación nominal. Votaron en contra los Senadores democratacristianos y nacionales, y a favor, un Senador radical, uno comunista y uno de la Unión Socialista Popular. Se abstuvo otro Senador del Partido Radical. Es decir, la norma se rechazó por seis votos contra tres y una abstención.

No tenemos ningún empacho en ocultar el tratamiento de una materia, en nuestra opinión, de gran importancia. Además, estamos absolutamente convencidos de que cuando cada Senador, en representación de los respectivos partidos, adopta una actitud determinada, tiene la plena responsabilidad de su proceder. Afirmamos lo anterior, para establecer que en el debate de este tipo de problemas seremos muy claros, por no temer que nuestra posición pueda ser exhibida públicamente, y para señalar en el Senado, cuando sea oportuno, la manera en que cada sector y cada parlamentario ha actuado con relación a los problemas que interesan a los trabajadores. Deseamos que esto se conozca y que todos puedan juzgar la acción de los partidos y la participación de las personas en el tratamiento de los problemas.

El señor MORALES ADRIASOLA.-

Agradezco mucho la interrupción...

El señor PABLO ( Presidente).-

Perdóneme, señor Senador. La Mesa debe decir algo respecto de las interrupciones.

Advierto a la Sala que el tiempo de que disponemos para la discusión es muy poco, por lo cual haré uso de la facultad que me concede el Reglamento para limitar al mínimo los discursos, salvo que haya acuerdo para prorrogar la sesión por una hora.

El señor JEREZ.-

Limitando el tiempo de todas maneras.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Con el ritmo que llevan las intervenciones, creo que deberemos sesionar hasta las I2 de la noche.

El señor JEREZ.-

Sólo hasta las 9, señor Senador.

El señor PABLO ( Presidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para prorrogar la sesión por una hora.

Acordado.

En todo caso, dejaré constancia de cómo limitaremos el tiempo.

El señor JULIET.-

Comprendo el interés de la Mesa por el pronto despacho de la iniciativa. Sin embargo, el Reglamento no consigna facultad alguna para limitar los discursos.

El señor PABLO ( Presidente).-

Lea el número 2 del artículo 24, señor Senador.

El señor JULIET.-

Esa atribución no es para limitar los discursos.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

El señor Presidente no hizo una distribución previa del tiempo entre los Comités.

El señor PABLO ( Presidente).-

Porque no había nadie inscrito, Honorable Senador.

El señor MONTES.-

Denantes expresé mi deseo de conceder una interrupción al Honorable señor Morales.

El señor PABLO ( Presidente).-

Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.

El señor MORALES ADRIASOLA. -

El Honorable señor Montes se refirió al debate que sostuvimos al amanecer, en las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas, respecto del artículo 40, y sostuvo que en la votación nominal que se pidió -entiendo que por los representantes de su colectividad- un Senador radical se pronunció favorablemente y el otro se abstuvo.

En una votación nominal, cada cual asume ante la opinión pública su responsabilidad.

Es cierto lo que afirmó Su Señoría: el Honorable señor Miranda votó a favor y yo me abstuve. Lo hice por considerar que el artículo 40, tal como estaba presentado, por una parte, no perjudicaba a nadie, pues los derechos que pretendía establecer pueden ser invocados y, en consecuencia, aplicados mediante la legislación vigente, pero, por la otra, era profundamente lesivo -hablaba simplemente de empleadores- para aquellas personas naturales que perciben una baja remuneración, y que son las más perjudicadas.

Ese precepto lesiona los intereses de la clase media --del profesor primario, del empleado de Correos y Telégrafos, del funcionario público en general-, sector del país que hoy día, a mi juicio, merece un tratamiento especial y deferente.

En el lenguaje empleado actualmente por todos los partidos políticos -por lo demás, muy justo-, por tratarse de un sector mayoritario, se habla siempre de favorecer los intereses de las clases más desposeídas. Sin embargo, hay una clase media que también merece la consideración de los legisladores.

Este artículo irroga un gasto superior al monto del sueldo que puede percibir un hombre que trabaja en la Administración Pública o como empleado particular.

Por eso, en apoyo a la clase media, que mi partido representa mayoritariamente, no concurrí con mi voto a la aprobación del artículo 40.

El señor PABLO ( Presidente).-

El Honorable señor Montes desea recuperar el uso de la palabra.

El señor MONTES.-

Respecto de la argumentación del Honorable señor Morales, debo destacar que la letra del artículo es muy clara. Los Senadores comunistas daremos a conocer nuestro criterio cuando el problema se discuta en particular.

El precepto dice: "Establécese una indemnización por años de servicios, de cargo de los empleadores, equivalente a un mes completo del sueldo o salario, incluidas las gratificaciones y asignaciones familiares, por cada año de trabajo o fracción superior a seis meses, en favor de los empleados y obreros del sector privado...", etcétera. A mi juicio, esto no perjudica a la clase media.

El señor RODRIGUEZ.-

No tiene nada que ver.

El señor MONTES.-

Anticipo que los Senadores comunistas votaremos favorablemente en general el proyecto, porque contiene lo establecido en el acta firmada por la Central Unica de Trabajadores y el Gobierno.

Aun cuando respecto de algunas materias no consignadas en ese documento actuaremos en la discusión particular como lo resuelva nuestro partido, estimamos que la aprobación de esta iniciativa corresponde a los compromisos contraídos por la CUT y el Ejecutivo y que se obtienen beneficios que de otra manera no habría sido posible lograr.

Por último, valoramos el hecho de que el proyecto esté siendo debatido en esta oportunidad y vaya a ser aprobado por el Parlamento de la República.

El señor PABLO ( Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor GARCIA.-

Con mucho gusto.

El señor PABLO ( Presidente).-

Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

La Sala adoptó el acuerdo de prorrogar la sesión hasta las 21, hora en que deberá efectuarse la votación. ¿Regirá el mismo plazo para formular indicaciones?

El señor PABLO ( Presidente).-

El plazo para presentar indicaciones vencerá al término de la votación en general.

El señor CHADWICK.-

Siempre los préstamos se han concedido con aval. En el Gobierno del señor Alessandri se dieron toda clase de avales.

El señor PABLO ( Presidente).-

Solicito el acuerdo de la Sala para que siga presidiendo el Honorable señor Juliet.

Acordado.

El señor GARCIA.-

Decía que estas disposiciones, respecto de las cuales se acusa al Congreso de proceder sin estudio...

El señor ISLA.-

El señor Senador debe cambiar de discurso, ya que ahora hay otro Presidente.

El señor GARCIA.-

¡Claro que lo voy a cambiar!

No es falta de estudio: es política - esto deben entenderlo los empresarios-. ¿Para qué? Para destruir las fuentes de poder libre que significan las empresas.

La señora CAMPUSANO.-

¡Poder libre para explotar!

El señor JEREZ.-

¡El discurso se lo hizo el Senador Pedro Ibáñez!

El señor BALLESTEROS.-

Eso se dijo en sesión secreta.

El señor GARCIA.-

No, señor Senador.

El señor JULIET ( Presidente accidental).-

Ha terminado su tiempo, señor Senador.

El señor GARCIA.-

No me queda más remedio que interrumpir aquí mi discurso.

El señor BALLESTEROS.-

Su Señoría no es discreto. Eso se dijo en sesión secreta.

El señor GARCIA.-

No he tocado la parte secreta de la sesión. ¿Tiene que tratarse en sesiones secretas de las medidas -que se toman contra ciertas personas?

El señor GARCIA.-

Señor Presidente, los Senadores nacionales concurriremos con nuestros votos a la aprobación del proyecto. Ahora deseamos dejar testimonio de la actitud que asumimos sobre el particular.

Es público y notorio -aquí se ha hecho mención de ello y se ha publicado el documento- que la Central Unica de Trabajadores y el Gobierno firmaron un acta que fija las bases para la aplicación del reajuste.

Aun cuando la CUT representa a más o menos 15% de los trabajadores de Chile, ningún grupo organizado ha protestado o reclamado por ese acuerdo.

Por lo tanto, nos parece que no debemos, mediante indicaciones, alterar lo convenido entre el Ejecutivo y un importante grupo de trabajadores, porque es la única forma de agilizar el despacho del proyecto. Además, sólo de este modo se podrá evitar la injusticia de que cada sector trate de mejorar su situación, como ha ocurrido con motivo del estudio de otras iniciativas de esta índole.

Si los demás partidos no formulan indicaciones que alteren el contenido de ese acuerdo, nosotros tampoco lo haremos, limitándonos a aprobar el proyecto en los términos que señala ese convenio.

Estimo conveniente reducir la iniciativa a su más simple expresión: para el sector público fija un aumento de 28%, que, en el fondo, con los agregados, representa -según se ha sostenido- un mínimo de 33% y un promedio de 40%, sin considerar los reajustes especiales, por todos conocidos, otorgados a las Fuerzas Armadas y al Poder Judicial; para el sector privado, el reajuste será equivalente a 100% del alza del costo de la vida, porcentaje que también se eleva, porque el salario mínimo, que es de Eº 7,40, sube, tanto para la agricultura como para la industria, a E° 12.

Ante el problema de los reajustes -las demás son disposiciones de detalles, que repiten lo establecido en las últimas leyes de aumentos de remuneraciones; ésta debe de ser la trigésima que despacha el Congreso-, hay cierta experiencia, y se reproducen normas anteriores.

En materia de previsión, salvo pequeños pormenores, hay una sola norma importante: la que establece que todas las remuneraciones de los empleados públicos que consisten en asignaciones permanentes y periódicas se sumarán al sueldo. De modo que con ellas se alza lo que llamamos sueldo, y el 70% de éste es imponible.

Esta es, en líneas generales, la iniciativa de ley de reajustes.

Para financiar la ley en proyecto se han buscado diversos recursos. En primer lugar, se devuelve al Presidente de la República la facultad de manejar los derechos de aduana. Esto se ha entendido circunscrito a las importaciones de cobertura diferida. O sea, respecto de esas importaciones, que se pagan a largo plazo, el Gobierno, con el fin de incentivar a la empresa privada para que mejore sus maquinarias, decretó una rebaja de impuestos. Sin embargo, ahora, cuando desea reponerlos, se ha encontrado con que no puede hacerlo, a juicio de la Contraloría.

En síntesis, la disposición que comento permite nuevamente al Primer Mandatario subir o bajar el monto de esos derechos, cuando se trate de aumentar la importación de maquinarias. No es un impuesto propiamente tal, sino una facultad.

En segundo término -esto es muy importante-, se deroga una exención que favorece a las minerías pequeña y mediana. Antes no pagaban 2 centavos de dólar por la libra de cobre exportada; ahora, en virtud de la disposición pertinente, deberán cancelar ese impuesto cuando exporten mineral sin refinar. Esto obligará a toda la minería a refinar sus productos en la ENAMI.

En las Comisiones se dejó testimonio de que la más alta maquila que hay en el mundo para la refinación del cobre es la de la Empresa Nacional de Minería.

El señor BALLESTEROS.-

¿Me permite, señor Senador?

Considero que no es muy exacta la afirmación de Su Señoría.

Eso lo aseveró el señor Cuevas Mackenna, pero fue desmentido por el señor Ministro, quien sostuvo que en Chile, precisamente en la ENAMI, no se paga la maquila más elevada por la refinación de cobre. De modo que eso no quedó en las Comisiones como un hecho comprobado.

El señor GARCIA.-

Así fue, señor Senador.

Su Señoría no dio a conocer la segunda parte de la respuesta del señor Ministro: que, en otras partes, el incentivo dado a las fundiciones para traer minerales y fundirlos en su país es eximirlas del pago de impuestos.

El señor CHADWICK.-

¿De dónde sacó eso, señor Senador?

El señor GARCIA.-

No pagan impuestos. Le oí decir al señor Ministro que ése era el incentivo que se daba y, además, ciertas asignaciones para poder enfrentar la competencia.

Finalmente, para terminar el cuadro me referí a las altas pérdidas de esta empresa. De modo que ahora, cuando habrá mucha más refinación, puede ser que esas pérdidas se absorban y, por tal camino, tengamos mayor financiamiento.

La tercera norma de financiamiento consiste en establecer un impuesto a la mediana minería, que será aplicado a los excedentes de precios que obtiene en la venta del cobre, a juicio del Gobierno, para lo cual se fija el costo de la producción y se le permite una ganancia de 15 centavos de dólar por libra de cobre. Al excedente que resulte se aplicará un 15% de impuesto.

La cuarta medida para financiar el proyecto consiste en la aplicación de un impuesto a los intereses de los préstamos que contraten en Chile las empresas extranjeras.

Hasta aquí, todavía no se presenta ningún problema en cuanto a las fuentes de financiamiento o a las observaciones que frente a ellas se puede hacer; pero sí podemos citar algunos incisos, a, los cuales quiero referirme para la historia de la ley.

El inciso cuarto del artículo 23 establece lo siguiente: "La norma del inciso anterior" -se refiere al impuesto a la mediana minería- "se aplicará cualesquiera que sean las exenciones o franquicias de que goce la empresa productora, por disposiciones legales o reglamentarias generales o especiales y se deducirá de la renta bruta para la determinación de las rentas imponibles".

La disposición citada hace tabla rasa de los privilegios, exenciones o incentivos acordados a las empresas mineras para establecerse y trabajar en Chile. En las Comisiones, se debatió mucho acerca de que ellos no eran contratos leyes.

A este respecto, manifesté que la historia es la siguiente: en un comienzo, en Chile bastaba que hubiera una orden del Ministerio o que éste se comprometiera a nombre del Gobierno, para que todo esto fuera respetado. Cuando no se respetó lo dicho por un Ministro, fue necesario dictar un decreto supremo. Cuando los convenios firmados y ratificados por decretos supremos también fueron violados, entonces se recurrió al sistema de dictar leyes, a fin de proteger a las personas que, en cierto modo, contrataban con el Estado. Cuando esas leyes no fueron cumplidas, se apeló a un mecanismo que no existe sino en muy pocos países: el contrato-ley, o sea, la obligación solemne del Estado, de manera tan auténtica, que todo el mundo tuviera defensa cuando aquél no cumplía. Se llegó incluso al sistema de que el Tesorero General de la República o los tesoreros provinciales firmaran ciertos acuerdos, a fin de dar toda la garantía necesaria. Por ejemplo, no obstante, lo dicho y establecido en el D.F.L. Nº 2, en cuanto a que jamás se aplicaría un impuesto a las construcciones realizadas en conformidad a sus normas, nació el impuesto patrimonial, que grava precisamente lo que en forma tan solemne el Estado había dicho que nunca se gravaría.

Esto no tiene mayor trascendencia desde el punto de vista jurídico, pues serán los tribunales los que se encargarán de resolverlo, bien o mal. La importancia es otra: que los países que no cumplen con honestidad cuanto han ofrecido, que dejan de cumplir sus compromisos, se desprestigian en todo el mundo.

La señora CAMPUSANO.-

¿Y eso qué tiene que ver con el proyecto?

El señor GARCIA.-

Tiene que ver, señora Senadora, porque aquí de una plumada se dejan sin efecto determinadas disposiciones legales a las cuales se habían acogido algunas empresas. Por consiguiente, quiero que por lo menos -hacia eso van mis observaciones- el país sepa que hay gente a la que le gusta que su Gobierno cumpla lo prometido por él.

En 1946, cuando no había quién invirtiera en el país, a las personas que se llamó para hacerlo se les dijo que no se les aplicarían impuestos de ninguna especie durante 20 años. La gente invirtió porque se les aseguró esa garantía; sin embargo, antes de terminar el plazo, el Gobierno dejó de cumplir ese compromiso.

Concuerdo en que no se dicte ese tipo de leyes especiales. Pero cuando los Gobiernos -por estar desesperados, porque necesitan dar trabajo, o por la necesidad de invertir capitales en el país- se comprometen a determinadas exenciones, lo moral, lo decente y lo honesto es cumplir sin necesidad ni de contratos-leyes ni de leyes. Hay que tomar en cuenta que los Gobiernos se suceden unos a otros y deben velar por su prestigio en el extranjero, pues en otros países no se olvida ni se perdona este tipo de trasgresiones. Sin embargo, aquí se han burlado diversas disposiciones legales: las leyes de inversionistas extranjeros de 1953 y 1960; los convenios del cobre, que tienen disposiciones especiales para la pequeña minería. Todas esas disposiciones fueron dictadas y aprobadas en forma solemne. Uno puede estar en desacuerdo con ellas. Pero si el Estado llama a las personas para mejorar los negocios y para invertir y trabajar en el país, ofreciéndoles cierto tipo de garantías, y cuando ya están en actividad no cumple, nadie podrá argumentar que tal actitud es honesta. Esto no tiene nada que ver con leyes ni contratos-leyes, ni con las apreciaciones jurídicas que hacen los tribunales frente a estas materias.

Esa falta de cumplimiento tiene un precio muy caro: los nuevos inversionistas exigen mucho más para llegar al país, porque a los que no son buenos deudores se les exigen garantías.

En la actualidad, vemos que se está trabajando con bancos internacionales que tienen responsabilidades solidarias de todos los países, pues ya se requiere aval para solicitar un préstamo.

El señor GARCIA.-

Durante cien años o más el país cumplió al pie de la letra sus obligaciones y reconoció sus compromisos. Nadie necesitó la garantía de que el Gobierno iba a cumplir.

La modificación de las normas legales vigentes contenidas en este proyecto tendrá consecuencias increíbles en la minería chilena. Más adelante, las empresas que quieran instalarse verán que en nuestro país no se ha respetado la palabra empeñada de mantener los privilegios concedidos, justos o injustos.

La señora CAMPUSANO.-

¡Pero esos privilegios no son inamovibles!

El señor GARCIA.-

¿Qué hacen los demás países frente a estos casos?

Como hemos visto en la prensa, el Parlamento es acusado por legislar en forma precipitada o sin estudio. Lo anterior, a propósito de las normas contenidas en este proyecto sobre fijación de precios por ley y sobre indemnización por años de servicios. Respecto de estas dos materias, sostuve que se han dictado muchas leyes de congelación de precios -me voy a referir a ellas, si es que tengo tiempo- y lo único que se ha conseguido con ellas es aumentar el valor de las cosas.

El señor GARCIA.-

Poder libre para hacer progresar al país.

Sin embargo, como lo he dicho en forma muy clara, todos los días los empresarios se declaran independientes. No quieren tener contactos con grupos políticos, porque ellos no lo son. No obstante, están considerados como tales en el juego existente en nuestra nación entre el poder del Estado -que sí que explota, sin que nadie pueda reclamar- y el poder que pueden tener los ciudadanos libres. Frente a esto, los empresarios creen, simplemente, que ellos pueden estar al margen ele esta lucha. No lo están, porque en cada una de estas disposiciones legales se socavan sus empresas.

Frente a este país que quiere progresar, deseo recurrir como argumento al expediente de dar a conocer lo que pasa en otros países de Europa. Y para que a los protagonistas de lo que allí ocurre no se los tilde de reaccionarios o derechistas, daré lectura a algunos pasajes, referentes a este mismo tema, nada menos que del jefe del Partido Socialista alemán, Canciller Willy Brandt, incluidos en su discurso del 28 de octubre de 1969.

Los socialistas alemanes que con muy buen juicio abandonaron...

El señor JEREZ.-

¡Lea a la violeta, como diría el Honorable señor Palma!

El señor GARCIA.-

Los socialistas alemanes tuvieron la gracia de comprender que había un mecanismo para levantar el Estado, la ciudadanía y mejorar el nivel de vida de los habitantes, dando progreso y desarrollo de todo orden. Así, tomaron medidas modernas y novedosas e hicieron suyas todas las teorías económicas nuevas aparecidas en Europa. Por eso, el Canciller alemán dijo lo siguiente...

La señora CAMPUSANO.-

Cita al señor Brandt porque es anticomunista.

El señor GARCIA.-

Que el señor Brandt sea anticomunista no justifica que no sea socialista, porque en el mundo hay muchos socialistas que son anticomunistas.

Por lo demás, no deseo ser interrumpido, señor Presidente.

Quiero dar lectura a parte de ese discurso, con el objeto de que el Senado se imponga de lo que dijo el señor Brandt en la Cámara.

El señor GARCIA.-

¡Sé que el Honorable señor Ibáñez tiene mucha influencia, pero no creo que tanta!

Dijo el señor Brandt:

"Este programa inmediato es una clara oferta del Gobierno Federal a todos los que soportan nuestra economía. Un constante desarrollo económico es el mejor fundamento del progreso social. Crea el clima necesario para el desarrollo de la iniciativa privada, para la predisposición al riesgo y para el rendimiento. Asegura los puestos de trabajo, protege los ingresos progresivos y el ahorro creciente de la consunción a causa del aumento de precios.

"A la larga, la estabilidad y el crecimiento únicamente podrán lograrse con un sistema de economía del mercado en condiciones de funcionamiento. Una competencia eficaz en el interior y en el exterior es, y seguirá siendo, la garantía más eficaz del rendimiento de la economía. Rechazamos enérgicamente todas las tentativas dirigistas en el propio país, así como en el extranjero.

"Uno de los puntos de gravedad de la política económico-social de este Gobierno federal..."

¿Cuánto tiempo me resta, señor Presidente?

El señor JULIET ( Presidente accidental).-

Un minuto, señor Senador.

El señor GARCIA.-

No puede ser; si apenas comienzo. Tendré que postergar estas observaciones para más tarde, cuando funde mi voto.

Por ahora sólo alcanzo a señalar una de las conclusiones que saca el señor Brandt. El quiere crear riquezas para su país, y para ello sostiene: "No tengo intención de tocar capitales existentes con medidas confiscatorias".

Pues bien, aquí estamos frente a una medida confiscatoria. No otra cosa es la disposición que interpreta una de las normas del "drawback" para cobrar impuestos con efecto retroactivo a una empresa minera que no se menciona. En las Comisiones se dijo algo muy grave: que se ha tratado de poner en vereda a esa empresa por no haberse sometido a las normas y por haberse sublevado frente a las instrucciones del Gobierno.

El señor JULIET ( Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Honorable señor Palma.

El señor GARCIA.-

¿Me permite formularle una pregunta, señor Senador?

El señor PALMA.-

Lamentablemente, no dispongo del tiempo necesario para concederle una interrupción.

El señor GARCIA.-

¡Si no es tiempo suyo el que tiene que darme!

El señor PALMA.-

Los aspectos más importantes del análisis de este proyecto de reajustes para los sectores público y privado ya han sido tocados en esta sesión.

Estimo que vale la pena, antes de entrar al debate en detalle de cada una de las disposiciones, destacar algunos puntos extraordinariamente significativos en el proceso político y social que vivimos.

En primer lugar, deseo subrayar que, gracias a una política del Gobierno y de las organizaciones de trabajadores, este año, por segunda vez consecutiva, el reajuste se aplicará desde el 1º de enero, medida, en mi concepto, de gran trascendencia. En efecto, la compensación por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores con motivo de la inflación, se pagará a partir del primer día del año, lo que, sin duda, mejora los términos en que el beneficio se consigna en la ley.

En segundo término, es importante poner énfasis en que este año, a pesar de las dificultades y de una inflación que ha superado los programas o tasas previstas, el Gobierno mantiene su política de reajustar las remuneraciones de todos los " tabajadores en el ciento por ciento de la variación del costo de la vida.

Aún más, como consecuencia de los planteamientos formulados por dirigentes de la Central Unica de Trabajadores en el sentido de dictar normas especiales para los sectores no organizados, nos encontramos frente a un hecho que deseo realzar por su significado. El salario mínimo se elevará de 7,48 escudos a 12 escudos el próximo año. Vale decir, experimentará un reajuste de 60,4% en circunstancias de que la inflación sólo llega a 28% y de que el índice de precios al por mayor ha variado entre 35 y 36%. A este salario mínimo están afectas más de un millón de personas, según se dijo en las Comisiones.

Por este motivo, me parece necesario insistir en que el Gobierno ha seguido una política salarial tendiente a provocar un acercamiento, una armonización o un equilibrio en las condiciones de la mayor parte de los trabajadores del país.

Es importante dejar en claro que en el sector productivo -en las industrias o empresas- en que opera el control de precios, regirá este año una disposición ya consignada anteriormente, en la ley de reajustes del año pasado -ahora un poco más amplia-, en la cual se prescribe que todo aumento de remuneraciones concedido a los trabajadores por sobre el reajuste legal, de ciento por ciento del alza del costo de la vida, deberá cargarse a las utilidades; no a los costos, es decir, a los precios. La aplicación de este principio durante el año en curso ha permitido controlar en cierto grado la inflación, porque el Gobierno, al autorizar alzas de los artículos de consumo, ha debido considerar dicha norma. Además, frente a las exigencias de los trabajadores, dada esta limitación, las empresas han tenido que entrar a un proceso de mayor racionalización para aumentar su productividad, lo que implica una modernización considerable para el país y, eventualmente, mayor ingreso para el sector laboral, que debe tener más calificación para trabajar en industrias de mayor calidad.

Otro aspecto que deseo abordar, aunque sea de pasada, pues no quiero ocupar todo el tiempo de que dispongo, es la situación del sector pasivo, a la cual se refiere en forma preferencial esta iniciativa.

Se ha llegado al acuerdo de que en lo futuro el mínimo de imposición será el 70% de la remuneración total percibida por los funcionarios públicos por cualquier concepto. Esto hará posible acercarse a la meta programada por este Gobierno en el sentido de que al cabo de cierto tiempo -en tres o cuatro años más- este problema se resuelva y se imponga por el ciento por ciento de las remuneraciones, para que, al instante de abandonar el servicio, los funcionarios conserven las condiciones de vida logradas con el correr de los años. En la actualidad, varias importantes instituciones del sector público hacen imposiciones a sus servidores por 30, 40 ó 50% de los sueldos o salarios. Gracias a la política seguida durante estos años por nuestro Gobierno, será posible terminar con esta situación, lo que, en mi concepto, es una de sus mayores conquistas. No cabe duda de que en 1964 los trabajadores se encontraban en condiciones bastante precarias en cuanto a sus remuneraciones. Desde luego, no ha sido posible dar a este sector todo lo que ellos y nosotros quisiéramos, es decir, elevar sus sueldos y salarios en términos de estricta justicia. Pero, en todo caso, la retribución a los trabajadores fiscales en el período 1964-1969 ha experimentado un crecimiento real de 85,8%, según manifiesta ODEPLAN en un documento publicado como anexo de la exposición sobre la Hacienda Pública que hizo el Ministro del ramo hace algunos días.

Como la fuente de esta información es respetada por todos, ya que todos la invocan -me parece que vale la pena destacar este hecho-, solicito insertar el documento en el texto de mi intervención.

El señor PALMA.-

¿Por qué se ha producido este crecimiento real y de tanta significación en las condiciones económicas de los trabajadores fiscales? En parte considerable, porque numerosas instituciones postergadas durante años han tenido con este Gobierno tratamiento preferencial, que les ha permitido acercarse a las condiciones de otros servicios de niveles más altos.

Igualmente, solicito insertar en el Diario de Sesiones un cuadro -también incluido en los anexos de la exposición sobre la Hacienda Pública, pero no conocido por el país- que contiene la relación de todos los servicios públicos que desde 1965 a 1969 han tenido reajustes especiales, destinados precisamente a producir una armonización en los sueldos de todos los funcionarios, de acuerdo con las respectivas labores.

- El documento que citas adelante se acuerda insertar es el siguiente:

"Reajustes especiales.

I.- En 1965.

- Ministerio de Obras Públicas (reestructuración y nueva planta).

- Servicio Nacional de Salud (reestructuración de planta) .

- Empresa Nacional de Petróleos. .

II.- En 1966.

- Fuerzas Armadas y Carabineros (asignación especial de 13%).

- Ministerio de Educación.

- Horas extraordinarias en Ministerio de Agricultura,

Correos y Telégrafos, Ministerio de Justicia y Poder Judicial.

- Servicio Nacional de Salud.

- Empresa Portuaria.

- Empresa Nacional de Petróleos.

- Universidad de Chile.

III.- En 1967.

- Nueva escala de remuneraciones al sector fiscal que

significa aumentos superiores al 15% para el personal

que se regía por el DFL. 40 de 1960.

- Fuerzas Armadas y Carabineros (aumento de asignación especial en un 7%).

- Ministerio de Educación (1º etapa de aplicación del acuerdo magisterial) .

- Otros mejoramientos menores en Ministerio de Agricultura,

Congreso Nacional, Registro Civil, Poder Judicial y

Ministerio de la Vivienda.

- Corporación de la Reforma Agraria.

- Personal médico acogido a la Ley 15.076.

- Servicio Nacional de Salud.

- Instituciones de Previsión (integración a la nueva escala

de remuneraciones del sector fiscal).

- Instituto de Desarrollo Agropecuario.

- Ferrocarriles del Estado (reestructuración de planta).

- Universidad de Chile (reencasillamiento).

IV.- En 1968.

- Fuerzas Armadas y Carabineros.

- Poder Judicial y Sindicatura de Quiebras.

- Correos y Telégrafos.

- Registro Civil, Servicio de Prisiones, Dirección de

Industria y Comercio.

- Ministerio de Educación (2º etapa de aplicación

de acuerdo magisterial).

- Servicio Nacional de Salud.

- Personal Médico acogido a Ley 15.076.

- Dirección de Investigaciones.

- Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas.

- Junta de Auxilio Escolar y Becas.

- Empresa de Comercio Agrícola (Reestructuración y cambio de escala).

- CORFO (Reestructuración de planta).

- Dirección de Aeronáutica (Reestructuración y cambio de escala).

- INDAP (Reestructuración).

- CORA (Reestructuración).

- Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Cambio de escala).

- Instituto de Fomento Pesquero (Cambio de escala).

- ICIRA (Cambio de escala).

- CORHABIT, CORVI, CORMU (Reestructuración) .

V.- En 1969.

- Ministerio de Educación (3º etapa de aplicación de acuerdo magisterial).

- Fuerzas Armadas y Carabineros.

- Poder Judicial.

- Personal Médico acogido a Ley 15.076.

- Profesionales con Título pertenecientes al

Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de la Vivienda y

Empresa de FF. CC. del Estado y Empresa de

Agua Potable de Santiago.

- Servicio Impuestos Internos (Modificación Planta).

- Servicio de Tesorería (Modificación Planta).

- CORA.

- DEPLAN.

- Superintendencia de Servicios Eléctricos y de Gas.

- CORFO.

- SEAM.

- Empresa Portuaria.

- LAN.

- INDAP.

- ODEPA.

- Servicio Agrícola Ganadero.

- ICIRA.

- Empresa Nacional de Petróleos.

- Instituto de Fomento Pesquero.

- Empresa de Transportes Colectivos (personal auxiliar, ley en trámite).

- Dirección de Deportes del Estado (ley en trámite).

El señor PALMA.-

Por último -repito que, dentro de lo posible, no ocuparé todo mi tiempo-, me interesa destacar el esfuerzo realizado para dar a los trabajadores fiscales en general remuneraciones relativamente adecuadas, dentro de las posibilidades del país. Este esfuerzo se ha podido realizar sin detener los programas de desarrollo que el Gobierno se propuso, en especial los relativos a la producción, que tendrán, evidentemente, mucho mayor importancia en los años venideros.

Durante estos cinco años el Gobierno ha invertido -es necesario repetir las cifras, pues la gente las olvida- cuantiosos recursos en proyectos cuya enumeración omitiré, porque todos los conocen. En los sectores productivos y de servicios fundamentales -llamo sectores productivos a las industrias bajo control o con participación del Estado, en las cuales ha hecho aportes considerables-, ha realizado inversiones por un valor de 1.800 millones de dólares. Son servicios tan vitales y necesarios de renovar y ampliar, como la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la Empresa Marítima, Línea Aérea Nacional, etcétera.

El señor PALMA.-

Al terminar mi intervención, quiero destacar que los cambios mencionados y las inversiones hechas han permitido mejorar la situación del personal. Además, la extraordinaria inversión de 1.800 millones de dólares hecha por el sector público, y de más de 500 millones, por el sector privado, ha permitido cambiar, de manera radical, el criterio con que procedieron Gobiernos anteriores al enfrentar la inversión pública. En 1964 -para citar una fecha que por diversas razones tendrá significado permanente en la historia del país- toda la inversión del Gobierno recaía virtualmente en infraestructura: transportes, viviendas, etcétera, y se dedicaba a la agricultura, minería e industrias una cifra verdaderamente insignificante,...

El señor GARCIA.-

¡Porque invertían los particulares...!

El señor PALMA.-

...que representaba sólo 17%. En cambio, ahora ha subido a 29%.

También se ha estimulado apreciablemente la inversión de los particulares, como se demuestra en otro de los cuadros anexos a la exposición a que rae he referido.

Para el Gobierno es extraordinariamente valioso poder llevar adelante esta política de reajustes con la rapidez requerida y, al mismo tiempo, junto con mejorar notablemente la situación del conjunto de los trabajadores, y altamente la ele los sectores de más bajos ingresos, se pueda seguir adelante con un plan y un programa de desarrollo que el país requiere, todo lo cual, al apreciarse en conjunto, demuestra de manera evidente que el país está entrando a otra etapa de su historia.

El señor JULIET ( Presidente accidental).-

Si le parece a la Sala, se acordará la inserción de los cuadros mencionados por el Honorable señor Palma.

Acordado.

Advierto al Comité Demócrata Cristiano que le restan 9 minutos.

Tiene la palabra el Honorable señor Gumucio.

El señor GUMUCIO.-

¿El acuerdo respecto de la distribución del tiempo debe entenderse por Comités, señor Presidente?

El señor JULIET ( Presidente accidental).-

Así es, señor Senador.

El señor IBAÑEZ.-

¿Me permite una interrupción, Honorable señor Senador?

El señor GUMUCIO.-

Sólo dispongo de 25 minutos, que debo compartir con el Honorable señor Jerez.

Su Señoría sabe que cuando me es posible siempre le he concedido interrupciones. Si ella fuera muy breve, podría hacerlo.

El señor IBAÑEZ.-

Es muy breve, señor Senador.

Sólo deseo acotar que quienes integran la Sociedad de Fomento Fabril son los principales trabajadores de Chile.

La señora CAMPUSANO.-

¿Quiénes?

El señor GUMUCIO.-

En ese caso, deberé usar sólo una parte del tiempo que nos corresponde al Comité Social Demócrata, por cuanto el Honorable señor Jerez desea intervenir en forma más lata sobre esta materia.

El proyecto de reajustes que ahora discutimos es la última iniciativa de este carácter que la actual Administración somete a consideración del Congreso en su período de seis años. Por lo tanto, interesa tener una visión total del problema inflacionista y de la forma como lo ha enfrentado este Gobierno en comparación con los anteriores.

De acuerdo con un estudio elaborado por la Oficina de Informaciones del Senado, es posible apreciar que desde 1950 el índice de precios al consumidor ha variado desde 5% y fracción hasta 71%, con un promedio general que bordea el 20% y fracción. Es decir, desde hace largos años, ningún Gobierno ha sido capaz de enfrentar con éxito el problema de la inflación.

En consecuencia, al terminar su mandato la actual Administración, tenemos el deber de analizar las causas del fracaso de los diferentes Gobiernos frente al proceso inflacionario.

A mi juicio, ello proviene de la concepción de un Estado que se cree teóricamente arbitro entre sectores donde existen, como es natural, luchas sociales y de clases. A pesar de que muchos reconocemos hechos positivos en la labor del Gobierno del PresidenteFrei, como la reforma agraria y otros, la verdad es que su distintivo es ser representativo de un Estado árbitro, teóricamente, porque siempre se ha inclinado hacia una parte más que a la otra, a los capitalistas más que a los proletarios. Sin embargo, en el fondo, el fracaso de esos Gobiernos proviene precisamente de la calidad del Estado.

Por tales razones, son interesantes los planteamientos que se hacen respecto de la forma de llegar a otro tipo de Estado: al Estado de los trabajadores, entendiendo por tal no sólo un Estado de obreros, sino de asalariados en general, en el cual deja de ser una especie de árbitro empresarial, para favorecer fundamentalmente a la clase trabajadora. Me parece que allí está la razón de por qué estos Gobiernos, natural y fatalmente, tienen que ser reformistas: porque pretenden cambiar estructuras sin tomar en cuenta el profundo conflicto económico y social existente entre las clases sociales y por esencia transaccional. Por ello, no pueden tener éxito en la lucha contra la inflación. Y ese hecho provoca un estado de crisis extraordinariamente grave, como el que estamos viviendo en la actualidad, porque deja a los Gobiernos que asumen esa posición en la soledad política. Este fenómeno hemos podido advertirlo en la insólita actitud de la Sociedad de Fomento Fabril, la cual, en forma que podríamos calificar de injuriosa, acusa al Presidente de la República, haciendo un llamado en el fondo, a la subversión, al pedir que los empresarios se reúnan para hacer frente violentamente a la acción del Gobierno, al mismo tiempo que se mantiene el repudio a éste por parte de la clase trabajadora organizada, porque durante muchos años ha sido víctima de injusticias y arbitrariedades y jamás se la consideró para integrarla auténticamente en el poder.

El Gobierno se encuentra en la soledad política más absoluta, porque hoy- no se puede ser arbitro cuando, en realidad, hay que inclinarse claramente hacia las grandes mayorías. Esa es la gran filosofía que se desprende de este estado de crisis que todos apreciamos y que es posible advertir en distintos aspectos. Reitero que tal soledad proviene de la falta de un principio ideológico de parte de un Gobierno...

El señor GUMUCIO.-

Yo no estoy convencido de ello, y precisamente me iba a referir a ese aspecto.

En verdad, existe una serie de teorías clásicas que se aplican en forma irrestricta respecto de la inflación. Se sostiene que este fenómeno lo provocan los aumentos de sueldos y salarios. Sin embargo, ningún técnico ha podido comprobar nunca que cuando se ha otorgado un reajuste menor que el alza del costo de la vida, haya disminuido la inflación al día siguiente. Por lo tanto, no es efectivo que los culpables del fenómeno sean sólo los aumentos de sueldos y salarios. En cambio, se ha olvidado totalmente el aspecto financiero, al cual precisamente me referiré.

Los señores Senadores de Derecha hablan de una empresa privada ideal y en competencia.

El señor IBAÑEZ.-

Que es la que paga todo, señor Senador.

El señor GUMUCIO.-

Esas empresas existen en los países capitalistas desarrollados y actúan sobre la base de 50% de liquidez o más, lo que les permite producir casi al contado, bajando los costos. En cambio, las empresas chilenas disponen sólo de 20% a 25% de liquidez, y deben recurrir en 80% al crédito bancario, carísimo, que hace subir los costos a niveles increíbles.

Es de público conocimiento que, en la actualidad, los bancos están emitiendo indirectamente sobre la base de miles de millones de escudos en juegos de cheques, juegos que les permiten obtener utilidades fantásticas por concepto de intereses.

Es probable que esa emisión que se realiza a través de los bancos revista mayor gravedad, porque naturalmente quienes precisan de créditos para desarrollar sus actividades pagan altos intereses, lo que hace subir los costos. Por eso, tal vez sería mejor una emisión directa en lugar de una disimulada.

Por tales razones, no se puede venir a hablar de una empresa privada ideal, donde hay competencia y el capitalismo dispone de recursos propios. Tal situación no se produce en Chile. Por eso, no es posible mencionar aquí teorías clásicas de tipo antiinflacionista.

El señor IBAÑEZ.-

Reconozco que la situación es difícil y distinta, porque las empresas han sido arruinadas en Chile por un régimen tributario expoliatorio y carecen de capital para desarrollarse.

El señor GUMUCIO.-

En cierto aspecto tiene razón Su Señoría. Pero es indudable que la empresa privada ha contado con la ayuda del Estado, sobre la base de privilegios y exenciones tributarias; sobre la base de que la CORFO se haga cargo de todos los malos negocios, como ha sucedido en muchas cosas, como sucedió en el caso de las empresas pesqueras y otras, con caracteres de escándalo.

El señor IBAÑEZ.-

Yo voté en contra de ello y coincido en este aspecto con el pensamiento de Su Señoría.

El señor GUMUCIO.-

Considero que no hay otra salida que un Gobierno, como dije, con otra orientación, en la cual tenga preponderancia la planificación sobre la base de que la inversión es orientada a la producción de artículos de consumo de las grandes mayorías y no de artículos suntuarios. ¿Cómo se explica que hoy día en Chile se estén favoreciendo, por ejemplo, armadurías o fábricas de automóviles, como la de la Ford, artículo que adquiere una minoría que tiene exceso de poder de consumo, y no se oriente la inversión hacia la producción de artículos que necesita la mayoría de la población, que al elaborarse en gran escala resultan de costos más bajos?

De lo anterior se desprende que la única salida la constituye un viraje total de la concepción central de un Gobierno,

En cuanto al acuerdo celebrado entre la CUT y el Gobierno, debo manifestar que lo considero de extraordinaria importancia, porque ha demostrado al Presidente Frei el error en que se ha mantenido durante años al creer que no había posibilidad de entenderse con los trabajadores organizados. Sin embargo, hoy día ha quedado demostrado que ello es posible, pues se trata de personas conscientes y que a veces tienen más patriotismo que las minorías empresariales.

No pretendo traer a colación asuntos privados del partido al cual pertenecí. Mantuve larga correspondencia con el Presidente Frei, y en ella es posible apreciar mi criterio sobre el pensamiento errado de que no se podría llegar a entendimiento con los trabajadores organizados a fin de conseguir soluciones favorables para el país. No utilizaré dichas cartas, pero deseo, sí, recalcar que la crisis del Partido Demócrata Cristiano -que nació en el segundo congreso y terminó cuando cayó en Peñaflor la directiva que yo presidía- se debió precisamente a este problema. En esa ocasión, sostuvimos que era factible constituir organismos de trabajadores y empresarios que señalaran al Gobierno una política de precios y salarios. Esa idea fue rechazada por el Presidente Frei.

Posteriormente, vino el proyecto de los "chiribonos", respecto del cual se repitieron exactamente los mismos criterios antagónicos. Una parte mayoritaria de la Democracia Cristiana sostuvo que la iniciativa era absurda y que no era posible entenderse con los trabajadores.

Por desgracia, sólo durante el último año de esta Administración ha venido a hacerse carne y vida esta idea, la cual, a mi juicio, era central: que los trabajadores organizados tienen conciencia, capacidad y madurez, tal vez en mayor grado que otros sectores, para colaborar con un Gobierno en una sana política salarial.

Como no dispongo de más tiempo, doy término a mis palabras aplaudiendo calurosamente el acuerdo celebrado entre la CUT y el Gobierno, por cuanto con su actitud, ese organismo demostró -repito- ser capaz de colaborar con sentido patriótico en una política salarial.

El señor JULIET ( Presidente accidental).-

Le restan 14 minutos, señor Senador.

Tiene la palabra el Honorable señor Miranda.

El señor MIRANDA.-

Señor Presidente, me referiré, en forma muy breve, por no disponer del tiempo necesario, a las principales disposiciones del proyecto de reajuste para los sectores público y privado.

Como ya se ha dicho, la iniciativa emana de un acuerdo celebrado entre la Central Única de Trabajadores y el Gobierno.

Los Senadores de estas bancas votaremos favorablemente la idea de legislar.

Queremos decir, en términos muy generales, que, tal como lo planteó el Presidente de la Central Única de Trabajadores en el seno de las Comisiones unidas, este proyecto refleja las aspiraciones mínimas de los trabajadores chilenos representados por dicho organismo. En consecuencia, de ninguna manera los asalariados organizados estiman que esta iniciativa da satisfacción plena, a sus anhelos de mejoramiento, ya que, como digo, apenas satisface sus aspiraciones mínimas.

El proyecto otorga un reajuste de orden general, de un porcentaje equivalente a la variación del índice de precios al consumidor. En cuanto al sector público, dicho porcentaje será de 28%, y el 1,5% de diferencia con el 29,5% en que se calcula que ascenderá el mencionado índice, no se pagará directamente por concepto de reajuste, sino mediante una bonificación a la asignación familiar.

Es evidente, pues, que el proyecto en debate viene a llenar una necesidad; pero no cabe duda, por otra parte, de que en los primeros meses del próximo año el reajuste de que se trata será rápidamente absorbido por las alzas de precios. En consecuencia, a poco andar nos encontraremos ante una situación realmente desesperada de estos mismos sectores asalariados.

Ahora bien, nos preocupa dejar muy claramente establecido, entre otras cosas, que la bonificación de veinte escudos que se aplica a la asignación familiar -además, naturalmente, del reajuste de 28%- también favorece, y debe favorecer, al magisterio nacional. En la discusión habida en la Cámara de Diputados, se entendió que las disposiciones relativas a esta materia alcanzan también al profesorado, para el cual existen, como es sabido, disposiciones particulares, en especial en la ley Nº 16.930, que fue la que interpretó el Acta Magisterial, o sea el convenio a que llegó en su oportunidad la Federación de Educadores de Chile con el Gobierno.

El señor Ministro de Hacienda, consultado en las Comisiones acerca de los alcances del precepto relativo a esta bonificación; preguntado en cuanto a si estimaba que el beneficio incluía al magisterio, expresó que no tendría ningún inconveniente en aclarar la disposición si fuese necesario y dejarlo así establecido en forma expresa, siempre que ese gremio, como los demás sectores, concurriera al sacrificio del 1,5%, que permite financiar el fondo necesario para otorgar tal bonificación, y, por otro lado, siempre que del estudio de las disposiciones legales pertinentes, interpretativas del Acta Magisterial, se dedujera que, en realidad, este beneficio le es aplicable.

A nuestro entender, a la luz de las disposiciones de la ley Nº 16.930, en cuyo artículo 39 está toda la filosofía del mejoramiento de sueldos de los profesores de Chile, no cabe duda de que la bonificación debe serles otorgada; que ellos concurren al sacrificio del 1,5% por una parte. Además, el artículo señalado, que norma la interpretación del Acta Magisterial, preceptúa que para tal caso debe aplicarse la norma general.

Como miembro de un partido que tiene tanta vinculación con el gremio magisterial, nos preocupa que ello quede absoluta y expresamente esclarecido en las disposiciones legales. En consecuencia, redactaremos la indicación pertinente, con el objeto de que de ninguna manera pueda entenderse más adelante que el precepto no le es aplicable.

Nos interesa también profundamente que la disposición que beneficia a los empleados semifiscales quede perfectamente clara. Los dirigentes de este sector llegaron a un acuerdo con el actual Gobierno, que dio origen a la ley Nº 17.015, la cual establece, a beneficio de los empleados semifiscales, a partir del 1° de septiembre de 1968, una bonificación de 2% de la renta mensual por cada año de servicios, con un máximo de veinticinco años. Este beneficio se dio en substitución del sistema de quinquenios de que hasta entonces gozaba el personal semifiscal. Sin embargo, sobre la base de una interpretación de la Contraloría General de la República, al aplicarse la respectiva disposición legal se estimó que, en virtud de reemplazarse el sistema de quinquenios por el beneficio del 2%, ese personal perdía los quinquenios ya incorporados a su patrimonio.

Naturalmente, tal interpretación iba mucho más allá de lo preceptuado. Como consecuencia de ello, durante la discusión de este proyecto de reajustes en la Cámara de Diputados, se aprobó una disposición -el artículo 9º del informe que tenemos a la vista- en virtud de la cual se aclara este asunto en términos tales que se restituyen las cosas al estado en que estaban cuando se dictó la norma correspondiente contenida en la ley Nº 17.015: se declara que ese personal no ha perdido el goce de los quinquenios que tenía con anterioridad a la dictación de esa norma. La Cámara de Diputados aprobó el artículo. El señor Ministro de Hacienda hizo cuestión de constitucionalidad, la que repitió al discutirse la materia en las Comisiones Unidas del Senado. No fue aceptada la interpretación del señor Ministro, sino la contraria, y se aprobó el artículo en los términos en que lo había sido en la Cámara de Diputados. Se tuvo en vista especialmente para proceder de esta manera -además, por cierto, de las disposiciones constitucionales- el hecho de que la directiva del partido de Gobierno, entonces presidida por el Honorable señor Renán Fuentealba, había llegado, sobre el asunto, a un convenio con la directiva de los empleados semifiscales, convenio que consta en un acta de acuerdo firmada por los dirigentes de la ANES y por los del partido de Gobierno, con fecha 28 de agosto de 1968. El Honorable señor Fuentealba, presente en la reunión de las Comisiones, ratificó lo actuado por él en su calidad de presidente de su partido, y, como es natural, hizo mucha fuerza en los señores Senadores el recuerdo que se trajo al respecto, así como la lectura de la propia acta de acuerdo. Como tengo en mis manos una copia fotostática de ese documento y porque creo conveniente ilustrar con su texto, no sólo el debate sino también la historia del establecimiento de la ley, requiero del señor Presidente que pida el acuerdo de la Sala para que se incorpore a la versión de mis palabras. Es un acta muy breve.

El señor JULIET ( Presidente accidental).-

Si le parece a la Sala, se insertará el documento a que se ha referido el Honorable señor Miranda, en el texto de su discurso.

Acordado.

El señor MIRANDA.-

Muchas gracias.

-El documento cuya inserción se acuerda es el siguiente:

"Acta de acuerdo

En reunión ampliada de las bases semifiscales, con representación de delegados de todas las instituciones afiliadas, se acordó facultar a la Directiva Nacional para suscribir un acta de acuerdo con el Partido Demócrata Cristiano, que contenga los siguientes puntos:

Punto uno: A concretarse en un proyecto de ley en un plazo no mayor de treinta días a esta fecha.

1.- Establécese una bonificación imponible equivalente a un 2% (dos por ciento) de la remuneración mensual por cada año de servicios en la administración del Estado, con un máximo de 25 años.

A contar desde el 1º de enero de 1969, quedará sin efecto el párrafo 4º del Título IX del D.F.L. Nº 338, de abril de 1960.

2.- Aclárase que el 7,5% del reajuste contemplado en la ley Nº 16.840, se aplicará al igual que el 12,5% sobre la planilla suplementaria.

3.- Establécese una jornada de trabajo de lunes a viernes, con distribución de las actuales horas semanales.

En el caso de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, los aumentos que signifiquen la aplicación del 2% por año y el 7,5% se imputarán a las mayores remuneraciones producidas por aplicación del artículo 21 de la ley N 16.723.

Punto dos: El Presidente del P.D.C. se compromete a realizar todas las gestiones para obtener la moratoria de las deudas consolidadas por efecto de la ley Nº 15.075 al 31 de diciembre de 1967, o el pago del 2%, a contar desde el mes de enero de 1968, cuya retroactividad no podrá significar una suma superior a un mes de remuneración ni inferior a un sueldo vital, escala A), del departamento de Santiago.

Punto tres: 1.- Constitución de una Comisión Tripartita, integrada por un representante del Ejecutivo, tres del Partido Demócrata Cristiano y cuatro dirigentes de ANES, para elaborar un estatuto semifiscal, que contemple, entre otras, una fórmula que permita en forma, progresiva disminuir las diferencias de sueldos, en consideración al nivel alcanzado por las rentas de los funcionarios de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.

La implantación del sistema de desahucio en las mismas condiciones que los empleados públicos.

Una vez concretado el punto tres, en un proyecto de ley de la iniciativa del Gobierno, la ANES se compromete a dejar sin efecto las demandas judiciales por el artículo 21 de la ley Nº 16.723.

El término "remuneraciones" para los efectos de esta acta, excluye las asignaciones por concepto de: familiar, de zona, de máquina, de pérdida de caja, movilización y dieta por asistencia a Consejos."

El señor MIRANDA.-

Antes de referirme al sector privado, creo que vale la pena detenerme un momento sobre un aspecto que, a mi juicio, también deberá ser aclarado en la discusión particular.

Como se ha dicho, el reajuste de los sueldos del sector público consiste en otorgar 28% de aumento, es decir la equivalencia del alza total del costo de la vida, calculada, naturalmente, conforme a los índices de la Dirección de Estadística y Censos, que, por cierto -lo hemos dicho muchas veces- no son los más adecuados, no están al día, no son los que, en el estado actual del país, debieran mantenerse. Ya ha anunciado el Gobierno, o el propio Director del Servicio, que muy pronto se modificará el sistema, incorporándose, para el cálculo y el estudio del índice de precios al consumidor, una cantidad bastante numerosa de productos, artículos o servicios que hasta ahora no se consideran en la confección de dichos índices.

Hay que decir -creo que ya se ha expresado- que el 28% de reajuste se calcula sobre el sueldo base más el 20% de asignación concedida por D.F.L. Nº 1, de 1969, y que se incorpora al sueldo de la escala ANES la bonificación de 7,5% otorgada el año pasado, como se sabe, para mejorar las remuneraciones de los empleados de la Administración Civil.

Al margen quedan, por supuesto, todos aquellos servicios que han tenido reajustes especiales.

De la misma manera, el artículo 7º del proyecto aprobado por las Comisiones hace imponibles una serie de bonificaciones, asignaciones y todas las remuneraciones de carácter general y permanente de que gozan los empleados a quienes se aplica el artículo 99 de la ley Nº 16.617, modificada por la ley Nº 17.073. Así, pues, en esta materia, el Gobierno ha avanzado. Debe reconocerse que lo lógico es dar carácter imponible a tales bonificaciones, pues forman parte de la renta del personal civil del sector público. Pero aquí también echamos de menos la respectiva aclaración, porque, tal como está redactado el precepto, pudiera prestarse a confusiones o a problemas futuros, ya que no se establece categóricamente cuáles son aquellas bonificaciones o asignaciones que se hacen imponibles, en tanto que sí se señalan las que mantienen su carácter de no imponibles: las remuneraciones eventuales y las de naturaleza previsional, tales como los viáticos, las asignaciones de gastos de movilización, de máquinas, de pérdidas de caja, de cambio de residencia, la gratificación de zona, etcétera. O sea, las exceptuadas están enumeradas; en cambio, las que se declaran imponibles, no lo están, de modo que podría crearse confusión al respecto. De ahí que nosotros formularemos indicación con el objeto de aclarar perfectamente los términos del artículo, aunque sea por la vía de la enumeración.

Respecto del sector privado, también nosotros estamos de acuerdo con la forma como se legisla, con la diferencia, como lo han advertido algunos señores Senadores, de que trataremos de mejorar el salario mínimo y de establecer con mayor claridad todas aquellas disposiciones que tiendan a mantener la libertad de contrato o convenio para los sectores de empleados y de obreros sujetos a convenios, actas o fallos arbitrales. No es una materia que haya quedado muy bien redactada, debido a la premura con que las Comisiones Unidas debieron tratar el proyecto.

La Cámara, por iniciativa de dos señores Diputados, según entiendo, incorporó dos indicaciones al proyecto, las cuales involucran una serie de disposiciones que, en conjunto, vienen a constituir toda una nueva política respecto de la minería del cobre, especialmente de la pequeña y mediana. Se estima que los recursos que se obtendrán de la pequeña minería, ascenderán a 50 millones de dólares, y a algo más de 10 millones de dólares los de la mediana minería, como consecuencia de suprimir, respecto de la primera, la exención contenida en disposiciones actuales relacionadas con el establecimiento de un tributo que grava en dos centavos la libra de cobre no refinado exportado.

La verdad es que ese rendimiento está calculado excesivamente, porque las disposiciones vigentes que permiten a la pequeña minería exportar sin tener que pagar el impuesto de dos centavos de dólar por libra, prácticamente no se aplican, ya que, como es sabido, la gran producción de la pequeña minería es tratada en las plantas de la Empresa Nacional de Minería.

Nosotros compartimos el criterio del señor Ministro, quien declaró en las Comisiones Unidas que estas disposiciones fueron estudiadas por el Ministerio y que él había redactado para un proyecto separado; pero que como algunos Diputados las habían hecho suyas y las habían presentado como indicaciones al proyecto, él no tenía inconveniente en prestarles su aprobación.

En las Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas, se escuchó también al presidente de la Sociedad Nacional de Minería, el señor Cuevas Mackenna, quien dijo que esta franquicia establecida a favor de la pequeña minería del cobre permite a los productores pequeños, fundamentalmente, mantener una presión constante sobre la Empresa Nacional de Minería para que esta entidad estatal reduzca sus maquilas a límites competitivos con el mercado internacional, ya que si mantiene maquilas demasiado elevadas, los pequeños mineros pueden exportar cobre no refinado sin ser gravados con el impuesto de dos centavos de dólar por libra de cobre.

Nosotros aceptamos el criterio del Ministro; pero, para evitar que la Empresa Nacional de Minería, al ser la única que puede refinar el cobre en Chile, se sienta liberada de la obligación de mantener maquilas justas, también hemos estudiado una indicación tendiente a consignar en el texto legal el compromiso contraído por los representantes de dicha empresa, el 27 de abril de 1967, por instrucción del Jefe del Estado, y convenido, según me han informado, en el propio despacho del Presidente de la República. Es decir, nosotros aceptamos el criterio, que nos parece sano y que de acuerdo con nuestra posición doctrinaria, que tiende a entregar a la ENAMI el total de la refinación y asegurarle el pleno empleo de la capacidad de refinación de sus plantas; pero, como es lógico, siempre que ello no signifique, en modo alguno, tarifados o maquilas -para usar la expresión correcta- que se van elevando a límites que, indudablemente, perjudican en forma directa al pequeño minero y, como consecuencia de ello, a las provincias que yo represento en esta Corporación.

Ruego a la Mesa solicitar el asentimiento de la Sala para insertar en la versión de mis observaciones el texto del acta a que me he referido, que lleva la firma de los señores José Luis Sáez, gerente general de ENAMI en aquel entonces; Alejandro Noemi, vicepresidente de SONA-MI; Julio Vildosola, fiscal de la empresa, y don Jorge Manterola, actual vicepresidente de esta institución.

-Se accede a lo solicitado.

-El documento cuya inserción se acuerda dice como sigue:

"Acta de la sesión.

El 27 de abril de 1967 se celebró una reunión en el Ministerio de Minería, la que estuvo presidida por el Ministro señor Alejandro Hales y contó con la asistencia del Vicepresidente del Banco Central señor Carlos Massad; del Director de Presupuesto señor Edgardo Boeninger; del Presidente y Vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería señores Francisco Cuevas, Alejandro Noemi y Julio Ascuí; de los representantes de Asociaciones mineras señores Bartolomé Marré, Alberto Prenafeta y Horacio Meléndez; de los señores Gerente General, Fiscal y Gerente de Finanzas de Enami, José Luis Sáez, Julio Vildosola y Enrique Arteaga, y del Asesor del Ministerio de Minería señor José Míguez, en la que se debatieron ampliamente diversos problemas de la Pequeña y Mediana Minería y se llegó a los siguientes acuerdos:

1.- En materia de maquilas y tarifas se dejó constancia del completo análisis que sobre la materia han hecho los representantes de los mineros con el Ministro de Minería y del reconocimiento por parte del Gobierno de que algunos aspectos de costo que influyen en la maquila de Enami, son provocados por factores económicos y sociales que legítimamente no son imputables a los mineros. Se dejó constancia también que otros rubros de los costos de Enami, que de rebajarse permitirían llegar a maquilas adecuadas, si bien es cierto, no pueden ser eliminados directamente por Enami, lo podrían ser, al obtener el Gobierno un financia-miento adicional para así colaborar con la Minería Nacional y llegar a una política de maquilas y tarifas adecuadas.

En esta última materia, después de analizar las dificultades de financiamiento se acordó establecer las siguientes maquilas:

a) Lixiviación.

La maquila actual, que sin considerar consumo de ácido y chatarra, es de US$ 10,70 quedaría en US$ 8,05 por tonelada, con lo cual se da satisfacción a este punto.

b) Concentración.

La maquila actual es de US$ 6,81 y la conversada con los mineros fue de US$ 4,88 por tonelada. Se acordó bajar la maquila a US$ 5 por tonelada, con lo cual se llegó a una maquila muy cercana a la anteriormente mencionada.

c) Fusión y Conversión.

La maquila actual es de US$ 30,30 y se acordó bajarla a US$ 23,50 por tonelada de carga, dejándose constancia que la conversada por los mineros era de US$ 21,00.

d) Refinación.

Se acordó mantener la maquila actual que es de US$ 61,50 y que corresponde a la misma suma que por este concepto cobra la M. Affinerie a la Empresa. Por concepto de gasto se descontará US$ 25 por tonelada de cobre electrolítico en vez de la suma actual que es de US$ 44,20.

2.- Los asistentes, tanto de los representantes mineros como del sector público, estuvieron de acuerdo en aceptar la petición del Ministro de Minería en el sentido de establecer una política de colaboración amplia entre los mineros, Enami y el Ministerio, para buscar en armonía y en acciones conjuntas las soluciones de los problemas que se le presentan a la Minería Nacional.

3.- Los mineros manifestaron su disposición de colaborar con el Ministro de Minería, en orden a impulsar la organización de Cooperativas Mineras de acuerdo con el nuevo Decreto del Supremo Gobierno para abaratar los insumos mineros y favorecer la organización de los pequeños mineros.

4.- Las Organizaciones Mineras colaborarán con Enami para llevar adelante una política de compras y una organización de Plantas de Tratamientos que asegure una actuación técnica y económica aceptable que redunde en beneficio de la Minería Nacional.

5.- Los pequeños mineros manifestaron su adhesión a la posición del Supremo Gobierno en orden a obtener de las autoridades de Chilex que reabra el poder de compra de minerales de lixiviación en Chuquicamata, que permitirá la solución de los problemas de la pequeña minería de la provincia de Antofagasta.

6.- En lo que se refiere a la defensa de los precios del cobre, hubo consenso de parte de la Sociedad y de las Asociaciones Mineras de apoyar con entusiasmo el acercamiento entre los principales países productores de cobre, que lo exportan como materia prima. Esta política puede proporcionar bases permanentes de estabilidad en los precios del cobre, que pueden significar mejores condiciones para el desarrollo de los países correspondientes.

7.- Los participantes estuvieron de acuerdo en estudiar un sistema que signifique tarifas estables en escudos para el cobre de la pequeña y mediana minería vinculadas a Enami, independiente de las variaciones del mercado internacional, las que se reajustarían todos los años, de acuerdo con un índice que corresponda al alza de los insumos mineros. Esta fórmula sería optativa para los mineros, y podría regir por un período de 5 años y serviría de base estable para el desarrollo de la minería nacional,

8.- El Presidente y el Vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería dejaron constancia de sus aspiraciones de que las maquilas conversadas en el mes de febrero en el Ministerio de Minería deben ser las que definitivamente rijan y que esperaban que las ahora convenidas, en el caso que se produjeran economías por el mejoramiento de abastecimientos o menor compra de stock que no influya en el abastecimiento de las Plantas de Enami, la Empresa debería utilizar estos fondos para rebajar las maquilas a los niveles conversados en este Ministerio,

El Ministro de Minería procurará dar cumplimiento a esta aspiración.

Firman: José Luis Sáez V., Gerente General de ENAMI.- Alejandro Noemi H., Vicepresidente de SONAMI.- Julio Vüdósola F., Fiscal de ENAMI.- Jorge Manterola F. y Bartolomé Marré, por Productores Mineros."

El señor MIRANDA.-

A mi juicio, si se logra esa finalidad, se habrá creado un doble beneficio: por una parte, dar a la Empresa Nacional de Minería todas las posibilidades para convertirse en la única central refinadora en Chile, asegurándose toda la capacidad de refinación de sus plantas; por otra, fomentar la pequeña minería con maquilas que, en el terreno de la cooperación, sea justas respecto de las establecidas en el mercado internacional. Por eso también hemos presentado una indicación sobre el particular.

Además, en la iniciativa legal que nos ocupa se consigna una serie de disposiciones que modifican el actual régimen tributario o de franquicias de la mediana minería del cobre. Nosotros deploramos muchos que esta materia, de suyo complicada y difícil, ha sido incorporada en una iniciativa de esta naturaleza. Habríamos preferido que este asunto, tal como fue concebido por el Ministro _de Minería, hubiera servido para elaborar un proyecto de ley separado que permitiera al Congreso disponer del tiempo suficiente para discutirlo en profundidad.

En todo caso, llamados a pronunciarnos al respecto al discutirse el primer informe, a pesar de la falta de información y de tiempo para un estudio más acabado -los Ministros de Hacienda y de Minería no han hecho mayor cuestión sobre la materia-, tuvimos que dar nuestros votos favorables en algunos aspectos, y contrarios en muchos otros que constituyen enmiendas de peso, que, como es natural, no pueden despacharse en una iniciativa de esta especie.

Para terminar, quiero decir algunas palabras más para dejar constancia de que también - concordamos con aquella disposición final del proyecto que establece un beneficio extraordinario de indemnización para los empleados del sector privado. Nosotros creemos que esta norma, que es útil, justa y beneficiosa, debe ser, en todo caso, sometida a un nuevo estudio. En realidad, ella fue rechazada en las Comisiones Unidas, pero nosotros insistiremos en su texto y propondremos una redacción distinta, que no constituya una amenaza seria, sino, por lo contrario, un beneficio efectivo, tal como lo desean los distintos sectores de los partidos populares.

El señor ALTAMIRANO.-

Señor Presidente, nosotros no vamos a repetir los argumentos que ya han dado especialmente los Honorables señores Montes y Miranda, quienes se han referido, con algunos detalles, al acta suscrita entre el Gobierno y la CUT y a las diferentes disposiciones que contiene el proyecto de ley en debate.

Concordamos con lo expuesto por ambos señores Senadores, en nombre, según entiendo, de sus respectivas colectividades políticas. Por eso, más bien, trataremos de dar nuestra opinión respecto del problema general.

Ante todo, nos alegramos, aunque sea más bien tarde que nunca, de que el Gobierno del señor Frei haya reconocido el patriotismo de la clase trabajadora chilena, la alta responsabilidad con que ha actuado la CUT. Ya lo decía el Honorable señor Gumucio: desde el comienzo, el Ejecutivo trató de destruir la Central Unica de Trabajadores, de crear una Central Unica oficialista y establecer el paralelismo sindical. Hoy; a la hora undécima, viene a reconocer que ha sido la clase trabajadora la que ha contribuido en forma importante a impedir situaciones de extrema gravedad que pudieron producirse en este país.

En cuanto al acta misma suscrita por la CUT y el Gobierno, concordamos con las palabras expresadas por el Diputado señor Luis Figueroa, presidente de ese organismo, en las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda del Senado, donde manifestó que este arreglo representaba un avance con relación a esta materia, teniendo en cuenta la política de reajustes aplicada desde hace muchos años. Agregó, en seguida, que "con todo, el acta en referencia contiene, por así decirlo, la aspiración mínima de los trabajadores". Vale decir, se repite aquí un viejo debate entre los que representan a los partidos populares, a los trabajadores chilenos, y aquellos que representan los intereses reaccionarios del país. Desde hace muchos años, tal vez más de veinte, la misma discusión en el mes de diciembre: el reajuste de remuneraciones de los trabajadores provoca la inflación, o ésta es consustancial al régimen político, económico y social vigente en nuestro país. Hemos sostenido hasta la saciedad -casi diría que nos aburre y cansa insistir en el tema-, que no es responsabilidad de la clase trabajadora el permanente proceso inflacionario que vive Chile y que nos coloca en el tercer lugar del mundo en esta materia. Ello no es culpa de los trabajadores, sino de un sistema político y de un régimen económico, y mientras ese sistema y ese régimen no sean sustituidos por otro de manera profunda y radical, continuaremos anualmente en este tipo de discusiones.

Según sea la capacidad combativa de los distintos sectores de trabajadores, anualmente algunos de ellos obtienen ventajas en materia de recuperación de su poder adquisitivo. Por ejemplo, para 1970, las Fuerzas Armadas han obtenido un reajuste significativo en relación con el alza del costo de la vida, ascendente en promedio, según los cálculos del Gobierno, a 88%; el aumento de remuneraciones del gremio de la salud se aproxima a 50%; el del magisterio, aun cuando se desconoce el porcentaje exacto, se acerca a 48%.

En general, el proyecto en debate otorga un reajuste cercano a 34% al personal a que se refiere.

En síntesis, en los años transcurridos, la clase trabajadora, los obreros, los campesinos, los empleados públicos y privados no mejoran substantivamente su participación en la renta nacional; es decir, en el total del ingreso que produce el país.

Con motivo de nuestro análisis de la exposición de la Hacienda Pública realizada por el Ministro del ramo, dimos a conocer un cuadro elaborado por la Corporación de Fomento de la Producción. Según él, en 1960 los sectores asalariados, incluyendo el aporte patronal en las cajas de pensiones participaban en 51,6% de la renta nacional; en 1968, en 50,8%. En otras palabras, a lo largo de ocho años, los trabajadores, juzgados como clase, no mejoraron su participación. Tal vez un año Correos y Telégrafos aumentó su participación respecto de Impuestos Internos; otro, los trabajadores de la salud obtuvieron mayores rentas en relación con los de las municipalidades. Pero -repito-, en conjunto, la clase trabajadora chilena, cualesquiera que sean las ventajas y beneficios logrados parcialmente, no mejoró sus salarios o sueldos.

La mayor parte del país percibe alrededor de 42% de la renta nacional, sin considerar el aporte patronal a las cajas de pensiones. Y la inmensa minoría de los chilenos, los capitalistas y empresarios nacionales, que no suman más allá de 200 mil personas, se llevan el otro 50% de la renta nacional. En otras palabras, más de dos millones de obreros, campesinos y empleados chilenos ganan menos que aproximadamente doscientos mil capitalistas chilenos.

Solicito que en esta parte de mi intervención se inserten algunos documentos relativos a esta misma materia.

-Los documentos cuya inserción se acuerda más adelante son los siguientes:

.

El señor ALTAMIRANO.-

En dichos documentos, se puede comprobar que en 1950 el sueldo vital era de 3.800 pesos, y en 1969, de 477.000 pesos. Alguien que no viviera en Chile creería que los empleados públicos y particulares, cuya inmensa mayoría gana un vital o menos, han aumentado su poder adquisitivo en un porcentaje estratosférico. Pero ¿cuál es la realidad? Los 3.800 pesos de 1950 equivalían a 506.000 pesos en 1968. O sea, el sueldo vital en 1950, en escudos de 1968, era de 506 mil pesos y, en 1969, de 367 mil pesos. Es decir, después de 19 años de grandes luchas, donde no pocos trabajadores han pagado con su vida el querer aumentar su poder de compra y el de quienes ganan un sueldo vital o menos, han perdido capacidad adquisitiva real.

Lo mismo sucede en el caso del salario mínimo de los obreros industriales. Los 50 pesos que ganaban en 1956 equivalen, en escudos de 1968, a 758 pesos, y en 1969 perciben 748 pesos, cifra inferior a la recién señalada.

Los obreros agrícolas han mejorado en forma leve su poder adquisitivo en los últimos 14 ó 15 años: 95 pesos en 14 años.

Lo anterior demuestra la existencia de un sistema que impide que la clase trabajadora mejore notoriamente su poder de compra.

Anualmente, la lucha se da por recuperar poder adquisitivo, por mantener el que se tenía al 1º de enero del año anterior. Vale decir, los dos millones y tantos mil trabajadores del sector público y de obreros y empleados del sector privado, el 1° de enero de 1970 sólo recuperarán el que poseían en la misma fecha del año pasado. ¿Y quién compensará el deterioro diario, semanal y mensual que a lo largo de los años han experimentado las remuneraciones de esos trabajadores? Sólo en una semana y media más obtendrían una compensación por el deterioro de su poder de compra; pero, como es indiscutible que, por desgracia, se nos viene encima un proceso inflacionario brutal, que el Gobierno ha estado conteniendo mediante medidas artificiales, no hay la menos duda de que ya el 15 de enero de 1970 habrán perdido el poder adquisitivo que recobraron o el mayor poder de compra que hayan adquirido algunos sectores como las Fuerzas Armadas, el magisterio, el Servicio Nacional de Salud y algunos grupos de obreros y trabajadores privados que hayan obtenido reajustes superiores al alza del costo de la vida. Es decir, antes de quince días -es innecesario referirse a lo que ocurrirá en los meses de enero y febrero- volverá el mismo vía crucis y los obreros y trabajadores chilenos tendrán un poder adquisitivo inferior al conquistado después de una ardua lucha.

Sin embargo, los viejos reaccionarios, los apologistas del sistema capitalista, los grandes empresarios, quienes viven del imperialismo, culparán a la clase trabajadora del proceso inflacionario, en circunstancias de que lo único que ella ha obtenido, en promedio, en términos generales, es recuperar la capacidad adquisitiva de hace un año.

De ahí que insistamos en lo expresado por el Honorable señor Gumucio: debemos tener clara conciencia de que en Chile ha hecho crisis, más que un Gobierno, un sistema. Muchas veces hemos criticado con violencia a la Administración del señor Frei. Fuimos impugnadores, también violentos, de la del señor Alessandri. Pero nunca hemos olvidado repetir que más allá de Frei o de Alessandri, es el sistema el que se encuentra en crisis, es el régimen el que, en definitiva, está en descomposición, lo cual se demuestra ahora con el pronunciamiento de los militares, con la huelga del Poder Judicial, etcétera.

¿Y cuál será la situación cuando, lamentablemente, se apruebe la reforma constitucional que otorga en esta materia la suma del poder al Jefe del Estado, si en las próximas elecciones no triunfare un candidato de la unidad popular, del movimiento popular? ¿Cómo se utilizarían las tremendas y omnímodas atribuciones que esa reforma constitucional concede al Primer Mandatario?

Por eso, este reajuste, que, como bien decía el Honorable señor Gumucio, es el último que se discute en este período presidencial, tiene una gran importancia. En el próximo Gobierno será el Presidente de la República quien determinará en forma soberana el reajuste que se otorgará tanto al sector público como al privado.

De ahí, que estimemos fundamental que la campaña presidencial, que ya se ha iniciado, se dé esencialmente -como hemos sostenido los partidos populares, como lo ha dicho muy claramente el Partido Comunista y lo decimos nosotros y los demás integrantes del movimiento popular- en torno de programas en los cuales figuren las ideas concretas de cada fuerza política para resolver los problemas de Chile. No creemos que pueda construirse ningún programa en torno de un hombre o del nombre de un hombre. No creemos en caudillos mesiánicos. No creemos que frente a los grandes y dramáticos problemas que aquejan a nuestro país, se le puedan ofrecer este tipo de soluciones.

Hace algunos días leímos una larga exposición del Partido Nacional. ¡Palabras y más palabras! En su oportunidad nos haremos cargo de ella.

Esa colectividad ha criticado a la Democracia Cristiana -con cierta razón, a mi juicio- por no precisar ni definir sus conceptos ante los grandes problemas nacionales. Pero ahora, frente a una campaña electoral, ella tampoco quiere definirse ni precisar su actitud respecto del imperialismo, las grandes empresas, los monopolios, la clase trabajadora, la redistribución del ingreso. Lo hemos demostrado ante la saciedad, y en ello se ha basado un "diariucho" partidario del señor Alessandri, para sostener que el Senador que habla estaría defendiendo esa gestión de Gobierno.

Hemos afirmado hasta el cansancio que el sistema capitalista, administrado por don Jorge Alessandri o por el señor Frei, mantiene uno de los más lentos crecimientos de América Latina. Esta registra una de las tasas de desarrollo más bajas del mundo. En consecuencia, Chile es uno de los países que menos crece.

Hemos probado cientos de veces que si la desocupación era extraordinariamente grave en el Gobierno anterior, hoy día se mantiene en niveles aproximadamente similares.

Además, hemos sostenido que si en la Administración Alessandri el promedio de la tasa inflacionaria fue de 25% ó 26%, en este Gobierno, sin considerar el año 1970, el porcentaje es levemente inferior.

¿Qué nos demuestran la lenta tasa de crecimiento, el bajo porcentaje de ahorro o inversión, la inmensa cesantía, la paralización industrial, el brutal flagelo inflacionario? Que hay un sistema en crisis y que no se trata de reemplazar al señor Frei por el mismo gobernante que fracasó en la Administración anterior, que no ofreció ninguna alternativa nueva a nuestro país y mantuvo a Chile en los niveles de crecimiento tradicionales.

Por eso, para nosotros tiene inmensa importancia que precisemos las soluciones concretas que ofrecen las distintas fuerzas políticas. Es preciso hacer conciencia en los trabajadores de que la solución de sus problemas no provendrá de un hombre providencial -léase Jorge Alessandri- ni de ningún caudillo, sino de los programas consecuentemente aplicados por la fuerza política que logre conquistar el mando supremo de la nación. Sólo de ese modo será posible resolver los problemas; de lo contrario, como ya expresé, en 1971 o a fines de 1970 vendremos aquí a argumentar que el reajuste es legítimo; que es necesario devolver el poder adquisitivo de los salarios de millones de chilenos, pues no son ellos los culpables del proceso inflacionario; que en Chile no hay un Estado popular, proletario, un Gobierno del pueblo; que gobiernan los ricos, el imperialismo, los terratenientes, y que, si hay inflación, son los imperialistas, los terratenientes, los grandes banqueros los responsables de la situación caótica que vivimos.

Mal puede responder de una gestión desastrosa un modesto obrero que está en el fondo del pique de una mina de carbón, o el que está trabajando para producir la inmensa riqueza del cobre, o el que está en las obras de la construcción o los empleados públicos y privados de nuestro país. Ellos no son los que gobiernan y mandan, sino una clase social que, a lo largo de un siglo y medio de historia de nuestro país -como ya lo he dicho en una palabra un poco vulgar- "se ha farreado" la fabulosa riqueza del salitre, que pudo haber dejado a este país inmensamente rico, y que dio la posibilidad de convertir a Chile en una nación con un ingreso similar al que exhiben las más altas sociedades industrializadas, ya sean de Europa Occidental o norteamericana. Ella "se ha farreado" el inmenso endeudamiento que contrajo el PresidenteAlessandri, y actualmente "nos estamos farreando" el increíble precio del cobre.

¿Por qué Chile exhibe un nivel de vida miserable? ¿Por qué no logra crecer, si tiene todas las condiciones para ostentar uno de los niveles de vida más altos del mundo? Somos una nación pequeña, que tiene un pueblo homogéneo e incalculables riquezas mineras, agrícolas, pesqueras y de todo orden. ¿Por qué, entonces, año a año nos encontramos en esta misma situación, obligados para conseguir el pago de cuatro o cinco escudos más al día a los campesinos chilenos, a dar una tremenda y engorrosa batalla, en circunstancias de que ése es el precio que pagamos por una bebida, una cajetilla de cigarrillos o algo similar? ¿Por qué sucede eso, cuando" nuestro país tiene perspectivas inmensas?

Insisto: ha hecho crisis un sistema, un régimen político y económico, y mientras éste no sea sustituido radicalmente, ninguna fórmula de parche, ninguna mentira demagógica, ningún hombre providencial, ninguna palabrería especiosa logrará resolver el problema. Si Chile no sustituye este sistema y marcha hacia una economía planificada, recuperando sus riquezas básicas y terminando con las ganancias de una escasa minoría y con el sistema monopólico dominante, no habrá solución, la crisis institucional que está viviendo -la más grave que ha tenido en este siglo- volverá y la situación será cada vez peor.

Por eso, los socialistas nos felicitamos de que, por primera vez, el Gobierno haya reconocido la gran responsabilidad y patriotismo de la clase trabajadora, y nos satisface que por medio del acta suscrita le haya respetado al menos la pérdida del poder adquisitivo de sus remuneraciones, devolviéndosela en un porcentaje levemente inferior al real.

Lo anterior no impide -deseo que ello quede bien en claro- que los trabajadores queden en libertad para exigir mejores reajustes. En el convenio que propuso el Gobierno se pretendía que renunciaran a peticiones justas sobre la materia, lo que no fue aceptado por la CUT. Por lo tanto, los sectores públicos y privados pueden luchar por mejores condiciones de vida, que otro sistema o régimen les abriría con perspectivas extraordinarias y amplias.

El señor JULIET ( Presidente accidental).-

Se suspende la sesión por quince minutos.

-Se suspendió a las 19.18.

-Se reanudó a, las 19.41.

El señor JULIET ( Presidente accidental).-

Continúa la sesión.

Al Honorable señor Jerez le restan 14 minutos de su tiempo.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor JEREZ.-

Señor Presidente, en el breve espacio de tiempo de que dispongo, quiero hacer presente que concuerdo ampliamente con las observaciones de los Honorables señores Gumucio y Altamirano.

Me han hecho mucha fuerza los planteamientos del Honorable señor Altamira-no en cuanto a la futilidad o al carácter meramente teórico de los beneficios que reciben los asalariados con este reajuste, ante la inminencia de una ola de alzas que se desatará en los primeros días del próximo año, no obstante todas las disposiciones que se establezcan en sentido contrario. Es decir, el beneficio que reciben los trabajadores se hará sal y agua por las alzas que inevitablemente se producirán, de una u otra manera, porque aquí, por desgracia, en la forma como se procede, esa alza afectará a los artículos de primera necesidad.

Lo grave es que los trabajadores, para conseguir un pobre reajuste, se ven sometidos a un cúmulo de esfuerzos y tramitaciones en asambleas, Inspección del Trabajo, Inspección Provincial del Trabajo, Intendencia, Ministerio del Trabajo, Dirección General del Trabajo; ir y volver entre las autoridades y sus asambleas para dar cuenta de sus gestiones, todo ello para que, después de largos meses de negociaciones, muchas veces con huelgas para apoyar sus peticiones, obtengan un reajuste que se hace sal y agua por las alzas que, contrariamente, los empresarios obtienen con una extraña y sospechosa rapidez y facilidad.

Uno de los aspectos más importantes que tenía el proyecto, desde el punto de vista del resguardo de esta conquista de carácter remunerativo de los trabajadores, ha sido cercenada por el acuerdo de las Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas, en cuanto a entregar antecedentes que permitieran a los parlamentarios tener a su disposición los estudios de costos para poder establecer las causas reales por las cuales se otorgan determinadas alzas.

Sobre esta materia, tengo una experiencia personal bastante negativa. Por esta razón, los Honorables señores Gumucio, Montes y Valente y el Senador que habla hemos presentado indicación tendiente a establecer algunas ideas y proponer un procedimiento que permita hacer públicos los sistemas de otorgamiento de alzas y, al mismo tiempo, dar a los consumidores alguna instancia de participación para que puedan defenderse en aquello que les interesa más directamente.

Todo el sistema -tanto el índice de precios al consumidor, como el otorgamiento de alzas- está en tela de juicio y se ha tornado sospechoso. Nada han sacado este Gobierno y los anteriores con desatar periódicas campañas para reprimir el abuso y la especulación, porque en definitiva se convierte en una guerra contra los mosquitos: se ensañan contra los pequeños comerciantes y detallistas y no se aplica el mismo rigor a los causantes directos del proceso de especulación y del recargo excesivo en los precios de los artículos de primera necesidad.

Para demostrar la absoluta falibilidad del sistema de otorgamiento de alzas o de reajustes de precios, quiero recordar que en 1965, en la Comisión de Economía de la Cámara, los Diputados Sanhueza y Buzeta, del Partido Demócrata Cristiano, y el que habla, que militaba también en esa colectividad política, tuvimos una polémica con el Ministro de Economía de la época, señor Domingo Santa María, porque nos anunció -no importa cuál era el artículo; sólo me interesa señalar el procedimiento- que se hacía indispensable un alza en el precio de los televisores a 4 mil escudos la unidad. En esa oportunidad, la Comisión solicitó la asesoría de un ingeniero, el señor Raúl Jofré. Toda la Comisión se abocó a investigar si se justificaba esa alza. Se nos dijo que los armadores de aparatos de televisión iban a quebrar, que era la ruina de esa industria y que el alza era indispensable y justa, y había que acordarla. A pesar de todas estas argumentaciones, cansados ya de luchar contra la determinación del Ministerio, que se hacía ya inminente, intervinimos en la Cámara sobre la base de los antecedentes proporcionados por el ingeniero señor Jofré -cuya colaboración fue pedida por la Comisión de Economía de esa rama del Congreso-, para denunciar la poca seriedad, a nuestro juicio, de las razones que movían a las autoridades a autorizar esta alza. Lo más grave de todo fue que, a las pocas horas de nuestra intervención, no sólo no se otorgó el alza a 4 mil escudos, sino que el valor de los televisores se fijó en 2 mil 600 escudos, cantidad inferior a la que tenían en ese momento.

Esto, que en su tiempo se convirtió en un verdadero escándalo, nos sirvió para deducir algo de importancia fundamental: que todo el sistema de otorgamiento de alzas tiene más misterios que un cónclave de Cardenales para elegir un Papa o una reunión de una venerable logia masónica; que tiene una base absolutamente falsa y que no sirve sino para prestar servicios o ayudar a los empresarios privados a quienes en forma tan amplia ha defendido esta tarde el Honorable señor García.

El señor GARCIA.-

Yo no defiendo a quienes buscan precios. Defiendo la libre competencia.

El señor JEREZ.-

¡Le demostraré cuál es la libre competencia a través de este sistema de otorgamiento de alzas!

Las irregularidades y debilidad del sistema son tales, que sólo hace pocos días liemos podido apreciar la existencia de algunos hechos que nos parecen de extraordinaria gravedad y que justifican la dictación de normas legales que permitan hacer pública, en la medida de lo razonable, la forma de otorgamiento de las alzas; y, en segundo lugar, para que en ese trámite tengan alguna participación los consumidores, que son quienes pagan las consecuencias de una política poco seria en este aspecto.

Tiempo atrás, la DIRINCO sé hizo parte en un proceso en contra de un ex funcionario que había recibido dinero de algunos industriales a cambio de autorizarles alzas de precios mediante el sistema de listas y que él, en su calidad de hombre de confianza del Director, estaba autorizado a visar. El funcionario procesado amenazó con revelar los nombres de otros ejecutivos de DIRINCO que estarían comprometidos, si se le seguía proceso. No sabemos si a la fecha se han tomado las medidas para establecer tal participación.

Actualmente, cerca de 14 altos funcionarios se encuentran sancionados por la Contraloría -entre ellos, el Subsecretario de Economía y el Jefe de DIRINCO- bajo la acusación de otorgar autorizaciones verbales para alterar las normas de comercialización del pan, en perjuicio de los consumidores. Esto se hizo sin la autorización y el conocimiento del Ministro de la época, don Enrique Krauss.

El sistema era muy simple: las panaderías están autorizadas para vender pan a precios populares hasta determinadas horas, entiendo que hasta las 7 de la tarde. Verbalmente se las autorizó para expender este tipo de pan hasta las 3 de la tarde. Entonces, de 3 a 7 podían decir que no tenían pan del precio popular y no podían venderlo, lo que obligaba a los consumidores a comprar un producto de calidad y precio superiores. Como desgraciadamente las panaderías cierran a la una de la tarde, de hecho se les entregaba un amplio margen de tiempo para obtener un precio superior al establecido para el pan de consumo popular. No había otra alternativa para el comprador. De esa manera se otorgaba un alza o un beneficio considerable, en perjuicio de terceros, como lo dictaminó la Contraloría en el sumario que ordenó.

Importantes empresas industriales son favorecidas con alzas de precios de sus productos, algunas en más de una ocasión en el año, en circunstancias de que desvían considerables sumas en negocios ajenos a su rama de producción, como es el caso de Cemento Melón, demostrándose así que producen y comercian con amplios márgenes de ganancia, lo que hace injustificadas sus peticiones de alzas.

Nadie ignora que Cemento Melón es una de las grandes empresas que están colocando capitales en otras actividades; sin embargo, dos o tres veces al año consigue aumentos en sus precios, lo que le da márgenes de utilidad muy importantes. Sus peticiones están basadas en una presunta asfixia económica, pero la verdad es que la capacidad de desenvolvimiento financiero de esa industria da totalmente al traste con esa afirmación y hace del todo abusivas e irracionales las concesiones de alzas de precios, en igual forma que ocurre con otras empresas que están disfrutando de ese privilegio.

Se ha llegado a situaciones realmente increíbles: el Ministro de Economía anterior hizo aplicar sanciones a la firma Bata por vender a mayor precio que el autorizado, en circunstancias de que el Departamento de Costos de la DIRINCO le había concedido una nueva alza, a menos de 20 días de la anterior, con desconocimiento de ese ex Secretario de Estado.

Estoy planteando la irracionalidad del sistema de autorización de alzas, su debilidad y la imposibilidad de tener confianza en él, sobre todo cuando se conceden aumentos de precios inclusive con desconocimiento del Ministro, lo cual hace incurrir, como vulgarmente se dice, en "metidas de pata" como sucedió en el caso que cité de alzas obtenidas a menos de 20 días de haberse autorizado una anterior.

Productores o comerciantes monopolistas de productos que no están sujetos a control de precios agravan esa situación, al disponer por su cuenta fuertes aumentos en el valor de venta de sus productos al público consumidor. Así ha ocurrido hace poco tiempo, con conocimiento de la opinión pública, con la carne, lo que motivó una investigación por parte del Ministerio de Economía.

Han existido casos en que la DIRINCO, pese a la "guerra" desatada contra la inflación por el Ministerio de Economía, ha reconocido haber autorizado tácitamente alzas de precios, como recientemente ocurrió con las conservas de pescados y mariscos "al eximirlas temporalmente del trámite de operar con precios autorizados por el Ministerio de Economía", expresión textual correspondiente a una declaración del señor Director de Industria y Comercio.

Hay algo más: poderosos consorcios de productores, como los empresarios textiles, son favorecidos con alzas de precios que en más de una ocasión han provocado la crítica, incluso, de otros importantes sectores de producción.

Basta tener presente lo inexplicable que resultan las periódicas y abusivas alzas de los productos textiles, en circunstancias de que materias de incidencia fundamental, como el algodón -básica en la fabricación de tejidos de uso popular-, han venido experimentando un sistemático descenso de precios en el mercado mundial. Este descenso ha sido de tal magnitud, que en el lapso de 14 años ha pasado, de 32,5 centavos de dólar por libra, a 20,5 centavos.

En el caso de la lana y fibras sintéticas, se observa un proceso similar de baja de precios en el mercado mundial.

Tenemos entendido que recientemente se ha publicado en el Diario Oficial un decreto por el cual se exime de la congelación y control de precios al hilado, con lo que se avecina un alza intolerable de los artículos de algodón.

Como no se trata sólo de plantear el problema, los Senadores Gumucio, Montes y Valente y el que habla formulamos la indicación a que me referí.

Como este problema se arrastra desde hace mucho tiempo, en 1965 entregamos al Presidente de la República -lo hice personalmente, en sus manos- un proyecto mediante el cual se creaba el "Instituto de Costos y Medición de la Productividad", estudio que fue incorporado a los acuerdos de la Comisión Político-Técnica que designó el Partido Demócrata Cristiano. La idea fundamental era entregar al Gobierno una herramienta para defender los intereses del consumidor, sin necesidad de hacer nuevas inversiones o de pagar nuevas remuneraciones., porque entendíamos que se podía designar en comisión de servicios a numerosos funcionarios para reforzar al equipo de la DIRINCO, tan pobre desde el punto de vista de la cantidad de personal y, en especial, de técnicos. En esa forma se podría respaldar la acción del Gobierno frente a la presión de los empresarios, que siempre van acompañados de técnicos economistas, especialistas en estudio de costos, en asuntos legales, etcétera. Por lo tanto, esos funcionarios estarían en condiciones de poder refutar los estudios hechos por los propios empresarios. Muchas veces los empleados a cargo de estas materias se limitan sólo a visar las listas confeccionadas por los empresarios a su propio antojo y beneficio.

Desgraciadamente, como ocurre con muchas cosas, ese instituto se convirtió en un ente bajo la tutela de la Corporación de Fomento de la Producción, destinado a otorgar -con funcionarios remunerados, por cierto- informes o estudios a las empresas privadas en lo relativo a costos, sistemas de producción y medición de la misma.

Estimamos muy importante comprobar cuántas alzas se decretan, previos estudios serios, y cuántas se autorizan mediante el simple timbra je de las listas presentadas por los propios empresarios, sistema que ha sido prohibido expresamente por la Contraloría General de la República, al no ser sancionado por el trámite de toma de razón.

Es indispensable clasificar y hacer públicos los procedimientos y fundamentos de las alzas de precios. Es la única manera de despojar tales resoluciones del ambiente de desconfianza que las rodea.

El consumidor que paga las alzas tiene derecho a saber por qué razón se le obliga a pagar más y si los argumentos de los grandes productores se ajustan o no a la realidad.

Creemos que la comunidad entera de los consumidores debería tener alguna ingerencia en procesos tan decisivos, aunque la resolución final le corresponda a la autoridad competente. En este principio se apoya la aspiración de la Central Unica de Trabajadores en cuanto a establecer comisiones mixtas para la fijación de remuneraciones y precios, con participación del Gobierno, los trabajadores y los consumidores.

Solicito insertar en el texto de mi discurso, la indicación que presenté, junto con los señores Senadores que he citado, para agregar tres artículos después del 34, ya que, por falta de tiempo, no la alcanzaré a leer. Repito que su finalidad es dar participación a los consumidores en la fijación de los precios, aparte dar un carácter público y hacer más nítido y menos controvertido este proceso.

El señor JULIET ( Presidente accidental).-

Si le parece a la Sala, se insertará la indicación a que hizo referencia el señor Senador.

Acordado.

-El documento cuya inserción se acuerda, es el siguiente:

"Artículo 35.- Sin perjuicio de lo anterior, y en lo sucesivo, para autorizar un aumento de precios será requisito previo que la industria o actividad comercial cuyos representantes la requieran eleven una solicitud escrita y fundamentada al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción conteniendo todos los antecedentes referentes a costos, necesarios para resolver y la fecha y monto de la última alza obtenida por el solicitante.

Dicha solicitud deberá ser publicada in extenso en el Diario Oficial.

Artículo 36.- La resolución que concede un aumento de precio deberá ser necesariamente un decreto fundamentado firmado por el Ministro que se publicará igualmente in extenso en el Diario Oficial. Si se trata de productos agropecuarios o elaborados a partir de productos agropecuarios o del mar, se requerirá un decreto conjunto de los Ministros de Agricultura y Economía, Fomento y Reconstrucción. Esta resolución será apelable conforme a lo dispuesto en el artículo 35.

Se prohibe la adopción de medidas, modalidades c cualquier autorización que signifique alterar, en la práctica, lo dispuesto en el inciso precedente.

Artículo 37.- Desde la fecha de la publicación del decreto a que se refiere el artículo anterior y por un plazo de 15 días, cualquier persona natural o jurídica podrá oponerse al alza de precio autorizada, apelando, mediante escrito fundado ante la Comisión integrada de la siguiente manera:

- El Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, que la presidirá.

- El Ministro de Agricultura o su representante.

- El Director General de Industria y Comercio.

- El Director General de Impuestos Interno o su representante.

- Un representante de los trabajadores designado por la CUT.

- Un representante de los consumidores designado por las Juntas de Vecinos de la provincia de Santiago, legalmente constituidas.

- Un representante de la Confederación de la Producción y el Comercio.

La comisión procederá con audiencia de las partes interesadas y procederá sin ulterior recurso. Su resolución deberá publicarse en el Diario Oficial.

El Presidente de la República dictará un reglamento para la aplicación de los artículos 38, 39 y 40 de la presente ley en el plazo de 30 días después de su promulgación."

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, privadamente he consultado a los distintos sectores de esta Corporación, a fin de solicitar que se reserven para la sesión del lunes los veinte minutos a que tenía "derecho en la discusión general el Honorable señor Silva Ulloa, quien se referirá al artículo 11º del proyecto. Como me han dado su conformidad, ahora no haré uso de la palabra, pero pido a la Mesa que ratifique el acuerdo en referencia.

El señor JULIET ( Presidente accidental).-

Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a la petición del señor Senador.

Acordado.

Restan nueves minutes al Comité Demócrata Cristiano.

Ofrezco la palabra.

El señor PALMA.-

Señor Presidente, a pesar de no haber escuchado en su totalidad las intervenciones de distintos señores Senadores, pues he debido salir del hemiciclo a conocer o firmar algunas de las indicaciones que se están presentando, me referiré brevemente -no voy a ocupar los nueves minutos que me restan- a un aspecto que me parece importante destacar en el debate general del proyecto.

El sistema de reajustes, naturalmente, tiene muchos defectos, y como el proceso inflacionario no se detiene, quienes viven de un sueldo o salario pierden durante el año una parte importante de sus ingresos, de su poder adquisitivo.

Este hecho ha sido analizado en diversas ocasiones. Recuerdo que hace algunos años el ex Ministro de Hacienda, don Carlos Vial, propuso una serie de medidas, entre ellas, otorgar reajustes parcializados durante el año. Como el problema subsiste, es necesario buscar un método -mientras el país mantenga este ritmo de inflación- que permita paliar los efectos que sobre los trabajadores produce ese fenómeno.

De los estudios de la ODEPLAN, realizados con bastante prolijidad, se deduce que las remuneraciones otorgadas a los trabajadores fiscales han experimentado -según expresa textualmente el informe respectivo- un crecimiento real de 85,8% en el período comprendido entre 1964 y 1969, con respecto a lo que tenían en 1964.

En consecuencia, si bien es cierto que han sido afectados por el proceso inflacionario, no lo es menos que, debido a la política de reajustar anualmente las remuneraciones en el ciento por ciento del alza del costo de la vida -aun cuando ello ha acarreado muchos problemas- y al mejoramiento de la situación de los sectores postergados, quienes viven de un sueldo o salario han mejorado realmente sus condiciones de vida.

En sueldos vitales, la situación promedio de los funcionarios de los servicios públicos es enormemente superior a la que tenían en 1964. Debo dejar constancia de que este cálculo se hizo antes de que las Fuerzas Armadas obtuvieran el reajuste que recientemente despachamos, por lo cual ese porcentaje es mayor aún.

He querido poner en relieve este hecho, porque las opiniones que parcialmente he escuchado señalan que el Gobierno no ha estado alerta frente a este problema, lo cual no es efectivo.

Aun cuando no se ha llegado a las condiciones óptimas, como consecuencia del conjunto del sistema, no se puede negar que en estos cinco años se ha realizado un esfuerzo que se ha traducido en un considerable beneficio para todos los niveles del sector público.

El señor JULIET ( Presidente accidental).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Los Comités del Senado tomaron el acuerdo de votar en general el proyecto a las 20 horas. La Sala acordó hacerlo a las 21. Como el debate ha terminado, recabo el asentimiento unánime, a fin de votar de inmediato.

El señor CHADWICK.-

Pido la palabra.

El señor MIRANDA.-

Con una sola observación: nosotros daremos nuestra aprobación, pero siempre que se prorrogue hasta las 21 el plazo para presentar indicaciones.

El señor JULIET ( Presidente accidental).-

Ese era el segundo aspecto que iba a proponer, señor Senador.

El señor CHADWICK.-

Precisamente, a ello me iba a referir.

El señor JULIET ( Presidente accidental).-

Si le parece a la Sala, se votará de inmediato el proyecto, sin perjuicio de que se puedan presentar indicaciones hasta las 21 horas.

Acordado.

- Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto.

El señor JULIET ( Presidente accidental).-

Se levanta la sesión.

SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBIERNO Y HACIENDA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE REAJUSTA LAS REMUNERACIONES DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO.

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones Unidas de Gobierno y Hacienda tienen el honor de entregaros su segundo informe reglamentario acerca del proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los sectores público y privado.

Para el estudio de las indicaciones que en este trámite nos corresponde informar, vuestras Comisiones debieron sesionar ininterrumpidamente desde las 10.30 del viernes 19 del presente hasta las 4.15 del sábado 20. A esta sesión concurrieron, además, los Honorables Senadores señores Altamirano, Chadwick, Luengo y Valente; los Diputados señores "Pareto y Schnake; los señores Ministros de Hacienda, de Justicia, de Minería y del Trabajo y Previsión Social; los señores Subsecretarios de Hacienda, de Justicia y de Trabajo; el señor Superintendente de Seguridad Social; el señor Fiscal de la Empresa Nacional de Minería y funcionarios del Ministerio de Hacienda.

Para los efectos de lo establecido en el artículo 106 del Reglamento, dejamos constancia de lo siguiente:

I.- Artículos del proyecto aprobado en nuestro primer informe que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: 3º, 4º, 6º, 9º, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24; 26 -pasa a ser 28-; 27 -pasa a ser 29-, 29 -pasa a ser 31-, 31 -pasa a ser 33-, 32 -pasa a ser 34-, 33 -pasa a ser 35- y 35 -pasa a ser 37.

II.- Artículos que fueron objeto de indicaciones rechazadas: 22 (indicaciones 17, 18, 19 y 20) y 30 -pasa a ser 32- (indicación 24).

III.- Artículos que fueron objeto de indicaciones aprobadas: 1º (indicación 1), 2º (indicaciones 2 y 2 bis), 5º (indicaciones 3 y 3 bis), 7º (indicación 4 e indicaciones 5 y 6, refundidas), 8° (indicación 7), 14 (indicaciones 8 y 9), 21 (indicación 12), 23, 25 (indicación 23), 28 -pasa a ser 30-, y 34 -pasa a ser 36- (indicación 27).

IV.- Artículos nuevos aprobados en este trámite: 26, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66, y 1º, 2º, 3º y 4º transitorios.

V.- Indicaciones aprobadas: 1 (parcialmente), 2, 2 bis, 3, 3 bis, 4; 5 y 6 (refundidas), 7; 8 y 9 (parcialmente), 12, 23, 27, 32, 33, 39, 40; 43 y 44 (parcialmente), 52 y 53 (parcialmente), 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; 71 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, XII, XXVII, XLIX, LXXII, LXXXV y 20ª.

VI.- Indicaciones rechazadas: 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51; 55 y 57.

VII.- Indicaciones rechazadas parcialmente: 1, 8, 9, 43, 44, 52 y 53.

VIII.- Indicaciones retiradas: 10, 10 bis, 11, 14, 31, 47, 54, 56 y 57 bis.

Las indicaciones formuladas durante la discusión general constan del Boletín N° 24.800, que forma parte integrante de este informe.

Por consiguiente, deben darse por aprobados sin debate los artículos indicados en el Nº I, y los del N° II, siempre que las indicaciones de que fueron objeto no sean renovadas en su oportunidad.

Las modificaciones introducidas a los artículos individualizados en el Nº III y los artículos del N° IV deben discutirse y votarse, como asimismo las indicaciones señaladas en los Nºs. VI y VII, siempre que ellas fueren renovadas en forma reglamentaria.

Como os lo expresamos en el primer informe, el objeto de esta iniciativa es conceder reajustes a los personales de los sectores público y privado.

En cuanto a los primeros, aquél es de un 28% de sus remuneraciones permanentes, más el aumento del D.F.L. Nº 1, de 1969; no obstante, si el índice de precios al consumidor en 1969 registra un alza superior al 29,5%, dicho reajuste se incrementará en tantos puntos y fracciones como sean los que excedan ese guarismo. Además, se incrementa la asignación familiar en un porcentaje equivalente al que registre el índice del costo de vida y se otorga una asignación complementaria de Eº 20 por carga. Según lo expresado por el señor Ministro de Hacienda y por los personeros de la Central Única de Trabajadores, todo ello significa que el monto' real del reajuste general propuesto no será en ningún caso inferior al 32 o 33% de las actuales rentas y que, en promedio, alcanzará a un 40% de ellas. Se da también a este sector una imponibilidad que para ningún Servicio de la Administración del Estado puede ser inferior al 70% de las remuneraciones efectivas de que gozan sus empleados.

Respecto del sector privado, el reajuste equivaldrá al ciento por ciento del alza del costo de la vida en 1969 y el salario mínimo obtendrá un aumento del 60,4% al fijarse en E° 1,50 la hora de trabajo.

En este trámite, a vuestras Comisiones les correspondió considerar un apreciable número de indicaciones formuladas al articulado del proyecto o que proponen artículos nuevos. Estas tienden a perfeccionar, aclarar y precisar ciertas disposiciones, pero no alteran las bases fundamentales de la iniciativa de ley que nos preocupa.

Así, por ejemplo, en relación con el sector público, se estableció que la bonificación de Eº 20 por carga familiar favorecerá también a los pensionados de las instituciones comprendidas en el reajuste general; se incorporó expresamente la asignación de 7,5% creada en la ley N° 16.840 al sueldo base de los empleados semifiscales (indicación N° 3) y a las escalas de sueldo del personal de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (indicación N° 3 bis). Se señaló, además, que el nuevo sistema de imponibilidad previsto en el artículo 5°, no lesionará los derechos de quienes actualmente gozan de una imponibilidad superior (indicaciones Nºs. 5 y 6).

Si bien el proyecto no sufrió alteraciones sustanciales respecto de las normas derivadas de los acuerdos suscritos por el Supremo Gobierno y la Central Única de Trabajadores u otras instituciones gremiales, por la vía de la indicación se introdujeron reformas de importancia al financiamiento del proyecto. Además, el Ejecutivo agregó una serie de normas sobre reajustes al Poder Judicial y enmiendas al Código Orgánico de Tribunales que, sin duda, constituyen un conjunto orgánico de disposiciones que pueden estimarse un proyecto separado.

Dada la trascendencia de estas dos últimas materias, expondremos en forma previa su significado y alcance.

A) Normas relativas al Poder Judicial.

El señor Ministro de Justicia destacó que esta iniciativa otorga al Poder Judicial un reajuste complementario, además del general que le corresponde. Este tipo de aumento que, desde hace tiempo ha venido otorgándosele, le ha significado un mejoramiento real de las remuneraciones. Explicó que ello puede comprobarse comparando sus actuales rentas con las que percibía este personal en 1964. Así, un Ministro de la Corte de Apelaciones ganaba en ese año 8,54 sueldos vitales; un Juez de Letras de departamento, 5,48 sueldos vitales, y un Secretario de Juzgado de departamento, cargo con que se ingresa al Servicio, 3,91 sueldos vitales. Las remuneraciones de estos funcionarios en 1969, corresponden a 11, 29, 8, 19 y 6, 13 sueldos vitales, respectivamente.

Como consecuencia de las nuevas disposiciones, las rentas del personal superior del Poder Judicial se incrementan, en promedio, al 1º de enero de 1970, en el 90,8% respecto de las de 1964, y las del personal subalterno en el 58,9%.

Por otra parte, agregó que estas normas corresponden al cumplimiento de un acuerdo logrado, con la mediación del Colegio de Abogados, con motivo del conflicto gremial suscitado por el personal del Poder Judicial.

Las bases de dicho convenio son las siguientes:

1.- Una nueva escala de sueldos para el personal superior del Poder Judicial, que equivale al aumento general del 28 % otorgado al personal de la Administración Pública;

2.- La asignación de incompatibilidad para el personal superior, que era del 20%, pasa a tener los siguientes montos, a partir del 1º de enero de 1970: para los funcionarios fuera de categoría y de la primera categoría, es decir, Ministros de Corte Suprema y de Apelaciones, un 50% cuando no gocen del derecho al sueldo de la categoría o grado superior; un 46 % para los que gocen de este mayor sueldo; un 42 % para los que gocen del sueldo de dos grados o categorías superiores, y un 38% para los que gocen del sueldo de tres grados o categorías superiores.

La escala anterior eleva el sueldo de un Ministro de Corte Suprema, sin quinquenios, a Eº 10.278.

Para las categorías 2ª a 8ª, ambas inclusive, del escalafón superior, estos porcentajes serían del 55%, 48%, 42% y 38%, respectivamente.

Con relación a la escala de sueldos del personal subalterno, habría un reajuste especial, adicional al 28% del alza del costo de la vida, del 30% para las categorías 5ª, 6ª y 7ª y del 35% para los grados 1º a 3º.

Además, el proyecto contiene diversas disposiciones que se refieren a las siguientes materias:

a) Nivelación de la Judicatura del Trabajo con la Ordinaria y extensión de la competencia de aquélla a algunas materias de carácter civil.

Sobre el último punto, el señor Ministro expresó que la iniciativa otorga al Presidente de la República la facultad de modificar, previo informe de la Corte Suprema, las normas sobre competencia de los Tribunales del Trabajo, otorgándoles el conocimiento de todas o algunas de las materias civiles de que conozcan los Tribunales Ordinarios y de Menores, pero sin reducir la competencia especial de aquéllos. De esta manera, se desea crear un sistema flexible que permita incorporar a los Tribunales del Trabajo materias de la competencia de los Tribunales civiles. Ello en atención al excesivo volumen de causas que éstos atienden, de acuerdo con la repartición territorial y que es muy superior al de los Juzgados del Trabajo, los que en la mayor parte de los departamentos representan una capacidad ociosa.

En cuanto a este particular, se adjuntan las siguientes estadísticas judiciales de Cortes del Trabajo y Juzgados Especiales del ramo:

b) Los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía y el Juzgado de Letras de Menores del departamento Pedro Aguirre Cerda se elevan a la categoría de Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de provincia, y los funcionarios que se desempeñan en ellos tendrán las categorías y grados correspondientes a la nueva categoría que se les asigna.

c) Se contiene una disposición especial respecto de los cargos de asistentes sociales de los Juzgados de Letras de Menores o de los Juzgados Ordinarios que tengan, además, esa competencia especial y que funcionen en ciudades asiento de Corte de Apelaciones.

Estos funcionarios tendrán la 6ª categoría de la escala de sueldos del personal superior del Poder Judicial, y los que se desempeñan en Juzgados que tengan su asiento en ciudad capital de provincia, y en el Departamento Pedro Aguirre Cerda, la 7ª categoría de la misma escala.

d) Por último, se establece que los Juzgados rurales de Menor Cuantía se elevan a Juzgados de Letras de Mayor Cuantía.

Además de las normas señaladas, se establecen otras que modifican el sistema de calificaciones del Poder Judicial, las que tienden a mejorar la calidad de sus componentes.

El señor Ministro manifestó que hay consenso en estimar que el actual sistema de calificaciones del Poder Judicial no permite realizar estas aspiraciones.

Por lo demás, agregó, las normas propuestas responden a los principios generales aprobados por la Comisión de Reformas Judiciales que, con representación de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones y del Colegio de Abogados, funcionó durante el año 1965 y 1966 en el Ministerio de Justicia.

El sistema de calificaciones vigente consiste en la formación de dos grupos de funcionarios: uno, por aquellos funcionarios que carecen de los requisitos de celo, eficiencia y moralidad y que, por lo tanto, deben ser eliminados del Servicio, y otro, por todos los que permanezcan en él, sin resaltar en forma alguna su preparación, competencia o capacidad para el cargo.

Al respecto, se propone un sistema similar al del Estatuto Administrativo, que consiste en una lista de eliminación y otras tres listas en las que se colocará a los funcionarios que permanezcan en el Servicio

La figuración en lista 3, por dos años consecutivos, es causal de eliminación, y en las listas 2 y 3, impide la promoción a un cargo superior. De este modo, para integrar una terna o propuesta para la provisión de un cargo judicial será requisito figurar en la lista 1, con excepción de los que deben figurar en ella en en razón de su antigüedad y para los cuales la Constitución Política del Estado reserva forzosamente un lugar.

Acordado en sesión de fecha 19 de diciembre de 1969, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente), Bulnes (Ibáñez), García, Isla, Miranda, Montes, Morales, Palma y Silva Ulloa.

B) Costo y financiamiento del proyecto.

Cálculo sobre gastos estimativos.

El costo del proyecto aprobado en nuestro primer informe, aumentó en E° 31.74 millones, correspondientes al reajuste especial al Poder Judicial incorporado en este trámite.

En consecuencia, aquél subió de E° 2.359,50 millones a E° 2.891,24 millones. Además, si se considera el proyecto especial de mejoramiento de rentas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, se concluye que el costo total de los reajustes de remuneraciones contenidos en ambas iniciativas sube de E° 4.063,20 millones a E° 4.094,94 millones.

Las diferencias anotadas se indican en el cuadro siguiente:

Cálculos sobre rendimiento de ingresos.

Respecto de los ingresos fiscales aprobados en el primer informe, se entregaron estimaciones de rendimiento en relación a la modificación de aranceles que permitirá la aclaración de que la cobertura diferida no constituye régimen especial de importación, lo que produciría Eº 50 millones, como ya se señalara en dicha oportunidad.

Sin embargo, no se dispuso de antecedentes auténticos en cuanto a los rendimientos de la modificación del impuesto especial a las exportaciones de cobre no refinado de la pequeña y mediana minería, de la participación fiscal en el sobreprecio de venta del mismo metal producido por esta última, de la declaración de que la exención tributaria de pleno derecho establecida en el artículo 3º de la ley Nº 16.528 y otras disposiciones no constituye exención del impuesto establecido en los artículos 134 y siguientes de la ley Nº 15.575, y de la derogación de la franquicia del impuesto global complementario por concepto de capitalización en las empresas constructoras de viviendas económicas.

Sin perjuicio de lo anterior, la modificación del impuesto de timbre fijo a las letras de cambio y el alza del impuesto especial a la primera venta de automóviles nuevos -según se explicará más adelante -producen Eº 76 millones, con lo cual el déficit estimado del presente proyecto se reduciría de los Eº 106 millones señalados en nuestro primer informe a sólo Eº 30 millones, los cuales, de acuerdo con las cifras dadas en la Honorable Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional de esta iniciativa, serían ampliamente cubiertos con los productos de los tributos mencionados en el párrafo precedente.

En consecuencia, puede afirmarse que la presente iniciativa se encuentra financiada en términos generales, y que, asimismo, el reajuste especial del Poder Judicial y Sindicatura de Quiebras, poseen rendimientos suficientes, propuestos por el Ejecutivo, que serán analizados en su oportunidad.

Costo y financiamiento del reajuste especial al Poder Judicial y Sindicatura General de Quiebras.

Como ya lo expresamos, este reajuste especial agregado al proyecto por la vía de la indicación, significa un gasto del orden de los 31,74 millones de escudos.

El Ejecutivo ha propuesto financiar dichos aumentos, con dos clases de recursos:

a) Modificaciones a la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, que rinden una utilidad de E° 24,05 millones, y

b) Alza del 5% de todas las multas que se paguen por infracciones a leyes, decretos leyes, decretos con fuerza de ley, reglamentos u ordenanzas municipales, que producen E° 7 millones.

Las modificaciones a la Ley de Timbres afectan a sus artículos 99, sobre impuestos a las actuaciones judiciales, y 14, relativo a impuestos a las actuaciones de los Notarios, Conservadores, Archiveros y Receptores Judiciales, que se analizarán separadamente:

a) Modificaciones al artículo 9º

Alza del impuesto al mandato judicial de E° 1,91 a E° 5. Rinde E° 750.000 y es la única modificación de un tributo vigente en esta disposición.

Impuesto al patrocinio.- Es un tributo nuevo, que grava el patrocinio judicial, sea en forma de designación de abogado patrocinante o asunción del propio patrocinio, con tasas de Eº 10, Eº 20 y Eº 30, según la cuantía del asunto; es de cargo exclusivo del abogado patrocinante, y rinde E° 5 millones.

Impuesto a la recusación de abogados integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia. Este impuesto grava una actuación judicial hasta ahora exenta, con una tasa de E° 150 en el caso de los integrantes de las Cortes de Apelaciones y de E° 200 en el de los de la Corte Suprema. Produce E° 100.000.

Impuesto a la suspensión de la vista de la causa. Esta actuación pagará, en lo sucesivo, en las Cortes de Apelaciones E° 100, y en la Corte Suprema E° 200 en calidad de tributo, el cual producirá Eº 1.200.000.

El señor Subsecretario de Justicia expresó que este gravamen, al igual que el anterior, no sólo tiene un objetivo fiscalista en el sentido de allegar nuevos recursos al Estado, sino también uno estrictamente judicial, que es agilizar la administración de justicia. En efecto, agregó, la recusación sin expresión de causa de los abogados integrantes y el mal hábito de suspender la vista de las causas origina atochamientos y retrasos en los Tribunales que, mediante estas normas, se tratan de eliminar.

En consecuencia, las modificaciones al artículo 9° rinden E° 7,05 millones.

b) Modificaciones al artículo 14.

Impuesto a la inscripción de vehículos motorizados en el registro correspondiente. Esta disposición grava con E° 100 el acto mencionado, sin perjuicio de la tasa fija de E° 2,54 en cada hoja del registro o en el documento de que se trata, que era la que se aplicaba hasta ahora. Produce Eº 2 millones.

Nuevo impuesto a las actas de protesto de letras. La presente norma establece que las actas de protesto de toda letra de valor superior a E° 100 estarán afectas a un impuesto fijo de Eº 10, el cual se aplicará además de los gravámenes existentes, que consisten en una suma básica variable en relación al monto del documento y, asimismo, en las superiores a E° 1.000, un 1% por cada escudo o fracción de exceso.

El nuevo impuesto rinde E° 10.000.000.

Nuevo impuesto a toda escritura pública o inscripción que practiquen los Conservadores de Bienes Raíces, de Comercio y de Minas, y a toda copia o certificado que otorguen los mismos funcionarios, los Archiveros y el Conservador de Vehículos Motorizados.

El tributo a la primera clase de actuaciones grava en Eº 10 a cada una de ellas, y el que recae en la segunda, en Eº 1 a cada una, cualquiera sea -en ambos casos- el número de hojas que ocupen, sin perjuicio del impuesto de Eº 0,64 por hoja de las copias autorizadas, ni de la tasa fija de Eº 2,54 señalada en el Nº 1) precedente.

Este nuevo impuesto rinde Eº 5.000.000.

En consecuencia, las modificaciones al artículo 14 producen 17 millones de escudos.

Por su parte, el aumento de un 5% de todas las multas que se pagan en el país por infracciones a leyes, decretos leyes, decretos con fuerza' de ley, reglamentos u ordenanzas municipales, debe relacionárselo con los anteriores recargos de 10%, en cada caso, contenidos en las leyes que crearon la Editorial Jurídica de Chile y el Fondo de Construcciones para el personal del Poder Judicial.

Para mayor claridad de lo expresado anteriormente respecto del financiamiento de los reajustes al Poder Judicial, se transcribe el cuadro siguiente:

Pasamos, en seguida, a referirnos a los acuerdos adoptados por vuestras Comisiones respecto de las indicaciones formuladas al proyecto de nuestro primer informe.

INDICACIONES APROBADAS FORMULADAS AL ARTICULADO DEL PROYECTO

Artículo 1º

A indicación de los Honorables Senadores señores Allende, Altamirano y Rodríguez modificada por la unanimidad de vuestras Comisiones, se acordó eliminar del inciso cuarto del artículo la mención hecha al personal retirado de las instituciones excluidas de este artículo.

Para ello se estimó suficiente con que este artículo se refiera al reajuste de remuneraciones del sector activo, ya que los pensionados con perseguidora aumentan sus rentas de acuerdo con las de su similar en actividad y los demás de conformidad a las normas sobre revalorización de pensiones.

Artículo 2º

El inciso primero de este artículo reajusta las asignaciones familiares de personal del sector público, en la forma que ya se ha explicado.

Por unanimidad, se aprobó la indicación (N° 2) del señor Ministro de Hacienda, para excluir de esta norma a los funcionarios de los organismos descentralizados, en atención a que éstos gozan de un sistema especial de asignaciones por este concepto.

El inciso segundo establece la bonificación de E° 20 por cada una de las asignaciones expresadas en el inciso anterior.

También por unanimidad, se aprobó una indicación (N° 2 bis) del señor Ministro de Hacienda, para hacer extensivo el beneficio a los pensionados de las respectivas instituciones.

A petición del Honorable Senador señor Miranda, se acordó dejar constancia de que si bien el personal del magisterio afecto al artículo 3º de la ley N° 16.930 no es favorecido por esta norma, el señor Ministro de Hacienda se comprometió ante las Comisiones a hacer los estudios necesarios para esclarecer si dicho personal contribuirá también a la formación del fondo que hará posible el pago de dicho emolumento, caso en el cual les otorgará éste. Como se recordará, los funcionarios que recibirán un reajuste de sólo 28%, aunque el alza del costo de la vida llegue probablemente a un 29,5%, sacrificarán el 1,5% de diferencia para ese objetivo.

Artículo 5º

El inciso tercero incorpora la asignación de 7,5% establecida en el artículo 1º de la ley N° 16.840, al sueldo de los funcionarios no afecto al D.F.L. N° 40, de 1959 (escala ANEF), en la misma proporción en que son imponibles sus remuneraciones.

El señor Ministro de Hacienda formuló indicación (N° 3) con el objeto, manifestado por el señor Subsecretario de Hacienda, de que quede claramente establecido que para el personal semifiscal dicho beneficio se incorporará al sueldo.

Por unanimidad, y sobre la base de lo aseverado por el representante del Ejecutivo, vuestras Comisiones acogieron esta modificación.

En seguida, y también por unanimidad, se acogió otra indicación (N° 3 bis) del mismo señor Ministro, a fin de asimilar la situación de los funcionarios de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado a los de las instituciones afectas a la escala ANEF, que incorporarán al sueldo la totalidad del citado 7,5%.

Artículo 7º

En primer término se aprobó una indicación (N° 4), de los Honorables Senadores señores Allende y Altamirano, para corregir, en el inciso primero, un error de forma en que se incurrió en la Honorable Cámara de Diputados al despachar el proyecto.

A continuación, se aprobaron las indicaciones (Nºs, 5 y 6) de los señores Ministro de Hacienda y Altamirano, respectivamente, que tienen por objeto que esta disposición que eleva la imponibilidad de las remuneraciones del personal de la administración civil del Estado a un 70%, no lesione a aquellos funcionarios que en la actualidad gozan de una imponibilidad superior.

Artículo 8°

La letra a) sustituye el artículo 7° de la ley Nº 15.076, Estatuto del Médico Funcionario, con el objeto de elevar a un sueldo vital para Santiago el sueldo base mensual de estos funcionarios por cada hora diaria de trabajo.

Por unanimidad, se aprobó la indicación N° 7, del Honorable Senador señor Allende, cuya finalidad es dejar vigente la norma contenida en el inciso tercero del artículo que se sustituye, según la cual estos profesionales podrán convenir con los empleados particulares remuneraciones superiores a las establecidas en el precepto legal que se modifica.

El señor Ministro de Hacienda hizo presente su reserva respecto de la indicación aprobada, ya que ella, a su juicio, altera un acuerdo entre el Gobierno y el Colegio Médico.

Artículo 14

El inciso segundo establece que al personal de las instituciones enumeradas en el artículo 239 de la ley N° 16.840, entre las cuales se incluye el Consejo General del Colegio de Abogados, sólo le corresponderá el reajuste del sector público.

Por unanimidad, se acogieron las indicaciones números 8 y 9, de los Honorables Senadores señores Chadwick, García y Sule, que facultan al citado Consejo para reajustar las remuneraciones de su personal en la medida que lo permita su presupuesto. No obstante, a proposición del Honorable Senador señor Silva y del señor Subsecretario de Justicia, se modificó la iniciativa en el sentido de consignar que el Consejo debía dar preferencia al otorgar un reajuste superior a los funcionarios con dedicación exclusiva. Además, se estableció que el ejercicio de la facultad que a este organismo se concedía no alteraría la proporción que actualmente existe entre los recursos destinados al Servicio de Asistencia Judicial y a las demás finalidades del Consejo.

Artículo 21

Introduce modificaciones al Nº 2 del artículo 136 de la ley Nº 15.575, para disponer que las exportaciones de la pequeña y mediana minería del cobre estarán exentas del impuesto de 2 centavos de dólar por libra exportada cuando la Empresa Nacional de Minería certifique que no hay en Chile capacidad de fundición o de refinación.

Por unanimidad, se aprobó la indicación Nº 12, del Honorable Senador señor Silva Ulloa, para que sea el Ministro de Minería, en resolución fundada -en vez de la Empresa referida- quien practique dicha certificación.

A continuación, se estudió la indicación Nº 12, del señor Ministro de Hacienda, para reponer el artículo 28 del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, con una redacción distinta.

Como se recordará, en nuestro primer informe os recomendamos suprimir esta norma en razón de estar concebida en términos imprecisos.

De acuerdo a los términos propuestos en esta indicación, se aclara la expresión "mandatarios en general", contenida en la letra b) del artículo 15 de la ley de Impuesto a las Compraventas y Servicios que grava la actividad ejercida por comisionistas, corredores y mandatarios en general. Al respecto, se declara que dicha expresión se refiere a todas las personas que, como retribución de sus servicios, perciben ingresos sujetos a las disposiciones de los artículos 20 (rentas de capital y de las empresas industriales, comerciales, mineras y otras), 21 (rentas de pequeños comerciantes, agricultores, industriales y artesanos), y 36 Nºs. 2º y 3º (ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales y obtenidos por sociedades de profesionales que presten exclusivamente servicios o asesorías profesionales, respectivamente) de la Ley de la Renta.

Se entiende que tal aclaración es sin perjuicio de las exenciones con- templadas en los números 18 y 19 del artículo 19 de la ley Nº 12.120, que liberan del impuesto a los servicios (ex cifra de negocios), respectivamente, a los ingresos que perciban los profesionales liberales en el ejercicio de sus profesiones o actividades, y a los que cobren los mandatarios que tengan la calidad de empleados de los mandantes.

Según se manifestó, esta indicación no produce nuevos ingresos porque no hace más que legalizar la situación tributaria ya existente.

El Honorable Senador señor Valente expresó que debería suprimirse de la norma la referencia al artículo 21 de la Ley de la Renta ya que, de lo contrario, se gravaría con el impuesto a los servicios a pequeños comerciantes y artesanos, respecto de los cuales la ley permite presumir una renta.

El señor Ministro de Hacienda hizo presente que la disposición no pretendía imponer a esas personas el impuesto a los servicios a las rentas presuntas, sino gravar a aquéllas sólo cuando ocasionalmente actúen como mandatarios generales.

Unánimemente, vuestras Comisiones aprobaron la indicación.

Por último, se consideró la indicación N° 27, de los Honorables Senadores señores Gumucio, Jerez, Montes y Valente, para agregar una norma que exige para autorizar alzas de precios, que los requirentes eleven una solicitud escrita al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con todos los antecedentes referentes a costos necesarios para resolver, y la fecha y monto de la última alza obtenida por los interesados.

El inciso segundo de la indicación dispone que dicha petición se publique íntegramente en el Diario Oficial.

Pedida la división de la votación, vuestras Comisiones aprobaron unánimemente el primer inciso de la iniciativa, incorporándolo en el artículo 34, que ha pasado a ser 36.

El inciso segundo fue rechazado con los votos negativos de los Honorables Senadores señores García, Ibáñez, Isla, Lorca y Palma y los afirmativos de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales Adriasola y Silva.

INDICACIONES PARA AGREGAR ARTICULOS NUEVOS QUE FUERON APROBADAS

Indicación 32.

Del señor Ministro de Hacienda, para sustituir el inciso quinto del N° 14 del artículo 1º de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, que establece un impuesto de timbre fijo en los formularios de las letras, de cambio, que es en la actualidad de E° 5,08 para las letras de cambio de hasta E° 300, y de E° 8,89 para las de un monto superior. La indicación propone elevar dicho tributo a E° 7,50 para los documentos de hasta E° 300; a E° 15 para los que excedan de ese monto y hasta E° 1.500; a E° 20 para los que suban de dicha suma y hasta E° 4.000, y a E° 25 a los documentos por un monto superior a E° 4.000, extendiendo el ámbito de aplicación del mismo a las libranzas, pagarés y, en general, los demás instrumentos de crédito.

Según el señor Subsecretario de Hacienda, el rendimiento estimado de este precepto es de E° 30 millones. Señaló que el primer tramo (hasta E| 300), no proporciona mayor rendimiento; que el segundo (de E| 300,01 a E° 1.500), produce E° 7.000.000; que el tercero (de 1.500,01 a E° 4.000), renta E° 14.400.000, y que el cuarto (sobre E° 4.000) rinde E° 8.800.000.

Fue aprobada con el voto en contra del Honorable Senador señor Montes y la abstención del Honorable Senador señor Silva Ulloa.

Indicación 33.

Del señor Ministro de Hacienda, a fin de modificar el artículo 4° bis de la Ley de Impuesto a la Compraventas, que grava la primera venta u otras convenciones que recaigan sobre automóviles u otros vehículos motorizados nuevos con un impuesto de 9,40%, que se aplicará sobre el precio de venta al público de dichos vehículos, estableciendo una tasa adicional del 4,6%, que será de exclusivo beneficio fiscal, aun cuando se trate de vehículos fabricados o armados en el departamento de Arica, la cual no afectará a los camiones y camionetas. Establece, asimismo, una enmienda de redacción.

Este tributo, que eleva a un 14% el impuesto a las compraventas de los automóviles nuevos, al que deben agregarse los derechos de transferencia a beneficio municipal, tiene un rendimiento, según lo expresado por el señor Ministro de Hacienda, de Eº 46 millones.

Fue aprobada con las abstenciones de los Honorables Senadores señores Montes y Silva Ulloa.

Indicación 39.

De los Honorables Senadores señores Chadwick, Isla, Miranda y Silva Ulloa, declara que las remuneraciones convenidas o pagadas en moneda extranjera de las personas afectas al recargo adicional del impuesto a la renta de segunda categoría, serán reajustadas en un porcentaje igual al 25% del alza que experimentó el costo de la vida en 1969.

El Honorable Senador señor Silva expresó que se trata de favorecer a personas que constituyen los mandos intermedios en las labores de la Gran Minería del Cobre, que son de gran utilidad para el país y que están en condiciones inferiores al personal que percibe remuneraciones en moneda corriente.

Explicó que, a pesar de la reajustabilidad que implica que estos funcionarios tengan rentas en moneda extranjera, sus remuneraciones han aumentado en un 187 %, en circunstancias de que en el mismo lapso el costo de la vida ha subido en más de 230%. Además, indicó que se les ha recargado la tributación, y recordó que para financiar el proyecto de las Fuerzas Armadas se aumentó de un 3,5% a un 6% el impuesto a sus rentas.

Lo anterior ha significado un deterioro efectivo de los sueldos de este sector, respecto del cual existe la impresión equivocada de que su nivel de ingresos es muy alto.

El Honorable Senador señor Isla manifestó su acuerdo con lo sustentado por el Honorable señor Silva, añadiendo que es menester considerar que estos empleados están al margen de los beneficios que, a través de los convenios colectivos, obtienen sus compañeros remunerados en moneda nacional.

El señor Ministro de Hacienda expresó que se oponía a la iniciativa, en razón de que los favorecidos con ella tienen un reajuste quincenal o mensual de sus remuneraciones en virtud del reajuste de precio del dólar. Hizo presente que, en los últimos cuatro años, han obtenido un aumento real de sus ingresos del orden de un 15%, por lo que no parece justo concederles este beneficio, la mitad del cual tendrá que pagar el Estado en su calidad de socio de las empresas del cobre.

Señaló, finalmente, que si bien es cierto se aumentó en un 2,6% el impuesto a la renta de estos empleados!, la indicación propone concederles un reajuste de un 7,5%, cifra que es muy superior a ese guarismo.

Vuestras Comisiones, con la sola abstención de los Honorables Senadores señores Bulnes e Ibáñez, aprobaron la indicación.

Al fundamentar su voto afirmativo, el Honorable Senador señor Montes manifestó que acogía la iniciativa porque ella significa beneficiar a chilenos pagados por empresas norteamericanas que ganan mucho dinero. Pero, hizo presente la inconsecuencia que representa aprobar una ventaja para personas que perciben rentas promedio de E° 200 diarios, y de rechazar otra proposición, como lo hizo la mayoría de las Comisiones, destinada a posibilitar que los obreros de las provincias puedan ganar una cantidad aproximada a los Eº 13 diarios.

El Honorable Senador señor Bulnes fundamentó su abstención en el hecho de carecer de antecedentes sobre el problema. Manifestó que, si bien, en principio, es justo que los empleados remunerados en dólares reajusten sus sueldos, ya que esta moneda se desvaloriza en un 4 o un 5% al año, en razón de la inflación existente en Estados Unidos de Norteamérica, es posible que tales remuneraciones hayan sido reajustadas voluntariamente por las Empresas, ya que se trata de funcionarios de la confianza de éstas.

Como consecuencia de la resolución anterior, vuestras Comisiones acordaron suprimir la mención que se hacía en el artículo 28, que pasó a ser 30, al artículo 89 de la ley N° 16.840, en la parte en que éste se refiere a la materia.

Indicación 40.

De los Honorables Senadores señores Ballesteros y Lorca, para agregar un artículo nuevo que dispone que la Empresa Nacional del Petróleo no estará sujeta al D.F.L. N° 68, de 1960, ni al artículo 74 de la ley N° 15.575. Además, establece que los acuerdos del Directorio de ENAP que aprueben las plantas del personal y sus remuneraciones, deberán tomarse con el voto favorable del Ministro de Minería.

El citado decreto con fuerza de ley fija el sueldo máximo de que pueden gozar los funcionarios de ciertas instituciones (limitación de la que está exenta ENAP en virtud de otra disposición legal) y dispone que las instituciones a que se refiere el artículo 202 de la ley N° 13.305, entre las cuales se encuentra la mencionada Empresa, deberán someter las plantas y remuneraciones de su personal a la aprobación del Presidente de la República, quien la concede por Decreto Supremo.

El artículo 74 de la ley referida dispone que, en los organismos recién indicados, no podrán proveerse nuevos cargos o vacantes, sin la autorización del Presidente de la República, salvo por ascensos.

El señor Ministro del Trabajo expresó que el personal de dicha Empresa está sujeto a convenios colectivos desde que ésta se creó. Por lo tanto, es el acuerdo que soluciona el conflicto lo que recibe aprobación por Decreto Supremo.

Este sistema ha creado algunos problemas con la Contraloría General de la República, ya que el Decreto Supremo no puede tener efecto retroactivo y los conflictos duran, a veces, tres o cuatro meses. En virtud de la indicación en estudio, se solucionarían tales inconvenientes.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación.

Indicación 43.

De los Honorables Senadores señora Campusano y señores Contreras, Montes, Teitelboim y Valente, para que las Cajas de Previsión cancelen a los jubilados y montepiados el reajuste otorgado por el proyecto, en forma automática, sin necesidad de requerimiento del interesado ni de resolución especial de organismo alguno.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que, a su juicio, la indicación era conveniente, pero propuso eliminar de su texto la mención a las resoluciones que decretan el reajuste porque éstas, en caso de concurrencia, son indispensables.

Por unanimidad, vuestras Comisiones aprobaron la indicación, modificada en la forma propuesta por el señor Subsecretario.

Indicación 44.

De los Honorables Senadores señores Chadwick y Silva, para agregar un artículo nuevo que declara que el monto de la dieta parlamentaria será equivalente a las remuneraciones imponibles dé un Ministro de la Corte Suprema.

Esta iniciativa, que tiene por objeto llevar a la práctica la intención que tuvo el legislador al dictar el artículo 157 de la ley Nº 16.250, que equiparó la dieta de los Diputados y Senadores con el sueldo de los Ministros de la Corte Suprema, fue modificada, a indicación del Honorable Senador señor Pablo, quien propuso una redacción más precisa con la misma finalidad.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, acordaron considerar esta última proposición, que consta de un artículo con tres incisos.

El primer, dispone que la dieta, parlamentaria será igual al sueldo unitario mensual que corresponde a un Ministro de la Corte Suprema, incluidas en aquél las asignaciones imponibles que no sean por años de servicios.

El inciso segundo prescribe que el Senado y la Cámara de Diputados deberán otorgar a cada Senador y Diputado, una oficina para el desempeño de sus funciones.

El inciso final señala que sólo por ley se podrán establecer asignaciones permanentes, cualquiera que sea su naturaleza o finalidad, en favor de los parlamentarios.

A indicación del señor Silva, se dividió la votación por incisos.

El inciso primero fue aprobado por seis votos contra tres y una abstención; votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Isla, Lorca (con dos votos), Miranda, Morales y Silva, por la negativa, los Honorables Senadores señores Bulnes, García y Montes y se abstuvo el Honorable Senador señor Palma.

El inciso segundo fue rechazado por unanimidad.

El inciso final, en cambio, recibió la aprobación unánime de los miembros de vuestras Comisiones.

Indicación 52.

Del Honorable Senador señor Silva, para agregar un artículo que establece que determinadas patentes de alcoholes vigentes al 31 de julio de 1968, deberán ser renovadas por la Municipalidad que corresponda, previo pago de un recargo de un 50%. Dispone, además, que tal beneficio deberá impetrarse dentro de los 60 días siguientes a la publicación de esta ley y que las patentes que no sean pagadas en ese plazo se rematarán al mejor postor, a beneficio de la Municipalidad respectiva.

El Honorable Senador autor de la indicación expresó que en Iquique se ha producido una situación irregular al respecto. En 1968, se pensó que se iba a otorgar, como en muchas comunas, plazo para la renovación de las patentes. Sin embargo, el decreto respectivo no fue dictado, y desde esa fecha, los negocios funcionan sin esta autorización, o sea, en forma clandestina. Señaló que suponía que esta situación se ha extendido también al resto del país. Concluyó que el objeto de la indicación es solucionar este problema, para lo cual otorga a los afectados un plazo para regularizar el funcionamiento de sus establecimientos.

El señor Subsecretario de Justicia recordó que, en virtud de las modificaciones que se hizo a la Ley de Alcoholes en 1968, se estableció una disposición que limita el número de patentes de alcoholes a una por cada 400 habitantes; sin embargo, la mayoría de las Municipalidades están excedidas de este coeficiente, por lo que las patentes caducadas no son llevadas a remate. Por este motivo, solicitó excluir de la indicación las disposiciones relativas al remate de las patentes que no sean renovadas dentro del plazo por ella concedido.

Con los votos en contra de los Honorables Senadores señores Montes y Palma, vuestras Comisiones Unidas aprobaron la indicación.

Indicación 53.

Del Honorable Senador señor Altamirano, establece una tasa adicional de 10% a las contribuciones de bienes raíces durante los años 1970, 1971, 1972 y 1973, a beneficio municipal.

El Honorable Senador autor de la indicación manifestó que había presentado esta iniciativa a solicitud de la Confederación Nacional de Municipalidades y con el objeto de solucionar el grave problema financiero que afecta a las Corporaciones Edilicias del país.

El Honorable Senador señor Ibáñez se opuso a la indicación señalando que la angustiosa situación a que se ha hecho referencia se debe a la deficiente administración que se observa en la mayoría de las Municipalidades. De esta manera, y mientras no se revise su régimen general, entregarles nuevos aportes significarla imponer gravámenes inútiles. Asimismo, recordó que el proyecto de las Fuerzas Armadas recarga en un 10% las contribuciones de los bienes raíces, por lo que un nuevo recargo resultaría excesivo.

El Honorable Senador señor Palma manifestó que, si bien es cierto, puede haber algún desorden en la administración municipal, no lo es menos que estas Corporaciones han experimentado un apreciable aumentoen la demanda de sus servicios como consecuencia del crecimiento demográfico. Por este motivo, señaló que adhería a la indicación en debate, pero rebajando a un 1/2% la tasa adicional.

El Honorable Senador señor Silva propuso agregar, además de la enmienda formulada por el Honorable Senador señor Palma, otra, consistente en expresar que los mayores recursos que obtendrán las Municipalidades en virtud de esta norma, no podrán ser destinados al pago de sueldos o salarios ni a costear gastos previsionales. Hizo presente que para conseguir este objetivo era menester, además, disponer que tales recursos no se consideren presupuestariamente pues, de acuerdo a la ley vigente, las Corporaciones Edilicias deben destinar un porcentaje de sus presupuestos a sueldos y salarios.

Puesta en votación la indicación con las modificaciones señaladas, fue aprobada por siete votos contra tres. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Isla, Lorca (con dos votos), Miranda, Morales, Palma y Silva y por la negativa, los Honorables Senadores señores Bulnes, García y Montes.

Al fundamentar su oposición, el Honorable Senador señor Montes se manifestó contrario a conceder mayores recursos a las Municipalidades sobre la base de aumentar las tasas de impuestos.

Indicación 20.

De los Honorables Senadores señores Acuña, Altamirano, Contreras, Chadwick, Durán, García, Luengo, Miranda, Musalem, Silva y Tarud. Esta iniciativa -que primitivamente se había ordenado remitir al Ejecutivo, resolución que fue modificada por el Presidente del Senado-, dispone que las Cajas de Previsión de los Empleados Particulares, de la Marina Mercante Nacional, Sección Empleados y Oficiales, Bancaria de Pensiones, de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco de Chile, de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile, de Previsión de los Empleados del Banco Central de Chile, de Previsión de los Empleados de la Empresa de Agua Potable de Santiago y la Sección Previsión de la Caja de Amortización, concederán, además del reajuste general para 1970, un reajuste extraordinario distinto según si las pensiones o montepíos sean hasta de dos sueldos vitales, o de una cantidad superior a este último monto y hasta dos sueldos vitales más un 20%.

Las primeras, o sea, las pensiones y montepíos de hasta Eº 1.240, estimándose el sueldo vital para 1970 en Eº 620, recibirán un reajuste extraordinario de un 20%.

Las segundas, o sea, las que van de Eº 1.240 y fracción a Eº 1.488 (dos vitales más un 20%), recibirán como reajuste extraordinario la diferencia entre el monto de la pensión o montepío y dos sueldos vitales más un 20%, o sea, Eº 1.488.

El inciso tercero de la disposición prescribe que las Cajas de Previsión pagarán este reajuste extraordinario hasta concurrencia de sus disponibilidades.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación.

Indicación LXXXV.

Esta proposición de los Honorables Senadores señora Campusano y señores Altamirano, Contreras, Chadwick, Gumucio, Miranda, Montes y Valente -que primitivamente había sido declarada improcedente, resolución que fue reconsiderada por el Presidente del Senado-, autoriza a habilitados, empresarios o pagadores del Sector Público y Privado para descontar -con fines sociales- de las remuneraciones ó pensiones, la cuota social mensual que los trabajadores o imponentes deban pagar a la Central Unica de Trabajadores, previa autorización de las Asambleas respectivas y salvo los casos en que se exprese la negativa de los interesados.

En opinión del Honorable Senador señor García, dichos descuentos deberían requerir, también, la autorización expresa de los trabajadores, pues, a su juicio, no basta, la negativa de éstos.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la norma propuesta era similar a la contenida en la ley N° 16.840 para el Sector Público, aunque ella exige el consentimiento expreso del interesado.

En seguida, expresó la necesidad de agregar a la iniciativa una disposición que prescriba que el descuento no procederá cuando el interesado manifieste su negativa ante el habilitado, empleador o patrón.

Vuestras Comisiones, con los votos en contra de los Honorables Senadores señores García e Ibáñez, y la abstención del Honorable Senador señor Palma, aprobaron esta indicación, con la modificación sugerida por el señor Subsecretario de Hacienda.

Indicación XII.

Esta iniciativa, de los Honorables Senadores señores Aguirre y Carmona -que al igual que la anterior fue primitivamente declarada improcedente- dispone que se encuentra cumplida la obligación mencionada por el artículo 28 de la ley N° 17.073, con las compensaciones efectuadas hasta el 30 de junio de 1969.

El precepto citado establece que el personal de Correos y Telégrafos deberá compensar con trabajos realizados en horas extraordinarias el tiempo no trabajado en el período comprendido entre el 27 de marzo y el 8 de mayo de 1968, lapso en que mantuvieron un movimiento huelguístico.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación.

Indicación XXVII.

De los Honorables Senadores señores García, Isla, Miranda, Morales y Silva, dispone que la Corporación de Fomento de la Producción entregará a la Dirección de Servicios Sanitarios del Ministerio de la Vivienda los fondos no invertidos durante el año 1969, provenientes de la ley Nº 15.689, con el objeto de que el Servicio nombrado pague la deuda que tiene la Cooperativa de Autoconstrucción y Servicios Habitacionales "Los Alpes Limitada", de Rancagua, por concepto de agua potable.

Por unanimidad, vuestras Comisiones aprobaron asimismo, esta indicación.

Indicación XLIX.

De los Honorables Senadores señores Chadwick y Palma, declara de utilidad pública y faculta al Presidente de la República para expropiar, con cargo a los recursos de la Universidad de Chile, un inmueble que individualiza, con el objeto de transferirlo a esta Corporación.

Según manifestaron sus autores, esta indicación, que fue unánimemente aprobada por Vuestras Comisiones, tiene por objeto facilitar el funcionamiento de una Escuela de esta Casa de Estudios.

Indicación LXXII.

De los Honorables Senadores señora Campusano y señores Contreras y Valente, autoriza al personal de obreros y empleados de la Junta de Adelanto de Arica para organizarse en sindicatos industriales o profesionales.

También por unanimidad vuestras Comisiones aprobaron esta iniciativa.

Indicaciones relativas al Poder Judicial.

Vuestras Comisiones acordaron dividir en los siguientes grupos el estudio de estas disposiciones: 1) Las referentes al reajuste del personal de este Poder del Estado; 2) Las concernientes al financiamiento de dicho reajuste, y 3) Las que proponen modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, y otras materias.

Indicaciones 58, 59, 60, 62, 63, 64 y 65.

Corresponden al reajuste especial del Poder Judicial a que ya nos hemos referido anteriormente. Por este motivo las explicaremos en forma muy general y os adelantamos que todas ellas fueron aprobadas por unanimidad.

La indicación N° 58 señala las escalas de sueldos del personal superior y subalterno del Servicio.

La N° 59 concede a los funcionarios de los Tribunales Ordinarios, del Trabajo, de Indios y de Menores, con sueldo fiscal, que estando en posesión del título de abogado desempeñen cargos para los cuales se requiera de dicho título y estén afectos a la incompatibilidad señalada en el Código Orgánico de Tribunales, una asignación especial, cuyo porcentaje varía entre un 30% y un 50%.

La referida asignación se calculará sobre el sueldo total señalado en la escala respectiva ó sobre la suma de dicho sueldo más las cantidades adicionales que correspondan por derecho al sueldo del grado o categoría superior.

La N° 60, nivela los cargos de la Judicatura del Trabajo con los similares de la Judicatura Ordinaria.

Las números 62 y 63, elevan de jerarquía a diversos Juzgados del país, preceptuando que los funcionarios que desempeñan labores en estos Tribunales tendrán en el escalafón judicial y en la escala de sueldos las categorías y grados correspondientes.

La N° 64 dispone que tendrán la 6ª categoría de la escala de sueldos del personal superior del Poder Judicial los cargos de Asistentes Sociales de los Juzgados de Letras de Menores y Ordinarios con esta competencia especial, que funcionen en ciudades asiento de Corte de Apelaciones; y que tendrán la 7ª categoría de dicha escala si se desempeñan en esos Juzgados, con asiento en ciudades capital de provincia y del departamento Pedro Aguirre Cerda.

La N° 65 prescribe que al producirse vacantes en los cargos que actualmente figuran en los grados 5º, 6º y 7º de la escala de sueldos del personal subalterno del Poder Judicial, quedarán aquellos suprimidos en dichos grados y pasarán a formar parte de la planta de Servicio creada por la ley Nº 16.850, en la forma que la iniciativa indica.

Indicaciones 68, 69 y 70.

Corresponden al financiamiento del reajuste para el Poder Judicial.

La indicación N° 68 introduce diversas modificaciones a la ley N° 16.272, sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado, las que ya hemos detallado al referirnos al costo y financiamiento del reajuste especial al Poder Judicial y Sindicatura General de Quiebras, y que rinden E° 24,05 millones.

La N° 69 aumenta en un 5% todas las multas que se pagan en el país por infracción de leyes, decretos leyes, decretos con fuerza de ley, reglamentos u ordenanzas municipales. Rinde E° 7 millones.

Dejamos constancia que, tanto esta indicación como la anterior, fueron aprobadas por vuestras Comisiones, con los votos en contra de los Honorables Senadores señores Montes y Silva.

La N° 70 fue aprobada por unanimidad. Prescribe que el mayor gasto que demande la aplicación de las normas relativas al Poder Judicial, se financiará con cargo al rendimiento o mayor rendimiento de los impuestos que se crean o aumentan en las dos indicaciones anteriores, y, el exceso, con cargo a la provisión de fondos del ítem 006 del Presupuesto Corriente del Ministerio de Hacienda.

Indicaciones 61, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78.

Corresponden a modificaciones al Código Orgánico de Tribunales y otras disposiciones legales.

El Honorable Senador señor Chadwick señaló la inconveniencia de haber incluido en el segundo informe reglamentario de un proyecto de ley en segundo trámite constitucional al que se ha acordado una tramitación acelerada, una materia tan importante como la que tratan estas indicaciones.

Agregó que es propio reajustar las rentas del Poder Judicial en un proyecto de reajustes, pero calificó de desusado innovar en este tipo de iniciativas, sobre temas tan fundamentales como el régimen de calificaciones a que está sujeto este personal.

Al respecto, indicó que la calificación de un Juez está estrechamente vinculada con su amovilidad, la que le garantiza la estabilidad en su cargo, cualesquiera que fueren sus decisiones respecto de los asuntos sometidos a su conocimiento.

Manifestó que en el país ha existido persecución política en contra de los Jueces, como en el caso de un distinguido Magistrado de Valdivia al que se exoneró por tener ideas socialistas, y que la confección de las ternas se realiza discriminatoriamente y no siempre con exclusión de factores políticos o religiosos.

Circunstancias como las anotadas y el hecho de que ha sido materialmente imposible a los Senadores leer siquiera estas indicaciones, justifican, con largueza, -prosiguió-, el desglose de las indicaciones que se refieren a esta materia. De esta manera, ellas serían consideradas como un proyecto separado en el que podrían debatir latamente las numerosas fallas de que adolece el Poder Judicial.

El señor Ministro de Justicia expresó, por su parte, que en las conversaciones sostenidas por el Ejecutivo y el Poder Judicial, quedó claramente establecido que el primero subordinaba cualquier mejoramiento económico a la reforma del régimen de calificaciones, por ser indispensable para una mejor administración de justicia.

La indicación Nº 61 faculta al Presidente de la República para que, con informe de la Corte Suprema, amplíe la competencia de los Tribunales del Trabajo a todas o algunas de las materias civiles de que conocen los Tribunales Ordinarios y de Menores, pero sin que pueda reducir la competencia especial de aquéllos.

El Honorable Senador señor Chadwick formuló indicación para declarar inadmisible esta iniciativa por ser ajena a la idea matriz del proyecto. Esta proposición fue rechazada con la oposición de los Honorables Senadores señores Montes y Silva.

El Honorable Senador señor García manifestó que en un proyecto que actualmente conoce la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, se aprobó un artículo similar a éste, pero que exige el acuerdo de la Corte Suprema. Al respectó, formuló indicación para modificar en este sentido la disposición en debate.

Con los votos negativos de los Honorables Senadores señores Montes y Silva, vuestras Comisiones aprobaron la indicación del Presidente de la República, modificada en la forma propuesta por el Honorable Senador señor García.

La N° 66 tiene por objeto hacer aplicable a los funcionarios y empleados con sueldo fiscal del Poder Judicial, el artículo 143 del Estatuto Administrativo, que contiene la obligación del empleador de desempeñar sus funciones durante toda la jornada de trabajo y señala el horario normal.

La unanimidad de vuestras Comisiones aprobó esta indicación.

La Nº 67 introduce al Código Orgánico de Tribunales diversas modificaciones destinadas a enmendar el sistema de calificaciones de los funcionarios del Poder Judicial. Como ya os lo hemos expresado al referirnos a la exposición del señor Ministro de Justicia sobre el particular, el sistema de calificaciones propuesto es similar al del Estatuto Administrativo, y fue confeccionado sobre los principios generales aprobados por la Comisión de Reformas Judiciales que, con amplia representación, sesionó en el Ministerio de Justicia durante los años 1965 y 1966.

El Honorable Senador señor Chadwick formuló, también en este caso, indicación de inadmisibilidad, por ser la materia ajena a la idea central del proyecto, la que fue rechazada con los votos negativos de Jos Honorables Senadores señores Bulnes, García, Isla, Lorca (con dos votos) y Palma, y los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Montes, Morales, Silva y Miranda.

Puesta en votación la indicación del Presidente de la República, se aprobó con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Bulnes, García, Isla, Lorca (con dos votos) y Palma, y los votos negativos de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

La Nº 71 dispone que el beneficio del mayor sueldo que se hubiere reconocido o se le reconozca a los empleados de la 5ª y 6ª categoría de la escala de sueldos del personal subalterno del Poder Judicial será igual a la diferencia que exista entre ambas categorías, y que la misma diferencia corresponderá a los empleados de la 7ª categoría a quienes se les ha reconocido o se les reconociere el mismo derecho por haber transcurrido 15 años sin ascender.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron esta indicación.

La indicación N° 72 deroga el artículo 6º de la ley Nº 15.632, que otorgó a los Jueces de Letras de Indios y a los Secretarios de esos Tribunales que estén en posesión del título de abogados, una asignación especial.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron esta indicación.

La Nº 73 señala que para los efectos de la aplicación del artículo 127 de la ley Nº 11.764, se entenderá como sueldo mensual de los Ministros del respectivo Tribunal el que corresponda según la escala que figura en la indicación Nº 38, incrementado con la asignación especial que perciba un Ministro que no goce del derecho a] sueldo de la categoría o grado superior.

El citado artículo prescribe que las remuneraciones de los abogados integrantes de las Cortes serán equivalente a una treinta ava parte del sueldo mensual de los Ministros del respectivo Tribunal por cada audiencia a que concurran.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron esta indicación.

La Nº 74, faculta al Presidente de la República para fijar el texto refundido de las disposiciones acerca de las escalas y remuneraciones de los personales del Poder Judicial y de las que han concedido y reglamentado el beneficio del derecho a sueldo de la categoría o grado superior.

Igualmente, por unanimidad, vuestras Comisiones aprobaron esta indicación. La Nº 75 dispone que la Corte Suprema deberá dictar, mediante un auto acordado, un Reglamento acerca del régimen de calificaciones, que será publicado en el Diario Oficial y que no podrá ser modificado o derogado sino por ley.

Esta indicación fue aprobada con los votos de los Honorables Senadores señores Bulnes, García, Isla, Lorca (con dos votos) y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Con la misma votación fue aprobada la indicación N° 76, que dispone que todas las modificaciones introducidas al Código Orgánico de Tribunales regirán a partir del proceso calificatorio de 1970, salvo las que indica.

La indicación N° 77, que fue aprobada por unanimidad, dispone que la diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación de las normas relativas al Poder Judicial ingresará a la Caja de Previsión en seis cuotas mensuales iguales, a contar del 1º de enero de 1970.

Por último, la indicación N° 78, igualmente aprobada por unanimidad, señala que los preceptos relativos a reajustes regirán desde el 1º de enero de 1970, y que las disposiciones que fijan a los funcionarios nuevas categorías en el Escalafón del Personal Judicial y las que se refieren a la competencia de los Tribunales, desde el día 1º del mes siguiente al de publicación de esta ley.

INDICACIONES FORMULADAS AL ARTICULADO DEL PROYECTO QUE FUERON RECHAZADAS.

A continuación, pasamos a referirnos a las indicaciones que fueron rechazadas por vuestras Comisiones. Os hacemos presente que respecto de ellas consignaremos sólo las votaciones registradas, salvo en aquellos casos en que los Honorables Senadores solicitaron se dejara constancia de su opinión respecto de alguna materia.

Artículo 21

Indicación N° 13, del Honorable Senador señor García. Fue rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores García, Ibáñez, Isla, Lorca (con dos votos), Montes, Morales y Silva y la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda y Palma.

En relación con el artículo 21, que grava con un impuesto de 2 centavos de dólar a la pequeña y mediana minería por cada libre de cobre que exporte sin refinar, existiendo capacidad de refinación o fundición en el país, el Honorable Senador señor Valente pidió dejar constancia de que, a su juicio, existe la necesidad de diferenciar entre el pequeño y el mediano minero.

De acuerdo con lo anterior, señaló que como pequeño minero debe considerarse a aquella persona natural que produce menos de 500 toneladas de cobre fino al año, y que respecto a éstos no debería establecerse el impuesto de 2 centavos de dólar por las exportaciones que puedan realizar.

Manifestó, por último, que lo anterior era indispensable debido a que existen medianos mineros que se escudan en una inexistente calidad de pequeños mineros, con el propósito de obtener franquicias y privilegios que deben beneficiar exclusivamente a los que realmente sean pequeños mineros.

Artículo 22

Indicaciones Nºs. 17, 18 y 19, de los Honorables Senadores señores Aguirre y García, y 20, del señor García. Fueron rechazados con los votos de los Honorables Senadores señores Isla, Lorca (con dos votos), Miranda, Montes, Palma y Silva y la oposición de los Honorables Senadores señores García e Ibáñez.

Artículo 23

Indicación N° 20 bis, del Honorable Senador señor Miranda. Rechazada con la oposición de su autor.

Indicación N° 21, del Honorable Senador señor Valente. Rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores García, Ibáñez, Isla, Lorca (con dos votos) y Palma, la oposición de los Honorables Senadores señores Montes y Silva, y la abstención del señor Miranda.

Indicación N° 22, del Honorable Senador señor García. Rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores Isla, Lorca (con dos votos), Miranda, Montes, Palma y Silva y la oposición de los Honorables Senadores señores García e Ibáñez.

Artículo 29

Indicación N° 24, del Honorable Senador señor Valente. Rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores García, Ibáñez, Isla, Lorca (con dos votos) y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Artículo 34

Indicación N° 25, del Honorable Senador señor García. Rechazada con la oposición de los Honorables Senadores señores García e Ibáñez.

Indicación N° 26, del Honorable Senador señor Montes. Rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores García, Ibáñez, Isla, Lorca (con dos votos), y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Indicaciones Nºs. 28 y 29, de los Honorables Senadores señores Gu- mucio, Jerez, Montes y Valente, rechazadas con los votos de los Honorables Senadores señores García, Ibáñez, Isla, Lorca (con dos votos) y

Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Indicaciones Nºs. 30, 45 y 46, de los Honorables Senadores señoras Campusano y Carrera, y señores Altamirano, Contreras, Montes, Rodríguez y Valente. Rechazadas con los votos de los Honorables Senadores señores García, Ibáñez, Isla, Lorca (con dos votos) y Palma, la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes y Silva, y la abstención del Honorable Senador señor Morales.

INDICACIONES PARA AGREGAR ARTICULOS NUEVOS QUE FUERON RECHAZADAS.

Indicaciones Nºs. 34, 35 y 36, del Honorables Senador señor Baltra. Fueron rechazadas con los votos de los Honorables Senadores señores García, Ibáñez, Isla, Lorca (con dos votos) y Palma, y la oposición de los señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Indicaciones Nºs. 37 y 38, del Honorable Senador señor Montes. Rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores Bulnes, García, Isla, Lorca (con dos votos), y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Indicación Nº 42, del Honorable Senador señor García. Rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores Isla, Lorca (con dos votos), Miranda, Montes y Silva, la oposición de los Honorables Senadores señores Bulnes y García, y la abstención de los Honorables Senadores señores Morales y Palma.

Indicaciones Nºs. 42 (del Honorable Senador señor Musalem), 48 (del Honorable Senador señor Aguirre), 49 (de los Honorables Senadores señores Altamirano, Montes y Musalem) y 51 (de los Honorables Senadores señores Altamirano, Miranda, Montes y Silva). Todas ellas fueron rechazadas con los votos de los Honorables Senadores señores Bulnes, García, Isla, Lorca (con dos votos) y Palma y la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Indicación Nº 50, del Honorable Senador señor Pablo. Rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores Bulnes, García, Miranda, Montes, Morales y Silva, la oposición de los Honorables Senadores señores Isla y Lorca (con dos votos) y la abstención del Honorable Senador señor Palma.

Indicación N° 55, del Honorable Senador señor Altamirano. Rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores Bulnes, García, Isla, Lorca (con dos votos), Miranda, Montes y Morales, y la oposición de los Honorables Senadores señores Palma y Silva.

Indicación N° 57, del Honorable Senador señor Altamirano. Rechazada, luego de repetida la votación, con los votos negativos de los Honorables Senadores señores Bulnes, García, Miranda, Montes y Morales, y afirmativos de los Honorables Senadores señores Isla, Lorca (con dos votos), Palma y Silva.

En mérito de las consideraciones anteriores, vuestras Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas, tienen a honra proponeros la aprobación del proyecto de ley contenido en nuestro primer informe con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

Suprimir, en el inciso cuarto, las palabras "en servicio activo o retirado" y sustituir la conjunción "y" que sigue a las palabras "Sindicatura General de Quiebras", por una coma (,).

Artículo 2°

Sustituir el punto final del inciso primero por una coma (,), y agregar la siguiente frase "sea que se pague por el respectivo fondo de compensación o directamente por la institución empleadora.".

Sustituir en el inciso segundo las palabras "a quienes" por las siguientes: "y pensionados de los Servicios a que".

Artículo 5°

Agregar, en punto seguido, al inciso tercero la siguiente frase: "Para los efectos de la aplicación de este inciso, respecto de los funcionarios a quienes se aplica la ley N° 17.015, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 3º de dicha ley.".

Intercalar como inciso cuarto, nuevo, el siguiente:

"No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, incorpórase, a contar del 1º de enero de 1970, la asignación establecida en el artículo 1º, incisos segundo y tercero, de la ley N° 16.840 más el aumento dispuesto por el artículo 2° del D.F.L. Nº 1, de 1969, a las escalas de sueldos base del personal de la Empresa de Ferrocarriles del Estado y a las remuneraciones anexas de dicho personal, excluidas las horas extraordinarias, asignación de alimentación, las remuneraciones anexas que se fijan en función de sueldos vitales y las que sean porcentajes del sueldo o salario base.".

El inciso cuarto, pasa a ser quinto sin modificaciones.

Artículo 7°

En el inciso primero, intercalar entre las palabras "naturaleza" y "previsional", la negación "no".

Intercalar como inciso segundo, nuevo, el siguiente:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los personales que a la fecha de vigencia de la presente ley tengan imponibilidad superior, mantendrán este derecho.".

El inciso segundo, pasa a ser tercero sin modificaciones.

Artículo 8°

Sustituir el encabezamiento de la letra a) por el siguiente:

"a) Reemplázanse los incisos primero y segundo del artículo 7°, por el siguiente:".

Artículo 14

Agréganse como incisos tercero y cuarto, los siguientes:

"Declárase que el Consejo General del Colegio de Abogados podrá ajustar las remuneraciones de su personal, en la medida en que lo permita su presupuesto, dándola preferencia a aquél que sirva con dedicación exclusiva. Este reajuste no podrá ser inferior al señalado en el artículo 28 de la presente ley.

En el ejercicio de la facultad concedida en el inciso anterior, dicho Consejo no podrá alterar la actual proporción existente entre los recursos destinados al Servicio de Asistencia Judicial y a sus demás finalidades.".

Artículo 21

Reemplazar en el Nº 2º, de la letra b) de este artículo, que sustituye al Nº 3° del artículo 136 de la ley Nº 15.575, las palabras "la Empresa Nacional de Minería", por las siguientes: "El Ministro de Minería, en resolución fundada,".

Artículo 23

Sustituir su inciso segundo por el siguiente:

"Para los efectos del inciso siguiente, se entenderá por sobreprecio todo el excedente obtenido en la venta del cobre sobre el precio base.".

Artículo 25

Intercalar como inciso primero el siguiente:

"Artículo 25.- Declárase, interpretando la expresión "mandatarios en general" contenida en la letra b) del artículo 15 de la ley Nº 12.120, que dicho expresión se refiere a todas las personas que, como retribución de sus servicios, perciben ingresos sujetos a las disposiciones de los artículos 20, 21 y 36, Nºs 2º y 3º, de la ley de la Renta, sin perjuicio de las exenciones contempladas en los números 18 y 19 del artículo 19 de la ley Nº 12.120.".

El inciso primero de este artículo ha pasado a segundo sin modificaciones.

A continuación, agregar como artículos 26 y 27, nuevos, los siguientes:

"Artículo 26.- Introdúcense a la ley Nº 16.272, de 4 de agosto de 1965, sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado, las siguientes modificaciones:

1.- Sustituyese el inciso quinto del Nº 14 del artículo 1º, por los siguientes:

"Cada uno de los ejemplares de letras de cambio, libranzas, créditos simples, rotativos, documéntanos o confirmados, avances contra aceptación, pagarés y órdenes de pago distintas de los cheques, que sean otorgados en el país, deberán extenderse en formularios que lleven timbre fijo. Este timbre será de E° 7,50 para los documentos hasta de Eº 300; de Eº 15 para los documentos de más de E° 300 y hasta E° 1.500; de Eº 20 para los documentos de más de E° 1.500 y hasta E° 4.000 y de Eº 25 para los documentos superiores a E° 4.000. Los documentos que sean extendidos en formularios sin timbre fijo o en formularios de timbre fijo inferior al que les corresponde según su monto, no tendrán validez alguna, salvo que sean autorizados, en cada caso, por el Servicio de Impuestos Internos, previo pago de la multa establecida en el artículo 28 de esta ley.

Los gravámenes contenidos en los incisos anteriores de este número se aplicarán también a los instrumentos de comercio que no indicaren cantidad y que sólo estuvieren firmados por el aceptante o deudor. En estos casos, el Servicio de Impuestos Internos, con los antecedentes que tuviere en su poder, procederá a determinar el monto del impuesto y aplicará una multa equivalente a cinco veces el tributo adeudado.".

2.- Reemplázase el inciso primero del N° 4 del artículo 18 por el siguiente:

"Nº 4.- En los documentos señalados en el inciso quinto del N° 14 del artículo 1º, mediante el timbre fijo a que se refiere dicha norma, sin perjuicio del impuesto porcentual, el que podrá pagarse en estampillas, o por ingreso en dinero en Tesorería, previa autorización del Servicio de Impuestos Internos.".

Artículo 27.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4° bis de la ley Nº 12.120:

a) Agregar, a continuación del primero, el siguiente inciso:

"Las convenciones mencionadas en el inciso anterior estarán afectas a una tasa adicional del 4,6%, que será de exclusivo beneficio fiscal, aun cuando se trate de vehículos fabricados o armados en el departamento de Arica. Esta tasa adicional no afectará a los camiones y camionetas.".

b) Reemplazar, en el inciso segundo, que pasa a ser tercero, las expresiones "del artículo anterior" por las "de este artículo.".

Artículos 26 y 27

Pasan a ser artículos 28 y 29, sin enmiendas.

Artículo 28

Pasa a ser artículo 30.

Sustituir su inciso primero por el siguiente:

"Artículo 30.- Durante 1970 regirán las disposiciones de los artículos 85, 86, 87, 88, 89, inciso primero, salvo en cuanto éste se refiere a reajuste de remuneraciones convenidas o pagadas en moneda extranjera; 90, 91, 92 y 93 de la ley N° 16.840, de 24 de mayo de 1968, con la salvedad de que el porcentaje de reajustes a que ellas se refieren es el señalado en el artículo 28 de esta ley.".

Artículos 29, 30, 31, 32 y 33

Pasan a ser artículos 31, 32, 33, 34 y 35 sin modificaciones,,

Artículo 34

Pasa a ser artículo 36.

Agregar como inciso segundo, nuevo, el siguiente:

"Sin perjuicio de lo anterior, y en lo sucesivo, para autorizar aumentos de precios será requisito previo que ia industria o actividad comercial cuyos representantes los requieran eleven una solicitud escrita y fundamentada al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, que contendrá todos los antecedentes referentes a costos, necesarios para resolver, y la fecha y monto de última alza obtenida por el solicitante.".

Artículo 35

Pasa a ser artículo 37 sin modificaciones.

A continuación, agregar como artículo 38 el siguiente, nuevo: "Artículo 38.- Las remuneraciones convenidas o pagadas en moneda extranjera de las personas afectas al recargo adicional del impuesto a la Renta de Segunda Categoría, serán reajustadas en un porcentaje igual al 25% del fijado en el artículo 28 de esta ley.".

En seguida, agregar como TITULO III y bajo el siguiente epígrafe: "Normas relativas al Poder Judicial", los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 39.- Las escalas de Sueldos de los funcionarios del Poder Judicial serán las siguientes:

A las remuneraciones que se fijan en este artículo se aplicará lo dispuesto en el artículo 99 de la ley N° 16.617, modificado por el artículo 57 de la ley N° 17.073.

Artículo 40.- Sustituyese el inciso primero del artículo 30 de la ley N° 16.840 por el siguiente:

"Los funcionarios de los tribunales ordinarios, del Trabajo, de Indios y de Menores, con sueldo fiscal que, estando en posesión del título de abogados, desempeñen cargos para los cuales se requiere dicho título y estén afectos a las prohibiciones contempladas en los artículos 316 y 479 del Código Orgánico de Tribunales, y los Defensores Públicos de Santiago, para los cuales regirá también la prohibición contemplada en la última de las disposiciones citadas, gozarán de una asignación especial, que se calculará sobre el sueldo que perciban y que será del 50% de él para los funcionarios que estén de categoría y para los de primera categoría, siempre que no gocen del derecho a disfrutar del sueldo de la categoría o grado superior; del 46% para los que se encuentren en la situación' contemplada en el inciso primero del artículo 4º de la ley Nº 11.986; del 42% para quienes estén en el caso del inciso segundo de la misma disposición y del 38% para quienes se aplique el inciso tercero. Para los funcionarios de las categorías, segunda y siguientes, estos porcentajes serán del 55%, 48%, 42% y 38% según se encuentren, respectivamente, en cualesquiera de los casos antes indicados. Para los funcionarios que figuren en la Escala de Sueldos del Personal Superior del Poder Judicial y no tengan derecho a percibirla conforme a las reglas precedentes, esta asignación será del 30%.

La referida asignación se calculará sobre el sueldo total señalado en la Escala respectiva o sobre la suma de dicho sueldo más las cantidades adicionales que correspondan por aplicación del mencionado artículo 4º de la ley Nº 11.986, en su caso.

Artículo 41.- Los cargos que se indican de la Judicatura Especial del Trabajo tendrán asignadas las siguientes categorías de la Escala de Sueldos del Personal Superior del Poder Judicial:

Artículo 42.- Facúltase al Presidente de la República para que, con acuerdo de la Corte Suprema, modifique las disposiciones sobre competencia de los Tribunales del Trabajo, sometiéndoles el conocimiento de todas o algunas de las materias civiles de que conozcan los Tribunales Ordinarios y de Menores, pero sin que pueda reducir la competencia especial de aquéllos. En el ejercicio de esta facultad podrá extender la competencia de algunos tribunales, pudiendo quedar otros solamente con su competencia especial.

Artículo 43.- Los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía y el Juzgado de Letras de Menores del departamento Presidente Aguirre Cerda se elevan a la categoría de Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de capital de provincia y los funcionarios que desempeñen funciones en esos tribunales tendrán en el Escalafón Judicial y en la Escala de Sueldos fijada en el artículo 39 las categorías y grados correspondientes a la nueva categoría que se les asigna.

No regirá para el actual personal de estos Juzgados, en lo que le fuere aplicable, lo dispuesto por el inciso cuarto del artículo 252 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 44.- Elévanse a Juzgados de Letras de Mayor Cuantía los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Pica, Pedro de Valdivia, Andacollo, Salvador, Sewell, Coelemu, Talcahuano, Santa Juana, Laja, Los Lagos y San José de la Mariquina.

El personal de estos Tribunales tendrá en el Escalafón Judicial las categorías correspondientes al personal de los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de simple departamento y en las escalas de sueldos las siguientes categorías y grados:

Sin embargo, las personas que actualmente desempeñen los cargos de Oficiales de Sala de estos Tribunales percibirán las rentas correspondientes al grado 6°, pero al quedar vacante cualquiera de estos cargos su provisión se hará en el grado 13° de la Planta de Servicios establecida en el artículo 34 de la ley N° 16.840.

Artículo 45.- Los cargos de Asistentes Sociales de los Juzgados de Letras de Menores o de los Tribunales Ordinarios que tengan, además, esa competencia especial y que funcionen en ciudades en que tenga su asiento una Corte de Apelaciones, tendrán la 6ª categoría de la Escala de Sueldos del Personal Superior del Poder Judicial, y los que se desempeñan en Juzgados que tengan su asiento en ciudades capital de provincia y en el departamento Presidente Aguirre Cerda, la 7ª Categoría de dicha Escala.

A contar desde 1970, el gasto que demande el pago de las remuneraciones de los cargos de Asistentes Sociales de los Juzgados de Letras, creados por el artículo 13 de la ley N° 16.520, será de cargo fiscal.

Artículo 46.- Al producirse vacantes en los cargos que actualmente figuran en los grados 5°, 6° y 7° de la Escala de Sueldos del Personal Subalterno del Poder Judicial, quedarán aquéllos suprimidos en dichos grados y pasarán a formar parte de la Planta de Servicios creada por el artículo 34 de la ley Nº 16.840, en la siguiente forma:

Grado 9º.- Oficiales de Sala de los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de Santiago; Oficiales de Sala de los Juzgados de Menores de Santiago y Porteros de las Cortes del Trabajo;

Grado 10.- Oficiales de Sala de los demás Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de Asiento de Corte de Apelaciones, Oficiales de Sala de los demás Juzgados de Menores, Oficial de Sala del Archivo Judicial de Santiago y Porteros de los Juzgados del Trabajo de 1ª Categoría;

Grado 11.- Demás Oficiales de Sala de los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía;

Grado 12ª.- Oficiales de Sala de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Santiago, Porteros de los Juzgados del Trabajo de 2ª Categoría, Oficiales de Sala de los Juzgados de Letras de Indios, Ascensoristas para los Palacios de los Tribunales de Santiago, Valparaíso y Concepción;

Grado 13°.- Demás Oficiales de Sala de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía, Porteros de los Juzgados del Trabajo de 3ª Categoría, Auxiliares de Aseo de los Palacios de los Tribunales de Santiago, Valparaíso y Concepción, Fogoneros de los Palacios de los Tribunales de Santiago, Valparaíso y Concepción y Porteros encargados del aseo y conservación de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Santiago.

La norma del inciso anterior no tendrá aplicación cuando el cargo vacante se proveyere con un funcionario que a la fecha de producirse la vacante ocupare algún cargo de los grados 5°, 6° y 7°.

Artículo 47.- Reemplázase en la letra a) del artículo 389 del D.F. L. Nº 338, de 1960, las palabras "y el artículo 139" por las siguientes: "y los artículos 139 y 143".

Artículo 48.- Introdúcense en el Código Orgánico de Tribunales las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase el artículo 273 por el siguiente:

"Artículo 273.- Las Cortes de Apelaciones enviarán a la Corte Suprema en los últimos cinco días de cada año, un informe confidencial con la apreciación que les merezcan, en relación con lo que se expresa en los incisos primero y segundo del Art. 275, los Jueces de Letras de Mayor Cuantía, los Jueces de Letras de Menores, los Jueces de Letras de Indios, los Jueces de Letras de Menor Cuantía y los funcionarios auxiliares del respectivo territorio jurisdiccional de dichas Cortes, indicando, además, las medidas disciplinarias que se les hubiere impuesto.

En ese mismo plazo, el fiscal de la Corte Suprema enviará análogo informe a este tribunal, respecto de los fiscales de las Cortes de Apelaciones.

Si la apreciación de las Cortes o del fiscal de la Corte Suprema contuviere cargos contra algún funcionario, deberán ponerlos en su conocimiento mediante una comunicación escrita antes de enviar el informe, a, fin de que el afectado formule sus descargos, lo que deberá hacer también por escrito. Estas comunicaciones serán igualmente confidenciales y los descargos se agregarán en todo caso al informe, cualquiera que sea en definitiva la apreciación que contenga respecto del funcionario.

El Presidente del Consejo General y los Presidentes de los Consejos Provinciales del Colegio de Abogados, concurrirán con derecho a voz a las deliberaciones que efectúen las Cortes de Apelaciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.".

b) Reemplázase el artículo 274, por el siguiente:

"Artículo 274.- Para los efectos del artículo anterior, las Cortes de Apelaciones se reunirán en audiencias extraordinarias y secretas, que se celebrarán a horas distintas de las normalmente señaladas para las audiencias ordinarias.

Los acuerdos se tomarán por las Cortes con el voto conforme de la mayoría absoluta de los Ministros que asistan a la audiencia y, en caso de empate, decidirá el voto del que presida.

De los acuerdos a que se llegue se dejará constancia en un libro especial, que se mantendrá reservado.".

c) Reemplázase el artículo 275, por el siguiente:

Artículo 275.- La Corte Suprema, una vez recibidos los informes a que se refiere el artículo 273, hará anualmente, en el mes de enero, una calificación general de los Ministros y Fiscales de las Cortes de Apelaciones, de los funcionarios indicados en los incisos primero y segundo de dicho artículo, y de sus relatores y secretarios, con el objeto de:

a) resolver cuáles deben ser eliminados del servicio por no tener el buen comportamiento exigido por la Constitución o la eficiencia, celo y moralidad que se requieren en el desempeño de sus cargos;

b) Formar tres listas con los funcionarios que deben permanecer en el servicio, que se denominarán lista número uno, lista número dos y lista número tres,

En la lista número uno colocará a los funcionarios que, además de tener moralidad intachable, reúnan cualidades sobresalientes de criterio y preparación jurídica, vocación profesional, laboriosidad y celo en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. En la lista número dos incluirán a los funcionarios moralmente intachables, que cumplan satisfactoriamente los deberes y obligaciones de su cargo y sean eficientes y celosos en su desempeño. La lista número tres la formará con los funcionarios que no posean en grado necesario las condiciones requeridas para figurar en la lista número dos, y con los funcionarios que, por las medidas disciplinarias que se les haya impuesto en el año anterior, la Corte Suprema considere conveniente que deban quedar en observación.

La eliminación del servicio de un Ministro o de un Juez en el caso de la letra a) del inciso primero, deberá acordarse en la forma que señala el artículo 85, inciso cuarto, de la Constitución Política del Estado, teniéndose como informes de la Corte de Apelaciones respectiva y del inculpado el informe y los descargos a que se refiere el artículo 273.

Tratándose de la eliminación de los demás funcionarios y de la formación de las listas, la Corte tomará sus acuerdos con el voto conforme de la mayoría de sus miembros presentes en la audiencia. En caso de empate, decidirá el voto del que presida.

La calificación no será susceptible de recurso alguno.".

d) Reemplázase el artículo 276, por el siguiente:

"Artículo 276.- Para efectuar la calificación, la Corte Suprema se reunirá diariamente en audiencias extraordinarias y secretas, a partir del cinco de enero o del día siguiente hábil, hasta terminar esa labor.

Regirá respecto de estas audiencias lo dispuesto en los incisos primero y tercero del artículo 274. En el libro que se indica en el último de dichos incisos se dejará constancia, además, de los funcionarios que se hayan incluido en cada una de las listas que la Corte debe formar.

Las eliminaciones del servicio serán comunicadas al Ministerio de Justicia, a las Cortes de Apelaciones, al fiscal de la Corte Suprema y al afectado, el cual podrá acogerse a jubilación sin necesidad de acreditar enfermedad que le impida su desempeño.

También serán comunicadas a esas mismas autoridades, lo que se hará mediante oficio confidencial, las listas que la Corte Suprema haya formado. Igual comunicación confidencial se dirigirá a cada funcionario, respecto de su inclusión en dichas listas.".

e) Reemplázase el artículo 277, por el siguiente:

"Articulo 277.- Se presumirá de derecho el mal comportamiento del funcionario que haya figurado por más de dos años consecutivos en la lista número tres. El afectado tendrá el plazo de treinta días, contado desde que haya recibido el oficio en que se le comunique la calificación, para renunciar a su cargo.

Si el funcionario no renunciare, será separado de su empleo, llenándose las formalidades que la Constitución y las leyes prescriben al afecto; pero los funcionarios a que se refiere el artículo 493 del presente Código, lo serán por el Presidente de la República con el solo mérito de la calificación hecha por la Corte Suprema.

En todo caso, el funcionario podrá acogerse a jubilación sin necesidad de acreditar alguna enfermedad que le impida continuar en el servicio

f) Reemplázase el artículo 278, por el siguiente:

"Artículo 278.- Los jueces de letras de mayor cuantía, los jueces de letras de menores, los jueces de letras de indios y los jueces de letras de menor cuantía efectuarán anualmente, durante la segunda quincena del mes de noviembre, una calificación de los empleados subalternos de su dependencia a fin de:

a) Resolver cuáles deben ser eliminados del servicio por no tener el buen comportamiento, la eficiencia, el celo y la moralidad requeridos para el desempeño de sus cargos; y

b) Formar con los funcionarios que deben permanecer en el servicio análogas listas a las establecidas en el artículo 275.

Igual calificación efectuarán, en la misma época, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y los fiscales de estos Tribunales, respecto de sus empleados subalternos.

Las calificaciones hechas por los jueces indicados en el inciso primero, se pondrán en conocimiento de los interesados, quienes podrán reclamar por escrito ante el Juez dentro del quinto día hábil contado desde su notificación y formular sus descargos en la misma reclamación.

La reclamación será resuelta, sin ulterior recurso, por la Corte de Apelaciones que corresponda, para cuyo efecto los jueces deberán elevar a dichas Cortes, conjuntamente y antes del 15 de diciembre, todas las calificaciones reclamadas.

Las calificaciones hechas por la Corte Suprema, por las Cortes de Apelaciones y por los fiscales de estos tribunales no serán susceptibles de recurso alguno.

En la oportunidad que señala el inciso cuarto, los jueces deberán comunicar a sus respectivas Cortes de Apelaciones las calificaciones que no hayan sido reclamadas. Estos tribunales las pondrán en conocimiento, a su vez, de la Corte Suprema, de las demás Cortes de Apelaciones, de los fiscales de dichas Cortes y del Ministerio de Justicia.

Lo dispuesto en la segunda parte del inciso anterior regirá también, en lo que sea aplicable, respecto de las calificaciones que hagan la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y los fiscales de estos tribunales, y del fallo de las reclamaciones a que se refiere el inciso tercero.

Las audiencias que celebren la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones para los efectos de este artículo, se regirán por lo dispuesto en el artículo 274, debiendo dejarse constancia en el libro a que allí se alude, de los empleados incluidos en cada una de las listas. Regirá, además, tratándose de las audiencias que celebren las Cortes de Apelaciones, lo prescrito en el inciso cuarto del artículo 273.

A los empleados subalternos que figuren más de dos años seguidos en la lista número tres, les será aplicable lo establecido en el artículo 277.".

g) Reemplázase el artículo 281, por el siguiente:

"Artículo 281.- En las presentaciones no podrán figurar funcionarios incluidos en la lista número tres ni los funcionarios a quienes, con posterioridad a la calificación anual, se hubiere aplicada medidas disciplinarias de censura por escrito, pago de costas, multas o suspensión de sus cargos; pero, si en conformidad al artículo 83 de la Constitución Política del Estado, alguno hubiere de figurar en la propuesta por antigüedad, en ella se dejará constancia de hallarse incluido en dicha lista o de habérsele aplicado alguna de las medidas disciplinarias antes mencionadas.

Los funcionarios figurarán en la propuesta por orden estricto de antigüedad, debiendo consignarse la lista en que se encuentren incluidos.".

h) Agrégase al artículo 294, como inciso primero, el siguiente:

"Artículo 294.- En las ternas para el nombramiento de empleados del Escalafón del Personal Subalterno no podrán figurar empleados incluidos en la lista número tres, ni tampoco aquellos a quienes se haya sancionado disciplinariamente, con posterioridad a la última calificación, con censura por escrito, multas o suspensión de sus cargos. Los empleados que figuren en ellas se colocarán por orden de antigüedad, indicándose la lista en que estén incluidos.".

i) Suprímese en el actual inciso primero del artículo 294, que pasa a ser inciso segundo, la frase "para el nombramiento de empleados del Escalafón Subalterno" y la coma que la sigue.

j) Suprímese en el inciso final del artículo 384 la expresión "de Menor Cuantía".

Artículo 49.- Introdúcense a la ley N° 16.272, sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, las siguientes modificaciones:

1.- Sustituyese, en el Nº 7 del artículo 9°, el guarismo "E° 1,91" por "Eº 5".

2.- Agréganse al artículo 9º los siguientes números:

"Nº 8.- El patrocinio de abogado, sea que se designe un abogado patrocinante o se asuma el propio patrocinio, pagará el siguiente impuesto:

En gestiones de jurisdicción voluntaria, en juicios de cuantía indedeterminada o en aquellos no susceptibles de apreciación pecuniaria y en los de cuantía hasta Eº 5.000, Eº 10.

En juicios de cuantía superior a Eº 5.000 y hasta E° 10.000, E° 20.

En juicios de cuantía superior a Eº 10.000, E° 30.

Este impuesto será de cargo exclusivo del abogado patrocinante.

Nº 9.- La recusación de los Abogados integrantes de la Corte Suprema, pagará el impuesto de E° 200, y la de los Abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones, E° 150.

Nº 10.- La suspensión de la vista de la causa en la Corte Suprema, pagará el impuesto de E° 200, y en las Cortes de Apelaciones, E° 100. Si la suspensión fuere de común acuerdo, se pagará el doble del impuesto.".

3.- Sustitúyese el punto aparte (.) con que termina el inciso segundo del artículo 14 por un punto y coma (;), y agrégase la siguiente frase: "además, el acta de protesto de toda letra de valor superior a E° 100, estará afecta a un impuesto fijo de E° 10."

4.- Agrégase al artículo 14, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso:

"Sin perjuicio de los impuestos establecidos en el inciso anterior, la inscripción de vehículos motorizados en el registro correspondiente pagará un impuesto de Eº 100."

5.- Agrégase al artículo 14, a continuación del inciso quinto, el siguiente inciso:

"Sin perjuicio de los impuestos que correspondan de acuerdo con los incisos precedentes, toda escritura pública o inscripción que practiquen los Conservadores de Bienes Raíces, Comercio y Minas estará gravada, cualquiera que sea el número de hojas de protocolo o registro que ocupe, con un impuesto de Eº 10, y toda copia o certificado que otorguen los mismos funcionarios, los Archiveros y el Conservador de Vehículos Motorizados, cualquiera que sea el número de hojas que ocupe, estará gravada con un impuesto de Eº 1."

Artículo 50.- Auméntanse en un 5% todas las multas que se pagan en el país por infracciones a leyes, decretos leyes, decretos con fuerza de ley, reglamentos u ordenanzas municipales.

Artículo 51.- El mayor gasto que demande la aplicación de las disposiciones del presente Título se financiará en parte con el rendimiento o mayor rendimiento de los impuestos que se crean o aumentan en el artículo 49, con el proveniente del recargo de las multas, a que se refiere el artículo 50, y el exceso, con cargo a la provisión de fondos del ítem 006 del Presupuesto Corriente del Ministerio de Hacienda.

Artículo 52.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 28 de la ley Nº 14.550, agregado por el artículo 15 de la ley Nº 15.267, el beneficio a mayor sueldo que se le hubiere reconocido o se le reconozca, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 4º de la ley Nº 11.986, a los empleados de la 5ª y 6ª categorías de la escala de sueldos del personal subalterno del Poder Judicial, será igual a la diferencia que exista entre ambas categorías, y la misma diferencia corresponderá a los empleados de la 7ª categoría a quienes se les ha reconocido o se les reconociere el mismo derecho por haber transcurrido quince años sin ascender.

Artículo 53.- Derógase el artículo 6º de la ley Nº 15.632.

Artículo 54.- Para los efectos de la aplicación del artículo 127 de la ley Nº 11.764, se entenderá por sueldo mensual de los Ministros del respectivo tribunal el que corresponda según la escala del artículo 39 incrementado con la asignación especial que perciba un Ministro que no goce de derecho a sueldo de la categoría o grado superior.

Artículo 55.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 60 días contado desde la vigencia de la presente ley, fije el texto refundido de las disposiciones que han establecido las categorías o grados que en las escalas de sueldos ocupa el personal superior, subalterno y de servicios del Poder Judicial y de las que han concedido y reglamentado el beneficio de derecho a sueldo de la categoría o grado superior para los mismos funcionarios.".

A continuación, como Título IV y bajo el epígrafe "Disposiciones varias", agregar los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 56.- No se aplicará a la Empresa Nacional del Petróleo el decreto con fuerza de ley Nº 68, de 1º de febrero de 1960, ni el artículo 74 de la ley N° 15.575.

Los acuerdos del Directorio de la Empresa Nacional del Petróleo que aprueben las plantas del personal y sus remuneraciones, deberán tomarse con el voto favorable del Ministro de Minería.

Artículo 57.- Las Cajas de Previsión cancelarán a los jubilados y montepiadas el reajuste otorgado por la presente ley en forma automática, sin necesidad de requerimiento del interesado.

Artículo 58.- La Caja de Previsión de los Empleados Particulares, la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, Sección Empleados y Oficiales, la Caja Bancaria de Pensiones, la Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco de Chile, la Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile, la Caja de Previsión de los Empleados del Banco Central de Chile, la Caja de Previsión de Empleados de la Empresa de Agua Potable de Santiago y la Sección Previsión de la Caja de Amortización, aplicarán conjuntamente con el reajuste general correspondiente al año 1970, un reajuste extraordinario de un 20% a las pensiones y montepíos de hasta 2 sueldos vitales.

Las pensiones inferiores a 2 sueldos vitales más un 20%, recibirán como reajuste extraordinario, la diferencia entre la pensión y 2 sueldos vitales más 20%.

Las Cajas de Previsión pagarán este reajuste extraordinario, hasta la concurrencia de sus disponibilidades."

Artículo 59.- A contar de la fecha de vigencia de la presente ley y para el solo efecto de la aplicación de la ley N° 6.922 y sus modificaciones posteriores, se entenderá que el sueldo base que corresponde al Ministro de la Corte Suprema es el sueldo unitario mensual incluidas las asignaciones imponibles que no sean asignaciones por años de servicios.

Sólo por ley se podrán establecer asignaciones permanentes, cualquiera sea su naturaleza o finalidad, en favor de los parlamentarios.

Artículo 60.- Las patentes de negocios de alcoholes, clasificadas en las letras A), E) y F) del artículo 130 de la ley N° 17.105, vigentes al 31 de julio de 1968, serán renovadas por la Municipalidad que corresponda previo pago por una sola vez de un recargo- de 50%.

Este beneficio deberá impetrarse dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de esta ley.

Artículo 61.- Establécese una tasa adicional de un medio por mil, durante los años 1970, 1971, 1972 y 1973, a las contribuciones de bienes raíces, la que será a beneficio municipal.

Los mayores recursos provenientes de lo dispuesto en el inciso anterior no podrán ser destinados al pago de remuneraciones o a solventar gastos previsionales ni serán considerados presupuestariamente para el cálculo del porcentaje de los presupuestos municipales que deben asignarse a esos objetivos.

Artículo 62.- Autorízase a los habilitados, empresarios o pagadores de las reparticiones, servicios, organismos o empresas del sector privado, del sector público, semifiscales, de administración autónoma o municipales para descontar, con fines sociales, de las remuneraciones o pensiones de los trabajadores, imponentes o beneficiarios, previa autorización de las Asambleas respectivas, la cuota social mensual que éstos deban cancelar a la Central Unica de Trabajadores.

En todo caso, no procederá este descuento cuando el interesado manifieste expresamente su negativa ante el habilitado, patrón o empleador.

Artículo 63.- Declárase cumplida la obligación mencionada por el artículo 28 de la ley N° 17.073, con las compensaciones efectuadas hasta el 30 de junio de 1969.

Artículo 64.- La Corporación de Fomento de la Producción entregará el saldo no invertido durante el año 1969 de la ley N° 15.689, de 29 de septiembre de 1964, para conexiones domiciliarias de alcantarillado y agua potable en la provincia de O'Higgins, con cargo a los recursos correspondientes a dicha provincia, a la Dirección de Servicios Sanitarios del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, con el fin de cancelar la deuda que tiene la Cooperativa de Autoconstrucción y Servicios Habitacionales "Los Alpes Ltda.", de Rancagua, por concepto de agua potable. Si ello no fuere suficiente, la Corporación de Fomento de la Producción enterará el total que falte de los fondos correspondientes de la misma ley para el año 1970.

Artículo 65.- Declárase de interés social la expropiación del inmueble ubicado en La Serena, calle Arturo Prat Nº 410, esquina de Carrera, que, según sus títulos inscritos, deslinda: Norte, propiedad de la Casa de Ejercicios; Sur, calle Arturo Prat; Oriente, sucesión Piñeira, y Poniente, calle Carrera.

Facúltase al Presidente de la República para que expropie el inmueble referido, con cargo a los recursos que la Universidad de Chile dispone para su adquisición, y para que lo transfiera gratuitamente a esa Corporación.

La indemnización consistirá en el pago al contado de una suma equivalente al actual avalúo fiscal del inmueble.

Artículo 66.- El personal de obreros y empleados de la Junta de Adelanto de Arica podrá organizarse en Sindicatos Industriales o Profesionales de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Títulos II y III del Código del Trabajo y sus modificaciones posteriores.".

A continuación, agregar el epígrafe "Disposiciones transitorias" con los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 1º.- Dentro de los noventa días siguientes a la promulgación de la presente ley, la Corte Suprema deberá dictar, mediante un auto acordado, un reglamento para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 273, 275 y 278 del Código Orgánico de Tribunales. Este reglamento deberá ser publicado en el Diario Oficial; regirá desde la fecha de su publicación y no podrá ser modificado o derogado sino por ley.

Artículo 2º.- Todas las modificaciones al Código Orgánico de Tribunales introducidas en el artículo 48 regirán a partir del proceso calificatorio de 1970, a excepción de las modificaciones a los artículos 281 y294, que regirán una vez que dicho proceso correspondiente a 1970 estuviere afinado.

Artículo 3°.- La primera diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del Título III de la presente ley ingresará a la Caja de Previsión en seis cuotas mensuales iguales a contar del 1º de enero de 1970.

Artículo 4º.- Las siguientes disposiciones de esta ley tendrán vigencia desde las fechas que se indican:

a) Los artículos 39, 40, 41, 45, 52, 53 y 54, desde el 1º de enero de 1970;

b) Los artículos 43 y 44, desde el 1º de enero de 1970, en cuanto asignan a los funcionarios nuevas categorías o grados en las escalas de sueldos, y desde el día primero del mes siguiente al de publicación de la ley, en cuanto fijan a los mismos funcionarios nuevas categorías en el Escalafón del Personal Judicial y para los efectos de la aplicación de las disposiciones legales que correspondan sobre competencia de los Tribunales."."

Con las modificaciones anteriores, el proyecto de ley aprobado queda como sigue:

Proyecto de ley.

"TITULO I.

Del reajuste del Sector Público.

Párrafo 1º.

Reajuste general del Sector Público.

Artículo 1º.- Reajústanse, a contar desde el 1º de enero de 1970, en un veintiocho por ciento (28%) las remuneraciones permanentes al 31 de diciembre de 1969 de los empleados y obreros del Sector Público, incluidas las de las Municipalidades y excluidas las horas extraordinarias y las asignaciones de alimentación, las que se fijan en función de sueldos vitales y las que constituyen porcentajes de los sueldos.

Si el índice de precios al consumidor que entrega la Dirección de Estadística y Censos experimentare entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969 un alza superior al 29,5%, el reajuste mencionado se incrementará en tantos puntos y fracciones de punto como sean los que excedan de 29,5 en el alza del índice antes señalado.

El reajuste se calculará sobre las remuneraciones incrementadas con la asignación otorgada por el D.F.L. Nº 1, de 1969, y, en el caso de las remuneraciones a que se refiere el artículo 5° de la presente ley, se calculará, además, sobre las cantidades que resulten después de aplicado dicho precepto.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Subsecretarías de Defensa Nacional, Carabineros de Chile, Servicio de Investigaciones, Poder Judicial, Sindicatura General de Quiebras, personal afecto a la ley N° 15.076, Estatuto Médico Funcionario, y personal del Magisterio que se rige por el artículo 3º de la ley Nº 16.930.

Artículo 2º.- Reajustase, a contar del 1º de enero de 1970, en un ciento por ciento (100%) del alza que experimente el índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969 la asignación familiar, incrementada con la asignación complementaria otorgada por el artículo 3° del D.F.L. Nº 1, de 1969, de los empleados, obreros y pensionados del Sector Público que no se determina de acuerdo con la ley N° 7.295 o con el D.F.L. Nº 245, de 1953, sea que se pague por el respectivo fondo de compensación o directamente por la institución empleadora.

Establécese, también, a contar del 1º de enero de 1970, una bonificación complementaria y permanente de veinte escudos (E° 20) por cada carga de familia que dé derecho a la asignación a que se refiere el inciso anterior y que perciban los funcionarios y pensionados de los Servicios a que corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley. Esta bonificación tendrá las mismas características de la asignación familiar y, en consecuencia, no podrá ser retenida ni embargada, no será imponible, estará exenta de toda clase de impuestos y será reajustada en los años siguientes en los mismos términos que la asignación familiar Dase.

Párrafo 2°.

Normas especiales.

Artículo 3º.- Al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del regido por la ley N° 15.076 y del sujeto a tarifado gráfico, le será aplicable lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley.

En todo caso, a contar del 1º de enero de 1970, cada categoría y grado de las escalas de sueldos que rijan para el personal del Servicio Nacional de Salud durante 1970, comprendido el reajuste a que se refiere el inciso anterior, tendrá un aumento que signifique alcanzar en total un 94% de cada categoría o grado de las escalas del D.F.L. N° 40, de 1959, vigentes para 1970.

Artículo 4º.- Concédese en el año 1970, a los empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal regido por la ley N° 15.076, del personal sujeto a tarifado gráfico y del personal de empleados particulares, una bonificación no imponible que no será considerada sueldo para ningún efecto legal y que se devengará en las fechas y por los montos que se indican:

Artículo 5º.- Incorpórase a contar del 1° de enero de 1970, a las escalas de sueldos del D.F.L. Nº 40, de 1959, vigentes después de sus modificaciones, incluidas las de la ley N° 17.063, la asignación establecida en el artículo 1º, incisos segundo y tercero de la ley N° 16.840.

Para los efectos de esta incorporación se considerará la asignación completa que correspondió de acuerdo con el inciso segundo aludido, más el aumento del D.F.L. Nº 1, de 1969.

Los funcionarios del Sector Público no regidos por el D.F.L. Nº 40, de 1959, que al 31 de diciembre de 1969 estaban percibiendo la asignación establecida por la ley N° 16.840 en sus artículos 1º, incisos segundo y tercero, y 4°, inciso cuarto, y que fue aumentada por el artículo 2° del D.F.L. Nº 1, de 1969, mantendrán dicha asignación, a contar del 1º de enero de 1970, con el carácter de sueldo base para todos los efectos legales e imponibles en la misma proporción en que lo sea el sueldo. Para los efectos de la aplicación de este inciso, respecto de los funcionarios a quienes se aplica la ley N° 17.015, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 3° de dicha ley.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, incorporase, a contar del 1º de enero de 1970, la asignación establecida en el artículo 1º, incisos segundo y tercero, de la ley N° 16.840, más el aumento dispuesto por el artículo 2º del D.F.L. Nº 1, de 1969, a las escalas de sueldos base del personal de la Empresa de Ferrocarriles del Estado y a las remuneraciones anexas de dicho personal, excluidas las horas extraordinarias, asignación de alimentación, las remuneraciones anexas que se fijan en función de sueldos vitales y las que sean porcentajes del sueldo o salario base.

La primera diferencia mensual determinada por la aplicación de este artículo quedará a beneficio de los personales respectivos y no será depositada en las Cajas de Previsión correspondientes.

Artículo 6º.- Modifícase el artículo 174 de la ley N° 16.840, sustituido por el artículo 10 de la ley N° 17.029, de 4 de diciembre de 1968, como sigue:

"Artículo 174.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1970 el plazo otorgado a las Municipalidades por el artículo 26 de la ley N° 16.250, para encuadrar los excesos de aumentos de remuneraciones concedidos a sus empleados y obreros dentro de los porcentajes de limitación establecidos por la ley en los términos que prescribe el citado artículo 26.

Mientras esto no suceda, les queda prohibido crear nuevos cargos de empleados y obreros, aumentar de grados, mejorar las rentas u otorgar otros beneficios.".

Artículo 7º.- A partir del 1º de enero de 1970, serán imponibles las bonificaciones, asignaciones y todas las demás remuneraciones de carácter general y permanente de que gozan los empleados a quienes se aplica el artículo 99 de la ley N° 16.617, pero con los límites porcentuales fijados en dicho artículo, con la modificación que le introdujo la ley número 17.073. Mantendrán su carácter de no imponibles las remuneraciones eventuales y las de naturaleza no previsional, tales como el viático, las asignaciones de gastos de movilización, de máquinas, pérdidas de caja, de cambio de residencia, la gratificación de zona, la remuneración por trabajos nocturnos y horas extraordinarias, asignación familiar, la bonificación del artículo 19 de la ley N° 15.386, y cualesquiera otras de la misma naturaleza actualmente existentes o que se establezcan en el futuro.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los personales que a la fecha de vigencia de la presente ley tengan imponibilidad superior, mantendrán este derecho.

El reajuste de las pensiones a que dé lugar la aplicación de este artículo será de cargo de la respectiva Caja de Previsión u otra Institución o Empresa que paguen pensiones.

Artículo 8º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 15.076:

a) Reemplázanse los incisos primero y segundo del artículo 7° por el siguiente:

"Artículo 7º.- El sueldo base mensual por cada hora diaria de trabajo, a contar del 1º de enero de 1970, será la cantidad equivalente al sueldo vital escala A) del departamento de Santiago para 1969 (E° 477,50) aumentada en el 100% del alza que experimente el índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969. La fracción de hora se pagará en proporción a dicho sueldo.".

b) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 10, por el siguiente:

"Los profesionales funcionarios que por razones de servicio deban excederse del horario contratado, en días y horas hábiles, gozarán de una asignación de permanencia de hasta un 30% de su sueldo base. Esta asignación no se considerará para el cálculo del porcentaje máximo a que se refiere el inciso cuarto del artículo 9º; será no imponible y podrá sumarse a las demás asignaciones que establece el citado artículo. Un Reglamento establecerá, a propuesta del Consejo Nacional de Salud, la forma, monto y condiciones para el goce de esta asignación.".

c) Reemplázase en el inciso final del artículo 12 la cifra "24" por "12" y agrégase la siguiente frase final:

"Los profesionales funcionarios que desempeñen estos cargos no podrán contratar extensiones horarias, salvo en los casos contemplados en el inciso anterior.".

Artículo 9º.- Declárase que el inciso cuarto del artículo 1º de la ley Nº 17.015 de 31 de octubre de 1968, se limitó a derogar el párrafo 49 del Título II del D.F.L. 338 de 1960 y el artículo 20 de la ley N° 7.295, respecto de los servicios enumerados en el mismo precepto, y sólo a contar desde el 1º de enero de 1969. En consecuencia, los funcionarios que adquirieron antes de esta fecha alguno de los beneficios establecidos en el referido párrafo o en el artículo citado, lo han conservado con posterioridad a ella.

Párrafo 3º

Reglas para la aplicación de los reajustes.

Artículo 10.- El porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1º de esta ley se aplicará, respecto del personal de la Empresa Portuaria de Chile, de acuerdo a las normas contenidas en el artículo 5º del D.F.L. Nº 1, de 1969, dictado en uso de las facultades concedidas por el artículo 82 de la ley N° 17.072.

Artículo 11.- Para los efectos del otorgamiento del reajuste a que se refiere el presente Título se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 90, 93, 94, 95, 131 inciso tercero y 132 de la ley N° 16.617, modificándose la referencia al año "1967" por "1970" en los artículos 94 y 132.

Artículo 12.- Con lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley se entiende cumplido lo ordenado por el artículo 33, inciso segundo, de la ley Nº 15.840.

Artículo 13.- Las pensiones del personal a que se refiere el inciso primero del artículo 1º de esta ley, que se reajustan de acuerdo con su similar en servicio activo recibirán como mínimo el mismo porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1º de esta ley sobre la pensión al 31 de diciembre de 1969.

Igualmente, las pensiones de los funcionarios de Santiago a que se refiere el artículo 14 de la ley N° 11.469, que jubilaron a partir del mes de enero de 1967 y que no hayan sido reajustadas en los años 1967, 1968 y 1969, recibirán como mínimo el mismo porcentaje de reajuste establecido en el artículo 1º de esta ley, sobre la pensión al 31 de diciembre de 1969, que será exclusivamente de cargo del organismo de previsión al que sus jubilaciones están acogidas.

Artículo 14.- El Presidente de la República entregará durante el año 1970 a los Servicios e Instituciones enumeradas en el artículo 239 de la ley N° 16.840, excluida la Empresa Portuaria de Chile e incluidas la Corporación de Obras Urbanas y la Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Gas y de Telecomunicaciones, las cantidades necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

Al personal de las Instituciones a que se refiere este artículo, cualquiera que sea el régimen de remuneraciones a que estén afectos durante el año 1970 les corresponderá únicamente el porcentaje de reajuste del Sector Público.

Declárase que el Consejo General del Colegio de Abogados podrá reajustar las remuneraciones de su personal, en la medida en que lo permita su presupuesto, dándole preferencia a aquél que sirva con dedicación exclusiva. Este reajuste no podrá ser inferior al señalado en el artículo 28 de la presente ley.

En el ejercicio de la facultad concedida en el inciso anterior, dicho Consejo no podrá alterar la actual proporción existente entre los recursos destinados al Servicio de Asistencia Judicial y a sus demás finalidades.

Artículo 15.- Auméntase, en el mismo porcentaje fijado en el artículo 1º, la remuneración máxima establecida en el artículo 1º del D.F.L. Nº 68, de 1960, y sus modificaciones posteriores.

Artículo 16.- Autorízase a las Instituciones Descentralizadas para adecuar las remuneraciones de sus personales, sin necesidad de Decreto Supremo, a fin de dar cumplimiento a la presente ley, entendiéndose modificados, al efecto, sus respectivos presupuestos.

Artículo 17.- La primera diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del artículo 1º de esta ley, ingresará a las Cajas de Previsión en seis cuotas mensuales iguales a contar del mes de enero de 1970.

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará también al personal del Magisterio que se rige por el artículo 3° de la ley N° 16.930.

Artículo 18.- El porcentaje de reajuste a que se refiere el artículo 1º que corresponde a los empleados y obreros de los Ferrocarriles del Estado, se aplicará también sobre las remuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 1969, que no se determinen como un porcentaje del respectivo sueldo o salario base.

Párrafo 4°

Del financiamiento.

Artículo 19.- El mayor gasto de cargo fiscal que significa este proyecto, se hará con cargo al ítem 006 de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda de la Ley de Presupuestos para 1970.

Artículo 20.- Declárase que las importaciones que se realicen con cobertura diferida y cuyos derechos aduaneros puedan cancelarse en la forma señalada en el artículo 164 de la ley N° 13.305, no constituyen un régimen de importación especial a los cuales se refiere el inciso segundo del artículo 187 de la ley N° 16.464.

En consecuencia, el Presidente de la República podrá ejercer con respecto a ellas las facultades que le confiere el artículo 186 de la ley N° 16.464.

Artículo 21.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 136 de la ley N° 15.575:

a) Se suprime el N° 2, y

b) Se sustituye el N° 3 por el siguiente, que pasa a tener el N° 2:

"2.- Las exportaciones de la pequeña y mediana minerías, cuando el Ministro de Minería, en resolución fundada, certifique que no hay en Chile capacidad de fundición o refinación según corresponda a los productos que se deseen exportar, o que por cualquier motivo no pueda recibir dichas producciones para su tratamiento.

El Ministro de Minería deberá declarar, antes del 30 de septiembre de cada año, la capacidad de fundición y refinación disponible para el año siguiente.".

Artículo 22.- Interpretando el artículo 3° de la ley N° 16.528, se declara que la exención tributaria de pleno derecho, a que se refiere esa disposición, y el número 5 del artículo 18 del Decreto de Economía N° 1.270, de 27 de septiembre de 1966, no constituye exención al impuesto establecido en los artículos 134 y siguientes de la ley N° 15.575.

Artículo 23.- Se establecerá anualmente para cada productor de cobre de la mediana minería, el costo de producción, y se agregarán 15 centavos de dólar por cada libra de cobre fino producido en el año, y la suma de ambos guarismos será el precio base.

Para los efectos del inciso siguiente, se entenderá por sobreprecio todo el excedente obtenido en la venta del cobre sobre el precio base. El 50% del excedente a que se refiere el inciso anterior se destinará a beneficio fiscal y se aplicará sobre el total anual de las ventas de cobre que efectúe cada empresa, ya sea que se venda en forma de minerales, concentrados, precipitados, cementos, blister, ánodos o cualquier otra forma de cobre.

La norma del inciso anterior se aplicará cualesquiera que sean las exenciones o franquicias de que goce la empresa productora, por disposiciones legales o reglamentarias generales o especiales y se deducirá de la renta bruta para la determinación de las rentas imponibles.

Al Servicio de Impuestos Internos corresponderá la fiscalización del pago que deba enterar cada empresa productora según los precios bases establecidos en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.

Artículo 24.- Agréganse al final del artículo 235 de la ley Nº 16.617 los siguientes incisos:

"No obstante lo anterior, los intereses, primas u otras remuneraciones que perciban los bancos comerciales, Banco del Estado de Chile, Banco Central de Chile, Corporación de Fomento de la Producción, Junta de Adelanto de Arica y Empresa de Comercio Agrícola, en razón de los préstamos u operaciones de crédito no reajustables que otorguen en moneda corriente a empresas extranjeras, estarán además afectos a una sobretasa de impuesto, que será determinada trimestralmente por el Ministerio de Hacienda a propuesta del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile.

Dicha sobretasa de impuesto será equivalente a la diferencia que exista entre el costo promedio del crédito en los mercados internacionales y el costo promedio del crédito en el sistema bancario chileno, una vez descontado el efecto de desvalorización monetaria.

Para estos efectos se considerará como empresas extranjeras a todas aquellas cuyo capital esté constituido en más de un 50% por aportes provenientes del exterior y a las filiales de empresas internacionales.

Las normas relativas al impuesto único al crédito, en lo que se refiere a la modalidad de cobro, excepciones y publicación, se hacen extensivas a la aplicación de esta sobretasa."

Artículo 25.- Declárase, interpretando la expresión "mandatarios en general" contenida en la letra b) del artículo 15 de la ley N° 12.120, que dicha expresión se refiere a todas las personas que, como retribución de sus servicios, perciben ingresos sujetos a las disposiciones de los artículos 20, 21 y 36, Nºs. 2º y 3º, de la Ley de la Renta, sin perjuicio de las exenciones contempladas en los números 18 y 19 del artículo 19 de la ley N° 12.120.

Agrégase en la letra c) del número 20 del artículo 19 de la ley N° 12.120, a continuación de la expresión "7°" y antecedido de una coma (,), el guarismo "9º". .

Artículo 26.- Introdúcense a la ley N° 12.272, de 4 de agosto de 1965, sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado, las siguientes modificaciones:

1.- Sustitúyese el inciso 5° del N° 14 del artículo 1º por los siguientes:

"Cada uno de los ejemplares de letras de cambio, libranzas, créditos simples, rotativos, documentarios o confirmados, avances contra aceptación, pagarés y órdenes de pago distintas de los cheques, que sean otorgados en el país, deberán extenderse en formularios que lleven timbre fijo. Este timbre será de E° 7,50 para los documentos hasta de E° 300; de E° 15 para los documentos de más de E° 300 y hasta E° 1.500; de E° 20 para los documentos de más de E° 1.500 y hasta E° 4.000 y de E° 25 para los documentos superiores a E° 4.000. Los documentos que sean extendidos en formularios sin timbre fijo o en formularios de timbre fijo inferior al que les corresponde según su monto, no tendrán validez legal alguna, salvo que sean autorizados, en cada caso, por el Servicio de Impuestos Internos, previo pago de la multa establecida en el artículo 28 de esta ley.

Los gravámenes contenidos en los incisos anteriores de este número se aplicarán también a los instrumentos de comercio que no indicaren cantidad y que sólo estuvieren firmados por el aceptante o deudor. En estos casos, el Servicio de Impuestos Internos, con los antecedentes que tuviere en su poder, procederá a determinar el monto del impuesto y aplicará una multa equivalente a cinco veces el tributo adeudado.".

2.- Reemplázase el inciso primero del N° 4 del artículo 18 por el siguiente:

"Nº 4.- En los documentos señalados en el inciso quinto del N° 14 del artículo 1º, mediante el timbre fijo a que se refiere dicha norma, sin perjuicio del impuesto porcentual, el que podrá pagarse en estampillas, o por ingreso en dinero en Tesorería, previa autorización del Servicio de Impuestos Internos.".

Artículo 27.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4° bis de la ley N° 12.120:

a) Agregar, a continuación del primero, el siguiente inciso:

"Las convenciones mencionadas en el inciso anterior estarán afectas a una tasa adicional del 4,6%, que será de exclusivo beneficio fiscal aun cuando se trate de vehículos fabricados o armados en el Departamento de Arica. Esta tasa adicional no afectará a los camiones y camionetas."

b) Reemplazar, en el inciso segundo, que pasa a ser tercero, las expresiones "del artículo anterior" por las "de este artículo.

TITULO II

Del reajuste del sector privado.

Artículo 28.- Reajústanse, desde el 1º de enero de 1970, en un porcentaje igual a la variación que experimente el índice de precios al consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos para el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969, las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo vigentes al 31 de diciembre de 1969, de los trabajadores, empleados y obreros del Sector

Privado, no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 29.- A contar del 1º de enero de 1970, los trabajadores que laboran en la extracción de ripio, arena y materiales para la construcción recibirán en sus salarios o tratos un reajuste igual al porcentaje que hubiere experimentado el alza del costo de la vida, durante el año 1969.

Artículo 30.- Durante 1970 regirán las disposiciones de los artículos 85, 86, 87, 88, 89, inciso primero, salvo en cuanto éste se refiere a reajuste de remuneraciones convenidas o pagadas en moneda extranjera; 90, 91, 92 y 93 de la ley N° 16.840, de 24 de mayo de 1968, con la salvedad de que el porcentaje de reajustes a que ellas se refieren es el señalado en el artículo 28 de esta ley.

Se regirá por las disposiciones de esta ley el reajuste de remuneraciones de los obreros y empleados agrícolas que trabajan en predios pertenecientes a instituciones de previsión, en faenas directamente relacionadas con la agricultura, en los casos en que estén sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 31.- Las remuneraciones de los trabajadores, empleados y obreros del Sector Privado sujetas a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, se reajustarán de común acuerdo entre las partes. Si el reajuste pactado es superior a la variación que hubiese experimentado el índice de precios al consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos durante el período de vigencia del convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral, el excedente no podrá trasladarse a los precios de los bienes que la empresa o industria produce o expende. Para los efectos anteriores se tendrá en consideración el valor total que representa el convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral que pone término al conflicto, es decir, no sólo el reajuste de las remuneraciones sino también el de las regalías que se pacten.

Artículo 32.- El salario mínimo para los obreros de la industria, del comercio y agrícolas será durante 1970 y a partir del 1º de enero de ese año, equivalente a Eº 1,50 por hora.

En los casos de salarios, remuneraciones o regalías convenidos en contratos o convenios colectivos, actas de avenimiento o establecidos por fallos arbitrales, en relación al salario mínimo, se entenderá que éste, a partir del 1º de enero de 1970, es el actualmente vigente reajustado en el ciento por ciento de la variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1969.

En ningún caso, los trabajadores sujetos a contratos o convenios colectivos, actas de avenimiento o a fallos arbitrales, podrán gozar de una remuneración inferior a la señalada en el inciso primero.

Artículo 33.- Los empleados ingresados con posterioridad al 6 de abril de 1960, en actual servicio, de la Empresa de Comercio Agrícola y ios que ingresaren, tendrán el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y se les aplicarán los párrafos 13, 18, 19 y 20 del título 29; artículo 143 y títulos 49 y 59 del D.F.L. Nº 338 de 1960, sin perjuicio de las demás disposiciones de los Estatutos Internos del personal de la Empresa.

En ningún caso esta disposición significará disminución de las actuales rentas de los empleados ni supresiones de cargos.

Artículo 34.- A contar de la vigencia de la presente ley la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, podrá contratar préstamos en el Banco del Estado de Chile u otra institución bancaria, que le permitan cancelar lo adeudado a su personal que ha sido declarado cesante o jubilado, especialmente, los desahucios, en conformidad a la ley Nº 7.998.

El préstamo señalado sólo será para cancelar deudas a sus ex servidores que permanecen impagos de sus beneficios.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado reintegrará el préstamo con los valores que ingresa de los descuentos directos del personal consultado en la ley Nº 7.998. Su interés será el mínimo y de cargo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

Artículo 35.- Derógase, a contar del año tributario 1971, el artículo 65 de la ley N° 17.073, de 31 de diciembre de 1968.

El mayor ingreso tributario derivado de la supresión de la franquicia a que se refiere el inciso anterior, se destinará a los programas de operación sitio, préstamos a cooperativas y viviendas populares urbanas y rurales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

Artículo 36.- Durante el año 1970 los organismos públicos encargados de la fijación de precios no podrán autorizar reajustes en un porcentaje superior a un 28% respecto de los precios vigentes en el mes de diciembre de 1969. Esta disposición se aplicará especialmente respecto de los artículos y servicios de primera necesidad, los artículos sujetos a márgenes de comercialización y las tarifas de los servicios de utilidad pública. En ningún caso las autoridades podrán conceder más de un alza para un mismo artículo o servicio en el curso del año 1970.

Sin perjuicio de lo anterior, y en lo sucesivo, para autorizar aumentos de precios será requisito previo que la industria o actividad comercial cuyos representantes los requieran eleven una solicitud escrita y fundamentada al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, que contendrá todos los antecedentes referentes a costos, necesarios para resolver, y la fecha y monto de la última alza contenida por el solicitante.

Artículo 37.- Constitúyese una Comisión Paritaria integrada por seis funcionarios designados por el Presidente de la República y seis representantes de los funcionarios públicos nominados por la Central Única de Trabajadores, para que en el plazo de seis meses a contar de la promulgación de esta ley estudie los sistemas de remuneraciones del sector público civil, de carreras funcionarías, con todos los mecanismos relativos a escalas de remuneraciones, y proponga al Presidente de la República sistemas de ingresos, ascensos, perfeccionamiento y demás materias afines. Los integrantes de esta Comisión podrán contar con la asesoraría técnica necesaria y serán nombrados por Decreto Supremo dentro del plazo de 15 días de promulgada esta ley.

Artículo 38.- Las remuneraciones convenidas o pagadas en moneda extranjera de las personas afectas al recargo adicional del impuesto a la Renta de Segunda Categoría, serán reajustadas en un porcentaje igual al 25% del fijado en el artículo 28 de esta ley.

TITULO III

Normas relativas al Poder Judicial

Artículo 39.- Las escalas de Sueldos de los funcionarios del Poder Judicial serán las siguientes:

A las remuneraciones que se fijan en este artículo se apicara lo dispuesto en el artículo 99 de la ley N° 16.617, modificado por el artículo 57 de la ley Nº 17.073.

Artículo 40.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 30 de la ley Nº 16.840 por el siguiente:

"Los funcionarios de los tribunales ordinarios, del Trabajo, de Indios y de Menores, con sueldo fiscal, que, estando en posesión del título de abogados, desempeñen cargos para los cuales se requiere dicho título y estén afectos a las prohibiciones contempladas en los artículos 316 y 479 del Código Orgánico de Tribunales, y los Defensores Públicos de Santiago, para los cuales regirá también la prohibición contemplada en la última de las disposiciones citadas, gozarán de una asignación especial, que se calculará sobre el sueldo que perciban y que será del 50% de él para los funcionarios que estén fuera de categoría y para los de primera categoría, siempre que no gocen de derecho a disfrutar del sueldo de la categoría o grado superior; del 46% para los que se encuentren en la situación contemplada en el inciso primero del artículo 4º de la ley Nº 11.986; del 42% para quienes estén en el caso del inciso segundo de la misma disposición y del 38% para quienes se aplique el inciso tercero. Para los funcionarios de las categorías, segunda y siguientes, estos porcentajes serán del 55%, 48%, 42% y 38% según se encuentren, respectivamente, en cualesquiera de los casos antes indicados. Para los funcionarios que figuren en la Escala de Sueldos del Personal Superior del Poder Judicial y no tengan derecho a percibirla conforme a las reglas precedentes, esta asignación será del 30%.

La referida asignación se calculará sobre el sueldo total señalado en la Escala respectiva o sobre la suma de dicho sueldo más las cantidades adicionales que correspondan por aplicación del mencionado artículo 4º de la ley Nº 11.986, en su caso.

Artículo 41.- Los cargos que se indican de la Judicatura Especial del Trabajo tendrán asignadas las siguientes categorías de la Escala de Sueldos del Personal Superior del Poder Judicial:

Artículo 42.- Facúltase al Presidente de la República para que con acuerdo de la Corte Suprema, modifique las disposiciones sobre competencia de los Tribunales del Trabajo, sometiéndoles el conocimiento de todas o algunas de las materias civiles de que conozcan los Tribunales Ordinarios y de Menores, pero sin que pueda reducir la competencia especial de aquéllos. En el ejercicio de esta facultad podrá extender la competencia de algunos tribunales, pudiendo quedar otros solamente con su competencia especial.

Artículo 43.- Los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía y el Juzgado de Letras de Menores del departamento Presidente Aguirre Cerda se elevan a las categorías de Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de capital de provincia y los funcionarios que desempeñen funciones en esos tribunales tendrán en el Escalafón Judicial y en la Escala de Sueldos fijada en el artículo 39 las categorías y grados correspondientes a la nueva categoría que se les asigna.

No regirá para el actual personal de estos Juzgados, en lo que le fuere aplicable, lo dispuesto por el inciso cuarto del artículo 252 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 44.- Elévanse a Juzgados de Letras de Mayor Cuantía los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Pica, Pedro de Valdivia, Andacollo, Salvador, Sewell, Coelemu, Talcahuano, Santa Juana, Laja, Los Lagos y San José de la Mariquina.

El personal de estos Tribunales tendrá en el Escalafón Judicial las categorías correspondientes al personal de los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de simple departamento y en las escalas de sueldos las siguientes categorías y grados:

Personal Superior

Sin embargo, las personas que actualmente desempeñen los cargos de Oficiales de Sala de estos Tribunales percibirán las rentas correspondientes al grado 6°, pero al quedar vacante cualquiera de estos cargos su provisión se hará en el grado 13° de la Planta de Servicios establecida en el artículo 34 de la ley N° 16.840.

Artículo 45.- Los cargos de Asistentes Sociales de los Juzgados de Letras de Menores o de los Tribunales Ordinarios que tengan, además, esa competencia especial y que funcionen en ciudades en que tenga su asiento una Corte de Apelaciones, tendrá la 6ª, categoría de la Escala de Sueldos del Personal Superior del. Poder Judicial, y los que se desempeñan en Juzgados que tengan su asiento en ciudades capital de provincia y en el departamento Presidente Aguirre Cerda, la 7ª categoría de dicha Escala.

A contar desde 1970, el gasto que demande el pago de las remuneraciones de los cargos de Asistentes Sociales de los Juzgados de Letras, creados por el artículo 13 de la ley N° 16.520, será de cargo fiscal.

Artículo 46.- Al producirse vacantes en los cargos que actualmente figuran en los grados 5º 6º y 7º de la Escala de Sueldos del Personal Subalterno del Poder Judicial, quedarán aquéllos suprimidos en dichos grados y pasarán a formar parte de la Planta de Servicios creada por el artículo 34 de la ley N° 16.840, en la siguiente forma:

Grado 9°.- Oficiales de Sala de los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de Santiago; Oficiales de Sala de los Juzgados de Menores de Santiago y Porteros de las Cortes del Trabajo;

Grado 10°.- Oficiales de Sala de los demás Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de Asiento de Corte de Apelaciones, Oficiales de Sala de los demás Juzgados de Menores, Oficial de Sala del Archivo Judicial de Santiago y Porteros de los Juzgados del Trabajo de 1ª Categoría;

Grado 11°.- Demás Oficiales de Sala de los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía;

Grado 12°.- Oficiales de Sala de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Santiago, Porteros de los Juzgados del Trabajo de 2ª Categoría, Oficiales de Sala de los Juzgados de Letras de Indios, Ascensoristas para los Palacios de los Tribunales de Santiago, Valparaíso y Concepción;

Grado 13°.- Demás Oficiales de Sala de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía, Porteros de los Juzgados del Trabajo de 3ª Categoría, Auxiliares de Aseo de los Palacios de los Tribunales de Santiago, Valparaíso y Concepción, Fogoneros de los Palacios de los Tribunales de Santiago, Valparaíso y Concepción y Porteros encargados del aseo y conservación de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Santiago.

La norma del inciso anterior no tendrá aplicación cuando el cargo vacante se proveyere con un funcionario que a la fecha de producirse la vacante ocupare algún cargo de los grados 5°, 6° y 7°.

Artículo 47.- Reemplázase en la letra a) del artículo 389 del D.F.L. N° 338, de 1960, las palabras "y el artículo 139" por las siguientes: "y los artículos 139 y 143".

Artículo 48.- Introdúcense en el Código Orgánico de Tribunales las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase el artículo 273, por el siguiente:

"Artículo 273.- Las Cortes de Apelaciones enviarán a la Corte Suprema en los últimos cinco días de cada año, un informe confidencial con la apreciación que les merezcan, en relación con lo que se expresa en los incisos primero y segundo del artículo 275, los Jueces de Letras de Mayor Cuantía, los Jueces de Letras de Menores, los Jueces de Letras de Indios, los Jueces de Letras de Menor Cuantía y los funcionarios auxiliares del respectivo territorio jurisdiccional de dichas Cortes, indicando, además, las medidas disciplinarias que se les hubiere impuesto.

En ese mismo plazo, el fiscal de la Corte Suprema enviará análogo informe a este tribunal, respecto de los fiscales de las Cortes de Apelaciones.

Si la apreciación de las Cortes o del fiscal de la Corte Suprema contuviere cargos contra algún funcionario, deberán ponerlos en su conocimiento mediante una comunicación escrita antes de enviar el informe, a fin de que el afectado formule sus descargos, lo que deberá hacer también por escrito. Estas comunicaciones serán igualmente confidenciales y los descargos se agregarán en todo caso al informe, cualquiera que sea en definitiva la apreciación que contenga respecto del funcionario.

El Presidente del Consejo General y los Presidentes de los Consejos Provinciales del Colegio de Abogados, concurrirán con derecho a voz a las deliberaciones que efectúen las Cortes de Apelaciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en este articulo.".

b) Reemplázase el artículo 274, por el siguiente:

"Artículo 274.- Para los efectos del artículo anterior, las Cortes de Apelaciones se reunirán en audiencias extraordinarias y secretas, que se celebrarán a horas distintas de las normalmente señaladas para las audiencias ordinarias.

Los acuerdos se tomarán por las Cortes con el voto conforme de la mayoría absoluta de los Ministros que asistan a la audiencia y, en caso de empate, decidirá el voto del que presida.

De los acuerdos a que se llegue se dejará constancia en un libro especial, que se mantendrá reservado.".

c) Reemplázase el artículo 275, por el siguiente:

"Artículo 275.- La Corte Suprema, una vez recibidos los informes a que se refiere el artículo 273, hará anualmente, en el mes de enero, una calificación general de los Ministros y Fiscales de las Cortes de Apelaciones, de los funcionarios indicados en los incisos primero y segundo de dicho artículo, y de sus relatores y secretarios, con el objeto de:

a) Resolver cuáles deben ser eliminados del servicio por no tener el buen comportamiento exigido por la Constitución o la eficiencia, celo y moralidad que se requieren en el desempeño de sus cargos, y

b) Formar tres listas con los funcionarios que deben permanecer en el servicio, que se denominarán lista número uno, lista número dos y lista número tres.

En la lista número uno colocará a los funcionarios que, además de tener moralidad intachable, reúnan cualidades sobresalientes de criterio y preparación jurídica, vocación profesional, laboriosidad y celo en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. En la lista número dos incluirá a los funcionarios moralmente intachables, que cumplan satisfactoriamente los deberes y obligaciones de su cargo y sean eficientes y celosos en su desempeño. La lista número tres la formará con los funcionarios que no posean en grado necesario las condiciones requeridas para figurar en la lista número dos, y con los funcionarios que, por las medidas disciplinarias que se les haya impuesto en el año anterior, la Corte Suprema considere conveniente que deban quedar en observación.

La eliminación del servicio de un Ministro o de un Juez en el caso de la letra a) del inciso primero, deberá acordarse en la forma que señala el artículo 85, inciso cuarto, de la Constitución Política del Estado, teniéndose como informes de la Corte de Apelaciones respectiva y del inculpado el informe y los descargos a que se refiere el artículo 273.

Tratándose de la eliminación de los demás funcionarios y de la formación de las listas, la Corte tomará sus acuerdos con el voto conforme de la mayoría de sus miembros presentes en la audiencia. En caso de empate, decidirá el voto del que presida.

La calificación no será susceptible de recurso alguno.".

d) Reemplázase el artículo 276, por el siguiente:

"Artículo 276.- Para efectuar la calificación, la Corte Suprema se reunirá diariamente en audiencias extraordinarias y secretas, a partir del cinco de enero o del día siguiente hábil, hasta terminar esa labor.

Regirá respecto de estas audiencias lo dispuesto en los incisos primero y tercero del artículo 274. En el libro que se indica en el último de dichos incisos se dejará constancia, además, de los funcionarios que se hayan incluido en cada una de las listas que la Corte debe formar.

Las eliminaciones del servicio serán comunicadas al Ministerio de Justicia, a las Cortes de Apelaciones, al fiscal de la Corte Suprema y al afectado, el cual podrá acogerse a jubilación sin necesidad de acreditar enfermedad que le impida su desempeño.

También serán comunicadas a esas mismas autoridades, lo que se hará mediante oficio confidencial, las listas que la Corte Suprema haya formado. Igual comunicación confidencial se dirigirá a cada funcionario, respecto de su inclusión en dichas listas.".

e) Reemplázase el artículo 277, por el siguiente:

"Artículo 277.- Se presumirá de derecho el mal comportamiento del funcionario que haya figurado por más de dos años consecutivos en la lista número tres. El afectado tendrá el plazo de treinta días, contado desde que haya recibido el oficio en que se le comunique la calificación, para renunciar a su cargo.

Si el funcionario no renunciare, será separado de su empleo, llenándose las formalidades que la Constitución y las leyes prescriben al efecto; pero los funcionarios a que se refiere el artículo 493 del presente Código, lo serán por el Presidente de la República con el solo mérito de la calificación hecha por la Corte Suprema.

En todo caso, el funcionario podrá acogerse a jubilación sin necesidad de acreditar alguna enfermedad que le impida continuar en el servicio.".

f) Reemplázase el artículo 278, por el siguiente:

"Artículo 278.- Los jueces de letras de mayor cuantía, los jueces de letras de menores, los jueces de letras de indios y los jueces de letras de menor cuantía efectuarán anualmente, durante la segunda quincena del mes de noviembre, una calificación de los empleados subalternos de dependencia a fin de:

a) Resolver cuáles deben ser eliminados del servicio por no tener el buen comportamiento, la eficiencia, el celo y la moralidad requeridos para el desempeño de sus cargos, y

b) Formar con los funcionarios que deben permanecer en el servicio análogas listas a las establecidas en el artículo 275.

Igual calificación efectuarán, en la misma época, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y los fiscales de estos Tribunales, respecto de sus empleados subalternos.

Las calificaciones hechas por los jueces indicados en el inciso primero se pondrán en conocimiento de los interesados, quienes podrán reclamar por escrito ante el Juez dentro del quinto día hábil contado desde su notificación y formular sus descargos en la misma reclamación.

La reclamación será resuelta, sin ulterior recurso, por la Corte de Apelaciones que corresponda, para cuyo efecto los jueces deberán elevar a dichas Cortes, conjuntamente y antes del 15 de diciembre, todas las calificaciones reclamadas.

Las calificaciones hechas por la Corte Suprema, por las Cortes de Apelaciones y por los fiscales de estos tribunales no serán susceptibles de recurso alguno.

En la oportunidad que señala el inciso cuarto, los jueces deberán comunicar a sus respectivas Cortes de Apelaciones las calificaciones que no hayan sido reclamadas. Estos tribunales las pondrán en conocimiento, a su vez, de la Corte Suprema, de las demás Cortes de Apelaciones, de los fiscales de dichas Cortes y del Ministerio de Justicia.

Lo dispuesto en la segunda parte del inciso anterior regirá también, en lo que sea aplicable, respecto de las calificaciones que hagan la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y los fiscales de estos tribunales, y del fallo de las reclamaciones a que se refiere el inciso tercero.

Las audiencias que celebren la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones para los efectos de este artículo, se regirán por lo dispuesto en el artículo 274, debiendo dejarse constancia en el libro a que allí se alude, de los empleados incluidos en cada una de las listas. Regirá, además, tratándose de las audiencias que celebren las Cortes de Apelaciones, lo prescrito en el inciso cuarto del artículo 273.

A los empleados subalternos que figuren más de dos años seguidos en la lista número tres, les será aplicable lo establecido en el artículo 277.".

g) Reemplázase el artículo 281, por el siguiente:

"Artículo 281.- En las presentaciones no podrán figurar funcionarios incluidos en la lista número tres ni los funcionarios a quienes, con posterioridad a la calificación anual, se hubiere aplicado medidas disciplinarias de censura por escrito, pago de costas, multas o suspensión de sus cargos; pero, si en conformidad al artículo 83 de la Constitución Política del Estado, alguno hubiere de figurar en la propuesta por antigüedad, en ella se dejará constancia de hallarse incluido en dicha lista o de habérsele aplicado alguna de las medidas disciplinarias antes mencionadas.

Los funcionarios figurarán en la propuesta por orden estricto de antigüedad, debiendo consignarse la lista en que se encuentren incluidos.",

h) Agrégase al artículo 294, como inciso primero, el siguiente:

"Artículo 294.- En las ternas para el nombramiento de empleados del Escalafón del Personal Subalterno no podrán figurar empleados incluidos en la lista número tres, ni tampoco aquellos a quienes se haya sancionado disciplinariamente, con posterioridad a la última calificación, con censura por escrito, multas o suspensión de sus cargos. Los empleados que figuren en ellas se colocarán por orden de antigüedad, indicándose la lista en que estén incluidos.".

i) Suprímese en el actual inciso primero del artículo 294, que pasa a ser inciso segundo, la frase "para el nombramiento de empleados del Escalafón Subalterno" y la coma que la sigue:

j) Suprímese en el inciso final del artículo 384 la expresión "de Menor Cuantía".

Artículo 49.- Introdúcense a la ley Nº 16.272, sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, las siguientes modificaciones:

1.- Sustituyese, en el N° 7 del artículo 9°, el guarismo "Eº 1,91" por "E° 55".

2.- Agréganse al artículo 9° los siguientes números:

"Nº 8.- El patrocinio de abogado, sea que se designe un abogado patrocinante o se asuma el propio patrocinio, pagará el siguiente impuesto:

En gestiones de jurisdicción voluntaria, en juicios de cuantía indeterminada o en aquellos no susceptibles de apreciación pecuniaria y en los de cuantía hasta Eº 5.000, Eº 10.

En juicios de cuantía superior a Eº 5.000 y hasta E° 10.000, E° 20.

En juicios de cuantía a superior a Eº 10.000, E° 30.

Este impuesto será de cargo exclusivo del abogado patrocinante.

Nº 9.- La recusación de los abogados integrantes de la Corte Suprema, pagará el impuesto de E° 200, y la de los abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones, E° 150.

N° 10.- La suspensión de la vista de la causa en la Corte Suprema, pagará el impuesto de E° 200, y en las Cortes de Apelaciones, E° 100. Si la suspensión fuere de común acuerdo, se pagará el doble del impuesto."

3.- Sustitúyese el punto aparte (.) con que termina el inciso segundo del artículo 14 por un punto y coma (;), y agrégase la siguiente frase: "además, el acta de protesto de toda letra de valor superior a E° 100, estará afecta a un impuesto fijo de E° 10."

4.- Agrégase al artículo 14, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso:

"Sin perjuicio de los impuestos establecidos en el inciso anterior, la inscripción de vehículos motorizados en el registro correspondiente pagará un impuesto de Eº 100."

5.- Agrégase al artículo 14, a continuación del inciso quinto, el siguiente inciso:

"Sin perjuicio de los impuestos que correspondan de acuerdo con los incisos precedentes, toda escritura pública o inscripción que practiquen los Conservadores de Bienes Raíces, Comercio y Minas estará gravada, cualquiera que sea el número de hojas de protocolo o registro que ocupe, con un impuesto de E° 10, y toda copia o certificado que otorguen los mismos funcionarios, los Archiveros y el Conservador de Vehículos Motorizados, cualquiera que sea el número de hojas que ocupe, estará gravada con un impuesto de Eº 1."

Artículo 50.- Auméntase en un 5 % todas las multas que se pagan en el país por infracciones a leyes, decretos leyes, decretos con fuerza de ley, reglamentos u ordenanzas municipales.

Artículo 51.- El mayor gasto que demande la aplicación de las disposiciones del presente Título se financiará en parte con el rendimiento o mayor rendimiento de los impuestos que se crean o aumentan en el artículo 49, con el proveniente del recargo de las multas, a que se refiere el artículo 50, y el exceso, con cargo a la provisión del ítem 006 del Presupuesto Corriente del Ministerio de Hacienda.

Artículo 52.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 28 de la ley Nº 14.550, agregado por el artículo 15 de la ley N° 15.267, el beneficio a mayor sueldo que se le hubiere reconocido o se le reconozca, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 4° de la ley N° 11.986, a los empleados de la 5º y 6º categorías de la escala de sueldos del personal subalterno del Poder Judicial, será igual a la diferencia que exista entre ambas categorías, y la misma diferencia corresponderá a los empleados de la 7ª categoría a quienes se les ha reconocido o se les reconociere el mismo derecho por haber transcurrido quince años sin ascender.

Artículo 53.- Derógase el artículo 6° de la ley N° 15.632.

Artículo 54.- Para los efectos de la aplicación del artículo 127 de la ley N° 11.764, se entenderá por sueldo mensual de los Ministros del respectivo tribunal el que corresponda según la escala del artículo 39, incrementado con la asignación especial que perciba un Ministro que no goce de derecho a sueldo de la categoría o grado superior.

Artículo 55.- Facultase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 60 días, contado desde la vigencia de la presente ley, fije el texto refundido de las disposiciones que han establecido las categorías o grados que en las escalas de sueldos ocupa el personal superior, subalterno y de servicios del Poder Judicial y de las que han concedido y reglamentado el beneficio de derecho a sueldo de la categoría o grado superior para los mismos funcionarios.

TITULO IV

Disposiciones varias.

Artículo 56.- No se aplicará a la Empresa Nacional del Petróleo el decreto con fuerza de ley Nº 68, de 1º de febrero de 1960, ni el artículo 74 de la ley N° 15.575.

Los acuerdos del Directorio de la Empresa Nacional de Petróleo que aprueben las plantas del personal y sus remuneraciones, deberán tomarse con el voto favorable del Ministro de Minería.

Artículo 57.- Las Cajas de Previsión cancelarán a los jubilados y montepiadas el reajuste otorgado por la presente ley en forma automática, sin necesidad de requerimiento del interesado.

Artículo 58.- La Caja de Previsión de los Empleados Particulares, la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, Sección Empleados y Oficiales; la Caja Bancaria de Pensiones, la Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco de Chile, la Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile, la Caja de Previsión de los Empleados del Banco Central de Chile, la Caja de Previsión de Empleados de la Empresa de Agua Potable de Santiago y la Sección Previsión de la Caja de Amortización, aplicarán conjuntamente con el reajuste general correspondiente al año 1970, un reajuste extraordinario de un 20% a las pensiones y montepíos de hasta 2 sueldos vitales.

Las pensiones inferiores a 2 sueldos vitales más un 20%, recibirán como reajuste extraordinario, la diferencia entre la pensión y 2 sueldos vitales más 20%.

Las Cajas de Previsión pagarán este reajuste extraordinario, hasta la concurrencia de sus disponibilidades.

Artículo 59.- A contar de la fecha de vigencia de la presente ley y para el solo efecto de la aplicación de la ley Nº 6.922 y sus modificaciones posteriores, se entenderá que el sueldo base que corresponde al Ministro de la Corte Suprema es el sueldo unitario mensual incluidas las asignaciones imponibles que no sean asignaciones por años de servicios.

Sólo por ley se podrán establecer asignaciones permanentes, cualquiera sea su naturaleza o finalidad, en favor de los parlamentarios.

Artículo 60.- Las patentes de negocios de alcoholes, clasificadas en las letras A), E) y F) del artículo 130 de la ley; N° 17.105, vigentes al 31 de julio de 1968, serán renovadas por la Municipalidad que corresponda previo pago por una sola vez de un recargo de 50%.

Este beneficio deberá impetrarse dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de esta ley.

Artículo 61.- Establécese una tasa adicional de un medio por mil, durante los años 1970, 1971, 1972 y 1973, a las contribuciones de bienes raíces, la que será a beneficio municipal.

Los mayores recursos provenientes de lo dispuesto en el inciso anterior no podrán ser destinados al pago de remuneraciones o a solventar gastos previsionales ni serán considerados presupuestariamente para el cálculo del porcentaje de los presupuestos municipales que deben asignarse a esos objetivos.

Artículo 62.- Autorízase a los habilitados, empresarios o pagadores de las reparticiones, servicios, organismos o empresas del sector privado, del sector público, simifiscales, de administración autónoma o municipales para descontar, con fines sociales, de las remuneraciones o pensiones de los trabajadores, imponentes o beneficiarios, previa autorización de las Asambleas respectivas, la cuota social mensual que éstos deban cancelar a la Central Única de Trabajadores.

En todo caso, no procederá este descuento cuando el interesado manifieste expresamente su negativa ante el habilitado, patrón o empleador.

Artículo 63.- Declárase cumplida la obligación mencionada por el artículo 28 de la ley Nº 17.073, con las compensaciones efectuadas hasta el 30 de junio de 1969.

Artículo 64.- La Corporación de Fomento de la Producción, entregará el saldo no invertido durante el año 1969 de la ley Nº 15.689, de 29 de septiembre de 1964, para conexiones domiciliarias de alcantarillado y agua potable en la provincia de OHiggins, con cargo a los recursos correspondientes a dicha provincia, a la Dirección de Servicios Sanitarios del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, con el fin de cancelar la deuda que tiene la Cooperativa de Autoconstrucción y Servicios Habitacionales "Los Alpes Ltda", de Rancagua, por concepto de agua potable. Si ello no fuere suficiente, la Corporación de Fomento de la Producción enterará el total que falte de los fondos correspondientes, de la misma ley para el año 1970.

Artículo 65.- Declárase de interés social la expropiación del inmueble ubicado en La Serena, calle Arturo Prat Nº 410, esquina de Carrera, que, según sus títulos inscritos, deslinda: Norte, propiedad de la Casa de Ejercicios; Sur, calle Arturo Prat; Oriente, sucesión Piñeira, y Poniente, calle Carrera.

Facúltase al Presidente de la República para que expropie el inmueble referido, con cargo a los recursos que la Universidad de Chile dispone para su adquisición, y para que lo transfiera gratuitamente a esa Corporación.

La indemnización consistirá en el pago al contado de una suma equivalente al actual avalúo fiscal del inmueble.

Artículo 66.- El personal de obreros y empleados de la Junta de Adelanto de Arica podrá organizarse en Sindicatos Industriales o Profesionales de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Títulos II y III del Código de Trabajo y sus modificaciones posteriores.

Disposiciones transitorias

Artículo 1º.- Dentro de los noventa días siguientes a la promulgación de la presente, la Corte Suprema deberá dictar, mediante un auto acordado, un reglamento para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 273, 275 y 278 del Código Orgánico de Tribunales. Este reglamento deberá ser publicado en el Diario Oficial, regirá desde la fecha de su publicación y no podrá ser modificado o derogado sino por ley.

Artículo 2º.- Todas las modificaciones al Código Orgánico de Tribunales introducidas en el artículo 48 regirán a partir del proceso calificatorio de 1970, a excepción de las modificaciones a los artículos 281 y 294, que regirán una vez que dicho proceso correspondiente a 1970 estuviere afinado.

Artículo 3º.- La primera diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del Título III de la presente ley ingresará a la Caja de Previsión en seis cuotas mensuales iguales a contar del 1º de enero de 1970.

Artículo 4º- Las siguientes disposiciones de esta ley tendrán vigencia desde las fechas que se indican:

a) Los artículos 39, 40, 41, 45, 52, 53 y 54, desde el 1º de enero efe 1970;

b) Los artículos 43 y 44, desde el 1º de enero de 1970, en cuanto asignan a los funcionarios nuevas categorías o grados en las escalas de sueldos, y desde el día primero del mes siguiente al de publicación de la ley, en cuanto fijan a los mismos funcionarios nuevas categorías en el Escalafón del Personal Judicial y para los efectos de la aplicación de las disposiciones legales que correspondan sobre competencia de los Tribunales.".

Sala de las Comisiones Unidas, a 21 de diciembre de 1969.

?SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBIERNO Y HACIENDA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE REAJUSTA LAS REMUNERACIONES DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO.

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones Unidas de Gobierno y Hacienda tienen el honor de entregaros su segundo informe reglamentario acerca del proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los sectores público y privado.

Para el estudio de las indicaciones que en este trámite nos corresponde informar, vuestras Comisiones debieron sesionar ininterrumpidamente desde las 10.30 del viernes 19 del presente hasta las 4.15 del sábado 20. A esta sesión concurrieron, además, los Honorables Senadores señores Altamirano, Chadwick, Luengo y Valente; los Diputados señores "Pareto y Schnake; los señores Ministros de Hacienda, de Justicia, de Minería y del Trabajo y Previsión Social; los señores Subsecretarios de Hacienda, de Justicia y de Trabajo; el señor Superintendente de Seguridad Social; el señor Fiscal de la Empresa Nacional de Minería y funcionarios del Ministerio de Hacienda.

Para los efectos de lo establecido en el artículo 106 del Reglamento, dejamos constancia de lo siguiente:

I.- Artículos del proyecto aprobado en nuestro primer informe que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: 3º, 4º, 6º, 9º, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24; 26 -pasa a ser 28-; 27 -pasa a ser 29-, 29 -pasa a ser 31-, 31 -pasa a ser 33-, 32 -pasa a ser 34-, 33 -pasa a ser 35- y 35 -pasa a ser 37.

II.- Artículos que fueron objeto de indicaciones rechazadas: 22 (indicaciones 17, 18, 19 y 20) y 30 -pasa a ser 32- (indicación 24).

III.- Artículos que fueron objeto de indicaciones aprobadas: 1º (indicación 1), 2º (indicaciones 2 y 2 bis), 5º (indicaciones 3 y 3 bis), 7º (indicación 4 e indicaciones 5 y 6, refundidas), 8° (indicación 7), 14 (indicaciones 8 y 9), 21 (indicación 12), 23, 25 (indicación 23), 28 -pasa a ser 30-, y 34 -pasa a ser 36- (indicación 27).

IV.- Artículos nuevos aprobados en este trámite: 26, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66, y 1º, 2º, 3º y 4º transitorios.

V.- Indicaciones aprobadas: 1 (parcialmente), 2, 2 bis, 3, 3 bis, 4; 5 y 6 (refundidas), 7; 8 y 9 (parcialmente), 12, 23, 27, 32, 33, 39, 40; 43 y 44 (parcialmente), 52 y 53 (parcialmente), 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; 71 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, XII, XXVII, XLIX, LXXII, LXXXV y 20ª.

VI.- Indicaciones rechazadas: 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51; 55 y 57.

VII.- Indicaciones rechazadas parcialmente: 1, 8, 9, 43, 44, 52 y 53.

VIII.- Indicaciones retiradas: 10, 10 bis, 11, 14, 31, 47, 54, 56 y 57 bis.

Las indicaciones formuladas durante la discusión general constan del Boletín N° 24.800, que forma parte integrante de este informe.

Por consiguiente, deben darse por aprobados sin debate los artículos indicados en el Nº I, y los del N9 II, siempre que las indicaciones de que fueron objeto no sean renovadas en su oportunidad.

Las modificaciones introducidas a los artículos individualizados en el Nº III y los artículos del N9 IV deben discutirse y votarse, como asimismo las indicaciones señaladas en los Nºs. VI y VII, siempre que ellas fueren renovadas en forma reglamentaria.

Como os lo expresamos en el primer informe, el objeto de esta iniciativa es conceder reajustes a los personales de los sectores público y privado.

En cuanto a los primeros, aquél es de un 28% de sus remuneraciones permanentes, más el aumento del D.F.L. Nº 1, de 1969; no obstante, si el índice de precios al consumidor en 1969 registra un alza superior al 29,5%, dicho reajuste se incrementará en tantos puntos y fracciones como sean los que excedan ese guarismo. Además, se incrementa la asignación familiar en un porcentaje equivalente al que registre el índice del costo de vida y se otorga una asignación complementaria de Eº 20 por carga. Según lo expresado por el señor Ministro de Hacienda y por los personeros de la Central Unica de Trabajadores, todo ello significa que el monto' real del reajuste general propuesto no será en ningún caso inferior al 32 o 33% de las actuales rentas y que, en promedio, alcanzará a un 40% de ellas. Se da también a este sector una imponibilidad que para ningún Servicio de la Administración del Estado puede ser inferior al 70% de las remuneraciones efectivas de que gozan sus empleados.

Respecto del sector privado, el reajuste equivaldrá al ciento por ciento del alza del costo de la vida en 1969 y el salario mínimo obtendrá un aumento del 60,4% al fijarse en E9 1,50 la hora de trabajo.

En este trámite, a vuestras Comisiones les correspondió considerar un apreciable número de indicaciones formuladas al articulado del proyecto o que proponen artículos nuevos. Estas tienden a perfeccionar, aclarar y precisar ciertas disposiciones, pero no alteran las bases fundamentales de la iniciativa de ley que nos preocupa.

Así, por ejemplo, en relación con el sector público, se estableció que la bonificación de Eº 20 por carga familiar favorecerá también a los pensionados de las instituciones comprendidas en el reajuste general; se incorporó expresamente la asignación de 7,5% creada en la ley N° 16.840 al sueldo base de los empleados semifiscales (indicación N° 3) y a las escalas de sueldo del personal de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (indicación N° 3 bis). Se señaló, además, que el nuevo sistema de imponibilidad previsto en el artículo 59, no lesionará los derechos de quienes actualmente gozan de una imponibilidad superior (indicaciones Nºs. 5 y 6).

Si bien el proyecto no sufrió alteraciones sustanciales respecto de las normas derivadas de los acuerdos suscritos por el Supremo Gobierno y la Central Unica de Trabajadores u otras instituciones gremiales, por la vía de la indicación se introdujeron reformas de importancia al financiamiento del proyecto. Además, el Ejecutivo agregó una serie de normas sobre reajustes al Poder Judicial y enmiendas al Código Orgánico de Tribunales que, sin duda, constituyen un conjunto orgánico de disposiciones que pueden estimarse un proyecto separado.

Dada la trascendencia de estas dos últimas materias, expondremos en forma previa su significado y alcance.

A) Normas relativas al Poder Judicial.

El señor Ministro de Justicia destacó que esta iniciativa otorga al Poder Judicial un reajuste complementario, además del general que le corresponde. Este tipo de aumento que, desde hace tiempo ha venido otorgándosele, le ha significado un mejoramiento real de las remuneraciones. Explicó que ello puede comprobarse comparando sus actuales rentas con las que percibía este personal en 1964. Así, un Ministro de la Corte de Apelaciones ganaba en ese año 8,54 sueldos vitales; un Juez de Letras de departamento, 5,48 sueldos vitales, y un Secretario de Juzgado de departamento, cargo con que se ingresa al Servicio, 3,91 sueldos vitales. Las remuneraciones de estos funcionarios en 1969, corresponden a 11, 29, 8, 19 y 6, 13 sueldos vitales, respectivamente.

Como consecuencia de las nuevas disposiciones, las rentas del personal superior del Poder Judicial se incrementan, en promedio, al 1º de enero de 1970, en el 90,8% respecto de las de 1964, y las del personal subalterno en el 58,9%.

Por otra parte, agregó que estas normas corresponden al cumplimiento de un acuerdo logrado, con la mediación del Colegio de Abogados, con motivo del conflicto gremial suscitado por el personal del Poder Judicial.

Las bases de dicho convenio son las siguientes:

1.- Una nueva escala de sueldos para el personal superior del Poder Judicial, que equivale al aumento general del 28 % otorgado al personal de la Administración Pública;

2.- La asignación de incompatibilidad para el personal superior, que era del 20%, pasa a tener los siguientes montos, a partir del 1º de enero de 1970: para los funcionarios fuera de categoría y de la primera categoría, es decir, Ministros de Corte Suprema y de Apelaciones, un 50% cuando no gocen del derecho al sueldo de la categoría o grado superior; un 46 % para los que gocen de este mayor sueldo; un 42 % para los que gocen del sueldo de dos grados o categorías superiores, y un 38% para los que gocen del sueldo de tres grados o categorías superiores.

La escala anterior eleva el sueldo de un Ministro de Corte Suprema, sin quinquenios, a Eº 10.278.

Para las categorías 2ª a 8ª, ambas inclusive, del escalafón superior, estos porcentajes serían del 55%, 48%, 42% y 38%, respectivamente.

Con relación a la escala de sueldos del personal subalterno, habría un reajuste especial, adicional al 28% del alza del costo de la vida, del 30% para las categorías 5ª, 6ª y 7ª y del 35% para los grados 1º a 3º.

Además, el proyecto contiene diversas disposiciones que se refieren a las siguientes materias:

a) Nivelación de la Judicatura del Trabajo con la Ordinaria y extensión de la competencia de aquélla a algunas materias de carácter civil.

Sobre el último punto, el señor Ministro expresó que la iniciativa otorga al Presidente de la República la facultad de modificar, previo informe de la Corte Suprema, las normas sobre competencia de los Tribunales del Trabajo, otorgándoles el conocimiento de todas o algunas de las materias civiles de que conozcan los Tribunales Ordinarios y de Menores, pero sin reducir la competencia especial de aquéllos. De esta manera, se desea crear un sistema flexible que permita incorporar a los Tribunales del Trabajo materias de la competencia de los Tribunales civiles. Ello en atención al excesivo volumen de causas que éstos atienden, de acuerdo con la repartición territorial y que es muy superior al de los Juzgados del Trabajo, los que en la mayor parte de los departamentos representan una capacidad ociosa.

En cuanto a este particular, se adjuntan las siguientes estadísticas judiciales de Cortes del Trabajo y Juzgados Especiales del ramo:

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CORTES DEL TRABAJO

b) Los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía y el Juzgado de Letras de Menores del departamento Pedro Aguirre Cerda se elevan a la categoría de Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de provincia, y los funcionarios que se desempeñan en ellos tendrán las categorías y grados correspondientes a la nueva categoría que se les asigna.

c) Se contiene una disposición especial respecto de los cargos de asistentes sociales de los Juzgados de Letras de Menores o de los Juzgados Ordinarios que tengan, además, esa competencia especial y que funcionen en ciudades asiento de Corte de Apelaciones.

Estos funcionarios tendrán la 6ª categoría de la escala de sueldos del personal superior del Poder Judicial, y los que se desempeñan en Juzgados que tengan su asiento en ciudad capital de provincia, y en el Departamento Pedro Aguirre Cerda, la 7ª categoría de la misma escala.

d) Por último, se establece que los Juzgados rurales de Menor Cuantía se elevan a Juzgados de Letras de Mayor Cuantía.

Además de las normas señaladas, se establecen otras que modifican el sistema de calificaciones del Poder Judicial, las que tienden a mejorar la calidad de sus componentes.

El señor Ministro manifestó que hay consenso en estimar que el actual sistema de calificaciones del Poder Judicial no permite realizar estas aspiraciones.

Por lo demás, agregó, las normas propuestas responden a los principios generales aprobados por la Comisión de Reformas Judiciales que, con representación de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones y del Colegio de Abogados, funcionó durante el año 1965 y 1966 en el Ministerio de Justicia.

El sistema de calificaciones vigente consiste en la formación de dos grupos de funcionarios: uno, por aquellos funcionarios que carecen de los requisitos de celo, eficiencia y moralidad y que, por lo tanto, deben ser eliminados del Servicio, y otro, por todos los que permanezcan en él, sin resaltar en forma alguna su preparación, competencia o capacidad para el cargo.

Al respecto, se propone un sistema similar al del Estatuto Administrativo, que consiste en una lista de eliminación y otras tres listas en las que se colocará a los funcionarios que permanezcan en el Servicio

La figuración en lista 3, por dos años consecutivos, es causal de eliminación, y en las listas 2 y 3, impide la promoción a un cargo superior. De este modo, para integrar una terna o propuesta para la provisión de un cargo judicial será requisito figurar en la lista 1, con excepción de los que deben figurar en ella en en razón de su antigüedad y para los cuales la Constitución Política del Estado reserva forzosamente un lugar.

B) Costo y financiamiento del proyecto.

1) Cálculo sobre gastos estimativos.

El costo del proyecto aprobado en nuestro primer informe, aumentó en E° 31.74 millones, correspondientes al reajuste especial al Poder Judicial incorporado en este trámite.

En consecuencia, aquél subió de E° 2.359,50 millones a E° 2.891,24 millones. Además, si se considera el proyecto especial de mejoramiento de rentas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, se concluye que el costo total de los reajustes de remuneraciones contenidos en ambas iniciativas sube de E9 4.063,20 millones a E° 4.094,94 millones.

Las diferencias anotadas se indican en el cuadro siguiente:

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COSTO TOTAL REAJUSTE REMUNERACIONES SECTOR PUBLICO

2) Cálculos sobre rendimiento de ingresos.

Respecto de los ingresos fiscales aprobados en el primer informe, se entregaron estimaciones de rendimiento en relación a la modificación de aranceles que permitirá la aclaración de que la cobertura diferida no constituye régimen especial de importación, lo que produciría Eº 50 millones, como ya se señalara en dicha oportunidad.

Sin embargo, no se dispuso de antecedentes auténticos en cuanto a los rendimientos de la modificación del impuesto especial a las exportaciones de cobre no refinado de la pequeña y mediana minería, de la participación fiscal en el sobreprecio de venta del mismo metal producido por esta última, de la declaración de que la exención tributaria de pleno derecho establecida en el artículo 3º de la ley Nº 16.528 y otras disposiciones no constituye exención del impuesto establecido en los artículos 134 y siguientes de la ley Nº 15.575, y de la derogación de la franquicia del impuesto global complementario por concepto de capitalización en las empresas constructoras de viviendas económicas.

Sin perjuicio de lo anterior, la modificación del impuesto de timbre fijo a las letras de cambio y el alza del impuesto especial a la primera venta de automóviles nuevos -según se explicará más adelante -producen Eº 76 millones, con lo cual el déficit estimado del presente proyecto se reduciría de los Eº 106 millones señalados en nuestro primer informe a sólo Eº 30 millones, los cuales, de acuerdo con las cifras dadas en la Honorable Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional de esta iniciativa, serían ampliamente cubiertos con los productos de los tributos mencionados en el párrafo precedente.

En consecuencia, puede afirmarse que la presente iniciativa se encuentra financiada en términos generales, y que, asimismo, el reajuste especial del Poder Judicial y Sindicatura de Quiebras, poseen rendimientos suficientes, propuestos por el Ejecutivo, que serán analizados en su oportunidad.

II

Costo y financiamiento del reajuste especial al Poder Judicial y Sindicatura General de Quiebras.

Como ya lo expresamos, este reajuste especial agregado al proyecto por la vía de la indicación, significa un gasto del orden de los 31,74 millones de escudos.

El Ejecutivo ha propuesto financiar dichos aumentos, con dos clases de recursos:

a) Modificaciones a la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, que rinden una utilidad de E° 24,05 millones, y

b) Alza del 5% de todas las multas que se paguen por infracciones a leyes, decretos leyes, decretos con fuerza de ley, reglamentos u ordenanzas municipales, que producen E° 7 millones.

Las modificaciones a la Ley de Timbres afectan a sus artículos 99, sobre impuestos a las actuaciones judiciales, y 14, relativo a impuestos a las actuaciones de los Notarios, Conservadores, Archiveros y Receptores Judiciales, que se analizarán separadamente:

a) Modificaciones al artículo 9º

1) Alza del impuesto al mandato judicial de E° 1,91 a E° 5. Rinde E° 750.000 y es la única modificación de un tributo vigente en esta disposición.

2) Impuesto al patrocinio.- Es un tributo nuevo, que grava el patrocinio judicial, sea en forma de designación de abogado patrocinante o asunción del propio patrocinio, con tasas de Eº 10, Eº 20 y Eº 30, según la cuantía del asunto ; es de cargo exclusivo del abogado patrocinante, y rinde E9 5 millones.

3) Impuesto a la recusación de abogados integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia. Este impuesto grava una actuación judicial hasta ahora exenta, con una tasa de E9 150 en el caso de los integrantes de las Cortes de Apelaciones y de E° 200 en el de los de la Corte Suprema. Produce E9 100.000.

4) Impuesto a la suspensión de la vista de la causa. Esta actuación pagará, en lo sucesivo, en las Cortes de Apelaciones E9 100, y en la Corte Suprema E° 200 en calidad de tributo, el cual producirá Eº 1.200.000.

El señor Subsecretario de Justicia expresó que este gravamen, al igual que el anterior, no sólo tiene un objetivo fiscalista en el sentido de allegar nuevos recursos al Estado, sino también uno estrictamente judicial, que es agilizar la administración de justicia. En efecto, agregó, la recusación sin expresión de causa de los abogados integrantes y el mal hábito de suspender la vista de las causas origina atochamientos y retrasos en los Tribunales que, mediante estas normas, se tratan de eliminar.

En consecuencia, las modificaciones al artículo 9° rinden E° 7,05 millones.

b) Modificaciones al artículo 14.

1) Impuesto a la inscripción de vehículos motorizados en el registro correspondiente. Esta disposición grava con E9 100 el acto mencionado, sin perjuicio de la tasa fija de E9 2,54 en cada hoja del registro o en el documento de que se trata, que era la que se aplicaba hasta ahora. Produce Eº 2 millones.

2) Nuevo impuesto a las actas de protesto de letras. La presente norma establece que las actas de protesto de toda letra de valor superior a E9 100 estarán afectas a un impuesto fijo de Eº 10, el cual se aplicará además de los gravámenes existentes, que consisten en una suma básica variable en relación al monto del documento y, asimismo, en las superiores a E° 1.000, un 1% por cada escudo o fracción de exceso.

El nuevo impuesto rinde E° 10.000.000.

3) Nuevo impuesto a toda escritura pública o inscripción que practiquen los Conservadores de Bienes Raíces, de Comercio y de Minas, y a toda copia o certificado que otorguen los mismos funcionarios, los Archiveros y el Conservador de Vehículos Motorizados.

El tributo a la primera clase de actuaciones grava en Eº 10 a cada una de ellas, y el que recae en la segunda, en Eº 1 a cada una, cualquiera sea -en ambos casos- el número de hojas que ocupen, sin perjuicio del impuesto de Eº 0,64 por hoja de las copias autorizadas, ni de la tasa fija de Eº 2,54 señalada en el Nº 1) precedente.

Este nuevo impuesto rinde Eº 5.000.000.

En consecuencia, las modificaciones al artículo 14 producen 17 millones de escudos.

Por su parte, el aumento de un 5% de todas las multas que se pagan en el país por infracciones a leyes, decretos leyes, decretos con fuerza' de ley, reglamentos u ordenanzas municipales, debe relacionárselo con los anteriores recargos de 10%, en cada caso, contenidos en las leyes que crearon la Editorial Jurídica de Chile y el Fondo de Construcciones para el personal del Poder Judicial.

Para mayor claridad de lo expresado anteriormente respecto del financiamiento de los reajustes al Poder Judicial, se transcribe el cuadro siguiente:

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LEY DE TIMBRES.

Pasamos, en seguida, a referirnos a los acuerdos adoptados por vuestras Comisiones respecto de las indicaciones formuladas al proyecto de nuestro primer informe.

INDICACIONES APROBADAS FORMULADAS AL ARTICULADO DEL PROYECTO

Artículo 1º

A indicación de los Honorables Senadores señores Allende, Altamirano y Rodríguez modificada por la unanimidad de vuestras Comisiones, se acordó eliminar del inciso cuarto del artículo la mención hecha al personal retirado de las instituciones excluidas de este artículo.

Para ello se estimó suficiente con que este artículo se refiera al reajuste de remuneraciones del sector activo, ya que los pensionados con perseguidora aumentan sus rentas de acuerdo con las de su similar en actividad y los demás de conformidad a las normas sobre revalorización de pensiones.

Artículo 2º

El inciso primero de este artículo reajusta las asignaciones familiares de personal del sector público, en la forma que ya se ha explicado.

Por unanimidad, se aprobó la indicación (N° 2) del señor Ministro de Hacienda, para excluir de esta norma a los funcionarios de los organismos descentralizados, en atención a que éstos gozan de un sistema especial de asignaciones por este concepto.

El inciso segundo establece la bonificación de E° 20 por cada una de las asignaciones expresadas en el inciso anterior.

También por unanimidad, se aprobó una indicación (N° 2 bis) del señor Ministro de Hacienda, para hacer extensivo el beneficio a los pensionados de las respectivas instituciones.

A petición del Honorable Senador señor Miranda, se acordó dejar constancia de que si bien el personal del magisterio afecto al artículo 3º de la ley N° 16.930 no es favorecido por esta norma, el señor Ministro de Hacienda se comprometió ante las Comisiones a hacer los estudios necesarios para esclarecer si dicho personal contribuirá también a la formación del fondo que hará posible el pago de dicho emolumento, caso en el cual les otorgará éste. Como se recordará, los funcionarios que recibirán un reajuste de sólo 28%, aunque el alza del costo de la vida llegue probablemente a un 29,5%, sacrificarán el 1,5% de diferencia para ese objetivo.

Artículo 5º

El inciso tercero incorpora la asignación de 7,5% establecida en el artículo 1º de la ley N° 16.840, al sueldo de los funcionarios no afecto al D.F.L. N° 40, de 1959 (escala ANEF), en la misma proporción en que son imponibles sus remuneraciones.

El señor Ministro de Hacienda formuló indicación (N° 3) con el objeto, manifestado por el señor Subsecretario de Hacienda, de que quede claramente establecido que para el personal semifiscal dicho beneficio se incorporará al sueldo.

Por unanimidad, y sobre la base de lo aseverado por el representante del Ejecutivo, vuestras Comisiones acogieron esta modificación.

En seguida, y también por unanimidad, se acogió otra indicación (N° 3 bis) del mismo señor Ministro, a fin de asimilar la situación de losfuncionarios de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado a los de las instituciones afectas a la escala ANEF, que incorporarán al sueldo la totalidad del citado 7,5%.

Artículo 7º

En primer término se aprobó una indicación (N° 4), de los Honorables Senadores señores Allende y Altamirano, para corregir, en el inciso primero, un error de forma en que se incurrió en la Honorable Cámara de Diputados al despachar el proyecto.

A continuación, se aprobaron las indicaciones (Nºs, 5 y 6) de los señores Ministro de Hacienda y Altamirano, respectivamente, que tienen por objeto que esta disposición que eleva la imponibilidad de las remuneraciones del personal de la administración civil del Estado a un 70%, no lesione a aquellos funcionarios que en la actualidad gozan de una imponibilidad superior.

Artículo 8°

La letra a) sustituye el artículo 7° de la ley Nº 15.076, Estatuto del Médico Funcionario, con el objeto de elevar a un sueldo vital para Santiago el sueldo base mensual de estos funcionarios por cada hora diaria de trabajo.

Por unanimidad, se aprobó la indicación N° 7, del Honorable Senador señor Allende, cuya finalidad es dejar vigente la norma contenida en el inciso tercero del artículo que se sustituye, según la cual estos profesionales podrán convenir con los empleados particulares remuneraciones superiores a las establecidas en el precepto legal que se modifica.

El señor Ministro de Hacienda hizo presente su reserva respecto de la indicación aprobada, ya que ella, a su juicio, altera un acuerdo entre el Gobierno y el Colegio Médico.

Artículo 14

El inciso segundo establece que al personal de las instituciones enumeradas en el artículo 239 de la ley N° 16.840, entre las cuales se incluye el Consejo General del Colegio de Abogados, sólo le corresponderá el reajuste del sector público.

Por unanimidad, se acogieron las indicaciones números 8 y 9, de los Honorables Senadores señores Chadwick, García y Sule, que facultan al citado Consejo para reajustar las remuneraciones de su personal en la medida que lo permita su presupuesto. No obstante, a proposición del Honorable Senador señor Silva y del señor Subsecretario de Justicia, se modificó la iniciativa en el sentido de consignar que el Consejo debía dar preferencia al otorgar un reajuste superior a los funcionarios con dedicación exclusiva. Además, se estableció que el ejercicio de la facultad que a este organismo se concedía no alteraría la proporción que actualmente existe entre los recursos destinados al Servicio de Asistencia Judicial y a las demás finalidades del Consejo.

Artículo 21

Introduce modificaciones al Nº 2 del artículo 136 de la ley Nº 15.575, para disponer que las exportaciones de la pequeña y mediana minería del cobre estarán exentas del impuesto de 2 centavos de dólar por libra exportada cuando la Empresa Nacional de Minería certifique que no hay en Chile capacidad de fundición o de refinación.

Por unanimidad, se aprobó la indicación Nº 12, del Honorable Senador señor Silva Ulloa, para que sea el Ministro de Minería, en resolución fundada -en vez de la Empresa referida- quien practique dicha certificación.

A continuación, se estudió la indicación Nº 12, del señor Ministro de Hacienda, para reponer el artículo 28 del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, con una redacción distinta.

Como se recordará, en nuestro primer informe os recomendamos suprimir esta norma en razón de estar concebida en términos imprecisos.

De acuerdo a los términos propuestos en esta indicación, se aclara la expresión "mandatarios en general", contenida en la letra b) del artículo 15 de la ley de Impuesto a las Compraventas y Servicios que grava la actividad ejercida por comisionistas, corredores y mandatarios en general. Al respecto, se declara que dicha expresión se refiere a todas las personas que, como retribución de sus servicios, perciben ingresos sujetos a las disposiciones de los artículos 20 (rentas de capital y de las empresas industriales, comerciales, mineras y otras), 21 (rentas de pequeños comerciantes, agricultores, industriales y artesanos), y 36 Nºs. 2º y 3º (ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales y obtenidos por sociedades de profesionales que presten exclusivamente servicios o asesorías profesionales, respectivamente) de 'la Ley de la Renta.

Se entiende que tal aclaración es sin perjuicio de las exenciones con- templadas en los números 18 y 19 del artículo 19 de la ley Nº 12.120, que liberan del impuesto a los servicios (ex cifra de negocios), respectivamente, a los ingresos que perciban los profesionales liberales en el ejercicio de sus profesiones o actividades, y a los que cobren los mandatarios que tengan la calidad de empleados de los mandantes.

Según se manifestó, esta indicación no produce nuevos ingresos porque no hace más que legalizar la situación tributaria ya existente.

El Honorable Senador señor Valente expresó que debería suprimirse de la norma la referencia al artículo 21 de la Ley de la Renta ya que, de lo contrario, se gravaría con el impuesto a los servicios a pequeños comerciantes y artesanos, respecto de los cuales la ley permite presumir una renta.

El señor Ministro de Hacienda hizo presente que la disposición no pretendía imponer a esas personas el impuesto a los servicios a las rentas presuntas, sino gravar a aquéllas sólo cuando ocasionalmente actúen como mandatarios generales.

Unánimemente, vuestras Comisiones aprobaron la indicación.

Por último, se consideró la indicación N° 27, de los Honorables Senadores señores Gumucio, Jerez, Montes y Valente, para agregar una norma que exige para autorizar alzas de precios, que los requirentes eleven una solicitud escrita al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con todos los antecedentes referentes a costos necesarios para resolver, y la fecha y monto de la última alza obtenida por los interesados.

El inciso segundo de la indicación dispone que dicha petición se publique íntegramente en el Diario Oficial.

Pedida la división de la votación, vuestras Comisiones aprobaron unánimemente el primer inciso de la iniciativa, incorporándolo en el artículo 34, que ha pasado a ser 36.

El inciso segundo fue rechazado con 'los votos negativos de los Honorables Senadores señores García, Ibáñez, Isla, Lorca y Palma y los afirmativos de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales Adriasola y Silva.

INDICACIONES PARA AGREGAR ARTICULOS NUEVOS QUE FUERON APROBADAS

Indicación 32.

Del señor Ministro de Hacienda, para sustituir el inciso quinto del N° 14 del artículo 1º de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, que establece un impuesto de timbre fijo en los formularios de las letras, de cambio, que es en la actualidad de E° 5,08 para las letras de cambio de hasta E° 300, y de E° 8,89 para las de un monto superior. La indicación propone elevar dicho tributo a E° 7,50 para los documentos de hasta E° 300; a E° 15 para los que excedan de ese monto y hasta E° 1.500; a E° 20 para los que suban de dicha suma y hasta E° 4.000, y a E° 25 a los documentos por un monto superior a E° 4.000, extendiendo el ámbito de aplicación del mismo a las libranzas, pagarés y, en general, los demás instrumentos de crédito.

Según el señor Subsecretario de Hacienda, el rendimiento estimado de este precepto es de E° 30 millones. Señaló que el primer tramo (hasta E| 300), no proporciona mayor rendimiento; que el segundo (de E| 300,01 a E° 1.500), produce E° 7.000.000; que el tercero (de 1.500,01 a E° 4.000), renta E9 14.400.000, y que el cuarto (sobre E° 4.000) rinde E° 8.800.000.

Fue aprobada con el voto en contra del Honorable Senador señor Montes y la abstención del Honorable Senador señor Silva Ulloa.

Indicación 33.

Del señor Ministro de Hacienda, a fin de modificar el artículo 4° bis de la Ley de Impuesto a la Compraventas, que grava la primera venta u otras convenciones que recaigan sobre automóviles u otros vehículos motorizados nuevos con un impuesto de 9,40%, que se aplicará sobre el precio de venta al público de dichos vehículos, estableciendo una tasa adicional del 4,6%, que será de exclusivo beneficio fiscal, aun cuando se trate de vehículos fabricados o armados en el departamento de Arica, la cual no afectará a los camiones y camionetas. Establece, asimismo, una enmienda de redacción.

Este tributo, que eleva a un 14% el impuesto a las compraventas de los automóviles nuevos, al que deben agregarse los derechos de transferencia a beneficio municipal, tiene un rendimiento, según lo expresado por el señor Ministro de Hacienda, de Eº 46 millones.

Fue aprobada con las abstenciones de los Honorables Senadores señores Montes y Silva Ulloa.

Indicación 39.

De los Honorables Senadores señores Chadwick, Isla, Miranda y Silva Ulloa, declara que las remuneraciones convenidas o pagadas en moneda extranjera de las personas afectas al recargo adicional del impuesto a la renta de segunda categoría, serán reajustadas en un porcentaje igual al 25% del alza que experimentó el costo de la vida en 1969.

El Honorable Senador señor Silva expresó que se trata de favorecer a personas que constituyen los mandos intermedios en las labores de la Gran Minería del Cobre, que son de gran utilidad para el país y que están en condiciones inferiores al personal que percibe remuneraciones en moneda corriente.

Explicó que, a pesar de la reajustabilidad que implica que estos funcionarios tengan rentas en moneda extranjera, sus remuneraciones han aumentado en un 187 %, en circunstancias de que en el mismo lapso el costo de la vida ha subido en más de 230%. Además, indicó que se les ha recargado la tributación, y recordó que para financiar el proyecto de las Fuerzas Armadas se aumentó de un 3,5% a un 6% el impuesto a sus rentas.

Lo anterior ha significado un deterioro efectivo de los sueldos de este sector, respecto del cual existe la impresión equivocada de que su nivel de ingresos es muy alto.

El Honorable Senador señor Isla manifestó su acuerdo con lo sustentado por el Honorable señor Silva, añadiendo que es menester considerar que estos empleados están al margen de los beneficios que, a través de los convenios colectivos, obtienen sus compañeros remunerados en moneda nacional.

El señor Ministro de Hacienda expresó que se oponía a la iniciativa, en razón de que los favorecidos con ella tienen un reajuste quincenal o mensual de sus remuneraciones en virtud del reajuste de precio del dólar. Hizo presente que, en los últimos cuatro años, han obtenido un aumento real de sus ingresos del orden de un 15%, por lo que no parece justo concederles este beneficio, la mitad del cual tendrá que pagar el Estado en su calidad de socio de las empresas del cobre.

Señaló, finalmente, que si bien es cierto se aumentó en un 2,6% el impuesto a la renta de estos empleados!, la indicación propone concederles un reajuste de un 7,5%, cifra que es muy superior a ese guarismo.

Vuestras Comisiones, con la sola abstención de los Honorables Senadores señores Bulnes e Ibáñez, aprobaron la indicación.

Al fundamentar su voto afirmativo, el Honorable Senador señor Montes manifestó que acogía la iniciativa porque ella significa beneficiar a chilenos pagados por empresas norteamericanas que ganan mucho dinero. Pero, hizo presente la inconsecuencia que representa aprobar una ventaja para personas que perciben rentas promedio de E° 200 diarios, y de rechazar otra proposición, como lo hizo la mayoría de las Comisiones, destinada a posibilitar que los obreros de las provincias puedan ganar una cantidad aproximada a los Eº 13 diarios.

El Honorable Senador señor Bulnes fundamentó su abstención en el hecho de carecer de antecedentes sobre el problema. Manifestó que, si bien, en principio, es justo que los empleados remunerados en dólares reajusten sus sueldos, ya que esta moneda se desvaloriza en un 4 o un 5% al año, en razón de la inflación existente en Estados Unidos de Norteamérica, es posible que tales remuneraciones hayan sido reajustadas voluntariamente por las Empresas, ya que se trata de funcionarios de la confianza de éstas.

Como consecuencia de la resolución anterior, vuestras Comisiones acordaron suprimir la mención que se hacía en el artículo 28, que pasó a ser 30, al artículo 89 de la ley N° 16.840, en la parte en que éste se refiere a la materia.

Indicación 40.

De los Honorables Senadores señores Ballesteros y Lorca, para agregar un artículo nuevo que dispone que la Empresa Nacional del Petróleo no estará sujeta al D.F.L. N° 68, de 1960, ni al artículo 74 de la ley N° 15.575. Además, establece que los acuerdos del Directorio de ENAP que aprueben las plantas del personal y sus remuneraciones, deberán tomarse con el voto favorable del Ministro de Minería.

El citado decreto con fuerza de ley fija el sueldo máximo de que pueden gozar los funcionarios de ciertas instituciones (limitación de la que está exenta ENAP en virtud de otra disposición legal) y dispone que las instituciones a que se refiere el artículo 202 de la ley N° 13.305, entre las cuales se encuentra la mencionada Empresa, deberán someter las plantas y remuneraciones de su personal a la aprobación del Presidente de la República, quien la concede por Decreto Supremo.

El artículo 74 de la ley referida dispone que, en los organismos recién indicados, no podrán proveerse nuevos cargos o vacantes, sin la autorización del Presidente de la República, salvo por ascensos.

El señor Ministro del Trabajo expresó que el personal de dicha Empresa está sujeto a convenios colectivos desde que ésta se creó. Por lo tanto, es el acuerdo que soluciona el conflicto lo que recibe aprobación por Decreto Supremo.

Este sistema ha creado algunos problemas con la Contraloría General de la República, ya que el Decreto Supremo no puede tener efecto retroactivo y los conflictos duran, a veces, tres o cuatro meses. En virtud de la indicación en estudio, se solucionarían tales inconvenientes.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación.

Indicación 43.

De los Honorables Senadores señora Campusano y señores Contreras, Montes, Teitelboim y Valente, para que las Cajas de Previsión cancelen a los jubilados y montepiados el reajuste otorgado por el proyecto, en forma automática, sin necesidad de requerimiento del interesado ni de resolución especial de organismo alguno.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que, a su juicio, la indicación era conveniente, pero propuso eliminar de su texto la mención a las resoluciones que decretan el reajuste porque éstas, en caso de concurrencia, son indispensables.

Por unanimidad, vuestras Comisiones aprobaron la indicación, modificada en la forma propuesta por el señor Subsecretario.

Indicación 44.

De los Honorables Senadores señores Chadwick y Silva, para agregar un artículo nuevo que declara que el monto de la dieta parlamentaria será equivalente a las remuneraciones imponibles dé un Ministro de la Corte Suprema.

Esta iniciativa, que tiene por objeto llevar a la práctica la intención que tuvo el legislador al dictar el artículo 157 de la ley Nº 16.250, que equiparó la dieta de los Diputados y Senadores con el sueldo de los Ministros de la Corte Suprema, fue modificada, a indicación del Honorable Senador señor Pablo, quien propuso una redacción más precisa con la misma finalidad.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, acordaron considerar esta última proposición, que consta de un artículo con tres incisos.

El primer, dispone que la dieta, parlamentaria será igual al sueldo unitario mensual que corresponde a un Ministro de la Corte Suprema, incluidas en aquél las asignaciones imponibles que no sean por años de servicios.

El inciso segundo prescribe que el Senado y la Cámara de Diputados deberán otorgar a cada Senador y Diputado, una oficina para el desempeño de sus funciones.

El inciso final señala que sólo por ley se podrán establecer asignaciones permanentes, cualquiera que sea su naturaleza o finalidad, en favor de los parlamentarios.

A indicación del señor Silva, se dividió la votación por incisos.

El inciso primero fue aprobado por seis votos contra tres y una abstención; votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Isla, Lorca (con dos votos), Miranda, Morales y Silva, por la negativa, los Honorables Senadores señores Bulnes, García y Montes y se abstuvo el Honorable Senador señor Palma.

El inciso segundo fue rechazado por unanimidad.

El inciso final, en cambio, recibió la aprobación unánime de los miembros de vuestras Comisiones.

Indicación 52.

Del Honorable Senador señor Silva, para agregar un artículo que establece que determinadas patentes de alcoholes vigentes al 31 de julio de 1968, deberán ser renovadas por la Municipalidad que corresponda, previo pago de un recargo de un 50%. Dispone, además, que tal beneficio deberá impetrarse dentro de los 60 días siguientes a la publicación de esta ley y que las patentes que no sean pagadas en ese plazo se rematarán al mejor postor, a beneficio de la Municipalidad respectiva.

El Honorable Senador autor de la indicación expresó que en Iquique se ha producido una situación irregular al respecto. En 1968, se pensó que se iba a otorgar, como en muchas comunas, plazo para la renovación de las patentes. Sin embargo, el decreto respectivo no fue dictado, y desde esa fecha, los negocios funcionan sin esta autorización, o sea, en forma clandestina. Señaló que suponía que esta situación se ha extendido también al resto del país. Concluyó que el objeto de la indicación es solucionar este problema, para lo cual otorga a los afectados un plazo para regularizar el funcionamiento de sus establecimientos.

El señor Subsecretario de Justicia recordó que, en virtud de las modificaciones que se hizo a la Ley de Alcoholes en 1968, se estableció una disposición que limita el número de patentes de alcoholes a una por cada 400 habitantes; sin embargo, la mayoría de las Municipalidades están excedidas de este coeficiente, por lo que las patentes caducadas no son llevadas a remate. Por este motivo, solicitó excluir de la indicación las disposiciones relativas al remate de las patentes que no sean renovadas dentro del plazo por ella concedido.

Con los votos en contra de los Honorables Senadores señores Montes y Palma, vuestras Comisiones Unidas aprobaron la indicación.

Indicación 53.

Del Honorable Senador señor Altamirano, establece una tasa adicional de 1%0 a las contribuciones de bienes raíces durante los años 1970, 1971, 1972 y 1973, a beneficio municipal.

El Honorable Senador autor de la indicación manifestó que había presentado esta iniciativa a solicitud de la Confederación Nacional de Municipalidades y con el objeto de solucionar el grave problema financiero que afecta a las Corporaciones Edilicias del país.

El Honorable Senador señor Ibáñez se opuso a la indicación señalando que la angustiosa situación a que se ha hecho referencia se debe a la deficiente administración que se observa en la mayoría de las Municipalidades. De esta manera, y mientras no se revise su régimen general, entregarles nuevos aportes significarla imponer gravámenes inútiles. Asimismo, recordó que el proyecto de las Fuerzas Armadas recarga en un 10% las contribuciones de los bienes raíces, por lo que un nuevo recargo resultaría excesivo.

El Honorable Senador señor Palma manifestó que, si bien es cierto, puede haber algún desorden en la administración municipal, no lo es menos que estas Corporaciones han experimentado un apreciable aumentoen la demanda de sus servicios como consecuencia del crecimiento demográfico. Por este motivo, señaló que adhería a la indicación en debate, pero rebajando a un 1/2% la tasa adicional.

El Honorable Senador señor Silva propuso agregar, además de la enmienda formulada por el Honorable Senador señor Palma, otra, consistente en expresar que los mayores recursos que obtendrán las Municipalidades en virtud de esta norma, no podrán ser destinados al pago de sueldos o salarios ni a costear gastos previsionales. Hizo presente que para conseguir este objetivo era menester, además, disponer que tales recursos no se consideren presupuestariamente pues, de acuerdo a la ley vigente, las Corporaciones Edilicias deben destinar un porcentaje de sus presupuestos a sueldos y salarios.

Puesta en votación la indicación con las modificaciones señaladas, fue aprobada por siete votos contra tres. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Isla, Lorca (con dos votos), Miranda, Morales, Palma y Silva y por la negativa, los Honorables Senadores señores Bulnes, García y Montes.

Al fundamentar su oposición, el Honorable Senador señor Montes se manifestó contrario a conceder mayores recursos a las Municipalidades sobre la base de aumentar las tasas de impuestos.

Indicación 20.

De los Honorables Senadores señores Acuña, Altamirano, Contreras, Chadwick, Durán, García, Luengo, Miranda, Musalem, Silva y Tarud. Esta iniciativa -que primitivamente se había ordenado remitir al Ejecutivo, resolución que fue modificada por el Presidente del Senado-, dispone que las Cajas de Previsión de los Empleados Particulares, de la Marina Mercante Nacional, Sección Empleados y Oficiales, Bancaria de Pensiones, de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco de Chile, de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile, de Previsión de los Empleados del Banco Central de Chile, de Previsión de los Empleados de la Empresa de Agua Potable de Santiago y la Sección Previsión de la Caja de Amortización, concederán, además del reajuste general para 1970, un reajuste extraordinario distinto según si las pensiones o montepíos sean hasta de dos sueldos vitales, o de una cantidad superior a este último monto y hasta dos sueldos vitales más un 20%.

Las primeras, o sea, las pensiones y montepíos de hasta Eº 1.240, estimándose el sueldo vital para 1970 en Eº 620, recibirán un reajuste extraordinario de un 20%.

Las segundas, o sea, las que van de Eº 1.240 y fracción a Eº 1.488 (dos vitales más un 20%), recibirán como reajuste extraordinario la diferencia entre el monto de la pensión o montepío y dos sueldos vitales más un 20%, o sea, Eº 1.488.

El inciso tercero de la disposición prescribe que las Cajas de Previsión pagarán este reajuste extraordinario hasta concurrencia de sus disponibilidades.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación.

Indicación LXXXV.

Esta proposición de los Honorables Senadores señora Campusano y señores Altamirano, Contreras, Chadwick, Gumucio, Miranda, Montes y Valente -que primitivamente había sido declarada improcedente, resolución que fue reconsiderada por el Presidente del Senado-, autoriza a habilitados, empresarios o pagadores del Sector Público y Privado para descontar -con fines sociales- de las remuneraciones ó pensiones, la cuota social mensual que los trabajadores o imponentes deban pagar a la Central Unica de Trabajadores, previa autorización de las Asambleas respectivas y salvo los casos en que se exprese la negativa de los interesados.

En opinión del Honorable Senador señor García, dichos descuentos deberían requerir, también, la autorización expresa de los trabajadores, pues, a su juicio, no basta, la negativa de éstos.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la norma propuesta era similar a la contenida en la ley N° 16.840 para el Sector Público, aunque ella exige el consentimiento expreso del interesado.

En seguida, expresó la necesidad de agregar a la iniciativa una disposición que prescriba que el descuento no procederá cuando el interesado manifieste su negativa ante el habilitado, empleador o patrón.

Vuestras Comisiones, con los votos en contra de los Honorables Senadores señores García e Ibáñez, y la abstención del Honorable Senador señor Palma, aprobaron esta indicación, con la modificación sugerida por el señor Subsecretario de Hacienda.

Indicación XII.

Esta iniciativa, de los Honorables Senadores señores Aguirre y Car- mona -que al igual que la anterior fue primitivamente declarada improcedente- dispone que se encuentra cumplida la obligación mencionada por el artículo 28 de la ley N° 17.073, con las compensaciones efectuadas hasta el 30 de junio de 1969.

El precepto citado establece que el personal de Correos y Telégrafos deberá compensar con trabajos realizados en horas extraordinarias el tiempo no trabajado en el período comprendido entre el 27 de marzo y el 8 de mayo de 1968, lapso en que mantuvieron un movimiento huelguístico.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación.

Indicación XXVII.

De los Honorables Senadores señores García, Isla, Miranda, Morales y Silva, dispone que la Corporación de Fomento de la Producción entregará a la Dirección de Servicios Sanitarios del Ministerio de la Vivienda los fondos no invertidos durante el año 1969, provenientes de la ley Nº 15.689, con el objeto de que el Servicio nombrado pague la deuda que tiene la Cooperativa de Autoconstrucción y Servicios Habitacionales "Los Alpes Limitada", de Rancagua, por concepto de agua potable.

Por unanimidad, vuestras Comisiones aprobaron asimismo, esta indicación.

Indicación XLIX.

De los Honorables Senadores señores Chadwick y Palma, declara de utilidad pública y faculta al Presidente de la República para expropiar, con cargo a los recursos de la Universidad de Chile, un inmueble que individualiza, con el objeto de transferirlo a esta Corporación.

Según manifestaron sus autores, esta indicación, que fue unánimemente aprobada por Vuestras Comisiones, tiene por objeto facilitar el funcionamiento de una Escuela de esta Casa de Estudios.

Indicación LXXII.

De los Honorables Senadores señora Campusano y señores Contreras y Valente, autoriza al personal de obreros y empleados de la Junta de Adelanto de Arica para organizarse en sindicatos industriales o profesionales.

También por unanimidad vuestras Comisiones aprobaron esta iniciativa.

Indicaciones relativas al Poder Judicial.

Vuestras Comisiones acordaron dividir en los siguientes grupos el estudio de estas disposiciones: 1) Las referentes al reajuste del personal de este Poder del Estado; 2) Las concernientes al financiamiento de dicho reajuste, y 3) Las que proponen modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, y otras materias.

Indicaciones 58, 59, 60, 62, 63, 64 y 65.

Corresponden al reajuste especial del Poder Judicial a que ya nos hemos referido anteriormente. Por este motivo las explicaremos en forma muy general y os adelantamos que todas ellas fueron aprobadas por unanimidad.

La indicación N° 58 señala las escalas de sueldos del personal superior y subalterno del Servicio.

La N° 59 concede a los funcionarios de los Tribunales Ordinarios, del Trabajo, de Indios y de Menores, con sueldo fiscal, que estando en posesión del título de abogado desempeñen cargos para los cuales se requiera de dicho título y estén afectos a la incompatibilidad señalada en el Código Orgánico de Tribunales, una asignación especial, cuyo porcentaje varía entre un 30% y un 50%.

La referida asignación se calculará sobre el sueldo total señalado en la escala respectiva ó sobre la suma de dicho sueldo más las cantidades adicionales que correspondan por derecho al sueldo del grado o categoría superior.

La N° 60, nivela los cargos de la Judicatura del Trabajo con los similares de la Judicatura Ordinaria.

Las números 62 y 63, elevan de jerarquía a diversos Juzgados del país, preceptuando que los funcionarios que desempeñan labores en estos Tribunales tendrán en el escalafón judicial y en la escala de sueldos las categorías y grados correspondientes.

La N° 64 dispone que tendrán la 6ª categoría de la escala de sueldos del personal superior del Poder Judicial los cargos de Asistentes Sociales de los Juzgados de Letras de Menores y Ordinarios con esta competencia especial, que funcionen en ciudades asiento de Corte de Apelaciones; y que tendrán la 7ª categoría de dicha escala si se desempeñan en esos Juzgados, con asiento en ciudades capital de provincia y del departamento Pedro Aguirre Cerda.

La N° 65 prescribe que al producirse vacantes en los cargos que actualmente figuran en los grados 5º, 6º y 7º de la escala de sueldos del personal subalterno del Poder Judicial, quedarán aquellos suprimidos en dichos grados y pasarán a formar parte de la planta de Servicio creada por la ley Nº 16.850, en la forma que la iniciativa indica.

Indicaciones 68, 69 y 70.

Corresponden al financiamiento del reajuste para el Poder Judicial.

La indicación N° 68 introduce diversas modificaciones a la ley N° 16.272, sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado, las que ya hemos detallado al referirnos al costo y financiamiento del reajuste especial al Poder Judicial y Sindicatura General de Quiebras, y que rinden E9 24,05 millones.

La N° 69 aumenta en un 5% todas las multas que se pagan en el país por infracción de leyes, decretos leyes, decretos con fuerza de ley, reglamentos u ordenanzas municipales. Rinde E9 7 millones.

Dejamos constancia que, tanto esta indicación como la anterior, fueron aprobadas por vuestras Comisiones, con los votos en contra de los Honorables Senadores señores Montes y Silva.

La N° 70 fue aprobada por unanimidad. Prescribe que el mayor gasto que demande la aplicación de las normas relativas al Poder Judicial, se financiará con cargo al rendimiento o mayor rendimiento de los impuestos que se crean o aumentan en las dos indicaciones anteriores, y, el exceso, con cargo a la provisión de fondos del ítem 006 del Presupuesto Corriente del Ministerio de Hacienda.

Indicaciones 61, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78.

Corresponden a modificaciones al Código Orgánico de Tribunales y otras disposiciones legales.

El Honorable Senador señor Chadwick señaló la inconveniencia de haber incluido en el segundo informe reglamentario de un proyecto de ley en segundo trámite constitucional al que se ha acordado una tramitación acelerada, una materia tan importante como la que tratan estas indicaciones.

Agregó que es propio reajustar las rentas del Poder Judicial en un proyecto de reajustes, pero calificó de desusado innovar en este tipo de iniciativas, sobre temas tan fundamentales como el régimen de calificaciones a que está sujeto este personal.

Al respecto, indicó que la calificación de un Juez está estrechamente vinculada con su amovilidad, la que le garantiza la estabilidad en su cargo, cualesquiera que fueren sus decisiones respecto de los asuntos sometidos a su conocimiento.

Manifestó que en el país ha existido persecución política en contra de los Jueces, como en el caso de un distinguido Magistrado de Valdivia al que se exoneró por tener ideas socialistas, y que la confección de las ternas se realiza discriminatoriamente y no siempre con exclusión de factores políticos o religiosos.

Circunstancias como las anotadas y el hecho de que ha sido materialmente imposible a los Senadores leer siquiera estas indicaciones, justifican, con largueza, -prosiguió-, el desglose de las indicaciones que se refieren a esta materia. De esta manera, ellas serían consideradas como un proyecto separado en el que podrían debatir latamente las numerosas fallas de que adolece el Poder Judicial.

El señor Ministro de Justicia expresó, por su parte, que en las conversaciones sostenidas por el Ejecutivo y el Poder Judicial, quedó claramente establecido que el primero subordinaba cualquier mejoramiento económico a la reforma del régimen de calificaciones, por ser indispensable para una mejor administración de justicia.

La indicación Nº 61 faculta al Presidente de la República para que, con informe de la Corte Suprema, amplíe la competencia de los Tribunales del Trabajo a todas o algunas de las materias civiles de que conocen los Tribunales Ordinarios y de Menores, pero sin que pueda reducir la competencia especial de aquéllos.

El Honorable Senador señor Chadwick formuló indicación para declarar inadmisible esta iniciativa por ser ajena a la idea matriz del proyecto. Esta proposición fue rechazada con la oposición de los Honorables Senadores señores Montes y Silva.

El Honorable Senador señor García manifestó que en un proyecto que actualmente conoce la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, se aprobó un artículo similar a éste, pero que exige el acuerdo de la Corte Suprema. Al respectó, formuló indicación para modificar en este sentido la disposición en debate.

Con los votos negativos de los Honorables Senadores señores Montes y Silva, vuestras Comisiones aprobaron la indicación del Presidente de la República, modificada en la forma propuesta por el Honorable Senador señor García.

La N° 66 tiene por objeto hacer aplicable a los funcionarios y empleados con sueldo fiscal del Poder Judicial, el artículo 143 del Estatuto Administrativo, que contiene la obligación del empleador de desempeñar sus funciones durante toda la jornada de trabajo y señala el horario normal.

La unanimidad de vuestras Comisiones aprobó esta indicación.

La Nº 67 introduce al Código Orgánico de Tribunales diversas modificaciones destinadas a enmendar el sistema de calificaciones de los funcionarios del Poder Judicial. Como ya os lo hemos expresado al referirnos a la exposición del señor Ministro de Justicia sobre el particular, el sistema de calificaciones propuesto es similar al del Estatuto Administrativo, y fue confeccionado sobre los principios generales aprobados por la Comisión de Reformas Judiciales que, con amplia representación, sesionó en el Ministerio de Justicia durante los años 1965 y 1966.

El Honorable Senador señor Chadwick formuló, también en este caso, indicación de inadmisibilidad, por ser la materia ajena a la idea central del proyecto, la que fue rechazada con los votos negativos de Jos Honorables Senadores señores Bulnes, García, Isla, Lorca (con dos votos) y Palma, y los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Montes, Morales, Silva y Miranda.

Puesta en votación la indicación del Presidente de la República, se aprobó con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Bulnes, García, Isla, Lorca (con dos votos) y Palma, y los votos negativos de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

La Nº 71 dispone que el beneficio del mayor sueldo que se hubiere reconocido o se le reconozca a los empleados de la 5ª y 6ª categoría de la escala de sueldos del personal subalterno del Poder Judicial será igual a la diferencia que exista entre ambas categorías, y que la misma diferencia corresponderá a los empleados de la 7ª categoría a quienes se les ha reconocido o se les reconociere el mismo derecho por haber transcurrido 15 años sin ascender.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron esta indicación.

La indicación N° 72 deroga el artículo 6º de la ley Nº 15.632, que otorgó a los Jueces de Letras de Indios y a los Secretarios de esos Tribunales que estén en posesión del título de abogados, una asignación especial.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron esta indicación.

La Nº 73 señala que para los efectos de la aplicación del artículo 127 de la ley Nº 11.764, se entenderá como sueldo mensual de los Ministros del respectivo Tribunal el que corresponda según la escala que figura en la indicación Nº 38, incrementado con la asignación especial que perciba un Ministro que no goce del derecho a] sueldo de la categoría o grado superior.

El citado artículo prescribe que las remuneraciones de los abogados integrantes de las Cortes serán equivalente a una treinta ava parte del sueldo mensual de los Ministros del respectivo Tribunal por cada audiencia a que concurran.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron esta indicación.

La Nº 74, faculta al Presidente de la República para fijar el texto refundido de las disposiciones acerca de las escalas y remuneraciones de los personales del Poder Judicial y de las que han concedido y reglamentado el beneficio del derecho a sueldo de la categoría o grado superior.

Igualmente, por unanimidad, vuestras Comisiones aprobaron esta indicación. La Nº 75 dispone que la Corte Suprema deberá dictar, mediante un auto acordado, un Reglamento acerca del régimen de calificaciones, que será publicado en el Diario Oficial y que no podrá ser modificado o derogado sino por ley.

Esta indicación fue aprobada con los votos de los Honorables Senadores señores Bulnes, García, Isla, Lorca (con dos votos) y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Con la misma votación fue aprobada la indicación N° 76, que dispone que todas las modificaciones introducidas al Código Orgánico de Tribunales regirán a partir del proceso calificatorio de 1970, salvo las que indica.

La indicación N° 77, que fue aprobada por unanimidad, dispone que la diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación de las normas relativas al Poder Judicial ingresará a la Caja de Previsión en seis cuotas mensuales iguales, a contar del 1º de enero de 1970.

Por último, la indicación N° 78, igualmente aprobada por unanimidad, señala que los preceptos relativos a reajustes regirán desde el 1º de enero de 1970, y que las disposiciones que fijan a los funcionarios nuevas categorías en el Escalafón del Personal Judicial y las que se refieren a la competencia de los Tribunales, desde el día 1º del mes siguiente al de publicación de esta ley.

INDICACIONES FORMULADAS AL ARTICULADO DEL PROYECTO QUE FUERON RECHAZADAS.

A continuación, pasamos a referirnos a las indicaciones que fueron rechazadas por vuestras Comisiones. Os hacemos presente que respecto de ellas consignaremos sólo las votaciones registradas, salvo en aquellos casos en que los Honorables Senadores solicitaron se dejara constancia de su opinión respecto de alguna materia.

Artículo 21

Indicación N° 13, del Honorable Senador señor García. Fue rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores García, Ibáñez, Isla, Lorca (con dos votos), Montes, Morales y Silva y la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda y Palma.

En relación con el artículo 21, que grava con un impuesto de 2 centavos de dólar a la pequeña y mediana minería por cada libre de cobre que exporte sin refinar, existiendo capacidad de refinación o fundición en el país, el Honorable Senador señor Valente pidió dejar constancia de que, a su juicio, existe la necesidad de diferenciar entre el pequeño y el mediano minero.

De acuerdo con lo anterior, señaló que como pequeño minero debe considerarse a aquella persona natural que produce menos de 500 toneladas de cobre fino al año, y que respecto a éstos no debería establecerse el impuesto de 2 centavos de dólar por las exportaciones que puedan realizar.

Manifestó, por último, que lo anterior era indispensable debido a que existen medianos mineros que se escudan en una inexistente calidad de pequeños mineros, con el propósito de obtener franquicias y privilegios que deben beneficiar exclusivamente a los que realmente sean pequeños mineros.

Artículo 22

Indicaciones Nºs. 17, 18 y 19, de los Honorables Senadores señores Aguirre y García, y 20, del señor García. Fueron rechazados con los votos de los Honorables Senadores señores Isla, Lorca (con dos votos), Miranda, Montes, Palma y Silva y la oposición de los Honorables Senadores señores García e Ibáñez.

Artículo 23

Indicación N° 20 bis, del Honorable Senador señor Miranda. Rechazada con la oposición de su autor.

Indicación N° 21, del Honorable Senador señor Valente. Rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores García, Ibáñez, Isla, Lorca (con dos votos) y Palma, la oposición de los Honorables Senadores señores Montes y Silva, y la abstención del señor Miranda.

Indicación N° 22, del Honorable Senador señor García. Rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores Isla, Lorca (con dos votos), Miranda, Montes, Palma y Silva y la oposición de los Honorables Senadores señores García e Ibáñez.

Artículo 29

Indicación N° 24, del Honorable Senador señor Valente. Rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores García, Ibáñez, Isla, Lorca (con dos votos) y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Artículo 34

Indicación N° 25, del Honorable Senador señor García. Rechazada con la oposición de los Honorables Senadores señores García e Ibáñez.

Indicación N° 26, del Honorable Senador señor Montes. Rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores García, Ibáñez, Isla, Lorca (con dos votos), y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Indicaciones Nºs. 28 y 29, de los Honorables Senadores señores Gu- mucio, Jerez, Montes y Valente, rechazadas con los votos de los Honorables Senadores señores García, Ibáñez, Isla, Lorca (con dos votos) y

Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Indicaciones Nºs. 30, 45 y 46, de los Honorables Senadores señoras Campusano y Carrera, y señores Altamirano, Contreras, Montes, Rodríguez y Valente. Rechazadas con los votos de los Honorables Senadores señores García, Ibáñez, Isla, Lorca (con dos votos) y Palma, la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes y Silva, y la abstención del Honorable Senador señor Morales.

INDICACIONES PARA AGREGAR ARTICULOS NUEVOS QUE FUERON RECHAZADAS.

Indicaciones Nºs. 34, 35 y 36, del Honorables Senador señor Baltra. Fueron rechazadas con los votos de los Honorables Senadores señores García, Ibáñez, Isla, Lorca (con dos votos) y Palma, y la oposición de los señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Indicaciones Nºs. 37 y 38, del Honorable Senador señor Montes. Rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores Bulnes, García, Isla, Lorca (con dos votos), y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Indicación Nº 42, del Honorable Senador señor García. Rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores Isla, Lorca (con dos votos), Miranda, Montes y Silva, la oposición de los Honorables Senadores señores Bulnes y García, y la abstención de los Honorables Senadores señores Morales y Palma.

Indicaciones Nºs. 42 (del Honorable Senador señor Musalem), 48 (del Honorable Senador señor Aguirre), 49 (de los Honorables Senadores señores Altamirano, Montes y Musalem) y 51 (de los Honorables Senadores señores Altamirano, Miranda, Montes y Silva). Todas ellas fueron rechazadas con los votos de los Honorables Senadores señores Bulnes, García, Isla, Lorca (con dos votos) y Palma y la oposición de los Honorables Senadores señores Miranda, Montes, Morales y Silva.

Indicación Nº 50, del Honorable Senador señor Pablo. Rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores Bulnes, García, Miranda, Montes, Morales y Silva, la oposición de los Honorables Senadores señores Isla y Lorca (con dos votos) y la abstención del Honorable Senador señor Palma.

Indicación N° 55, del Honorable Senador señor Altamirano. Rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores Bulnes, García, Isla, Lorca (con dos votos), Miranda, Montes y Morales, y la oposición de los Honorables Senadores señores Palma y Silva.

Indicación N° 57, del Honorable Senador señor Altamirano. Rechazada, luego de repetida la votación, con los votos negativos de los Honorables Senadores señores Bulnes, García, Miranda, Montes y Morales, y afirmativos de los Honorables Senadores señores Isla, Lorca (con dos votos), Palma y Silva.

En mérito de las consideraciones anteriores, vuestras Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas, tienen a honra proponeros la aprobación del proyecto de ley contenido en nuestro primer informe con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

Suprimir, en el inciso cuarto, las palabras "en servicio activo o retirado" y sustituir la conjunción "y" que sigue a las palabras "Sindicatura General de Quiebras", por una coma (,).

Artículo 2°

Sustituir el punto final del inciso primero por una coma (,), y agregar la siguiente frase "sea que se pague por el respectivo fondo de compensación o directamente por la institución empleadora.".

Sustituir en el inciso segundo las palabras "a quienes" por las siguientes: "y pensionados de los Servicios a que".

Artículo 5°

Agregar, en punto seguido, al inciso tercero la siguiente frase: "Para los efectos de la aplicación de este inciso, respecto de los funcionarios a quienes se aplica la ley N° 17.015, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 3º de dicha ley.".

Intercalar como inciso cuarto, nuevo, el siguiente:

"No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, incorpórase, a contar del 1º de enero de 1970, la asignación establecida en el artículo 1º, incisos segundo y tercero, de la ley N° 16.840 más el aumento dispuesto por el artículo 29 del D.F.L. Nº 1, de 1969, a las escalas de sueldos base del personal de la Empresa de Ferrocarriles del Estado y a las remuneraciones anexas de dicho personal, excluidas las horas extraordinarias, asignación de alimentación, las remuneraciones anexas que se fijan en función de sueldos vitales y las que sean porcentajes del sueldo o salario base.".

El inciso cuarto, pasa a ser quinto sin modificaciones.

Artículo 7°

En el inciso primero, intercalar entre las palabras "naturaleza" y "previsional", la negación "no".

Intercalar como inciso segundo, nuevo, el siguiente:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los personales que a la fecha de vigencia de la presente ley tengan imponibilidad superior, mantendrán este derecho.".

El inciso segundo, pasa a ser tercero sin modificaciones.

Artículo 8°

Sustituir el encabezamiento de la letra a) por el siguiente:

"a) Reemplázanse los incisos primero y segundo del artículo 7°, por el siguiente:".

Artículo 14

Agréganse como incisos tercero y cuarto, los siguientes:

"Declárase que el Consejo General del Colegio de Abogados podrá ajustar las remuneraciones de su personal, en la medida en que lo permita su presupuesto, dándola preferencia a aquél que sirva con dedicación exclusiva. Este reajuste no podrá ser inferior al señalado en el artículo 28 de la presente ley.

En el ejercicio de la facultad concedida en el inciso anterior, dicho Consejo no podrá alterar la actual proporción existente entre los recursos destinados al Servicio de Asistencia Judicial y a sus demás finalidades.".

Artículo 21

Reemplazar en el Nº 2º, de la letra b) de este artículo, que sustituye al Nº 39 del artículo 136 de la ley Nº 15.575, las palabras "la Empresa Nacional de Minería", por las siguientes: "El Ministro de Minería, en resolución fundada,".

Artículo 23

Sustituir su inciso segundo por el siguiente:

"Para los efectos del inciso siguiente, se entenderá por sobreprecio todo el excedente obtenido en la venta del cobre sobre el precio base.".

Artículo 25

Intercalar como inciso primero el siguiente:

"Artículo 25.- Declárase, interpretando la expresión "mandatarios en general" contenida en la letra b) del artículo 15 de la ley Nº 12.120, que dicho expresión se refiere a todas las personas que, como retribución de sus servicios, perciben ingresos sujetos a las disposiciones de los artículos 20, 21 y 36, Nºs 2º y 3º, de la ley de la Renta, sin perjuicio de las exenciones contempladas en los números 18 y 19 del artículo 19 de la ley Nº 12.120.".

El inciso primero de este artículo ha pasado a segundo sin modificaciones.

A continuación, agregar como artículos 26 y 27, nuevos, los siguientes:

"Artículo 26.- Introdúcense a la ley Nº 16.272, de 4 de agosto de 1965, sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado, las siguientes modificaciones:

1.- Sustituyese el inciso quinto del Nº 14 del artículo 1º, por los siguientes:

"Cada uno de los ejemplares de letras de cambio, libranzas, créditos simples, rotativos, documéntanos o confirmados, avances contra aceptación, pagarés y órdenes de pago distintas de los cheques, que sean otorgados en el país, deberán extenderse en formularios que lleven timbre fijo. Este timbre será de E9 7,50 para los documentos hasta de Eº 300; de Eº 15 para los documentos de más de E9 300 y hasta E9 1.500; de Eº 20 para los documentos de más de E9 1.500 y hasta E9 4.000 y de Eº 25 para los documentos superiores a E9 4.000. Los documentos que sean extendidos en formularios sin timbre fijo o en formularios de timbre fijo inferior al que les corresponde según su monto, no tendrán validez alguna, salvo que sean autorizados, en cada caso, por el Servicio de Impuestos Internos, previo pago de la multa establecida en el artículo 28 de esta ley.

Los gravámenes contenidos en los incisos anteriores de este número se aplicarán también a los instrumentos de comercio que no indicaren cantidad y que sólo estuvieren firmados por el aceptante o deudor. En estos casos, el Servicio de Impuestos Internos, con los antecedentes que tuviere en su poder, procederá a determinar el monto del impuesto y aplicará una multa equivalente a cinco veces el tributo adeudado.".

2.- Reemplázase el inciso primero del N° 4 del artículo 18 por el siguiente:

"Nº 4.- En los documentos señalados en el inciso quinto del N° 14 del artículo 1º, mediante el timbre fijo a que se refiere dicha norma, sin perjuicio del impuesto porcentual, el que podrá pagarse en estampillas, o por ingreso en dinero en Tesorería, previa autorización del Servicio de Impuestos Internos.".

Artículo 27.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 49 bis de la ley Nº 12.120:

a) Agregar, a continuación del primero, el siguiente inciso:

"Las convenciones mencionadas en el inciso anterior estarán afectas a una tasa adicional del 4,6%, que será de exclusivo beneficio fiscal, aun cuando se trate de vehículos fabricados o armados en el departamento de Arica. Esta tasa adicional no afectará a los camiones y camionetas.".

b) Reemplazar, en el inciso segundo, que pasa a ser tercero, las expresiones "del artículo anterior" por las "de este artículo.".

Artículos 26 y 27

Pasan a ser artículos 28 y 29, sin enmiendas.

Artículo 28

Pasa a ser artículo 30.

Sustituir su inciso primero por el siguiente:

"Artículo 30.- Durante 1970 regirán las disposiciones de los artículos 85, 86, 87, 88, 89, inciso primero, salvo en cuanto éste se refiere a reajuste de remuneraciones convenidas o pagadas en moneda extranjera; 90, 91, 92 y 93 de la ley N° 16.840, de 24 de mayo de 1968, con la salvedad de que el porcentaje de reajustes a que ellas se refieren es el señalado en el artículo 28 de esta ley.".

Artículos 29, 30, 31, 32 y 33

Pasan a ser artículos 31, 32, 33, 34 y 35 sin modificaciones,,

Artículo 34

Pasa a ser artículo 36.

Agregar como inciso segundo, nuevo, el siguiente:

"Sin perjuicio de lo anterior, y en lo sucesivo, para autorizar aumentos de precios será requisito previo que ia industria o actividad comercial cuyos representantes los requieran eleven una solicitud escrita y fundamentada al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, que contendrá todos los antecedentes referentes a costos, necesarios para resolver, y la fecha y monto de última alza obtenida por el solicitante.".

Artículo 35

Pasa a ser artículo 37 sin modificaciones.

A continuación, agregar como artículo 38 el siguiente, nuevo: "Artículo 38.- Las remuneraciones convenidas o pagadas en moneda extranjera de las personas afectas al recargo adicional del impuesto a la Renta de Segunda Categoría, serán reajustadas en un porcentaje igual al 25% del fijado en el artículo 28 de esta ley.".

En seguida, agregar como TITULO III y bajo el siguiente epígrafe: "Normas relativas al Poder Judicial", los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 39.- Las escalas de Sueldos de los funcionarios del Poder Judicial serán las siguientes:

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Escala de Sueldos del Personal Superior

A las remuneraciones que se fijan en este artículo se aplicará lo dispuesto en el artículo 99 de la ley N° 16.617, modificado por el artículo 57 de la ley N° 17.073.

Artículo 40.- Sustituyese el inciso primero del artículo 30 de la ley N° 16.840 por el siguiente:

"Los funcionarios de los tribunales ordinarios, del Trabajo, de Indios y de Menores, con sueldo fiscal que, estando en posesión del título de abogados, desempeñen cargos para los cuales se requiere dicho título y estén afectos a las prohibiciones contempladas en los artículos 316 y 479 del Código Orgánico de Tribunales, y los Defensores Públicos de Santiago, para los cuales regirá también la prohibición contemplada en la última de las disposiciones citadas, gozarán de una asignación especial, que se calculará sobre el sueldo que perciban y que será del 50% de él para los funcionarios que estén de categoría y para los de primera categoría, siempre que no gocen del derecho a disfrutar del sueldo de la categoría o grado superior; del 46% para los que se encuentren en la situación' contemplada en el inciso primero del artículo 4º de la ley Nº 11.986; del 42% para quienes estén en el caso del inciso segundo de la misma disposición y del 38% para quienes se aplique el inciso tercero. Para los funcionarios de las categorías segunda y siguientes, estos porcentajes serán del 55%, 48%, 42% y 38% según se encuentren, respectivamente, en cualesquiera de los casos antes indicados. Para los funcionarios que figuren en la Escala de Sueldos del Personal Superior del Poder Judicial y no tengan derecho a percibirla conforme a las reglas precedentes, esta asignación será del 30%.

La referida asignación se calculará sobre el sueldo total señalado en la Escala respectiva o sobre la suma de dicho sueldo más las cantidades adicionales que correspondan por aplicación del mencionado artículo 4º de la ley Nº 11.986, en su caso.

Artículo 41.- Los cargos que se indican de la Judicatura Especial del Trabajo tendrán asignadas las siguientes categorías de la Escala de Sueldos del Personal Superior del Poder Judicial:

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Artículo 42.- Facúltase al Presidente de la República para que, con acuerdo de la Corte Suprema, modifique las disposiciones sobre competencia de los Tribunales del Trabajo, sometiéndoles el conocimiento de todas o algunas de las materias civiles de que conozcan los Tribunales Ordinarios y de Menores, pero sin que pueda reducir la competencia especial de aquéllos. En el ejercicio de esta facultad podrá extender la competencia de algunos tribunales, pudiendo quedar otros solamente con su competencia especial.

Artículo 43.- Los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía y el Juzgado de Letras de Menores del departamento Presidente Aguirre Cerda se elevan a la categoría de Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de capital de provincia y los funcionarios que desempeñen funciones en esos tribunales tendrán en el Escalafón Judicial y en la Escala de Sueldos fijada en el artículo 39 las categorías y grados correspondientes a la nueva categoría que se les asigna.

No regirá para el actual personal de estos Juzgados, en lo que le fuere aplicable, lo dispuesto por el inciso cuarto del artículo 252 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 44.- Elévanse a Juzgados de Letras de Mayor Cuantía los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Pica, Pedro de Valdivia, Andaco- llo, Salvador, Sewell, Coelemu, Talcahuano, Santa Juana, Laja, Los Lagos y San José de la Mariquina.

El personal de estos Tribunales tendrá en el Escalafón Judicial las categorías correspondientes al personal de los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de simple departamento y en las escalas de sueldos las siguientes categorías y grados:

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Sin embargo, las personas que actualmente desempeñen los cargos de Oficiales de Sala de estos Tribunales percibirán las rentas correspondientes al grado 69, pero al quedar vacante cualquiera de estos cargos su provisión se hará en el grado 139 de la Planta de Servicios establecida en el artículo 34 de la ley N° 16.840.

Artículo 45.- Los cargos de Asistentes Sociales de los Juzgados de Letras de Menores o de los Tribunales Ordinarios que tengan, además, esa competencia especial y que funcionen en ciudades en que tenga su asiento una Corte de Apelaciones, tendrán la 6ª categoría de la Escala de Sueldos del Personal Superior del Poder Judicial, y los que se desempeñan en Juzgados que tengan su asiento en ciudades capital de provincia y en el departamento PresidenteAguirre Cerda, la 7ª Categoría de dicha Escala.

A contar desde 1970, el gasto que demande el pago de las remuneraciones de los cargos de Asistentes Sociales de los Juzgados de Letras, creados por el artículo 13 de la ley N° 16.520, será de cargo fiscal.

Artículo 46.- Al producirse vacantes en los cargos que actualmente figuran en los grados 59, 69 y 79 de la Escala de Sueldos del Personal Subalterno del Poder Judicial, quedarán aquéllos suprimidos en dichos grados y pasarán a formar parte de la Planta de Servicios creada por el artículo 34 de la ley Nº 16.840, en la siguiente forma:

Grado 9º.- Oficiales de Sala de los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de Santiago; Oficiales de Sala de los Juzgados de Menores de Santiago y Porteros de las Cortes del Trabajo;

Grado 10.- Oficiales de Sala de los demás Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de Asiento de Corte de Apelaciones, Oficiales de Sala de los demás Juzgados de Menores, Oficial de Sala del Archivo Judicial de Santiago y Porteros de los Juzgados del Trabajo de 1ª Categoría;

Grado 11.- Demás Oficiales de Sala de los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía;

Grado 12ª.- Oficiales de Sala de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Santiago, Porteros de los Juzgados del Trabajo de 2ª Categoría, Oficiales de Sala de los Juzgados de Letras de Indios, Ascensoristas para los Palacios de los Tribunales de Santiago, Valparaíso y Concepción;

Grado 13°.- Demás Oficiales de Sala de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía, Porteros de los Juzgados del Trabajo de 3ª Categoría, Auxiliares de Aseo de los Palacios de los Tribunales de Santiago, Valparaíso y Concepción, Fogoneros de los Palacios de los Tribunales de Santiago, Valparaíso y Concepción y Porteros encargados del aseo y conservación de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Santiago.

La norma del inciso anterior no tendrá aplicación cuando el cargo vacante se proveyere con un funcionario que a la fecha de producirse la vacante ocupare algún cargo de los grados 59, 69 y 79.

Artículo 47.- Reemplázase en la letra a) del artículo 389 del D.F. L. Nº 338, de 1960, las palabras "y el artículo 139" por las siguientes: "y los artículos 139 y 143".