1.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Para poder consolidar los progresos alcanzados en materia social, así como para acelerar el desarrollo económico del país, base indispensable para sostener dichos progresos en forma sana y lograr mayores avances y asegurar al mismo tiempo ocupaciones bien remuneradas a los trabajadores, el Gobierno envió al Honorable Congreso Nacional un proyecto de ley. Sin embargo, ante la certeza de que sería inevitablemente rechazado, procedió a retirarlo del actual período extraordinario de sesiones.

Dicho proyecto buscaba resolver en primer término el problema del reajuste de las remuneraciones de los trabajadores, fueran éstos del sector público o privado. En segundo término, el avance de la redistribución de ingresos lograda en los tres primeros años de este Gobierno a favor de los trabajadores que no puede mantenerse si una parte sustancial de los aumentos reales no se transfiere al ahorro y a la capitalización. En todos los países del mundo el ahorro es la base del desarrollo de la riqueza y del bienestar, cualesquiera que sea la doctrina política que en ellos se aplique; por tanto, el proyecto proponía un mecanismo para lograr este objetivo, sin pretender que ésta fuese la única solución posible. De haber sido aprobado, habría sido un camino positivo en la indispensable participación de todos en la posesión de la riqueza acumulada y en el ejercicio efectivo de la responsabilidad que todos tienen de orientar y de actuar en el desarrollo nacional como sujetos activos de él. Sólo si se logra canalizar una parte sustancial de los recursos en la dirección que dicho proyecto pretendía será posible dar un nuevo impulso al progreso económico-social y detener la inflación. Las causas permanentes que generan la inflación continúan vigentes y, además, ésta se encuentra estimulada por el alto poder de consumo adquirido por la población y por la sostenida elevación del gasto público, más allá de lo que las condiciones normales de la economía del país pueden soportar. En efecto, el precio del cobre ha alcanzado niveles muy superiores a los que una situación regular de abastecimiento del mercado mundial permiten considerar como un "precio de equilibrio" estable. En el probable evento de una baja sustancial de los ingresos provenientes de nuestra principal fuente de divisas, los gastos corrientes y las inversiones actuales sólo podrían mantenerse si hemos logrado consolidar los resultados alcanzados.

En esta materia el Gobierno debe volver a insistir ante el Congreso, que constituye una preocupación primordial y una decisión inquebrantable suya, el mantener bajo control el proceso inflacionario. Si éste no tiende gradualmente a disminuir puede volver a reeditarse la situación endémica de nuestra historia de una desvalorización imprevisible e ingobernable, con todas sus consecuencias de injusticia, desengaño y frustración para los hombres que viven de su trabajo. De ahí que es indispensable contener los aumentos de los costos y de la demanda que procuren sobrepasar lo que la economía es capaz de sostener sin variaciones masivas y continuas de los precios.

Dada la urgencia que tiene legislar sobre la situación de las remuneraciones de los trabajadores y además, financiar en forma adecuada el presupuesto fiscal, el Gobierno ha limitado el presente proyecto de ley fundamentalmente a dichas dos materias sin buscar con él dar respuesta sino en parte a los problemas que se planteaban en el proyecto anterior y sólo alcanzar parcialmente los objetivos más importantes que se procuraba lograr con él. Más adelante, las propias medidas administrativas que el Gobierno se propone tomar y la cooperación que espera obtener del Honorable Congreso Nacional para legislar sobre determinadas materias, permitirán acercarse en forma más definitiva al logro de los tres objetivos que constituyen la aspiración de todos los chilenos: acelerar la tasa de desarrollo de la economía, asegurar un proceso permanente de redistribución del ingreso en busca de una más justa repartición de su incremento y controlar el ritmo de la inflación.

Para dar al Honorable Congreso Nacional una visión lo más ajustada posible de la naturaleza y magnitud del problema que se persigue resolver con el presente proyecto de ley, es preciso señalar los siguientes hechos.

El Presupuesto Nacional aprobado por el Honorable Congreso Nacional y publicado en el Diario Oficial de 2 de enero de 1968, considera gastos por un monto total de Eº 8. 691. 1 millones en los cuales sólo se ha incorporado el mayor costo en remuneraciones del profesorado acordado por la Ley Nº 16. 617, publicada en el Diario Oficial de 31 de enero de 1967, que representa Eº 170 millones y una reserva para los reajustes generales y especiales de Eº 645 millones. Oportunamente el señor Ministro de Hacienda señaló que esta cifra sólo alcanzaba a Eº 544 millones. En efecto, en el Cálculo de Ingresos se habían considerado entre ciertos impuestos y medidas administrativas la cantidad adicional de Eº 203 millones, de los cuales en el presupuesto efectivamente podían disponerse de Eº 102 millones provenientes de las medidas administrativas. El saldo de impuestos no formaba parte de la Ley de Presupuesto, sino del proyecto de ley sobre reajuste del sector público y privado para 1968.

Además, es preciso señalar que en el financiamiento de la Ley de Presupuestos se incluyó un ingreso total por Préstamos Externos de US$ 71 millones. Sin embargo, las circunstancias que con posterioridad han influenciado fuertemente los mercados exteriores de capital no permiten considerar en forma realista más allá de una suma de US$ 50 millones. En consecuencia, los ingresos del presupuesto deben reducirse en una cantidad adicional equivalente a Eº 128 millones. En otras palabras, el excedente del presupuesto para financiar el reajuste de remuneraciones sólo puede estimarse en Eº 416 millones.

En la exposición sobre el estado de la Hacienda Pública presentada por el señor Ministro de Hacienda ante la Comisión Mixta de Presupuestos el 7 de noviembre de 1967 se expresaba que el costo del reajuste para el Sector Público en 1968 alcanzaba a Eº 1. 022 millones. Se agregaba textualmente que "este monto de reajuste total representa el límite máximo que el Fisco puede financiar en 1968 y su distribución corresponde al cumplimiento de compromisos contraídos con anterioridad por el Supremo Gobierno para mejorar en forma especial a algunos sectores de funcionarios cuyo nivel de remuneraciones era inferior a las escalas generales en actual vigencia, lo que se traduce en una posición relativa incompatible con la responsabilidad y la jerarquía de las funciones que desempeñan". La cifra indicada más arriba debe sufrir diversas modificaciones que provienen de ajustes posteriores. Las más importantes de estas modificaciones se originan en primer término en el hecho que se había previsto financiar 35 millones de escudos para los reajustes del Servicio Nacional de Salud con ingresos del mismo Servicio propuestos en el proyecto de reajuste que hubo de retirarse del Honorable Congreso Nacional y, por tanto, ahora dicha suma debe consultarse en los gastos de cargo fiscal. En segundo término el cálculo exacto del reajuste especial de remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, tal como fue previsto, representa un mayor gasto del orden de Eº 38 millones, sobre la provisión original de Eº 100 millones. Además debe considerarse una suma de Eº 3, 5 millones de mayor costo en los reajustes de la Universidad de Chile. Por otra parte el 15% originalmente previsto como reajuste general en dinero del sector público resulta ser Eº 8, 3 millones más alto que el cálculo presupuestario. A ello se suma el hecho que la revisión de las cifras en los reajustes especiales del mismo sector ha introducido diversas correcciones de orden menor, pero que en conjunto representan Eº 29, 7 millones de gastos adicionales. Por último, la aplicación del reajuste sobre los honorarios y el aumento de asignaciones de alimentación eleva sobre lo anteriormente expresado el costo total del reajuste presentado a la consideración del Honorable Congreso Nacional en el documento ya referido, a un monto de Eº 1. 143, 8 millones, incluyendo las asignaciones familiares de cargo fiscal.

Si se tiene presente que el monto de las remuneraciones anuales de responsabilidad fiscal vigentes al 31 de diciembre de 1967, alcanzan a E° 4. 037, 6 millones sin asignaciones familiares y que el monto del reajuste que resulta de los cálculos anteriores para esas mismas remuneraciones es de Eº 1. 088, 5 millones, el mayor gasto en dinero efectivo, en el caso de aprobarse esta proposición original, alcanzaría a 26, 9% de las remuneraciones.

La Ley de Presupuesto aprobada consulta los Eº 170 millones necesarios para dar cumplimiento al acuerdo magisterial y además consulta una reserva efectiva de Eº 416 millones cuyo monto ha sido explicado anteriormente, lo que hace un total de Eº 586 millones. Se concluye, por consiguiente, que de mantenerse la proposición original de reajuste de remuneraciones sería necesario encontrar financiamiento adicional por Eº 557, 8 millones (1. 143, 8-586, 0).

Al mayor gasto anterior es necesario agregar los siguientes egresos no considerados en la Ley de Presupuesto, en parte muy fundamental por haberse previsto abordar el financiamiento de los más importantes a través de la Ley de Reajustes y del Fondo de Capitalización.

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Para financiar esta suma sólo se dispone de ingresos no considerados provenientes de revisión de cálculos por US$ 7 millones (Eº 42, 7 millones) y de diversas medidas administrativas que rinden Eº 29 millones. El oportuno despacho de la ley que restablece el impuesto patrimonial por un año, el efecto de las eliminaciones de exenciones a la mediana minería del cobre y el impuesto a la facturas, dan un rendimiento de ingresos estimado de Eº 126, 0 millones que sumados a los Eº 71, 7 millones señalados, permitirían disponer de la suma de Eº 197, 7 millones. En otros términos, las cantidades a las cuales sería preciso buscar financiamiento alcanzarían a un total de Eº 1. 073, 1 millones.

Frente a esta cuantiosa suma el Gobierno ha dispuesto por un lado introducir economías en los gastos e inversiones ya aprobadas y por otro reducir los programas de inversión propuestos. En cuanto a los primeros, ha logrado identificar recortes razonablemente posibles, en algunos casos por reducción de gastos corrientes, en otros por postergación de inversiones y en algunos casos por financiamientos alternativos muy probables que no gravan el presupuesto fiscal, equivalentes en total a Eº 180, 0 millones. En lo referente a los segundos propone reducir en Eº 72, 0 millones los aportes fiscales ya estudiados a CORVI, que dispondrá, por otro lado de Eº 20 millones adicionales de ingresos propios y de Eº 22 millones provenientes del alza por una vez, que este proyecto propone de 1% a 1, 5% del impuesto que la beneficie. Por lo tanto la reducción de este programa será sólo de Eº 30 millones. Se reducen también los aportes a CORFO en Eº 39, 0 millones y en Eº 20, 0 millones los del Servicio de Seguro Social. El conjunto de las economías así propuestas alcanza a Eº 311, 0 millones.

Al explicar más adelante el nuevo sistema de reajuste de remuneraciones que se propone para los funcionarios públicos y demás dependientes del presupuesto fiscal, se podrá apreciar el esfuerzo de justa compensación a los servidores públicos por el deterioro del poder adquisitivo de sus remuneraciones que se ha procurado hacer dentro de los limitados recursos disponibles.

Con las medidas que este proyecto consulta se ha logrado reducir el costo del monto del reajuste, incluida la asignación familiar, de Eº 1. 143, 8 millones señalado anteriormente a un total de Eº 1. 003, 7 millones, es decir, una economía de Eº 140, 1 millones. Con esta modificación el reajuste promedio general que recibirán los servidores públicos excluida la asignación familiar, que se reajusta en un 20%, será de un 23, 9% considerando al sector activo y pasivo.

En resumen, el conjunto de economías introducidas respecto a los gastos ya acordados, convenidos o proyectados, representa una reducción de Eº 451, 1 millones. Con ello, la suma que todavía necesitaría ser financiada alcanzaría a Eº 622, 0 millones.

Es en atención a la magnitud de esta cifra, y a la urgencia de obtener recursos oportunamente, que el Gobierno estimó conveniente reiterar ante el Senado, en el segundo trámite de la ley sobre el impuesto patrimonial, el establecimiento de un conjunto de otros impuestos que ya habían sido solicitados en la Ley de Reajuste retirada del Congreso. Estos impuestos, referentes a los combustibles, vino, bebidas analcohólicas, cervezas, cigarrillos, tasa de despacho y tasa de registro, tienen un rendimiento que el Ministerio de Hacienda había estimado en Eº 220 millones sobre la base de que algunos pudiesen rendir por 11 meses, otros por 10 y otros significar ingresos efectivos de caja por 9 meses. El Honorable Senado decidió no despachar estos recursos hasta no conocer el proyecto de reajuste en su integridad, con lo cual naturalmente el rendimiento de estos impuestos se verá perjudicado por el atraso en su aplicación y percepción. Se podría estimar que la pérdida sería de 2 meses contra un rendimiento medio previsto de 10, es decir, una reducción del orden de unos Eº 44 millones. Para compensar en parte estas pérdidas de ingreso, en el presente proyecto se plantea una revisión de alguno de los impuestos ya propuestos con anterioridad, con lo cual en lo que resta del año estas medidas adicionales permitirían recuperar alrededor de 24, 0 millones de escudos.

En otras palabras, de ser aprobado este conjunto de impuestos se obtendría de ellos un rendimiento efectivo de caja del orden de Eº 200, 0 millones.

Con todo, para financiar el saldo y evitar déficit adicionales, el Gobierno se ve obligado a solicitar del Honorable Congreso Nacional, la adopción de otras cuatro medidas de gran trascendencia, cuya justificación detallada se encuentra más adelante en la explicación de las más importantes disposiciones de este proyecto de ley.

La primera de ellas es establecer una limitación en el sistema de determinación de pensiones del Servicio de Seguro Social, establecido por la Ley Nº 10. 383. Esta medida es imprescindible para evitar el colapso general a breve plazo del sistema de seguridad social del país como se explica más adelante.

La segunda es el alza del impuesto de la compraventa del 7 % a 8 % y en forma proporcional las demás tasas y reducción del mínimo exento para la emisión de boletas, todo lo cual rendiría un mayor ingreso de Eº 178, 0 millones.

La tercera consistirá en la autorización para la revalorización de activos en la forma que se explica más adelante, medida que dará un rendimiento calculado de Eº 34, 0 millones.

Finalmente y con las modalidades que también se explicarán, se propone un esfuerzo generalizado a todos los que disponen de rentas que están gravadas con tributos. Se solicita un empréstito equivalente al 7% de los impuestos a la renta de las personas y de un 13% de los impuestos a la renta que paguen las Empresas. El rendimiento estimado por este concepto es de Eº 210, 0 millones.

Todos los nuevos recursos descritos producirían los siguientes ingresos:

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Complementando lo expuesto precedentemente, se exponen en seguida los aspectos básicos del articulado del Proyecto de Ley. Este está dividido en siete títulos que corresponden al reajuste del sector público, al del sector privado, a la entrega de aportes para la vivienda, a las disposiciones previsionales, a las disposiciones varias y al financiamiento, agregándose finalmente las disposiciones sobre normas presupuestarias y de Tesorería y las transitorias.

En cuanto al Sector Público los aumentos especiales acordados para determinados Servicios, que comprenden a las Fuerzas Armadas y Carabineros, Poder Judicial y Sindicatura de Quiebras, Correos y Telégrafos, Servicio Nacional de Salud y médicos, Registro Civil, Prisiones, Dirección de Industria y Comercio, Servicios Eléctricos, Profesorado, y al personal sujeto a Convenio de la Empresa Marítima y que constituyen aproximadamente las dos terceras partes del personal activo de la Administración Pública, representan un reajuste promedio de 33, 41%. El resto del Sector Público en actividad recibirá una compensación total de 21, 9%, equivalente al alza del índice de precios al consumidor al 31 de diciembre de 1967, de la cual un 12, 5% se enterará en dinero sin descuento de la primera diferencia para la Caja de Previsión y un 7, 5% mediante la entrega de aportes del Estado para la adquisición o construcción de viviendas para cada uno de estos funcionarios, a través de CORVI o de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, en la forma que se señalará más en detalle al tratar el título respectivo de este Proyecto de Ley. De esta manera, se está pidiendo, al sector de funcionarios mencionado, que una parte de la compensación la destine a cubrir una necesidad básica, cual es el logro de la casa propia. Quien tenga ya lograda esta aspiración podrá recibir en dinero el porcentaje antedicho en la forma que se expresa en el Título III.

Como puede apreciarse, el conjunto de los funcionarios públicos en actividad recibirá un reajuste promedio en dinero de 24, 52% sobre las remuneraciones percibidas al 31 de diciembre de 1967, sin considerar el beneficio adicional de un 7, 5% como aporte para la vivienda.

La asignación familiar se reajusta en un 20%. Por su parte, el sector pasivo recibe porcentajes variables de reajusta según sea que esté acogido al fondo de revalorización de pensiones, que pertenezcan las Fuerzas Armadas y Carabineros en retiro o que estén acogidos al artículo 132 del D. F. L. Nº 338.

Finalmente, respecto al título relativo al reajuste del sector público, se contienen párrafos referentes a las reglas para la aplicación de los reajustes, a los aportes que se entregan a las diversas instituciones para cubrir los montos de reajustes acordados y normas varias, cuya explicación en detalle corresponderá hacer en el curso del trámite legislativo.

En cuanto a los trabajadores del sector privado, a que se refiere el Título II de este proyecto de ley, el reajuste será de un 21, 9% desde el 1? de enero de 1968 de las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo, vigentes al 31 de diciembre de 1967, respecto de los que no estén acogidos a convenios colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales. Por lo tanto, para este sector el aumento será equivalente al índice de precios al consumidor registrado en el año 1967 y pagado íntegramente en dinero. Aquellos trabajadores que se rigen por tales convenios, actas o fallos, tendrán un reajuste equivalente al 100% del aumento del índice de precios al consumidor durante el período de vigencia de los mismos. Debe señalarse, además, que el proyecto de ley deja en vigor los convenios, actas y fallos que se hayan concretado hasta la fecha de la vigencia de la ley.

Por las razones ya expresadas en las consideraciones económicas de carácter general que contiene la primera parte de este Mensaje, se propone en este proyecto, que los beneficios económicos que obtengan los trabajadores a través de actas de avenimiento, convenios colectivos o fallos arbitrales acordados o suscritos a contar desde la vigencia de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 1968, y que excedan del porcentaje del alza del índice de precios, se abonen en la forma ya dispuesta para un sector de los servidores públicos; esto es, mediante la entrega de aportas individuales para la adquisición o construcción de viviendas. Esta proposición no sólo es justa desde el punto de vista de que se otorga una compensación equivalente al laza, del costo de la vida, sino que, a través de ella se está solicitando a los grupos con mayor capacidad de contratación, que las sumas que puedan recibir en exceso, las destinen en su propio beneficio a programas de vivienda, y eviten de este modo, como ha ocurrido tradicionalmente, que los mayores reajustes se trasladen a los precios y sean por tanto pagados por todos los consumidores y muy especialmente por los trabajadores que no tienen organización y con ello más bajas rentas.

El Título III trata, como se ha dicho, de la entrega de aportes para la vivienda. Estos aportes se traducirán en cuotas de ahorro para la vivienda y estarán regidos por lo dispuesto en el D. F. L. Nº 2, de 1959, y, por lo tanto, gozarán de reajustabilidad y podrán aplicarse al pago del precio de una vivienda construida o adquirida por intermedio de la Corporación de Servicios Habitacionales o de una Asociación de Ahorro y Préstamo.

A los aportes que en esta oportunidad se harán por el Estado a los empleadores, en su caso, se agregarán de una manera permanente los fondos que se recaudan de acuerdo a lo dispuesto en las leyes 14. 171, 15. 561, 15. 564 y 16. 464, regularizándose en esta forma una situación que proyecta una obligación fiscal a vencer en el año 1971 por una suma del orden de Eº 360 millones, cantidad que por su magnitud crearía problemas insolubles a la Corporación de la Vivienda, lo que obliga a afrontarlos de inmediato si no se quiere provocar una situación imposible de resolver a esa fecha.

Se otorga la oportunidad a quienes reciban estas cuotas de ahorro que ya sean dueños de viviendas de rescatarlas en dinero reajustadas, a contar del 31 de diciembre de 1970, en tres cuotas anuales, o de transferirlas a su cónyuge o parientes cercanos, para que éstos puedan aplicarlas a igual finalidad de construcción o adquisición.

Los titulares de estas cuotas podrán tener como beneficios adicionales la posibilidad de utilizarlas en amortizaciones de deudas hipotecarias o habitacionales y de recibir ayuda en dinero adicional del Estado por los aportes voluntarios que efectúen para aumentar el monto de las cuotas que reciban. Esta clase de premio podrá hacerse extensiva a los convenios de construcción o adquisición de viviendas que se hagan con organizaciones, asociaciones o cooperativas formadas por funcionarios.

El Título IV se refiere a las normas previsionales. En esta materia cabe destacar en primer lugar la disposición del artículo que se refiere a la aclaración del régimen de pensiones mínimas de los pensionados de las diferentes cajas de previsión social como de los del Servicio de Seguro Social y de la Sección Tripulantes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional. A este respecto, la ley 15. 386, de 1963, pretendió corregir la situación creada por la ley 14. 688, de 1961, que estaba llevando a un sistema de reajustes de las pensiones mínimas que superaría el monto del salario mínimo industrial del trabajador en actividad. La interpretación administrativa técnica de las disposiciones de la primera de dichas leyes ha conducido a mantener esta situación irregular, al punto que la pensión mínima de invalidez y vejez del Servicio de Seguro Social alcanzó en 1967 a Eº 172, 99, en circunstancias que el salario mínimo industrial llegó sólo a Eº 144, lo que contraría los más elementales fundamentos de la seguridad social.

Por otra parte, ello ha venido a agudizar la difícil y, aún más, insostenible situación financiera del Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social. En efecto, tal como el Ejecutivo ha tenido la oportunidad de destacarlo ante el Congreso Nacional, el déficit del Fondo de Pensiones está creciendo a una velocidad que hace prever la quiebra total de dicho Fondo y una eventual suspensión del pago de las pensiones por falta material de recursos, a causa del sistema de reajuste de ellas establecido por el artículo 47 de la ley Nº 10. 383. Es esta situación la que, en segundo lugar, se procura corregir a través del Título IV de esta ley.

Dentro de una buena técnica de seguridad social es admisible que las pensiones de los elementos pasivos se reajusten en la misma proporción en que aumente el costo de la vida; pero, constituye un grave error, que atenta en contra de la estabilidad de las instituciones encargadas del pago de las pensiones, que deba aplicarse un reajuste superior. Todos los sistemas de reajustes de pensiones existentes en nuestra legislación están fundados en este principio, salvo el caso del Servicio de Seguro Social y de la Sección Tripulantes de la Caja de la Marina Mercante Nacional.

En efecto, el siguiente cuadro demuestra los porcentajes de aumentos del índice de precios al consumidor durante los últimos años y de los reajustes de las pensiones del Servicio de Seguro Social:

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Como los salarios mínimos industriales han sido reajustados, en los años indicados, en el porcentaje de aumento del índice de precios, resulta que, mientras las pensiones se han reajustado en un 187, 45%, los salarios han sido reajustados en un 103, 86%. En otros términos, los pasivos han tenido un mayor aumento que los activos, lo cual contraría, como ya se dijo, todas las normas de seguridad social.

La situación descrita se mantendría durante 1968, puesto que siendo el reajuste de salarios equivalente al alza del índice de precios, o sea, un 21, 9%, se estima que el reajuste de las pensiones llegaría a un porcentaje cercano al 37%, situación a la cual es preciso poner inmediato correctivo.

Esta anomalía ha traído como consecuencia, tal como se ha expresado, una situación de falencia del Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social, como lo demuestra el hecho de haber tenido éste, en 1967, un déficit de Eº 183. 000. 000, aproximadamente, que fue posible cubrir acudiendo a los excedentes de otros Fondos, como lo autorizó la ley de Presupuestos, lo que no constituye una fuente de financiamiento posible en el futuro.

Si se supone para 1968 un porcentaje de reajuste de remuneraciones igual a un 21, 9% y un reajuste de pensiones igual al alza del salario medio de subsidios (37%), se producirá, a fines del año, un déficit de Eº 309. 130. 000, el cual, en el supuesto improbable de que pudieran producirse los excedentes ocupados el año 1967, podría reducirse a Eº 211. 260. 000.

En estas circunstancias, no puede el Ejecutivo dejar de proponer las medidas necesarias para eliminar el déficit existente; y, por eso, junto con los nuevos recursos que el proyecto establece, es preciso modificar el sistema de reajuste de las pensiones equiparándolos a los demás existentes en nuestra legislación, fijándole como límite el porcentaje de aumento del índice de precios al consumidor en el año precedente. Para este efecto, se propone agregar un inciso al artículo 47 de la ley Nº 10. 383, estableciendo esa limitación. Proceder en otra forma importaría una imperdonable ligereza y un engaño para los mismos pensionados, pues, muy pronto, llegará el día en que no será posible pagarles sus pensiones, como ha sucedido en algunos países por no haberse adoptado en tiempo debido, las medidas del caso.

En el Título V relativo a las disposiciones varias, el Ejecutivo plantea la supresión de diversos días feriados, la limitación de los excesos originados en la aplicación del régimen de vacaciones progresivas y la mejor distribución del horario de trabajo de los servicios públicos durante el período de verano.

El Gobierno está convencido que sin un esfuerzo de mayor trabajo al país le será difícil lograr las metas de desarrollo que se ha propuesto. Es por ello que permanentemente ha apelado a la conciencia de los trabajadores y empresarios, para que dentro de las normas generales económicas que fija el Ejecutivo para promover el desarrollo dentro de la estabilidad monetaria, se logren solucionar los conflictos laborales sin llegar a la paralización de actividades, que causa un daño irreparable al país.

Inspirado en el mismo propósito de aumentar la productividad nacional es que se proponen ahora las medidas enunciadas.

La supresión de los días feriados religiosos del 29 de junio, de las fiestas movibles de la Ascensión y de Corpus Christi, ha contado con la comprensión de la jerarquía de la Iglesia Católica que contribuye así de una manera más al progreso de la Patria. Además se propone suprimir como feriado el día de la Raza, es decir, el 1°, de octubre. En todo caso se mantienen estas fechas como festividades en la forma expuesta en el articulado del proyecto.

Por último, se ha estimado que es una medida útil la distribución del horario de trabajo de los días sábados, en el resto de los días de la semana, para la Administración Pública desde el 15 de diciembre al 1º de marzo.

En el Título VI se aborda el financiamiento de este proyecto. Ya en la primera parte de este Mensaje se explicó detalladamente como se llegaba a la cifra total que era necesaria financiar y se alcanza a la suma de Eº 1. 270, 8 millones. Se señala que para ello se disponía de mayores ingresos por revisión de cálculos por Eº 42, 7 millones; del rendimiento de diversas medidas administrativas por Eº 29 millones; del impuesto patrimonial, eliminación de exenciones a la mediana minería, el impuesto a las facturas, que en conjunto dan un rendimiento de Eº 126 millones. Por otra parte, se explicaba que el conjunto de economías introducidas respecto a los gastos ya acordados, convenidos o proyectados, representa una reducción de Eº 451, 1 millones, representado por reducción de gastos corrientes y postergación de inversiones por Eº 180 millones, reducción de los mayores aportes estudiados para CORVI, CORFO y S. S. S, por Eº 131 millones, y por una reducción del costo del reajuste en Eº 140, 1 millones.

Con todo la suma que necesitaba aún ser financiada llegaba a Eº 622, 0 millones. Para ello el Ejecutivo precisa renovar la proposición ya hecha en el anterior proyecto de reajustes sobre impuestos a los combustibles, bebidas analcohólicas, cervezas, cigarrillos, tasa de despacho y aumento de la tasa, de registro, en la forma que se propone ahora con algunas variantes. Además, se agregan para compensar pérdidas de ingreso, diversos impuestos menores que se detallan en el articulado. Necesita también, como se dijo ya en este Mensaje, adoptar otras medidas que pasan a explicarse más en detalle.

La primera, es el alza del impuesto a la compraventa, se eleva la tasa general en un 1 % y las demás que afectan a artículos específicos en la misma proporción. De igual forma se eleva la tasa del impuesto a los servicios. Junto con ello se rebaja a un 1/2% de un sueldo vital mensual la exención para la emisión de boletas de compraventa. Cabe hacer presente que no se ha renovado la proposición del anterior proyecto de reajustes en cuanto a un impuesto fijo al vino de Eº 0, 20 por litro y que se propone en cambio el alza de las tasas de la primera transferencia.

La segunda medida es solicitar un empréstito a todos los contribuyentes a la renta, esto es a los de la 1ª y 2ª categoría, adicionales, global complementario, valores mobiliarios, ganancias de capital, premios de lotería, camiones, microbuses y taxis y Gran Minería del Cobre.

Este empréstito se aplicará sobre los referidos impuestos que deban pagarse en el año tributario 1968 y será equivalente a un 7% de los mismos para las personas naturales con exclusión del impuesto del 3, 5% sobre sueldos y salarios, y de un 13% para las personas jurídicas y negocios individuales afectos al impuesto de categoría. Este empréstito se restituirá en 5 cuotas anuales iguales, a contar del año tributario 1970, mediante su imputación a los impuestos a la renta que los contribuyentes deban pagar en dichos años.

Finalmente se plantea en este Título del Financiamiento la autorización para una revalorización extraordinaria de los activos. Ello se justifica porque el mecanismo de reajuste del capital propio que se está aplicando desde el año 1960 no ha permitido un desgravamen suficiente de utilidades, con ocasión de la desvalorización monetaria, especialmente respecto de aquellos contribuyentes cuyo activo realizable es muy superior al inmovilizado. Por otra, parte las revalorizaciones extraordinarias de activos autorizados por diversas leyes en años anteriores, la última de las cuales es el año 1964, fueron utilizadas en muy diverso grado por los diferentes contribuyentes, según su capacidad financiera u otros factores, lo que determinó que, desde la aplicación del sistema general de revalorización del capital propio, esos contribuyentes se han encontrado en muy diferentes niveles de actualización de los bienes de su activo, lo que es justo procurar remediar en esta oportunidad. A fin de que no se desgraven rentas que debieran tributar en forma normal, el articulado del proyecto consulta la norma de que en el ejercicio en que se contabilice esta revalorización, el contribuyente deberá declarar y pagar un impuesto de categoría a lo menos igual al que debieron pagar por los resultados del balance que sirvió de base a la revalorización.

Las disposiciones sobre aspectos presupuestarios y de Tesorería, como asimismo las transitorias, se refieren a materias que no justifican una explicación en detalle y cuyos alcances podrán ser precisados en el curso del trámite de este proyecto.

Por las consideraciones expuestas, vengo en someter a la deliberación del Honorable Congreso Nacional, para ser tratado en el actual período extraordinario de sesiones y con el carácter de urgente, el si-siguiente

Proyecto de ley:

TITULO I

Del reajuste del Sector Público

Párrafo 1º

Reajuste general del Sector Público

Artículo 1º.- Reajústanse en un 12, 5% los sueldos y salarios bases de las escalas vigentes al 31 de diciembre de 1967, de los empleados y obreros del Sector Público y Municipalidades, cualquiera que sea su régimen estatutario.

Sin perjuicio de lo anterior se entregará cuotas de ahorro para la Vivienda en la forma dispuesta en el Título III por una suma equivalente a. la cantidad que resulte de aplicar un 7, 5% a los sueldos y salarios bases a que se refiere el inciso precedente incluidas las asignaciones expresadas en un porcentaje de dicho sueldo base.

A los funcionarios de los Servicios e Instituciones incluidos en el Párrafo 2º de la presente ley, y en los artículos 25 y 26 de la ley Nº 16. 617, se les entregará cuotas de ahorro para la vivienda, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso anterior sólo hasta enterar un aumento total de 20%, incluido el reajuste ordenado en el inciso primero, calculado en la misma forma que éste. Se incluirán asimismo y previamente para los fines de enterar dicho 20% los aumentos a que tienen derecho en virtud de la reestructuración de sus plantas y de lo dispuesto en los citados artículos de la ley Nº 16. 617, incluidos los ascensos que se produjeren como consecuencia de dichas reestructuraciones.

Artículo 2º.- Respecto del personal de las plantas docentes del Ministerio de Educación Pública se aplicarán las disposiciones del inciso primero del artículo 1º considerando las escalas de sueldos fijadas en el artículo 25 de la ley Nº 16. 617 para el año 1968.

Artículo 3º.- Para dar cumplimiento al inciso primero del artículo 1° de esta ley en relación con el valor de las horas de clases señalado en los artículos 25 y 26 de la ley Nº 16. 617, se aplicará sobre esos valores un porcentaje de reajuste de un 12, 5% que incrementará los valores bases a que se refieren dichos artículos.

Artículo 4º.- Los tarifados bases y las remuneraciones al 31 de diciembre de 1967 del personal de la Empresa Portuaria a que se refieren los artículos 69, 70 y 71 de la ley Nº 16. 617, se reajustarán en él porcentaje de 12, 5% establecido en el inciso primero del artículo 1º de la presente ley.

La aplicación del reajuste antedicho a los tarifados bases y remuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 1967, no podrá significar en caso alguno un aumento de dichos tarifados bases y remuneraciones superiores a los que contempla el presente artículo.

Artículo 5º.- Reajustase en un 20% la asignación familiar por carga, que corresponde al personal de empleados y obreros del Sector Público y que se pague directamente por el Fisco o por los Servicios a que se refiere este Título, siempre que su monto no se determine de-acuerdo con la ley Nº 7. 295 o con el D. F. L. Nº 245, de 1953.

Todos los pensionados del Sector Público tendrán derecho al mismo reajuste de la asignación familiar a que se refiere el inciso anterior.

Párrafo 2º

De los reajustes especiales

A.- De las Fuerzas Armadas y CarabinerosArtículo 6º.- Reemplázase, en los artículos 2º y 3º de la ley Nº 16. 466, modificados por los artículos 53 y 54 de la ley Nº 16. 617 los guarismos "20%", "Eº 150" y "Eº 75" por "35%", "Eº 270" y "Eº 150", respectivamente.

Sustituyanse en el artículo 3 de la ley Nº 14. 603, modificado por el artículo 30 de la ley Nº 15. 575, los guarismos "Eº 60" y "Eº 30", por "Eº 200" y "Eº 100", respectivamente.

Artículo 7º.- Los Oficiales en posesión de la renta de II Categoría obtendrán las remuneraciones correspondientes a la I Categoría al enterar 30 o más años válidos para el retiro. Este beneficio sólo podrá impetrarse mientras se está en servicio activo.

Artículo 8º.- Sustitúyanse en el artículo 15, letra b) del D. F. L. Nº 63, de 1960, la frase "a su sueldo en moneda corriente" por "a las remuneraciones en moneda corriente de que disfrute en el país con exclusión de la asignación familiar y asignación establecida en el artículo 3º de la ley Nº 14. 603" y la frase "del ya mencionado sueldo" por "a las ya indicadas remuneraciones".

Artículo 9°.- Sustitúyase en el artículo 1º del D. F. L. Nº 63, de 1960, la frase "en el artículo 4º de la ley Nº 11. 824", por la siguiente: "Los artículos 4º y 5º de la ley Nº 11. 824".

Artículo 10.- El personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros da Chile con goce de pensión de retiro y sus beneficiarios de montepío, comprendidos en el artículo 3º de la ley Nº 16. 466, modificado por el artículo 54 de la ley Nº 16. 617, tendrán derecho, sin perjuicio del beneficio establecido en las citadas disposiciones, al aumento de la Bonificación Profesional que resulta de la aplicación del artículo 6º, inciso primero de la presente ley, pero lo percibirán en la siguiente forma: 1/3 a contar del 1º de enero de 1968; 2/3 a contar del 1º de enero de 1969 y 3/3 a contar del 1º de enero de 1970.

Asimismo, se pagará este aumento en igual forma que la establecida en el inciso anterior, al personal inutilizado de II Clase y a los montepíos concedidos por esta misma causal.

No obstante, el personal a que se refiere el inciso primero y cuya fecha de retiro o licenciamiento sea posterior al 1º de enero de 1968, percibirá en forma íntegra la Bonificación Profesional.

Artículo 11.- Reemplázase en el artículo 2º, inciso segundo de la ley Nº 11. 824, sustituido por el artículo 30 de la ley Nº 13. 305, el guarismo "5%" por "8%".

Artículo 12.- No serán aplicables al personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros de Chile, las disposiciones de los artículos 12 y 17 de la ley Nº 14. 688 y el artículo 2º de la ley Nº 14. 603.

Artículo 13.- Derógase en el artículo 45 del D. F. L. Nº 209, de 1953, la siguiente frase: "En quinto grado las hermanas legítimas solteras huérfanas. "

Artículo 14.- Suprímense los incisos segundos de los artículos 46 y 37 de los D. F. L. 209 y 299, respectivamente, de 1953, y agrégase el siguiente inciso final a los artículos 48 y 49 de los citados textos legales:

"Los asignatarios de montepíos que hubieren perdido el goce de éste, no lo recuperarán por causa alguna, ni aún en el evento de nulidad de matrimonio".

B.- Del personal afecto a la ley Nº 15. 076 y del Servicio Nacional de SaludArtículo 15.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15. 076:

a) Reemplázase el inciso primero del artículo 7º por el siguiente:

"Artículo 7º.- El sueldo mensual por cada hora diaria de trabajo será de Eº 295, 50".

Además, a cada hora le corresponderá mensualmente la suma de Eº 10, 50 durante el año 1968, que se regirá por las normas dispuestas en el Título III.

b) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 43:

"Los médicos becarios del Servicio Nacional de Salud tendrán derecho, durante los seis meses siguientes al término de su beca a una asignación equivalente a un 50% del sueldo basa que les corresponde percibir como funcionario de dicho Servicio, siempre que sean designados para ejercer funciones en alguna provincia que no sea Santiago".

Artículo 16.- Al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del regido por la ley número 15. 076 y del sujeto a tarifado gráfico, le será aplicable lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1º de la presente ley.

En todo caso, cada categoría o grado de las escalas establecidas en el artículo 14 de la ley Nº 16. 617, comprendido el reajuste a que se refiere el inciso anterior, tendrá un aumento que signifique alcanzar en total un 91, 5% de cada categoría o grado de las escalas fijadas en el artículo 1º de la ley Nº 16. 617 que rijan para el año 1968.

Artículo 17.- Concédese, en el año 1968, a los empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal sujeto a. tarifado gráfico y del personal de empleados particulares, una bonificación no imponible, que no será considerada sueldo para ningún efecto legal y que se devengará en las fechas y monto que se indican:

Marzo Eº 120

Septiembre 150

Diciembre 150

Artículo 18.- Prorrogúese para el año 1968, reajustada en un 20%, la bonificación por antigüedad establecida en el inciso segundo del artículo 16 de la ley Nº 16. 617.

Artículo 19.- Las escalas de sueldos fijadas en el artículo 14 de la ley Nº 16. 617, modificadas por la presente ley, serán imponibles en un 90% y no imponibles en el resto.

Artículo 20.- El personal contratado y a jornal del Servicio Nacional de Salud, no afecto a la ley Nº 15. 076, legalmente designado al 30 de junio de 1967 y que se encuentre en servicio a la fecha de vigencia de esta ley, será incorporado a la planta permanente, en el último grado del escalafón en que se encuentre contratado. El personal a jornal será designado en el escalafón que corresponda a las funciones que desempeñe a la vigencia de esta ley, siempre que reúna los requisitos legales para dichas funciones. En caso contrario, lo será en el escalafón de personal de servicio no especializado.

Para los efectos de la aplicación del inciso anterior, se considerará personal a jornal el que se desempeñe en dicha calidad en cualquiera de los establecimientos dependientes del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal sujeto a tarifado gráfico, de aquél a que se refiere el artículo 104 de la ley Nº 15. 020 que se desempeñe como obrero agrícola, de los contratados por la Oficina de Saneamiento Rural con cargo al financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y de aquellos contratados para ejecutar programas de saneamiento o campañas sanitarias.

Las disposiciones precedentes no se aplicarán a aquellos funcionarios que, en virtud del artículo 169 del Estatuto Administrativo, han mantenido la propiedad de su empleo al ser contratados en cargos de diferente escalafón, a menos que renuncien al empleo anterior.

Si la renta asignada al cargo en que se incorpore al personal mencionado en los incisos anteriores, fuere inferior a la remuneración de su contrato, la diferencia le será pagada por planilla suplementaria.

La incorporación del personal a que se refiere este artículo se efectuará por estricto orden de antigüedad, según las normas del artículo 51 del Estatuto Administrativo.

El Servicio Nacional de Salud creará los cargos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en los incisos anteriores, sin sujeción a las disposiciones del D. F. L. Nº 68, de 1960.

El gasto que demande el cumplimiento de esta disposición será de cargo del Servicio Nacional de Salud y se financiará mediante traspaso entre los distintos ítem de remuneraciones del Presupuesto de ese Servicio. Para estos efectos, se faculta al Director General de Salud para efectuar las modificaciones que correspondan a dicho Presupuesto, previa visación de la Dirección de Presupuestos.

Artículo 21.- Declárase que las expresiones "renta total imponible y no imponible" contenidas en el artículo 17 de la ley Nº 16. 617, se refieren sólo a las remuneraciones fijadas en el artículo 13 de dicha ley y en la escala de grados y sueldos establecida en el artículo 14 del mismo texto, durante el lapso de vigencia respectivo.

Artículo 22.- Declárase que el artículo 8º de la ley Nº 16. 605 ha regido y continuará rigiendo sin interrupción para el personal del Servicio Nacional de Salud.

El Director General de Salud dictará las normas para su debida aplicación, señalando los establecimientos y el personal que se regirá por ellas con visación de la Dirección de Presupuestos.

Igual disposición le será aplicable al personal del Servicio Médico Nacional de Empleados que determine el Vicepresidente Ejecutivo, siempre que se desempeñe en hospitales, sanatorios y casas de reposo de la Institución.

Artículo 23.- Autorízase al Presidente de la República para que en el evento de que se produzcan excedentes en el Presupuesto vigente del Servicio Nacional de Salud, proceda con cargo a dichos excedentes y a contar del 1° de enero de 1969, a modificar paulatinamente las plantas del personal de dicho Servicio, fijando gradualmente los nuevos escalafones que comprenderán sus distintas escalas de, categorías, grados y sueldos.

La aplicación de este artículo no podrá significar eliminación de personal, disminución de sus remuneraciones, pérdida de su actual categoría o grado, régimen previsional o beneficio que le confiere el artículo 132 del D. F. L. Nº 338, de 1960.

El personal titular del Servicio Nacional de Salud que esté en funciones al momento de la aplicación de este artículo, será designado con excepción del afecto a la ley Nº 15. 076 y del sujeto a tarifado gráfico, en los nuevos cargos que se creen y de acuerdo exclusivamente con la antigüedad que tenga en el escalafón a que pertenezcan.

Si entre dos o más empleados se produce coincidencia de antigüedad, se atenderá a la antigüedad en el Servicio y si también existe igualdad a este respecto, a la antigüedad en la Administración Pública.

Artículo 24.- Prohíbese al Servicio Nacional de Salud durante el año 1968, efectuar nuevas designaciones de personal, sea de planta, a contrata o a jornal, salvo aquellas que resulten de la aplicación de los artículos anteriores o en los casos calificados que sean autorizados por decreto supremo, previa visación de la Dirección de Presupuestos".

C.- Del Poder Judicial y déla Sindicatura General de QuiebrasArtículo 25.- Fíjanse para los funcionarios del Poder Judicial y Sindicatura General de Quiebras las siguientes escalas únicas de sueldos:

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El reajuste del inciso primero del artículo 1? de la presente ley será aplicable a las escalas que se establecen en este artículo.

Artículo 26.- En la planta del personal subalterno del Poder Judicial elevase a grados 3º, 4°, 5º, 6º y 7º, los cargos de grado 4º, 5º, 6º, 7º y 8º, respectivamente.

Artículo 27.- Establécese una asignación del 10% sobre el sueldo base, en favor de los funcionarios judiciales con sueldo fiscal que se desempeñen en cargos para los cuales se requiera el título de abogado y les afecte la prohibición contemplada en los artículos 316 y 479 del Código Orgánico de Tribunales. De la misma asignación gozarán los funcionarios con sueldo fiscal de los Tribunales del Trabajo, de Indios y de Menores que les afecte similar prohibición y los defensores públicos de Santiago, para los cuales regirá también la prohibición contemplada en el citado artículo 479 del Código Orgánico de Tribunales.

Esta disposición no se aplicará a los Ministros de Estado y parlamentarios.

Artículo 28.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4º de la ley Nº 11. 986, de 19 de noviembre de 1955:

1) En el inciso segundo, reemplázase la frase "el equivalente a la diferencia que exista entre los sueldos de la primera y segunda categoría de la misma escala" por la frase "igual al que se concede por el inciso anterior".

2) En el inciso tercero intercálase a continuación de "Secretario de la Corte Suprema" la frase "y demás funcionarios de la segunda categoría de la escala de sueldos" y reemplázase la palabra "anterior" con que termina este inciso, por la palabra "primero".

3) Deróganse los incisos octavo y noveno.

Artículo 29.- Créase la siguiente Planta de Servicios en el Poder Judicial:

"Planta de Servicios"

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La provisión de los cargos de la Planta que se crea en el inciso anterior, se efectuará en la medida en que se vayan produciendo vacantes en los cargos del personal de Servicio incluidos actualmente en la Planta del Personal Subalterno y que no sean provistos con empleados en actual servicio de la referida planta.

Los cargos del personal de servicio que vacaren por aplicación del inciso precedente quedarán suprimidos de pleno derecho.

D.- Del Servicio de Correos y TelégrafosArtículo 30.- Reemplázanse las plantas vigentes del Servicio de Correos y Telégrafos por las siguientes:

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Artículo 31.- Los ascensos que corresponde efectuar por la aplicación de las nuevas Plantas del Servicio de Correos y Telégrafos, fijadas en el artículo anterior, se harán por estricto orden de escalafón, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 del D. F. L. Nº 338, de 1960.

Artículo 32.- Fíjanse para 1969 y 1970, respectivamente, 70 cargos adicionales en la Planta Administrativa "A" en el grado 8º del Servicio de Correos y Telégrafos. Dichos cargos serán llenados por Aspirantes según estricto orden de antigüedad, o en su defecto, de acuerdo a las calificaciones obtenidas en el curso. El número de personas por nomenclatura será:

1969 1970

Oficiales Postales 34 33

Telegrafistas 34 34

Ambulantes. 3 3

70 70

Artículo 33.- Fíjanse para 1969 y 1970, respectivamente, 192 cargos adicionales en la Planta Administrativa "B" del Servicio de Correos y Telégrafos. Dichos cargos serán llenados por obreros a jornal y el tras paso se hará de acuerdo a un escalafón elaborado por la Dirección General, considerando la antigüedad y el mérito. El número de personas, grados y nomenclaturas serán las siguientes:

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A su vez, en las nuevas contrataciones de personal de obreros a jornal, deberá exigirse a los postulantes haber cumplido con la Enseñanza Básica o estudios equivalentes.

Artículo 34.- Reemplázase el artículo 3º de la ley Nº 14.582, por el siguiente:

"Artículo 3º- Los agentes postales subvencionados se clasificarán en tres categorías cuyas rentas serán equivalentes al 82, 55 y 41 por ciento del sueldo asignado al último grado del escalafón de Oficiales y Telegrafistas.

Dichas rentas serán imponibles, en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, en las cantidades que resulte de aplicar los mismos porcentajes citados en el inciso anterior sobre la parte imponible del último grado antes citado.

Las normas para la clasificación de estos Agentes en las categorías señaladas, serán fijadas por decreto supremo.

Las rentas anuales citadas anteriormente se ajustarán al entero más cercano divisible por 12."

Artículo 35.- Los aspirantes egresados de la Escuela Postal Telegráfica, que desempeñen labores en el Servicio de Correos y Telégrafos serán encasillados en el grado 19º de la Planta Administrativa, no pudiendo gozar de otra renta que la asignada a este grado.

Artículo 36.- La conducción domiciliaria de los telegramas no dará derecho a los Mensajeros para hacer ningún cobro especial al destinatario.

E.- Del Servicio de Registro Civil e IdentificaciónArtículo 37.- Créanse en la Planta Directiva, Profesional y Técnica del Servicio de Registro Civil e Identificación las siguientes Categorías:

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Modifícanse en la Planta Administrativa del Servicio de Registro Civil e Identificación, los grados 4º, 5º, 6º, 7º y 8º, cuya composición será la siguiente:

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Los ascensos que signifique la aplicación de la nueva Planta se harán por estricto orden de escalafón.

F.- Del Servicio de Prisiones, Dirección de Industria y Comercio y Servicios Eléctricos y de Gas y Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Artículo 38.- Autorízase al Presidente de la República para que dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, proceda a reorganizar las Plantas de los siguientes Servicios e instituciones:

1.- Servicio de Prisiones.

2.- Dirección de Industria y Comercio.

3.- Servicios Eléctricos y de Gas.

4.- Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Asimismo, autorízase al Presidente de la República para que dentro del mismo plazo a que se refiere el inciso anterior proceda a modificar el sistema de montepíos actualmente vigente del Poder Judicial, quedando facultado para fijar los beneficiarios, montos de las pensiones y tasas de imposiciones.

La aplicación de este artículo no podrá significar eliminación de personal en actual servicio, disminución de sus remuneraciones, pérdida de su actual régimen previsional o beneficios que le confiere el artículo 132 del decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960.

Si la remuneración asignada al cargo resulta inferior a la remuneración total que percibe actualmente el funcionario que habrá de ocuparlo, la diferencia se pagará por planilla suplementaria.

Artículo 39.- Los decretos que se dicten en el ejercicio de las facultades señaladas en el artículo 38, llevarán numeración correlativa y serán expedidos por el Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de la firma de los Ministros que correspondan.

Párrafo 3º

Reglas para la aplicación de los reajustes

Artículo 40.- Con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1º de la presente ley, se entiende cumplido lo ordenado en los artículos 27 de la ley Nº 16. 617 y 33, inciso segundo de la ley Nº 15. 840.

Artículo 41.- Para los efectos de la aplicación del reajuste contemplado en el presente Título se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 82, inciso primero; 90, 91, 93, 94, 95, 128, 130, inciso tercero de los artículo 131 y 132 de la ley Nº 16. 617 modificándose las referencias al año 1966 del artículo 91 y al año 1967 de los artículos 94 y 132, por los años 1967 y 1968, respectivamente.

Artículo 42.- Al personal afecto a la ley Nº 15. 076, no se le aplicará el artículo 1º del presente Título, ni el artículo 95 de la ley Nº 16. 617., a que se refiere el artículo 41 de la presente ley.

Artículo 43.- Se declara que el reajuste ordenado por la presente ley para las instituciones del sector público, es el único aumento que tendrán las remuneraciones durante el año 1968, y que, por lo tanto, tampoco podrán concederse u otorgarse nuevas bonificaciones y aumentos de asignaciones especiales ni ningún otro nuevo beneficio pecuniario cualquiera que sea su naturaleza o denominación, sin perjuicio de que se reajusten, exclusivamente en el 12, 5% las bonificaciones, asignaciones, y otros beneficios de aplicación general existentes al 31 de diciembre de 1967, que constituyan sueldo y que consistan en cantidades fijas de dinero.

Artículo 44.- Declárase que lo dispuesto en el artículo anterior no es aplicable a la Empresa de Comercio Agrícola, quien, en uso de sus facultades legales establecidas en el D. F. L. Nº 274, de 1960, fijará por una sola vez durante 1968 las Plantas y remuneraciones de todo su personal de empleados.

Asimismo, la referida Empresa fijará, por una sola vez para 1968, los niveles de remuneraciones y clasificará sus obreros en 7 categorías para los Servicios menores y en 9 categorías para los demás.

Las remuneraciones que resulten de la aplicación de los dos precedentes incisos, incluirán el reajuste contemplado para el sector público en la presente ley, y regirán desde el 1º de enero del año en curso.

Artículo 45.- Deróganse los artículos 16, 28 y 47 y el artículo transitorio Nº 3 del decreto del Ministerio del Interior Nº 1. 391, de 30 de octubre de 1967.

El personal de la Oficina de Planificación Nacional quedará sometido a las disposiciones del D. F. L. Nº 338, de 1960, en cuanto no se contrapongan con las del Reglamento modificado por el inciso anterior.

Artículo 46.- Derógase el inciso tercero del artículo 5º del D. F. L. Nº 56, de 1960.

Párrafo 4º

De los aportes

Artículo 47.- El Tesorero General de la República entregará en el año 1968 las siguientes cantidades a los Servicios e instituciones que se indican, con el objeto de que den cumplimiento a las disposiciones de la presente ley:

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A las instituciones particulares que se detallan en el inciso anterior, sólo se les aplicará el reajuste del presente Título.

Al personal de Tripulantes y Operarios de la Empresa Marítima del Estado, sujetos a Convenio, se les aplicará el Título del sector privado.

Párrafo 5º

Normas varias del sector público

Artículo 48.- Facúltase al Director de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado para suprimir, por una sola vez en el curso del presente año, de las Plantas de su personal todos o algunos de los cargos que se encuentran vacantes a la fecha de la publicación de la presente ley.

Tratándose de las Plantas de torneros, fregadores y matriceros, eléctricos y mecánicos, se concederá, además, dicha autorización para los cargos que vaquen en el futuro.

Autorízase, también, al citado Director, para modificar los requisitos para proveer los cargos contemplados en la Planta Directiva, Profesional y Técnica, sin perjuicio que los cargos que se encuentran servidos sigan siéndolo por los mismos funcionarios.

Para la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores deberá requerirse la autorización previa de la Dirección de Presupuestos.

Artículo 49.- Declárase que la gratificación de zona de que gozan los obreros de la provincia de Aisén no es ni ha sido imponible.

Artículo 50.- Declárase ajustada a derecho, para todos los efectos legales, la interpretación dada a las disposiciones del decreto supremo Nº 222, de 1966, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Transportes, y a las normas contenidas en la ley Nº 16. 464, al reajustar las remuneraciones del personal de la Línea Aérea Nacional.

Artículo 51.- La Caja de Previsión de Empleados Municipales podrá formar con la Corporación de Mejoramiento Urbano sociedades que tengan por objeto cualquiera de los siguientes fines: la adquisición de inmuebles, su remodelación, su urbanización, la construcción en ellos de "viviendas económicas", edificaciones para equipamiento comunitario y su enajenación; para estos efectos podrá aportar, en todo o parte, los dineros u otros bienes que haya percibido o le corresponda percibir a cualquier título, excepto aquellos que se autoriza para deducir de sus entradas generales y los que deben entregarse a la Corporación de la Vivienda, de acuerdo al Nº 3 del artículo 76 del D. F. L. Nº 2, de 1959, cuyo texto definitivo fue fijado por decreto supremo Nº 1. 101 del Ministerio de Obras Públicas, de 3 de junio de 1960, publicado en el Diario Oficial de 18 de junio de 1960.

Con todo, los dineros u otros bienes que ingresen a la referida Caja provenientes de cualquier tipo de inversión efectuada con anterioridad al 31 de julio de 1959, y aun la restitución de dichas inversiones por liquidación de sociedades o retiros de aportes, y los establecidos en el artículo 101 de la ley Nº 16. 735 podrán ser destinados a los fines del inciso anterior, sin la limitación establecida en el mismo inciso.

Las viviendas construidas de acuerdo con lo preceptuado en este artículo serán entregadas a la Caja de Previsión de Empleados Particulares, para ser vendidas a sus imponentes.

Artículo 52.- Reemplázase en el decreto Nº 930 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en su artículo Nº 10, la letra e), por la siguiente: "e) Fijar anualmente el Presupuesto de Entradas y Gastos de acuerdo a lo establecido en el D. F. L. Nº 47, de 1959. En este Presupuesto deberán ser incluidas las Plantas del Personal y sus remuneraciones a propuesta del Director Ejecutivo, de acuerdo a las limitaciones establecidas en las leyes y disposiciones sobre contrataciones para el personal del sector público. ".

Modifícase el Nº 17, letra f), suprimiendo la siguiente frase: "y sin las limitaciones establecidas por las leyes para los Servicios Públicos, Semifiscales o de Administración Autónoma. "

Artículo 53.- Autorízase al Presidente de la República para disponer nuevas delegaciones de la firma del despacho correspondiente a las Secretarías del Estado y Servicios de su dependencia, mediante el procedimiento establecido en el inciso segundo del artículo 5° de la ley Nº 16. 436.

Artículo 54.- Los artículos 1º, 4º, 5º, inciso primero de los artículos 6º, 11, 12, 15, 16, 25, 26, 27, 30, 34, 35, 37 y 38 de la presente ley, regirán a contar del 1º de enero de 1968.

El inciso segundo del artículo 69 de la presente ley regirá a contar del 1º de abril del presente año.

Artículo 55.- La primera diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del Título I de la presente ley, no ingresará a las Cajas de Previsión. No obstante, los personales cuyo reajuste sea superior al 12, 5% ingresarán esa primera deferencia a las Cajas, considerándose como tal, para este efecto, sólo lo que exceda de dicho 12, 5%. Sin embargo, el personal a que se refiere el artículo 15 no se regirá por las normas señaladas anteriormente en este artículo.

Artículo 56.- Amplíase en dos años los plazos establecidos en los incisos 1º y último del artículo 295 de la ley Nº 16. 640.

TITULO II

Del Reajuste del Sector Privado.

Artículo 57.- Reajústanse en un 21, 9% a contar desde el 1º de enero de 1968 las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo, vigentes al 31 de diciembre de 1967, de los trabajadores, empleados u obreros del sector privado, no sujetos a convenios colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 58.- En el caso de los obreros agrícolas el reajuste mencionado en el artículo anterior se aplicará sobre la totalidad de las remuneraciones que les fueren pagadas en dinero efectivo.

Artículo 59.- El reajuste de los salarios de los garzones, camareros y ayudantes se aplicará sobre la parte fija pagada en dinero, con exclusión del porcentaje legal de recargo.

Artículo 60.- Los empleados de Archivo, Notarías o Conservadores de Bienes Raíces, tendrán derecho al reajuste señalado en el artículo 57.

Artículo 61.- La hora semanal de clases de los profesores a que se refiere la ley Nº 10. 518, se reajustará en un 21, 9% a contar del 1º de enero de 1968.

Artículo 62.- No se reajustarán las remuneraciones convenidas o pagadas en moneda extranjera. Tampoco se reajustarán aquellas que resulten de aplicar un porcentaje sobre otra remuneración reajustada o sobre un precio que le sirva de base, o las que consistan en porcentajes sobre utilidades, ingresos, ventas o compras.

Artículo 63.- En el caso de empleados u obreros cuyos contratos de trabajo contemplen remuneraciones a trato, los empleadores o patrones, según el caso, harán efectivo el porcentaje de reajuste a que se refiere el artículo 57 sobre el valor unitario del trato, pieza, obra o medida.

Artículo 64.- Se mantienen vigentes todos los sistemas de remuneraciones mínimas, vitales y de reajuste, que no hayan sido modificados expresamente por este Título, pero los aumentos que procedan en virtud de ellos no podrán sumarse a los de esta ley.

Artículo 65.- Las disposiciones del presente título se aplicarán a las Empresas e Instituciones del Estado que, en conformidad a las normas que las rigen tengan la facultad para celebrar convenios colectivos del trabajo.

Lo dispuesto en el inciso anterior regirá, también para la Empresa de Agua Potable de Santiago y el Servicio de Agua Potable de El Canelo.

Artículo 66.- Los beneficios económicos que obtengan los trabajadores a través de actas de avenimiento, convenios colectivos o fallos arbitrales acordados o suscritos a contar desde la vigencia de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 1968 y que excedan del porcentaje de aumento del índice de precios al consumidor durante el período de vigencia del acta, convenio o fallo anterior, se abonarán por los patrones o empleadores en la forma dispuesta en el Título III de esta ley, en cuotas de ahorro para la Vivienda.

Artículo 67.- Los patrones o empleadores podrán imputar a los reajustes a que se refiere este Título los aumentos de remuneraciones o cualquiera otra cantidad que incremente las remuneraciones que el trabajador perciba en cada período de pago y que se hubieren otorgado como anticipo a cuenta de reajuste o con el fin de compensar el alza del costo de la vida ocurrida en los 12 meses anteriores al reajuste o dentro del período de mayor vigencia del respectivo contrato colectivo, avenimiento o fallo arbitral.

No serán imputables los aumentos anuales o trienales contemplados en el artículo 20 de la ley Nº 7. 295 los que no serán postergados como consecuencia de las disposiciones de esta ley.

TITULO III

De la entrega de aportes para la vivienda.

Artículo 68.- Las sumas correspondientes al aporte en cuotas de ahorro para la Vivienda que hará el Estado a nombre de cada funcionario de conformidad a lo dispuesto en el Título I de esta ley, deberán acreditarse individualmente en las cuentas de ahorro para la Vivienda a que se refiere el Decreto Supremo Nº 121 de 24 de febrero de 1967 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. En igual forma se procederá por los empleadores respecto de las sumas que se otorguen a los empleados y obreros en exceso de los porcentajes de reajuste autorizados en el Título II de esta ley.

Los funcionarios, empleados y obreros gozarán de todos los beneficios y estarán regidos por todas las modalidades, plazos y condiciones que corresponden a dichas cuotas de conformidad a lo dispuesto en el Título III del D. F. L. Nº 2 de 1959 con excepción de lo dispuesto en el artículo 30, letra a).

Las normas del inciso anterior serán además aplicables a los fondos recaudados y a los que se recauden de conformidad a lo prescrito en los artículos 49 al 57 de la ley Nº 14. 171, artículo 34 de la Ley Nº 15. 561, artículo 6º de la ley Nº 15. 564 y artículo 211 de la Ley Nº 16. 464.

No obstante, los titulares de cuentas de ahorro que sean dueños de viviendas y que no tengan préstamos habitacionales o hipotecarios vigentes, podrán rescatar dichas cuotas en dinero efectivo a su valor oficial vigente a contar del 31 de diciembre de 1970 y en tres cuotas anuales iguales, con excepción de los fondos recaudados de acuerdo al inciso anterior. Podrán también transferir dichas cuotas a favor de su cónyuge y parientes hasta el 2º grado de consanguinidad, a fin de que sean aplicadas en la forma prevista en los incisos 2º y 5º, letra b) de este artículo.

Los titulares de estas cuotas gozarán de los siguientes beneficios adicionales:

a) Se les podrá conceder con cargo fiscal, un aumento, que determinará el Presidente de la República sobre el monto de las cuotas que los titulares depositen en exceso de aquellas que reciben en virtud de este artículo y bajo las mismas condiciones señaladas en el inciso segundo.

b) Podrán abonar a las deudas hipotecarias o habitacional que tengan con la Corporación de la Vivienda, Corporación de Servicios Habitacionales, Banco del Estado de Chile, Bancos Hipotecarios, Servicios de Bienestar Social, Instituciones de Previsión Social y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, la totalidad de sus cuotas como amortización extraordinaria de las mismas, de acuerdo con las normas que al respecto dicte el Presidente de la República.

Artículo 69.- El Presidente de la República dictará disposiciones reglamentarias que permitan la celebración de convenios de ahorro voluntario con organizaciones, asociaciones o cooperativas formadas por funcionarios públicos, destinados a construir o adquirir viviendas para sus asociados por intermedio de la Corporación de Servicios Habitacionales o de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, que contemplen sistemas de incentivos consistentes principalmente en premios de aporte del Estado en dinero, de acuerdo a una proporción del ahorro efectivamente realizado por los interesados.

Artículo 70.- La forma en que se aplicarán las disposiciones de este Título será determinada por un Reglamento que dictará el Presidente de la República y que podrá modificarse las veces que sea necesario.

En dicho Reglamento se establecerá además la forma en que se procederá a depositar los fondos ya recaudados de acuerdo a los artículos 49 al 57 de la Ley Nº 14. 171; artículo 34 de la Ley Nº 15. 561; artículo 6º de la Ley Nº 15. 564 y artículo 211 de la Ley Nº 16. 464, en la parte en que no hubieren sido ya depositados en cuentas de ahorro para la vivienda de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 de la Ley Nº 14. 171.

TITULO IV

Disposiciones previsionales.

Artículo 71.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo único de la ley Nº 16. 401, el Consejo del Servicio de Seguro Social podrá transferir al Fondo de Pensiones todo o parte de los excedentes o reservas producidas o que se produzcan en cualquiera de los fondos que administra dicho Servicio.

Los acuerdos que adopte el Consejo en el ejercicio de esta facultad deberán ser aprobados por la Superintendencia de Seguridad Social.

Artículo 72.- El Servicio de Seguro Social ingresará al Fondo de Pensiones el aporte que las letras a) del artículo 22 de la Ley Nº 14. 688 y c) del artículo 20 de la ley Nº 15. 720 lo obligan efectuar con cargo al Fondo de Asignación Familiar que administra.

Los fondos que el Servicio de Seguro Social haya recaudado en virtud de las disposiciones precedentes, que no haya depositado a la fecha en Tesorería se traspasarán también como recursos del Fondo de Pensiones.

Artículo 73.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 10. 383:

a) Reemplázase en el inciso tercero del artículo 2º la frase "un sueldo vital anual de Santiago" por "tres sueldos vitales anuales, escala a) de Santiago".

b) Elimínase la limitación a 42 salarios mínimos diarios de la industria y el comercio de la remuneración imponible semanal establecida por el inciso quinto del artículo 2º, modificado por el Nº 1 del artículo 34 de la ley Nº 15. 386.

c) Remplazase el inciso primero del artículo 54 por el siguiente: "Los asegurados independientes deberán imponer mensualmente el 15% de sus rentas, las que no podrán ser estimadas, para este efecto, como inferiores al salario mínimo para la industria y el comercio, ni superiores al límite establecido por el artículo 2º".

Artículo 74.- Derógase el artículo 154 de la ley Nº 14. 171.

La remuneración imponible diaria de los trabajadores agrícolas, para los efectos de la ley Nº 10. 383, estará limitada a un máximo equivalente a una y media vez el monto del salario mínimo diario de la industria y el comercio.

Artículo 75.- Aclárase que el artículo 26 de la ley Nº 15. 386, derogó todas las disposiciones anteriores sobre pensiones mínimas por invalidez de los obreros afectos a las leyes Nºs. 10. 383 y 10. 662.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, se declaran válidamente otorgadas todas las pensiones mínimas concedidas a los obreros afectos a las leyes indicadas con anterioridad al 1° de enero de 1968.

Artículo 76.- Agrégase al artículo 47 de la ley Nº 10. 383 el siguiente inciso final:

"Con todo, a contar del 1° de enero de 1968, las reajustes contemplados en este artículo no podrán exceder del porcentaje de aumento experimentado durante los respectivos períodos por el índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos".

Artículo 77.- El personal del Servicio Agrícola y Ganadero tendrá el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y se le aplicará los párrafos 18, 19 y 20 del Título II del D. F. L. Nº 338, de 1960, sin perjuicio de las demás disposiciones del Estatuto del Personal, contenido en el D. F. L. RRA Nº 22, de 1963 y sus modificaciones. Para los efectos del artículo 132 del D. F. L. Nº 338, de 1960, se estimará que son empleados de las cinco primeras categorías aquellos que gocen de una remuneración imponible igual o superior a la 5ª Categoría de la Escala Directiva, Profesional y Técnica o a la 5ª Categoría de la Escala Administrativa, según corresponda, a que se refiere el artículo 132 antes citado,

TITULO V

Disposiciones varias.

Artículo 78.- Suprímense los siguientes días de feriados: 29 de junio, 12 de octubre y las fiestas movibles de la Ascensión del Señor y de Corpus Christi.

Facúltase al Presidente de la República para dictar normas sobre feriado en las actividades educativas en dichas fechas y festividades.

En todo caso el día 12 de octubre conservará su carácter de festividad nacional, que se celebrará en la forma que disponga el Presidente de la República y las demás celebraciones que se suprimen como feriado conservarán su carácter de festividades religiosas.

Artículo 79.- Facúltase al Presidente de la República para que, sin alterar el número de horas semanales de trabajo que determinan los artículos 143 y 380 del D. F. L. Nº 338, de 1960, y siempre que las modalidades del Servicio así lo permitan, pueda fijar durante el período comprendido entre el 15 de diciembre y el 28 de febrero de cada año, la jornada diaria para el personal de los servicios fiscales de la Administración Pública, entre los días lunes y viernes.

Si por razones de imprescindible necesidad, el personal de los Servicios en los que se haya fijado el horario de trabajo en la forma prevista en el inciso anterior deba realizar labores en el día sábado, esta mayor labor, hasta por tres horas será efectuada por turnos entre el personal, sin pago de horas extraordinarias, pero efectuándose la compensación correspondiente mediante la disminución equivalente del horario en el curso de la semana respecto del personal que deba cumplir dicho turno.

Artículo 80.- Derógase el artículo 2º de la ley Nº 16. 424.

TITULO VI

Del financiamiento.

Artículo 81.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 12. 120, cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de la Ley Nº 16. 466, sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones sobre bienes y servicios:

1º) Sustitúyese en el inciso 1? del artículo 1º, el guarismo "7%" por "8%";

2°) Sustitúyese en el inciso 2º del artículo 1º, el guarismo "1, 2%" por "1, 4%";

3º) Sustitúyese en el inciso 3º del artículo 1º, el guarismo "12%" por "14%";

4º) Suprímese la letra f) del inciso 3º del artículo 1º, poniendo un punto final después de las palabras "conservas de frutas";

5º) Agrégase a continuación del inciso 3º del artículo 1°, el siguiente inciso nuevo:

"Para todos los efectos señalados en el inciso primero, la tasa será del 20% en las transferencias de piscos y vinos, entendiéndose por éstos a los definidos en el artículo 42 de la ley Nº 11. 256";

6º) Sustitúyese en el inciso 4º del artículo 1º, el guarismo "20%" por "23%";

7º) Sustituyese en la letra a) del artículo 4º, el guarismo "60%" por "70%";

8º) Sustitúyese en la letra c) del artículo 4º, el guarismo "18%" por "21%";

9º) Sustitúyese en el inciso 1º de la letra e) del artículo 4º los guarismos "8%" por "13%" y "10%" por "17%", y en el inciso 2º el guarismo "8%" por "13%".

10) Sustitúyese en la letra f) del artículo 4º, el guarismo "25%" por "29%";

11) Sustitúyese en la letra g) del artículo 4º, el guarismo "6%" por "8%";

12) Sustitúyese en la letra h) del artículo 4º, el guarismo "13%" por "15%";

13) Sustitúyese en la letra i) del artículo 4º el guarismo "10%" por "12%";

14) Sustitúyese en la letra a) del artículo 5º, el guarismo "7%" por "8%";

15) Sustitúyese en la letra b) del artículo 5º, el guarismo "12%" por "14%";

16) Sustitúyese en la letra c) del artículo 5º, el guarismo "20%" por "23%";

17) Sustituyese en el inciso 1º del artículo 8º, el guarismo "quince por ciento (15%)" por "diecisiete coma cinco por ciento (17, 5%)";

18) Sustitúyese en el artículo 12 el guarismo "20%" por "23%";

19) Sustitúyese en el inciso 1º del artículo 16, el guarismo "15%" por "17%";

20) Sustitúyese en el inciso 2º del artículo 16 el guarismo "7%" por "8%";

21) Sustituyese en el inciso 3º del artículo 16 el guarismo "7, 5%" por "8%";

22) Sustitúyese en el inciso 4º del artículo 16 el guarismo "16%" por "18%";

23) Sustituyese en el inciso 5º del artículo 16 el guarismo "22, 5%" por "26%".

Artículo 82.- Sustitúyese en el artículo 34 de la Ley Nº 12. 120, cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de la Ley Nº 16. 466, sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones sobre bienes y servicios, el guarismo "uno" por "medio".

Artículo 83.- Agrégase a continuación de la letra j) del artículo 4º de la ley Nº 12. 120 sobre impuesto a las Compraventas y otras convenciones la siguiente letra)

"k) Sin perjuicio del impuesto establecido en la letra b) que antecede y en el artículo 52 de la Ley Nº 11. 256 establécese un impuesto adicional de Eº 0, 05 por botella de 285 cc. a la cerveza y bebidas analcohólicas. Si la transferencia se hiciere en botellas de otra capacidad o a granel, el impuesto de Eº 0, 05 variará en la proporción correspondiente".

Artículo 84.- Reemplázase el inciso final del artículo 4º de la ley Nº 11. 741 de de 28 de diciembre de 1954, modificado por el artículo 13 de la Ley Nº 16. 723, de 13 de diciembre de 1967, por el siguiente:

"Independientemente de los impuestos anteriores se aplicará uno extraordinario a beneficio fiscal de Eº 0, 20 por paquete de cigarrillos".

Artículo 85.- Sustitúyese en el inciso penúltimo del Nº 14 del artículo 1º de la ley Nº 16. 272, de 4 de agosto de 1965, modificado por el artículo 182 de la ley Nº 16. 466, el guarismo "1%" por "2%".

Artículo 86.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 190 de la ley Nº 16. 464:

a) Sustitúyese en el inciso primero la frase "al dos por ciento (2%) de su valor CIF" por la siguiente: "al cinco por ciento (5%) sobre su valor aduanero";

b) Agrégase el siguiente párrafo final en punto aparte, al inciso primero:

"Asimismo, estarán afectas a esta tasa de despacho todas las importaciones que cuenten con rebajas o que deban cancelar parte del total de derechos establecidos en el Arancel Aduanero, salvo aquellas mercancías que de conformidad a los Decretos de Hacienda Nºs. 2. 187 y 183, de 28 de diciembre de 1967 y 24 de enero de 1968, han sido gravadas en un 5%, quedando en todo caso vigentes las excepciones que dicho decreto contempla.

Artículo 87.- Sustituyanse las letras b) y c) del artículo 190 de la ley Nº 16. 464, por las siguientes:

"b) Las importaciones que realicen los servicios públicos, las instituciones semifiscales, semifiscales de administración autónoma y las empresas del Estado;

c) Las que se realicen de conformidad a la Sección O del Arancel Aduanero, a excepción de la partida 00. 04".

Artículo 88.- Auméntase en Eº 0, 10 la tasa fija de los cheques pagaderos en el país, contenida en el Nº 10 del artículo 1° de la ley Nº 16. 272.

Artículo 89.- Los contribuyentes de la Ley de Impuesto a la Renta estarán afectos, por una sola vez, a un empréstito obligatorio a favor del Fisco, cuyo monto será equivalente a un porcentaje de los impuestos de dicha ley que deban pagarse por el año tributario 1968. Los porcentajes de recargo del impuesto a la renta que constituirán el empréstito serán los siguientes:

a) Primera Categoría, 13% del monto del impuesto a pagar;

b) Segunda Categoría, 7% del monto del impuesto a pagar;

c) Global Complementario, 7% del monto del impuesto a pagar;

d) Adicional, 13% del monto del impuesto a pagar, y

e) Ganancias de Capital, 13% del monto del impuesto a pagar.

No estará afecto a este recargo el impuesto establecido en el Nº 1 del artículo 36 de la Ley de Impuesto a la Renta.

Este empréstito obligatorio afectará también a las empresas sometidas al régimen tributario de la ley Nº 16. 624, respecto de los impuestos que deban pagar de acuerdo con esa ley durante el año tributario 1968, siendo el porcentaje de recargo en estos casos de un 13% de dichos impuestos.

El monto del referido empréstito se determinará sobre la cantidad total que el contribuyente deba pagar efectivamente por el año tributario 1968, considerándose para el cálculo. respectivo tanto el monto del recargo establecido en el artículo 77 bis de la Ley de la Renta que proceda, como asimismo los demás recargos aplicables según leyes especiales.

Tratándose de los impuestos sujetos a retención, el empréstito que establece este artículo se aplicará a las retenciones que deben efectuarse a contar del día 1º del mes siguiente al de publicación de la presente ley en el "Diario Oficial". En el caso del Impuesto Global Complementario pagadero en diez cuotas, el empréstito referido se determinará recargando en un 7% el monto de cada una de las diez cuotas que deban descontarse por planillas entre los meses de julio de 1968 y abril de 1969.

El empréstito obligatorio que establece este artículo será también aplicable a los contribuyentes afectos a los impuestos establecidos en el artículo 40 de la ley Nº 14. 836 y sus modificaciones; artículo 3º de la ley Nº 10. 270 y artículo único de la ley Nº 11. 127; artículo 109 de la ley Nº 16. 250, modificado por el artículo 254 de la ley Nº 16. 617; artículo 6º de la ley Nº 12. 084 y sus modificaciones, respecto de las cantidades que deban pagar de acuerdo con dichas disposiciones durante el año tributario 1968. En el caso de las empresas acogidas al artículo 40 de la ley Nº 14. 836, el recargo se aplicará tanto al impuesto básico por tonelada que se haya embarcado durante el año 1967, como sobre el saldo a pagar durante el año tributario 1968 por concepto de impuesto a la renta a que pudieren quedar afectos, de acuerdo con el artículo 248 de la ley Nº 16. 617.

En los casos señalados en el artículo anterior el porcentaje del recargo sobre los impuestos respectivos será de un 13%. Sin embargo, tratándose de la pequeña minería, el monto del empréstito será de un 10% de las sumas que deban retenerse. El recargo se hará efectivo, en este caso, respecto de las retenciones que procedan a contar del día 1º del mes siguiente al de publicación de la presente ley.

El Ministro de Hacienda señalará mediante decreto la forma y plazo dentro de los cuales se hará efectivo el monto del empréstito establecido en este artículo.

Facúltase al Presidente de la República para que establezca la forma en que pueda aplicarse el empréstito a que se refiere este artículo, a las Empresas que en virtud de gozar de franquicias tributarias están total o parcialmente exentas de impuesto a la renta.

Artículo 90.- El empréstito obligatorio establecido en el artículo anterior será restituido a los contribuyentes en cinco cuotas iguales durante los años tributarios 1970, 1971, 1972, 1973 y 1974, mediante su imputación a los impuestos de la Ley de la Renta que los contribuyentes deban pagar en dichos años tributarios, sin intereses ni reajustes.

Articulo 91.- Tratándose de impuestos que deban pagarse en moneda extranjera, el monto del empréstito establecido en el artículo 89 deberá entregarse al Fisco en la misma moneda. Sin embargo, para determinar el monto de la imputación posterior del empréstito, las sumas enteradas en arcas fiscales por cada contribuyente se considerará por su valor en escudos al cambio oficial bancario vigente a la fecha de publicación de la presente ley.

Artículo 92.- Se faculta al Presidente de la República para dictar un Reglamento sobre la forma de efectuar la imputación del empréstito obligatorio establecido en los artículos anteriores.

Se faculta, asimismo, al Presidente de la República para establecer un sistema de rescate del empréstito que permita imputar éste a valores de inversión actualmente existentes o que se creen en el futuro.

En dicho Reglamento podrán fijarse los procedimientos administrativos que se estimen más convenientes para efectuar la imputación y establecer los casos excepcionales y la forma en que pueda tener lugar la devolución de las sumas entregadas por los contribuyentes, estableciendo aún la posibilidad de que puedan optar por uno u otro método. Las resoluciones, roles de imputación o devolución, y los recibos o vales que se otorguen en esta materia, no estarán sometidas a las disposiciones del Código Tributario ni serán objeto de toma de razón por la Contraloría General de la República.

Artículo 93.- Los contribuyentes de la Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta podrán revalorizar, por una sola vez, pagando un impuesto único de 10% sobre el mayor valor resultante, todos los bienes y partidas que constituyen el activo del último balance exigible presentado al Servicio de Impuestos Internos antes de la publicación de la presente ley.

Dicha revalorización se hará a costos o precios de reposición que no sobrepasen los niveles del mercado a la fecha de publicación de esta ley en el "Diario Oficial".

Para acogerse a las franquicias indicadas, los contribuyentes deberán hacer una declaración escrita ante el Servicio de Impuestos Internos dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de publicación, de esta ley, indicando los bienes o partidas que deseen revalorizar.

El referido impuesto único deberá ser pagado dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de publicación de esta ley.

No obstante, los contribuyentes que así lo manifestaren al Servicio, podrán pagar el impuesto en dos cuotas, una dentro de los referidos 90 días y otra en 180 días contados desde la fecha de publicación de la ley, recargándose esta última en un 10%.

Si no se efectúa el pago dentro de los plazos indicados en los dos incisos anteriores se perderá el derecho a la revalorización. Una vez efectuado el pago total, el contribuyente deberá en esa misma fecha contabilizar en sus libros las operaciones materia de la declaración; la cantidad revalorizada no será considerada renta para ningún efecto legal y, desde la fecha de la contabilización, la revalorización se considerará válida para todos, los efectos legales.

Los contribuyentes que se acojan a esta franquicia deberán pagar por el ejercicio en que se contabilice esta revalorización, un impuesto de categoría a lo menos igual al que debieron pagar por los resultados del balance cuyo inventario sirvió de base a esta revalorización, incluido el reajuste que correspondió pagar de acuerdo con el artículo 77-bis de la Ley de la Renta, sin perjuicio de aplicar a la suma resultante dicho reajuste que proceda por el año en que deba pagarse el impuesto.

El total de la revalorización deberá utilizarse «n incrementar el capital de explotación de la empresa, no debiendo, por lo tanto, ni distribuirse ni ser invertido en objetivos ajenos a la explotación, sino sólo capitalizarse.

Artículo 94.- Auméntase en un medio por ciento la imposición adicional establecida en el artículo 49 de la ley Nº 14. 171, restablecida por los artículos 34 de la ley Nº 15. 561 y 211 de la ley Nº 16. 404. Este aumento regirá a contar del día 1º del mes siguiente al de publicación de la presente ley en el Diario Oficial y hasta el 31 de diciembre de 1968.

Regirá respecto del recargo de la mencionada imposición adicional lo establecido en los incisos segundo y siguientes del artículo 211 de la ley Nº 16. 464, en relación con las disposiciones pertinentes de la ley Nº 14. 171, aplicándose además, a este aumento lo dispuesto en el artículo 68.

Artículo 95.- Reemplázanse en el artículo 10 de la ley Nº 12. 120 sobre impuestos a las compraventas y otras convenciones sobre bienes y a los servicios cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de la ley Nº 16. 466, de 29 de abril de 1966, los guarismos siguientes: en la letra a) "26, 05%" por "29%". En la letra b) "7; 56%" por "12%". En la letra d) "9, 50%" por "11%".

Artículo 96.- En el Nº 2) del artículo 61 de la Ley sobre Impuesto a la Renta intercálase a continuación de la palabra "comisiones", entre comas, la expresión "por comunicaciones telefónicas, radio-telefónicas y cablegráficas, en la parte que corresponda al tramo del territorio extranjero".

Artículo 97.- Facúltase al Presidente de la República para fijar el monto de las tasas no porcentuales contenidas en la ley Nº 16. 272, de 4 de agosto de 1965. En uso de esta facultad podrá, por una sola vez, rebajar, mantener o aumentar los tributos de timbres, estampillas y papel sellado.

Artículo 98.- El Presidente de la República fijará anualmente, a propuesta del Ingeniero Director de Servicios Eléctricos y de Gas, el monto de los derechos, gravámenes, primas, derechos de inspección, depósitos de garantía, tarifas por revisión o aprobación, multas, impuestos especiales y otros, contemplados en las Leyes de Servicios Eléctricos (D. F. L. Nº 4, de 1959) y de Servicios de Gas (D. F. L. Nº 323, de 1931), pudiendo hacerlos extensivos a la producción y distribución de gases licuados de petróleo.

La Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas cobrará y percibirá los derechos, gravámenes y otros señalados en el artículo anterior, en la forma, plazos y fechas que determine el reglamento.

El atraso en el pago de las cantidades adeudadas será sancionado con un interés penal igual al que el Fisco está autorizado para cobrar por los impuestos atrasados.

Una copia del documento de cobro de derechos, gravámenes, multas, tarifas por revisión o aprobación y otros señalados en el artículo anterior, autorizada por el Ingeniero Director, servirá de suficiente título ejecutivo.

Los tribunales del Departamento de Santiago serán competentes para conocer de los juicios que origine el cobro de las tasas y derechos aludidos.

El procedimiento ejecutivo especial establecido en el D. F. L. Nº 238, de 1960, sobre Cobranza Judicial de Impuestos, será aplicable al cobro de derechos, gravámenes y otros.

TITULO VII

Disposiciones presupuestarios y de Tesorería.

Artículo 99.- Supleméntanse en las su mas que se indican los siguientes ítem del Presupuesto vigente:

(IMAGEN)

Artículo 100.- Las obligaciones generadas por los montos acreditados en cuotas de ahorro para la Vivienda en favor del personal del Sector Público serán de cargo fiscal, sólo en lo que respecta a los Servicios de la Administración Central del Estado y de las Instituciones mencionadas en el artículo 47 de la presente ley.

Artículo 101.- Autorízase al Tesorero General de la República, para emitir con fecha 31 de marzo de 1969, un pagaré divisible expresado su valor en dinero en su equivalencia en cuotas de ahorro de aquellas a que se refiere el Título III del D. F. L. Nº 2 de 1959, por concepto de los aportes que ha debido enterar el Fisco en cumplimiento de la presente ley y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior.

El monto en dinero de dicho pagaré será equivalente al número de cuotas de ahorro a que se refiere el Título III del D. F. L. Nº 2 de 1959 que resulta de convertir éstos a su valor oficial vigente al 31 de diciembre de 1968.

Dicho pagaré se dividirá para ser extendido nominativamente a nombre de cada persona que corresponda y sólo podrá ser depositados por cada titular de ellos en su propia cuenta de ahorro para la vivienda, abierta en el Banco del Estado de Chile, o utilizados para los diferentes fines señalados en el Título III de esta ley, en la forma que determine el Reglamento.

Estos pagarés se amortizarán sólo en las oportunidades en que se hagan exigibles los derechos emanados de la utilización de las cuotas ahorro de conformidad a lo dispuesto en el Título y Reglamento señalados en el inciso precedente, y se reajustarán automáticamente para sus efectos de conversión en dinero efectivo al valor oficial vigente de la cuota de ahorro al momento del rescate.

El Banco del Estado de Chile no cobrará comisión de ninguna especie a la Corporación de Servicios Habitacionales por los depósitos que reciba en pagarés.

Las leyes de presupuesto consultarán anualmente la provisión necesaria para la amortización de estos pagarés.

Artículo 102.- El valor de los aportes en cuotas de ahorro para la vivienda que deben aportar las entidades del Sector Privado o Instituciones no contempladas en el artículo 47 de la presente ley se depositarán mensualmente en la cuenta individual de ahorro para la vivienda que tenga abierta cada una de las personas titulares del aporte en el Banco del Estado de Chile al valor fijado de acuerdo al artículo 29 del D. F. L. Nº 2 de 1959.

Artículos transitorios

Artículo 1º.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo %° de la presente ley, facúltase al Presidente de la República para modificar los porcentajes, que en virtud de lo establecido en el artículo 15, letra b) del D. F. L. Nº 63, de 1960, se hayan dispuesto por Decreto Supremo a comisiones realizadas después del 1º de enero del año en curso.

Artículo 2º.- Declárase que el sentido del artículo 3º de la Ley Nº 16. 466 y sus modificaciones, en cuanto a la forma de calcular el beneficio allí establecido, es que tal cálculo debió y debe hacerse solamente en relación con los sueldos bases y quinquenios, en su caso, del similar en servicio activo.

Santiago, 7 de marzo de 1968.- (Fdo.): Eduardo Frei Montalva.- Raúl Sáez".

1.-

PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, SOBRE REAJUSTE DE REMUNERACIONES DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO.

Con motivo del Mensaje, informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"TITULO I

Del reajuste del Sector Público.

Párrafo 1º

Reajuste general del Sector Público.

Artículo 1°.- Reajústanse en un 12,5% los sueldos y salarios bases de las escalas vigentes al 31 de diciembre de 1967, de los empleados y obreros del Sector Público y Municipalidades, cualquiera que sea su régimen estatutario.

Sin perjuicio de lo anterior se entregará por el año 1968 cuotas de ahorro para la vivienda en la forma dispuesta en el Título III por una suma equivalente a la cantidad que resulte de aplicar un 7,5% a los sueldos y salarios bases a que se refiere el inciso precedente, incluidas las asignaciones expresadas en un porcentaje de dicho sueldo base.

A los funcionarios de los Servicios e instituciones incluidos en el Párrafo 2º de la presente ley, y en los artículos 25 y 26 de la ley Nº 16.617, se les entregará cuotas de ahorro para la vivienda de acuerdo a lo dispuesto en el inciso anterior sólo hasta enterar un aumento total de 20%, incluido el reajuste ordenado en el inciso primero calculado en la misma forma que éste. Se incluirán previamente para los fines de enterar dicho 20% los aumentos a que tienen derecho en virtud de la reestructuración de sus plantas y de lo dispuesto en los citados artículos de la ley Nº 16.617, incluidos los ascensos que se produjeren como consecuencia de dichas reestructuraciones, y los beneficios que se otorgan por cualquier otro concepto en dicho Párrafo 2º.

Artículo 2º.- Reajústanse en un 12,5% a contar del 1° de enero de 1968, las remuneraciones imponibles vigentes al 31 de diciembre de 1967 del personal de empleados de la Empresa Portuaria de Chile.

Reajústanse en un 12,5% a contar del 1° de enero de 1968 los siguientes tarifados bases y remuneraciones del personal de obreros de la Empresa Portuaria de Chile, vigentes al 31 de diciembre de 1967:

a) El tarifado base vigente a que se encuentra afecto al personal de obreros aludido en las letras a) y b) del artículo 2º del Párrafo I del D. S. (H) Nº 4.467, de 1956;

b) El tarifado base establecido en el Acta de Convenio para el personal de obreros de la Administración del Puerto de Arica;

c) El tarifado base a que se encuentre afecto el personal de obreros aludido en la letra c) del artículo 2º del Párrafo I del D. S. (H) 4.467, de 1956;

d) Los actuales porcentajes de recargo que establece el Subtítulo II del Párrafo III del D. S. (H) mencionado, permanecerán invariables y sólo se aplicarán sobre el producto del tarifado base aumentado por el reajuste a que se refiere esta letra;

e) El. tarifado base a que se encuentra afecto el personal aludido en el D. S. (E) Nº 484, de 1961 y en la resolución Nº 1.246, de 1964, expedida por el Director de la Empresa Portuaria de Chile;

f) El tarifado base a que se encuentra afecto el personal a que se refiere el D. S. Nº516, de 1962;

g) El tarifado base a que se refieren las resoluciones Nºs. 649 y 768, de 14 de agosto y de 20 de septiembre de 1965 respectivamente, expedidas por el Director de la Empresa Portuaria de Chile;

Las remuneraciones establecidas en los números 2 y 5 de la Resolución Nº 1.421, de 1964, del Director de la Empresa Portuaria de Chile;

h) Las primas por tonelaje establecidas en la ley Nº 12.436 y en las resoluciones Nºs. 577, de 1962 y 569, de 1965, expedidas por el Director de la Empresa Portuaria de Chile, e

i) Las demás remuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 1967 que no han sido mencionadas en las letras precedentes.

La aplicación del reajuste antedicho a los tarifados bases y remuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 1967, no podrá significar en caso alguno un aumento de dichos tarifados bases y remuneraciones superiores a lo que contempla el presente artículo.

El personal de la Empresa Portuaria de Chile, tanto empleados como obreros, recibirán además del reajuste señalado en el presente artículo, cuotas de ahorro para la vivienda por el año 1968 en la forma dispuesta en el Título III por una suma equivalente a la cantidad que resulte de aplicar un 7,5% sobre el promedio mensual individual de las remuneraciones imponibles que percibieron durante el año 1967.

No será aplicable al personal a que se refiere este artículo lo dispuesto en el artículo 1° de la presente ley.

En este mismo porcentaje de un 12,5% se reajustarán, asimismo, los valores contemplados en los incisos decimoprimero, decimosegundo, décimo tercero y decimonoveno del artículo 7º de la ley Nº 16.250, de 1965; declarados permanentes en el artículo 21 de la ley Nº 16.464, de 1966.

Artículo 3°.- Reajustase en un 20% la asignación familiar por carga, que corresponde al personal de empleados y obreros del Sector Público y que se pague directamente por el Fisco o por los Servicios a que se refiere este Título, siempre que su monto no se determine de acuerdo con la ley Nº 7.295 o con el D.F.L. Nº 245, de 1953.

Los pensionados del Sector Público, incluyendo a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, tendrán derecho a la misma asignación familiar a que se refiere el inciso anterior.

Párrafo 2º

De los reajustes especiales.

A.- De las Fuerzas Armadas y CarabinerosArtículo 4°.- Reemplázase en los artículos 2º y 3º de la ley Nº 16.466, modificados por los artículos 53 y 54 de la ley Nº 16.617, los guarismos "20%", "Eº 150" y "Eº 75" por "35%", "Eº 270" y "Eº 150", respectivamente.

Sustitúyense en el artículo 3º de la ley Nº 14.603, modificado por el artículo 30 de la ley Nº 15.575, los guarismos "Eº 60" y "Eº 30" por "Eº 200" y "Eº 100", respectivamente.

Artículo 5°.- Los Oficiales en posesión de la renta de II Categoría, obtendrán las remuneraciones correspondientes a la I Categoría al enterar 30 o más años válidos para el retiro. Este beneficio sólo podrá impetrarse mientras se esté en servicio activo.

Artículo 6°.- Sustitúyense en el artículo 15, letra b) del D.F.L. Nº 63, de 1960, la frase "a su sueldo en moneda corriente" por "a las remuneraciones en moneda corriente de que disfrute en el país con exclusión de la asignación familiar y asignación establecida en el artículo 39 de la ley Nº 14.603" y la frase "del ya mencionado sueldo" por "a las ya indicadas remuneraciones".

Artículo 7°.- Sustituyese en el artículo 1º del D.F.L. Nº 63, de 1960, la frase "en el artículo 4º de la ley Nº 11.824||AMPERSAND||quot; por la siguiente: "los artículos 4º y 5º de la ley Nº 11.824||AMPERSAND||quot;.

Artículo 8°.- El personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros de Chile con goce de pensión de retiro y sus beneficiarios de montepío, comprendidos en el artículo 3º de la ley Nº 16.466, modificado por el artículo 54 de la ley Nº 16.617, tendrán derecho, sin perjuicio del beneficio establecido en las citadas disposiciones, al aumento de la bonificación profesional que resulte de la aplicación del artículo 4º, inciso primero, de la presente ley, pero lo percibirán en la siguiente forma: 1/3 a contar del 1° de enero de 1968; 2/3 a contar del 1° de enero de 1969, y 3/3 a contar del 1° de enero de 1970.

Asimismo, este aumento se pagará en igual forma a la establecida en el artículo 6º, inciso primero, al personal inutilizado de II Clase y a los montepíos concedidos por esta misma causal.

No obstante, el personal a que se refiere el inciso primero y cuya fecha de retiro o licenciamiento sea posterior al 1° de enero de 1968, percibirá en forma íntegra la bonificación profesional.

Artículo 9°.- Reemplázase en el artículo 2º, inciso segundo, de la ley Nº 13.305, el guarismo "5%" por "8%".

Artículo 10.- No serán aplicables al personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros de Chile, con exclusión de los obreros a jornal, las disposiciones de los artículos 12 y 17 de la ley Nº 14.688 y el artículo 2º de la ley Nº 14.603.

Artículo 11.- Derógase en el artículo 45 del D.F.L. Nº 209, de 1953, la siguiente frase: "En quinto grado las hermanas legítimas solteras huérfanas".

Artículo 12.- Suprímense los incisos segundos de los artículos 46 y 37 de los D.F.L. 209 y 299, respectivamente, de 1953, y agrégase el siguiente inciso final a los artículos 48 y 39 de los citados textos legales:

"Los asignatarios de montepío que hubieren perdido el goce de éste, no lo recuperarán por causa alguna, ni aún en el evento de nulidad de matrimonio."

Artículo 13.- Créase un Fondo Nivelador de Quinquenios para el personal en retiro y beneficiarios de montepío de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, con goce de pensiones a la fecha de la vigencia de la ley Nº 15.575 y no comprendidos en el artículo 14 de la ley Nº 16.466, con el objeto de incorporar a las respectivas pensiones, en la forma que lo acuerden los Consejos de las Cajas de Previsión de Defensa Nacional y de Carabineros de Chile, las diferencias por concepto de quinquenios establecidos en el artículo 69 de la ley Nº 15.575.

El Fondo se formará con la primera diferencia que les corresponda percibir, por cualquier título o concepto a los pensionados con derecho a retiro o montepío con motivo de la aplicación de las leyes de reajuste de remuneraciones que se dicten a contar del año 1968. Este Fondo se percibirá por las Cajas mencionadas, las que deberán repartir las sumas que ingresen al objeto señalado entre el personal a que se refiere este artículo.

En todo caso, durante el año 1968, por la aplicación de este artículo, dichos pensionados no podrán obtener un porcentaje inferior al 20% de la diferencia de quinquenios.

B.- Del personal afecto a la Ley Nº 15.076 y del Servicio Nacional de Salud.

Artículo 14.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.076:

a) Reemplázase el inciso primero del artículo 7º por el siguiente:

"Artículo 7°.- El sueldo mensual por cada hora diaria de trabajo será de 295,50 escudos."

Además, a cada hora le corresponderá mensualmente la suma de Eº 10,50 durante el año 1968, que se regirá por las normas dispuestas en el Título III.

b) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 43:

"Los médicos becarios del Servicio Nacional de Salud tendrán derecho, durante los seis meses siguientes al término de su beca a una asignación equivalente a un 50% del sueldo base que les corresponde percibir como funcionarios de dicho Servicio, siempre que sean designados para ejercer funciones en alguna provincia que no sea Santiago."

Artículo 15.- Al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del regido por la ley Nº 15.076 y del sujeto a tarifado gráfico, le será aplicable lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1° de la presente ley.

En todo caso, cada categoría o grado de las escalas establecidas en el artículo 14 de la ley Nº 16.617, comprendido el reajuste a que se refiere el inciso anterior, tendrá un aumento que signifique alcanzar en total un 91,5% de cada categoría o grado de las escalas fijadas en el artículo 1° de la ley Nº 16.617 que rijan para el año 1968.

Artículo 16.- Concédese, en el año 1968, a los empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal regido por la ley Nº 15.076, del personal sujeto a tarifado gráfico y del personal de empleados particulares, una bonificación no imponible, que no será considerada sueldo para ningún efecto legal y que se devengará en las fechas y monto que se indican:

Marzo Eº 120

Septiembre 150

Diciembre 150

Artículo 17.- Prorróguese para el año 1968, reajustada en un 20%, la bonificación por antigüedad establecida en el inciso segundo del artículo 16 de la ley Nº 16.617.

Artículo 18.- Las escalas de sueldos fijadas en el artículo 14 de la ley Nº 16.617, modificadas por la presente ley, serán imponibles en un 90% y no imponibles en el resto.

Artículo 19.- El personal contratado y a jornal del Servicio Nacional de Salud, no afecto a la ley Nº 15.076, legalmente designado al 30 de junio de 1967 y que se encuentre en servicio a la fecha de vigencia de esta ley, será incorporado a la planta permanente, en el último grado del escalafón en que se encuentre contratado. El personal a jornal será designado en el escalafón que corresponda a las funciones que desempeñe a la vigencia de esta ley, siempre que reúna los requisitos legales para dichas funciones. En caso contrario, lo será en el escalafón de personal de servicio no especializado.

Para los efectos de la aplicación del inciso anterior, se considerará personal a jornal el que se desempeñe en dicha calidad en cualquiera de los establecimientos dependientes del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal sujeto a tarifado gráfico, de aquél a que se refiere el artículo 104 de la ley Nº 15.020 que se desempeñe como obrero agrícola, de los contratados por la Oficina de Saneamiento Rural con cargo al financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y de aquellos contratados para ejecutar programas de saneamiento o campañas sanitarias.

Las disposiciones precedentes no se aplicarán a aquellos funcionarios que, en virtud del artículo 169 del Estatuto Administrativo, han mantenido la propiedad de su empleo al ser contratados en cargos de diferente escalafón, a menos que renuncien al empleo anterior.

Si la renta asignada al cargo en que se incorpore al personal mencionado en los incisos anteriores, fuere inferior a la remuneración de su contrato, la diferencia le será pagada por planilla suplementaria.

La incorporación del personal a que se refiere este artículo se efectuará por estricto orden de antigüedad, según las normas del artículo 51 del Estatuto Administrativo.

El Servicio Nacional de Salud creará los cargos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en los incisos anteriores, sin sujeción a las disposiciones del D.F.L. Nº 68, de 1960.

El gasto que demande el cumplimiento de esta disposición será de cargo del Servicio Nacional de Salud, y se financiará mediante traspaso entre les distintos ítem de remuneraciones del Presupuesto de ese Servicio. Para estos efectos, se faculta al Director General de Salud para efectuar las modificaciones que correspondan a dicho Presupuesto, previa visación de la Dirección de Presupuestos.

Artículo 20.- Declárase que las expresiones "renta total imponible y no imponible" contenidas en el artículo 17 de la ley Nº 16.617, se refieren sólo a las remuneraciones fijadas en el artículo 13 de dicha ley y en la escala de grados y sueldos establecida en el artículo 14 del mismo texto, durante el lapso de vigencia respectivo.

Artículo 21.- Declárase que el artículo 8º de la ley Nº 16.605 ha regido y continuará rigiendo sin interrupción para el personal del Servicio Nacional de Salud.

El Director General de Salud dictará las normas para su debida aplicación, señalando los establecimientos y el personal que se regirá por ellas con visación de la Dirección de Presupuestos.

Igual, disposición le será aplicable al personal del Servicio Médico Nacional de Empleados que determine el Vicepresidente Ejecutivo, siempre que se desempeñe en Hospitales, Sanatorios y Casas de Reposo de la Institución.

Artículo 22.- Autorízase al Presidente de la República para que, en el evento de que se produzcan excedentes en el Presupuesto vigente del Servicio Nacional de Salud, proceda con cargo a dichos excedentes y a contar del 1° de enero de 1969, a modificar paulatinamente las plantas del personal de dicho Servicio, fijando gradualmente los nuevos escalafones que comprenderán sus distintas escalas de categorías, grados y sueldos.

La aplicación de este artículo no podrá significar eliminación de personal, disminución de sus remuneraciones, pérdida de su actual categoría o grado, régimen previsional o beneficio que le confiere el artículo 132 del D.F.L. Nº 338, de 1960.

El personal titular del Servicio Nacional de Salud que esté en funciones al momento de la aplicación de este artículo, será designado, con excepción del afecto a la ley Nº 15.076 y del sujeto a tarifado gráfico, eh los nuevos cargos que se creen y de acuerdo exclusivamente con la antigüedad que tenga en el escalafón a que pertenzea.

Si ntre dos o más empleados se produce coincidencia de antigüedad, se atenderá a la antigüedad en el Servicio, y si también existe igualdad a este repecto, a la antigüedad en la Administración Pública.

Artículo 23.- Prohíbese al Servicio Nacional de Salud, durante el año 1968, efectuar nuevas designaciones de personal, sea de planta, a contrata o a jornal, salvo aquellas que resulten de la aplicación de los artículos anteriores o en los casos calificados que sean autorizados por decreto supremo, previa visación de la Dirección de Presupuestos.

C.- Del Poder Judicial y de la Sindicatura General de Quiebras.

Artículo 24.- Fíjanse para los funcionarios del Poder Judicial y Sindicatura General de Quiebras las siguientes escalas únicas de sueldos:

PERSONAL SUPERIOR.

Categorías Sueldo anual

F/C. Eº 46.800

1ª C. 40.116

2ª C. 35.880

3ª C. 31.740

4ª C. 29.076

5ª C. 26.148

6ª C. 23.916

7ª C. 21.876

8ª C. 19.992

PERSONAL SUBALTERNO Y DE SERVICIO.

Categoría

o Grado Sueldo anual

5ª C. Eº 16.560

6ª C. I4.508

7ª C. 11.712

Gr. 1º 10.572

Gr. 2º 9.444

Gr. 3º 3.676

Gr. 4º S.292

Gr. 5º 7.668

Gr. 6º 7.116

Gr. 7º 6.612

Gr. 8º 5.832

Gr. 9º 5.268

Gr. 10º 4.776

Gr. 11º 4.368

Gr. 12º 4,056

Gr. 13º 3.732

El reajuste del inciso primero del artículo 1º de la presente ley será aplicable a las escalas que se establecen en este artículo.

Artículo 25.- En la planta del Personal Subalterno del Poder Judicial elévanse a grados 3º, 4º, 5º, 6º, y 7º los cargos de grados 4º, 5º, 6º, 7º y 8º, respectivamente.

Artículo 26.- Establécese una asignación del 10% sobre el sueldo base, en favor de los funcionarios judiciales con sueldo fiscal que se desempeñen en cargos para los cuales se requiera el título de abogado y les afecte la prohibición contemplada en los artículos 316 y 479 del Código Orgánico de Tribunales. De la misma asignación gozarán los funcionarios con sueldo fiscal de los Tribunales del Trabajo, de Indios y de Menores que les afecte similar prohibición y los Defensores Públicos de Santiago, para los cuales regirá también la prohibición contemplada en el citado artículo 479 del Código Orgánico de Tribunales.

La asignación establecida en beneficio de los profesionales a que se refiere el inciso anterior, tendrá el carácter de sueldo para todos los efectos legales y previsionales y será de un 20% a contar del 1° de enero de 1969.

La asignación precedente no se aplicará a los sueldos de los cargos mencionados en el artículo 9º de la ley Nº 15.267, al de los Parlamentarios ni al del Personal de la Sindicatura General de Quiebras.

Artículo 27.- Introdúcense las siguientes modificaciones al articulo 4º de la ley Nº 11.986, de 19 de noviembre de 1955:

En el inciso segundo, reemplázase la frase "el equivalente a la diferencia que exista entre los sueldos de la primera y segunda categoría de la misma escala por la frase "igual al que se concede por el inciso anterior".

En el inciso tercero, intercálase a continuación de "Secretario de la Corte Suprema" la frase "y demás funcionarios de la segunda categoría de la escala de sueldos" y reemplázase la palabra "anterior" con que termina este inciso, por la palabra "primero".

Deróganse los incisos octavo y noveno.

Artículo 28.- Créase la siguiente Planta de Servicios en el Poder Judicial:

PLANTA DE SERVICIOS.

Grado Designación Nº de Empl.

8º Mayordomo del Palacio de los Tribunales de Santiago 1 9º Mayordomo de los Tribunales de Justicia de Valparaíso

(l)y La Serena (1) 2

10º Chofer de la Presidencia de la Corte de Apelaciones de

Santiago (1), Chofer para los Juzgados del Crimen de

Santiago (1), Porteros de las Cortes del Trabajo (3),

Porteros de los Juzgados del Trabajo de Primera Ca

tegoría (9) ... 14

11º Porteros, de los Juzgados del Trabajo de Segunda Ca

tegoría (8) y de Tercera Categoría (10) ... 18

12º Ascensoristas del Palacio de los Tribunales de Santiago

(7), Valparaíso (2) y Concepción (1) 10

139 Auxiliares de Aseo de los Palacios de los Tribunales de

Santiago y Valparaíso (12), Fogoneros de los Tribu

nales de Santiago (1) y Valparaíso (1), Porteros en

cargados del aseo y conservación de los Juzgados de

Letras de Menor Cuantía de Santiago (3) 17

TOTAL 62

La provisión de los cargos de la Planta que se crea en el inciso anterior, se efectuará en la medida en que se vayan produciendo vacantes en los cargos del personal del Servicio incluidos actualmente en la Planta del Personal Subalterno y que no sean provistos con empleados en actual servicio de la referida Planta.

Los cargos del personal de servicio que vacaren por aplicación del inciso precedente quedarán suprimidos de pleno derecho.

Artículo 29.- Reemplázase el inciso final del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, por el siguiente:

"La obligación establecida en el Nº 5, se entenderá cumplida por los postulantes que sean funcionarios o empleados del Poder Judicial o de los Tribunales del Trabajo o de los Juzgados de Policía Local de ciudades cabeceras de provincia y en las comunas con una entrada anual superior a treinta sueldos vitales anuales del departamento de Santiago, por el hecho de haber desempeñado sus funciones durante cinco años."

Artículo 30.- Dentro del plazo de 120 días contado desde la vigencia de la presente ley y en lo sucesivo, la Tesorería General de la República pondrán a disposición de la Oficina del Presupuesto de la Corte Suprema, en la forma que determine el Reglamento, los recursos que las leyes generales, especiales y de Presupuesto de la Nación consulten para el Poder Judicial y sus Servicios dependientes para el pago de sus necesidades.

Artículo 31.- Dentro del plazo de 90 días, el Presidente de la República deberá dictar el Reglamento para la aplicación del artículo anterior, el que deberá ser elaborado por una Comisión integrada por un Ministro de la Corte Suprema, un Ministro de la Corte de Apelaciones, un Juez o Relator de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, un funcionario de Secretaría de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, el Subsecretario de Justicia y el Director de la Oficina del Presupuesto del Ministerio de Hacienda o la persona que éste designe.

Los miembros de esta Comisión pertenecientes al Poder Judicial serán designados por la Corte Suprema.

Artículo 32.- En virtud de lo establecido en los dos artículos precedentes, no podrán decretarse aumentos de remuneraciones para el personal del Poder Judicial que excedan los porcentajes que señale o acuerde el Congreso Nacional por ley.

D.- Del Servicio de Correos y Telégrafos,

Artículo 33.- Reemplázanse las plantas vigentes del Servicio de Correos y Telégrafos por las siguientes:

PLANTA DIRECTIVA, PROFESIONAL Y TECNICA.

Caí. o Designación Nº de

Grado Empl.

1ª C. Director Nacional 1

2ª C. Escalafón de CorreosSubdirector de Correos (1), Subdirector de Personal, (1) Jefe de Inspección (1).

Escalafón de TelégrafosSubdirector de Telecomunicaciones (1), Subdirector de

Cuentas y Valores (1), Jefe de Planificación (1) . . . 6

3ª C. Escalafón de Correos

Jefes Zonales (5), Jefes de Departamento (5), Secretario General (1), Jefe de Organización y Métodos (1), Jefe del Sector de Santiago (1), Inspectores Nacionales (2).

Escalafón de Telégrafos

Jefes Zonales (5), Jefes de Departamentos (5), Jefe de Capacitación (1), Jefe de Administración y Bienestar (l),.Jefe del Sector de Santiago (1), Inspectores Nacionales (2).

Escalafón Profesional y Técnico

Asesor Jurídico (1), Jefe del Departamento de Construcción (1), Jefe del Departamento de Contabilidad (1).

Escalafón de Presupuesto

Jefe del Departamento de Presupuesto (1) . . 34

4º C. Escalafón de Correos

Inspectores Zonales (5), Subinspectores Nacionales (5), Jefes de Sección del Departamento de Correos (6), Subjefes de Zona (5), Jefe de Programación de Capacitación (1), Subjefe Sector Postal de Santiago (1), Jefes de Sectores Cabeceras de Zona (9), Jefe de Control (1).

Cat. o Designación Nº de

Grado Empl.

Escalafón de Telégrafos

Inspectores Zonales (5), Subinspectores Nacionales (5), Jefes de Sección del Departamento de Telégrafos (6), Subjefes de Zona (5), Subjefes del Sector Telegráfico de Santiago (1), Jefes de Sectores Cabeceras de Zona (9), Director Escuela Postal Telegráfica (1), Jefe de Abastecimiento (1).

Escalafón Profesional y Técnico

Abogado (1), Jefe de Sección Arquitectura (1), Jefe

de Sección Construcción (1) 69

5* C. Escalafón de Correos

Jefes de Sectores (15), Inspectores Sector Postal de Santiago (5), Jefe de Edificios y Locales (1), Jefes de Sección Zonales (2), Jefe de Sección Bienestar (1), Subjefes Sectores Cabeceras de Zona (9), Inspector Sector Postal de Valparaíso (1).

Escalafón de Telégrafos

Jefes de Sectores (15), Inspectores Sector Telegráfico de Santiago (5), Jefe de Estadística (1), Jefes de Sección Zonales (20), Jefe Sección Escalafón (1), Subjefes de Sectores Cabeceras de Zona (9), Inspector Sector Telegráfico de Valparaíso (1).

Escalafón Profesional y Técnico

Abogado (1), Relacionador Público (1), Constructor Civil (1), Jefe de Sección Contabilidad (1), Contadores Zonales (3), Asistente Social Jefe (1).

Escalafón de Presupuesto

Jefes de Sección de Presupuesto (3) 115

6ª C. Escalafón de CorreosJefes de Servicios Generales (1), Subjefes de Sectores (15), Jefes de Sección del Sector de Santiago (12), Jefes de Oficina (37), Jefes de Secciones Zonales (10). Jefes de Sección Sectores Cabecera de Zona (36).

Cat. o Designación Nº de

Grado Empl.

Escalafón de TelégrafosSubjefe de Control (1), Subjefes de Sectores (15), Jefes de Sección del Sector de Santiago (12), Jefes de Oficina (37), Jefes de Secciones Zonales (10), Jefes de Sección de Sectores Cabecera de Zona (36).

Escalafón de Ambulantes

Supervisores de Ambulancias (6).

Escalafón Profesional y Técnico

Abogado (1), Constructor Civil (1), Asistente Social

(1), Contadores Zonales (7) 238

7ª C. Escalafón de CorreosJefes de Secciones de ||AMPERSAND||quot;Sectores (104), Jefes de Oficina (20), Jefes de Turno de Sectores Principales Cabecera de Zona (64).

Escalafón de TelégrafosJefes de Secciones de Sectores (104), Jefes de Oficina (20), Jefes de Turno de Sectores Principales Cabecera de Zona (64).

Escalafón de Ambulantes

Ambulantes Jefes de Líneas (10).

Escalafón de Mecánicos de TelégrafosJefe de Talleres (5).

Escalafón Profesional y Técnico

Asistentes Sociales (2), Contadores Sectores Cabecera

de Zona (5), Contador Dirección Nacional (1)

Gr. 1ª Asistentes Sociales (2), Contadores Sectores Cabecera

de Zona (6) 8

Gr. 2ª Asistentes Sociales (2), Contadores Sectores Principa-

pales (2), Contador Dirección Nacional (1) 5

Gr. 3° Asistentes Sociales (2), Contadores Sectores Principa-

Cat. o Designación Nº de

Grado Empl.

les (2), Contador Dirección Nacional (1) 5

Gr. 4° Asistentes Sociales (2), Contadores Sectores Principa

les (2), Contador Dirección Nacional (1) 5

Gr. 5º Asistentes Sociales (2) 2

Planta Administrativa "A"

5º C. Oficiales (235), Oficial de Presupuesto (1), Ambulan

tes (15), Telegrafistas (235) 486

6ª C. Oficiales (326), Telegrafistas (386), Oficial de Presu

puesto (1), Procurador (1), Ambulantes (26) 740

7ª C. Oficiales (332), Telegrafistas (357), Oficiales de Presupuesto (2), Ambulantes (36), Practicante (1) ... 728

Gr. 1º Oficiales (160, Telegrafistas (165), Ambulantes (20),

Practicante (1) 346

Gr. 2º Oficiales (140), Telegrafistas (145), Ambulantes (20),

Practicante (1) 306

Gr. 3º Oficiales (104), Telegrafistas (110), Ambulantes (16),

Practicantes (2) 232

Gr. 4º Oficiales (98), Telegrafistas (94), Ambulantes (15),

Practicantes (2) 209

Gr. 5º Oficiales (102), Telegrafistas (68), Ambulantes (10),

Oficial de Presupuesto (1) ... 181

Gr. 6º Oficiales (53), Telegrafistas (31), Ambulantes (5) ... 89

Gr. 7º Oficiales (49), Telegrafistas (27), Oficia) de Presu

puesto (1), Ambulantes (3) 80

Gr. 8º Oficiales (76), Telegrafistas (57), Ambulantes (7) .. 140

Gr. 19º Aspirantes ... 160

Planta, Administrativa "B"

5ª C. Mecánicos de Telégrafos (12), Mecánicos Choferes (26),

Jefes de Guarda Hilos (33) 71

6ª C. Mecánicos de Telégrafos (14), Mecánicos Choferes (25),

Guarda Hilos (50), Suboficiales (36), Mensajeros

(140), Encasilladores (40) 305

7ª C. Mecánicos de Telégrafos (12), Mecánicos Choferes (30),

Guarda Hilos (60), Suboficiales (38), Mensajeros

(130), Encasilladores (30) 300

Gr. 1º Mecánicos de Telégrafos (8), Mecánicos Choferes (16),

Guarda Hilos (40), Suboficiales (35), Mensajeros

(130), Encasilladores (20) ... 249

Gr. 2º Mecánicos de Telégrafos (6), Mecánicos Choferes (15),

Guarda Hilos (36), Suboficiales (33), Mensajeros

(120), Encasilladores (10) , 220

Gr. 3º Mecánicos de Telégrafos (5), Mecánicos Choferes (14),

Cat. o Designación N° de

Grado Empl.

Guarda Hilos (34), Suboficiales (33), Mensajeros

(120), Encasilladores (8), Carteros (180) 394

Gr. 4º Mecánicos de Telégrafos (5), Mecánicos Choferes (12),

Guarda Hilos (24), Suboficiales (32), Mensajeros

(90), Encasilladores (7), Carteros (230) ... 400

Gr. 5° Mecánicos de Telégrafos (4), Mecánicos Choferes (8),

Guarda Hilos (18), Suboficiales (32), Mensajeros

(50), Encasilladores (5), Carteros (150) 267

Gr. 6º Mecánicos de Telégrafos (2), Mecánicos Choferes (6),

Guarda Hilos (10), Suboficiales (28), Mensajeros (50),

Carteros (110) 206

Gr. 7º Mecánicos.de Telégrafos (1), Mecánicos Choferes (4),

Guarda Hilos (10), Suboficiales (27), Mensajeros

(50), Carteros (80) 172

Gr. 8º Mecánicos de Telégrafos (7), Mecánicos Choferes (3),

Guarda Hilos (8), Suboficiales (20), Mensajeros (3),

Carteros (75) 116

Gr. 9º Mecánicos Choferes (18), Guarda Hilos (5), Subofi

ciales (23), Carteros (102) 148

Planta de Servicios Menores

Gr. 6º Auxiliares 65

Gr. 7º Auxiliares 30

Gr. 8º Auxiliares . ... 45

Gr. 9º Auxiliares 16

Gr. 10º Auxiliares 60

Planta Profesional de la Clínica, afecto a la ley Nº 15.076.

Médico-Jefe, con dos horas diarias 1

Médicos (9), Dentistas (6), con dos horas diarias .. 15

7.664

Artículo 34.- Los ascensos que corresponde efectuar por aplicación de las nuevas Plantas de Servicio de Correos y Telégrafos, fijadas en el artículo anterior, se harán por estricto orden de escalafón, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 del D.F.L. Nº 338, de 1960.

Artículo 35.- Fíjanse para 1969 y 1970, respectivamente, 70 cargos adicionales en la Planta Administrativa "A" en el grado 8º del Servicio de Correos y Telégrafos. Dichos cargos serán llenados por Aspirantes según estricto orden de antigüedad, o. en su defecto, de acuerdo a las calificaciones obtenidas en el curso. El número de personas por nomenclatura será:

1969 1970

Oficiales Postales 34 33

Telegrafistas ... 33 34

Ambulantes 3 3

7070

Artículo 36.- Fíjanse para 1969 y 1970, respectivamente, 192 cargos adicionales en la Planta Administrativa "B" del Servicio de Correos y Telégrafos. Dichos cargos serán llenados por obreros a jornal, y el traspaso se hará de acuerdo a un escalafón elaborado por la Dirección General considerando la antigüedad y el mérito. El número de personas, grados y nomenclaturas serán los siguientes:

Grado Nomenclatura Nº de personas

1969 1970

8º Mecánicos de Telégrafo 7 6

1617

9º Suboficiales 16 17

9º Guarda Hilos 3 2

8º Mensajeros 24 3

9º Mensajeros - 20

9º Carteros 76 77

10º Auxiliares 50 50

192192

A su vez, en las nuevas contrataciones de personal de obreros a jornal, deberá exigirse a los postulantes haber cumplido con la Enseñanza Básica o estudies equivalentes.

Artículo 37.- Reemplázase el artículo 3° de la ley Nº 14.582 por el siguiente:

"Artículo 3°.- Los agentes postales subvencionados se clasificarán en tres categorías, cuyas rentas serán equivalentes al 82, 55 y 41 por ciento del sueldo asignado al último grado del escalafón de Oficiales y Telegrafistas.

Dichas rentas serán imponibles, en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, en las cantidades que resulten de aplicar los mismos porcentajes citados en el inciso anterior sobre la parte imponible del último grado antes citado.

Las normas para la clasificación de estos agentes en las categorías señaladas, serán fijadas por decreto supremo.

Las rentas anuales citadas anteriormente se ajustarán al entero más cercano divisible por 12.".

Artículo 38.- Los aspirantes egresados de la Escuela Postal Telegráfica, que desempeñen labores en el Servicio de Correos y Telégrafos serán encasillados en el grado 19º de la Planta Administrativa, no pu-diendo gozar de otra renta que la asignada a este grado.

Artículo 39.- La conducción domiciliaria de los telegramas no dará derecho a los Mensajeros para hacer ningún cobro especial al destinatario.

Artículo 40.- En la Planta A, escalafón de Oficiales del Servicio de Correos y Telégrafos, debe entenderse incluido un número de 104 cargos que serán provistos con actuales Suboficiales, en las siguientes posiciones :

6ª Categoría 36

7ª Categoría 38

1º 20 2º ... 10 104

Dicho traspaso será optativo y se hará por estricto orden de escalafón. Aquellos funcionarios que pasen a la Planta A, deberán acreditar estudios equivalentes al 4º año de Humanidades o una antigüedad mínima de 10 años en el Servicio durante los cuales se haya desempeñado, a lo menos, por el lapso de 3 años cumpliendo funciones de nivel de Oficial.

Además, deberán rendir satisfactoriamente un examen de competencia en la Escuela Postal Telegráfica.

Artículo 41.- Los trabajos extraordinarios que efectúe el personal del Servicio de Correos y Telégrafos, previamente autorizado por el Ministerio de Hacienda, no estarán sujetos a la limitación de horario nocturno o de días festivos establecidos en el artículo 79, del D.F.L. Nº 338, de 1960.

Decláranse válidos los pagos efectuados al personal de Correos y Telégrafos hasta el 31 de diciembre de 1967, por concepto de trabajos extraordinarios y libérase de toda responsabilidad a quienes intervinieron disponiendo las respectivas cancelaciones.

E.- Del Servicio de Registro Civil e IdentificaciónArtículo 42.- Créanse en la Planta Directiva, Profesional y Técnica del Servicio de Registro Civil e Identificación las siguientes Categorías:

Nº de

Categ. Designación Empleados

6ª C. Oficiales Civiles 69

7ª C. Oficiales Civiles 106

Modifícanse en la Planta Administrativa del Servicio de Registro Civil e Identificación los grados 4º, 5º, 6º, 7º, y 8º, cuya composición será la siguiente:

Nº de

Categ. Designación Empleados

4º Gr. Oficiales 200

5º Gr. Oficiales 150

6º Gr. Oficiales 70

7º Gr. Oficiales 50

8º Gr. Oficiales 40

Los ascensos que signifique la aplicación de la nueva Planta se harán por estricto orden de escalafón.

F.- Del Servicio de Prisiones, Dirección de Indusrtias y Comercio, Servicios Eléctricos y de Gas y Junta Nacio-nal de Auxilio Escolar

y Becas.

Artículo 43.- Autorízase al .Presidente de la República para que dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, proceda a reorganizar las Plantas de los siguientes Servicios e instituciones:

1.- Servicio de Prisiones.

2.- Dirección de Industria y Comercio.

3.- Servicios Eléctricos y de Gas.

4.- Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Asimismo, autorízase al Presidente de la República para que dentro del mismo plazo a que se refiere el inciso anterior, proceda a modificar el sistema de montepíos actualmente vigente del Poder Judicial, quedando facultado para fijar los beneficiarios, monto de las pensiones y tasas de imposiciones.

La aplicación de este artículo no podrá significar eliminación de personal en actual servicio, disminución de sus remuneraciones, pérdida de su actual régimen previsional o beneficios que le confiere el artículo 132 del D.F.L. Nº 338, de 1960.

Si la remuneración asignada al cargo resulta inferior a la remuneración total que percibe actualmente el funcionario que habrá de ocuparlo, la diferencia se pagará por planilla suplementaria.

Artículo 44.- Los decretos que se dicten en el ejercicio de las facul-

tades señaladas en el artículo 43, llevarán numeración correlativa y serán expedidos por el Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de la firma de los Ministros que correspondan.

Párrafo 3º

Reglas para la aplicación de los reajustes.

Artículo 45.- Con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1º de de la presente ley, se entiende cumplido lo ordenado por el artículo 33º, inciso segundo, de la ley Nº 15.840 y, por el año 1968, por el artículo 27 de la ley Nº 16.617.

Artículo 46.- Para los efectos de la aplicación del reajuste contemplado en el presente Título se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 82, inciso primero; 90, 91, 93, 94, 95, 128, 130, inciso tercero del artículo 131 y 132 de la ley Nº 16.617, modificándose las referencias al año 1966 del artículo 91, y al año 1967 de los artículos 94 y 132, por los años 1967 y 1968, respectivamente.

Artículo 47.- Al personal afecto a la ley Nº 15.076, no se le aplicará el artículo 1° del presente Título, ni el artículo . 95 de la ley Nº 16.617 a que se refiere el artículo 46 de la presente ley.

Artículo 48.- Se declara que el reajuste ordenado por la presente ley para las instituciones del Sector Público, es el único aumento que tendrán las remuneraciones durante el año 1968 y que, por lo tanto, tampoco podrán concederse u otorgarse nuevas bonificaciones y aumentos de asignaciones especiales ni ningún otro nuevo beneficio pecuniario, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, sin perjuicio de que se reajusten, exclusivamente en el 12,5% las bonificaciones, asignaciones y otros beneficios de aplicación general existentes al 31 de diciembre de 1967, que constituyan sueldo y que consistan en cantidades fijas de dinero.

El mismo reajuste del 12,5% tendrán las planillas suplementarias resultantes de la aplicación del artículo 5º de la ley Nº 16.617 y todas las remuneraciones con carácter de sueldos percibidas al 31 de diciembre de 1967 por los personales del Instituto de Seguros del Estado, Servicio Médico Nacional de Empleados y de las instituciones de previsión señaladas en el artículo 6º de la ley Nº 16.617.

Artículo 49.- Declárase que lo dispuesto en el artículo anterior no es aplicable a la Empresa de Comercio Agrícola, quien, en uso de sus facultades legales establecidas en el D.F.L. N° 274, de 1960, fijará por una sola vez durante 1968 las Plantas y remuneraciones de todo su personal de empleados.

Asimismo, la referida Empresa fijará, por una sola vez, para 1968 los niveles de remuneraciones y clasificará sus obreros en 7 categorías para los servicios menores y en 9 categorías para los demás.

Las remuneraciones que resulten de la aplicación de los dos precedentes incisos, incluirán al reajuste contemplado para el Sector Público en la presente ley, y regirán desde el 1º de enero del año en curso.

Declárase, asimismo, que las disposiciones del artículo anterior no son aplicables a la Empresa Portuaria de Chile, por cuanto esta Empresa debe dar cumplimiento a las disposiciones de los artículos 34 y 35. de la ley Nº 15.702, de 22 de septiembre de 1964.

Artículo 50.- Deróganse los artículos 16, 23, 47 y el artículo transitorio Nº 3 del decreto del Ministerio del Interior Nº 1.391, de 30 de octubre de 1967.

El personal de la Oficina de Planificación Nacional quedará sometido a las disposiciones del D.F.L. Nº 338, de 1960, en cuanto no se contrapongan con las del Reglamento modificado por el inciso anterior.

Artículo 51.- Derógase el inciso tercero del artículo 5º del D.F.L. Nº 56, de 1960.

Párafo 4º.

De los aportes.

Artículo 52.- El Presidente de la República entregará en el año 1968 las siguientes cantidades a los Servicios e instituciones que se indican, con el objeto de que den cumplimiento a las disposiciones de la presente ley:

1.- Oficina de Planificación Nacional Eº 980.000

2.- Contraloría General de la República 2,660.000

3.- Empresa de los Ferrocarriles del Estado ... 38.090.000

4.- Empresa de Transportes Colectivos del Estado . . 5.580.000

5.- Línea Aérea Nacional 4.300.000

6.- Empresa Portuaria de Chile 13.360.000

7.- Empresa Marítima del Estado 5.260.000

8.- Universidad de Chile 40.630.000

9.- Universidad Técnica del Estado 5.860.000

10.- Universidad Católica de Santiago 6.930.000

11.- Universidad Católica de Valparaíso 1.510.000

12.- Universidad Técnica Federico Santa María 1.050.000

13.- Universidad Austral de Chile 1.460.000

14.- Universidad del Norte ... 1.280.000

15.- Universidad de Concepción 9.600.000

16.- Escuelas Universitarias de Temuco 80.000

17.- Escuela Normal Experimental de Talca 76.000

18.- Consejo General del Colegio de Abogados 319,000

19.- Consejo de Defensa del Niño 355.000

20.- Fábricas y Maestranzas del Ejército 1.420.000

21.- Dirección de Aeronáutica . 400.000

22.- Astilleros y Maestranzas de la Armada 3.110.000

23.- Instituto de Desarrollo Agropecuario 7.410.000

24.- Corporación de la Reforma Agraria .... 6.400.000

25.- Instituto de Investigaciones Agropecuarias 1.510.000

26.- Instituto Forestal 500.000

27.- Instituto de Capacitación e Investigación en Refor ma Agraria 165.000

28.- Servicio Agrícola y Ganadero 6.450.000

29.- Servicio Nacional de Empleo y Mano de Obra . .. 162.000

30.- Dirección de Crédito Prendario y de Martillo . . . 1.590.000

31- Servicio Nacional de Salud 133.060.000

32.- Servicio Médico Nacional de Empleados, para dar cumplimiento a la ley Nº 15.076 ... 2.620.000

33.- Corporación de Servicios Habitacionales 5.070.000

34.- Corporación de Mejoramiento Urbano 620.000

35.- Caja de Accidentes del Trabajo, para dar cumplimiento a la ley Nº 15.076 ... 300.000

TOTAL ... Eº 310.167.000

A las instituciones particulares que se detallan en el inciso anterior, sólo se les aplicará el reajuste del presente Título.

Al personal de la Empresa Marítima del Estado, sujeto a Convenio, se les aplicará el Título del Sector Privado.

Los aportes establecidos para las Universidades de Concepción y Austral de Chile servirán para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley y para pagar la extensión horaria de los profesores funcionarios afectos a la ley Nº 15.076, que se desempeñen en régimen de jornada completa.

Párrafo 5º

Normas varias del Sector Público.

Artículo 53.- Facúltase al Director de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado para suprimir por una sola vez en el curso del presente año, de las plantas de su personal todos o algunos de los cargos que se encuentren vacantes a la fecha de la publicación de la presente ley.

Tratándose de las plantas de torneros, fresadores y matriceros eléctricos y mecánicos, se concederá, además, dicha autorización para los cargos que vaquen en el futuro.

Autorízase, también, al citado Director, paar modificar los requisitos para proveer los cargos, contemplados en la Planta Directiva, Profesional y Técnica, sin perjuicio de que los cargos que se encuentren servidos sigan siéndolo por los mismos funcionarios.

Para la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores deberá requerirse la autorización previa de la Dirección de Presupuestos.

Artículo 54.- Los funcionarios de la planta auxiliar de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, después de haber servido sus cargos durante dos años, a lo menos, serán designados sin limitación del plazo establecido en el artículo 378 del D.F.L. Nº 338, de 1960.

Artículo 55.- Los funcionarios de las Plantas de Servicios Menores de la Administración Pública que hayan servido dichos cargos, a lo menos, dos años, y que hayan sido calificados en listas de méritos, o, no existiendo calificación vigente, no hayan recibido sanción disciplinaria alguna podrán ser designados definitivamente, sin la limitación establecida en el artículo 378 del D.F.L. Nº 338, de 1960.

Artículo 56.- Declárase que la gratificación de zona de que gozan los obreros de la provincia de Aisén no es ni ha sido imponible.

Artículo 57.- Declárase ajustada a derecho, para todos los efectos legales, la interpretación dada a las disposiciones del decreto supremo Nº 222, de 1966, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Transportes, y a las normas contenidas en la ley Nº 16.464, al reajustar las remuneraciones del personal de la Línea Aérea Nacional.

Artículo 58.- La Caja de Previsión de Empleados Particulares podrá formar con la Corporación de Mejoramiento Urbano sociedades que tengan por objeto cualquiera de los siguientes fines: la adquisición de inmuebles, su remodelación, su urbanización, la construcción en ellos de "viviendas económicas", edificaciones para equipamiento comunitario y su enajenación; para estos efectos podrá aportar, en todo o parte, los dineros u otros bienes que haya percibido o le corresponda percibir a cualquier título, excepto aquellos que se autoriza para deducir de sus entradas generales y los que deben entregarse a la Corporación de la Vivienda, de acuerdo al Nº 3 del artículo 76 del D.F.L. Nº 2, de 1959, cuyo texto definitivo fue fijado por decreto supremo Nº 1.101 del Ministerio de Obras Públicas, de 3 de junio de 1960, publicado en el Diario Oficial de 18 de junio de 1960.

Con todo, los dineros u otros bienes que ingresen a la referida Caja provenientes de cualquier tipo de inversión efectuada con anterioridad al 31 de julio de 1959 y aún la restitución de dichas inversiones por liquidación de sociedades o retiros de aportes, y los establecidos en el artículo 101 de la ley Nº 16.735 podrán ser destinados a los fines del inciso anterior sin la limitación establecida en el mismo inciso.

Las viviendas construidas de acuerdo con lo preceptuado en este artículo serán entregadas a la Caja de Previsión de Empleados Particulares, para ser vendidas a sus imponentes.

Artículo 59.- Reemplázase en el Decreto Nº 930 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en su artículo Nº 10, la letra e) por la siguiente: "e) Fijar anualmente el Presupuesto de Entradas y Gastos de acuerdo a lo establecido en el D.F.L. Nº 47, de 1959. En este Presupuesto deberán ser incluidas las Plantas del.Personal y sus remuneraciones a propuesta del Director Ejecutivo, de acuerdo a las limitaciones establecidas en las leyes y disposiciones sobre contrataciones para el personal del Sector Público.".

Modifícase el Nº 17, letra f), suprimiendo la siguiente frase: "y sin las limitaciones establecidas por las leyes para los Servicios Públicos, Semifiscales o de Administración Autónoma.".

Artículo 60.- Autorízase al Presidente de la República para disponer nuevas delegaciones de la firma del despacho correspondiente a las Secretarías de Estado y Servicios de su dependencia, mediante el procedimiento establecido en el inciso segundo del artículo 59 de la ley Nº 16.436.

Artículo 61.- Los artículos Iº, 2º, 3º, inciso primero del artículo 4º, 9º, 10, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 33, 37, 38, 42 y 43 de. la presente ley, regirán a contar del 1° de enero de 1968.

El inciso segundo del artículo 4º de la presente ley regirá a contar del 1º de abril del presente año.

Artículo 62.- La primera diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del Título I de la presente ley, no ingresará a las cajas de previsión. No obstante, los personales cuyo reajuste sea superior al 12,5% ingresarán esa primera diferencia a las cajas, considerándose como tal, para este efecto, sólo lo que exceda de dicho 12,5%. Sin embargo, el personal a que se refiere el artículo 14 no se regirá por las normas señaladas anteriormente en este artículo.

Artículo 63.- Declárase que el reconocimiento de tiempo para beneficio trienal concedido mediante decretos supremos dictados con anterioridad a esta ley, constituyen un derecho definitivamente incorpor-rado al patrimonio de los interesados, cualquiera haya sido la interpretación o pronunciamiento de los organismos contralores de la República.

Artículo 64.- Los funcionarios a contrata que desempeñan el cargo de Oficiales de Presupuestos en Establecimientos y Reparticiones del Ministerio de Educación Pública, que tengan más de dos años en el cargo, podrán ingresar a la planta del respectivo Servicio.

Artículo 65.- Los Directores de Escuelas de 1ª clase que aparte del Título de Normalistas, tengan registrado en la Contraloría su Título de ||AMPERSAND||quot;Profesor de Estado" y cuenten con más de diez años de servicio, podrán ser designados en propiedad como Inspectores, Locales, o Departamentales de Educación.

Artículo 66.- Agréganse los siguientes incisos al artículo 22 de la-ley Nº 15.720:

"Los recursos otorgados para financiar la presente ley y que no fueren empleados en su totalidad, se destinarán exclusivamente a la creación, construcción y mantenimiento de Internados para Estudiantes de las. Enseñanzas Media, Superior y Técnica.

Dichos recursos al no emplearse durante el año, no engrosarán los fondos generales de la Nación para el año siguiente, sino que serán depositados en una cuenta especial para cumplir con lo establecido en el inciso anterior.".

Artículo 67.- Facúltase a la Universidad de Chile, por esta única vez, para que los profesionales funcionarios afectos a la ley Nº 15.076 que actualmente se desempeñen como Investigadores, Agregados Técnicos o Agregados a la Docencia, en propiedad o a contrata y que así lo soliciten, sean asimilados en cargos equivalentes y con régimen de dedicación exclusiva, de conformidad con lo establecido para estos profesionales en la ley Nº 15.076, para lo cual no regirá lo preceptuado en el artículo 3º de la mencionada ley.

Los años de servicios en la Universidad de Chile de estos Profesionales en las calidades indicadas en el inciso anterior, serán válidos para los efectos del artículo 10 de la ley Nº 15.076.

Artículo 68.- El recargo de cobranza a domicilio de los Servicios dependientes de la Dirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, será el 20% con un máximo de Eº 1 que regirá desde la publicación de la presente ley.

Artículo 69.- Declárase que los funcionarios regidos por el Esta-

tuto Administrativo tendrán derecho a computar para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 88 del D.F.L. 338, de 1960, el tiempo trabajado en calidad de empleados u obreros semifiscales o particulares. Dichos servicios deberán ser acreditados mediante certificados de imposiciones emitidos por la Caja de Previsión respectiva.

Artículo 70.- Declárase que en el artículo de la ley Nº 16.617, también debieron quedar incluidos los reajustes dispuestos por los artículos 19 de la ley Nº 14.501, 1º de la ley Nº 15.077 en la parte que no se incorporó a los sueldos bases, 2º de la ley Nº 15.474.

En todo caso, la aplicación de este artículo no podrá significar disminución de las remuneraciones percibidas por los funcionarios señalados en el artículo 6º de la ley Nº 16.617.

Artículo 71.- Reemplázase el inciso segundo del articuló 65 del del D.F.L. Nº 338, de 1960, por el siguiente:

"No darán derecho a asignación familiar los causantes que disfru ten de rentas superiores a un sueldo vital mensual, escala A) del depar tamento de Santiago."

Artículo 72.- Rectifícase el error de referencia del texto del artículo 3º de la ley Nº 12.873, de 15 de marzo de 1958, para lo cual se reemplaza el número "13"; y rectifícase, también, el error del texto del artículo 1º del D.F.L. Nº 7, de 17 de agosto de 1959, del Ministerio de Hacienda, publicado el 11 de septiembre de 1959, para lo cual se reemplaza la palabra "Ministerio" por "Ministro" en el texto de la letra a) del inciso primero del artículo 11 de la ley Nº 10.383, de 8 de agosto de 1952, que reemplazó el artículo que se rectifica.

Artículo 73.- Facúltase al Director General de Obras Públicas para autorizar descuentos por planillas que acuerde la Asociación Nacional de Contadores de este Ministerio, previo consentimiento escrito de los Contadores.

Artículo 74.- Los dictámenes de la Contraloría General de la República sólo podrán disponer para el futuro.

Sin embargo, los dictámenes que se limiten a aclarar el sentido de otros informes, se entenderán incorporados en éstos; pero, no alterarán en manera alguna los efectos de las resoluciones o decretos tomados razón en el tiempo intermedio.

Artículo 75.- En el inciso primero del artículo 18 del D.F.L. Nº 153; de 1960, sustitúyense las palabras "Gerente General' por "Vicepresidente Ejecutivo". En todas las disposiciones legales en que aparezca una referencia al Gerente General de la Empresa Nacional de Minería, deberá entenderse hecha al Vicepresidente Ejecutivo de ese Organismo.

El Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería será de la exclusiva confianza del Presidente de la República, presidirá el Directorio de esa Institución en ausencia del Ministro de Minería y le será aplicable lo dispuesto en los artículos 3º transitorio del D.F.L. Nº 153, de 1960, artículo 25 de la ley Nº 16.723 y 2?, inciso segundo, párrafo final, de la ley Nº 16.099.

La facultad a que se refiere la letra g) del artículo 17 del D.F.L. Nº 153, de 1960, será ejercida por el Directorio de la Empresa Nacional de Minería sujetándose exclusivamente a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Nº 101 del Ministerio de Minería, de 21 de julio de 1966.

Artículo 76.- Reemplázase el artículo, 19 del D.F.L. Nº 153, de 1960, por el siguiente:

"Artículo 19.- En caso de ausencia o impedimento de cualquiera naturaleza que incapacite al Vicepresidente Ejecutivo para el ejercicio de sus funciones, será subrogado por el Fiscal y, a falta o ausencia de éste, dicho cargo será desempeñado, en calidad de suplente por un Director de aquellos nombrados por el Presidente de la República, designación que será hecha por el Directorio a propuesta del Ministro de Minería, La ausencia de la ciudad de Santiago o momentánea del Vicepresidente Ejecutivo, no impedirá que pueda ejercer sus funciones en otros lugares.

No será necesario acreditar la ausencia o el impedimento que den origen a la subrogación o a la suplencia,".

Articula 77.- No será aplicable a la Empresa Nacional de Minería lo dispuesto en los artículos 81, 83 y 84 de la ley Nº 16.735.

Artículo 78.- Amplíase en dos años los plazos establecidos en los incisos primero y último del artículo 295 de la ley Nº 16.640.

Artículo 79.- Modifícase en la planta de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado la designación de los cargos "Ingenieros Jefe del Departamento de Adquisiciones" e "Ingeniero Subjefe del Departamento de Adquisiciones" por "Jefe del Departamento Adquisiciones" y "Subjefe del Departamento Adquisiciones".

Reemplázase el inciso primero del artículo 5º del D.F.L. Nº 177, de 1960, por el siguiente:

"Para ser designado en los cargos de Jefe y Subjefe del Departamento de Adquisiciones será necesario estar en posesión del título profesional o técnico universitario o que se acredite a juicio del Director, tener experiencia en la materia correspondiente, no inferior a diez años.".

Artículo 80.- El mayor gasto que resulte por aplicación de las disposiciones de esta ley se podrá financiar indistintamente con cargo a la provisión consultada en la Ley de Presupuestos vigente o con cargo a la presente ley.

Artículo 81.- Los errores de imputación y los excesos producidos en el año 1967, que se encuentran contabilizados en la Cuenta "Deudores Varios" de la Contraloría General de la República podrán declararse de cargo al ítem 039 "Devolución de Impuestos y Reintegros", previo informe fundado de la Contraloría General de la República.

Artículo 82.- Establécese que la disposición transitoria primera del D.F.L. N° 338, de 1960, incluye el derecho al goce del sueldo del grado que de hecho estaba percibiendo el personal del Servicio de Seguro Social, al 6 de abril de 1960.

Condónanse los reintegros totales que provengan de objeciones formuladas por la Contraloría General de la República al pago de estas remuneraciones, fundadas en la aplicación de dictámenes, resoluciones o disposiciones generales.

Artículo 83.- Declárase válido para el solo efecto de que los funcionarios de la Municipalidad de Las Condes puedan percibirlo y continuar percibiéndolo, el aumento que concedió la referida Municipalidad, según acuerdo adoptado en sesión ordinaria de fecha 9 de octubre de 1967, al modificar la escala de sueldos de su empleados a propuestas del Alcalde. Condónanse las sumas que los mismos empleados estén y puedan estar obligados a restituir por los reparos que haya formulado o formulare la Contraloría General de la República por la aplicación del acuerdo mencionado.

Libérase de toda responsabilidad al Alcalde, Regidores, Tesorero Comunal y funcionarios que hubieren intervenido en el acuerdo indicado y en su aplicación.

Artículo 84.- Declárase que los Fiscales de todas las Instituciones de Previsión enumeradas en el artículo 6º de la ley Nº 16.617, son funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República.

Artículo 85.- A los Oficiales de la Armada que con anterioridad al 1° de enero de 1967 se hubieren reincorporado en virtud del artículo 20 de la ley Nº 16.466, de 1966, se les abonará un año de servicio en su actual grado para el solo efecto de. su ascenso al grado superior al que invisten.

Artículo 86.- Derógase el inciso final del artículo 9º de la ley Nº 12.897, y sus modificaciones posteriores.

TITULO II

Del reajuste al Sector Privado.

Artículo 87.- Reajústanse en un 21,9% a contar desde el 1° de enero de 1968 las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo, vigentes al 31 de diciembre de 1967, de los trabajadores, empleados u obreros del sector privado, no sujetos a convenios colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 88.- En el caso de los obreros agrícolas el reajuste mencionado en el artículo anterior se aplicará sobre la totalidad de las remuneraciones que les fueren pagadas en dinero efectivo.

Artículo 89.- El reajuste de los salarios de los garzones, camareros y ayudantes se aplicará sobre la parte fija pagada en dinero, con exclusión del porcentaje legal de recargo.

Artículo 90.- Los empleados de Archivo, Notarías o Conservadores de Bienes Raíces, tendrán derecho al reajuste señalado en el artículo 87.

Artículo 91.- La hora semanal de clases de los profesores a que se refiere la ley Nº 10.518, se reajustará en un 21,9% a contar del Iº de enero de 1968.

Artículo 92.- No se reajustarán las remuneraciones convenidas o pagadas en moneda extranjera. Tampoco se reajustarán aquellas que resulten de aplicar un porcentaje sobre otra remuneración reajustada o sobre un precio que le sirva de base, o las que consistan en porcentajes sobre utilidades, ingresos, ventas o compras.

Artículo 93.- En el caso de empleados u obreros cuyos contratos de trabajo contemplen remuneraciones a trato, los empleadores o patrones, según el caso, harán efectivo el porcentaje de reajuste a que se refiere el artículo 87 sobre el valor unitario del trato, pieza, obra o medida.

Artículo 94.- Se mantienen vigentes todos los sistemas de remuneraciones mínimas, vitales y de reajuste que no hayan sido modificados expresamente por este Titilo, pero los aumentos que procedan en virtud de ellos no podrán sumarse a los de esta ley.

Artículo 95.- Las disposiciones del presente Título se aplicarán a las Empresas e Instituciones del Estado que, en conformidad a las normas que las rigen tengan la facultad para celebrar convenios colectivos del trabajo.

Lo dispuesto en el inciso anterior regirá, también para la Empresa de Agua Potable de Santiago y el Servicio de Agua Potable de El Canelo.

Artículo 96.- Los patrones o empleadores podrán imputar a les reajustes a que se refiere este Título los aumentos de remuneraciones o cualquiera otra cantidad que incremente las remuneraciones que el trabajador perciba en cada período de pago y que se hubieren otorgado como anticipo a cuenta de reajuste o con el fin de compensar el alza del costo de la vida ocurrida en los 12 meses anteriores al reajuste o dentro del período de mayor vigencia del respectivo contrato colectivo, avenimiento o fallo arbitral.

No serán imputables los aumentos anuales o trienales contemplados en el artículo 20 de la ley Nº 7.295, los que no serán postergados como consecuencia de las disposiciones de esta ley.

Artículo 97.- Declárase que los empleados particulares que prestan sus servicios en la agricultura y que están afectos a la escala B) de los sueldos, gozarán a partir del 1º de enero de 1968, del sueldo correspondiente a la escala A) de su respectiva jurisdicción.

Artículo 98.- Fíjase para 1968 en el equivalente de tres sueldos vitales, escala A) del departamento de Santiago, el sueldo mínimo para todos los periodistas del país, a que se refiere el artículo 2º de la ley Nº 14.837, de 26 de enero de 1962.

A contar del 1º de enero de 1988, se aplicará sobre estos sueldos mínimos el mecanismo estipulado en el Reglamento de la ley Nº 14.837, respecto de las funciones que cumplen los periodistas. Estos sueldos servirán de base para aplicar, a contar del 1º de enero de 1969, la ley Nº 14.837 y su Reglamento Nº 203, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por las Comisiones Mixtas del Sueldos.

Artículo 99.- Elimínase del inciso primero del artículo 2º de la ley Nº 14.837 la coma que aparace después de la palabra "desempeñen", como también la frase que le sigue: "las categorías o clases de 1 as empresas empleadoras".

Artículo 100.- Lo dispuesto en el artículo 143 de la ley N° 16.464, de 25 de abril de 1966, se aplicará durante el año 1988, reajustado en el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor determinado por la Dirección General de Estadística y Censos entre diciembre de 1935 y diciembre de 1967. Esta disposición no se aplicará a los obreros que trabajan en obras ordenadas por la Corporación de la Vivienda.

En caso de que una comisión competente designada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social para el estudio del tarifado de la construcción establezca nuevos montos y modalidades para la aplicación del mismo, regirán dichos nuevos montos y normas.

Artículo 101.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 9.613:

1.- Agrégase al final del inciso cuatro del artículo 4º la siguiente frase, precedida de coma: "sin que pueda ser inferior al 50% del sueldo vital vigente del respectivo departamento.".

2.- Agrégase al artículo 4º los siguientes incisos nuevos:

"Para los efectos de ejercer las funciones que les encomienda este artículo, las Comisiones Provinciales Mixtas de Sueldos se integrarán, además, por dos representantes de los empleadores y otros dos de los empleados que se desempeñen en la respectiva jurisdicción territorial, designados por el Intendente de la provincia a propuesta de los sindicatos y organizaciones profesionales con personalidad jurídica existentes en la provincia; y la Comisión Central Mixta de Sueldos se integrará, en su caso, por dos representantes de los empleadores y dos de los empleados designados por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social a propuesta de las mismas organizaciones existentes en la provincia de Santiago, todo de acuerdo con el Reglamento que dictará el Presidente de la República.

En la misma forma se designará su suplente para cada uno de los nombrados.

Le será aplicable a estos miembros lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 10 y 16 de la ley Nº 7.295.".

3.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 5º, por el siguiente:

"Si en la fecha indicada no hubiesen sido aprobadas, regirán provisoriamente las del año anterior incrementadas en el mismo porcentaje en que hubiese aumentado el índice de precios al consumidor, determinado por la Dirección de Estadística y Censos en el año precedente.".

4.- Reemplázase el inciso primero del artículo 6º, por el siguiente :

"En les establecimientos o estudios en que trabajen las personas indicadas en el artículo 1° de esta ley se cobrará sobre el valor del servicio un porcentaje adicional que fijará anualmente la Comisión Central Mixta de Sueldos, teniendo en cuenta los excedentes o déficit que puedan haberse producido en el año anterior y previo informe de la Superintendencia de Seguridad Social; el cual libre de todo impuesto, será depositado íntegramente en la Caja de Previsión de Empleados Particulares para destinarlo:

A cubrir las imposiciones que corresponda al empleador y al empleado, y

A cubrir el cumplimiento de lo ordenado por los artículos 160, 161 y 162 del Código del Trabajo y el financiamiento de las imposiciones correspondientes a esta letra.

5.- Reemplázase el artículo 9?, por el siguiente:

"Artículo 9°.- Las infracciones a las disposiciones contenidas en la presente ley serán sancionadas con multas de uno a cuatro sueldos vitales mensuales, escala A) del respectivo departamento y, en caso de reincidencia, de cuatro a ocho de dichos sueldos.

El hecho de no depositar íntegramente el porcentaje adicional a que se refiere el artículo 6º será sancionado con multas de dos a cinco sueldos vitales mensuales, escala A), del respectivo departamento, sin perjuicio del pago de los intereses penales por las sumas adeudadas.

La aplicación y cobro de estas multas se hará en conformidad a las disposiciones de la ley Nº 14.972 y su reglamentación.

El producto de las multas incrementará el fondo destinado a las finalidades indicadas en el artículo 6º.".

Artículo 102.- Autorízase al Presidente de la República para refundir en un solo texto las leyes Nºs. 9.613, 10.347 y sus modificaciones contenidas en el artículo anterior.

TITULO III

De la entrega de aportes para la vivienda.

Artículo 103.- Las sumas correspondientes al aporte en cuotas de ahorro para la vivienda que hará el Estado a nombre de cada funcionario de conformidad a lo dispuesto en el Título I de esta ley, deberán acreditarse individualmente en las cuentas de ahorro para la vivienda a que se refiere el Decreto Supremo Nº 121, de 24 de febrero de 1967, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

Los funcionarios, empleados y obreros gozarán de todos los beneficios y estarán regidos por todas las modalidades, plazos y condiciones que corresponden a dichas cuotas de conformidad a lo dispuesto en el Título III del D.F.L. Nº 2, de 1959, con excepción de lo dispuesto en el artículo 30, letra a).

Las normas del inciso anterior serán además aplicables a los fondos recaudados y a los que se recauden de conformidad a lo prescrito en ios artículos 49 al 57 de la ley Nº 14.171, artículo 34 de la ley Nº 15.561, artículo 6? de la ley Nº 15.564 y artículo 211 de la ley Nº 16.464.

No obstante, los titulares de cuentas de ahorro que sean dueños de viviendas y que no tengan préstamos habitacionales o hipotecarios vigentes, podrán rescatar dichas cuotas en dinero efectivo a su valor oficial vigente a contar del 31 de diciembre de 1970 y en tres cuotas anuales iguales, con excepción de los fondos recaudados de acuerdo al inciso anterior. Podrán también transferir dichas cuotas a favor de su cónyuge y parientes hasta el 2º grado de consanguinidad, con el fin de que sean aplicadas en la forma prevista en los incisos segundo y quinto, letra b) de este artículo.

Los titulares de estas cuotas gozarán de los siguientes beneficios adicionales

Se les podrá conceder con cargo fiscal, un aumento, que determinará el Presidente dé la República, sobre el monto de las cuotas que los titulares depositen en exceso de aquellas que reciben en virtud de este artículo y bajo las mismas condiciones señaladas en el inciso segundo.

Podrán abonar a las deudas hipotecarias o habitacionales que tengan con la Corporación de la Vivienda, Corporación de Servicios Habitacionales, Banco del Estado de Chile, Bancos Hipotecarios, Servicios de Bienestar Social, Instituciones de Previsión Social y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, la totalidad de sus cuotas, como amortización extraordinaria de las mismas, de acuerdo con las normas que al respecto dicte el Presidente de la República.

Artículo 104.- El Presidente de la República dictará disposiciones reglamentarias que permitan la celebración de convenios de ahorro voluntarios con organizaciones, asociaciones o cooperativas formadas por funcionarios públicos, destinados a construir o adquirir viviendas para sus asociados por intermedio de la Corporación de Servicios Habitacionales o de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, que contemplen sin-temas de incentivos consistentes principalmente en premios de aportes del Estado en dinero, de acuerdo a una proporción del ahorro efectivamente realizado por los interesados.

Artículo 105.- La forma en que se aplicarán las disposiciones de este Título será determinada por un Reglamento que dictará el Presidente de la República y que podrá modificarse las veces que sea "necesario.

En dicho Reglamento se establecerá además la forma en que se procederá a depositar los fondos ya recaudados de acuerdo a los artículos 49 al 57 de la ley Nº 14.171; artículo 34 de la ley Nº 15.561; artículo 6º de la ley Nº 15.564 y artículo 211 de la ley Nº 16.464, en la parte en que no hubieren sido ya depositados en cuentas de ahorro para la vivienda de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 de la ley Nº 14.171.

TITULO IV

Disposiciones Previsionales.

Artículo 106.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo único de ley Nº 16.401, el Consejo del Servicio de Seguro Social podrá transferir al Fondo de Pensiones todo o parte de los excedentes o reserva producidos o que se produzcan en cualquiera de los Fondos que administra dicho Servicio.

Los acuerdos que adopte el Consejo en el ejercicio de esta facultad deberán ser aprobados por la Superintendencia de Seguridad Social.

Artículo 107.- El Servicio de Seguro Social ingresará al Fondo de Pensiones el aporte que las letras a) del artículo 22 de la ley Nº 14.688 y c) del artículo 20 de la ley Nº 15.720 lo obligan a efectuar con cargo al Fondo de Asignación Familiar que administra.

Los fondos que el Servicio de Seguro Social haya recaudado en virtud de las disposiciones precedentes, que no haya depositado a la fecha en Tesorería, se traspasarán también como recursos del Fondo de Pensiones.

Artículo 108.- Introdúeense las siguientes modificaciones a la ley Nº 10.383:

Reemplázase en el inciso tercero del artículo 2º la frase "un sueldo vital anual de Santiago" por "tres sueldos vitales anuales, escala A) de Santiago".

Elimínase la limitación a 42 salarios mínimos diarios de la industria y el comercio de la remuneración imponible semanal establecida por el inciso quinto del artículo 2º, modificado por el Nº 1 del artículo 34 de la ley Nº 15.386.

a) c) Reemplázase el inciso primero del artículo 54 por el siguiente:

"Los asegurados independientes deberán imponer mensualmente el 15% de sus rentas, las que no podrán ser estimadas, para este efecto, como inferiores al salario mínimo para la industria y el comercio, ni superiores al límite establecido por el artículo 29.".

Artículo 109.- Derógase el artículo 154 de la ley Nº 14.171.

Artículo 110.- Aclárase que el artículo 26 de la ley Nº 15.386, derogó todas las disposiciones anteriores sobre pensiones mínimas por invalidez de los obreros afectos a las leyes Nºs. 10.383 y 10.662.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, se declaran válidamente otorgadas todas las pensiones mínimas concedidas a los obreros afectos a las leyes indicadas, con anterioridad al 1° de enero de 1968.

Lo dispuesto en el inciso primero tendrá aplicación desde el 1° de enero de 1968.

Artículo 111.- Agréganse al artículo 47 de la ley Nº 10.383, los siguientes incisos:

"A contar del 1° de enero de 1969 los reajustes contemplados en este artículo no podrán exceder del porcentaje de aumento experimentado durante los respectivos períodos por el índice de precios al consumidor, determinados por la Dirección de Estadística y Censos.

No obstante y para el año 1968 las pensiones se reajustarán en un 30% sobre los montos vigentes al 31 de diciembre de 1967, a contar del 1° de enero de 1968.".

Artículo 112.- Todo contribuyente que tenga cinco o más trabajadores a su servicio deberá llevar un Libro Auxiliar de Remuneraciones, el que deberá ser timbrado por el Servicio de Impuestos Internos y por la Dirección del Trabajo.

Las remuneraciones que figuren en el Libro a que se refiere el inciso procedente, serán las únicas que podrán considerarse como gastos por remuneraciones en la contabilidad.

Los inspectores de las Cajas de Previsión y del Servicio de Seguro Social tendrán acceso al Libro de Remuneraciones para el solo efecto de comprobar que las imposiciones han sido determinadas correctamente.

El Presidente de la República, dentro del plazo de ciento ochenta días de la vigencia de la presente ley, reglamentará la aplicación de este artículo.

Artículo 113.- El personal del Servicio Agrícola y Ganadero tendrá el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas ¡y se le aplicará los párrafos 18, 19 y 20 del Título II del D.F.L. Nº 338, de 1960, sin perjuicio de las demás disposiciones del Estatuto del Personal, contenido en el D.F.L. RRA. Nº 22, de 1963, y sus modificaciones. Para los efectos del artículo 132 del D.F.L. Nº 338, de 1960, se estimará que son empleados de las cinco primeras categorías aquellos que gocen de una remuneración imponible igual o superior a la 5ª, Categoría de la Escala Directiva, Profesional y Técnica o a la 5ª. Categoría de la Escala Administrativa, según corresponda, a que se refiere el artículo 132 antes citado.

Artículo 114.- Los imponentes de instituciones de previsión social que, con anterioridad a la vigencia de la ley Nª 12.987, publicada en el

Diario Oficial de 23 de septiembre de 1958, hubieren traspasado sus fondos de una a otra institución de previsión y que, como consecuencia de estos traspasos, hubieren obtenido un reconocimiento de servicios en proporción a los fondos traspasados e inferior al período de afiliación registrado en la institución donde cotizaron normalmente sus imposiciones, podrán hacerse reconocer la totalidad del o de los períodos de afiliación a que corresponda el traspaso. Este reconocimiento se hará mediante el correspondiente integro de imposiciones patronales y personales, determinadas en conformidad a la ley Orgánica de la Caja que recibió el traspaso, el que será de cargo del interesado.

La Caja de Previsión a que se encuentre actualmente afecto el imponente podrá otorgarle un préstamo para el integro de las imposiciones a que se refiere el inciso anterior, conforme a las normas que para este efecto establece la ley Nº 10.986.

El beneficio que s establece en este artículo deberá impetrarse en el plazo de 80 días contado desde la vigencia de la presente ley.

Artículo 115.- Se autoriza a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, a la Caja de Previsión de Empleados Particulares, al Servicio de Seguro Social, a las Empresas Cablegráficas Extranjeras y en general a todas las instituciones semifiscales y de administración autónoma, para que cursen sus telegramas por medio del Telégrafo Comercial.

Artículo 116.- Los empleados de las instituciones previsionales que cambien la naturaleza de sus empleos dentro de la misma institución, siempre que exista continuidad de servicios, no sufrirán disminución del monto total de sus remuneraciones y percibirán la diferencia por planilla suplementaria.

Artículo 117.- No se aplicará a los personales de la Empresa Portuaria de Chile, en actual servicio, imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, las disposiciones de los artículos 14 y 137 del D.F.L. Nº 338, de 1960.

Artículo 118.- Los funcionarios de la Empresa Portuaria de Chile que pasaron a la Planta Administrativa Especial en virtud de la ley Nº 16.375 y que eran anteriormente imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, podrán continuar como imponentes de dicha Caja, conservando su antigüedad y demás beneficios que ella otor ga, siempre que hagan uso de esta facultad dentro del plazo de 90 días a contar desde la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 119.- La Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional estará facultada para descontar de las pensiones de los jubilados, previa autorización escrita del interesado, la cuota social mensual que éstos deban cancelar a las instituciones a las cuales pertenezcan, siempre que éstas tengan personalidad jurídica.

Artículo 120.- La Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional y la Sección Tripulantes de Naves y Obreros Marítimos de la misma, cancelarán asignación familiar íntegra a sus imponentes empleados de bahía, estibadores y de otros oficios que en razón de la eventualidad de su trabajo perciban en determinados períodos mensuales remuneraciones inferiores al sueldo vital o al salario mínimo obrero, siempre y cuando el promedio mensual de remuneraciones del respectivo año calendario sea superior a dichos mínimos.

En los meses en los cuales el imponente perciba remuneraciones inferiores al sueldo vital o al salario mínimo obrero tendrá derecho a una asignación familiar proporcional al monto percibido, y la diferencia a que haya lugar de acuerdo al inciso anterior, se cancelará al término del respectivo año calendario.

Artículo 121.- Facúltase al Consejo de la Sección Agentes de Aduanas de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional para reajustar, por una sola vez y hasta en un 50%, las pensiones de jubilación y montepío otorgadas, pudiendo para estos efectos fijar una escala en relación al monto actualmente vigente.

Este reajuste deberá ser aprobado por los dos tercios de los Consejeros en ejercicio y ratificado por la Superintendencia de Seguridad Social.

Artículo 122.- Los reajustes determinados en la ley Nº 12.121, se aplicarán en lo sucesivo anualmente, rigiendo para estos efectos los aumentos que indica la escala establecida en el artículo 5° de la citada ley Nº 12.121.

Artículo 123.- Agrégase a continuación del artículo 3° de la ley Nº 6.037, el siguiente artículo nuevo:

"Artículo...- Para los efectos de la presente ley son remuneraciones imponibles los sueldos, sobresueldos, bonificaciones, sean en dinero o especies, gratificaciones legales y voluntarias y cualquiera retribución accesoria que tenga el carácter normal en la respectiva empresa o faena, con excepción de las asignaciones familiares y demás beneficios concedidos en favor de la familia imponente.

No será imponible el valor de alimentación del personal embarcado.

No tendrán tope las remuneraciones detalladas en el inciso primero del presente artículo.

Todas las imposiciones establecidas en la presente ley o en otras especies destinadas a integrar el fondo común de beneficios^ el de desahucio, el de asignación familiar o cualquier otro fondo que administre la Caja y los aportes que ésta perciba en favor de terceros en virtud de leyes especiales, se calcularán sobre las remuneraciones imponibles definidas en este artículo."

Artículo 124.- Reemplázase el artículo 4º de la ley 6.037, por el siguiente :

"Artículo 4°.- La Caja establecerá un fondo común de beneficios para atender las prestaciones a que den lugar los seguros de invalidez, vejez, años de servicios, muerte y enfermedad que se formará con los siguientes recursos:

Con una imposición de cargo de los imponibles.

Con una imposición de cargo de los imponentes jubilados de la institución, de un. 9% del monto de sus pensiones de jubilación, y del 5% de los montepíos que se paguen por la misma.

Con la primera diferencia mensual proveniente de cualquier aumento de remuneraciones o renta. Si un imponente hubiere sufrido una o varias rebajas de remuneraciones y después obtiene uno o más aumen-

a) tos, sólo se le cobrará la diferencia en que el sueldo aumentado exceda al más alto por el cual hubiere imposiciones con arreglo a la letra a) de este artículo.

d) Con una imposición de cargo del respectivo empleador de un

13% de las remuneraciones imponibles que pague a sus empleados imponentes de la Caja.

e) Con una contribución del 2% del flete bruto que produzca o se pague por el transporte de pasajeros o de carga en naves del Estado o privadas nacionales o extranjeras y que será de cargo de los pasajeros o dueños de la carga. Esta contribución se cobrará por los armadores, agentes, consignatarios, arrendadores de naves o fletadores, los que depositarán dichos valores en la entidad que la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional designe, en la misma moneda en que se contraten dichos fletes o pasajes.

Esta contribución se pagará también por aquellas personas que transporten en naves propias o ajenas, mercaderías de su dominio, estimándose en tal caso el valor del flete por la Caja de acuerdo con las tarifas fijadas por la Subsecretaría de Transportes o por convenios internacionales.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, se mantiene el 1% adicional establecido en el artículo 37 de la ley Nº 13.305 para la Sección "Tripulantes de Naves y Operarios Marítimos, derogando el inciso secundo del citado precepto legal.".

Artículo 125.- La Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional establecerá un fondo de reparto denominado de desahucio, que se formará con una imposición de cargo de cada imponente activo, de un 4% de sus remuneraciones imponibles.

El desahucio se regirá por las siguientes normas:

La Caja otorgará a sus imponentes un desahucio equivalente a un mes de la renta definida en el artículo 19 de la ley Nº 6.037, por cada año de afiliación efectiva a la Caja por la cual haya hecho imposiciones, hasta por un máximo de treinta meses.

Tendrán derecho a este beneficio los imponentes que jubilen, .aquellos que cumplan 30 años de servicios o 60 años de edad, aún cuando continúen trabajando; los beneficiarios de montepío de imponentes de la Caja que fallezcan en el orden y proporción señalado en el artículo 36 de la ley Nº 6.037, aun cuando hayan fallecido sin dar lugar a jubilación.

Anualmente en el mes de marzo de cada año, el Consejo de la Institución fijará el monto del desahucio que corresponda a cada beneficiario que haya adquirido el derecho en el año inmediatamente anterior.

Si el total acumulado en el fondo durante el año respectivo, no fuere suficiente para cancelar la totalidad del beneficio, éste se pagará en proporción al total acumulado. Si por el contrario se produjera un excedente, éste se acumulará al fondo del año siguiente.

El presente artículo regirá a contar del 1° de enero de 1969 y desde la misma fecha quedará derogado el artículo 40 de la ley Nº 15.386.

A contar de la misma fecha, suprímese la imposición personal que grava a los imponentes activos y pensionados de la Caja en favor del Fondo de Asignación Familiar el cual se formará exclusivamente con una imposición patronal del 22% de las remuneraciones imponibles pagadas a los imponentes activos de la institución, y los aportes consultados en la ley Nº 11.859.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, los jubilados y montepiadas de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional,, seguirán recibiendo el mismo monto de asignación familiar que la Caja pague a sus imponentes activos.

Declárase que el Fondo de Desahucio creado por el artículo 40 de la ley Nº 15.386 ha sido y es un fondo de reparto.

Articulo 126.- Reemplázase el artículo 19 de la ley N° 6.037, por el siguiente:

"Artículo 19.- La renta base para calcular las pensiones y demás beneficios que otorgue la Caja, será equivalente al promedio de las remuneraciones imponibles de los últimos doce meses anteriores a la fecha del siniestro o hecho que dé lugar al beneficio. Las pensiones otorgadas serán reajustadas anualmente en proporción al alza experimentada por el sueldo vital, escala A) del departamento de Santiago.

En el caso de imponentes fallecidos o invalidados sin haber enterada doce meses de imposiciones, y, que den lugar al goce de pensión. en conformidad a la presente ley, la renta base será equivalente al promedia de las remuneraciones imponibles efectuadas durante el período en el cual cotizaron imposiciones.

No obstante lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, para el solo efecto del cálculo de beneficios otorgados por la Caja, se considerará que las remuneraciones imponibles de los últimos tres años anteriores al siniestro o al hecho que dé lugar al beneficio, no han podido tener acrecimientos voluntarios mayores de un 20% anual, sin perjuicio de aquellos derivados de reajustes legales, convenios colectivos, actas de avenimiento, laudos arbitrales o sentencias judiciales.

El imponente que dentro del período señalado en el inciso anterior experimentare decrecimiento de las remuneraciones imponibles, como consecuencia de cesantía o nueva contratación, podrá efectuar de su exclusivo cargo, la diferencia de imposiciones tanto personales como patronales, para mantener el monto de sus ganancias imponibles de los doce meses anteriores a la cesantía o nueva contratación.

En ningún caso la renta base para el cálculo del beneficio podrán ser superior a ocho veces el sueldo vital, escala A) del departamento de Santiago."

Artículo 127.- Agrégase al artículo 3º del Título I de las leyes Nºs. 6.037 y 7.759 refundidas, el siguiente inciso final:

"Serán imponentes de esta Caja el personal docente y administrativo del Instituto del Mar y de las escuelas de pesca del país, como también, los empleados de los sindicatos, y las federaciones o confederación de sindicatos marítimos, sean estos de empleados u obreros.".

Artículo 128.- Reemplázase en el artículo 17, inciso cuarto, de la ley Nº 12.401, la frase "con una imposición de 5% de sus pensiones totales", por la siguiente: "con una imposición de 2% de sus pensiones totales".

Artículo 129.- Los abogados actualmente acogidos al régimen de previsión de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley Nº 14.627, podrán aumentar sus rentas declaradas, por una sola vez, hasta el máximo indicado en la letra a) del artículo 6º de la referida ley. En tal caso, pagarán por concepto de imposiciones el porcentaje vigente al momento de invocar el derecho, más un interés simple del 6% anual, y se presumirá que han gozado de rentas inferiores a la base imponible según una escala descendente de 10% cada año y por término de 10 años anteriores.

El derecho concedido por el inciso anterior deberá ejercerse dentro del plazo de seis años, contado desde la promulgación de la presente ley.

Las imposiciones correspondientes podrán pagarse mediante un préstamo que otorgará la Caja, con un interés del 2% anual y cuya amortización se efectuará en un plazo máximo de 60 cuotas mensuales. El pagaré correspondiente deberá firmarse dentro del plazo a que se refiere el inciso anterior, caducando el derecho si así no lo hiciere. Los préstamos y sus dividendos se reajustarán anualmente en la forma establecida por el D.F.L. Nº 2, de 1959.

Los abogados que hagan uso del derecho que les otorga este artículo no podrán jubilar con la renta aumentada hasta después de transcurridos cinco años desde la fecha en que hayan ejercido este derecho.

Artículo 130.- A contar desde el 1º de enero de 1969, los abogados que se acojan a jubilación por antigüedad deberán acreditar, además, haber cumplido 65 años de edad.

Artículo 131.- Las pensiones de jubilación de abogados otorgadas en conformidad a la ley Nº 10.627, vigente a la fecha de publicación de esta ley, se reliquidarán, por una sola vez, considerando como sueldo base el 75% del sueldo actual de Ministro de Corte de Apelaciones de Santiago, a razón de tantos treinta avos como años de servicios hayan sido computados para el otorgamiento de la respectiva pensión.

En la misma proporción se reliquidarán los montepíos.

Artículo 132.- Al reajuste que consulte de acuerdo con lo dispuesto por el artículo anterior, se imputarán los aumentos experimentados por Jas pensiones en conformidad a la ley Nº 15.386, y el monto de las demás pensiones que reciban los beneficiarios, cualquiera que. sea la entidad pagadora de ellas.

Artículo 133.- No se aplicará el reajuste ordenado por el artículo 1° a las pensiones que gocen los abogados que hayan ejercido la profesión sn los tres años calendarios anteriores a la promulgación de esta ley, salvo que sean mayores de 65 años de edad o que hayan jubilado por invalidez o que el promedio de sus entradas totales durante esos tres años, comprobadas por las correspondientes declaraciones de impuesto a la renta, incluyendo las rentas exentas, haya sido inferior al promedio de ocho sueldos vitales anuales, escala A) del departamento de Santiago, de los mismos años.

Se entenderá que los abogados han ejercido la profesión por el hecho de haber pagado la patente profesional.

Las pensiones que no tengan el beneficio del reajuste por aplicación.

de lo dispuesto por el inciso primero se reajustarán, en todo caso, teóricamente para los efectos de que sus titulares entren a disfrutar efectivamente del reajuste ordenado por el artículo 131 a partir desde la fecha en que cumplieren los 65 años de edad o se invalidaren. En estos casos, comenzarán a percibir una pensión equivalente a la que les habría correspondido de acuerdo con lo preceptuado por esta ley, más sus futuros reajustes hasta la fecha en que cumplieren 65 años de edad o se invalidaren.

Artículo 134.- Todas las escrituras públicas, salvo las relativas a filiación y ejercicio de derechos previsionales, deberán ser extendidas sobre la base de minutas firmadas por abogados habilitados para el ejercicio de la profesión. Los notarios, u oficiales civiles en su caso, deberán dejar constancia en la respectiva escritura del nombre del número de la patente del abogado redactor de la correspondiente minuta.

La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada por la repsectiva Corte de Apelaciones en las ciudades de su asiento o por el Juez Letrado de Mayor Cuantía de turno en las demás, aplicando al funcionario infractor una multa de uno a cuatro sueldos vitales mensuales-del respectivo departamento, que se elevará a diez sueldos vitales mensuales en caso de reincidencia.

La infracción consistente en dejar constancia del nombre de un abogado que no haya firmado la correspondiente minuta será sancionada con suspensión de seis meses.

Artículo 135.- Establécense los siguientes impuestos, cuya percepción y cobro se sujetarán a las disposiciones de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado:

Mandatos otorgados en escrituras públicas para solicitar las inscripciones de los actos y contratos contenidos en ellas, Eº 10;

Escrituras públicas redactadas en base a minutas firmados por abogados, Eº 10;

Inscripciones en el Registro de Vehículos Motorizados, Eº 20;

Escrituras privadas autorizadas por Notarios u Oficiales Civiles, Eº 10.

Artículo 136.- Se declara que están comprendidos en la disposición del artículo 32 de la ley Nº 16.724, de 16 de diciembre de 1967, los ex funcionarios judiciales que, a la fecha en que jubilaron, tenían 65 o más años de edad y 30 o más años de servicios e imposiciones.

Este precepto se aplicará desde el 1° de enero de 1968.

Artículo 137.- Declárase que la facultad establecida en el artículo 8º de la ley Nº 10.621 no podrá ejercerla el Consejo Directivo de la Caja-Nacional de Empleados Públicos y Periodistas respecto del personal que presta servicios en la Casa de Moneda.

Artículo 138.- Facúltase al Banco del Estado de Chile para que otorgue un préstamo a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas,, por la suma que sea necesaria, para que dicho Instituto Previsional proceda al pago de desahucios del personal de Notarías, Conservadores y Archivos judiciales. Dicho préstamo no estará sujeto a las limitaciones que establece la Ley Orgánica del Banco.

El producto de este préstamo lo destinará la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, exclusivamente, al pago de desahucios del personal de Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales.

Para financiar el pago de este préstamo el Consejo de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas podrá establecer una imposición a los empleados y jubilados de estos servicios del 1% de los sueldos declarados y de las jubilaciones en su caso.

Esta imposición quedará sin efecto una vez pagada la obligación a que se refiere el inciso primero de este artículo.

Artículo 139.- Incorpóranse al Consejo Directivo de la Caja de Retiro y Previsión Social de Preparadores y Jinetes a un representante por cada uno de los Sindicatos Profesionales de cuidadores que existan en los Hipódromos Centrales. Estos deberán permanecer dos años en sus funciones, renovándose en forma alternada. El representante de los jubilados hípicos ante la Caja será elegido conjuntamente por los tres sectores interesados.

Artículo 140.- Los representantes de los cuidadores de caballos de fina sangre en el Consejo Directivo de la Caja serán elegidos mediante votación directa y secreta, convocada por el Sindicato respectivo, los que deberán dar cuenta inmediata de los resultados a la Superintendencia de Seguridad Social, la que comunicará a la Caja de Previsión el nombre de la persona designada.

Artículo 141.- Para los efectos de designar los primeros representantes al Consejo Directivo de la Caja de Retiro y Previsión Social de Preparadores y Jinetes, dentro de los 30 días siguientes un funcionario-de la Superintendencia de Seguridad Social, de común acuerdo con los dirigentes de los Sindicatos de Cuidadores, convocarán a una asamblea general en que se realizará la nominación.

Los representantes así designados durarán todos un año en su mandato, debiendo establecer antes del término de éste por la Superintendencia, luego de avisar a los sindicatos, un sistema definitivo para hacer efectivo el sistema de renovación alternado que en el artículo se establece.

Artículo 142.- Declárase que el artículo 32 de la ley Nº 15.076, refundida por decreto supremo Nº 457, del Ministerio de Salud Pública, de fecha 27 de septiembre de 1967, no se aplica a los profesionales funcionarios que prestan servicios en la Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile, desde la vigencia de la ley Nº 15.021, los cuales, en consecuencia, continuarán acogidos al régimen, previsional de dicha Caja y les regirán todos los beneficios contemplados para los imponentes de esta Institución.

Artículo 143.- Las pensiones de la Municipalidad de Santiago no podrán tener una asignación familiar inferior a la que perciben los obreros municipales.

Artículo 144.- Los reajustes a que tenga derecho el personal jubilado, por aplicación del artículo 63 de la ley Nº 10.343, del 28 de mayo de 1952, y artículo 18 de la ley Nº 15.386, del 11 de diciembre de 1963, deberán ser pagados por la respectiva institución pagadora sin necesidad de requerimiento por parte de los interesados, ni resolución ministerial, debiendo los organismos pagadores enviar los antecedentes respectivos al

Ministerio de Hacienda, dentro de los ochos días siguientes al de la resolución interna.

La Tesorería General de la República deberá poner los fondos necesarios a disposición de la institución pagadora.

Artículo 145.- Para todos los efectos provisionales y de asignación familiar, los socios de Cooperativas de Producción y Abastecimiento, se considerarán trabajadores por cuenta de la respectiva Cooperativa, siendo de su cargo las imposiciones personales y de cargo de la respectiva Cooperativa las que corresponderían a la entidad empleadora.

Artículo 146.- Toda persona que trabaja por su cuenta o como socio de una sociedad colectiva, civil o comercial, tendrá derecho a acogerse al régimen de previsión de los empleados particulares.

Si se acoge a ese régimen, el interesado deberá hacer una declaración de la renta mensual en relación a. la cual efectuará sus imposiciones a la Caja de Previsión de Empleados Particulares, la que no podrá ser, en ningún caso, inferior a un sueldo vital mensual, escala A) del departamento de Santiago ni superior a seis veces dicho valor, en cada año calendario.

Las imposiciones que se harán sobre la renta declarada serán las establecidas en el artículo 3º de la ley Nº 10.475 y las del 1% al Fondo de Desahucio y del 1 % al Fondo de Revalorización de Pensiones que determina la ley Nº 15.386.

El imponente podrá aumentar en el mes de enero de cada año, la renta declarada hasta un máximo del 10%, sin perjuicio del aumento que podrá hacerse anualmente igual a la tasa del crecimiento del sueldo vital. Esta última facultad deberá ejercerse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de publicación de la resolución que fija el sueldo vital.

Se pierde esta calidad de imponente voluntario por más de doce meses de atraso en el pago de las imposiciones.

Artículo 147.- Las personas que se acojan a la calidad de imponentes voluntarios en conformidad al artículo anterior, durante el tiempo que mantengan esta calidad, sólo podrán obtener jubilación por las causales de vejez o invalidez que contempla la ley Nº 10.475 y sus modificaciones posteriores y no tendrán derecho a la bonificación del 5% del artículo 19 de la ley Nº 15.386. Para optar a estas jubilaciones, deberán reunir un mínimo de cinco años de imposiciones efectuadas en conformidad al artículo 146.

Artículo 148.- Los beneficios conferidos por los artículos 146, 147 y 149 no innovan en absoluto sobre la legislación tributaria; no disminuirán, en ningún caso, el porcentaje que sirva de base para calcular el monto de las gratificaciones de que deben gozar los empleados ni importa tampoco la concesión de los beneficios establecidos en la ley Nº 7.295, ni el derecho a reconocer períodos de desafiliación de acuerdo con las disposiciones de la ley Nº 10.986.

Artículo 149.- Los imponentes señalados en el artículo 146 gozarán de los beneficios establecidos en la ley Nº 10.475, aplicándoseles sus normas en todo lo que no esté expresamente previsto en la presente ley. Un reglamento determinará las modalidades, requisitos y demás condiciones para acogerse a esta ley y del otorgamiento de sus beneficios.

Artículo 150.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 5º dé la ley Nº 16.274 por el siguiente:

"Por los años que se reconozcan en virtud de lo dispuesto en el artículo 39, deberán integrar imposiciones equivalentes al 23% de la renta declarada, más un interés simple del 6% anual, presumiéndose que han gozado de rentas inferiores a la declarada según una escala descendente del 20% durante los primeros diez años y del 4% los restantes, hasta por el término de 20 años anteriores.".

Artículo 151.- Reemplázase el inciso primero del artículo 8º de la ley Nº 16.274, por el siguiente:

"Artículo 8°.- Las cantidades adeudadas por imposiciones de acuerdo con lo que disponen los artículos 2°, 5º y 6º podrán pagarse mediante un préstamo que otorgará la Caja de Previsión de Empleados Particulares amortizable hasta en 120 mensualidades y con el interés del 6% anual. El servicio de este préstamo no podrá, en caso alguno, ser inferior al 15% de la pensión de jubilación.".

Artículo 152.- Concédese un nuevo plazo de 120 días, contado desde la fecha de la aplicación de esta ley, para acogerse a los derechos otorgados por la ley Nº 16.274 o para solicitar las rectificaciones que procedieren en virtud de las modificaciones introducidas a dicha ley por los dos artículos anteriores.

Artículo 153.- La cónyuge sobreviviente del contador que falleciere, cumplidos todos los requisitos exigidos por el artículo 3º de la ley Nº 16.274, y mientras está en trámite su solicitud para acogerse a los beneficios de esta ley, tendrá derecho a montepío de acuerdo con las normas generales y siempre que, a su vez, cumpla con todas las disposiciones de la mencionada ley y sus modificaciones.

Artículo 154.- Agréganse los siguientes incisos al artículo 38 de la ley Nº 15.386.

"Si el empleado al fallecer cumpliere con los requisitos necesarios para impetrar el desahucio y no lo hubiere hecho por cualquiera causa, podrán hacerlo los asignatarios de la pensión del causante.

El monto del desahucio se distribuirá a prorrata del de las pensiones.".

Artículo 155.- Agrégase el siguiente inciso a la letra a) del artículo 40 de la ley Nº 15.386 :

"Si el empleado al fallecer cumpliere con los requisitos necesarios para impetrar el desahucio y no lo hubiere hecho por cualquier causa, podrán hacerlo los asignatarios de la pensión de montepío a prorrata de sus cuotas en dicha pensión.".

Artículo 156.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.722, de 26 de octubre de 1964:

a) Agrégase al artículo 1° el siguiente inciso final:

"Los conductores que estén afiliados o sean pensionados en un régimen de previsión no podrán acogerse a los beneficios de esta ley.";

b) Intercálase en el artículo 15 después de la expresión numérica

"10%" la siguiente frase: "sobre la tarifa fijada"; y

c) El artículo 1° transitorio pasará a ser permanente con el N° 15, suprimiéndose la frase inicial "Mientras se dicte la ordenanza a que se refiere el artículo 10 de la ley Nº 15.123.".

Artículo 157.- Concédese un nuevo plazo de un año. contado desde la publicación de la presente ley, con el objeto de que los conductores de vehículos de alquiler ejerzan los derechos contemplados en los artículos 2º y 3º transitorios de la ley Nº 15.722.

Artículo 158.- La exigencia contemplada en el artículo 1° de la ley N° 15.722 y en su Reglamento, en orden a que las personas que trabajen permanentemente en automóviles de alquiler al servicio público, sean propios o no, se hallen inscritos en el Registro Nacional de||AMPERSAND||quot; Conductores Profesionales de Automóviles de Alquiler, para poder incorporarse al régimen de previsión de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, se entenderá cumplida, mientras no entre en funciones el Registro Nacional antes mencionado, mediante la inscripción en los Registros locales creados en el artículo 4º de la misma ley.

Artículo 159.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 2º transitorio de la ley N° 15.722, por el siguiente:

"La Caja de Empleados Particulares podrá reconocer hasta 15 años de imposiciones, por servicios que se le acrediten como conductor de automóviles de alquiler, anteriores a su incorporación como imponentes, a los choferes que lo soliciten dentro del plazo de un año, a partir de la fecha de promulgación de la presente modificación y siempre que los servicios que se soliciten reconocer no sean paralelos o coetáneos con servicios cubiertos por regímenes de previsión de cualquier naturaleza.".

Artículo 160.- La Tesorería General de la República descontará de la subvención que corresponde a los establecimientos de enseñanza particular, las imposiciones para los institutos de previsión de las personas que ejercen como maestros en dichos establecimientos.

Artículo 161.- Agrégase al primer inciso del artículo 10 de la ley Nº 12.522, el siguiente párrafo: "No regirá la exigencia de los cinco años cuando el causante hubiere fallecido en actos de servicio.

Concédese el plazo de un año para acogerse a dicho beneficio.".

Artículo 162.- Introdúcense las siguientes modificaciones al articulo 243 de la ley Nº 16.464:

Reemplázase en el inciso primero la conjunción "y" que sigue a la cifra 1965 por una coma (,) ; e intercálase después de la frase "durante el presente año" la siguiente: "y durante los años 1967 y 1968".

Sustituyese el inciso tercero por el siguiente:

"La Caja de Previsión de Empleados Particulares entregará de inmediato a la Comisión Central Mixta de Sueldos la cantidad indicada en el inciso primero y se pagará de ella con cargo a los excedentes ya acumulados en dicha institución y con los que se produzcan en los años venideros, una vez cubiertos los gastos que demande el mantenimiento de las Comisiones Mixtas de Sueldos.".

Artículo 163.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 159 de la ley Nº 16.617:

a) En el inciso tercero, reemplázase la frase "años 1964, 1965 y 1966" por la siguiente: "años 1964, 1965, 1966, 1967 y 1968"; y

b) Agréganse los siguientes incisos finales:

"El cumplimiento de las obligaciones impuestas a los pensionados en los incisos primero y tercero de este artículo producirá la pérdida de los beneficios a que habrían tenido derecho por los períodos a que se refieren dichos incisos. Para este efecto, el plazo fijado en el inciso tercero del artículo 159, se contará desde la fecha de publicación de esta ley.

Declárase que la facultad concedida al Presidente de la República en el artículo 160 de la ley Nº 16.617 se extftmde a la disposición que se agrega mediante el presente artículo.".

Artículo 164.- Declárase que los ítem del Fondo de Pensiones de la ley N° 10.383 han sido excedibles hasta la capacidad de sus recursos de Caja, desde la dictación de la ley N° 10.383.

Artículo 165.- Los empleados que se acojan al beneficio de jubilación y para los efectos de percibir el derecho de asignación familiar, sólo deberán presentar ante el nuevo organismo pagador, los certificados de supervivencia de sus respectivas cargas familiares y el del habilitado correspondiente, que acredite la vigencia y plazo de término de ese beneficio.

Artículo 166.- La Sección Tripulantes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional podrá otorgar los préstamos a que se refiere el artículo 103 de la ley Nº 16.735 con cargo al Fondo de Indemnización por Años de Servicios, restituyendo a éste las correspondientes amortizaciones.

Artículo 167.- Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 91 del D.F.L. Nº 338, de 1960, la palabra "seis" por "doce"; y agrégase al término del inciso la siguiente frase: "El reintegro podrá efectuarse hasta en doce cuotas.".

Artículo 168.- Las instituciones de previsión pagarán provisoriamente el total de las pensiones de vejes, invalidez y/u orfandad que les corres-ponda'otorgar, incluyendo las concurrencias de otras instituciones de previsión, de acuerdo con los cálculos que efectúen, dentro de los ocho días siguientes al de la resolución que concede el beneficio.

En el caso de que haya concurrencia fiscal, los antecedentes se enviarán a la Oficina de Pensiones del Ministerio de Hacienda dentro del mismo plazo señalado en el inciso anterior.

Las normas contenidas en este artículo se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos séptimo y octavo del artículo 4º de la ley Nº 10.986.

Artículo 169.- Declárase que la fecha de vigencia del DFL. Nº 8, de 1966, que modificó el DFL. Nº 3, del mismo año, es a contar desde el 11 de agosto de 1966, fecha de publicación de este último cuerpo legal.

TITULO V

Disposiciones varias

Artículo 170.- Suprímense los siguientes días feriados: 29 de junio, 12 de octubre y las fiestas movibles de la Ascención del Señor y de Corpus Christi.

Facúltase al Presidente de la República para dictar normas sobre feriados en las, actividades educativas en dichas fechas y festividades.

En todo caso el día 12 de octubre conservará su carácter de festividad nacional, que se celebrará en la forma que disponga el .Presidente de la República.

Durante el año 1968 los patrones y empleadores deberán integrar, a nombre de cada uno de sus trabajadores, en Cuotas de Ahorro CORVI, el valor equivalente al salario o sueldo imponible de los cuatro días feriados que se suprimen en virtud de esta ley, sin perjuicio de la remuneraciones correspondientes al trabajo realizado.

El Presidente de la República dictará en un plazo no superior a 90 días a contar de la promulgación de la presente ley el Reglamento correspondiente.

Artículo 171.- Facúltase al Presidente de la República para que, sin alterar el número de horas semanales de trabajo que determinan los artículos 143 y 380 del DFL. Nº 338, de 1960, y siempre que las modalidades del Servicio así lo permitan, pueda fijar durante el período comprendido entre el 15 de diciembre y el 28 de febrero de cada año, la jornada diaria para el personal de los servicios fiscales de la Administración Pública, entre los días lunes y viernes.

Si por razones de imprescindible necesidad, el personal de los Servicios en los que se. haya fijado el horario de trabajo en la forma prevista en el inciso anterior deba realizar labores en el día sábado, esta mayor labor, hasta por tres horas será efectuada por turnos entre el personal, sin pago de horas extraordinarias, pero efectuándose la compensación correspondiente mediante la disminución equivalente del horario en el curso de la semana respecto del personal que debe cumplir dicho turno.

Artículo 172.- La obligación de repartir el 10% de sus utilidades establecidas para las empresas de las provincias de Tarapacá y Antofagasta a que se refiere el artículo 107 de la ley Nº 15.575, será, asimismo, aplicable a contar desde el 1º de enero de 1968, a las industrias o explotaciones mineras de las provincias señaladas, acogidas o que se acojan a la ley Nº 7.747.

El porcentaje de participación de utilidades a que se refiere el presente artículo se calculará sobre la utilidad líquida en la misma forma reglamentada para el artículo 107 de la ley Nº 15.575 y sus modificaciones posteriores.

Artículo 173.- Suprímase la frase que dice "por día trabajado", en el artículo 47 del Decreto Supremo Nº 313, de 30 de abril de 1956, Estatuto de los Trabajadores del Cobre, modificado por la ley Nº 16.425, de 25 de enero de 1966.

Artículo 174.- Las Empresas de la Gran Minería del Cobre estarán obligadas a ingresar a los roles de pago de carácter permanente, a los trabajadores que laboran actualmente en trabajos de producción y que tienen contratos temporales. Para los efectos anteriores se consideran trabajos de producción todos aquellos que estén directamente relacionados, con la extracción y elaboración del mineral, se realizan en forma permanente y durante todas las épocas del año.

La Corporación del Cobre resolverá, en caso de duda, cuáles serán los trabajos considerados de producción y fiscalizará su exacto cumplimiento.

Artículo 175.- Agréganse al artículo 47 del DS. Nº 313 del 30 de abril de 1956 y sus modificaciones posteriores, los siguientes incisos:

"Para estos efectos se entenderán como efectivamente, trabajados los días en que el trabajador haya estado ausente de sus labores por encontrarse sometido a medicina preventiva, curativa o imposibilitado para laborar por razón de accidente del trabajo o enfermedad profesional. El tiempo no trabajado por estas causas se entenderá remunerado con el sueldo o salario base que le habría correspondido percibir al trabajador si hubiera efectivamente trabajado.

Además, se entenderán como efectivamente trabajados los días correspondientes a feriado legal y/o permiso pagado.

Cuando el obrero haya tenido derecho al pago de las semanas corridas correspondientes a domingos y festivos, estos días se considerarán también como efectivamente trabajados."

Artículo 176.- Sustituyese en el artículo 48 del Decreto Supremo Nº 313 de 30 de abril de 1956, la frase final "a que pertenezca" por la siguiente: "respectivo del centro de trabajo en que preste sus servicios".

Artículo 177.- Declárase que la Empresa de Comercio Agrícola está incluida entre las Instituciones mencionadas por el Nº 2 del artículo 32 de la ley Nº 16.272, sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado.

Estarán exentas de los impuestos a las compraventas y otras conve-ciones sobre bienes muebles y a los servicios, las operaciones que se realicen entre la Empresa de Comercio Agrícola y las sociedades en que ésta tenga o tuviere en el futuro aportes de capital y cuyos otros socios sean exclusivamente instituciones fiscales o semifiscales, empresas del Estado o sociedades constituidas exclusivamente por éstas.

Artículo 178.- Reemplázase la parte final del inciso octavo del artículo 235 de la ley Nº 16.617, que dice "y a aquellas líneas de crédito que determine el Ministro de Hacienda, a petición del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile", por la siguiente: "y, en la proporción que el Ministro de Hacienda establezca, respecto de aquellas líneas de crédito que determine, a petición del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile".

Artículo 179.- Las escrituras públicas e inscripciones, que otorgan títulos de dominio concedidos por el Estado respecto de viviendas de emergencia o de terrenos, estarán exentas tanto de los derechos notariales y de los Conservadores de Bienes Raíces, como de todo impuesto fiscal o municipal.

Artículo 180.- Agrégase a continuación del artículo 38 de la ley Nº 15.564 el siguiente artículo 38 bis:

"Artículo. ..- Estarán igualmente exentos del pago del impuesto de esta categoría los suplementeros que perciban una renta anual inferior a dos sueldos vitales escala A) del departamento de Santiago y trabajen con un capital inferior a medio sueldo vital anual del mismo departamento.

Se entiende por suplementero para estos efectos a la persona que vive exclusivamente del comercio al público de diarios, revistas y otros impresos periódicos.

El Servicio de Impuestos Internos, dentro de los seis meses de vigencia de esta disposición, confeccionará un Registro, en base a las solicitudes que formulen los interesados, de las personas beneficiadas por esta exención, el que será actualizado en el primer trimestre de cada año.

Condónanse los impuestos a la renta, intereses, multas y otros recargos que, a la fecha de la presente ley, adeuden los suplementeros. El Servicio Nacional de Impuestos Internos procederá a anular los giros y las órdenes de pago correspondientes."

Artículo 181.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 55 de la ley Nº 16.391:

"Lo dispuesto en el inciso precedente, podrá aplicarse en el caso de los ocupantes de sitios ubicados en la comuna de Curanilahue, provincia de Arauco."

Artículo 182.- Condónase el pago de las deudas de pavimentación pendientes y exímese del pago de derechos de pavimentación por obras futuras que se ejecuten, a la Congregación del Buen Pastor de Antofa-gasta.

Esta condonación dará por cancelada la cuenta de pavimentación Nº 1490 F. C. que afecta a la propiedad, rol 62/2 de Antofagasta.

Igual condonación de deudas pendientes por pavimentación se aplicará al Templo Evangélico Bautista de Loncoche.

Artículo 183.- Autorízase al Presidente de la República para transferir gratuitamente a sus actuales ocupantes los terrenos ubicados en el puerto de Coquimbo, comuna y departamento del mismo nombre, inscrito a favor del Fisco a fojas 393, Nº 354 del año 1951, por herencia de don Osear Barrios, de acuerdo al plano de loteo aprobado por la Municipalidad de Coquimbo en su sesión del 7 de julio de 1966, como asimismo, los sitios 5 y 15 del plano citado, a la Congregación Evangélica, con los siguientes deslindes: Norte, línea férrea o Av. Costanera; Este, calle Lo Barrios; Sur Av. Baquedano; Oeste, calle Libertad.

Artículo 184.- Decláranse de utilidad pública los bienes y terrenos necesarios para la ejecución de las obras de agua potable que realice el Servicio Nacional de Salud en conformidad al programa especial de la Oficina de Saneamiento Rural.

La Dirección General de Salud gozará en la ejecución de estas obras de agua potable, de las mismas facultades que el artículo 46 de la ley Nº 15.840 concede a las Direcciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Las expropiaciones se harán de acuerdo a las disposiciones del artículo 26 de la ley Nº 16.585, utilizando el procedimiento por ella establecido.

Artículo 185.- Las Cooperativas de Servicio de Agua Potable que forme el Servicio Nacional de Salud, gozarán de los descuentos de tarifas eléctricas que señala el artículo 114 del Decreto del Ministerio del Interior Nº 2060, de 1962.

Artículo 186.- Desaféctase de su calidad de bien nacional de uso público, 1.000 metros cuadrados, correspondientes a la Plaza España de la Población Zelada de la comuna de Quinta Normal; con los siguientes deslindes: 50 metros por calle Buzo Sobenes, esquina noreste; 20 metros por calle Gaspar de Orense, esquina noreste.

Este terreno será entregado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la construcción de un Retén de Carabineros.

Artículo 187.- Concédese un nuevo plazo de dos años a la vigencia de! artículo 74 transitorio de la ley Nº 16.282, a partir da la fecha de vigencia de la presente ley.

Artículo 188.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 8º de la ley Nº 16.397, por el siguiente:

"A falta de los beneficiarios de que tratan los incisos anteriores, la vivienda se transferirá a los ascendientes que no sean propietarios de otro bien raíz."

Artículo 189.- Autorízase a las Cooperativas legalmente constituidas y en vigencia, de Dueños y Choferes de Automóviles de Alquiler, para cancelar el impuesto ad-valorem correspondiente a la importación de automóviles para sus asociados, de acuerdo a las condiciones que fijará la Junta General de Aduanas.

Artículo 190.- Reemplázase en el artículo 38 incisos primero y segundo, y artículo 39 del D.F.L. Nº 251, de 1960 los guarismos "Eº 2.000", por las palabras "tres sueldos vitales anuales escala A) del departamento de Santiago".

Artículo 191.- Modifícase el artículo 591 del Código del Trabajo intercalando entre las frases "salvo en las de la construcción" y en las que dicho plazo mínimo será de tres meses", del inciso final, la siguiente frase: "y aquellas en que presten servicios artistas profesionales designados en el artículo 1º de la ley Nº 15.478.".

Artículo 192.- Se faculta a la Corporación de Servicios Habitado-nales para que proceda a condonar la deuda proveniente del mutuo hipotecario concedido en favor de la "Legión Militar" de Talca, para construcción de su sede social, por acuerdo Nº 12.643 de fecha 23 de abril de 1959, de conformidad al artículo 3º de la ley Nº 12.054.

Artículo 193.- Cuando las declaraciones tributarias contengan errores originados en el trabajo profesional del contador que ha tenido a su cargo el estudio o preparación de los antecedentes respectivos, la Dirección de Impuestos Internos, de oficio o a petición de parte, o directamente de la persona afectada, pondrá los antecedentes en conocimiento del Colegio de Contadores, con el fin de que se apliquen al profesional las sanciones que correspondan. El oficio de Impuestos Internos o la correspondiente denuncia servirán de auto cabeza de la investigación o sumario que deberá entablarse por el referido Colegio.

Artículo 194.- Autorízase a la Dirección del Registro Civil o Identificación para otorgar por una sola vez a los damnificados por el incendio de la población Gómez Carreño, de Viña del Mar, los carnets de identidad, libretas de familia y documentos que acrediten la identidad del damnificado, su cónyuge e hijos, gratuitamente exentos de todo impuesto o gravamen.

La calidad de damnificado deberá acreditarse por un certificado del Intendente de la provincia de Valparaíso y el Director del Registro Civil .e Identificación determinará la forma cómo se otorgará este beneficio.

Artículo 195.- No podrán invocar la presunción de derecho contenida en el artículo 14 de la. ley Nº 11.622, inciso tercero, en lo relativo al beneficio de la ocupación del inmueble para sí o sus familiares los arrendadores que sean propietarios de dos o más inmuebles y que al momento del desahucio se encuentren en el goce de uno de ellos.

Artículo 196.- En los casos en que los arrendadores de bienes raíces destinados a la habitación o a su empleo como locales comerciales o sociales obtengan la restitución de sus inmuebles invocando las presunciones contenidas en el artículo 14 de la ley Nº 11.622 y dentro de los seis meses siguientes contados desde la restitución no hubieren iniciado la demolición, reparación o mejora o no la ocuparen por las personas para las que se solicitó la restitución de la propiedad, el arrendatario podrá solicitar una indemnización en su beneficio equivalente al valor de doce meses de la última renta de arrendamiento ante el Subdepartamento de Arriendos de la Dirección de Industria y Comercio.

Para los efectos de la aplicación de la norma precedente bastará con que el beneficiado acredite ante dicho organismo la existencia del contrato y su terminación, certificando con un informe del retén de carabineros más próximo al inmueble quienes son los ocupantes efectivos de la vivienda o local. La Dirección de Industria y Comercio verificará en el plazo de 15 días contados desde la fecha de la presentación su veracidad y aplicará al infractor la sanción correspondiente.

Artículo 197.- Aclárase el artículo 2º de la ley Nº 16.568 en el sentido de que sus disposiciones se aplican a préstamos de electrificación rural financiados en virtud del convenio celebrado entre la Corporación de Fomento de la Producción y la Agencia Internacional de Desarrollo, de fecha. 5 de marzo de 1965. En consecuencia, sus disposiciones se aplican a los préstamos que la Corporación de Fomento de la Producción otorgue a las cooperativas de electrificación rural operando con créditos concedidos por la Agencia Internacional de Desarrollo y que éstas destinen en todo o parte a la electrificación de predios de pequeños agricultores. La limitación de reajustabilidad e interés afecta a la Corporación de Fomento y a las cooperativas y se aplicará a todos los préstamos otorgados en favor de los pequeños agricultores definidos en el artículo 2º de la ley Nº 16.568, aunque los recursos que lo financien sean ajenos a los aportados por la Agencia Internacional de Desarrollo.

Artículo 198.- Las casas entregadas por las Corporación de la Vivienda o por organismos previsionales que se mantengan desocupadas por más de seis meses desde la fecha en que el interesado firmó el acta de recepción de la vivienda, deberán ser asignadas a nuevos postulantes para su ocupación.

Artículo 199.- El Director de la Empresa Portuaria de Chile estará obligado a efectuar todo tipo de descuentos en las planillas de pago a favor de: la Corporación denominada "Unión de Obreros Portuarios de Valparaíso" y Asociaciones de Empleados Afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Portuarios, respecto de sus asociados con preferencia a todo otro descuento, con excepción de los descuentos del Bienestar de la Empresa Portuaria, préstamos controlados del Servicio de Asistencia Social de dicha empresa y de las 'leyes sociales y previsionales.

Artículo 200.- Declárase bien invertida por Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) la suma de Eº 5.240 pagada en rentas de arrendamiento de dos inmuebles durante el año 1965.

Artículo 201.- Agrégase al inciso segundo del artículo 8º de la ley Nº 16.250, modificada por el artículo 76 de la ley Nº 16.617, la siguiente frase: "a los obreros portuarios, socios de la Unión de Obreros Portuarios de Valparaíso, se les descontará al 1% señalado, hasta el 31 de diciembre de 1969, pudiendo destinarse, además, su producto para habilitación de clínica".

Se declaran exentos del pago de contribuciones de bienes raíces en la parte fiscal todos los inmuebles adquiridos por las Asociaciones de Obreros Portuarios en la forma y condiciones señalados en el artículo 8° de la ley Nº 16.250, de 1965.

Artículo 202.- Autorízase al Director de la Empresa Portuaria de Chile, para que transfiera en favor de la Unión Mutualista de Empleados Portuarios de Chile, San Antonio, con Personalidad Jurídica. Nº 2.592, del Ministerio de Justicia, de fecha 28 de agosto de 1962, el edificio ubicado en calle 21 de Mayo Nº 160 de la ciudad de San Antonio, comuna y departamento del mismo nombre, Rol 125-7 y con una superficie de 460 metros cuadrados. La propiedad en referencia será destinada exclusivamente a sede social de la Unión Mutualista de Empleados Portuarios de Chile, San Antonio, y, por lo tanto, dicha Unión Mutualista no podrá transferirlo. En caso de que la Unión Mutualista de Empleados Portuarios de Chile, San Antonio, perdiera su Personalidad Jurídica, deberá restituir la propiedad a la Empresa Portuaria de Chile.

Para la indispensable reparación y alhajamiento del inmueble, todos los empleados de la Administración del Puerto de San Antonio, deberán aportar el 1% de sus remuneraciones imponibles mensuales durante cinco años. Los fondos producto de dicho aporte serán depositados en una cuenta especial que se abrirá en el Banco del Estado de Chile, San Antonio, a nombre del Director de la Empresa Portuaria, persona que podrá girar contra dichos fondos conjuntamente con el Presidente de la Unión Mutualista de Empleados Portuarios de Chile, San Antonio.

Queda, facultado el Director de la Empresa Portuaria de Chile para enajenar, por una sola vez, el fierro excluido del puerto de San Antonio. El producto de esta enajenación pasará a engrosar los fondos de la cuenta especial que se indicó anteriormente y servirán para la reparación del inmueble que se transfiera.

Artículo 203.- Los funcionarios de la Empresa Portuaria de Chile que prestan servicios en la provincia de Aisén, quedarán exentos de imponer sobre la gratificación de zona a contar de la publicación en el Diario Oficial de la presente ley.

Artículo 204.- Autorízase al Presidente de la República para aprobar por Decreto Supremo un Reglamento que deberá proponerle el Director de la Empresa Portuaria de Chile, en un plazo de 30 días a contar de la publicación de la presente ley, que contemple el establecimiento ,de un plan habitacional que beneficie a ¡os empleados de dicha empresa.

El mencionado Reglamentó deberá determinar el monto de porcentaje de los descuentos que deberán hacerse al personal de empleados, como asimismo, la forma en que se administrarán los fondos que se descuenten para el plan habitaciona'l mencionado.

Artículo 205.- La Empresa Portuaria de Chile podrá aceptar a los Sindicatos con personalidad jurídica de dueños de camiones, póliza de seguro para responder de las actividades de los socios de esos Sindicatos dentro de los recintos portuarios en las faenas de carga y descarga.

Artículo 206.- Autorízase la importación y libérase de derechos de internación, de almacenaje, de los impuestos establecidos en el Decreto Supremo N° 2.772, de 18 de agosto de 1943, y sus modificaciones posteriores y, en general, de todo derecho o contribución que se perciba por las aduanas y de depósito, en su caso, a los siguientes elementos destinados a la Unión de Obreros Portuarios de Valparaíso, para la instalación de una Clínica Dental:

3 unidades dentales marca "Siemens", modelo "Sironaf", con su respectivo instrumental y tres esterilizadores.

3 sillones a motor "Siemens", modelo "Siemens S 1M".

1 generador marca "Siemens", modelo "Pleophos

4 S". mesa Exposición, marca "Siemens", modelo "Klinograph". ambulancias marca Ford, modelo 1967.

Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley las mercaderías individualizadas en los incisos anteriores fueren enajenadas a cualquier título o se les diere un destino distinto del específico, deberán enterarse en arcas fiscales los derechos e impuestos del pago de los cuales esta ley libera, quedando solidariamente responsables de su integro las personas o entidades que intervengan en los actos o contratos respectivos.

Artículo 207.- Sustituyese el artículo 219 de la 'ley Nº 16.464, por el siguiente:

Artículo 219.- Las faenas de estiba y desestiba de mercaderías destinadas a los servicios de la Administración Pública, Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría General de 'la República, instituciones semi-fiscales, organismos o instituciones funcionalmente descentralizadas o empresas u organismos autónomos del Estado, podrán realizarse por la Empresa Portuaria de Chile, siempre que sea requerida por quien reciba o embarque las mercaderías. Para estos efectos la Empresa Portuaria de Chile deberá contratar estibadores y empleados de bahía y personal de los demás gremios marítimos, sin que esto signifique alteración de las condiciones pactadas o que se pacten en le futuro al efecto, para los gremios marítimos.".

Artículo 208.- Concédese personalidad jurídica a la institución denominada "Federación de Sindicatos Marítimos de Chile", y a la cual podrán pertenecer los Sindicatos de Obreros Marítimos, sean éstos profesionales o industriales y que tengan especialidades vinculadas al trabajo marítimo, sin perjuicio de su derecho a constituirse separadamente por ramo o especialidad, cuando así lo determinen.

* No obstante, los sindicatos que por sus actividades, de acuerdo con sus respectivas matrículas, tengan federaciones legalmente constituidas, no podrán formar parte de la Federación de Sindicatos Marítimos de Chile.

Esta federación podrá representar en todos sus actos a los sindicatos pertenecientes a ella.

En todo lo demás, estará sujeta a las disposiciones del Código de Trabajo referente a las Federaciones Profesionales.

Artículo 209.- Facúltase al Presidente de la República para otorgar el beneficio de la personalidad jurídica a las organizaciones de jubilados, pensionados y montepiadas del sector público o privado, con el so-lo informe favorable del Ministerio de Justicia.

Artículo 210.- Concédese personalidad jurídica a la Asociación de Guardadoras de la Casa Nacional del Niño.

Artículo 211.- Concédese personalidad jurídica a la Directiva Provincial de Jubilados y Montepiados de la Defensa Nacional, que se denominará en adelante Unión Provincial de Jubilados y Montepiados de la Defensa Nacional de Valparaíso, que agrupará a todos las entidades de esta especie que soliciten su ingreso a ella de conformidad a lo que al respecto señalen sus estatutos.

Formarán entre otras, parte de este organismo las siguientes instituciones adheridas a la actual directiva provincial: Asociación de Ex A'iumnos de la Escuela de Mecánicos de la Armada, Asociación de Empleados Civiles de la Armada, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Círculo General Baquedano, Círculo de Oficiales del Mar y Jefes Auxiliares de Maestranza, en Retiro, Cuerpo de Capitanes de Navio y Coroneles en Retiro y Sociedad Femenina de Socorros Mutuos con Montepío de la Defensa Nacional.

El Presidente de la República señalará por decreto, dentro de los noventa días de promulgada esta ley, los estatutos por los que ha de regirse esta institución.

Artículo 212.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 368 del Código del Trabajo y 3º, incisos décimo y décimoprimero, de la ley Nº 16.275, los empleados y obreros civiíes de Fábricas y Maestranzas del Ejército -FAMAE- podrán constituir una Asociación para fines culturales y de representación del personal.

En igual forma podrán proceder los empleados y obreros civiles de Astilleros y Maestranzas de la Armada -ASMAR-.

Artículo 213.- Reemplázase el inciso cuarto, del artículo 3º, del D.F.L. Nº 223, de 1953, por el siguiente:

"Esta Junta, podrá hacerse representar ante el Consejo Superior de "FAMAE" con aprobación de éste, por dos de sus miembros, uno de los empleados y otro de los obreros, con derecho a voz y a voto."

Artículo 214.- Autorízase al Círculo Mutual del persona! de los Servicios Menores de la Caja de Previsión de Empíeados Particulares, para descontar por planillas las cuotas sociales de sus asociados, previa autorización por escrito de ellos.

Artículo 215.- Autorízase a la Federación Nacional de Obreros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para descontar en forma mensual y permanente la cantidad de Eº 1, por concepto de cuotas a todos los obreros de la Dirección de Obras Públicas, Riego, Vialidad, Obras Portuarias, Arquitectura y Planeamiento.

Se descontará, asimismo, la cantidad de Eº 10 a todos los obreros de

la Dirección de Obras Públicas y Servicios dependientes, en dos parcialidades y en los meses de mayo y julio de 1968, y por una sola vez, con el objeto de destinarlo a la adquisición de un bien raíz, mobiliario y en seres para el mejor funcionamiento de esta Federación.

Artículo 216.- Autorízase al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que en calidad de préstamo facilite, por una sola vez, al personal de obreros dependiente de la Dirección General de Obras Públicas y Servicios dependientes, la cantidad de un sueldo vital de la provincia de Santiago, escala A), que será pagado en dos parcialidades y en la siguiente forma: la primera parcialidad para Fiestas Patrias y el otro cincuenta por ciento para las Fiesta de Pascua. Este dinero le será descontado al personal de obreros en seis cuotas mensuales cada vez.

Artículo 217.- Autorízase a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para otorgar anualmente un pase libre de ida y regreso entre Pueblo Hundido, Puerto Montt y ramales, a las viudas e hijos menores del personal ferroviario fallecido en actos del servicio, en las mismas condiciones establecidas para el personal de jubilados de dicha Empresa.

Artículo 218.- Facúltase a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para vender terrenos que no ocupe para sus Servicios, a los actuales arrendatarios u ocupantes de ellos. Esta disposición sólo alcanzará a los arrendatarios ex servidores de la Empresa y a personas de escasos recursos".

Artículo 219.- Prorrógase asta el 31 de diciembre de 1969 el plazo otorgado a las Municipalidades por el artículo 26 de la ley Nº 16.250, para encuadrar los excesos de aumentos de remuneraciones concedido a sus empleados y obreros dentro de los porcentajes de limitación establecidos por la ley, en los términos que prescribe el citado artículo 26.

Mientras esto no suceda, les queda prohibido crear nuevos cargos de empleados y obreros, aumentar de grados, mejorar las rentas u otorgar otros beneficios, salvo que los mayores gastos que tales medidas impliquen, sean compensados con economías de valor equivalente o superiores.

Decláranse ajustados a derecho los acuerdos adoptados por las Municipalidades, de conformidad con las normas indicadas en el inciso anterior, en el curso de los años 1966 y 1967.

Decláranse válidos para los efectos legales los acuerdos adoptados en los años 1966 y 1967 por las Municipalidades del país, como asimismo, los pagos efectuados conforme a ellos, que hayan sido o fueren motivo de reparo por la Contraloría General de la" República, por mala interpretación o aplicación de preceptos legales y que se refieran a reajustes de sueldos, sobresueldos, gratificaciones y modificaciones de planta. Sin embargo, para los efectos de aplicar las disposiciones sobre reajuste de sueldos y salarios contenidas en la presente ley, no se considerarán las sumas pagadas indebidamente en los años 1966 y 1967, debiendo deducirse previamente del respectivo sueldo o salario, antes de efectuar ¡el cálculo que corresponda.

Artículo 220.- Declárase válido para el solo efecto de que los funcionarios de la Municipalidad de Quilpué puedan percibirlo y continuar percibiéndolo, el aumento que concedió la referida Municipalidad, según acuerdo 622 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de febrero de 1967,

al modificar la escala de sueldos de sus empleados a propuesta del Alcalde y promulgado por decreto alcaldicio Nº 119, de fecha 27 del mismo mes. Condónanse las sumas que los mismos empleados estén y puedan estar obligados a restituir por los reparos que haya formulado o formulare la Contraloría General de la República por aplicación del acuerdo mencionado.

Libérase de toda responsabilidad al Alcalde, Regidores, Tesorero Comunal y funcionarios que hubieran intervenido en el acuerdo indicado y en su aplicación.

Artículo 221.- Condónanse a los empleados y obreros municipales de Villa Alemana las sumas ordenadas devolver por los reparos de la Contraloría General de la República, que los afecta o pudiera afectarles con motivo de pagos de asignación familiar u otras remuneraciones, canceladas hasta el 31 de diciembre de 1967, y que estuvieren basadas en erradas aplicaciones de las disposiciones legales vigentes. Quedarán, asimismo, liberados de toda responsabilidad de Alcalde, Regidores, Tesorero y funcionarios que hubieren intervenido en tales pagos.

La diferencia adicional contemplada, en la ley Nº 16.464 pasará a ser parte del sueldo base de los empleados de dicha Municipalidad, y los sueldos pagados al 31 de diciembre de 1967, se mantendrán tal como el Municipio los cancele a la fecha, mencionada.

Artículo 222.- Autorízase a la Municipalidad de Ñuñoa para que, en el plazo de sesenta días a partir de la promulgación de la presente ley, modifique su Planta de empleados, excediéndose del encuadre presupuestario legal hasta un máximo del 7% en 1968, y de un 4 % en 1989. Mientras se mantenga el desencuadre no podrá proveer las vacantes que se produzcan en la Planta dé empleados con personal extraño a la. misma ni aumentar las rentas del personal técnico asimilado a la Escala de sueldos del Ministerio de Obrs Públicas y Transportes.

Artículo 223.- Autorízase a la Municipalidad de Quilpué para transferir gratuitamente al Cuerpo de Bomberos de Quilpué, el predio de su propiedad ubicado en Población El Retiro, lote 373, con los deslindes siguientes : al Norte, con lote 344, en 20 metros; al Sur, con calle San Enrique, en 20 metros; al Oriente, con lote 372, en 50 metros y al Poniente, con calle Esmeralda, en 50 metros, para los efectos que en el mencionado terreno se construya el Cuartel de 'la Tercera Compañía de Bomberos de Quilpué.

La perfección de la transferencia estará exenta de todo gravamen, impuesto y derecho.

Artículo 224.- Facúltase a la Municipalidad de Rengo para efectuar aportes o suscribir acciones de sociedades industriales o de transporte, por acuerdo de los dos tercios de los Regidores, sobre la base de los ingresos ordinarios o extraordinarios que leyes especiales le otorguen.

Artículo 225.- El Directorio de la Federación de Empleados de Bahía se compondrá de siete miembros y durará tres años en sus funciones.

Artículo 226.- Gozarán de todos los beneficios que contempla el artículo 9º de la ley Nº 16.587, para todos los efectos legales, los empleados que pertenezcan a la Plan Municipal respectiva y que a la fecha de vigencia de la presente ley se desempeñen de hecho en funciones muni-

cipales de orden profesional y estén en posesión del Título expedido por la Universidad de Chile u otras reconocidas por el Estado.

Artículo 227.- Autorízase a la Municipalidad de Talcahuano para vender directamente a la Compañía Chilena de Electricidad Industrial, el predio señalado como lote Nº 2, con una superficie total de 665 m2., de la propiedad de su dominio ubicada en calle Colón Nº 876, de Talcahuano, signada con al rol de avalúo de la comuna con el Nº 101/8.

El precio de venta será el que corresponda al avalúo comercial fijado por la correspondiente Oficina de Retasaciones de Impuestos Internos.

Artículo 228.- Modifícase el artículo 18, letra b), de la ley Nº 15.720, en la siguiente forma:

Intercálase entre las palabras "Alcalde" y "que" la frase "quien podrá delegar en un funcionario de la Municipalidad respectiva".

Artículo 229.- Facúltase al Presidente de la República para modificar, cuando lo estime oportuno y conveniente, la Ordenanza General del Tránsito, actualmente vigente, previo informe favorable de la Subsecretaría de Transportes.

Artículo 230.- Suprímese la letra a) del artículo 1° de la ley Nº 10.023.

Artículo 231.- Reemplázase el inciso quinto del artículo 19 de la ley Nº 16.426, cuyo texto fue fijado por el artículo 25 de la ley Nº16.582, por el siguiente:

"La Casa de Moneda de Chile venderá directamente a los empresarios de la locomoción colectiva del país, los boletos de pasajes que emita en cumplimiento de las disposiciones contempladas en el artículo 14 del citado decreto supremo Nº 188, en la forma que señale la Subsecretaría de Transportes, previo informe favorable del Instituto de Seguros del Estado".

Artículo 232.- Decláranse legalmente importados los automóviles para el alquiler de taxistas de la ciudad de Los Andes, traídos al país para cubrir las necesidades del Campeonato Mundial de Ski, en operaciones cursadas por el Banco Central de Chile, en el año 1966, acogidos a las franquicias del artículo 1º transitorio de la ley Nº 16.426.

Dichos vehículos serán desaduanados y entregados a sus primitivos asignatarios en los respectivos registros de importación.

Asimismo, decláranse legalmente importados los automóviles de alquiler cuyos registros fueron cursados por el Banco Central de Chile en el. año 1967, correspondientes a cuotas de importación de las Leyes Nºs. 12.401, 12.434 y 13.805, operaciones a las que se aplicarán las franquicias de la Ley Nº 16.426.

El desaduanamiento y entrega no estarán afectos a ningún recargo por concepto de bodega]e u otros, ocasionados por causa del transcurso del tiempo a partir de su llegada al país.

Artículo 238.- Modifícanse los artículos 1°, 3º y 4º de la Ley Nº 16.675 en la siguiente forma:

Sustitúyese en el artículo 1° la frase: "la suma de Eº 620.000" por la siguiente: "la suma de Eº 1.120.000";

Sustituyese en la letra a) del artículo 3º la cantidad de "Eº 500.000", por la siguiente: "Eº 1.000.000".

Sustitúyese en el inciso primero del artículo 4° la frase "una contribución adicional de Bienes Raíces de E° 15 de promedio por hectárea" por "una contribución adicional de Bienes Raíces de Eº 30 de promedio por hectárea".

Artículo 234.- Modifícase el artículo 25 de la Ley Nº 11.791, en el sentido de eliminar las expresiones "y a las películas radiográficas", reemplazando la coma (,) a continuación de la expresión "repuestos", por un punto final.

Artículo 235.- Los egresados de la Enseñanza Comercial entre los años 1955 y 1957, y que; con posterioridad a este año, obtuvieron los títulos de Secretarios Contadores y Agentes Contadores, podrán inscribirse en el Registro del Colegio de Contadores, autorización que deben ejercer dentro del plazo de 180 días, contado desde la vigencia de esta ley.

Ariículo 235.- Sustituyese el artículo 5° transitorio de la Ley Nº 16.580, de fecha 12 de diciembre de 1966, por el siguiente:

"Artículo 5°.- Autorízase a la Universidad de Chile para contratar con el Banco del Estado de Chile empréstitos hasta por la suma de Eº 1.400.000, reajustables en la forma dispuesta en el.decreto Nº 40, publicado en el Diario Oficial de 20 de enero de 1967, amortizables en un plazo no superior a 15 años, con un interés de hasta un nueve por ciento anual, para construir dependencias para la enseñanza, investigación y atención de urgencia en el Instituto de Neurocirugía e Investigaciones Cerebrales.

Para los efectos del plazo de amortización a que se refiere el inciso anterior, no regirán las restricciones o prohibiciones contenidas en la Ley Orgánica o en los Reglamentos por los cuales se rige el Banco del Estado de Chile.

El gasto que demande este empréstito se cancelará con cargo al artículo 89 de la ley Nº 15.565, que concede fondos al Instituto de Neurocirugía.

El proyecto de construcciones deberá contar con la aprobación del Director del Servicio Nacional de Salud."

Artículo 237.- Condónanse las deudas contraídas con el Fisco por la Escuela Nº 3, Santa Teresita de San Antonio, correspondientes a los empréstitos que le fueron otorgados por los decretos del Ministerio de Educación Pública Nºs. 6.189, de 1959; 13.866, de 1959; 906, de 1960; 2.542, de 1960; 4.754, de 1960; 8.627, de 1960 y 2.845, de 1961, como asimismo, sus intereses, sanciones y multas.

El gasto que signifique la aplicación del presente artículo se imputará a los recursos de la ley Nº 11.766, de 30 de diciembre de 1954.

Artículo 238.- Condónanse la deuda e intereses contraídos por la Escuela Gratuita Santa Juana de Arco, de San Felipe, con la Corporación de la Vivienda u otros organismos dependientes del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, otorgados con motivo del sismo de marzo de 1965 y destinados a la reconstrucción de la escuela mencionada.

Artículo 239.- Destínase la suma de Eº 1.200.000 al Instituto del Mar, dependiente de la Universidad Católica de Valparaíso para el pago

de remuneraciones, mantención y habilitación de sus actuales escuelas de dependencias, investigaciones en el área del transporte marítimo, y para cursos de capacitación del personal marítimo y actividades complementarias.

El Instituto del Mar administrará autónoma y separadamente su presupuesto, debiendo dar cuenta de su inversión a la Contraloría General de la República.

Artículo 240.- Auméntase en un Consejero la composición del Consejo de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile. Esta persona actuará en representación de los personales del Servicio de Prisiones. Este Consejero tendrá derecho a voz y voto, pero servirá las funciones ad-honorem. Ocupará este cargo la persona que se desempeñe como Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones (ANFUP). Se faculta a esta persona para delegar la Consejería en la persona de alguno de los Vicepresidentes o del Secretario General de la Organización para determinadas reuniones.

Artículo 241.- Se faculta al Consejo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares para reservar y distribuir cincuenta casas de la Población Parque Koke, de Rancagua, entre los imponentes que, reuniendo los requisitos mínimos que exige la institución para esta clase de operaciones, acrediten su condición de empleados de comercio con cinco años de antigüedad en esta actividad, a la fecha del llamado a inscripción. Si no se distribuyeran todas las casas entre los imponentes que cumplan los requisitos anteriores, éstas serán entregadas por la Caja de Previsión según sus reglamentos.

Artículo 242.- Agrégase al artículo 413 del Código del Trabajo, el siguiente inciso segundo:

"No obstante los Sindicatos podrán establecerán sus reglamentos internos, debidamente aprobados por la Dirección del Trabajo, la extensión de sus beneficios económicos y sociales a los socios que jubilen en la profesión base de la organización, de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias. Los presupuestos anuales deberán contemplar los ítem correspondientes establecidos en el Reglamento.

Artículo 243.- Modifícase el artículo 13, letra b), de la ley Nº 15.676 que modificó el artículo 7º de la ley Nº 13.039, reemplazando su texto por el siguiente:

"El 3,5% de los ingresos que obtenga la Junta de Adelanto de Arica deberá destinarlo a la adquisición de acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales que deberá invertirlo en el departamento de Arica.

Autorízase a la Junta de Adelanto de Arica para aportar al Ministerio de Educación un 1,5% de los ingresos legales con el fin de ser invertidos en programas de fomento a la educación en el departamento de Arica. Para este efecto se suscribirán convenios entre la Junta y el Ministerio de Educación Pública."

Artículo 244.- Agrégase al artículo 79 del D.F.L. Nº 2, de 1959, cuyo texto definitivo fue fijado por el Decreto Supremo Nº 1.101 del Ministerio de Obras Públicas, de fecha 3 de julio de 1960, el siguiente inciso nuevo:

"Igualmente la Corporación de la Vivienda, y la Corporación de Servicios Habitacionales podrán transferir a las instituciones correspondientes con imputación a los fondos a que se refiere el artículo anterior los créditos otorgados a imponentes de dichas instituciones, en la forma que determine el Reglamento."

Artículo 245.- Reemplázase el artículo 70 de la ley Nº 16.742, por el siguiente:

"Artículo 70.- Prescribirán en seis meses todas las acciones que los contratistas de la Corporación de la Vivienda, de la Corporación de Servicios Habitacionales, de la Corporación de Mejoramiento Urbano, de la Corporación de Obras Urbanas y de la Empresa de Agua Potable de Santiago, puedan ejercitar en contra de las referidas Corporaciones y Empresas con motivo de cualquier acto o contrato celebrado con ellas. El plazo para ejercer las acciones se contará desde la recepción provisoria que haga la Corporación o Empresa de las obras respectivas."

Artículo 246.- Con el objeto de que la Comisión Nacional del Ahorro, creada por Decreto de Hacienda Nº 2.590, del 24 de diciembre de 1966, pueda realizar por sí misma los planes, proposiciones y proyectos elaborados por ella dentro de las finalidades y atribuciones señaladas en dicho decreto, facúltase a las instituciones fiscales, semifiscales, autónomas del Estado, empresas del Estado, Banco Central de Chile, Caja Autónoma de Amortización y Banco del Estado de Chile, para destinar previa aprobación de la Dirección de Presupuestos, cuando fuere procedente, parte de los recursos de que dispongan para gastos de publicidad o difusión, al financiamiento de la Comisión Nacional del Ahorro.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, no rigen las limitaciones o prohibiciones, establecidas en las leyes orgánicas de las respectivas instituciones u organismos. La Comisión indicada deberá rendir cuenta anualmente de la inversión de los fondos que recibe, a la Superintendencia de Bancos.

Artículo 247.- Agrégase al artículo 5º de la ley Nº 16.391, el siguiente inciso final:

"Las normas, instrucciones y resoluciones que se impartan por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el Subsecretario y el Director General de Planificación y Presupuesto, según corresponda, a las instituciones a que se refieren las letras a), b), c), d), e) y h) del inciso anterior, serán de carácter obligatorio para dichas instituciones y los jefes Superiores de ellas serán responsables de su cumplimiento.".

Artículo 248.- Suprímese la Secretaría Técnica y de Coordinación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y el cargo de Secretario General Técnico del mismo Ministerio.

Las funciones y atribuciones de la Secretaría Técnica y de Coordinación y del Secretario General Técnico se distribuirán entre la Dirección General de Planificación y Presupuesto y la Subsecretaría del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de acuerdo a las normas que determine el Presidente de la República.

Artículo 249.- Los créditos otorgados por la Corporación de la Vivienda o la Corporación de Servicios Habitacionales garantizados con hipotecas, ya sea que provengan de saldos de precio o de mutuos y siempre que el crédito y la hipoteca que lo garantice se otorguen conjuntamente, serán siempre a la orden y los derechos del acreedor serán transferibles mediante endoso escrito a continuación, al margen o al dorso del título ejecutivo de los mismos.

El endoso deberá contener el nombre de la institución endosante, y la fecha en que se haya extendido y se anotará, al margen de la inscripción hipotecaria respectiva con el solo mérito de la solicitud del representante de la institución endosante.

La Corporación de la Vivienda y la de Servicios Habitacionales sólo se harán responsables de la existencia del crédito.

Artículo 250.- Intercálanse en el párrafo 2º de la letra b) del artículo 87 de la ley Nº 16.735, a continuación de las palabras "Superintendencia de Seguridad Social" las palabras "Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio y Superintendencia de Bancos".

Artículo 251.- Agrégase al artículo 101 de la ley Nº 16.735 a continuación de la frase "Bienestar Social" la frase "o a viviendas u obras de equipamiento comunitario".

Artículo 252.- Exímese a los Servicios Públicos e Instituciones descentralizadas, en las operaciones de importación que realicen, del impuesto del 1% establecido en el artículo 182 de la ley Nº 16.464.

Artículo 252.- Facúltase a la Empresa de Comercio Agrícola para que, a petición expresa del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y previo Decreto Supremo, pague a los obreros matarifes que corresponda una indemnización equivalente a los salarios no devengados y sus correspondientes imposiciones, como consecuencia de los períodos de veda de matanza de vacunos que se establezca por la autoridad competente.

El o los Decretos Supremos del caso, fijarán el monto, procedimiento, lugar y oportunidad de dichos pagos.

Artículo 254.- Libérase de los derechos específicos y ad-valorem y de todos otros derechos y/o gravámenes percibidos por intermedio de las Aduanas, a las internaciones que efectúen al país las Sociedades Constructora de Establecimientos Hospitalarios S. A. y Educacionales, los elementos destinados a las construcciones y habilitaciones que les corresponda efectuar.

Artículo 255.- Declárase, interpretando los artículos 626 del Código del Trabajo, 38 de la ley Nº 12:927 y 171 de la ley Nº 16.640, que su sentido y alcance significa asimismo que sólo corresponde a los Interventores, designados de conformidad a esas disposiciones, la representación judicial y extrajudicial de la empresa respectiva, para los efectos de la gestión del giro administrativo ordinario de los negocios o actividades sometidos a intervención.

Artículo 256.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 56 de la Ordenanza General de Aduanas:

"Los egresados de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Chile, especialidad Administración Aduanera, quedarán eximidos de dicho examen de eficiencia."

Artículo 257.- El Servicio de Tesorerías pagará los capitales nominales correspondientes a los censos redimidos en arcas fiscales en virtud

de las leyes de 24 de septiembre y 21 de octubre de 1865 y 11 de agosto de 1869, a los actuales censualistas o patronos, en mérito a nóminas que deberá proporcionarle oportunamente la Contraloría General de la República y con cargo al ítem 08/01/01/017 que será excedible hasta el monto de dichos capitales.

La cantidad que quede sin invertir al 31 de diciembre de 1968, se traspasará a una cuenta especial de depósito, con cargo a la cual se cancelarán en el año 1969 los capitales no reclamados en el año 1968.

La obligación del Fisco de pagar el capital nominal prescribirá en el plazo que vence el 31 de diciembre de 1969. En la fecha indicada se cerrará la cuenta especial de depósito abierta al efecto y el saldo no cobrado pasará a rentas generales de la Nación.

Declárase extinguida, a contar desde el 1° de enero de 1968, la obligación del Fisco de pagar los réditos correspondientes a los censos redimidos en arcas fiscales a que se refiere el inciso primero de este artículo.

La acción del censualista para cobrar los réditos devengados hasta el 31 de diciembre de 1967, prescribirá en el plazo que vencerá el 31 de diciembre de 1969, a menos que estuviere prescrita o prescribiere antes de esta fecha en virtud de lo dispuesto en el artículo 2042 del Código Civil. Este plazo especial de prescripción sólo se aplicará a censos redimidos en arcas fiscales a que se refiere la presente disposición.

Artículo 258.- Declárase que la facultad conferida al Presidente de la República, por el artículo 10 transitorio de la ley Nº 16.640, para dictar el Reglamento Orgánico del Servicio Agrícola y Ganadero, lo autoriza para establecer normas tendientes a armonizar, complementar y sistematizar las disposiciones legales de la ex Dirección de Agricultura y Pesca, actualmente vigentes, y las de la ley Nº 16.640 que crearon el Servicio Agrícola y Ganadero. Asimismo, en ejercicio de dicha facultad, el Presidente de la República podrá fijar las normas necesarias para la organización y funcionamiento de este nuevo Servicio, debiendo respetar, en ambos casos, los objetivos y finalidades señalados por la ley Nº 16.640. El plazo a que se refiere el artículo 10 transitorio, antes citado, comenzará a regir a contar de la fecha de publicación de la presente ley.

Artículo 259.- Acláranse los artículos 207 y 208 de la ley Nº 16.464 y el artículo 176 de la ley Nº 16.617, en el sentido de que dichas disposiciones legales han incluido e incluyen a los funcionarios de planta de la Corporación de Fomento de la Producción, quienes han estado y lo están actualmente, en posesión de los mismos derechos y beneficios que el resto de los funcionarios públicos o municipales a que dichas leyes se refieren, sin que les afecten limitaciones o exclusiones, que no sean las contenidas en las mismas leyes Nºs 16.464 y 16.617, haciéndoles expresamente aplicable el artículo 172, inciso primero, del D.F.L. Nº 338, de 1960, desde la vigencia de las leyes mencionadas.

Artículo 260.- Las destinaciones de recursos en el monto y forma establecidos en el artículo 102 de la ley Nº 16.735 y que se refieren al departamento de Tocopilla, regirán por el plazo de cinco años, a contar desde el 1° de enero de 1968.

Facúltase a las instituciones del Estado para contratar empréstitos en organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de que se ejecuten las obras a que se refiere la disposición citada en el inciso anterior.

Las Cajas de Previsión, sin excepción, y el Servicio de Seguro Social podrán otorgar un préstamo extraordinario equivalente . a quince sueldos vitales mensuales, escala A), del departamento de Tocopilla, a cada uno de aquellos imponentes de dicho departamento que sean miembros de un plan de construcción de viviendas por sociedades cooperativas; y se encontraren radicadas en esta zona desde diciembre de 1967. Este préstamo es sin perjuicio de lo que se le hubiere acordado por ministerio de la ley N° 16.735 y se amortizará en un plazo de cinco años y devengará un interés del 6 % anual.

Articulo 261.- Declárase que lo dispuesto en el inciso primero del artículo 10 de la ley Nº 16.455, de 6 de abril de 1966, son aplicables a los miembros de planta y suplentes, representantes de los trabajadores, de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Artículo 262.- Desaféctase de su calidad de bien nacional de uso público y declárase bien fiscal el predio que forma parte de otro de mayor extensión denominado "Plantación Miramar", ubicado en San Antonio, comuna y departamento del mismo nombre, provincia de Santiago, con una superficie de 3.450 metros cuadrados, con los siguientes deslindes: Norte, Este y Sur, Plantación Fiscal Miramar, en 25 metros; 150 metros y 25 metros, respectivamente, y Oste, Avenida Ramón Barros Luco, en 150 metros.

Artículo 263.- Autorízase al Presidente de la República para transferir gratuitamente al Sindicato Profesional de Estibadores y Desestibadores Marítimos de San Antonio, el predio fiscal individualizado en el artículo anterior, para que se construya en él una sede social.

El edificio deberá estar construido dentro del plazo de tres años, contado desde la fecha de la publicación de la presente ley. En caso de incumplimiento, el terreno volverá a dominio del Fisco.

El terreno no podrá ser enajenado sin autorización del Ministerio de Tierras y Colonización, y deberá destinarse solo a los fines del Sindicato.

Artículo 264.- Autorízase al Presidente de la República para modificar el Código Sanitario, D.F.L. Nº 725, en lo que se refiere a las profesiones de Químico Farmacéutico y Bioquímico, en un plazo no superior a noventa días contado desde la promulgación de la presente ley.

Artículo 265.- Reemplázase el guarismo "18 meses" que figura en el artículo 235 de la iey Nº 16.464, por "30 meses".

Artículo 266.- Entre sus funciones de fomento de la recreación, la Dirección de Deportes del Estado podrá otorgar subsidios a la Asociación de Boy Scouts de Chile.

Artículo 267.- Autorízase al Tesorero General de la República, para que, en representación del Fisco, transfiera a la Corporación de Fomento de la Producción, a título gratuito, todas las acciones y derechos que el Fisco posee en la Compañía Pesquera Taltal S. A., quedando facultado para ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos destinados al efecto,

Artículo 268.- Los Inspectores de la. Dirección General del Trabajo, Servicio de Seguro Social y Cajas de Previsión deberán entregar copig del acta de las inspecciones que efectúen, al delegado de 'ios trabajadores.

Artículo 269.- Modifícase la letra a) del artículo 26 de la ley Nº 16.425, agregando el siguiente párrafo: "y aquellos caminos de penetración y desarrollo minero que recomienden las Juntas Departamentales de Caminos.".

Artículo 270.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 27 de la ley Nº 16.624 a continuación de "la ley Nº 11.575", la conjunción "y" por una coma.

Sustituyese el guarismo "2%" por "5%" y a continuación de "Universidad Austral" reemplázase el punto por la siguiente frase: "y un 5% para la Universidad del Norte".

Artículo 271.- La Corporación de Fomento de la Producción, con cargo a los recursos que corresponden a la provincia de Antofagasta, pondrá a disposición del Sindicato Profesional de Jornaleros de Mar de To-copilía, para destinarlo a la reconstrucción del inmueble de su propiedad ubicado en esa ciudad, calle Aníbal Pinto Nº 1385, la suma de Eº 60.000.

Artículo 272.- No les será aplicable a los empleados y obreros del Banco del Estado de Chile el artículo 368 del Código del Trabajo,; ni el artículo 166 del D.F.L. Nº 338, de 1960.

Artículo 273.- Déjanse sin efecto los sumarios administrativos incoados contra funcionarios de la. Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, con motivo del movimiento gremial que dicho personal He-vara a efecto entre el 21 de junio y el 18 de julio de 1967.

Asimismo, déjanse sin efecto las sanciones que se hubieren aplicado con motivo de dichos sumarios.

Artículo 274.- Derógase el artículo 83 de la ley Nº 16.744.

Artículo 275.- Agrégase el siguiente inciso al artículo 15 de la ley Nº 16.392:

"Del 10% Establecido en el inciso anterior podrá destinarse hasta el 5% a la adquisición y construcción de 'locales para el Servicio de Seguro Social, en las ciudades que el Consejo de esa Institución determine, previa autorización del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo."

Artículo 276.- Prorrógase la vigencia de las disposiciones sobre rentas de arrendamiento contenidas en la ley Nº 16.273, hasta el 31 de diciembre de 1968.

Durante el año 1968 las rentas de arrendamiento de las propiedades sometidas a las disposiciones de la ley Nº 9.135, serán las que regían al 31 de diciembre de 1967.

Los arrendatarios de las construcciones sometidas a esta última ley, y que se encuentren al día en el pago de sus rentas, gozarán de los plazos establecidos en el artículo 12 de la ley Nº 11.622, y en el artículo 2º de la ley Nº 6.273, modificado por el artículo 2º de la ley Nº 16.451.

Artículo 277.- De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la ley Nº 16.860, modificado por el artículo 13 de la ley Nº 16.627, se faculta a las Municipalidades de Providencia, Las Condes y La Reina, para que en conjunto procedan a donar a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, una parte del fundo Santa Rosa de Lo Coo, correspondiente a

la porción expropiada de dicho fundo por las referidas Municipalidades en sesión conjunta de 17 de agosto de 1967. Esta donación de terrenos tendrá una cabida máxima de 30 hectáreas y su superficie y deslindes se individualizarán en el acuerdo respectivo.

Los terrenos a donarse deberán ser destinados por la Comisión Chilena de Energía Nuclear para el cumplimiento de sus finalidades y especialmente para la instalación y funcionamiento de un Centro Nacional de Estudios Nucleares, que deberá iniciar sus actividades en forma normal dentro de los 10 años siguientes a la fecha de la donación.

Se deja constancia que el contrato de donación a celebrarse estará - exento del trámite de ratificación de la Asamblea Provincial, del trámite de insinuación y del pago de impuestos fiscales, derechos y demás que se originen en la tramitación del correspondiente contrato.

Artículo 278.- Autorízase a la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública para destinar el inmueble de su propiedad, ubicado en Avenida Apoquindo Nº 9489, al bienestar de su personal, construyendo en él un campo deportivo y de esparcimiento.

Artículo 279.- Derógase el artículo 15 de la. ley Nº 15.909, de fecha 5 de diciembre de 1964.

Artículo 280.- Agrégase al inciso segundo del artículo 45 de la ley Nº 16.735, reemplazando el punto por una coma, lo siguiente: "no excediendo de un séptimo de sueldo vital mensual escala A) del departamento de Santiago.

Artículo 281.- Exímese a la Municipalidad de Peumo del pago de contribución territorial respecto a las propiedades que forman la población municipal, compuesta por nueve viviendas situadas en dicha ciudad.

Condónase, además, los impuestos fiscales, con sus intereses, sanciones y multas adeudadas por la Municipalidad de Peumo y que corres-pandan a dichas propiedades.

Artículo 282.- Autorízase al Presidente de la República, previo informe favorable de la Comisión para el fomento de la industria automotriz, para dictar disposiciones tendientes a simplificar y modificar los procedimientos y normas aduaneras, los procedimientos y normas para conceder la exención de impuestos establecidos en el artículo 7º de la ley Nº 12.919 aplicables en la operación de las industrias nacionales de vehículos motorizados y las industrias acogidas a las disposiciones del Decreto Nº 507, de 1966, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 283.- Libérase del pago de derechos de internación, de almacenaje, de los impuestos establecidos en el decreto supremo Nº 2.772, de 1943 y sus modificaciones posteriores, de la tasa de despacho a que se refiere el artículo 190 de la ley Nº 16.464, y en general de todo derecho o contribución que se perciba por intermedio de las Aduanas, a un gabinete de física "PHYWE", colección fundamental, compuesto de 471 elementos, y un gabinete de Química "PHYWE", colección media "Me", compuesto de 566 elementos, incluso sus manuales de instrucciones, destinados al uso exclusivo del Colegio Italiano Santa Ana, de Arica.

Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la fecha de-vigencia de la presente ley, los gabinetes de Física o Química a que se refiere

el inciso anterior, fueran enajenados a cualquier título o se les diere un destino distinto del específico, deberán enterarse en arcas fiscales los derechos e impuestos del pago de los cuales, esta ley libera, quedando solidariamente responsables de su integro las personas o entidades que intervengan en los actos o contratos respectivos.

Artículo 284.- Autorízase la importación y libérase de derechos de internación, de almacenaje, de los impuestos establecidos en el Decreto Supremo Nº 2.772 de 18 de agosto de 1943, y sus modificaciones posteriores y, en general, de todo derecho o contribución que se perciba por las Aduanas, en su caso, al Sindicato Profesional Braden Copper Co., Centro Trabajo Rancagua, de los siguientes elementos:

Un sillón dental Op. Scandinavia y una unidad dental Prodenta.

Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, las mercaderías individualizadas en los incisos anteriores, fueren enajenadas a cualquier título o se les diere un destino distinto del específico,: deberán enterarse en arcas fiscales los derechos e impuestos del pago de los cuales esta ley libera, quedando solidariamente responsables de su integro las personas o entidades que intervengan en los actos o contratos respectivos.

Artículo 285.- Los funcionarios de planta de las empresas del Estado y de los organismos de administración autónoma del Estado que regresen al país después de haber desempeñado sus cargos en el extranjero, por lo menos durante dos años, gozarán de las mismas franquicias a que se refiere el artículo 241 de la ley Nº 16.617.

Lo establecido en el inciso anterior se aplicará también a los funcionarios de las sociedades anónimas en que el Estado tenga directa o indirectamente una participación superior al 90% de su capital.

Artículo 286.- El Presidente de la República autorizará la entrega a la Federación Chilena de Box de la suma de Eº 100.000.- para financiar los gastos demandados por el Campeonato Latinoamericano de Box.

TITULO VI

Del fmandamiento.

Artículo 287.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 12.120, cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de la ley Nº 16.466, sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones sobre bienes y servicios :

I°.- Sustituyese en el inciso primero del artículo 1°, el guarismo "7%" por "8%";

2°.- Sustituyese en el inciso segundo del artículo 1°, el guarismo "1,2%" por "1,4%";

3°.- Sustituyese en el inciso tercero del artículo 1º, el guarismo "12%" por "14%";

4°.- Suprímese la letra f) del inciso tercero del artículo 1º, poniendo un punto final después de las palabras "conservas de frutas";

5°.- Agrégase a continuación del inciso tercero del artículo 1°, el siguiente inciso nuevo:

"Para todos los efectos señalados en el inciso primero, la tasa será del 20% en las transferencias de piscos y vinos, entendiéndose por éstos a los definidos en el artículo 42 de la ley Nº 11.256.";

6°.- Sustitúyense en el inciso cuarto del artículo primero, el guarismo "20%" por "23%";

7°.- Sustituyese en la letra a) del artículo 4º, el guarismo "60%" por "70%";

8.- Sustitúyese en la letra c) del artículo 4º, el guarismo "18%"

por "21%";

9°.- Sustituyese en el inciso primero de la letra e) del artículo 4º, los guarismos "8%" por "13%" y "10%" por "17%", y en el inciso segundo el guarismo "8%" por "13%";

10.- Sustituyese en la letra f) del artículo 4º, el guarismo "25%"

por "29%";

11.- Sustitúyese en la letra g) del artículo 49, el guarismo "6%" por "8%";

12.- Sustitúyese en la letra h) del artículo 4º, el guarismo "13%"

por "15%";

13.- Sustitúyese en la letra i) del artículo 4º, el guarismo "10%"

por "12%";

14.- Sustituyese en la letra a) del artículo 5º, el guarismo "7%" por "8%";

15.- Sustituyese en la letra b) del artículo 5º, el guarismo "12%" por "14%,";

16.- Sustitúyese en la. letra c) del artículo 5º; el guarismo "20%" por "23%";

17.- Sustituyese en el inciso primero del artículo 8º el guarismo "15%" por "17,5%";

18.- Sustituyese en el artículo 12 el guarismo "20%" por "23%";

19.- Sustituyese en el inciso primero del artículo 16, el guarismo "15%" por "17%";

20.- Sustituyese en el inciso segundo del artículo 16, el guarismo "7%" por "8%";

21.- Sustituyese en el inciso tercero del artículo 16, el guarismo "7,5%" por "8%"; y

22.- Sustituyese en el inciso cuarto del artículo 16, el guarismo "16%" por "18%"; y

23.- Sustituyese en el inciso quinto del artículo 16, el guarismo "22,5%" por "26%".

Artículo 288.- Sustituyese en el artículo 34 de la ley Nº 12.120, cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de la ley Nº 16.466, sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones sobre bienes y servicios, el guarismo "uno" por "medio".

Artículo 289.- Agrégase como inciso final del artículo 1° de la ley Nº12.120 el siguiente:

"Sin perjuicio de lo prescrito en el inciso primero de este artículo y del artículo 52 de la ley Nº 11.256, la cerveza estará afecta al mismo impuesto establecido en la letra k) del artículo 49 de esta ley."

Agrégase a continuación de la letra j) del artículo 4º de la ley Nº 12.120, la siguiente letra k) nueva:

"k) Sin perjuicio del impuesto establecido en la letra b) que antecede, las especies indicadas en ella pagarán un impuesto adicional de Eº 0,05 por botella de 285 centímetros cúbicos. Si la transferencia se hiciere en botellas de otra capacidad o a granel, el impuesto de Eº 0,05 variará en la proporción correspondiente.

Se exceptúan de esta tasa las aguas termales que se embotellen en sus propias fuentes de producción siempre que las termas respectivas mantengan establecimientos para atender a las clases populares de acuerdo con las instrucciones que establezca el Servicio Nacional de Salud.".

Artículo 290.- Sustitúyese en el inciso penúltimo del Nº 14 del artículo 1° de la ley Nº 16.272, de 4 de agosto de 1965, modificado por el artículo 182 de la ley Nº 16.466, el guarismo "1%" por "2%".

'Artículo 291.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 190 de la ley Nº 16.464:

Sustitúyese en el inciso primero la frase "al dos por ciento (2%) de su valor CIF" por la siguiente: "al cinco por ciento (5%) sobre su valor aduanero";

Agrégase el siguiente párrafo final, en punto aparte, al inciso primero :

"Asimismo, estarán afectas a esta tasa de despacho todas las importaciones que cuenten con rebajas o que deban cancelar parte del total de los derechos establecidos en el Arancel Aduanero, salvo aquellas mercancías que de conformidad a los Decretos de Hacienda Nºs 2.187 y 183 de 28 de diciembre de 1967 y 24 de enero de 1968, han sido gravadas en un 5%, quedando en todo caso vigentes las excepciones que dicho Decreto contempla."

Artículo 292.- Sustitúyense las letras b) y c) del artículo 190 de la ley Nº 16.464, por las siguientes:

"b) Las importaciones que realicen los servicios públicos, las instituciones semifiscales, semifiscales de administración autónoma y las empresas del Estado;

c) Las que se realicen de conformidad a la Sección O del arancel

Aduanero, con excepción de la Partida 00-04".

Artículo 293.- Auméntase en Eº 0,10 la tasa fija de los cheques pagaderos en el país, contenida en el Nº 10 del artículo 1° de la ley Nº 16.272.

Artículo 294.- Los contribuyentes de la Ley de Impuesto a la Renta estarán afectos, por una sola vez, a un empréstito obligatorio a favor del Fisco, cuyo monto será equivalente a un porcentaje de los impuestos de dicha ley que deban pagarse por el año tributario 1968. Los porcentajes de recargo del impuesto a la renta que constituirán el empréstito serán los siguientes:

Primera Categoría, 13% del monto del impuesto a pagar;

Segunda Categoría, 7% del monto del impuesto a pagar;

Global Complementario, 7% del monto del impuesto a pagar;

Adicional, 13% del monto del impuesto a pagar, y

Ganancias de Capital, 13% del monto del impuesto a pagar.

No estará afecto a este recargo el impuesto establecido en el Nº 1 del artículo 36 de la Ley de Impuesto a la Renta, ni el impuesto global complementario de las personas que tengan como exclusivo ingreso rentas gravadas en dicho artículo 36, Nº 1.

Este empréstito obligatorio afectará también a las empresas sometidas al régimen tributario de la ley Nº 16.624, respecto de los impuestos que deban pagar de acuerdo con esa ley durante el año tributario 1968, siendo el porcentaje de recargo en estos casos de un 10% de dichos impuestos.

El monto del referido empréstito se determinará sobre la cantidad total que el contribuyente deba pagar efectivamente por el año tributario 1968, considerándose para el cálculo respectivo tanto el monto del recargo establecido en el artículo 77 bis de la Ley de la Renta que proceda, como asimismo los demás recargos aplicables según leyes especiales.

Tratándose de los impuestos sujetos a retención el empréstito que establece este artículo se aplicará a las retenciones que deben efectuarse a contar del día 1° del mes siguiente al de publicación de la presente ley en el Diario Oficial. En el caso del impuesto Global Complementario pagadero en diez cuotas, el empréstito referido se determinará recargando en un 7% el monto de cada una de las diez cuotas que deban descontarse por planillas entre los meses de julio de 1968 y abril de 1969.

El empréstito obligatorio que establece este artículo será también aplicable a los contribuyentes afectos a los impuestos establecidos en el artículo 40 de la ley Nº 14.836 y sus modificaciones; artículo 3º de la ley ¡Nº 10.270 y artículo único de la ley Nº 11.127; artículo 109 de la ley Nº 16.250, modificado por el artículo 254 de la ley Nº 16.617 y artículo 6º de la ley Nº 12.084 y sus modificaciones, respecto de las cantidades que deban pagar de acuerdo con dichas disposiciones durante el año tributario 1968. En el caso de las empresas acogidas al artículo 40 de la ley Nº 14.836, el recargo se aplicará tanto al impuesto básico por tonelada que se haya embarcado durante el año 1967, como sobre el saldo a pagar durante el año tributario 1968 por concepto de impuesto a la renta a que pudieren quedar afectos, de acuerdo con el artículo 248 de la ley Nº 16.617.

En los casos señalados en el inciso anterior el porcentaje del recargo sobre los impuestos respectivos será de un 13%. Sin embargo, tratándose de la pequeña minería, el monto del empréstito será de un 10% de las sumas que deban retenerse. El recargo se hará efectivo, en este caso, respecto de las retenciones que procedan a contar del día 1° del mes siguiente al de publicación de la presente ley.

ET Ministro de Hacienda señalará mediante decreto la forma y plazo dentro de los cuales se hará efectivo el monto del empréstito establecido en este artículo.

Facultase al Presidente de la República para que establezca la forma en que se aplicará el empréstito a que se refiere este artículo, a los contribuyentes que en virtud de gozar de franquicias tributarias están total o parcialmente exentos de impuesto a la renta.

Artículo 295.- El empréstito obligatorio establecido en el artículo anterior será restituido a los contribuyentes en cinco cuotas iguales, durante los años tributarios 1970, 1971, 1972, 1973 y 1974, mediante su imputación a los impuestos de la Ley de la Renta que los contribuyentes deban pagar en dichos años tributarios sin intereses ni reajustes.

Artículo 296.- Tratándose de impuestos que deban pagarse en moneda extranjera, el monto del empréstito establecido en el artículo 294 deberá entregarse al Fisco en la misma moneda. Sin embargo, para determinar el monto de la imputación posterior del empréstito, las sumas enteradas en arcas fiscales por cada contribuyente se considerarán por su valor en escudos al cambio oficial bancario vigente a la fecha de publicación de la presente ley.

Artículo 297.- Se faculta al Presidente de la República para dictar un Reglamento sobre la forma de efectuar la imputación del empréstito obligatorio establecido en los artículos anteriores.

Se faculta, asimismo, al Presidente de la República para establecer un sistema de rescate del empréstito que permita imputar éste a valores de inversión actualmente existentes o que se creen en el futuro.

En dicho Reglamento podrán fijarse los procedimientos administrativos que se estimen más convenientes para efectuar la imputación y establecer los casos excepcionales y la forma en que pueda tener lugar la devolución de las sumas entregadas por los contribuyentes, estableciendo aún la posibilidad de que puedan optar por uno u otro método. Las resoluciones, roles de imputación o devolución, y los recibos o vales que se otorguen en esta materia, no estarán sometidas a las disposiciones del Código Tributario ni serán objeto de toma de razón por la Contraloría General de la República.

Artículo 298.- Los contribuyentes de la Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta podrán revalorizar, por una sola vez, pagando un impuesto único de 10% sobre el mayor valor resultante, todos los bienes y partidas que constituyen el activo del último balance exigible presentado al Servicio de Impuestos Internos antes de la publicación de la presente ley.

Dicha revalorización se hará a costos o precios de reposición que no sobrepasen los niveles del mercado a la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial. Para establecer el monto de la revalorización, se hará una comparación entre el valor con que los respectivos bienes se debieron registrar en la contabilidad para los fines del impuesto a la renta, y el valor de costo o precio de reposición aludido.

Para acogerse a las franquicias indicadas, los contribuyentes deberán hacer una declaración escrita ante el Servicio de Impuestos Internos dentro del plazo de 120 días contado desde la fecha de publicación de esta ley, indicando los bienes o partidas que deseen revalorizar.

El referido impuesto único deberá ser pagado dentro del plazo de 120 días contado desde la fecha de publicación de esta ley.

No obstante, los contribuyentes que así lo manifestaren al Servicio podrán pagar el impuesto en dos cuotas, una dentro de los referidos 120 días y otra en 180 días contados desde la fecha de publicación de la ley, recargándose esta última en un 10%.

Si no se efectúa el pago dentro de los plazos indicados en los dos incisos anteriores se perderá el derecho a la revalorización. Un vez efectuado el pago total, el contribuyente deberá en esta misma fecha contabilizar en sus libros las operaciones materia de la declaración; la cantidad revalorizada no será considerada renta para ningún efecto legal y, desde la fecha de la contabilización, la revalorización se considerará válida para todos los efectos legales.

Los contribuyentes que se acojan a esta franquicia deberán pagar por el ejercicio en que se contabilice esta revalorización, un impuesto de categoría a lo menos igual al que debieron pagar por los resultados del balance cuyo inventario sirvió de base a esta revalorización, incluido el reajuste que correspondió pagar de acuerdo con el artículo 77 bis de la Ley de la Renta, sin perjuicio de aplicar a la suma resultante dicho reajuste que proceda por el año en que deba pagarse el impuesto.

El total de la revalorización deberá utilizarse en incrementar el capital de explotación de la empresa, no debiendo, por lo, tanto, ni distribuirse ni ser invertido en objetivos ajenos a la explotación, sino sólo

capitalizarse.

Artículo 299.- Auméntase en un medio por ciento la imposición adicional establecida en el artículo 49 de la ley Nº 14.171, restablecida por los artículos 34 de la ley Nº 15.561 y 211 de la ley Nº 16.464. Este aumento regirá a contar del día 1° del mes siguiente al de publicación de la presente ley en el Diario Oficial y hasta el 31 de diciembre de 1968.

Regirá respecto del recargo de la mencionada imposición adicional lo establecido en los incisos segundo y siguientes del artículo 211 de la ley Nº 16.464, en relación con las disposiciones pertinentes de la ley Nº 14.171, aplicándose, además, a este aumento lo dispuesto en el artículo 103.

Artículo 300.- Reemplázase en el artículo 10 de la ley Nº 12.120 sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones sobre bienes muebles y a los servicios cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de la ley Nº 16.466, de 29 de abril de 1966, los guarismos siguientes: en la letra a) "26,05%" por "29%". En la letra b) "7,56%" por "12%". En la letra d) "9,50%" por "11%".

Artículo 301.- En el Nº 2 del artículo 61 de la Ley sobre Impuesto a la Renta intercálase a continuación de la palabra "comisiones", entre comas, la expresión "por telecomunicaciones internacionales".

Artículo 302.- Facúltase al Presidente de la República para fijar el monto de las tasas no porcentuales contenidas en la ley Nº 16.272, de 4 de agosto de 1965. En uso de esta facultad podrá, por una sola vez rebajar, mantener o aumentar los tributos de timbres, estampillas y papel sellado.

Artículo 303.- El Presidente de la República fijará anualmente, a propuesta del Ingeniero Director de Servicios Eléctricos y de Gas, el monto de los derechos, gravámenes, primas, derechos de inspección, depósitos de garantía, tarifas por revisión o aprobación, multas, impuestos especiales y otros, contemplados en las leyes de Servicios Eléctricos (D.F.L. Nº 4 de 1959) y de Servicios de Gas (D.F.L. Nº 323, de 1931), pudiendo hacerlos extensivos a la producción y distribución de gases licuados de petróleo.

La Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas cobrará y percibirá los derechos, gravámenes y otros señalados en el inciso anterior, en la forma, plazos y fechas que determine el reglamento.

El atraso en el pago de las cantidades adeudadas será sancionado con un interés penal igual al que el Fisco está autorizado para cobrar por los impuestos atrasados.

Una copia del documento de cobro de derechos, gravámenes, multas, tarifas por revisión o aprobación y otros señalados en el inciso anterior, autorizada por el ingeniero Director, servirá de suficiente título ejecutivo.

Los Tribunales del Departamento de Santiago serán competentes para conocer de los juicios que origine el cobro de las tasas y derechos aludidos.

El procedimiento ejecutivo especial establecido en el D.F.L. Nº 238, de 1960, sobre Cobranza Judicial de Impuestos, será aplicable al cobro de derechos, gravámenes y otros.

Artículo 304.- Estarán exentas del impuesto establecido en el artículo 61 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, las cantidades pagadas o abonadas en cuenta por la Universidad de Chile y las demás Universida-res reconocidas por el Estado, a personas sin domicilio ni residencia en el país.

Condónanse a dichas Universidades las sumas que hubieren retenido o debido retener por concepto del impuesto establecido en el artículo 61 de la ley sobre Impuesto a la Renta y no hubieren enterado en arcas fiscales, como, asimismo, las multas e intereses correspondientes.

Artículo 305.- Los aportes del 1% que en virtud del artículo 50 de la ley Nº 10.383 debe entregar de sus recursos el Servicio de Seguro Social a la Corporación de la Vivienda para la construcción de habitaciones para los imponentes del mencionado servicio, tendrán el carácter de cuotas CORVI, y estarán sujetos, por tanto, a reajuste en los mismos términos en que lo sean dichas cuotas.

Artículo 306.- El mismo porcentaje que se pague en bonos CORVI a la Administración Pública le corresponderá en dichos bonos a los:

Ministros de Estado;

Subsecretarios;

Senadores y Diputados, y

Primera Categoría de la Administración Pública y Servicios de Administración Autónoma.

Artículo 307.- Intercálase en el Nº 3 del artículo 32 de la ley Nº 16.272, sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado, a continuación de "Empresa de los Ferrocarriles del Estado," la frase "Empresa de Comercio Agrícola,".

Estarán exentas de los impuestos a las compraventas y otras convenciones sobre bienes muebles y a los servicios, las operaciones que se realicen entre la Empresa de Comercio Agrícola y las sociedades en que ésta tenga o tuviere en el futuro aporte de capital y cuyos otros socios sean, exclusivamente, instituciones fiscales o semifiscales, empresas del Estado o sociedades constituidas exclusivamente po'r éstas.

TITULO VII

Disposiciones presupuestarias y de Tesorería.

Artículo 308.- Supleméntanse en las sumas que se indican los siguiente ítem del Presupuesto vigente:

Moneda Moneda Ex-

IT E M Denominación Nacional Eº tranjera conver-

tida a dólares US$

05/05/01.007 Alimentos y bebidas .... 1.000.000 -.-

05/05/01.009 Combustibles y Lubricantes 1.000.000 -.-

07/01/02.112.003 Aporte y subvención a la

Corporación de Fomento 130.000.000 4.000.000

08/01/01.115.002 Amortizaciones de la Deuda

Pública Externa.

1) Aporte a la Caja de

Amortización de la Deu

da Pública .. -.- 20.000.000

11/01/01.035.005 Fondo de Seguridad Nacio

nal 25.000.000 -.-

12/03/02.034.001 Empresa de los Ferrocarri

les del Estado ...... 8.000.000 -.-

12/03/02.111.001 Empresa de los Ferrocarri

les del Estado 10.000.000 -.-

17/01/02.034.002 Empresa de los Ferrocarri

les del Estado .. 10.000.000 -.-

-Para el pago de tarifas de cargo fiscal según facturas que emita dicha Empresa en el curso del ejercicio.

18/03/02.111.001 Corporación de la Vivienda 128.000.000 -.-

313.000.000 24.000.000

Artículo 309.- Sólo serán de cargo fiscal las obligaciones generadas por los montos acreditados en cuotas de ahorro para la vivienda en favor del personal de los servicios de la Administración Central del Estado y de las Instituciones mencionadas en el artículo 52 de la presente ley.

Artículo 310.- Autorízase al Tesorero General de la República, para emitir con fecha 31 de marzo de 1969, un pagaré divisible expresado su valor en dinero en su equivalencia en cuotas de ahorro de aquellas a que se refiere el Título III del D.F.L. Nº 2, de 1959, por concepto de los aportes que ha debido enterar el Fisco en cumplimiento de la presente ley y de acuerdo a lo dispuesti en el artículo anterior.

El monto en dinero de dicho pagaré será equivalente al número de cuotas de ahorro a que se refiere el Título III del D.F.L. N° 2, de 1959, que resulta de convertir éstos a su valor oficial vigente al 31 de diciembre de 1968.

Dicho pagaré se dividirá para ser extendido nominativamente a nombre de cada persona que corresponda y sólo podrán ser depositados por cada titular de ellos en su propia cuenta de ahorro para la vivienda, abierta en el Banco del Estado de Chile, o utilizados para los diferentes fines señalados en el Título III de esta ley, en la forma que determine el Reglamento.

Estos pagarés se amortizarán sólo en las oportunidades en que se hagan exigibles los derechos emanados de la utilización de las cuotas de ahorro de conformidad a lo dispuesto en el Título y Reglamento señalados en el inciso precedente, y se reajustarán automáticamente para sus efectos de conversión en dinero efectivo al valor oficial vigente de la cuota de ahorro al momento del rescate.

El Banco del Estado de Chile no cobrará comisión de ninguna especie a la Corporación de Servicios Habitacionales por los depósitos que reciba en pagarés.

Las leyes de Presupuestos consultarán anualmente la provisión necesaria para la amortización de estos pagarés.

Artículo 311.- El valor de los aportes en cuotas de ahorro para la vivienda que deben aportar las entidades del Sector Público o instituciones no contempladas en el artículo 52 de la presente ley se depositarán mensualmente en la cuenta individual de ahorro para la vivienda que tenga abierta cada una de las personas titulares del aporte en el Banco del Estado de Chile al valor fijado de acuerdo al artículo 29 del D.F.L. Nº 2 de 1959.

Artículo 312.- Declámase que las personas contratadas por el Servicio de Seguro Social, en el mes de enero de 1968, que han estado en funciones en dicha Institución hasta el 31 de diciembre de 1967, seguirán percibiendo las mismas remuneraciones que tenían a esta última fecha, más los reajustes legales que correspondan.

Artículo 313.- En los casos en que en virtud de leyes especiales, los asalariados que tenían la calidad de obrero hayan pasado a tener la de empleado, para los efectos de su jubilación por vejez o antigüedad, podrán computar los tiempos servidos en ambas calidades, siempre que tengan los años de servicio para tener derecho a jubilar sumando ambos tiempos. La Caja de Previsión respectiva deberá calcular la jubilación sobre la base del valor promedio de las imposiciones cotizadas como empleado.

Artículo 314.- Establécese un fondo de capitalización del personal de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, el cual se financiará con un aporte de Eº 15 mensuales por funcionario, el cual será extraído de la diferencia del 20% que otorga el artículo 10 de la ley Nº 15.364, hasta completar la cantidad de Eº 2.500.000, suma que será destinada en forma exclusiva a la construcción y alhajamiento de la sede social de todo el personal de la Empresa, el que deberá ser construido en el bien raíz de que son propietarios en calle San Martín Nº 841, de la comuna de Santiago.

Este bien raíz e inmueble no podrá ser enajenado a terceras personas y en el caso de disolución de las Asociaciones con personalidad jurídica de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, pasará a ser propiedad fiscal.

Los fondos acumulados por este concepto serán depositados en una cuenta especial en la Tesorería General de la República, designándose depositario al Contralor General de la República, quien quedará autorizado para ordenar los giros en dicha cuenta en conformidad a los estados de pago que presente la firma constructora que haya obtenido la propuesta.

Después de 60 días de promulgada la presente ley, las Asociaciones con personalidad jurídica de los personales de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, llamarán a propuestas públicas o privadas, para la construcción y posterior alhajamiento del edificio.

Artículo 315.- Declárase que el personal de mecánicos y obreros de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, que fue transferido como chofer de buses y trolebuses, mantendrá su antigüedad en la Empresa para los fines del encasülamiento de la planta del personal auxiliar, de acuerdo con el decreto Nº 347, de 1967, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 316.- Facúltase al Presidente de la República para transferir gratuitamente a la Municipalidad de Santa Bárbara la parte o cuota que le corresponde en la propiedad ubicada en la referida comuna de Santa Bárbara e inscrita a fojas 145 vta. bajo el Nº 588 del Registro de Propiedad del año 1966 del Conservador de Bienes Raíces de Los Angeles.

Artículo 317.- Déjase sin efecto el Decreto N° 16, de 22 de enero de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por haber sido infringida en su forma y fecha por la Compañía "Empresas Industriales Cemento Melón S. A.", y asimismo, los despidos que se efectúen o se hayan efectuado con motivo de dicha orden quedarán nulos, debiendo re-contratarse a los obreros y empleados afectados.

Artículo 318.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 2º de la ley Nº 15.076, por la siguiente letra:

"c) Las disposiciones contenidas en el Título VII "De la Previsión", de esta ley.".

Artículo 319.- Agrégase la siguiente frase al inciso final del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales: "De la misma franquicia gozarán los funcionarios de la Sindicatura General de Quiebras y Consejo de Defensa del Estado por el hecho de haber desempeñado las funciones a que se refiere el artículo 41 de la ley Nº 4.409, de 9 de octubre de 1941, durante el plazo de cinco años, lo que será certificado por el Jefe del Servicio respectivo.".

Artículo 320.- Reemplázase en el artículo 5º de la ley Nº 15.566 la frase "y 6º de la escala de sueldos del personal superior del Poder Judicial" por la siguiente: "6º y 7º de las escalas de sueldos del personal superior del Poder Judicial".

Artículo 321.- Auméntase en un 100% los impuestos y aportes establecidos en el artículo 11 de la ley Nº 15.386, sobre Revalorización de Pensiones.

Artículo 322.- No regirá el artículo 11 de la ley Nº 10.986, sobre

continuidad de la previsión, respecto de los trabajadores de la Compañía Empresas Industriales Cemento Melón S. A., que hubieren sido separados de esta Compañía en conformidad a la orden Nº 16, de 22 de enero de 1968, emanados de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 323.- En los casos en que por aplicación de las leyes sobre continuidad de la previsión o por leyes especiales, trabajadores hayan cambiado de régimen previsional, el Instituto de posterior afiliación, para los efectos de calcular las pensiones por invalidez, vejez, supervivencia o antigüedad, deberá considerar como sueldo base el promedio de las remuneraciones sobre las cuales se efectuaron imposiciones durante el período de tiempo que en conformidad a su Ley Orgánica determina el sueldo base, en la forma y condiciones señaladas en dicha Ley, aun cuando parte de tales imposiciones se hubieren enterado en el anterior o anteriores organismos de previsión.

Artículo 324.- Condónase al Cuerpo de Bomberos de Mulchén el préstamo que le fue otorgado por la Corporación de la Vivienda, con fecha 11 de marzo de 1965, por el monto de Eº 45.000, de acuerdo con el artículo 60 de la ley Nº 14.171.

Artículo 325.- Declárase que la persona beneficiada para todos los efectos legales, con la ley Nº 15.176, de 16 de marzo de 1963, por la cantidad de Eº 45 mensuales, es don Juan Ramón Contreras Riveras, y no don Juan Ramón Contreras Riveros, como aparece en dicha disposición legal.

Artículos transitorios.

Artículo 1°.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 6º de la presente ley, facúltase al Presidente de la República para modificar los porcentajes, que en virtud de lo establecido en el artículo 15, letra b) del D.F.L. Nº 63, de 1960, se hayan dispuesto por Decreto Supremo a comisiones realizadas después del 1° de enero del año en curso.

Artículo 2°.- Declárase que el sentido del artículo 39 de la. ley Nº 16.466 y sus modificaciones, en cuanto a la forma de calcular el beneficio allí establecido, es que tal cálculo debió y debe hacerse solamente en relación con los sueldos bases y quinquenios, en su caso, del similar en servicio activo.

Artículo 3°.- Facúltase al Presidente de la República para incluir en el texto refundido de la ley Nº 10.383, de 8 de agosto de 1952, para cuya fijación fue autorizado por el artículo 89 transitorio de la ley Nº 16.585, de 12 de diciembre de 1966, las modificaciones contenidas en la presente ley, así como para actualizar las denominaciones de las entidades, de los cargos y de los funcionarios que figuren en dicho texto refundido y para convertir en la actual unidad monetaria éscudoy las cantidades que aparezcan, en el mismo texto, en la antigua unidad monetaria peso."

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Alfredo horca Valencia.- Amoldo Kaempfe BordalL

6.- INFORME DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBIERNO Y HACIENDA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE REAJUSTA LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO.

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones Unidas de Gobierno y Hacienda tienen a honra entregaros su informe al proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los servidores de los sectores público y privado.

A las reuniones en que se debatió esta materia concurrieron, además de todos los miembros de estas Comisiones y de las personas y entidades recibidas en audiencia pública, que relacionaremos más adelante, los Honorables Senadores señores Baltra, Fuentealba, Gómez, Gumucio, Jaramillo, Juliet, Miranda, Noemi, Reyes y Tarud, y los Honorables Diputados señora Laura Allende y señores Clavel, Lavandero, Pereira, Phillips y Silva Ulloa.

Concurrieron también los señores Ministros del Interior, don Edmundo Pérez; de Hacienda, don Andrés Zaldívar y Minería, don Alejandro Hales; el Subsecretario de Previsión Social, señor Alvaro Covarrubias; el Superintendente de Seguridad Social, señor Carlos Briones; el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación del Cobre, señor José Claro; el Asesor de esta Corporación, señor Fernando Varas; el Jefe del Departamento de Finanzas del mismo, señor Cedric Teare; la Subdirectora de Estudios de Impuestos Internos, señorita Milka Casanegra, y los funcionarios de la Dirección de Impuestos Internos, señores Juan Eduardo Herrera y Hernán García.

Exposición del señor Ministro de Hacienda.

Dando iniciación a la discusión general del proyecto, el señor Ministro de Hacienda, don Andrés Zaldívar, expresó que la iniciativa en debate, presentada al Congreso Nacional por su antecesor señor Sáez, procura reajustar con justicia y dentro de las posibilidades nacionales las remuneraciones de los trabajadores de los sectores público y privado.

En primer término, refiriéndose a los beneficios que concede, señaló que contempla dos procedimientos el reajuste del sector público: uno que se aplica a un tercio de la administración pública, que le otorga un 12,5% en dinero más una compensación de 7,5% en cuotas de la Corporación de la Vivienda, y otro que consulta un mayor reajuste o reestructuraciones de plantas y que alcanza a los dos tercios de la administración pública.

Así, de los 353.902 funcionarios que pertenecen a los servicios públicos, un total de 229.787 (64,93% del total), recibirán reajustes especiales que en promedio les representan un aumento del 33,4% de sus sueldos y salarios. En algunos casos, como en el de las Fuerzas Armadas, se otorga un reajuste parejo, y en otros, como en los casos de Prisiones, Dirección de Industria y Comercio, etc., el reajuste procede por el sistema de una reestructuración de las plantas, lo que naturalmente implica ascensos y mayores ingresos a estos personales.

Especificó en seguida los diversos porcentajes de reajustes especiales (estimaciones promedio) que se otorgan a ciertos servicios y que son los siguientes:

Fuerzas Armadas y Carabineros 29,2%

Poder Judicial, Sindicatura de Quiebras e incidencia en

Parlamentarios y Ministros 33,8%

Correos y Telégrafos 32,7% Servicio Nacional de Salud (no médicos) 23 %

Médicos 40,4%

Registro Civil . . 26,5%

Prisiones. 33,5%

Dirección de Industria y Comercio 24,3%

Magisterio (aproximadamente) 33 %

Servicios Eléctricos (aproximadamente) 40 %

Hizo presente que si no se otorgaren estos reajustes especiales, con los recursos que obtiene el proyecto sería posible conceder un reajuste general común de 23,9%.

Advirtió que los servidores públicos sujetos al 12,5% de reajuste en dinero efectivo lo percibirán durante los doce meses del año, sin que el aumento del primer mes ingrese a las Cajas de Previsión, con lo que prácticamente se les coloca en una situación similar a la que obtenían en el proyecto del ex Ministro señor Molina, que les otorgaba un 14% pero con deducción del primer mes.

Sin perjuicio de los reajustes que se conceden a los sueldos y remuneraciones, la iniciativa sometida a la consideración de las Comisiones Unidas aumenta también en un 20% la asignación familiar de los funcionarios del sector público.

Con referencia al sector privado manifestó que quienes no estén sujetos a convenios recibirán un reajuste obligatorio de 21,9%, y que el sujeto a convenios continuará rigiéndose de acuerdo con las normas del Código del Trabajo.

El costo total del proyecto en informe, conforme fuera propuesto por el Gobierno, asciende a 1.270,8 millones de escudos, de los cuales 713 millones corresponden a gastos presupuestarios no contemplados en el Presupuesto vigente por falta de financiamiento, y cuyo detalle es el siguiente:

Millones de Eº

1.- Pago de incentivo al personal de Impuestos Internos en conformidad a los sistemas vigentes Eº 22,0 2.- Déficit en pago de pensiones de Caja de Empleados Públicos, Defensa y Carabineros 50 0

3.- Aporte especial al Servicio de Seguro Social para pago de reajuste de pensiones, debido al desfinanciamiento derivado de la ley 70,0 4.- Mayores gastos en rancho, combustibles y vestuario para Fuerzas Armadas y Carabineros sobre lo consultado en la ley de Presupuestos 27 0

5.- Mayor aporte a Ferrocarriles, debido a la pérdida de tráfico experimentada como consecuencia de la competencia del transporte por carretera 28,0

6.- Mayores gastos de capital no considerados en la Ley de Presupuestos: a) servicios de amortizaciones de obligaciones externas consideradas en la Ley de Presupuestos como susceptibles de operaciones financieras normales y que dadas las presentes circunstancias del mercado de capitales foráneos es necesario financiar presupuestariamente (US$ 20 millones) . . . 122,0 aporte fiscal a la Corporación de la Vivienda .. 200,0 aporte fiscal suplementario a la Corporación de Fomento para cumplir con los planes nacionales de desarrollo 194,0 Eº 713,0

En materia de reajustes, la ley de presupuestos vigente consulta 170 millones de escudos necesarios para dar cumplimiento al acuerdo magisterial y, además, una reserva efectiva de 416 millones, lo que da un total de 586 millones de escudos. Por consiguiente, de mantenerse la proposición original de reajuste de remuneraciones, cuyo costo ascendía a 1.143,8 millones, sería necesario encontrar financiamiento adicional por 557,8 millones.

Para financiar estos 1.270,8 millones (713 de suplemento presupuestario y 557,8) se dispone de ingresos no considerados, provenientes de revisión de cálculos, por US$ 7 millones (Eº 42,7 millones), y de diversas medidas administrativas que rinden Eº 29 millones. El oportuno despacha de la ley que restablece el impuesto patrimonial por un año, el efecto de las eliminaciones de exenciones a la mediana minería del cobre y el impuesto a las facturas, dan un rendimiento que se estima en 126 millones de escudos que, sumados a los 71,7 millones anteriores, permitirán disponer de 197,7 millones de escudos, con lo que la cantidad por financiar queda en un total de 1.073,1 millones.

Mediante la reducción de gastos presupuestarios por 180 millones de escudos, que afectarán especialmente a los Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura, de rebajas de 72 millones del aporte fiscal a la Corporación de la Vivienda, de 39 millones correspondientes a la Corporación de Fomento de la Producción y de 20 millones del Servicio de Seguro Social, se obtienen otras economías por un total de 311 millones, si bien en el caso de la CORVI el menor ingreso será de sólo 30 millones de escudos, pues recibe recursos adicionales de orden previsional y derivados del aumento en 0,5% del aporte que deben hacer trabajadores y empleadores de acuerdo con la ley 14.171.

Además de las rebajas enunciadas, el Ejecutivo estimó necesario hacerlas también en otros rubros, por lo que plantea un sistema de reajustes de remuneraciones diverso del propuesto por el ex Ministro señor Molina, con lo que reduce el costo total del proyecto, de 1.143 millones a T.003 millones, produciendo por tanto una economía de 140 millones de escudos.

En consecuencia, la reducción total asciende a 451,1 millones de escudos que, restados a los 1.073,1 millones, dejan un déficit por financiar de 622 millones de escudos. Explicó el señor Ministro que este déficit se produce tanto por falta de fondos destinados a financiar el reajuste como de los requeridos para suplementar el presupuesto de la Nación.

Para financiar estos mayores desembolsos se consultan diversas fuentes de ingresos, que pueden agruparse en cuatro rubros principales:

Millones de Eº

Impuestos varios, que afectan a combustibles, cerveza, bebidas analcohólicas, vinos, cigarrillos, registro de importación y tasa de despacho, con un rendimiento calculado en 200

Alza del impuesto a las compraventas 178

Revalorización de activos 34

Empréstito forzoso 210

La suma de estas cantidades arroja exactamente el financiamiento necesario para el mayor gasto de 622 millones de escudos ya señalado.

Tentativas para el aumento del reajuste y modificación del financiamiento.

En la búsqueda de financiamientos que pudieran resultar más apropiados para la fórmula de reajuste, propuesta por el Ejecutivo, o para elevar el monto en dinero a quienes se encuentran en el porcentaje del 12,5, el señor Zaldívar, solicitado por diversos señores Senadores, se refirió también a la incidencia que tendría en el costo del proyecto cada punto de aumento.

Señaló que cada 1% de reajuste adicional, general para todo el sector público y en dinero, significaría un mayor gasto de 45 millones de escudos, consideradas sus repercusiones en los sectores que reciben reajustes especiales. Por otra parte, cada punto de aumento otorgado exclusivamente al sector que según el proyecto recibe sólo 12,5%, costaría de 15 a 16 millones de escudos.

Con todo, hizo presente que existen servidores cuyas remuneraciones están ineludiblemente ligadas a la escala ANEF, por lo que un cálculo más realista, que considerara estas necesarias incidencias, daba una cifra de aproximadamente 29 millones de escudos por cada 1% de reajuste por sobre el 12,5%. Explicó que la cantidad indicada se descompone en 21 millones por punto para la ANEF y servicios ligados a ella, y 8 millones por punto para los profesores, en virtud del acuerdo magisterial.

Por último, manifestó que si al aumento por sobre el 12,5% no se le otorgaba el carácter de imponible, las cifras indicadas en cada caso debían disminuirse aproximadamente en un 10%.

Por su parte, el Presidente de vuestras Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Bulnes, analizó los gastos y el financiamiento propuesto por el señor Ministro, obteniendo la conclusión que la suma a cubrir con nuevos ingresos para el reajuste mismo es de sólo 220 millones de escudos. Su punto de vista al respecto y las estimaciones que hizo las relacionaremos en detalle más adelante, en la parte de este informe que reproduce los fundamentos de voto de los miembros de vuestras Comisiones Unidas.

Citación a Personeros de la Corporación del Cobre. A requerimiento de los Honorables Senadores señores Bossay y Chadwick, y con el objeto de estudiar un financiamiento para otorgar un reajuste general superior al 12,5%, vuestras Comisiones Unidas llamaron a su Sala a representantes de la Corporación del Cobre.

Primeramente, por hallarse fuera de la capital el Vicepresidente de la Corporación, concurrieron a satisfacer las consultas de los señores Senadores el Asesor señor Fernando Varas y el Jefe del Departamento de Finanzas señor Cedric Teare.

Solicitado por el Honorable Senador señor Bossay a informar acerca de las modalidades de las ventas al contado y a futuro, el señor Varas expuso que los productores chilenos no venden a precio contado, sino a precio a futuro. Este no es fijo. Se establece un sistema de fijación de precios, el que puede tener muchas modalidades. En otras palabras, se vende "a fijar precio". El sistema de fijación dependerá de los contratos. En algunos se fija por el mes anterior al embarque y por el mes del embarque mismo, esto es, sesenta días, en que se va fijando el precio por partidas. El contrato, en este caso, determina el monto de tales partidas: cuánto podrá ser diario y cuánto semanal máximo. Resulta entonces una especie de término medio. Otros contratos adoptan el sistema de término medio del precio del mes, ya sea el del embarque o el anterior a éste. Tal modalidad se emplea, por ejemplo, en 'los contratos de venta a Japón.

El precio al contado es el de la Bolsa de Metales de Londres. Venden a este precio pequeños productores, como la ENAMI. No significa esto que la ENAMI venda en la Bolsa, lo hace al precio de ésta y para entrega en fecha determinada. El precio al contado es superior al de "a futuro" unos tres centavos, aproximadamente. El vender a precio contado no significa vender al contado.

Interviniendo en la información el señor Teare, previene que los datos referentes a este año que dará, son aproximados, toda vez que el sistema de precio a futuro que se emplea determina que, en algunos casos, aún no se conozca a ciencia cierta el precio del metal en algunas transacciones. Manifiesta que en el mes de enero y febrero pasado se vendieron 140,9 millones de libras. Tal cantidad es baja en comparación con un año normal, en que se venden 100 millones de libras mensuales. Este descenso se debe a la huelga de las refinerías de Estados Unidos de Norte América, que ha motivado la creación de un "stock" de cobre blister, el que como tal generalmente se vende como electrolítico tiene muy poca demanda. Sin embargo, las ventas deben subir en el mes de marzo como consecuencia de las medidas de la Corporación del Cobre en orden a colocar blister. Estimativamente, la venta de marzo será superior a la de un año normal. Más precisamente 29,3 millones de libras superior.

Por las ventas indicadas, se obtuvieron en los meses de enero y febrero US$ 84.000.000, elevándose el precio medio obtenido a 59,9 centavos de dólar por libra, esto es, 17,9 centavos sobre el precio calculado para los efectos presupuestarios, que fue de 42 centavos de dólar la libra.

El Honorable Senador señor Rodríguez hizo presente que, a su jui ció, este mayor precio obtenido le representa al Estado, en el lapso indicado, una mayor entrada, de US$ 24.000.000, no prevista presupuestariamente, hecho que no puede desvirtuarse a pretexto de 'las menores ventas en los dos primeros meses del año, ya que éstas están prácticamente compensadas por la mayor venta en el mas de marzo. Es razonable suponer, manifestó, que esta tendencia se mantendrá por el resto del año, lo que significa que en la realidad existe financiamiento para un mejor reajuste.

El Honorable Senador señor Bulnes intervino para expresar que, en virtud de los antecedentes entregados por los funcionarios de la Corporación del Cobre, se hacía patente que el precio de venta fijado para el cobre en el presupuesto era errado. En el primer trimestre de este año se ha obtenido casi sesenta centavos de dólar por libra. No es presumible, por tanto, que el precio medio en el año sea inferior a los cincuenta centavos. Si se considera que cada centavo más por libra representa siete millones de dólares y que tal suma, al cambio actual, equivale a cuarenta y cinco millones de escudos, se debe concluir que el Estado gozará este año, por el concepto aludido, una mayor entrada de cuatrocientos millones de escudos.

Agregó que estaba consciente que actualmente no puede disponerse de tal cantidad sin renegociar previamente el "stand by", ya que según el convenio vigente por cada dólar de mayor entrada por precios del cobre superior a 42 centavos se reduce en la misma suma el "stand by". A su juicio, el Gobierno debe renegociar el "stand by", llevando el tope de 42 centavos a 50 centavos. Así obtendría 400 millones de escudos adicionales y suficientes para financiar el reajuste. Si, más tarde, el precio llegara a caer, el Gobierno podría entonces pedir recursos al Congreso.

El Honorable Senador señor Musalem hizo presente que le parecía insano, desde el punto de vista económico, financiar gastos permanentes con recursos que no lo son. Los recursos extraordinarios, como son los provenientes de un circunstancial mayor precio del cobre., deben emplearse para cubrir inversiones también extraordinarias.

El Honorable Senador señor Bulnes contestó que estimaba no se había seguido este camino de efectuar inversiones extraordinarias con tales recursos, por lo que, a. su juicio, es preferible ocuparlos en aquellos que a todos beneficia y le consta a todos.

El Honorable Senador señor Palma manifestó que, a su juicio, no consideraba práctico reemplazar los ingresos tipo "stand by" por los eventuales provenientes del cobre. Al país le conviene, afirmó, financiar sus obras extraordinarias con dinero fresco y cubrir una serie de gastos ordinarios con préstamos que se hacen normal y habitualmente a todos los países. Advirtió que podía temerse que, una. vez finalizada la huelga que afecta a la industria cuprera norteamericana, se fije un precio de consumidores, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, posibilidad que el señor Varas estimó dudosa, aunque podría suceder que el precio del cobre bajara, ya que su nivel actual ha sido determinado por la huelga norteamericana y la guerra de Vietnam.

A una consulta del Honorable Senador señor Rodríguez, sobre el precio que para los efectos fiscales tuvo el cobre en 1967 y el rendimiento efectivo de la producción, el señor Teare explicó que originalmente fue de 42 centavos, que subió después 3 o 4 puntos y que el promedio obtenido fue de 48,2. En cuanto al rendimiento, fue el siguiente: impuesto sobre utilidades, 160.7; impuesto adicional sobre dividendos repartidos por El Teniente, 7.9; y, además, por participación de la Corporación del Cobre en los dividendos de El Teniente, 36.2, que usó en el cumplimiento de los convenios, en el pago de acciones de El Teniente y en un préstamo al mismo El Teniente. El Fisco recibió 22 millones de dólares y obtendrá 8 millones más pagaderos en 1968.

Evacuando otras consultas, los personeros de la Corporación del Cobre explicaron los ingresos obtenidos por la Sociedad Mixta El Teniente, la utilidad de la empresa en 1967 (de 65 millones de dólares) y el monto de ja participación fiscal (87 millones). Consideraron en detalle diversos aspectos de ¡a comercialización del cobre, a requerimiento de los Honorables Senadores señores Chadwick, Contreras Labarca, Palma, Baltra y Rodríguez, debate que dio origen luego a la concurrencia, ante vuestras Comisiones Unidas del señor Ministro de Mineríadon Alejandro Hales,, y del Vicepresidente de la Corporación del Cobre, señor José Claro, quienes informaron sobre el particular en reunión reservada.

Exposición del Superintendente de Seguridad Social. El señor Briones expresó que estimaba conveniente poner en conocimiento de las Comisiones Unidas algunos antecedentes relativos al Servicio de Seguro Social.

Comenzó señalando que la situación de este instituto de previsión representaba gráficamente lo que ocurre en el sistema de seguridad social chileno, como consecuencia de una legislación desarticulada.

El Servicio de Seguro Social tiene 1.450.000 imponentes activos, que representan el 69.7% de todos los afiliados a instituciones de previsión; 300.000 pensionados, que constituyen el 48.6% de todos los pensionados del país; otorga 1.650.000 cargas familiares o, en otros términos, un 44% de todas las que se conceden en el país; cuenta con un sistema de remuneraciones imponibles de Eº 2.543.074.000, que corresponden al 32,3% de toda 'la masa de recursos que mueve el sistema de seguridad social; y, paga en pensiones 525 millones de escudos, lo que equivale al 32.5% de todas las pensiones.

Refiriéndose, luego, al desfinanciamiento del Seguro Social, advirtió que se ha producido, entre otras causas, por la reducción a 55 años de la edad para jubilar de la mujer, la reapertura constante de los plazos para acogerse a la ley de continuidad de la previsión y el mecanismo excepcional de reajuste a que está sometido, diferente al del resto del sistema.

Todos los sistemas de pensiones, explicó, así como los de reajustes de remuneraciones, operan sobre la base de 'la variación del índice de precios, pero éste, en cambio, lo hace basado en la variación del salario medio de subsidio.

Ello ha probado grandes diferencias entre ambos sistemas. Así, por ejemplo, en 1965 el índice de reajuste de pensiones fue de 41.59% y la variación de los salarios fue de 38.4%; en 1966 las cifras fueron de 51.02% y 25.9%, respectivamente; y en 1967, 34.27% y 17%, y para el presente año los índices son 37% para el reajuste de pensiones y 21.9% en "la variación de los precios. El Servicio, en seguida administra cuatro fondos, que son los siguientes: 1. Fondo Pensiones, 2.Fondo de Asistencia Social, 3.Fondo de

Asignación Familiar, y 4.Fondo de Indemnización por años de servicio.

Los tres últimos han arrojado excedentes, en tanto el de pensiones tiene problemas por las presiones de la legislación.

Los Fondos Asistencial, de Asignación Familiar y de Indemnización por Años de Servicio, son de reparto, y sus excedentes, provenientes de sus propios ingresos, deberían distribuirse entre 'os beneficiarios, pero para paliar el déficit del Fondo de Pensiones, se ha debido abonarle traspasos de otros que cuentan con excedentes, lo que ha permitido mantener el pago de las pensiones y sus reajustes.

Refiriéndose a la situación que habrá de afrontarse en 1968, explicó que, de aplicarse el reajuste de 37% que corresponde, se produciría un déficit en el Fondo de Pensiones de 309 millones de escudos, lo que el proyecto busca financiar en la siguiente forma:

Por el artículo 106 se hace permanente la facultad de transferir al Fondo de Pensiones todo o parte de los excedentes o reservas producidas en los otros Fondos. Esta disposición que operaría desde el 1° de enero del presente año, arrojaría recursos del orden de los 98 millones de escudos.

Por el artículo 107 se permite al Servicio retener los aportes que recibe el 2.5% de asignación familiar, establecidos por el artículo 22 de la ley Nº 14.688, y letra c) del artículo 20 de la ley Nº 15.720. El ingreso al Fondo de Pensiones por este concepto sería de 46,5 millones de escudos.

Por el artículo 108 se introducen diversas modificaciones a la ley Orgánica del Servicio, cuales son:

1.- Se elevan los topes mínimos para incorporación de los independientes de 1 a 3 sueldos vitales, con un rendimiento aproximado de 1,05 millones de escudos. Advirtió que era indispensable establecer expresamente en la disposición que este aumento empezará a regir desde el 1º de mayo.

2.- Se elimina el tope de 42 salarios mínimos diarios de la industria y el comercio, establecido por la ley Nº 15.386, lo que produce 21 millones de escudos.

3.- Se aumenta la tasa de imposición de los independientes, del 10 al 15%, con mayores recursos por 4,65 millones de escudos.

d) Por el artículo 109 se deroga el artículo 154 de la ley Nº 14.171, lo que afecta al sistema impositivo del sector agrícola, limitado al salario mínimo industrial. Se había, propuesto en un inciso segundo elevar el límite a 1,5 salario mínimo industrial, pero la Honorable Cámara de Diputados lo rechazó, con lo que desarticuló el sistema impositivo de la agricultura. Si el Honorable Senado restablece este inciso se tendría un rendimiento de 27,4 millones de escudos.

Con las modificaciones anteriores operando desde el primero de mayo del presente año y los traspasos de excedentes, se tendría así un rendimiento de 199 millones 700 mil escudos.

Pero el Servicio de Seguro Social, como todo el sistema de seguridad social chileno, sufre además, de una aguda crisis económica derivada de los problemas fiscales y de falta de imposiciones oportunamente enteradas por los patrones. Al 31 de diciembre de 1967, por ejemplo, la deuda fiscal al Servicio de Seguro Social ascendía a 71 millones de escudos, de los cuales 30 millones corresponden al Fisco y provienen del aporte del 5 % de la renta de los independientes y del de 5,5 millones de escudos que debe hacer anualmente al Fondo de Pensiones de acuerdo con la ley Nº 14.688.

El resto, vale decir 41 millones de escudos, corresponden a una apropiación de fondos hecha por el Fisco.

Explicando esta aseveración, el señor Briones manifestó que la 'ley Nº 15.386, que creó el Fondo Asistencial, estableció una imposición adicional del 1% de los salarios (medio por ciento de cargo de los patrones e igual porcentaje de los empleados y obreros). El 20% de este 1% está destinado a financiar el Fondo de Revalorización de Pensiones y el 80% restante está afecto por la Ley al Fondo Asistencial del Servicio de Seguro Social. El Servicio recauda directamente la imposición, pero por razones de los mecanismos de Tesorería, esta imposición, ya descontada a patrones y obreros, ingresa primero a la Tesorería General de la República, apropiándose de ella el Fisco. En consecuencia, al 31 de diciembre de 1967, el Fisco debía. 71 millones de escudos, que se reducirán a 21 millones de acuerdo con programas de pago que ha preparado el señor Ministro de Hacienda.

Los patrones, por su parte, mantienen otra cuantiosa deuda por imposiciones no enteradas, que asciende a. 83 millones de escudos, aunque muchos se han acogido a leyes especiales que los autorizan para celebrar convenios con el Servicio para el pago de esas imposiciones atrasadas, por cuyo concepto estima que en el presente año ingresarán 32,8 millones de escudos.

En resumen, reuniendo todos los ingresos teóricos indicados, el Servicio contaría en 1968, para financiar el reajuste de las pensiones, con 300 millones de escudos.

Expresó en seguida que la Honorable Cámara de Diputados aprobó el artículo 111 que establece que el reajuste de 'las pensiones será de 30%, lo que rebaja el déficit del Fondo a 280 millones de escudos. Sin embargo, lo dispuesto en ese artículo se contradice con el inciso final del artículo 110, que modifica todo el sistema de pensiones mínimas, pues el inciso segundo del primero reajusta las pensiones en un 30% y el artículo 110 establece que las pensiones del Servicio de Seguro Social serán las de la ley Nº 15.386, o, lo que es lo mismo, en una reajusta las pensiones y en otra baja los mínimos, por lo que debe modificarse el último dándole vigencia desde el primero de enero de 1969.

Finalmente, el señor Briones dio a conocer a vuestras Comisiones Unidas el monto de las pensiones mínimas del Servicio, de acuerdo con las distintas fórmulas que operan.

En primer término, las pensiones mínimas vigentes son las siguientes:

Pensión de invalidez y vejez Eº 172.99

Pensión de viudez 101.72

Pensión de orfandad (por cada huérfano) 25.95 Si se aplicara el sistema de reajustes de la ley N° 10.383 (37% para 1968 como ya se explicó), los montos serían:

Pensión de invalidez y vejez Eº 237.00

Pensión de viudez 139.44

Pensión de orfandad 35.56

Si se aplicara el 30% de reajuste aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en el artículo 111, serían los que siguen:

Pensión de invalidez y vejez Ev 224.89

Pensión de viudez 132.31

Pensión de orfandad 33.74

Por último, si se aplicara la norma contenida en el artículo 110 del proyecto, las cifras serían:

Pensión de invalidez y vejez Eº 105.44

Pensión de viudez 62.03

Pensión de orfandad 15.82

Audiencias Públicas.Vuestras Comisiones Unidas llamaron a su Sala a diversas organizaciones del trabajo y la industria, que expusieron sus puntos de vista frente al proyecto en informe.

El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y Carabineros en Retiro, que se hizo representar por el General Manuel Feliú de la Rosa y por don Alfredo Merino, representaron que estuvieron de acuerdo con el proyecto anterior, pues solucionaba algunas de las injusticias que cometió la ley Nº 15.575, que dejó fuera del reajuste de los quinquenios a la gran mayoría de los jubilados de las Fuerzas Armadas.

El actual proyecto, en cambio, rebaja la suma de reajuste a percibir del 15% al 12,5%. El General Feliú agregó que aceptaba el descuento del 1% de las pensiones de los ex servidores de las Fuerzas Armadas y Carabineros, para financiar con él la diferencia de quinquenios de sus compañeros, pero no para cubrir el de las montepiadas.

Se manifestó contrario, también, a la privación del derecho a montepío de las hermanas solteras huérfanas que establece el artículo 11 del proyecto, y terminó solicitando se rechacen las disposiciones que los perjudican y se repongan las del anterior proyecto de reajuste que los benefician.

El señor Juan Antonio Torres, Presidente de la Federación Nacional de Empleados Auxiliares Semifiscales, que agrupa a los empleados de servicios menores de las Cajas de Previsión, expresó su rechazo total a la fórmula de reajuste que propone el proyecto, de un 12,5% en dinero y un 7,5% en cuotas CORVI por considerarlo injusto y discriminatorio al comparársele con el propuesto para el sector privado y dos tercios de la administración pública.

Se refirió, en seguida, a diversas materias que preocupan a su gremio, como son, entre otras, la creación de una nueva Planta de ios grados 1 a 12 de la escala de la administración pública y la constitución de una Planta Especial para aquellos trabajadores que tienen un oficio, como es el caso de los choferes, fogoneros, etc.; la regularización de la situación de 26 empleados de la Caja de Empleados Particulares, quienes están en peligro da perder la antigüedad y beneficios correspondientes al período en que han estado en servicio; la mantención de la Población "José Santos Ossa" para beneficio exclusivo de los servicios menores, ya que con ese objeto fue construida; la aplicación del fuero sindical contemplado en el artículo 100 del Estatuto Administrativo a ios dirigentes sindicales de los servicios menores, y la anulación de los sumarios derivados del paro nacional de noviembre de 1967.

El señor Torres fue acompañado por el Secretario de la Federación, señor Sergio Guajardo, y por el Delegado señor Francisco Guajardo.

El señor Luis Gilardi, Secretario de la Federación Industrial de la Edificación, Madera y Materiales de Construcción, quien concurrió acompañado del Subsecretario General señor Hugo Silva, manifestó el completo acuerdo de su gremio con los planteamientos de la Central Única de Trabajadores acerca del proyecto de reajuste y lamentó que éste discriminara en contra de algunos trabajadores de los sectores público y privado.

Se refirió en particular al artículo 100 del proyecto que perjudica a quienes se agrupan en esta Federación, porque junto con reactualizar el tarifado de la construcción, hace excepción de las obras que ordenare la Corporación de la Vivienda, lo que provocará el hecho de que obreros que desempeñan las mismas labores estarán sujetos a distintos niveíes de salarios, según trabajen o no para la CORVI. Agregó que el tarifado anterior no hacía excepciones de ninguna especie, por lo que esta norma representa un retroceso.

El señor Alberto Pomés, en representación de la Cámara de la Industria Vinícola de Chile, y don Rodrigo Alvarado, por otras entidades del ramo, expresaron que el proyecto alza 'las actuales tasas a la compraventa del vino en un promedio del 67,7%.

En la actualidad las tasas de las sucesivas compraventas son: primera transferencia, 10%; segunda transferencia, 12% y tercera, 12%, 7% y 20%, según los lugares en que se expende, lo que el proyecto eleva como sigue: al 17% en la primera transferencia; al 20% en la segunda, y en la tercera al 14%, 8% y 23% respectivamente.

Esta enumeración demuestra que mientras la. compraventa en general se reajusta en un 14,2% y los artículos suntuarios en porcentajes máximos de 16,6%, el vino debe afrontar un alza promedio de 67,7%, exponiéndose así a fomentar la evasión tributaria, pues si se evita la elaboración del producto y se vende el vino en bruto, se produce un ahorro de 34%, lo que se traduce en un igual porcentaje de ganancia debido a que 'os precios son fijados por decreto e incluyen el impuesto respectivo.

Los señores Alamiro Farías y Julio Figueroa, Secretario y Director, respectivamente, de la Asociación de Empleados del Servicio de Tesorería, manifestaron no estar de acuerdo con el reajuste propuesto del 12,5%, que no mejora la exigüedad de sus rentas.

En especial se refirieron al decreto recién publicado en el Diario Oficial, por el que se sanciona a todos los funcionarios que falten a su trabajo un día al mes con la pérdida del incentivo mensual, equivalente a un 35% de las actuales rentas y que contradicen el sentido de las conversaciones que sostuvieron con personeros del Ejecutivo.

Pidieron se derogara la parte segunda del Decreto Nº 624, a que se refirieron, publicado el día 27 último, y que afecta a cerca de 2.000 funcionarios con un promedio de rentas, 1967, de Eº 900, sin contar la asignación por mayor recaudación.

Don Osvaldo Vargas, Secretario de Organización de la Asociación de Empleados de Impuestos Internos, a quien acompañaron doña Liliana Gamboni y don Filemón Valenzuela, Directores de la misma, manifestó que la aspiración de los 4.500 funcionarios del Servicio que representa es la nivelación al 21,9% de reajuste, para que la recuperación por la pérdida del poder adquisitivo de la. moneda equivalga al 100% y se equipare al reajuste que recibirá el resto de la administración pública, y ofrecieron diversas fórmulas de financiamiento para lograrlo.

Así, por ejemplo, expresó que a causa de la evasión tributaria el Fisco deja de percibir grandes sumas de dinero las que podrían recuperarse con una adecuada fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, pero para ello es necesario que los funcionarios estén bien remunerados.

Manifestó también que no consideraba conveniente alzar la tasa del impuesto a la compraventa, sin tener la posibilidad concreta de una buena fiscalización. Con ocasión de la ley de reajuste de 1967, recordó, la que elevó dicha tasa del 6 al 7%, se advirtió en los primeros meses de su aplicación un rendimiento inferior al estimado, lo que sólo se pudo corregir con medidas de fiscalización directas.

Propuso, asimismo, hacer una racionalización de las exenciones tributarias que, en su concepto, son excesivas, debiendo gravarse, por ejemplo, a los propietarios de dos o más bienes raíces sujetos al D.F.L. Nº 2 o a la ley Pereira, lo que brindaría nuevos recursos de financiamiento.

Otra fuente de financiamiento sería la de elevar la tasa del impuesto de transferencia de bienes raíces de un 4% a un 6%, o sea, en un 50%, ya que en la actualidad hay mayores posibilidades de adquisición de bienes raíces a través de 'la Corporación de la Vivienda y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamos. Este impuesto alzado al 6% rendiría, desde mayo a diciembre de este año, un total de 11 millones 100 mil escudos.

Consideró también la conveniencia de elevar las tasas de las apuestas combinadas de los hipódromos, casas de juego y establecimientos similares, y gravar los formularios que el Servicio de Impuestos Internos suministra a 'los contribuyentes para las declaraciones de impuestos, modificando para tal efecto la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.

Finalmente, solicitó la derogación de la parte segunda del Decreto Supremo Nº 624, de 27 de marzo pasado, a que se refirió la Asociación de Empleados de Tesorería, porque atenta contra la existencia de las organizaciones gremiales y los intereses funcionarios.

Luego se hizo presente la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Seguro Social, integrada por el señor César Fuentes, Presidente, y Guillermo Bravo, Vicepresidente.

El señor Fuentes expresó que en el año 1964 se efectuó un encasillamiento en dicha repartición, el cual, al establecer requisitos de estudios mayores que los existentes, creó problemas a antiguos funcionarios.

Para obviar tales dificultades pidió la inclusión do una disposición que permita a la funcionarios ingresados antes de 1960 o que en la actualidad tengan veinte o veinticinco años de servicios ascender a las categorías directivas, aun cuando no posean el requisito de estudios.

El señor César Céspedes, Presidente de la Asociación Nacional de Empleados del Servicio de Seguro Social, expresó que al hacer el reencasillamiento en 1964, dividiendo la planta en directiva y en administrativa, se perjudicó a muchos empleados del servicio, pues estableció requisitos de estudios o de posesión del cargo para ascender o percibir la renta del grado superior.

Para paliar tal inconveniente, propuso que para tales funcionarios no rijan los requisitos señalados, que es lo mismo que ha solicitado la ANES.

Dio lectura luego, al siguiente proyecto de encasillamiento:

"Los funcionarios del Servicio de Seguro Social que a la fecha de dictación de la ley Nº 15.464 se encontraban desempeñando labores de procurador, ocuparán las vacantes que se produzcan en el escalafón de procuradores, en grados similares o en el último grado cuando proceda, sin necesidad de acreditar que cumplen con la exigencia establecida en el artículo 69 del Decreto 4133 de 9 de marzo de 1964, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.".

Esta disposición beneficiaría a 3 funcionarios.

Otro problema que planteó es el de los cajeros del Servicio, que por un olvido de la ley están en la planta administrativa, debiendo estar en la directiva. Formalizó, finalmente, éstas y otras peticiones en forma de una indicación que entregó en Secretaría.

El señor Enrique Sánchez, Secretario de la Confederación de Empleados de Industria y Comercio, expresó que el reajuste general de 21,9% da más a los que tienen más y menos a los que tienen menos.

Planteó que habría que volver al sistema de encuestas que permiten fijar un sueldo vital efectivo, que corresponda a la realidad, y permitir que los demás gremios obtengan las mejoras que les sean dables a través de conflictos colectivos.

Consideró que el proyecto es más de aumento de tributos que de remuneraciones y pidió el rechazo del alza del impuesto a la compraventa.

La compensación en bonos Corvi de los cuatro días feriados que se suprimen es injusta, a juicio del señor Sánchez, sobre todo teniendo presente que los empleados que representa son los únicos que hacen aportes a Corvi que no son reajustados. Pide que en vez de bonos Corvi se dé dinero efectivo pagado por las empresas.

Señaló que el gremio aspira a que las asignaciones familiares de los taxistas no se paguen con efecto retroactivo, pues eso les significaría una disminución de sus propios fondos para tales prestaciones.

Concluyó informando que la Confederación reúne a 150 sindicatos, los que cuentan con 150.000 afiliados en todo el país.

El señor Rafael Señoret, Presidente de la Confederación Nacional de Municipalidades, recordó a las Comisiones que las leyes de reajuste despachadas en los años 1966 y 1967 no consultaron un correcto financiamiento de los gastos que significaron para los Municipios, hecho que ha producido una disminución sin precedentes de los recursos municipales y hasta la paralización de obras y servicios indispensables para la comunidad.

Propuso, en consecuencia, diversas indicaciones que permitirán dar un adecuado financiamiento al nuevo reajuste, dentro de las Municipalidades, cuales son:

1.- Prórroga del plazo que establece el artículo 26 de la ley Nº 16.250 hasta el 31 de diciembre de 1970 (establece el porcentaje del presupuesto de la Corporación que se puede destinar a sueldos y salarios) ;

2.- Autorización al Presidente de la República para que eleve la participación municipal en el impuesto territorial del 3% al 4%;

3.- Participación de las Municipalidades en el rendimiento del aumento del impuesto a las compraventas del orden del 1%;

4.- Elevación del porcentaje municipal en las patentes de vehículos al50% de su valor, y

5.- Que se calcule correctamente el rendimiento del impuesto a la renta, puesto que lo calculado siempre es menos que lo real, ya que las Municipalidades tienen una participación del 7% en dicho tributo.

Expresó que las Municipalidades aceptan la idea de dar parte del reajuste a sus obreros en bonos de la CORVI.

Manifestó a continuación el señor Señoret que el mayor ingreso de las Corporaciones durante el año 1968 será de E"? 85 millones y los mayores gastos serán de Eº 135 millones, todo en relación al año anterior; al mes de diciembre de 1967 el Fisco tiene una deuda de arrastre, desde 1962, con las Municipalidades, de Eº 103 millones. En el presente año, el menor pago que hará el Fisco a las Municipalidades será de E<? 45 millones.

Si se otorga un reajuste del 21,9%, las Municipalidades no dispondrán de fondos para inversión o renovación de equipos.

El señor Pascual Barraza, por su parte, manifestó que una eficaz medida de saneamiento de las finanzas municipales sería el pago de la participación en el impuesto a la renta en el año en que se produce y no al siguiente, como sucede hoy día.

Agregó que el año pasado se abonó a la deuda fiscal la suma de Eº 12 millones, lo que es totalmente insuficiente.

Los empleados y obreros municipales, que reciben un reajuste del 12,5%o, y que son alrededor de 26 mil, aspiran a un reajuste de 21,9%. El señor Alberto Duarte, Presidente subrogante de la Federación Nacional de Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional de Salud, expresó que en diciembre de 1966 se llegó a un avenimiento con el Gobierno en el sentido de que percibirían sueldos iguales a los de la ANEF y una modificación del escalafón, acuerdo que no ha sido respetado en el actual proyecto de reajuste. En esa oportunidad, dijo, el gremio de profesionales y técnicos de la salud aceptó una escala de sueldos equivalente al 91,5% de la correspondiente a la ANEF y la modificación de los escalafones que se efectuaría en el segundo semestre del año en curso. Actualmente el gremio está un 17,3% debajo de la escala ANEF y, a pesar de que se le iguala con ella, en la práctica esto es ilusorio por cuanto se rebaja dicha escala en un 9,4% en relación con el alza del costo de la vida. Esto produce como resultado que al darse a la ANEF el 12,5% se les conceda un reajuste del 24% aproximadamente, o sea, 2,1% sobre el alza del costo de la vida.

En cambio, si se contempla el 91,5% de la escala ANEF, reajustada en un 21,9%, recibirían el 34% ó 35% de reajuste. Y esto sí sería un trato preferencial a un servicio postergado.

De ahí entonces que su posición es opuesta al reajuste del 12,5% para la administración pública estimando que lo justo es dar el 21,9% para todos.

Rechazó el financiamiento de la modificación del escalafón mediante la supresión de las horas extraordinarias de que goza el personal de la salud, por cuanto no constituiría un mejoramiento sino un cambio de ítem.

El señor Becker, Secretario de Organización, aclaró que las referidas horas extraordinarias son efectivamente trabajadas.

En resumen, rechazaron la idea de legislar, porque el proyecto, a su juicio, tergiversa el texto del acta de avenimiento de 1966.

Para concluir, el señor Duarte pidió a las Comisiones Unidas que la franquicia que contempla la ley Nº 15.076 para los médicos, dentistas y farmacéuticos de no descontar a esos funcionarios la primera diferencia para la Caja de Previsión, se haga extensiva a todos los trabajadores de la salud.

El señor Hernol Flores, Presidente de la Asociación Postal Telegráfica de Chile, expresó que rechazaba el porcentaje de reajuste del 12,5% ofrecido al gremio, y la idea del pago en bonos, porque significaba un pago diferido.

Rechazó, igualmente, los artículos 33 a 41, que contienen la modificación de la planta, porque estima que viola el acuerdo alcanzado con el Gobierno y les significa una pérdida de Eº 16.000.000.

El gremio estima que no hay falta de financiamiento para el mejoramiento económico, pues las tarifas postales pueden ser alzadas y han demostrado que son capaces de pagar los gastos del Servicio.

El Colegio de Periodistas se hizo representar por doña Adriana Searle y los señores Simón Eterovic, Héctor Suárez y Enrique Osses, quienes manifestaron que los más importantes problemas del gremio dicen relación con el sistema de remuneraciones que les afecta y con su previsión.

Con respecto a lo primero explicaron que, el nivel de sueldos de los periodistas es mínimo y discriminatorio, toda vez que existen tres sueldos, siendo el menor de Eº 500 y el mayor de Eº 829, ambas cantidades calculadas para 1968. La asignación de estas categorías de sueldo depende del número de habitantes con que cuente la ciudad en que el profesional se desempeñe, estando la gran mayoría de las ciudades del país incluidas en la categoría más baja.

Solicitaron, en consecuencia, se estableciera un sueldo mínimo único criterio que informa, una disposición del proyecto aprobada por la Honorable Cámara de Diputados, pero no menor a tres sueldos vitales.

Hicieron presente su temor ante algunas informaciones aparecidas en un periódico de Santiago, en orden a que las empresas periodísticas, de concretarse un sueldo mínimo único ascendente a tres sueldos vitales, se verían obligadas a despedir a parte importante de sus personales, por motivos de orden financiero. Tales motivos no responden a la realidad, como quiera que no condicen con los ingresos que perciben esas empresas por concepto de publicidad. No obstante, la declaración en referencia, según opinaron, está evidenciando propósitos que deben atajarse mediante una disposición que consagre la inamovilidad de los periodistas.

Sin perjuicio de la gravedad del problema expuesto, calificaron a la reforma previsional como su aspiración fundamental. Señalaron, como dato ilustrativo, que de los cuatrocientos ochenta periodistas jubilados en el país, un 50% percibe pensiones promedio de Eº 165 mensuales; un 20% alcanza a tener pensiones que llegan a los Eº 290 mensuales; un 15% obtiene pensiones de alrededor de Eº 500, y apenas un 10% supera esa cifra, contándose en este porcentaje a quienes cesaron en su actividad como directores de diarios, después de más de treinta años de servicios profesionales.

Estos antecedentes, en su opinión, justifican la modificación de su régimen previsional.

Seguidamente, las Comisiones Unidas oyeron los planteamientos de los señores Luis Figueroa y Hernán del Canto, dirigentes de la Central Única de Trabajadores de Chile.

El primero de los nombrados manifestó que desde 1955 esa organización gremial ha defendido el poder adquisitivo de los trabajadores, oponiéndose a la política sostenida por distintos Ministros de Hacienda en orden a que el alza de los sueldos y salarios era factor determinante del proceso inflacionario. Negó a este factor una incidencia mayor de un 25%, expresando que así lo ratificaba la opinión de los técnicos en la materia. Afirmó que, en virtud de la política referida, se ha otorgado durante años, reajustes inferiores al alza del costo de la vida, lo que ha traído consigo un importante deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, pero no la detención de la inflación, la que sólo puede lograrse si se atacan las causas del fenómeno, que calificó de indisolublemente unidas a la estructura misma de nuestro sistema actual.

En consecuencia, la CUT reclama el reajuste del 21,% como mínimo para todo el sector público, el cumplimiento de los convenios suscritos por el Gobierno con algunos gremios (Salud, Magisterio) y que dichos aumentos sean pagados por quienes pueden hacerlo, y no por el pueblo.

A continuación, después de retirarse los representantes de la CUT, ingresaron los representantes de la Confederación de Empleados Particulares de Chile, señores Ernesto Lennon y Sergio León.

El señor Lennon comenzó expresando que los sueldos de los empleados particulares están reducidos al 55% de su valor adquisitivo en 1956, por lo que procede se reforme el sistema de fijación del sueldo vital y se formen comisiones de sueldos formadas por representantes de los trabajadores, patrones y del Estado, para evitar el deterioro progresivo de las remuneraciones.

Objetó, también, la posibilidad de afiliación voluntaria a la previsión de algunos sectores como los socios de sociedades colectivas porque sólo se afiliarán aquellos que paguen sus imposiciones con las asignaciones familiares a que tengan derecho.

El señor León entregó a las Comisiones los datos de una encuesta efectuada por los empleados particulares sobre la base de los precios cotizados por la cooperativa Coopempart y que demuestran, en su opinión, la verdad de las afirmaciones del señor Lennon.

Fueron llamados luego los señores Mario Merino, Presidente, Rogelio Salas, 2º Vicepresidente, y Gladys Yáñez, Secretaria de Conflictos, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud.

El señor Merino comenzó explicando que el 7 de diciembre de 1967 se firmó entre la organización que representa y los Subsecretarios de Salud y Hacienda, un acta que estableció que los trabajadores del Servicio Nacional de Salud tendrían un tratamiento preferencial en él proyecto de reajustes para 1968.

A su juicio, este ofrecimiento no se ha concretado, porque el actual proyecto concede al personal el 91,5% de la escala ANEF, más un 12,5%, lo que en relación con sus actuales remuneraciones significa un aumento del 24%, es decir, un 2,1% más que el alza oficial del costo de la vida. Se estableció en esa acta que el Presidente de la República modificaría los escalafones de modo de hacer justicia a los funcionarios, lo que se financiaría con la eliminación de mínimos y máximos imponibles.

El señor Luis Harlowe, Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Semifiscales, expresó que su gremio solicita que el artículo 14 del D.F.L. 338, de 1960, que exige licencia secundaria para los ascensos y para percibir la renta del grado superior, no se aplique a los empleados que ingresaron antes de la dictación de la disposición indicada. Si esto no se estimara procedente, a lo menos, pidió que no se requirieran estudios completos de humanidades para tener derecho a gozar del sueldo del grado superior. Todo ello en atención a que, en la actualidad, hay funcionarios con 28 o 30 años de servicios, que se desempeñan a nivel de Jefes de Departamento, que sobresalen por sus calificaciones y méritos, pero que no pueden obtener los mejoramientos económicos legales dado que no poseen su licencia escundaria. El 4% a 5% del personal se encuentra en esta situación, y, evidentemente, a la edad de 60 o 65 años, es muy difícil que dichos funcionarios puedan físicamente realizar estudios.

El Honorable Senador señor Rodríguez preguntó acerca del porcentaje de reajustes que obtendrían los funcionarios semifiscales con el actual proyecto de reajuste, y su financiamiento, a lo que el señor Harlowe respondió que percibirán el 12,5%. Este monto de reajuste, como asimismo un eventual incremento de él, de hasta un 21,9% total, estaría de antemano financiado a través de los recursos propios de las diversas Instituciones denominados excedentes.

El señor Briones hizo presente que, parte de los excedentes son empleados por la CORVI en cubrir sus propios gastos de administración derivados del uso, en fines habitacionales, de los excedentes de las Cajas de Previsión. Para los efectos de administrar estos excedentes, la CORVI no emplea más de un 5% ó 6% de ellos.

Prosiguiendo con su exposición, los representantes de ANES, señalaron que su gremio aspira a obtener un reajuste efectivo del 21,9% en razón de que se consideran un sector no privilegiado que, incluso, ha ido perdiendo conquistas que habían obtenido a contar de 1960 como, por ejemplo, gratificaciones, monto de la asignación familiar y sistema de trienios.

El Honorable Senador señor Bossay expresó que, en su concepto, las ' diversas Cajas de Previsión del país deben, primeramente, dar cumplimiento integral a los fines que les señalan sus leyes. El problema de los excedentes, con el correr de los años, ha ido desvirtuando el cumplimiento de los fines específicos de seguridad social para los cuales se han creado las Cajas. Se ha llegado al extremo de producir excedentes en desmedro del cumplimiento de sus obligaciones específicas. Lo lógico, a juicio de Su Señoría, es que el Fisco con sus recursos generales, cumpla con la obligación de asegurar una conveniente cuota de construcción de viviendas, y no las Cajas, cuyos fines esenciales son diversos. En el caso específico de la Caja de la Marina Mercante Nacional, pese a que no se cumple a satisfacción las prestaciones que por ley se deben a sus imponentes, se envían anualmente a la CORVI sumas elevadísimas por concepto de excedentes. De tal forma, a los prestatarios de esas Cajas se les está extrayendo poder de compra por una parte y, por la otra, se les está ofreciendo adquirir viviendas que no pueden llegar a pagar por sus bajas rentas. Anunció que hará un planteamiento concreto acerca del problema de los excedentes.

El Honorable Senador señor Luengo consultó a los representantes de ANES acerca de la efectividad de que se producirían economías por el hecho de que las instituciones de este sector no trabajaran los días sábados.

Se le contestó que, efectivamente, se producirían economías de agua y luz, suministros que encarecen la administración de estos organismos. Además, el funcionario tendría ahorro de movilización y podría experimentar una mayor recuperación física al tener la mañana del sábado libre. Desde el punto de vista del servicio a los imponentes, no se produciría daño alguno, dado el escaso número de ellos que concurren a las Cajas los días sábados en la mañana. Sin perjuicio de lo anterior, hicieron presente que las plantas de estos organismos no están completas, debiendo los funcionarios existentes realizar la totalidad del trabajo, hecho que estiman justifica una reordenación de los períodos de descanso que, además, es factor de economía en gastos de administración.

El señor Briones, Superintendente de Seguridad Social, respondiendo a preguntas anteriores de los Honorables Senadores señores Palma, Rodríguez, Bulnes, Chadwick y Bossay, aclaró, en primer lugar, que con anterioridad a la dictación del D.F.L. Nº 2, de 1959, cada Caja de Previsión tenía departamentos propios que gozaban de atribuciones administrativas y financieras destinados a la construcción y venta de viviendas a sus propios imponentes. El D.F.L. Nº 2 suprimió estos Departamentos Técnicos de las Cajas y traspasó sus atribuciones a la CORVI, institución que, recibiendo los excedentes de las Cajas de Previsión, devolvería a aquéllas, en viviendas construidas, lo que éstas hubieren aportado. Con este traspaso se lograban claros beneficios económicos en el orden de la standarización de las construcciones, la tecnificación de las funciones y el aprovechamiento masivo de recursos.

Con relación a la deuda del Fisco con las Cajas de Previsión, expresó que, efectivamente, ella existe y que, en el hecho, la situación se arrastra desde antiguo, aunque en cierta medida se ha reducido. Respecto de la provisión de fondos para el pago de las prestaciones, en algunos casos, Caja de Ferrocarriles, por ejemplo, se está al borde de situaciones de gravedad insospechada. Manifestó que, no solamente hay que considerar el problema de las deudas concretas del Fisco con las Cajas, sino también, los pagos en pagarés que no representan sino pagos aparentes.

A requerimiento del Honorable Senador señor Tomás Chadwick, el señor Briones precisó el alcance del término excedente, en materia de seguridad social, manifestando que ellos responden a la definición del inciso segundo del artículo 76 del texto refundido del D.F.L. Nº 2. Expresa que se trata de un patrimonio de afectación que debe ser devuelto por la CORVI a las Cajas en viviendas construidas. Los excedentes se determinan, anualmente, a través de la aprobación de los presupuestos de las Cajas por parte del Presidente de la República, se pagan por duodécimos y se reajustan anualmente. En el ámbito de los gastos de administración, por ejemplo, la inflación aumenta los ingresos de las Instituciones, con lo que el porcentaje de dichos gastos disminuye, con la consiguiente formación de excedentes.

Contestando a la afirmación del señor Bossay, en orden a que algunas Cajas de Previsión escatimarían los beneficios que están obligados a conceder por ley, con la finalidad de producir excedentes que distribuirían entre sus empleados, el señor Briones expresó que algo de verdad hay en ello, puntualizando que la vivienda es una necesidad muy importante entre las que debe satisfacer un sistema de seguridad social, pero que es colateral o posterior a otras más urgentes. Añadió que en Chile hay una destinación excesiva para gastos de administración, el 13%, en circunstancias que a gastos médicos se destina el 11%.

A continuación se presentaron ante vuestras Comisiones Unidas los representantes de la Federación de Educadores de Chile.

El señor Humberto Elgueta expuso que su organización llegó a un acuerdo con el Gobierno para realizar un proceso de mejoramiento económico del magisterio, que duraría tres años, y que garantizaba una recuperación de rentas a la par que una conservación del poder adquisitivo de las mismas.

La ley Nº 16.617 dio consagración legal a este Acuerdo Magisterial, determinado los niveles de renta del gremio para los años 1968 a 1970 y el procedimiento para reajustar dichas rentas en orden a conservar su valor adquisitivo. Dicha ley preceptúa que el reajuste del magisterio será el promedio que se otorgue al sector público, a partir de 1968. Sin embargo, manifestó el señor Elgueta, se les ofrece ahora el 12,5% contemplado para los sectores privilegiados/en circunstancias que el Mensaje del proyecto de reajustes señala que el promedio para el sector público es de 25,5%.

El señor Ministro de Hacienda, continuó el Presidente de FEDECH, al decir que el profesorado obtendrá un reajuste que varía entre el 29,5% y el 37%, está reuniendo en un solo todo el reajuste por concepto de Acuerdo Magisterial y el reajuste por concepto de desvalorización, los que son incompatibles ya que uno es un porcentaje de reajuste y otro es un porcentaje de recuperación de rentas.

Agregó que el profesorado ya está percibiendo el nivel de renta acordado para 1968, pero que éste debe ser reajustado en el promedio del porcentaje de aumento que se acuerde al sector público.

Expresó que el profesorado no considera que los bonos CORVI sean reajuste y concluyó diciendo que aún no se ha cumplido con la ley Nº 16.617, en el sentido de crear la planta de docentes que señala su artículo 44.

A continuación se presentaron los representantes de la Asociación de Empleados del Registro Electoral, señores José Fuentes y Felipe Iturra quienes expresaron que se les consideraba un servicio privilegiado por el hecho de haber ampliado su planta en 1964, afectándolos el reajuste del 12,5% en lugar del 21,9%.

En representación de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones concurrieron ante vuestras Comisiones Unidas los señores Milenko Mihovilovic y Angel Cabrera Opazo, Presidente y Consejero de la ANFUP, respectivamente.

El señor Mihovilovic calificó al Servicio de Prisiones como un servicio postergado, por lo que este proyecto procura una reorganización que desean se haga por estricto orden de escalafón y que no represente una disminución de grados para nadie.

Pidió se considerara una indicación que ha entregado y que consiste en permitir al gremio que representa tener un Consejo adhonorem en la Caja de Previsión de Carabineros de Chile.

Solicitó, además, que se eliminara la multa como sanción disciplinaria, en atención a que el de Prisiones es un Servicio con renta bajas, al extremo de que algunas son inferiores a las que recibe un obrero agrícola, y a que se ha aplicado hasta 15 días de multa.

Pidió también que ningún funcionario de Prisiones sea exonerado sin sumario previo y que a los delegados de la Asociación se les conceda fuero gremial.

Otra anomalía del Servicio de Prisiones es la de que funcionarios de vigilancia ejecutan labores administrativas, sin tener los estudios correspondientes, transformándose por la práctica en eficientes funcionarios administrativos. Estimó justo que este personal, con más de 5 años en tales funciones, obtenga la calidad que ha ganado y pase a la planta administrativa.

Representó, además, que hay funcionarios de servicios menores que se desempeñan en labores de vigilancia por el escaso número de vigilantes que existe y solicitó se les otorgue alguna preferencia para ocupar los cargos vacantes de vigilantes en los concursos que se abran para este objeto.

Otra indicación que pidió se considerara por las Comisiones es la relativa a los delegados del personal ante la Junta Calificadora. Al ser elegidos delegados, quedan con el puntaje que tenían a la época de la elección, en circunstancias que deben tener el máximo de puntaje para poder trabajar con tranquilidad y para que todos los funcionarios aspiren a ocupar dichos cargos.

Estimó injusto, por otra parte, que un funcionario que ha estado 5. años en un grado y que tiene derecho a gozar la renta del grado superior sea suspendido de este derecho por un año, por el hecho de haber sufrido una medida disciplinaria, medida de carácter económico que los funcionarios de Prisiones esperan ver abolida.

Los señores Rodolfo Quiroz (Presidente), y Juan Castillo (Secretario), de la Agrupación de Servicios Postergados, manifestaron que representaban a la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, Asistencia Social, Turismo, Estadística y Censos, Registro Electoral, Bibliotecas y Museos, Casa de Moneda, Ministerio de Obras Públicas, Servicio Médico Nacional de Empleados, Caja de Crédito Prendario e Instituto Médico Legal.

Algunos de estos servicios han obtenido mejoramientos para sus plantas directiva, profesional y técnica, pero no así la gran masa de empleados administrativos y obreros.

Pidieron concretamente la elevación del reajuste de 12,5%, propuesto para estos servicios, a un 21,9% en dinero efectivo y no en bonos CORVI.

Don Bernardino Ayala, por la Central Gremial de ex servidores del Estado, representó deseaban la modificación de normas que consideraba injustas. En el artículo 99 de la ley Nº 16.617 se estableció un porcentaje de un 60 y un 70% imponible. Se dio a 44 Servicios el 100% y se aplicó esta disposición a sólo 12 Servicios, los más mal rentados, como son Prisiones, Investigaciones, Identificación, Correos y Telégrafos, Impuestos Interno, Tesorerías y Aduanas, con alrededor de 4.500 funcionarios en total. Las jubilaciones que se pagan a los imponentes de la Caja de Carabineros, que son Prisiones, Investigaciones e Identificación, ascienden a Eº 22.000.000.

Para completarles el 100% a dichos servicios, se necesitaría sólo Eº 7.703.000, según datos proporcionados por la Caja de Carabineros.

Las pensiones fluctúan entre Eº 51 y Eº 300. En la ley Nº 16.617 fueron, a su juicio, discriminados y en la presente iniciativa ocurre algo similar, pues mientras el Servicio de Seguro Social es mejorado a un 90% imponible, ellos siguen con el 60 y 70%.

Pidió a las Comisiones, concretamente, que se les permita jubilar con el 100% de la renta de actividad, atendiendo a que el mayor gasto, según sus estimaciones, no sería mayor de Eº 13.000.000, para lo cual proporcionó un financiamiento que, a su juicio, es adecuado.

Los señores Miguel Díaz y Eduardo Marín, por los Profesionales de la Salud, plantearon a vuestras Comisiones que el reajuste no contempla ni cumple el acta de avenimiento suscrita por los trabajadores de la Salud el 7 de noviembre de 1967 y solicitaron que ellas consideren una aclaración de los artículos pertinentes, a fin de establecer en forma clara el monto del reajuste que recibirá el Servicio Nacional de Salud.

Pidieron, también, que los funcionarios profesionales no queden afectos a los bonos para la vivienda; que los escalafones de constructores civiles, técnicos universitarios y químicos industriales alcancen la 1ª Categoría de la Ecala Directiva, Profesional y Técnica, a contar del 1° de julio; que se prorrogue para 1968 lo dispuesto en el artículo 18 de la ley Nº 16.617, en cuanto a que el personal del Servicio podrá jubilar con la renta total, tanto imponible como no imponible, y que se corrija la situación del personal promovido en el escalafón por la reorganización que tuvo lugar en 1965 y que ha perdido el derecho a ascenso o goce del sueldo superior, a causa de que los decretos se cursaron en el año siguiente.

El señor Tucapel Jiménez, Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, expresó que los funcionarios que representa piden recuperar el poder adquisitivo perdido en 1967, mediante un reajuste del 100% del alza del costo de la vida en dinero efectivo. No aceptan el pago en bonos, porque se trata de un reajuste y no de un aumento, y se oponen a la concesión de facultades extraordinarias al Presidente de la República para reorganizar la administración pública, porque podría prestarse a persecuciones.

Agregó que aspiran a una asignación familiar de igual monto a la del sector privado y que la aspiración suprema del gremio es la escala única de sueldos para toda la administración pública.

Señaló a continuación cuáles podrían ser, a su juicio, nuevas posibles fuentes de recursos para financiar un mayor reajuste, como las siguientes:

1) Las utilidades bancarias. Expresó que los Bancos llevan doble contabilidad para ocultar utilidades;

2) Las liberaciones aduaneras, que con una tasa del 20% rendirían Eº 240.000.000;

3) Las franquicias tributarias, que al 15% rendirían Eº 200.000.000;

4) US$ 6.000.000 por concepto de tributación originada en el mayor precio del cobre en 1967;

5) Las entradas efectivas del presupuesto nacional que sobrepasan los cálculos hechos en 1967, y

6) Los remanentes que no se gastan en los servicios públicos.

Cierre del debate y votación. Antes de cerrarse el debate en la discusión general, el señor Ministro de Hacienda manifestó que el Gobierno estaba abierto a las proposiciones de los diversos sectores políticos para impedir el rechazo del proyecto.

Las conversaciones que ha sostenido no condujeron a resultados positivos. Sin embargo, anunció que el Ejecutivo tiene el propósito de continuarlas, cualquiera que fuere el resultado de la votación en general en estas Comisiones Unidas sobre la base de que el proyecto deberá quedar debidamente financiado con recursos permanentes. Agregó que consideraba que la votación en estas Comisiones, aunque fuere contraria no representaría una manifestación definitiva de la voluntad de los diferentes sectores políticos y que se podrá alcanzar algún acuerdo en el diálogo que queda abierto. Puesto en votación el general el proyecto, cada uno de los miembros de vuestras Comisiones fundó su voto.

El Honorable Senador señor Contreras Labarca hizo presente que la iniciativa contenía originalmente disposiciones que calificó de graves para el movimiento sindical chileno, que atentaban contra derechos fundamentales que ha costado mucho ganar, como son los de huelga, de petición y de contratación. El rechazo en la Cámara de estas normas modificó el proyecto y la actitud que el Partido Comunista había sustentado hasta entonces. La iniciativa se ha convertido ahora en un proyecto de reajuste sin los atentados a que se ha referido, los que de ninguna manera podrían ser aceptados por la clase trabajadora y por los Partidos populares.

El proyecto contiene algunas ventajas para el sector privado y para una parte del sector público. Sin embargo, es evidente, a su juicio, que contiene disposiciones perjudiciales para los trabajadores, estando su Partido en contra de dichas normas negativas. Expresó que en el curso de las sesiones que se llevaron a efecto en el seno de las Comisiones Unidas, se tuvo la oportunidad de escuchar las peticiones y reclamos de diversos gremios. A juicio del Partido Comunista esos gremios tienen razón. En primer término, son lesionados por el proyecto los que reciben un reajuste sólo de un 12,5%. Además, Su Señoría ha podido comprobar, por denuncias fundadas de parte de diversos gremios, que el Gobierno está en mora de cumplir una serie de compromisos que ha contraído con servicios tan importantes como son el Magisterio, Correos y Telégrafos, Salud, etc. Estos gremios han sostenido ante las Comisiones Unidas que el proyecto viola tales compromisos, siendo ésta una grave responsabilidad para el Gobierno.

Estima que las Comisiones, en la discusión particular, deben tomar especial interés para averiguar y corregir estas anómalas situaciones.

Expresó que el Ejecutivo a través de sus representantes ha repetido reiteradas veces que no cuenta con mayores ingresos para mejorar el proyecto, pero el Partido Comunista no participa de esta aseveración. Los Partidos Populares, los propios organismos sindicales y gremiales y ciertos sectores del Partido de Gobierno han sugerido numerosas proposiciones tendientes a incrementar los recursos que se necesitan para acoger las modestas peticiones de los gremios y los pensionados. El señor Senador exige del Ejecutivo que tome con seriedad estos planteamientos y que estudie y vea cuáles son los recursos que verdaderamente pueden encontrarse a fin de asegurar la satisfacción de la masa trabajadora.

Parece increíble, agregó el señor Contreras Labarca, que el Ejecutivo afronte la actual situación social en la forma expresada por el señor Ministro de Hacienda, ya que de ella aparece que el Ejecutivo no comprende la crisis por que atraviesa el país. No puede Chile continuar en esta incertidumbre y prolongar esta situación. Todos los sectores esperaban que el Ejecutivo traería algunas sugerencias o proposiciones atendibles que permitieran encarar una posible solución concreta al grave problema que afrontan los trabajadores que esperan el reajuste; sin embargo, el Ejecutivo se mantiene en lo que Su Señoría calificó de una obstinación a todas luces infundada. El Partido Comunista, al votar favorablemente la idea de legislar, reclama que el Ejecutivo abandone esta posición y abra el camino para dar una solución pronta e inmediata a esta situación que considera extraordinariamente seria.

Finalizó expresando que el Partido Comunista vota favorablemente porque desea que los trabajadores tengan realmente un reajuste adecuado, sin mayores dilaciones. Sin embargo, en la discusión particular, votará en contra de los artículos que a juicio de dicha colectividad sean considerados perjudiciales para los empleados y obreros. Tratándose en este momento tan sólo de la idea de legislar, la vota positivamente, pues considera necesario acoger cuanto antes la petición de los trabajadores de que se les otorgue un reajuste suficiente de sus remuneraciones.

El Honorable Senador señor Luengo expresó, al fundar su voto, que este proyecto de reajuste presentado al Congreso por el Gobierno del señor Frei no es de ninguna manera satisfactorio para las clases trabajadoras. Señaló que una parte importante de los empleados y obreros del sector público alrededor del 35% de la Administración Pública con un total aproximado de 110.000,funcionarios, recibiría un reajuste de remuneraciones del orden del 12,5%, en circunstancias que el alza del costo de la vida en el año 1967, según las estadísticas oficiales, fue del 21,9%, porcentaje discutido ya que la opinión generalizada es que éste fue de un monto muy superior. Por otra parte, numerosos sectores gremiales aparecen abiertamente perjudicados por este proyecto, pues cuentan con convenios suscritos con el Gobierno que no se respetan en esta iniciativa. Tal es el caso, por ejemplo, del Magisterio, del Servicio Nacional de Salud y de los Servicios de Correos y Telégrafos.

El señor Senador expresó que en los últimos días diversos sectores de la oposición han llevado adelante conversaciones con el Gobierno, destinadas a asegurar un mejor reajuste, y agregó que espera que en un plazo breve se pueda activar este diálogo a fin de encontrar alguna solución favorable que permita convertir en ley el presente proyecto" No es posible, añadió, que la clase trabajadora lleve a la fecha quince meses sin recibir un reajuste, que sólo es un paliativo por la pérdida del poder adquisitivo de sueldos y salarios, ya que en el proyecto sólo se considera el alza del costo de la vida durante el año 1967 y no se incluye este mismo aumento por los tres meses que van corridos del presente año y que ya alcanza a un monto muy superior al 10%.

Por lo dicho, Su Señoría estimó que no se puede seguir dilatando el despacho de este reajuste, que está esperando la clase trabajadora pero al mismo tiempo reclamó que él debe compensar efectivamente la pérdida del poder adquisitivo de sueldos y salarios. Advirtió el señor Luengo que a su juicio, el Gobierno tendrá que aceptar parte de las sugerencias qué su colectividad y otras de la Izquierda le han hecho presente con ocasión de la tramitación de este proyecto, y que contemplan mayores recursos para atender al financiamiento del mismo. Agregó que no se podrá sostener que estas sugerencias son insuficientes para financiar el mejoramiento del reajuste que reclaman los gremios, ya que a lo largo de las discusiones realizadas en el seno de las Comisiones Unidas de Gobierno y Hacienda, ha quedado establecido que los recursos que el proyecto contempla son de una cuantía superior a lo que el Gobierno estima que *e recaudara. Sostiene que el impuesto a las Compañías del Cobre arrojará un ingreso superior al presupuestado, como ha ocurrido efectivamente en los años anteriores. En efecto, en el año 1966 se presupuestó un ingreso por este concepto del orden de US$ 129.600.000 y el ingreso efectivo alcanzó a US$ 175.941.805,83, y en el año 1967 se presupuestó un ingreso de US$ 171.700.000, el que no obstante su alto monto, siempre fue superado por el ingreso efectivo que alcanzó a US$ 177.525.389,82. Para el presente año sólo se presupuestó por este concepto la suma de US$ 110.000.000 porque, cuando se discutió el proyecto, el señor Molina, a la sazón Ministro de Hacienda, sostuvo que el precio del cobre había sido muy alto en el año 1967 y que, este precio, debía tener evidentemente una baja. Sin embargo, esto no ha ocurrido, y el cobre ha seguido obteniendo precios record y los propios funcionarios de la Corporación del Cobre han sostenido en las Comisiones Unidas que el ingreso lo estiman, para el presente año, en un monto aproximado de US$ 181.000.000, lo que hace esperar un mayor ingreso de US$ 71.000.000. Convertido a escudos este mayor ingreso significará una mayor recaudación por sobre los Eº 400.000.000, cantidad más que suficiente para completarle a toda la Administración Pública un reajuste equivalente al 100% del alza del costo de la vida que arroja la estadística oficial.

Continuó el señor Senador señalando que lo mismo puede decirse respecto del ingreso presupuestado por concepto de contribuciones a los bienes raíces, lo que ha sido reconocido por el propio Gobierno. Recordó Su Señoría que, con motivo de la Reforma Constitucional el Presidente de la República envió al Congreso Nacional para disolverlo, a comienzos del año pasado, cuando el Senado le negó el permiso constitucional para viajar a los Estados Unidos, propuso como financiamiento para la nueva elección general que eventualmente debería realizarse, y cuyo costo se estimó en la suma de Eº 4.500.000, el mayor ingreso que produjeran las contribuciones a los bienes raíces.

El señor Senador manifestó su preocupación por la suerte que pueda correr el proyecto en este segundo trámite legislativo y expresó que, aun cuando supone cuál será el resultado de esta votación, espera que pueda encontrarse una solución que permita entregarle a toda la Administración Pública un reajuste del 21,9%.

Finalmente expuso que, cumpliendo un acuerdo unánime del Comité Central de su Partido, vota favorablemente la idea de legislar, en el entendido de que esta actitud significa permitir que continúen las conversaciones para dar con una fórmula como la que ha reseñado.

Advirtió, sin embargo, que si la Sala del Senado rechazaba el proyecto en estudio, en su discusión general, su colectividad, en el tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, podría revisar su posición, puesto que la posible insistencia en esa rama legislativa podría significar la aprobación en particular de ciertas disposiciones que su Partido rechaza por injustas y atentatorias a los derechos de la clase trabajadora.

El Honorable Senador señor Bossay, al fundar su voto, expresó que oportunamente el Partido Radical ha puesto en conocimiento de la opi nión pública las razones que le asisten para rechazar la idea de legislar con relación al proyecto sobré reajustes.

Reiteró la injusticia que, a su juicio, significa otorgar a un importante sector de la administración pública un reajuste del doce y fracción por ciento y una compensación en bonos CORVI por el saldo. Tal forma de reajuste, expresó, no sólo infringe disposiciones legales y constitucionales, sino que se aparta por completo de acuerdos internacionales suscritos por el Gobierno de Chile con las Organizaciones Internacionales del Trabajo. En efecto, según dichos compromisos, los pagos de remuneraciones deben hacerse en dinero efectivo.

En materia de gastos, señaló que sería necesario saber cuál es la contrapartida precisa de los bonos CORVI, a fin de que el reajuste parcial que se pague con estos valores nominales no se convierta en una verdadera estafa. El problema, a su parecer, no reside en entregar estos bonos a los empleados, sino en asegurar que el dinero correspondiente a la contraparte de tales valores sirva efectivamente a los fines de la Corporación de la Vivienda. En síntesis, durante los años en que se realice esta operación, presupuestariamente debe contarse con financiamiento por igual cantidad a la que se pague en bonos, como contrapartida y en dinero efectivo.

El Partido Radical, como lo ha manifestado ante la opinión pública votará en la Sala por que a los funcionarios públicos se les pague el reajuste totalmente en dinero. Para dicho fin habrán de señalarse los recursos necesarios.

En materia de recursos, piensa que las cifras que se han proporcionado no corresponden a la realidad. Agregó que en la Sala tendrá oportunidad de analizar en detalle este aspecto, ocasión en que demostrará las razones que tiene para estimarlo así.

Declaró, al mismo tiempo, que buscará los recursos necesarios para atender al pago de los reajustes y demás inversiones señaladas como indispensables.

Respecto del articulado del proyecto, manifestó que éste contiene disposiciones inaceptables para el Partido Radical. Tales son, entre otras, las que afectan al profesorado, que se apartan por completo de la letra y de la clara y correcta interpretación del acuerdo suscrito por el Gobierno con el Magisterio Nacional.

En concepto de su colectividad, no se puede hablar de reformas estructurales serias, como es, por ejemplo, la reforma educacional, y, al mismo tiempo dejar de lado el factor humano, en este caso los profesores, que deben llevarla a la práctica.

Añadió que también concede gran importancia a la forma como se afectan los derechos de quienes viven de pensiones o de montepíos. Señaló que sobre este particular ha formulado muy claras advertencias ante las Comisiones Unidas el señor Superintendente de Seguridad Social, especialmente con relación a la situación de los pensionados del Servicio de Seguro Social. Lo mismo puede decirse respecto de las disposiciones del proyecto relativas al personal pasivo de las Fuerzas Armadas y de la Administración Civil en todos sus niveles.

Durante tres días, los miembros de las Comisiones han escuchado conmovidos las explicaciones dadas por representantes de diversos servicios públicos. Resulta imposible comprender que en Chile hay cincuenta o sesenta mil empleados cuyas remuneraciones promedio son de 300 escudos.

Respecto del financiamiento, Su Señoría expresó, que rechazaba el incremento de los impuestos indirectos. Esto, indicó, no constituye una doctrina nueva del radicalismo, sino la que ha sustentado a lo largo de muchos años. El propio ex Ministro señor Molina, en muchos de sus planteamientos, afirmó que los aumentos en las tasas tributarias no siempre redundaban en incremento proporcional de los ingresos. Por eso, piensa que debe buscarse, ante todo, la forma de evitar las evasiones en la percepción de impuestos tales como los que afectan a las compraventas.

En seguida, se preguntó si todas las cooperativas merecen estar exentas del impuesto a las compraventas, ya que tiene entendido que algunas de ellas no venden sus productos solamente a sus cooperados sino que al público en general. De ser esto efectivo, podría existir una evasión tributaria de extraordinarias proporciones.

Al iniciarse el debate del proyecto en las Comisiones Unidas, el señor Bossay afirmó le causaba asombro muchas de las cifras que se daban. A su juicio, si todo el cuadro de números presentado era verdadero, debía haber algún error en el Presupuesto último, aprobado, en parte, contra la voluntad de su colectividad.

Concretamente, estima que o no todas las inversiones planteadas eran verdaderas o que el cálculo de entradas no reflejaba la realidad. Se inclina por esta última alternativa. La explicación puede encontrarse en la carta de compromiso firmada por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional para obtener el préstamo "standby" correspondiente a 1968.

El documento referido expresa en una de sus partes:

"El Gobierno de Chile ha tomado medidas efectivas para fortalecer sus ingresos y lograr las mayores economías en los gastos corrientes. Otras medidas en esta misma dirección se adoptarán a fin de asegurarse que los gastos de inversiones en 1968 tengan algún aumento en términos reales. Para estar cierto que existirán recursos no inflacionarios para financiar el programa de inversiones, el Gobierno obtendrá en el año 1968 un excedente presupuestario mínimo en cuenta corriente, (después de realizar las transferencias al resto del sector público), de 2.100 millones de escudos.".

Pues bien, el Gobierno presupuesta excedente por 2.100 millones de escudos. ¿Cómo los obtendrá? Lo dice más adelante.

"Los objetivos trimestrales para la realización del excedente presupuestario en la cuenta corriente son los siguientes: 350 millones de escudos al final del primer trimestre; 800 millones de escudos al final de la mitad del año; y 1.400 millones de escudos al final del tercer trimestre. Al mismo tiempo, el resto del sector público obtendrá en 1968 un superávit en cuenta corriente de por lo menos 1.600 millones, que se espera que alcance a 300 millones en el primer trimestre; a 650 millones en la primera mitad y a 1.100 millones en los primeros nueve meses del año. En el caso de que las metas trimestrales combinadas para la generación de ahorros públicos especificados en este párrafo no se realicen, cualquiera deficiencia se compensará mediante (i) una utilización de préstamos externos de plazos medianos y largos, mayor que la proyectada para financiar las inversiones programadas o (ii) una reducción en el nivel de gastos de inversión proyectado o (iii) una combinación de ambos.".

Recordó que tan sólo ayer en la tarde se había escuchado algunas proposiciones muy claras respecto de préstamos en algunas de las principales empresas exportadoras de cobre.

Ha pedido información oficial acerca del aumento de los ingresos. El Departamento del Cobre, basado en un cálculo que considera muy bajo y suponiendo una venta a 50 centavos de dólar, estima un ingreso de 181,9 millones de dólares. Además, dispone de antecedentes suministrados por la Oficina de Informaciones del Senado, en los cuales se consignan las variaciones del precio del cobre y que permiten llegar a cifras muy superiores.

De modo que "a confesión de parte, relevo de prueba". El Ejecutivo tiene la seguridad de que obtendrá mayores ingresos y no puede suponer Su Señoría que el Gobierno se presta a engaños ni a farsas si ha firmado una carta de compromiso en que reconoce en detalle tales ingresos.

Insiste en que existen posibilidades de ahorro en las inversiones no productivas del sector público. No se refiere a economías en la Reforma Agraria, sino en otros sectores que no influyen en el desarrollo nacional y sólo tienen un efecto de propaganda.

Agregó que oportunamente presentará indicaciones tendientes a perfeccionar el proyecto, con el objeto de hacer posible que se otorguen remuneraciones más justas a los trabajadores chilenos.

En cuanto a ingresos, la tributación vigente a las herencias, asignaciones y donaciones representa una entrada de 16 millones de escudos. Declara que oportunamente propondrá reemplazar el sistema tradicional por otro que consigne el pago anticipado del impuesto a las herencias, que se aplica en varios países europeos y en algunos de América Latina!

Este nuevo sistema elevaría a 220 millones de escudos los ingresos anuales por el concepto señalado.

Con relación al cobre y a los dólares que produce su exportación estimados en 218 millones por el presupuesto vigente, manifiesta que sé considera para su liquidación la paridad de Eº 6,1 la que podría ser de E° 6,5, representando así un mayor ingreso de 87 millones de escudos

Termina expresando que sus planteamientos no se fundan en ningún propósito mezquino y que el Gobierno puede estar cierto que el Partido Radical estará siempre dispuesto a colaborar en la obtención de una solución. Sin embargo, no habiéndose obtenido hasta el momento un acuerdo en el propósito de defender al sector de la administración pública postergado, al magisterio y al sector pasivo de la población, su colectividad se ve en la dura necesidad de votar negativamente la idea de legislar

El Honorable Senador señor Aguirre Doolan expresó que en la intervención del señor Bossay se han contemplado las razones que abonan la posición del Partido Radical en forma amplia, lo que le permite solamente acentuar algunos de los puntos que trató el señor Senador Recordó que sesenta días atrás la colectividad política en que milita debió negar sus votos a un proyecto de reajuste que representaba un gasto de 920 millones de escudos, cantidad con la que se cubrían no sólo el reajuste mismo sino además gastos presupuestarios. En aquella oportunidad la actitud del partido Radical fue determinada por la pretensión de imponer un ahorro forzoso que, en su opinión, era nocivo para los intereses de los trabajadores. El proyecto actual también merece la negativa de los votos radicales, como consecuencia de no estar inspirado en el pensamiento mayoritario de la Nación. Señaló que no sólo se sube a 1.270 millones de escudos el costo del proyecto, sino que la incidencia que representa el financiamiento presupuestario asciende a 713 millones de escudos, siendo la diferencia a cubrir, por concepto de reajuste de remuneraciones, sólo de 557.8 millones de escudos. Con esta última suma se mejora únicamente a un sector de los 353.000 funcionarios públicos, de los que el 64,93% recibirá una compensación del 21,9% y el 35,07% restante no percibirá más de un 12,5% de reajuste en dinero.

Tal situación ha sido decisiva en la actitud de la colectividad que representa, a la que no puede suponerse honradamente un afán opositor sectario si se considera el patriótico concurso que ha prestado, durante gran parte de la vida republicana del país, a iniciativas del más alto interés para éste.

En virtud de este afán, los parlamentarios de su partido no han podido sino recoger el clamor de miseria de gran parte de la población del país, que los impulsó incluso a proponer y estudiar soluciones conjuntamente con personeros del Gobierno actual, las que, por desgracia, no se han concretado hasta el momento.

Estos hechos y su preocupación por la situación económica que vive el país, que no cambiarán con las disposiciones del proyecto, lo obligan a votarlo negativamente.

El Honorable Senador señor Palma comenzó expresando que consideraba indudable que en la Sala habría oportunidad de analizar este proyecto en todos sus aspectos económicos, en la filosofía económica que envuelve, en los principios de justicia que aquí han sido planteados y en los objetivos de liberación nacional que evidentemente están claramente perseguidos, dentro de un cuadro de disposiciones legales que los Senadores democratacristianos son los primeros en desear que se mantenga en su plenitud.

Su Señoría cree que, en las Comisiones Unidas, se encuentra más que frente a un análisis económico y de una serie de aspectos circunstanciales ligados al proyecto, frente a un hecho político de la más alta gravedad.

La verdad es que lo que está aconteciendo ahora frente al proyecto de reajuste les recuerda, a todos los que conocen un poco la historia de Chile, lo que en otras ocasiones acontecía frente al proyecto de presupuestos. Iguales razones, con las mismas actitudes, con los mismos motivos, patrióticos ciudadanos, hombres honestos y serios venían a negarle a los Gobiernos progresistas de la época, facilidades para que los presupuestos de la Nación fueran aprobados oportunamente, para que en esa forma el país pudiera seguir caminando de manera normal. Y fue esta actitud, que no los parlamentarios, pero que si el pueblo en aquellas oportunidades pudo valorizar duramente, como lo empieza a constatar ahora, la que produjo una serie de acontecimientos dramáticos que, por cierto, nadie ahora desea, pero que llevaron a que, en definitiva, en la Constitución Política se tuviera que establecer que el presupuesto tendría una vigencia automática para el caso de no ser despachado por el Parlamento en una determinada fecha del año.

El mismo cuadro, al menos una circunstancia parecida, es lo que se está produciendo en torno a este proceso de los reajustes de cada año, y cada vez con más agudeza. No es que el Gobierno se encuentre en realidad frente a una actitud sectaria, ni mucho menos, sino frente a una posición un poco irreflexiva, un poco tal vez apasionada, de grupos políticos y de sectores que están tratando de crear condiciones que impliquen, si no la ruptura de situaciones que nadie desea romper, por lo menos la rendición incondicional de los objetivos políticos y sociales que el Gobierno está tratando de sostener por encima de cualquiera apreciación circunstancial que sobre la materia pueda hacerse.

De aquí que Su Señoría encuentre que es extraordinariamente grave lo que acontece en estas Comisiones, donde Partidos Políticos de larga tradición democrática y defensores de estos principios, toman una actitud que el público que está al lado de afuera no va a comprender, y que provoca hechos sociales y políticos, fenómenos, que de repente salen del control de las propias personas que también poseen estas mismas convicciones democráticas.

Por eso es que cree que en realidad lo que se está haciendo en este momento es algo que tiene una importancia mayor que la simplemente originada en el largo debate de] proyecto presente.

La verdad es que este proyecto toca tres puntos que son, por así decirlo, los puntos llaves o claves del proceso económico en el momento en que vivimos. Toca el aspecto de los reajustes, en lo que se refiere a la recuperación de la pérdida que los salarios tienen con motivo de la inflación, y si simplemente de esto se tratara, no hay duda alguna que sería fácil obtener un despacho expedito. El señor Senador cree que todos serían partidarios de discutir en este orden de cosas una disposición de carácter más genérico, que permitiera una especie de recuperación automática del valor que los sueldos y salarios tienen en el año anterior.

Pero, además, con motivo de este proyecto de ley, simultáneamente, se presentan dos tipos de otros procesos que inciden de manera extraordinariamente personal en la situación de cada uno de los ciudadanos y que por lo tanto tienen una influencia e importancia muy grande. La verdad es que, además del proyecto de reajuste, cada uno de estos proyectos envuelve una especie de pliego de peticiones que hace cada uno de los sectores de la administración frente al Estado, para tratar de obtener mejoras relativas en relación con la suerte que hoy tienen. Y esto que parece necesario y que siempre lo es, puesto que los Estados modernos no son estáticos, adquieren cada día mayores funciones, tienen una cantidad de roles nuevos que están asimilando y que los obliga, por lo tanto, a crear organismos que no encajan fácilmente dentro de las estructuras anteriores, esto crea problemas de una magnitud verdaderamente importante, porque provoca tensiones internas, entre los ciudadanos y entre los ser vicios, que hacen que estos hechos se transformen en un fenómeno político de la mayor gravedad.

Y si a esto agregamos que en el proyecto se contempla una parte muy substancial del financiamiento del sistema previsional, que enfrenta problemas que requieren urgentes medidas, que como en el caso del Servicio de Seguro Social no pueden esperar. Los enfermos, los pensionados, los ciudadanos en general atendidos en todos estos servicios no pueden, no están en condiciones, en actitud anímica, para esperar. Están por tercera vez confiando en la posibilidad de que un proyecto de éstos sea despachado por un Senado que, por razones políticas, no quiere dar paso a medidas que en alguna forma rompen con lo tradicional, como acontecía de una manera muy clara con el proyecto anterior y como acontece también en el actual, con un sentido tal vez menos profundo y más circunstancial. Por eso que Su Señoría cree que es muy grave la actitud actual, pero confía, después de algunas palabras que ha escuchado a los señores Senadores, que en el curso de los días que transcurrirán hasta que se vote la iniciativa en la Sala, los problemas relacionados con el financiamiento, con la situación de los organismos que tratan de obtener mejoras, con algunas medidas económicas que incluso pueden modificar convenios internacionales, puedan ser todavía reconsideradas oportunamente.

Así se lograría, dijo, que en esta etapa de la tramitación del proyecto no se ciernen las puertas para un Gobierno que, como lo acaba de declarar el Ministro de Hacienda, está abierto a todas las iniciativas que considere viables y se pueda obtener que la ley se despache y que en esta forma se salve una valla que, en el orden interno, crece todos los días del año.

Terminó refiriéndose a dos detalles, diciendo que encontraba muy interesantes algunas de las largas exposiciones de carácter económico que aquí se han brindado por otros señores Senadores, al justificar en sus exposiciones una actitud, que a, su juicio ellos ven que es muy dura, de votar en contra del proyecto. Pero la verdad es que algunos datos que son bien públicos y que incluso están en los Boletines de Informaciones del Senado, como es el número 117, hacen que muchas de las elucubraciones económicas que aquí se han hecho corresponden a apreciaciones que a Su Señoría le parecen simplemente carentes de una base sólida. Está el cuadro en que los ingresos del cobre, presupuestados en los años anteriores, están comparados con los ingresos efectivos producidos en los años anteriores, Y se ve como, por ejemplo el año pasado, los ingresos del cobre sólo tuvieron una diferencia de 3,39 millones de dólares en comparación con lo presupuestado, puesto que efectivamente se recibió algo más debido a circunstancias norteamericanas e internacionales que todos sabemos que no se van a repetir tan fácilmente. Y cuando alguien ha dicho aquí que para este año esperamos eventualmente un ingreso de 181 millones de dólares, como resultado de lo que debe darnos la industria cuprífera como participación e impuestos, podemos decir que si tal vez sea ésta una realidad, la contrapartida no es menos real.

Lo realmente presupuestado para el año 1968, como fondos de origen cuprero, son 117 millones de dólares. De ellos efectivamente se contemplan sólo 132 como originales en impuestos y participaciones. El saldo está ligado a préstamos de Organismos Internacionales 45 millones, que sólo se dan si no los produce el cobre, pero que no se dan si el cobre los produce, como parece que sucederá. De tal manera que, sin abundar en comentarios sobre los muchos otros aspectos que se han analizado, se puede pensar que cuando el Gobierno sostiene que ha revisado sus cuadros y los ha analizado con seriedad a través de personas que se han dedicado a esto durante años, con un equipo económico que es completo y que podrá tener diferencias circunstanciales pero al que nadie puede negar capacidad y dedicación, y cuando plantea entonces que las soluciones no tienen otras muchas alternativas, resulta que estamos frente a un planteamiento serio. Por eso es que encuentra verdaderamente duro que aquí, como se ve que va a producirse, resulte una votación negativa que presente al país un cuadro que va a continuar aumentando sus tribulaciones. Por que no hay duda alguna que el país está inquieto, no sólo porque se despache este proyecto, sino que está inquieto por la actitud del Parlamento frente a él, por la actitud de los legisladores, porque no entiende mucho la complejidad de los detalles que aquí se analizan, pero si ve que en, esta forma se realiza un bloque político y económico en torno de un Gobierno que ha tratado de mantenerse rígidamente dentro de la ley y que está llevando adelante un progreso social que algunos también discuten, pero que los hechos no pueden negar. Los ritmos todos los años no será iguales, las situaciones serán distintas, pero no hay duda alguna que se está operando un proceso de cambios fundamentales, debiendo por eso destacar que al votar favorablemente lo hace con la convicción de que están las puertas abiertas para corregir los errores, que no cree muy grandes, pero que pueden existir; para acoger las ideas que se puedan concretar realmente y para esperar que los señores Senadores, antes del martes próximo, contribuirán a que el ambiente político del país se despeje un poco y la historia no pueda repetirse.

Por las razones dadas, Su Señoría vota afirmativamente la iniciativa en debate.

El Honorable Senador señor Chadwick manifestó que era imposible, en el breve tiempo de que se dispone para fundar el voto, dar todos los razonamientos que determinan una actitud cuya trascendencia no se puede silenciar. Muchas razones, hechos y antecedentes son los que confluyen. Para los socialistas populares las razones decisivas han sido ya expresadas por su representación parlamentaria en la Cámara de Diputados.

No considera concebible que el Estado adopte una conducta fraudulenta para con los funcionarios que le sirven. El reajuste no es un aumento de sueldos sino una tardía reposición del poder adquisitivo de ellos. Está proclamado en términos oficiales que por lo menos dicho poder adquisitivo ha sufrido un deterioro del 21,9% en el año 1967. No cree que sea justo ni excusable negar a los trabajadores que han experimentado durante el año el progresivo deterioro de sus remuneraciones la reposición indispensable, aunque sea tardía e incompleta.

Nadie puede dejar de reconocer que la cifra referida es arbitraria y no corresponde a la realidad. Está fuera de toda duda que el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores alcanzó mucho más allá del 21,9%. No es moral entonces negarles ese reajuste. En segundo término, su Partido considera que los compromisos tomados por el Estado con los trabajadores de algunos sectores adquieren la calidad de una obligación, tan valedera como cualquiera otra que él asuma. A los profesores, a los funcionarios de Correos y Telégrafos, a los trabajadores de la Salud, no se les puede negar el cumplimiento oportuno de los compromisos contraídos.

El Partido Socialista Popular piensa, además, que el financiamiento no es el adecuado. Esto ha sido dicho por sus Diputados y la opinión pública ya conoce su pensamiento al respecto, por lo que podría ser innecesario abundar en mayores consideraciones. No obstante, luego de oír a algunos miembros de estas Comisiones Unidas de Gobierno y Hacienda, el señor Senador ha sentido la diferencia que les separa. Los Senadores socialistas populares no creen que sea posible circunscribir el problema a la búsqueda de recursos tributarios que permitan llegar a cumplir con las obligaciones ineludibles de un Estado que se respete a sí mismo. Piensan que, fundamentalmente, el problema es político; que radica en la necesidad de definir una actitud y de reconocer una realidad social. Si se intenta buscar nuevos recursos se empieza a ver comprobado en los hechos lo que han afirmado de una manera teórica a través del análisis intelectual: que la economía chilena, lejos de cambiar en su estructura básica, en los últimos años a través de los Convenios del Cobre, a través del Estatuto del Inversionista, que es del anterior Gobierno o de otro todavía más lejano ha ido adquiriendo una rigidez que hace inoperable el manejo del Estado en las actuales condiciones.

Nadie puede negar, dijo el señor Senador, que es de la esencia de todo Estado moderno que la tributación no sólo cumpla con la necesidad de ser proporcional a los ingresos, sino que ha de tener aquella progresión que el sentido social impone. Estas ideas ya fueron recibidas por nuestra Carta Fundamental el año 1925, expuestas en el pensamiento de los filósofos clásicos, y sin embargo, nos encontramos con que nuestras principales riquezas están sometidas a un régimen en que la progresión del impuesto está descartada. Las compañías del cobre pueden planear sus negocios para ganar US$ 5.000.000.000 si el precio de venta fuera de 29 centavos, y nosotros estamos de acuerdo con una doctrina que patrocina el Gobierno y aceptan los Tribunales de Justicia incapacitados para recoger el beneficio a favor del Estado de la mayor utilidad que resulta de vender a 58 ó a 59 centavos, y mal vendido, el cobre y, por lo tanto, cuadruplicando las utilidades previstas.

Ningún país civilizado puede seguir bajo este sistema. Y lo que se dice de las compañías del cobre puede aplicarse también a otras empresas que están acogidas al Estatuto del Inversionista. Rigidez, como nunca, en una estructura que se ha ido envejeciendo y que es incapaz de dar satisfacción a las necesidades más fundamentales del país.

Por eso, y recordando su primera observación de que no es posible en la fundamentación de un voto expresar todo el razonamiento que determina la decisión de un Partido Político, se limitó a decir, finalmente, que ve en este proyecto de reajuste, por desgracia, una expresión más, trágica para los servidores del Estado y de imposible previsión para el país, de la falta de voluntad política para romper con el imperialismo. Cree que en Chile se están haciendo las más fabulosas utilidades del mundo contemporáneo: no hay ninguna empresa en el mundo que con un costo de 20 centavos esté llegando al mercado con su producto a un precio que oscila entre 50 y 60 centavos. El estudio de las tablas de utilidades de las empresas más capitalizadas, como General Motors por ejemplo, indica que se está alcanzando utilidades del 15% sobre el precio de venta. Y nosotros, en Chile, estamos alcanzando utilidades del 200% sobre el costo y no obstante somos impotentes para aprovecharlo, viéndonos obligados a rasguñar al pobre, a gente que gana menos de dos sueldos vitales con cuatro cargas de familia, por la rigidez de nuestro sistema. Tal rigidez determina, a juicio del señor Senador, que la idea, que podría ser aceptable, de hacer regir en Chile el impuesto de compraventas para el cobre que de Chile se vende, a través de la ficción de que los contratos se celebren en el extranjero pero necesitan perfeccionarse en Chile, se diga que es impracticable, porque ello nos obligaría a someter al mismo impuesto a los exportadores de otros artículos que no soportan este gravamen y que, por el contrario, tienen que recibir un estímulo por la vía de la devolución del impuesto.

Sostuvo que es inútil, que se puede revisar la ley de herencia, que se puede perfeccionar todos los sistemas, pero en la medida en que se mantenga esta rigidez en nuestra estructura básica, que determina que nuestras principales riquezas estén sustraídas a la Soberanía del Estado, el desenlace de la gestión económica será trágico, será el precipicio, será la inflación, será la paralización de la producción, esto es, todo aquello que viene a confirmar las previsiones de Su Señoría y que le hacen alzar la voz para pedir a los sectores políticos que integran estas Comisiones Unidas una reflexión cabal.

No se trata sólo del reajuste, éste es únicamente un síntoma. Si nuestro régimen tributario fuera sano, el reajuste debería financiarse a si mismo. Se trata de que estamos cayendo por la pendiente que conduce al marasmo económico. Los socialistas populares no hacen cuestión sectaria. Quisieran aceptar cualquiera idea que les permitiera, honestamente, dar su voto favorable; cualquier idea que significara una corrección de esta ruta que saben que conduce al abismo. Cualquier concepto nuevo contaría con el voto favorable de Sus Señorías, siempre que se diera el 21,9% de reajuste en dinero y se cumplieran los compromisos contraídos. No creen que sea posible agobiar a los nativos escuálidos con nuevos impuestos, agravando a su respecto una situación ya insostenible, mientras proliferan los sectores exentos de todo tributo, los sectores con convenios o acogidos al Estatuto del Inversionista, que están haciendo las más fabulosas utilidades.

Por eso es que, mientras el proyecto mantenga las características actuales, los Senadores del Partido Socialista Popular votarán en contra. Y así lo hace en este trámite de las Comisiones Unidas, sin ocultar que le resulta doloroso y que quisiera votar a favor, por que sabe que los trabajadores esperan anhelosamente que les llegue la reposición de sus pobres sueldos y salarios.

El Honorable Senador señor Ibáñez, al fundamentar su voto, expresó que la declaración del señor Ministro de Hacienda, así como el hecho de que el Partido Nacional reiteradamente ha señalado su posición sobre los proyectos de reajuste que con ligeras variantes ha presentado el Ejecutivo al Congreso Nacional en el curso de los últimos cuatro o cinco meses, hacen innecesaria una larga intervención de su parte.

El deseo de su colectividad manifestó es que este proyecto se despache pronto por el Parlamento, pero con algunas modificaciones que estima absolutamente necesarias. Con este objeto están dispuestos a cooperar a fin de que no siga detenido por más tiempo y sea llevado a la práctica cuanto antes. Sin embargo, no aceptan que a pretexto de las necesidades de los trabajadores el Gobierno busque fórmulas para aumentar sus ingresos y elevar de este modo los gastos fiscales.

A este respecto, es fundamental, a su juicio, que el proyecto no tenga un carácter inflacionario, como lo ha reconocido el propio Gobierno. Desafortunadamente la realidad es muy diferente y contradictoria. En efecto, el proyecto establece, por una parte, ciertas normas para compensar la pérdida del valor adquisitivo de sueldos y salarios, y por la otra, grava fuertemente los tributos; con lo cual, por la vía de la inflación, se pierde todo lo que pudiera ganarse por la vía del reajuste.

Es imprescindible, por lo tanto, para que la idea del reajuste tenga significado, que se elimine el factor inflacionista constituido por el exceso de los gastos fiscales, mediante economías reales.

Agregó que a su Partido le es indiferente dónde y cómo el Gobierno decida hacer estas economías. Puntualizó que con esta declaración rectificaba una campaña sostenida por ciertos órganos de prensa que imputan a la colectividad política que representa el ánimo de obtener la paralización de algunos proyectos específicos, a cambio de su eventual apoyo a la idea de legislar. Por lo demás, su Partido no tiene la pretensión de influir en la política de este Gobierno.

Denunció que el desarrollo económico del país se encuentra virtualmente detenido y que no existen posibilidades de mejoramiento económico para los trabajadores mientras no se restablezca un clima que permita volver a aumentar la tasa anual de desarrollo.

La producción industrial que normalmente ha aumentado en un 5 a 7%, el año pasado registró un incremento de solamente el 1,6%; por otra parte, de acuerdo con los balances de la Contraloría General de la República el rendimiento de los impuestos ha aumentado entre un 30 y un 40%, de 1966 a 1967. Casi podría establecerse señaló una relación de tipo matemático y decir que a mayor crecimiento de la carga tributaria, menor es el crecimiento del desarrollo económico del país.

En consecuencia, si lo que interesa es alcanzar metas de mayor producción, que generen mayores ingresos para el Estado que a su vez permitan pagar mejores remuneraciones, el Ejecutivo tendría que variar su política fiscal porque los hechos están demostrando que es inconveniente para el país, que representa el fracaso de los propósitos perseguidos por el Gobierno y que es la causa de la angustiosa situación económica en que se encuentran no sólo los asalariados sino también las entidades que les dan trabajo.

Expresó, que contrariamente a lo manifestado por el señor Palma, a su juicio el país no se encuentra enfrentado a una situación económica de gran complejidad, y agregó que la única complejidad existente es la que hay en la orientación política del Partido que ejerce el poder. Todas las dilaciones que se han producido en materia de reajuste afirmó se deben a que el Partido Demócrata Cristiano no ha resuelto el dilema político al que nació enfrentado y que no puede seguir eludiendo por más tiempo.

Puso término a su intervención anunciando su voto en contra del proyecto porque a la suma exorbitante de gastos fiscales el proyecto agrega recursos para aumentarlos, impulsando de esta manera la inflación y anulando las ventajas que deberían derivarse para los asalariados de la parte del proyecto relativa al reajuste. Dijo comprender la posición de aquellas fuerzas políticas que tienen fe en sistemas económicos semejantes al del Gobierno; pero el Partido Nacional no lo encuentra acertado. Si la política económica del Gobierno recibe respaldo mayoritario de las fuerzas políticas existentes en el país no hay nada que objetar, pero no se le puede pedir a su colectividad que la apoye.

El Honorable Senador señor Rodríguez manifestó que, al rechazarla idea de legislar, está desaprobando toda una política general del Gobierno, que se ha caracterizado por un claro sometimiento a las normas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Este hecho, a juicio de Su Señoría, ha condicionado la acción del Ejecutivo en lo relativo a política monetaria, crediticia, de cambios y de remuneraciones, sin que, a raíz de los reemplazos ministeriales recientes, se haya producido una reorientación de dicha política que, recogiendo la capacidad creadora y productiva de nuestro pueblo, hubiese podido endilgar al país por una ruta diversa de la que tradicionalmente ha seguido el Presidente Frei.

Todo lo anterior, prosiguió el señor Rodríguez, se traduce en el mantenimiento del viejo "status", el fortalecimiento de los monopolios, la misma sumisión a la voracidad extranjera y, por último, todo intento de afincar el desarrollo económico no deja de basarse en la participación de los inversionistas norteamericanos. Así se comprueba, por ejemplo, en el rubro de la petroquímica, en el de la celulosa, en la banca privada! en el de los neumáticos y en muchos otros.

Expresó que, cuando llegan a surgir, por débiles que sean, intentos reformistas en el Partido de Gobierno, como en el caso del informe para una vía no capitalista de desarrollo, éstos son aplastados sin apelación como aconteció en la reunión celebrada por la Democracia Cristiana en Peñaflor. Se está, a juicio de Su Señoría, ante una nueva fórmula de gobierno que consolida el viejo estado de cosas sin ofrecer salidas beneficiosas a los trabajadores.

Lo afirmado, manifestó, configura una grave crisis que se traduce, en la práctica, en detención del ritmo de crecimiento económico; en qué no se aproveche la totalidad de la capacidad industrial instalada en el país; en creciente cesantía, notoria especialmente en las provincias de menor densidad de población, y en la elevación de índices tales como vagancia, delincuencia, prostitución, éxodo de trabajadores hacia la República Argentina, etc.

Esta crisis ha sido reconocida por el propio ex Ministro de Hacienda, señor Sáez; quien manifestó que Chile confronta problemas varios y se ríos: "un presupuesto fiscal fuertemente desequilibrado, pese a los ingresos excepcionales recibidos por efecto del nuevo precio del cobre; un repunte de la inflación; disminución manifiesta del ritmo de desarrollo económico, lo que se comprueba a través de la tasa anual de aumento conjunto de la producción chilena, que en 1964 fue de un 4,2%, en 1965 de un 5% y en 1966 de un 6,6%, pudiendo afirmarse que en 1967 este índice no será superior al 3 ó 3,5%".

Y esta situación de crisis se ha producido cuando el Gobierno ha recibido ingentes sumas de ingreso no sólo por el cobre sino, además, por el aumento de los tributos y la línea de empréstitos internacionales.

A continuación, refiriéndose concretamente al proyecto de ley de reajuste, manifestó que algunos de los aspectos negativos del mismo son:

1.- La menor cantidad de fondos a repartir en dinero efectivo en el sector público por concepto de reajuste que la contemplada en el anterior proyecto, y que es del orden de los 140 millones de escudos;

2.- Remplazo de los bonos del Fondo de Capitalización por los bonos CORVI;

3.- La aplicación de una tasa del 12,5%c de reajuste, la que es insuficiente, a más de un tercio de la administración pública, esto es, a alrededor de 125.000 funcionarios;

4.- La violación por parte del Gobierno, de convenios suscritos con diversos sectores de la Administración por Directores de Servicios, Subsecretarios, Ministros y, en definitiva, avalados por el Presidente de la República;

5.- La destrucción del sistema de reajuste automático establecido en la ley Nº 10.343, que beneficiaba a 300 mil personas que representan uno de los sectores más pauperizados de la población;

6.- El sistema de impuestos indirectos para obtener el financiamiento. En 1967, por el impuesto de compraventa, se recaudaron 3.759 millones de escudos, mientras que en 1965 la recaudación fue de Eº 1.721 millones; de donde puede concluirse que, en el lapso de dos años, los contribuyentes han soportado por esta vía una mayor carga de Eº 2.038 millones, según datos proporcionados por la Oficina de Informaciones del Senado. El aumento de la tasa del impuesto a las compraventas, del 7% al 8%, causará un impacto mucho más doloroso para la población;

7.- por último, el hecho de que el Gobierno haya cedido en las líneas generales de inversión en el sector público, recortando los presupuestos de CORVI, CORFO, y del Ministerio de Agricultura, afectando, según se teme, a la CORA y al INDAP, que son los instrumentos necesarios para llevar adelante la Reforma Agraria.

Agregó el señor Senador que resulta lamentable que el Gobierno se beneficie de un hecho oprobioso, como es la guerra Vietnam, que le permite mantener un alto precio para el cobre.

En relación con las expresiones vertidas por el Honorable Senador señor Palma, inquirió si ellas envolvían la idea de que la negativa del Congreso a legislar sobre el proyecto en estudio podría precipitar una crisis institucional o un golpe de Estado, porque, según Su Señoría, tal manifestación del señor Senador no sería un hecho aislado, sino que habría que relacionarlo con lo que han dicho los Honorables Diputados señores Valenzuela Valderrama e Irureta y con la campaña publicitaria de los diarios de Gobierno "La Nación" y "La Tarde".

Agregó que, en todo caso, las amenazas e intimidaciones no afectan a su Partido y que, por lo mismo, exigía un pronunciamiento a este respecto de las demás colectividades políticas.

Señaló que concuerda con el Honorable Senador señor Palma en que el país está inquieto por el pronunciamiento del Honorable Congreso Nacional respecto de esta iniciativa de ley, pero que, a su juicio, el país está aún más intranquilo por la incompetencia e ineficacia demostrada por el Gobierno.

Concluyó manifestando que el Partido Socialista se negó a conversar con el ex Ministro de Hacienda señor Sáez, por considerar inútil tal esfuerzo, y que no ha participado en negociación alguna posterior para mejorar esta iniciativa de ley porque no cree en la buena fe del Gobierno. Terminó emitiendo su voto negativo a la idea de legislar y anunciando que haría otro tanto en la Sala.

El Honorable Senador señor Musalem declaró que la posición de los Senadores democratacristianos había sido ya fijada por el Honorable Senador señor Palma, razón por la cual se remitiría a considerar brevemente una observación formulada por el Honorable Senador señor Bossay, que podría alentar a los señores Senadores a pensar que existe una posibilidad de mayor financiamiento para el proyecto, según se desprendería de una carta del Fondo Monetario Internacional a que el señor Senador se refirió.

Antes de entrar en materia, sin embargo, advirtió que se excusaba de contestar las expresiones del Honorable Senador señor Rodríguez porque las consideraba injustas e impropias de este debate y, además, porque ellas ya han sido refutadas en la Sala.

Con respecto a las consideraciones que al señor Senador le merecieron las palabras del Honorable Senador señor Palma, declaró que ellas no deben interpretarse como una amenaza a los sectores políticos, ya que sólo se redujo a denunciar los hechos que deben derivarse de decisiones políticas que afectan a los hogares de todos los trabajadores de Chile. Los hechos políticos, a su juicio, no son consecuencia de amenazas sino de la posiciones que adoptan las diversas colectividades, por lo cual cada una de ellas es la llamada a aquilatar los efectos de sus actos.

Si bien estimaba, al igual que el Honorable Senador señor Palma, que de la votación en que se encontraban se derivarían consecuencias dé tipo político, expresó su convicción de que tanto su colectividad como el Gobierno han procurado siempre evitarlas.

En relación con las declaraciones del señor Bossay, en el sentido de que el Gobierno de Chile se habría comprometido con el Fondo Monetario Internacional a dejar un mayor saldo en el excedente de cuenta corriente y que provendría de haberse estimado un menor rendimiento tributario que el que efectivamente se produce. Explicó que el excedente en cuenta corriente es la diferencia entre los gastos corrientes de la Nación y los ingresos del Fisco, diferencia ésta que se destina a financiar diversas inversiones. Cualquier mayor rendimiento tributario que el presupuestado debe expresarse, en consecuencia, en un superávit del Presupuesto y no en un excedente de Caja, como afirma el Honorable Senador señor Bossay.

Por las razones hechas presente, votó favorablemente la idea de legislar.

Finalmente, el Presidente de vuestras Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Bulnes, fundamentando su voto, expresó que la opinión pública del país cree que el Gobierno ha presentado al Congreso Nacional un proyecto que tiene el propósito de financiar los reajustes de remuneraciones del sector público. Ese es un error y casi un engaño, a juicio de Su Señoría, pues la mayor parte de los recursos consultados en el proyecto en referencia no guardan relación con los reajustes. En el hecho, agregó, se está usando a los trabajadores del país como punta de lanza para obtener recursos destinados a otros propósitos.

Esta afirmación es fácilmente comprobable a través de las cifras. En efecto, el reajuste consultado en el proyecto para todo el sector público, tiene un costo de Eº 1.003 millones, de los cuales hay provisionados Eº 586 millones en la ley de presupuestos vigente para la finalidad precisa de financiar el reajuste. Con posterioridad se han renovado el impuesto patrimonial y otros tributos que producen en conjunto Eº 197 millones.

Vale decir, de los Eº 1.003 millones que se necesitan, el Gobierno ya ha recibido financiamiento para Eº 783 millones. En consecuencia, lo que faltaría para financiar este reajuste son solamente Eº 220 millones.

Afirmó que, a su juicio, el Gobierno solicitó una suma mucho mayor porque, faltando a todos sus deberes, en la ley de presupuestos del presente año omitió gastos que sabía de antemano iba a realizar y que representan Eº 713 millones. De ahí que la finalidad de este proyecto de ley no sea sino secundariamente financiar una parte del reajuste, y primordialmente financiar otros gastos que se debieron consultar en la ley de presupuestos.

Agregó que su Partido no acostumbraba a halagar a los sectores de trabajadores, como tampoco a ningún otro sector, pues considera que la función de las autoridades públicas no es ésa; pero estima que lo que el Gobierno está haciendo con los asalariados va más allá de lo permisible y ético. Así es como, para financiar gastos ajenos a sus remuneraciones, se especula y presiona con la situación particularmente amarga en que se encuentran.

La actitud del Gobierno de utilizar las necesidades de los trabajadores, especialmente de los del sector fiscal, para obtener el financiamiento de otros gastos, es un procedimiento que no debe continuar en Chile y que hace necesaria una reforma constitucional, con el objeto de que estos proyectos sean sólo de reajustes y no sirvan para obtener fondos para otros propósitos, para solucionar problemas administrativos o para pedir facultades extraordinarias.

El Partido Nacional, añadió, habría podido rechazar este proyecto sin escrúpulos de conciencia, porque ha estado desde el primer momento en contra de la política económico social del Gobierno, que ha barrenado la única viga maestra que tiene la economía de un país donde existe propiedad y empresa particular, y que no es el cobre sino la confianza. Manifestó que en reiteradas oportunidades su colectividad ha denunciado la destrucción de la confianza mediante la abolición de la garantía constitucional del derecho de propiedad y una reforma agraria confiscatoria. Ha señalado, asimismo, que el gasto público es exagerado e incompatible con la realidad chilena. Los hechos han demostrado, a su juicio, que la capacidad tributaria del país está saturada y que si el gasto público todavía se puede financiar, ello es debido al alza extraordinaria que ha experimentado el precio del cobre y a la existencia de la guerra en Vietnam.

Expresó que tenían muchas razones para no entrar en conversaciones con el Gobierno, del que han recibido toda clase de ofensas y persecuciones, llegándose, incluso, hasta encarcelar a la directiva de su Partido. Sin embargo, han aceptado plantearle sus puntos de vista acerca de este proyecto, porque tienen presente la imperiosa necesidad de que los trabajadores reciban cuanto antes esta compensación por la pérdida del valor adquisitivo de sus remuneraciones y, también, porque por primera vez advirtieron en el Gobierno siquiera el reconocimiento de que el gasto público era excesivo y era necesario estudiar economías.

Reiteró que en ningún momento su Partido ha pretendido influir en las inversiones en sectores determinados de la economía, como lo han insinuado comentarios indocumentados y malévolos. Afirmó que jamás han pedido que se detenga la reforma agraria, porque no sería honesto que frente a un proyecto de reajustes se pensara alcanzar un logro de esta especie.

Añadió que, en cambio, sí han tratado de convencer al Gobierno que puede dar un reajuste mayor a los sectores postergados y cumplir lealmente el convenio con los profesores, simplemente destinando parte de los recursos que consulta el propio proyecto y con algunas medidas financieras que podrían tomar en el curso del año.

Terminó manifestando que el Gobierno no ha atendido a sus exposiciones y que, en consecuencia, el Partido Nacional no puede hacerse responsable del incremento de los gastos públicos ni puede contribuir con sus votos a que se establezcan nuevos aceleradores de la inflación, razón por la cual se ven precisados a votar negativamente este proyecto.

Hizo presente, finalmente, que lo hacía con profundo dolor porque comprendía que se estaba llevando a la desesperación a los trabajadores del país y ella es siempre mala consejera.

Como consecuencia, y habiéndose producido cuatro votos por la afirmativa y seis por la negativa, vuestras Comisiones Unidas tienen a honra proponeros que rechacéis la idea de legislar con respecto al proyecto en informe.

Sala de las Comisiones Unidas, a 29 de marzo de 1968 Acordado en sesiones de los días 27, 28 y 29 de marzo de 1968 con asistencia de los Honorables Senadores señores Bulnes (Presidente) Aguirre, Ampuero, Bossay, Contreras Labarca, Chadwick, Ibáñez, Luengo, Musalem, Palma y Rodríguez.

(Fdo.) : Luis Valencia Avaria, Secretario.

REAJUSTE DE REMUNERACIONES PARA 1968.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

En discusión general el proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los sectores público y privado.

Los antecedentes sobre este proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 73ª, en 26 de marzo de 1968.

Informes Comisiones de:

Gobierno y Hacienda, unidas, sesión 75ª, en 2 de abril de 1968.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

El señor JULIET.-

Nos hemos impuesto de los acuerdos adoptados por los Comités parlamentarios respecto de la distribución del tiempo de que disponemos para la discusión general de este proyecto. Yo compartí dicha determinación; pero, entiendo a menos de haber un acuerdo anterior, que los Comités no especificaron el orden en que los distintos partidos harían uso de los plazos asignados. Me han informado de que se seguirá el procedimiento de la inscripción. A mi juicio, puede que este sistema no satisfaga los anhelos de los sectores que intervendrán, puesto que en un momento dado podría ocurrir que no hubiesen Senadores inscritos, o bien, que todos desearen usar de la palabra al final.

Estimo oportuno formulo indicación a este respecto citar a una breve reunión de Comités, sólo por unos cinco minutos, con el fin de ponernos de acuerdo en cuanto al orden en que se hará uso de los tiempos asignados a cada partido.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

En primer lugar, debo hacer presente que en la transcripción de los acuerdos adoptados por los Comités hubo una omisión, pues no se señala que al señor Ministro de Hacienda se le asignó una hora, al comienzo de la sesión. Para subsanar el error, he enviado una explicación al señor Ministro, quien, luego de haberle ofrecido la palabra, ha manifestado su deseo de intervenir de inmediato.

En segundo lugar, también debo hacer presente que se encuentran inscritos los Honorables señores Luis Corvalán, Bossay e Ibáñez.

El señor RODRIGUEZ.-

¿Hasta qué hora está citada esta sesión, señor Presidente?

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Hasta las 21, señor Senador.

El señor JULIET.-

Si un Comité no hiciera uso de todo su tiempo, ¿ en qué oportunidad podría usar el resto?

El señor TARUD.-

En la sesión de mañana.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

En cualquier momento de esta sesión, o en la de mañana.

El señor JULIET.-

Pero bien podría ocurrir que, al final, todos los Comités quisieran intervenir y que, por las limitaciones acordadas, el tiempo no pudiera ser repartido con equidad. Por eso insisto sería conveniente estudiar una fórmula que satisfaga a todos los sectores.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Si le parece a la Sala, mientras hace uso de la palabra el señor Ministro, la Mesa estudiará una fórmula como la señalada por el Honorable señor Juliet. Lo reducido del tiempo no permite efectuar reunión de Comités en el día de hoy. En el caso de no lograr acuerdo, podría citárselos para el día de mañana.

De todas maneras, ruego a los señores Comités inscribirse. De esta forma resulta más fácil para la Mesa distribuir el tiempo o, por lo menos, determinar el orden en que los señores Senadores podrán hacer uso de la palabra.

En primer lugar, está inscrito el señor Ministro.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, Honorable Senado: en el día de hoy se discute en esta Corporación el proyecto de reajuste de remuneraciones para los sectores público y privado durante 1968.

Para poder hacer un análisis de la iniciativa que está en vuestro conocimiento, me parece preciso recordar algunos antecedentes sobre la política de remuneraciones seguida en el país. Si observamos los criterios adoptados a este respecto por lo menos en los 12 años anteriores al advenimiento de este Gobierno, comprobaremos que, por razones muy explicables, expuestas en cada oportunidad e indiscutiblemente aceptadas por el Congreso Nacional, los reajustes de remuneraciones otorgados a los sectores público y privado fueron muy inferiores al alza del costo de la vida. Tales razones, precisamente, fueron la falta de recursos fiscales suficientes para otorgar una mejor compensación a los funcionarios. Sin embargo, resulta indudable que, en tan largo período, las remuneraciones del sector fiscal sufrieron grave deterioro en cuanto a su poder adquisitivo. En esas condiciones asumió el Gobierno el Presidente señor Eduardo Frei. El Primer Mandatario, en su programa de Gobierno, anticipó que la política de reajuste de remuneraciones para el sector público sería equivalente al ciento por ciento del alza del costo de la vida. Así fue como, en 1965, el Ejecutivo propuso un proyecto, promulgado posteriormente como ley con el Nº 16.250, mediante el cual se reajustaron las remuneraciones de todos los sectores de la Administración Pública en 38,4%; es decir, en la totalidad de la devaluación monetaria sufrida durante el año anterior. Sin embargo, tanto en la exposición de motivos del proyecto como en su discusión general, se hizo ver que al Gobierno no le satisfacía sólo otorgar tal reajuste, sino que, de conformidad con las disponibilidades de recursos fiscales, estimaba prudente y conveniente mejorar la situación económica de algunos sectores.

En 1964, dos tercios de la Administración Pública percibieron reajustes a contar del primero de julio y sólo un tercio lo recibió a partir del primero de enero. Mediante el proyecto de ley de reajuste de remuneraciones de 1965, a que me refiero, se corrigió, en parte, esta anomalía y los dos tercios del sector público afectados con la ley del año anterior percibieron sus reajustes a contar del primero de mayo. Además, se mejoró el sistema de remuneraciones del personal acogido al Estatuto Médico Funcionario, establecido por la ley 15.076 y se solucionó el problema existente en las plantas administrativas de varias reparticiones del llamado sector ANEF, o sector centralizado de la Administración Pública. En este sentido, podemos citar los casos de los Servicios de Correos y Telégrafos, Prisiones, etcétera.

En 1966, nuevamente el Gobierno concedió un reajuste equivalente al ciento por ciento del alza del costo de la vida. En el proyecto respectivo se corrigió totalmente la situación que afectaba a los dos tercios del sector público y el reajuste de sus remuneraciones también se otorgó a contar del primero de enero de ese año. Esto significó, en moneda de aquella época, un mayor gasto de 70 millones de escudos. En esa misma oportunidad, se otorgó el derecho a la remuneración mínima de un sueldo vital a todos los funcionarios de la Administración Pública, pues, hasta esa época, había más de 25 mil servidores del Estado que percibían rentas inferiores a dicho sueldo.

También se dio solución parcial a la situación de los profesores, y, a contar del primero de julio de 1968, se elevó de 18% a 25% la asignación profesional que percibían esos funcionarios. Al mismo tiempo, mediante la ley 16.466, se otorgó a las Fuerzas Armadas y a Carabineros un reajuste adicional de 13%.

En seguida, en 1967, en virtud de la ley 16.617, el Ejecutivo concedió un reajuste que, en promedio, equivalía al ciento por ciento del alza del costo de la vida. Igualmente, se otorgaron reajustes especiales a sectores tan importantes como el Servicio Nacional de Salud; a los profesores, mediante el acuerdo magisterial; a Ferrocarriles del Estado; modificaciones de diversas plantas de los servicios descentralizados y también del sector centralizado de la Administración Pública. Para este último se elaboró una escala única que incorporó a su sistema de remuneraciones diversos pagos a los funcionarios públicos fuere por concepto de horas extraordinarias o asignaciones de estímulo. Se reconoció también el derecho de las plantas directivas de gozar aquellas asignaciones por medio de la escala única. Todo lo anterior representó otorgar, en muchos casos, un reajuste superior a 60%, con lo cual se corrigió una injusticia y una discriminación existente entre los funcionarios dependientes de diversos Ministerios.

Esta política de mejoramiento real de sueldos y salarios llevada a cabo por el Gobierno durante el plazo de tres años, significó, como lo manifestó el ex Ministro de Haciendadon Sergio Molina en su exposición de la Hacienda Pública de noviembre de 1967, un mayor gasto en ese año equivalente a 800 millones de escudos. Esta cifra representó para los funcionarios públicos un mejoramiento real de sus remuneraciones del orden de 40%.

En 1968, el Gobierno, mediante el primer proyecto de reajuste, pretendió conseguir tres metas sustanciales, además de otorgar un reajuste para los funcionarios públicos y particulares. Mediante esa iniciativa legal se deseaba consolidar los avances logrados en materia de desarrollo económico y acelerarlo en el futuro, obtener la detención del proceso de estabilización que se encontraba en peligro por diversas razones que el MinistroMolina hacía ver en la exposición de la Hacienda pública, y, en último término, lo cual es muy importante, proponía un mecanismo, el Fondo Nacional de Ahorro y Capitalización mediante el cual se permitiría e1 acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción, provocando un cambio revolucionario de las extructuras en el sentido de que los trabajadores ya no serían meros espectadores dentro del proceso económico, sino pasarían a formar parte de él.

Sin embargo, ese proyecto, que significaba un sacrificio compartido, después de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados, sufrió el rechazo en la Comisión de Gobierno del Senado. No existiendo posibilidad de obtener apoyo político, el Gobierno procedió a retirar e! mencionado proyecto, hecho que provocó también la salida del Ministro de Hacienda de entonces, don Sergio Molina, y la designación de don Raúl Sáez en dicho cargo. Este Secretario de Estado propuso un nuevo proyecto que es, precisamente, el que se encuentra en discusión en este momento en el Senado, el cual fue puesto en conocimiento de diversas colectividades políticas, con el fin de ver la posibilidad de obtener un consenso para su aprobación.

En dicho proyecto se distinguen en forma especial cuatro capítulos. El primero, referente a reajuste general de la Administración Pública y los reajustes de tipo especial; e] segundo, tocante a los reajustes para el sector privado; el tercero relativo a normas sobre materias previsionales, y el cuarto, al financiamiento.

El artículo 1° del proyecto dispone que se otorgará un reajuste general equivalente a 12,5% a las remuneraciones de los funcionarios públicos. Además, establece que a los empleados que reciban el porcentaje señalado o un porcentaje inferior a 20%, les corresponderá una compensación equivalente a 7,5% en cuotas CORVI, y se determina asimismo el mecanismo de utilización por sus beneficiarios. En este título también se reconocen situaciones de tipo excepcional para dos tercios de la Administración del Estado, pues se otorgan reajustes especiales que varían desde 40% a 23% para diversos servicios, entre los cuales se puede mencionar en forma especial a sectores tan importantes como las Fuerzas Armadas y Carabineros, el Servicio Nacional de Salud, el personal médico acogido al Estatuto del Médico Funcionario, Correos y Telégrafos, Registro Civil, Prisiones, Dirección de Industria y Comercio, Servicios Eléctricos y, en la Empresa Marítima, al personal sujeto a convenio.

Esta parte de] proyecto también propone un reajuste especial para el profesorado, a contar del 1º de enero, en virtud de la ley 16.617, cuyas disposiciones legales ya mencioné.

Si tomamos en cuenta que dos tercios de la Administración del Estado recibe reajustes promedios de 33%, y un tercio de 12,5%, sin contar la bonificación de 7,5%, se concluye que el Gobierno está proponiendo otorgar un reajuste general promedio para todo este sector de 23%. Esto quiere decir que si el Ejecutivo no hubiere redistribuido los fondos equivalentes a esos porcentajes, puede reajustar las remuneraciones en un porcentaje igual o superior al alza del costo de la vida. El Gobierno debió reconocer que había sectores postergados y que, por lo tanto, debía otorgarles mayores reajustes, sacrificando parte de los ingresos de quienes en los últimos tres años obtuvieron mayores compensaciones.

En materia de reajuste al sector privado, el proyecto del ex MinistroSáez reconoce do>s situaciones diferentes. La primera, se refiere a que el personal no sujeto a convenios, actas o fallos arbitrales gozaría de un reajuste equivalente al ciento por ciento del alza del costo de la vida a contar del 1º de enero de 1968. La segunda, a que el personal acogido a convenios, actas o fallos 'arbitrales, recibiría un reajuste de ciento por ciento del alza del costo de la vida, sin perjuicio de que aquellas remuneraciones o beneficios obtenidas sobre ese margen deberían incorporarse al sistema de ahorro. En esa forma, el Gobierno deseaba mantener su política de estabilización. Así, los sectores con mayor organización gremial, con mayor fuerza, por lo tanto, que obtuvieren reajustes mayores que el señalado, no provocarían el hecho tan conocido de que las mayores compensaciones se trasladaran a los costos de la empresas y fueran canceladas, en definitiva, por el resto de la comunidad. Hechos conocidos por toda la opinión pública, y con el objeto de facilitar la aprobación del proyecto, determinaron que el Gobierno no insistiera en su criterio, lo cual significa que para el futuro sólo podrá actuar de acuerdo con las normas administrativas, proceso en el cual también influirá la posibilidad de obtener éxito en su campaña de estabilización.

El tercer título del proyecto se refiere a normas de tipo previsional y, en especial, a materias concernientes al Servicio de Seguro Social. En la Comisión, el personero más autorizado en esta materia, el señor Superintendente de Seguridad Social, expresó que el Servicio se encuentra en una grave crisis financiera, que es necesario y conveniente abordar, y que si así no se procede, llegará el momento en que no podría pagar mayores reajustes y que, lisa y llanamente, debería suspender el pago de las pensiones. Por ello, el Ejecutivo propone disposiciones destinadas a otorgar mayores recursos con el fin de cubrir el déficit del orden de 300 millones de escudos que tendría el Servicio de Seguridad Social durante el presente año. Ese más amplio financiamiento, tiende a dar mayores facilidades a ese instituto previsional para manejar determinados ítem de su presupuesto, como también a eliminar algunos topes en materia de remuneraciones para los efectos previsionales.

También, como corrección definitiva, se proponen dos preceptos que reajustan las pensiones mínimas de los beneficiarios del Servicio en referencia. Conocido por Sus Señorías es el hecho de que las pensiones se han reajustado en los últimos tres años en márgenes muy superiores al alza del costo de la vida. Me atrevo a afirmar que en algunos casos ese porcentaje casi se ha duplicado.

El sistema propuesto por el Ejecutivo eleva el reajuste para las pensiones mínimas al 30%, y a contar del 1° de enero de 1969, dichos aumentos se hacen equivalentes al alza del costo de la vida. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ello no significa menoscabar el derecho de los pensionados, puesto que los beneficios se pagarían siempre que existan los recursos; es decir, siempre que se pueda aplicar un sistema racional que dé la posibilidad al Servicio de cumplir sus obligaciones. Además, si la inflación, en vez de decrecer, como ha sucedido en los últimos años, crece, se provocaría un menor ingreso de recursos, y, en consecuencia, el reajuste de las pensiones mínimas resultaría inferior al ciento por ciento del alza del costo de la vida. Mediante la corrección propuesta, se fija un porcentaje determinado el ciento por ciento del señalado por el índice de precios al consumidor y se dispone que para el presente año el reajuste será de 30%.

En cuarto lugar, el proyecto establece el financiamiento. De la exposición de motivos del mensaje enviado por el Ejecutivo, se deduce según cálculos del ex Ministro de Haciendadon Raúl Sáez que falta por financiar, por concepto de reajuste y aportes de tipo presupuestario, por diversas obligaciones que debe cumplir el fisco, una suma cercana a los 622 millones de escudos. Los recursos de que se dispone para financiar ese vacío se basan en tres partidas de impuestos, aumentadas en forma importante.

Primero lo que podríamos llamar impuestos varios: a la cerveza, a las hedidas analcohólicas, a los cigarrillos y combustibles; un derecho aduanero que grava a mercaderías que ahora están totalmente exentas, y revalorización de activos y otras medidas de menor monto.

Segundo, el aumento del impuesto a la compraventa y servicios, cuya tasa base se eleva de 7 a 8% y las demás, en la misma proporción; es decir, un alza aproximada a 15 % lo que da un rendimiento, según se ha expresado, del orden de 178 millones de escudos.

Por último, un empréstito forzoso, exigido a quienes obtienen rentas de capital y que es de 7% para las personas naturales y de 13% para las personas jurídicas. Su devolución se iniciaría en 1971 y se haría en cinco años, en cinco cuotas, sin reajuste y sin intereses. Este empréstito daría un rendimiento cercano a 211 millones de escudos.

El total de estas tres partidas de financiamiento equivale a.622 millones de escudos.

Esto es, en términos generales, lo que contiene el proyecto de reajuste que está en conocimiento del Honorable Senado.

Sin perjuicio de intervenir más adelante en el debate para lo cual solícito se me reserve algún tiempo quisiera, sin embargo, dar explicaciones sobre algunas afirmaciones que se han hecho en las Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas.

En sus debates se dijo que el Gobierno tendría excedentes de recursos que no estaría declarando, y que permitirían solventar en forma completa los reajustes de todo el sector público, de modo que éstos fueran, en forma generalizada, de 21,9% incluyendo a quienes se asigna hoy día 12,5% de aumento, lo cual significaría un gasto de 400 millones de escudos, aproximadamente. Una de las afirmaciones expuestas en las Comisiones tuvo por base la Carta de Intenciones remitida por el ex Ministro de Haciendadon Sergio Molina al Fondo Monetario Internacional, en la cual se decía que el Gobierno se comprometía a tener un excedente en cuenta corriente del orden de 2.100 millones de escudos. Alguna prensa, al parecer basada en esa afirmación, hizo ver, bajo grandes titulares, que existirían en el Presupuesto fiscal excedentes por una suma cercana a dicha cantidad. Esto es un error. Di las explicaciones del caso, personalmente, al señor Senador que aseveró tal cosa; y creo útil darlas también a la Sala. El excedente de 2.100 millones de escudos en cuenta corriente no significa contar con esa suma dentro del Presupuesto fiscal, ni es un ahorro del que pueda disponerse para cualesquier gastos, sino que el excedente en cuenta corriente, en materia presupuestaria, es la diferencia que existe entre el ingreso presupuestario y el gasto corriente. Una vez terminada esa deducción resulta lo que se llama el "excedente de cuenta corriente". Es el ahorro que el Gobierno debe destinar al programa de inversiones, que también está comprendido dentro del gasto presupuestario. Es decir, esos 2.100 millones corresponden precisamente a la suma cercana a los 2.400 millones de escudos que, en el Presupuesto aprobado por este Honorable Congreso, está destinada a diversas inversiones que deben realizarse en el año 1968.

En segundo término, se manifestó que en este proyecto de ley quedan por financiar 622 millones de escudos, cantidad de la cual sólo un tercio está destinado a cubrir los reajustes de remuneraciones de que se trata; y que el saldo de 400 millones de escudos corresponde a diversas partidas no consignadas en el presupuesto aprobado para el año 1968. Incluso, se llegó a utilizar términos duros con relación a la persona del ex Ministro de Hacienda señor Sergio Molina: se dijo que habría engañado al Honorable Congreso, falseando las cifras.

Quiero, en esta ocasión, levantar ese cargo. Estimo que me corresponde hacerlo, por lealtad respecto de quien me antecedió y con quien trabajé por más de tres años.

¿Qué ocurrió? Los 400 millones de escudos que se destinan en parte importante a la Corporación de Fomento de la Producción y a la Corporación de la Vivienda para programas de industrialización y habitacionales, son precisamente los fondos que se hubieran recogido mediante el proyecto que creaba el Fondo Nacional de Ahorro y Capitalización. Y así lo hizo presente el Ministro de Hacienda en su exposición de la hacienda pública, como también en la exposición de motivos del mencionado proyecto de ley. Pero como éste no fue aprobado en su oportunidad y hubo de presentarse una nueva iniciativa de reajuste de remuneraciones, es preciso suplementar las respectivas partidas presupuestarias. Además, existen en el Presupuesto otras partidas presentadas con posterioridad al primero de enero y que, por lo tanto, no podían ser previstas por el Ministro de Hacienda en el momento de discutirse la ley correspondiente, que se aprueba el 31 de diciembre. Para mencionar algunas, hablemos, por ejemplo, del Servicio de Seguro Social, que, para afrontar un reajuste equivalente a 30%, necesita que el fisco le traspase fondos y le pague deudas por 70 millones de escudos, suma no consignada en el Presupuesto, por haber sido rechazadas indicaciones iguales a las que hoy día se hacen valer con ocasión de este proyecto de reajustes para dar solución al problema de financiamiento del mencionado Servicio. Otra de esas partidas es la que requiere 22 millones de escudos para pagar el incentivo a que tienen derecho los funcionarios de Impuestos Internos y Tesorerías, cuyo cálculo no puede hacerse sino después de transcurrido el año correspondiente en razón de tratarse de una participación sujeta a determinado porcentaje del rendimiento real de los impuestos con relación al rendimiento presupuestado en el año anterior. Era necesario, por consiguiente, considerar esa cantidad en la ley de reajustes. Por otra parte, debe entregarse a la Empresa de Ferrocarriles del Estado la suma de 28 millones de escudos, por haberse comprobado, durante el mes de enero último, que sigue en forma deficitaria su carga de transporte, en razón de la gran competencia del transporte caminero. Tal suplementación al presupuesto de la mencionada empresa es, pues, necesaria para que ella pueda funcionar en forma eficiente, hecho que tampoco podía conocer el Ministro de Hacienda en el mes de agosto o de septiembre del año pasado, o incluso, en el mes de diciembre, cuando se discutía la ley de presupuestos en el Honorable Congreso.

Partida importante también dentro de ese desfinanciamiento del cual se habla y se dice, prácticamente, que debe en e¡ proyecto de reajustes financiarse; que deben buscarse para ello los recursos, es la de 122 millones de escudos para amortización de créditos contratados por el Estado con diversas empresas extranjeras. Se esperaba poder renegociar ese compromiso a la fecha en que se aprobara el presupuesto de la nación, pero condiciones internacionales que son conocidas de todos hacen que hoy día sea realmente imposible esa renegociación. Por lo tanto, el Estado chileno debe afrontar el pago de esos 22 millones de dólares, equivalentes a 122 millones de escudos, y tratar de obtener los recursos correspondientes.

También se reconocen partidas por 50 millones de escudos en favor de las cajas de previsión de Empleados Públicos, Carabineros y Defensa Nacional. Se trata de deudas del fisco, que deben pagarse y así poder traspasar, por la vía de los excedentes, los mayores recursos a la Corporación de la Vivienda y financiar, por ende, en forma más eficiente, el programa habitacional del Gobierno.

Por último, para las Fuerzas Armadas se consignan 27 millones de escudos para suplentar los ítem del respectivo presupuesto, principalmente en lo tocante a combustible, vestuario y otros elementos de consumo. ¿Por qué se ha producido desfinanciamiento en el presupuesto de las Fuerzas Armadas? En razón de que los combustibles han sufrido un alza mayor que la del costo de la vida en general o del porcentaje previsto en el momento oportuno; y también porque deben reconocerse mayores precio, sobre todo en elementos de vestuario y otros de consumo habitual en esa institución.

En tercer lugar, otro punto que estimo de importancia aclarar, sin perjuicio de otros antecedentes que seguramente puedan aportar los señores Senadores, es una imputación hecha al Gobierno y en la que incluso se ha mencionado a la persona del Presidente de la República en términos excesivamente duros. Personalmente, como Ministro de Estado, no puedo aceptar esos términos, debo rectificarlos y creo que no se deben a mala fe, sino, muchas veces, a falta de información o análisis de antecedentes precisos sobre la materia. Se ha dicho que el Gobierno pretendería desconocer el acuerdo magisterial, puesto que debía otorgar al profesorado un aumento de remuneraciones superior al reajuste especial y que, según ese acuerdo, sería equivalente al promedio total que obtenga la Administración Pública.

Al respecto, puedo expresar al Honorable Senado que tengo conocimiento exacto de la discusión del acuerdo magisterial, porque me tocó participar en ella. En 1966, durante aquella discusión, yo, personalmente no fui partidario de llegar a tal acuerdo, por estimar que un Gobierno no podía comprometerse a largo plazo en un gasto sin conocer realmente cuáles serían sus ingresos año a año. Sin embargo, atendidos los argumentos del Ministro de Educación de los dirigentes de las propias organizaciones del profesorado, en el sentido de que se estaba llevando a cabo una reforma educacional profunda que precisaba mejorar las remuneraciones de los maestros, que yo reconocí deterioradas, el Ministerio de Hacienda, en definitiva, por intermedio del señor Ministro, aceptó el acuerdo magisterial para llevarlo a la práctica en un plazo de cuatro o cinco años con un gasto total de 280 millones de escudos acumulados en moneda de 1966. Se redactó ese acuerdo y en él se fijaron valores, año por año, tanto para las horas de clase como para los cargos o cátedras del profesorado. En la cláusula respectiva del texto que tengo en mi poder se dice que los mencionados valores o cantidades asignados para los años 1967, 1968, 1969 y 1970 se reajustarían de conformidad con el alza del costo de la vida. Eso fue el borrador que se presentó. Más aún, se agregaba: "de manera de no perder los índices de desvalorización monetaria".

Personalmente, objeté esa frase y expresé que el Gobierno no podía comprometerse a largo plazo a otorgar reajustes de 100% del alza del costo de la vida, sino que tenía que considerar, año a año, qué porcentaje de reajuste podría dar a las remuneraciones del sector público, según fueran sus posibilidades de ingreso en caja. En razón de aquel argumento se corrigió el acuerdo magisterial, y en su tenor literal dice que "los valores asignados precedentemente se reajustarán de acuerdo con el reajuste general que obtenga la Administración Pública". En documento que fue leído en la Cámara de Diputados y que remitió el Subsecretario de Educación a todos los profesores, se mantienen los términos, en el sentido de que esos valores serían aumentados en una suma equivalente al reajuste general de la Administración Pública. Luego, en la historia de la ley podemos 1er las observaciones hechas por el Presidente de la Federación de Educadores, quien manifestó que el profesorado no estaba conforme con el acuerdo magisterial que se estaba aprobando en el proyecto que fue ley Nº 16.617, en razón de que no se le aseguraban reajustes equivalentes a ciento por ciento del alza del costo de la vida sino lo dice en términos concretos el "reajuste general promedio de la Administración Pública". También intervinieron los Honorables Senadores señores Contreras Labarca y Hugo Miranda para formular la misma observación. Y el Senador del partido de Gobierno señor José Musalem expresó que, en efecto, eso podría ser lo que esperaban los profesores, pero que el Ejecutivo no podía dar más de lo propuesto en aquel acuerdo magisterial.

Sin embargo, en la mencionada ley se habla del reajuste promedio para el sector público, lo que no corresponde a la intención ni al espíritu que se tuvo al celebrar el acuerdo a que me refiero. Esto ha lie vado a buscar una interpretación distinta, y no sólo respecto de este año, sino también de 1967.

Esta discusión se sostuvo en el Ministerio de Hacienda entre los dirigentes de los profesores, el Ministro del ramo de la época y el Subsecretario, hoy titular de esa Cartera. En esa oportunidad dimos a conocer estos argumentos a los maestros. Y en 1967, los valores asignados se reajustaron en 15%, porcentaje equivalente al aumento general para la Administración Pública.

Si se llegara a dar a ese acuerdo una interpretación distinta de la correspondiente a su espíritu e intención, ello significaría, indiscutiblemente, una injusticia, una discriminación respecto de los demás sectores; ya que elevaría sus reajustes por sobre 40%. Además, importaría un gasto superior a 60 millones ó 70 millones de escudos, suma no consignada en el proyecto de ley de reajustes, y que sería forzoso financiar. Por otra parte, imposibilitaría otorgar aumentos especiales a los otros sectores de la Administración Pública puesto que el profesorado gozaría de tres reajustes: el general para todo el sector público; el especial consignado en el acuerdo magisterial éste lo tienen asegurado por ley al 1º de enero de cada año, hasta 1970, y en 1968 ha significado 18% está percibiéndolo desde el 1° de enero, y el porcentaje de reajuste especial que obtuvieran los demás sectores.

Personalmente, no estoy de acuerdo con esa tesis, porque insisto no corresponde al espíritu ni a la intención que se tuvo a] firmar el mencionado acuerdo magisterial. Y yo puedo avalarlo, pues tuve intervención directa y personal en ese convenio.

Por último, creo que el espíritu e intención que animaron tal acuerdo se desprenden claramente del texto mismo de la historia de la ley existente en esta Corporación.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Advierto al señor Ministro que le restan 17 minutos del total del tiempo que se le asignó.

Puede usar de la palabra el Honorable señor Luis Corvalán.

El señor CORVALAN.-

Señor Presidente :

No es normal que, transcurrida ya la cuarta parte del año, aún no se resuelva el problema del reajuste de los salarios y sueldos; que el primer proyecto sobre esta materia haya tenido que ser retirado; que la suerte del segundo sea todavía incierta, y que con relación a este asunto cayeran dos Ministros de Hacienda.

Indudablemente, estos hechos son signos de una crisis política.

¿A qué se debe esta crisis? ¿Al afán obstruccionista de los partidos opositores, como suelen afirmar ciertos voceros del Gobierno? ¿Al oportunismo? ¿A los cálculos políticos ante la proximidad de elecciones parlamentarias y luego presidenciales, según ha sostenido reiteradamente "El Mercurio"?

Ajeno a una y otra cosa, el Partido Comunista cree que tales ingredientes entran en la situación chilena. Sin embargo, esto no es lo fundamental.

La raíz de la crisis está en el hecho de que los grupos más reaccionarios, tanto los que están en el Gobierno como los que se hallan en la Oposición, frenan los cambios que se necesitan, paralizan las transformaciones que están al orden del día y quieren imprimir al país un rumbo que éste no desea.

El atentado al derecho de huelga.

El intento de arrasar con el derecho de huelga representó grave amenaza contra las conquistas sociales y los derechos de los trabajadores. Un peligro mayor no había surgido desde los tiempos de la dictación de la mal llamada Ley de Defensa de la Democracia, De haber tenido éxito aquel intento, habríamos entrado a un período de más intensa explotación de los trabajadores y de ataque frontal a sus organizaciones sindicales y a sus luchas reivindicativas.

Pero, con ser de por sí grave, se trataba sólo del comienzo de una ofensiva reaccionaria en gran escala y de vastas proyecciones. Mediante la supresión del derecho de huelga, la designación de don Raúl Sáez en el Ministerio de Hacienda y el propósito todavía en pie de disminuir las inversiones en la reforma agraria, se establecían claras coincidencias entre los reaccionarios que hay en la Oposición y en el Gobierno y se pavimentaba el camino para su ulterior entendimiento.

De ahí por qué se puede afirmar que la eliminación del artículo 66, que imponía el ahorro obligatorio y suprimía el derecho de huelga, y la caída del MinistroSáez representan gran victoria de la clase obrera y del pueblo chileno.

A esta victoria siguen y seguirán otras. La solución del problema de los reajustes, que ya se ha dilatado demasiado, no podrá seguir postergándose por más tiempo. Además, el propósito de otorgar un aumentó de sólo 12,5% para una buena parte de los trabajadores del sector público, también ya está derrotado.

Decimos esto convencidos de que en el curso de las próximas horas tendrá que buscarse una salida positiva a la "impasse" que se ha producido.

Entretanto, caben algunas otras consideraciones.

El culpable de la inflación no es el pueblo.

. En noviembre da 1984, en 'los comienzos de este Gobierno, según consta de su primera exposición sobre la Hacienda Pública, se sostenía que la política que busca resolver la inflación a costa del nivel de vida de los trabajadores estaba fracasada, era inaceptable y había que buscar nuevos caminos que, sin afectar a los desposeídos, atacaran las causas de fondo del proceso inflacionario. Ahora, no obstante, el Ejecutivo piensa de otra manera: hace suyas 'las concepciones más reaccionarias que siempre ha sostenido la Derecha. En virtud de estas concepciones, el culpable de la inflación sería el pobre trabajador chileno. Este gastaría demasiado, tendría mucha capacidad de compra, y eso es lo que produciría el alza de los precios. La receta consiguiente sería reducir o limitar los ingresos de los trabajadores para que no tengan tanto dinero y no sean tan botarates. Y como nosotros, los comunistas, ai igual que otros sectores populares, rechazamos estas teorías y luchamos por el mejoramiento de los salarios y los sueldos de obreros y empleados, seríamos proinflacionistas y buscaríamos la catástrofe económica.

Es hora de poner las cosas en su sitio:

En enero, febrero y marzo del año en curso, la inflación se ha desbocado. ¿A causa del aumento de sueldos y salarios? No, señores, puesto que aumento no ha habido. El año pasado se dejó sin reajuste legal al sector privado y se dio al sector público un aumento inferior al de los pierios del año precedente. ¿Cuál fue el resultado de esta política? ¿Bajó la tasa inflacionista? No, señores. Subió a 21,9%. En cambio, en el primer año de gobierno del señor Freí, se dio un reajuste equivalente al ciento por ciento del alza oficial del costo de la vida de 1964, y la inflación fue, en 1965, inferior a la del año anterior. El aumento de las remuneraciones no es de por sí inflacionario. Lo demuestran 'los hechos anotados, y, a través de un período todavía más largo, lo ha probado un estudio que publicó hace poco tiempo el Partido Socialista. Según este estudio, hay años en que los salarios suben muy poco y, en cambio, los precios so van a las nubes, y otros en que las remuneraciones aumentan en forma relativamente apreciable sin que la inflación se dispare.

Si los sueldos y salarios no se reajustan de acuerdo con el alza del costo de la vida y el aumento de la productividad, el sector acomodado del país monopoliza gran parte del dinero, lo gasta en artículos no indispensables, más sujetos al alza de precios, y aumenta sus colocaciones bancarias. Y esto sí que produce efecto inflacionario.

Se necesita aumentar el poder de compra de las masas y no reducirlo.

Simultáneamente, el insuficiente poder de compra de los trabajadores, y tanto más la reducción del mismo, conducen al estancamiento o la recesión económica. ¿Qué sucedió en 1967, año en que se dio un reajuste inferior al correspondiente? Según datos de la Dirección de Estadística, la producción industrial, en términos absolutos, fue inferior a la de 1966. Según la Sociedad de Fomento Fabril, habría tenido un aumento de 1,4%. Cualquiera de los dos datos indica una situación terrible, un estancamiento económico; y más que eso, un retroceso.

De manera que los verdaderos agentes de la inflación y de la ruina de la economía son aquellos que tienen la osadía de presentarse como los campeones de la lucha contra la inflación y niegan a los trabajadores los aumentos de salarios y sueldos a que tienen derecho.

En razón de lo dicho, rechazamos también el pronóstico injusto y francamente antipatriótico que hizo el señor Raúl Sáez al afirmar que con el retiro del artículo 66 del proyecto de reajuste el país iría derecho a la catástrofe.

Si esto último puede producirse, no será porque se aumentan los sueldos de los trabajadores, sino porque vuelven a imperar en el Gobierno las viejas teorías económicas de la Derecha.

El alza del dólar es inflacionista.

Por otra parte, en los costos industriales, el precio de las materias primas importadas influye más que el total de los sueldos y salarios. Esto significa que el aumento de la cotización del dólar influye más que 'los incrementos de las remuneraciones. Por lo tanto, otro factor inflacionista, acaso el principal de todos en este instante, es el hecho de que el Gobierno alce cada 15 días la cotización del dólar, con la agravante de que. lo hace por encima del aumento de los precios internos.

Las cosas no marchan en buena forma. La producción industrial ya. está dicho baja; la agropecuaria no avanza, porque la reforma agraria camina a paso de tortuga. De los 100 mil nuevos propietarios que iban a formarse en estos seis años, se han hecho 10 mil, a lo sumo, y el señor Frei lleva más de la mitad de su período. Ya no se quiere sacar la reforma bancada, la reforma de la empresa ni ninguna otra. Se ha caído en el inmovilismo, en la política tradicional y reaccionaria de los regímenes precedentes. Según los cálculos del actual Gobierno, la inflación iba a ser, en 1967, de 12%, y el aumento del producto bruto, de 7%. Y para 1968 había pronosticado una tasa

inflacionista de 5%. Pero todos estos cálculos han fallado por completo.

Las compañías del cobre hacen el negociado del siglo. Con el precio de 29 centavos de dólar la libra obtienen ganancias más que suficientes. Pero el precio del metal rojo no es ése. La libra de cobre, durante más de un año, ha alcanzado valores muy superiores, pasando incluso de los 70 centavos de dólar. A raíz de esto, se plantea, por parte de diversos sectores, incluso dentro de! partido de Gobierno, la necesidad, al menos, de hacer retornar al país el sobreprecio del cobre o de extender a las compañías el impuesto a la compraventa que pagan todos los chilenos. Pero el Gobierno no quiere tocarlas ni con el pétalo de una rosa.

Que paguen los que tienen más y no los que tienen menos.

Se sugiere un impuesto especia! a las 18 mil personas que tienen rentas imponibles superiores a 10 sueldos vitales, gran parte de las cuales ganan más de 10 millones de pesos al mes, lo que muchos obreros reciben en dos años. ¡Como si lloviera! ¡Como si se predicara en el desierto! El Gobierno dice que esas personas ya contribuyen bastante, y punto. ¿Pero acaso el pueblo no contribuye más que bastante?. Y si es así, ¿por qué se le quiere estrujar más todavía, mediante bajos salarios, más altos impuestos indirectos y, hasta ayer, por medió del ahorro obligatorio? ¿Por qué se pretende seguir sacando recursos de los que nada tienen o tienen poco y no de los que tienen de sobra? ¿Por qué cuando se ha hablado de capitalizar se ha pensado hacerlo a costa de los que no tienen capital y no de los que tienen?

El país sigue dándose vuelta dentro de cierto círculo vicioso, dentro de un marco estrecho. Mientras tanto, 'la Derecha hace su negocio: presiona, especula con el descontento, se viste con piel de cordero, sueña con retornar en gloria y majestad al poder político.

Es necesario salirse del círculo vicioso, romper el marco estrecho, abandonar las políticas tradicionales y, sin vacilaciones, afectar los intereses de los poderosos, transformar el país, llevar a cabo los cambios que se necesitan. No hay otra salida.

¿Qué, reforma constitucional se necesita?

Por desgracia, el Presidente de la República ve las cosas de otra manera. Al igual que don Carlos Ibáñez y don Jorge Alessandri, sostiene que no lo dejan gobernar y que se precisa una reforma de la Constitución Política, que le dé más vía libre a La Moneda. Lo acaba de afirmar en La Cisterna y ayer en 'la Convención de los industriales.

Nosotros también somos partidarios de una reforma, constitucional, pero no como la desea el señor Freí, para hacer todavía más omnipotente el poder del Ejecutivo.

Lo que hace falta no es aumentar sino disminuir las atribuciones de este poder del Estado. El régimen presidencial favorece la burla, de las aspiraciones populares, resulta débil para resistir las presiones de los grandes intereses, no facilita, sino que, al revés, entorpece la materialización de la voluntad del pueblo, perjudica las posibilidades de poner en práctica una política progresista y conduce al gobierno de la minoría. Es antidemocrático.

Desde hace, tiempo, el régimen presidencial viene permitiendo que a poco de constituirse un gobierno se cree un divorcio muy grande entre 'los pasos del Ejecutivo y lo que quiere la mayoría de los chilenos y, en ocasiones, el o los partidos que lo sustentan. Por lo tanto, este problema no es nuevo; ha sucedido también antes y puede presentarse mañana.

La responsabilidad del Ejecutivo en la impasse producida.

Además, en la actual emergencia ha quedado demostrado que una sola persona con el título de Presidente de la República, por muy capaz o inteligente que sea, está expuesta a errores muy graves y no se puede seguir dejando en sus manos tantas atribuciones. Porque hay que decir que en la "impasse" que ha producido la responsabilidad del Ejecutivo es inmensa. No tenía derecho a enviar proyectos sin saber previamente la suerte que conocían y sin tener en cuenta la verdadera correlación de fuerzas dentro y fuera del Parlamento. Desde este punto de vista, se puede decir que al actual problema se lo ha creado el propio Gobierno.

Se necesita, pues, cambiar el sistema imperante por otro más democrático, que haga factible el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Se necesita abrir camino a un nuevo régimen, no para reforzar el gobierno de una sola persona o de una sola colectividad política, sino para facilitar los gobierno pluripartidistas que corresponden a la situación de un país como el nuestro, que tiene un sistema de partidos muy arraigado, sin que ninguno de ellos por sí solo represente o sea. tan probable que represente a 'la mayoría.

La teoría de que debe mandar una sola cabeza puede ser muy "mercurial" y hasta constitucionalista, pero es la negación de la. democracia y del sistema de partidos que tiene en Chile más de cien años. Dicha teoría se aplicó en Peñaflor. Sin embargo, está visto que. la decapitación allí producida no ha constituido ninguna solución política.

Que mande el pueblo y no una o dos personas.

No somos partidarios de que mande una sola cabeza, ni tres o cuatro. Somos partidarios de que mande el pueblo por medio de los partidos y corrientes que re representan sus aspiraciones e intereses.

Estimamos que estos partidos y corrientes tienden a su entendimiento.

Comunistas y socialistas representamos a la parte más avanzada de los chilenos, una poderosa fuerza revolucionaria. Entre unos y otros, como ha podido verse con relación a este mismo proyecto, suelen surgir ciertas diferencias tácticas; pero en lo fundamental nos unen 'os intereses y las aspiraciones del pueblo, 'las luchas de los trabajadores y la meta del socialismo.

Paralelamente, la mayoría del Partido Radical y buena parte de los democratacristianos buscan una salida progresista. Se puede afirmar que todos esos sectores políticos FRAP, radicales de Izquierda y democratacristianos de avanzada, social demócratas y socialistas populares representan a la mayoría del pueblo, al pueblo que quiere marchar por el camino de una revolución auténtica.

Son fuerzas convergentes que pueden y deben ir coincidiendo más y más y llegar a entenderse para gobernar.

Solución política a la crisis política.

Tenemos en cuenta el hecho de que no es fácil llevar adelante este proceso; que hay y habrá muchas situaciones difíciles que encarar, que las aguas tienen todavía que decantarse de manera que los reaccionarios, que son una minoría, sean aislados, arrinconados y derrotados y no sigan pescando a río revuelto, tratando de confundirse con fuerzas que social y políticamente son sus adversarios. Pero, al fin y al cabo, no hay más que seguir en esta obra de unificación en la lucha de todas las corrientes populares y democráticas. En definitiva, la crisis política no tiene sino esta solución política.

Señor Presidente, el Partido Comunista ha decidido votar en general a favor de este proyecto. Lo decidió al tener éxito la gestión Tarud, luego que el Ejecutivo convino en retirar el artículo 66, que establecía el ahorro obligatorio para el sector privado y era un grave atentado al derecho de huelga. Lo resolvió partiendo del principio de que el nivel de los salarios no depende tan solo ni tanto del Parlamento, sino también de otros factores, y en particular de la fuerza de la organización y la lucha de los trabajadores.

Estamos convencidos de haber actuado bien, de haber dado un paso táctico que cambió el cuadro de la situación en favor de los trabajadores, todo ello con 'la decisión, la flexibilidad, la independencia y la disciplina propias de un Partido Comunista capaz de orientarse y orientar al pueblo en las complejidades de la lucha social.

No hay amenaza que nos haga vacilar.

Un Senador de la Derecha, el Honorable señor Jaramillo, dijo a un diario que habíamos actuado temerosos de un trastorno institucional, a raíz de la visita que los jefes de las Fuerzas Armadas hicieron a La Moneda.

No fue así. En primer lugar, porque nuestra decisión fue anunciada al país horas antes de esa visita, sin saber de ésta; y, según todos los antecedentes, los altos jefes de las Fuerzas Armadas hablaron con el Primer Mandatario para exponerte la situación económica angustiosa de los personales de las instituciones armadas y la urgencia del reajuste, lo cual es comprensible y legítimo. En segundo lugar, porque estábamos resueltos a votar en contra del proyecto si en él se mantenía el artículo 66. Este acuerdo se lo habíamos dado a conocer al Gobierno, al propio MinistroSáez, al vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano, Senador don Tomás Reyes, a todos cuantos nos podían oír. Fuimos terminantes en declarar que ninguna amenaza ni situación de hecho podría hacernos modificar tal actitud. Ahora bien, si de paso hemos contribuido a evitar una solución extraconstitucional, no estamos arrepentidos de ello, porque en las actuales circunstancias una salida semejante sólo podía favorecer a los enemigos del pueblo. Y es claro también que valoramos el hecho de que el Presidente de la República haya tomado a este respecto un camino democrático al decidir el retiro del artículo 66.

Creemos en la necesidad inaplazable de legislar a favor de los reajustes. No concebimos el rechazo a este proyecto, pues ello significaría, en el mejor de los casos, postergar por meses y meses el aumento de las remuneraciones.

Apoyamos todas las reivindicaciones de los gremios.

Ratificarnos también nuestra oposición a todos aquellos artículos que hieren los intereses del pueblo y nuestra decisión de contribuir a que se corrijan las injusticias que esta iniciativa contiene respecto de una parte del sector público. Hacemos nuestras las reivindicaciones de la ANEF, de la ANES, de los profesores, de los funcionarios de las Universidades, de los trabajadores de la Salud, de los ferroviarios, del personal de la ETC y de la LAN, de los empleados y obreros municipales y de los pensionados del Seguro Social.

Si las propias estadísticas oficiales reconocen que el costo de la vida aumentó en 21,9% hasta el 31 de diciembre de 1967, no es posible que a una parte de los trabajadores se les pretenda dar reajustes inferiores a ese índice, tanto más cuanto que, en lo que va corrido del año, el costo de la vida ha subido otro 10% más.

Para corregir las injusticias existen recursos o hay de dónde éstos se pueden sacar. Esto ha quedado ya demostrado. El Ministro de Hacienda ha reconocido un rendimiento presupuestario de 80 millones de escudos más allá de lo calculado. Y eso no es todo. El mayor rendimiento es aún superior y la posibilidad de echar mano de nuevos recursos, sin afectar al pueblo no está agotada ni mucho menos. Así lo han demostrado 'las sugerencias hechas por los Partidos Comunista, Social Demócrata, Socialista Popular y Radical.

Más que falta de dinero, hay falta de decisión para cambiar de rumbo y atender realmente los intereses del pueblo.

Los trabajadores chilenos han librado grandes combates en defensa de su derecho de huelga y de un reajuste decente. El gran paro del 23 de noviembre último y el reciente paro del sector público demuestran que los trabajadores están decididos a no permitir que se escamoteen sus derechos. Estos combates no tienen nada de artificiales, ni son obra de agitación política extra sindical. Son efecto de una realidad social que no se puede dejar de atender.

Por ahora, nada más.

He dicho.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

Se suspende la sesión por quince minutos.

Al reanudarse, usará de la palabra el Honorable señor Bossay.

-Se suspendió a las 17.53.

-Se reanudó a las 18.19.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Bossay.

El señor BOSSAY.-

Hace sólo cuatro meses, el entonces Ministro de Haciendadon Sergio Molina efectuó una optimista exposición sobre el estado de la hacienda pública ante la Comisión Mixta de Presupuestos encargada del estudio del proyecto de ley de Presupuestos para 1968. Ese optimismo formaba parte de toda una acción propagandística encaminada a disimular los fracasos del Gobierno en distintas fases de su gestión. Confundida la mente da los habitantes con el bombo y la retórica, era más fácil acelerar el olvido de las promesas hechas anteriormente. Así, por ejemplo, ya nadie recuerda que al asumir el actual Gobierno el mismo MinistroMolina afirmó, con énfasis, que jamás había osado poner Ludwig Erhard, que reduciría el alza del costo de la vida y terminaría con la inflación en tres o cuatro años, bajándola a 15% en 1966, a 10% en 1967, y eliminándola en 1968. Esas fueron sus palabras. Y como si su afirmación fuera poco categórica, agregó: "Consideramos estas cifras como topes máximos, por lo cual no podemos permitir que sean excedidas bajo ninguna circunstancia".

Ni el MinistroMolina ni el Gobierno se inmutaron por el fracaso de sus predicciones, y 1 dicho ex Secretario de Estado, en la última exposición de la hacienda pública, insistió en afirmar que durante el curso de este año se alcanzará casi con certeza la meta de romper el estancamiento económico y refutó con énfasis a quienes sostienen que se ha aumentado el personal de la Administración del Estado en forma descontrolada.

Todo cuanto se hizo y se dijo para que el MinistroMolina revisara sus medidas económicas fue desatendido, con la consiguiente pérdida del sacrificio económico que se exigió a una gran masa de ciudadanos. Sin embargo, la fuerza de los hechos y la insistencia del Ministro Molina en lograr sus propósitos, empleando ahora otros medios, como la reducción de las remuneraciones, y haciendo caso omiso del hambre de esos mismos asalariados, produjeron su caída.

Sólo entonces viene lo sorprendente: se designa a un hombre que confirma todas las críticas de la Oposición. Inicia su gestión el señor Raúl Sáez, expresando textualmente: "Sabemos que los problemas que Chile confronta, son graves y serios: un presupuesto fiscal fuertemente desequilibrado pese a los ingresos excepcionales que el país ha obtenido del elevado precio del cobre; un repunte de la inflación y una disminución manifiesta del ritmo de desarrollo económico".

Más adelante agrega: "Una cosa, sin embargo, es definitiva: el sector público ha incrementado sus gastos corrientes en proporciones que han limitado gravemente su capacidad de inversión y que hacen cada vez más difícil erradicar la inflación". Acto seguido, dice: "Para demostrar la gravedad de esta situación baste señalar que, en los últimos tres años, el total de los gastos del Sector Público, incluidos los organismos autónomos y descentralizados, ha aumentado en 53% en moneda constante".

Plena coincidencia entre lo que el radicalismo y otros partidos de Oposición afirmábamos con el análisis escalofriante del ex Ministro de Hacienda señor Sáez, sólo con la. diferencia de que él piensa más allá y predice el descalabro en un futuro próximo en caso de no aceptarse a fardo cerrado las medidas económicas y sociales que propone. Su pensamiento Mega al extremo de ponerse en la eventualidad de que la situación haga crisis por vías no institucionales términos a los que me referiré en algunos momentos más, "como único medio de responder a la incapacidad de gobernantes y gobernados de ponerse de cara a dicha realidad, con coraje y lucidez mental". Son sus palabras textuales.

La gravedad de esas frases es enorme si se considera que fueron pronunciadas por un Ministro de Hacienda y no por un dirigente opositor. Pero es mucho más grave la alusión a ella de algunos Senadores del partido de Gobierno durante el debate de las Comisiones unidas: en forma no disimulada, se nos amenazó en el sentido de que podría sufrir nuestra estabilidad institucional si este proyecto no fuera despachado.

Frente a esas amenazas, difundidas por la prensa y la radio, y expresadas en comentarios de diversos sectores, el Senado de la República, de acuerdo con la Constitución, debe expresar su pensamiento. Con pleno sentido de lo que es democracia, debe decidir si este proyecto de ley contribuya o no contribuye a la solución de los problemas que afligen a quienes viven de un sueldo o salario. Y me refiero expresamente a éstos y no al aspecto que abordó hace algunos minutos el señor Zaldívar, por una razón muy sencilla.: la obligación del Ministro de Hacienda era presentar financiado antes de diciembre de 1967 el presupuesto para 1968. Conforme a las normas constitucionales, le correspondía financiarlo en aquella oportunidad, y no en abril de 1968. Sin embargo, se pretende obligarnos ahora a aportar recursos para ese presupuesto, a fin de afrontar .una serie de gastos que deben efectuarse en el año en curso, en circunstancias de que, por imperativo constitucional, el año pasado debieron indicarse los recursos para sueldos y salarios y también lo que es más importante los que se necesitan para inversiones de diversos organismos, sea la Corporación de Fomento u otras instituciones tan importantes como ella.

Me referiré ahora fundamentalmente al problema de sueldos y salarios, materia respecto de la cual estimo que debe darse una solución amplia.

En seguida, el señor Sáez hizo un llamado a los partidos políticos para que comprendieran la necesidad de actuar con urgencia y otorgar al Gobierno los medios legales que solicita. Uno estas palabras con las amenazas que hemos estado escuchando desde diversos ámbitos: en discursos pronunciados en el sur del país; durante la reciente inauguración de la Convención de la Industria y el Comercio, e incluso en frases violentas de dos Diputados. Uno de éstos tengo entendido que es dirigente de la Democracia Cristiana nos amenaza, con el cierre del Senado. Comparo estas amenazas permanentes con la realidad histórica. Es aquí donde se plantea la contradicción.

Sostengo que en los tres años de este Gobierno, el Congreso Nacional le ha dado todas las leyes solicitadas. Por supuesto, se ha negado ello es efectivo a delegar facultades legislativas, por temor a que el uso de ellas hubiera acelerado el proceso que ahora vivimos.

El balance obtenido y que fue presentado por el señor Sáez no es de la responsabilidad de la Oposición ni del Parlamento: es fruto exclusivo de una mala administración, y ello no admite ninguna otra explicación.

Se nos ha engañado sobre la realidad económica y financiera del país durante tres años. No obstante las dificultades para obtener cifras y antecedentes, y orientados, sobre todo, por la dura realidad del pueblo, y también por la cesantía expresada en datos estadísticos oficiales, nosotros obteníamos deducciones contrarias a los éxitos pregonados por todos los órganos de información del Gobierno.

El Presidente de la República, Excelentísimo señor Frei, y el Ministro señor Molina tuvieron plenitud de poderes para haber logrado éxito en la cacareada batalla contra la inflación. Desde luego, llegaron al Poder con un ambiente muy favorable de la opinión pública y contaron con ingresos en moneda dura, comprobados estadísticamente, de extraordinaria importancia. Asimismo, diversos señores Senadores han hecho presente que el actual Gobierno recibió el efecto benéfico del aumento de recursos derivado de la reforma tributaria despachada a fines de la Administración anterior.

Antes de continuar mis palabras, advierto que la forma apretada en que estoy expresando mis juicios obedece a que mi partido desea ocupar ahora sólo una parte de su tiempo y reservar algunos minutos para mañana, a fin de contestar, ya al término del debate, las intervenciones de algunos señores Senadores y del señor Ministro.

Por las razones expuestas, el Partido Radical se siente en la obligación de orientar en el futuro sus determinaciones de modo de revivir los propósitos que enunció en 1984, muchos de los cuales fueron esbozados también por el propio triunfador y por su partido. Esos propósitos tienden a romper el estancamiento económico, a derrotar la inflación, a. distribuir mejor el ingreso y a permitir al pueblo la obtención de los medios necesarios para conseguir una más plena soberanía.

Pero esta vez no podremos confiar. Hemos estado contemplando tres años este panorama, al cual me referiré en la intervención de mañana o en alguna parte de ésta, con acopio de cifras. Pero no podemos dar un voto de confianza, otorgando poderes amplios. Simplemente, nos limitaremos a conceder una legislación restrictiva acorde con estos planteamientos.

Esta causa es la que nos ha movido a revisar cuidadosamente el proyecto de reajuste de remuneraciones enviado al Congreso, que, en nuestra opinión, significa un retroceso importante respecto de los propósitos recién referidos. Tales propósitos repito no sólo fueron planteados por nosotros y otros partidos de Oposición, sino aun por vastos sectores de la Democracia Cristiana, en aquella oportunidad y posteriormente, al exponer la vía no capitalista. La ley en proyecto no refleja ni lo de 1964 ni mucho menos la vía no capitalista. Simplemente constituye un retroceso en el planteamiento de todos esos factores.

Antes de entrar en detalles, quiero abordar un punto previo, en la convicción de que ha regado la hora, no sólo de darlo a conocer, sino de enfocarlo y resolverlo en esta oportunidad.

Anualmente debe presentarse a la consideración del Congreso un proyecto de ley de Presupuestos, en el cual es fijan los gastos de la Administración Pública. Pero desde hace años, en especial desde la reforma de la ley orgánica de Presupuestos, ese proyecto representa cada vez en menor grado el verdadero gasto de la Administración, con lo cual se infringe de manera grave la Constitución Política del Estado. En el último año se llegó al extremo de excluir los egresos derivados del reajuste que correspondía otorgar a los funcionarios públicos y, además, importantes inversiones.

No considerar esos gastos e inversiones en el Presupuesto anual, según mi criterio, produce un doble daño: por una parte, al disponerse de la totalidad de los ingresos y no consignarse el gasto presupuestario real en el año, se aumentan los gastos públicos, porque acto seguido se torna indispensable financiar aquella parte de las remuneraciones de empleados y obreros del sector público no incluida en el Presupuesto. Si este daño es grande, mayor gravedad reviste el hecho de que la búsqueda de recursos para cubrir los sucesivos proyectos de reajustes exige revisar todo el planteamiento tributario existente, con enorme perjuicio para la producción y el país en general.

Por lo demás, en esos proyectos de reajustes no se ha tomado en cuenta el financiamiento de índole tributaria consistente en que los impuestos, contribuciones y tasas, aplicados a valores siempre crecientes por la desvalorización monetaria que origina el ritmo inflacionario, han representado ingresos reales muy superiores a los programados originalmente y destinados en forma exclusiva a pago de dos y salarios.

Estoy cierto de que si formáramos un fondo con los recursos financieros que año a año ingresan como consecuencia de las leyes anuales de reajuste, podríamos financiar holgadamente un reajuste anual automático del ciento por ciento del alza del costo de la vida y evitar en el futuro los perniciosos efectos que leyes de este género acarrean tanto a los asalariados como a los sectores empresariales del país.

Convencido de la necesidad de frenar el gasto público, de dar estabilidad a la producción y, sobre todo, de asegurar a empleados y obreros el reintegro oportuno de la pérdida de valor adquisitivo de sus remuneraciones, presentaré en este proyecto una indicación que permita el reajuste automático anual en los términos señalados.

El proyecto que en estos instantes debate el Senado es una confirmación fehaciente de lo que sostengo. El financiamiento en él previsto asciende a un total de 1.270,8 millones de escudos. De esta suma, sólo 557,8 millones se destinan a reajuste de sueldos y salarios; el saldo, 713 millones de escudos, a inversiones presupuestarias que no se consideraron oportunamente, de acuerdo con 'la obligación constitucional.

Según lo que ya anticipé, esta tarde analizaré sólo dos o tres aspectos fundamentales del proyecto, entre ellos el relativo al financiamiento.

Antes, sin embargo, quiero expresar que el señor Ministro de Hacienda ha creído del caso refutar la afirmación que hizo el Ejecutivo en su Carta de Intención dirigida al Fondo Monetario Internacional a comienzos de este año. En ella se asevera que el Gobierno se propone obtener un excedente mínimo en cuenta corriente en el año 1968 de 2.100 millones de escudos y que, al mismo tiempo, el resto del sector público obtendrá este año un superávit en cuenta corriente de por lo menos 1.600 millones, asimilando este excedente a presupuesto de capital.

Insistentemente he pedido a la Dirección de Presupuestos, por conducto de la Secretaría del Senado, una información oficial sobre esta materia. Sin embargo debo decirlo una vez más, he sido tramitado y no he podido reunir la información solicitada. El señor Herrara, funcionario de esa Dirección a quien se encomendó oportunamente proporcionar esos datos, con acuerdo de la superioridad de ese servicio, o sin él, se ha negado a facilitármela y ha dicho que me la hará llegar mañana, o sea, después de mi intervención.

En esta situación, y por otras razones que agregaré, debo manifestar mis dudas sobre la interpretación que el señor Ministro ha dado en la Sala, pues, de aceptarla, tendría que concluir que la Carta de Intención falta a la verdad en otro de sus párrafos, cuando dice que "se adoptarán medidas a fin de asegurar" esto es textual "que los gastos de inversiones en 1968 tengan algún aumento en términos reales". Si pretendiera asignar a inversiones únicamente 2.100 millones de pesos, no podría cumplir esa promesa, porque la inversión real del último año fue muy superior y, en consecuencia, ella se hallaría este año en franco descenso.

Ruego al señor Ministro instruir al señor Herrera para que tenga la gentileza de proporcionarme los antecedentes pedidos. Por lo común, los parlamentarios de Oposición debemos luchar permanentemente con esta enorme dificultad para informarnos de manera cabal. Esto no sólo me ocurre a mí. Estoy seguro de que a mis Honorables colegas les sucede exactamente lo mismo. Y tenemos que ser verdaderos detectives para bucear en busca de datos. Si en 'las Comisiones o por las vías administrativas pudiéramos estar debidamente informados, incluso en los pormenores, sería muy distinto el planteamiento de nuestra opinión. De todos modos, los señores Senadores tienen en sus manos el informe de lo tratado en las Comisiones unidas.

¿A qué conclusión pretendía llegar yo antes de esta disgresión? Hay algo que he dicho en numerosas ocasiones. Lo han sostenido también, entre otros, los Honorables señores Chadwick, Allende y algunos Honorables colegas del Partido Comunista. ¿Cuál es esa conclusión? Que, aun cuando se diga en términos muy hipócritas que no se trata de una política impuesta por la Carta de Intención al Fondo Monetario Internacional, es ella la que regia las medidas aparentemente más extrañas al pensamiento mismo de tipo monetario que debiera regir como consecuencia del verdadero compromiso respecto de una coordinación económica determinada, producto de los préstamos "standby" y expresada en esta Carta.

Sostengo por cuarta, quinta o décima vez que ello es así. Si revisamos esta parte sobre la cual no he podido encontrar los antecedentes necesarios, o cualquier otra, como la número 10 ó la que corresponde al final del número 2 de dicha Carta de Intención, nos encontramos con que la tendencia a 'liberalizar la economía chilena con criterio norteamericano es la base, el trasunto, la columna vertebral, la filosofía que orienta a estos verdaderos compromisos.

Reconozco que las frases usadas se prestan para toda clase de interpretaciones y que cualquier Honorable colega podría darle la que estimara más adecuada, con acopio de buenos argumentos para defendería. Pero lo que importa son los hechos.

Dice la Carta de Intención última: "El objetivo de las autoridades chilenas es desacelerar la tasa de aumento de los precios al consumidor, y se tratará de avanzar en dicha dirección a través de las políticas señaladas anteriormente y también" en la forma más inocente, con piel de cordero "mediante una política de ingresos apropiada y esfuerzos para aumentar la producción interna".

"Política de ingresos apropiada" significa una política restrictiva en materia de reajuste de sueldos y salarios, o sea, que no aumente el poder de compra frente a una producción que, si anteriormente tuvo un índice interesante de aumento, ahora, como lo reconoció Su Excelencia en el discurso de anteayer y como lo revelan las estadísticas, la página de redacción de "El Mercurio" de hoy y revistas técnicas, •es inferior, en especial en el campo industrial, al aumento vegetativo de la población chilena, y constituye un retroceso.

Debajo de toda esta fraseología, hay una política central, que quiero analizar en detalle.

Después überalización de la política dice: "Los controles de precios se usarán solamente como un instrumento complementario de las políticas de ingresos y de promoción de la producción".

Refiriéndose a los servicios públicos, expresa que podrán alzar sus tarifas al margen de una necesidad estrictamente social o de un fin social. De manera textual, dice: "y para cobrar tarifas que cubran lo más adecuadamente posible los gastos de operación y la necesidad de reemplazo de capital".

En otro párrafo expresa lo siguiente: "El aumento de 'los precios internos se aceleró en 1967 en parte como resultado de un gran aumento de las remuneraciones".

Sin embargo, no una, sino muchas estadísticas algunas de las cuales tengo a la vista, comprueban que no es efectivo que los aumentos de remuneraciones hayan coincidido siempre con la aceleración del proceso inflacionario. En verdad, sucede todo lo contrario. En épocas en que la producción iba en retroceso, hubo años, como los comprendidos entre 1939 a 1952, en 'los cuajes se reajustaron los sueldos y salarios en porcentajes mayores que los del alza del costo de la vida y, sin embargo, se redujo el aumento del índice de la inflación. Y ello no sólo ocurrió en aquella oportunidad, sino en muchas otras más, lo que es sumamente fácil de comprobar.

El señor AYLWIN.-

Los dos primeros años de este Gobierno, desde luego.

El señor BOSSAY.-

Exacto. Por lo tanto, es muy fácil verificarlo.

De todos modos agradeceré a Sus Señorías no hacer muchas preguntas, pues dispondrán de una hora setenta minutos para poder contestar a mis observaciones, y, por nuestra parte, también tendremos algunos minutos para replicarles.

"Un año completo de aplicación de la considerable überalización cambiaría y comercia que se realizó en el curso del año 1966, ha sido uno de los factores principales que contribuyeron a la expansión de la demanda de importaciones". Así continúa la carta que los señores Senadores tienen en sus manos y en la cual podrán ver perfectamente que el verdadero fondo del problema reside en lo expresado y no en otra cosa, y eso es lo que, en su oportunidad, he sostenido.

Anteriormente dije que sólo deseaba referirme a tres o cuatro aspectos básicos, para dar tiempo a que intervengan mis Honorables colegas.

El Partido Radical no acepta la teoría de otorgar a un importante sector de la Administración Pública un reajuste en dinero de 12,5 por ciento y pagar 7,5 por ciento en bonos, cualquiera que sea la fórmula planteada; la del proyecto o la contenida en los acuerdos de pasillos, de permitir el rescate de parte de los bonos en septiembre, otros pocos en marzo, etcétera; es decir, la recuperación de los mismos por parcialidades. No nos gusta el pago a plazo de los reajustes en ninguno de los sistemas propuestos.

He planteado claramente espero que en la discusión del artículo respectivo, si acaso se aprueba el proyecto, el señor Ministro o los asesores del Gobierno puedan contestarme corno se aplicará el respaldo en dinero de los bonos, punto de extraordinaria importancia. ¿Está considerado en el financiamiento de la iniciativa en debate? ¿Está previsto en el del Presupuesto? ¿O piensa incluirse en otra ley, cuando se quiera pagar los bonos? De todos modos, ese respaldo no puede consistir en simple papel, pues ninguna de las partes lo acepta. No puede ser papel para quien lo va a recibir, vale decir, la Corporación de la Vivienda, que será beneficiada en sus ingresos con tales recursos. Tampoco puede serlo para el empleado, que desea tener un valor real en sus manos. La verdad es que con el sistema que mantuvimos en las Comisiones, según" el cual prácticamente había dos centros de estudio .en uno estábamos los Senadores "no comprometidos", y en otra sala cercana, los Ministros con algunos Honorables colegas discutiendo cómo solucionar el problema, no tuvimos tiempo, prácticamente, de estudiar en detalle este punto. ¿Dónde está ese financiamiento? No digo que no exista, pero aquí no se encuentra. En alguna parte debe estar. ¿O se va a financiar después? Pero debe ser un financiamiento real, tanto para el empleado como para quien verá aumentado, aunque sea transitoriamente, sus ingresos.

En nuestro repudio a ese sistema de pago no estamos solos. Tengo aquí un discurso del entonces Senador señor Frei agradecería a mis Honorables colegas que lo leyeran, pronunciado al discutirse un proyecto de ley. Es cierto que su planteamiento representaba más bien una filosofía sobre los reajustes y se refería a un aspecto parcial de la iniciativa: al problema de las regalías. Pero el señor Senador fue terminante al sostener que los aumentos de salarios no debían imputarse a las regalías. En efecto, en la página 168 del Diario ele Sesiones del Senado de 6 de octubre de 1931, aparece la siguiente intervención del señor Frei:

"Por nuestra parte, formulamos una indicación, que, desgraciadamente, fue rechazada, para que este aumento del salario no se pueda imputar a las regalías, sino que deba ser pagado íntegramente en dinero, y esto lo fundaremos nuevamente en la discusión particular."

Nosotros estamos con el SenadorFrei.

El señor PABLO.-

Con el Presidente'

El señor BOSSAY.-

No, con el entonces Senador Frei. Nada más. Estamos con esa teoría. Por lo demás, son acuerdos de los Gobiernos. Tengo entendido que Chile no ha ratificado, colocándose muy cerca da las naciones africanas algunas de ellas tampoco lo han hecho, acuerdos internacionales para que los sueldos y salarios se paguen en dinero, y no mediante métodos de excepción como los usados en casos extraordinarios, como ocurrió en Alemania durante la guerra. Reconozco que Chile afronta una catástrofe, pero no tan grande como una guerra, que justifique el empleo de esos sistemas.

En cuanto a los jubilados y montepiados, el trato es discriminatorio, en especial en lo relativo al personal de las Fuerzas Armadas. Cuando Su Excelencia el Presidente de la República postulaba a la Primera Magistratura, fue totalmente preciso en lo que ofreció, por lo cual no creo necesario leer sus discursos. Inclusive, envió una carta muy concreta y precisa. La verdad es que el proyecto en debate, que implica retroceso, no cumple absolutamente ninguna de sus promesas.

Por lo demás, debo expresar al señor Ministro, especialmente, que habría mucho que discutir. Y sólo con el objeto de dar tema a nuestras intervenciones de mañana o en el debate posterior del proyecto, antes de terminar plantearé tres aspectos que no hemos abordado hasta el momento y que es necesario hurgar a fondo.

En primer lugar, en la ley de Presupuestos de este año se ha calculado el precio del cobre a 42 centavos la libra. En los meses de enero y febrero se han vendido 140,9 millones de libras a un precio promedio estimado de 59,9 centavos de dólar la libra, y en el mes de marzo se vendieron 129,3 millones de libras, a 65,6 centavos la libra. Es decir, se han vendido 270,2 millones de libras de cobre, con un valor de 169 millones de dólares, en lugar de haberse obtenido los 113 millones de dólares estimados en el Presupuesto. En otras palabras, se ha producido una diferencia de 56 millones de dólares, que al correr del tiempo y dentro del sistema de ventas que discutimos , con los representantes del Comité del Cobre, si consideramos una cifra totalmente posible, al cambio de 6,3 escudos el dólar, representan un ingreso real de 352 millones 800 mil escudos. Este cálculo es totalmente real y fue obtenido de los informes del Comité del Cobre.

Ahora viene este otro punto: las entradas en dólares de la ley de Presupuestos vigente se han estimado en 218 millones, que convertidos en moneda nacional al cambio de 6,5, en lugar del 6,1 estimado en el Presupuesto, producirá un mayor ingreso real de 87 millones de escudos. En la ley de Presupuestos para 1967, se calculó el ingreso en 5.426.219.150 escudos, y se recaudaron aproximadamente 6.275.859.062 escudos. Ello significa 16 por ciento más. En la ley de Presupuestos para el año 1968, los ingresos se estimaron en 7.311.600.000 escudos, y es dable pensar que con una desvalorización monetaria superior a la del año 1967, se produzca un incremento de más de 20 por ciento en los ingresos. Sin embargo, calculando sólo un mayor ingreso de 50 por ciento del que es posible esperar, tendremos mayor recurso por 731 millones de escudos.

Estos datos, más los que he entregado en su oportunidad al señor Ministro y que me han sido solicitados por algunos Honorables colegas, son más que suficientes para pensar que no estamos errados al decir que existen recursos y que debemos hacer un estudio ojalá lo hagan las Comisiones bastante profundo, en especial en los aspectos relacionados con el financiamiento.

Por ejemplo, señor Ministro, el financiamiento sube el impuesto a las compraventas, del 7 por ciento, al 8 por ciento. No sé si tocios los Honorables colegas están en conocimiento de que el término medio de las alzas de dicho tributo alcanza a 14,5 por ciento. La mayor parte de los gastos de una persona que vive de un sueldo o salario sen afectados por el impuesto a las compraventas, y, como digo, el alza promedio de las diversas tasas de dicho tributo es de 16,5 por ciento; en algunos casos es de 14,28 por ciento, 16 por ciento, 15 por ciento, 16,5 por ciento, 61 por ciento, 70 por ciento, 17 por ciento, 33 por ciento, 20 por ciento, 13,3 por ciento y 12,3 por ciento. Si bien en el promedio de alza de 16,5 por ciento de las diversas tasas del impuesto a las compraventas pueden influir mucho los tramos más altos, dicho aumento resulta ser extraordinariamente importante y no se compadece, en verdad, con el 12,5 por ciento de reajuste que se pretende dar. Todavía más, ese incremento no afectará tanto a los sectores de mayores ingresos de este país, pues un señor Irarrázabal o de otro apellido vinero semejante, puede comprar directamente a firmas mayoristas como Weír Scott o Duncan Fox, o cualquiera otra. En cambio; el de ingresos escasos, mientras más pobre es, más sufre, los recargos del impuesto a la compraventa. En efecto, antes de llegar al barrio, la mercadería ya ha pasado por una firma distribuidora, por un mayorista de segunda o tercera categoría ; o sea, llega al almacén de la calle San Diego, de la población "Santa Marta", "Santa Adriana" o "Monseñor José María Caro" después de haberse pagado por ella cuatro, cinco, seis o siete veces el impuesto a la compraventa. Sin embargo, esa persona recibe sólo un reajuste de 12,5 por ciento o 21,9 por ciento, según el caso.

El gravamen en referencia es abiertamente inflacionario, no obstante haberse comprometido el Gobierno, en la citada carta, a adoptar medidas para contrarrestar la inflación y no a favorecerla. Por eso, rechazamos este tributo, sin el ánimo mezquino de dejar sin recursos al Ejecutivo. He planteado personalmente, y en nombre de mi partido, que nosotros, después de comprobarse la efectividad de los datos que hemos solicitado, estamos dispuestos a votar financiamientos no inflacionarios que permitan solucionar los problemas reales que existen.

Por lo expuesto, en ésta nuestra primera intervención, deseo expresar que, en defensa de un importante sector de la Administración Pública; del profesorado nacional, con cuya interpretación sobre el acuerdo magisterial coincidimos totalmente; de los montepiados y jubilados de Chile; de los pensionados del Servicio de Seguro Social ; de sectores importantes, cuyos acuerdos y compromisos anteriores, como es el caso de los trabajadores de la Salud y de Correos y Telégrafos, no fueron cumplidos, los Senadores radicales votaremos en general contra este proyecto.

El señor BARROS.-

Señor Presidente, siguiendo la ronda constante que impone la legalidad burguesa, el Senado debe pronunciarse sobre un nuevo proyecto de reajuste de sueldos y salarios de los trabajadores chilenos. Este engendro, cocinado por los técnicos del Gobierno sobre la base de estadísticas escandalosamente falseadas, pretende recortar de manera drástica las remuneraciones de hambre que percibe nuestro pueblo; imponer como lo pretendió con el primitivo proyecto ya repudiado por la masa trabajadora un ahorro obligatorio que irá a incrementar los capitales de las grandes compañías de los imperialistas y de los clanes monopólicos y, lo que fue más aberrante, hasta a restringir el derecho de huelga de los trabajadores. O sea, el espíritu de la ley pretende que las clases más explotadas, que ya sufren los trágicos efectos de la desnutrición, de las viviendas insalubres y de una mortalidad infantil que es una vergüenza nacional, se suman en una miseria aún mayor, para capitalizar con ello a los monopolios nacionales y extranjeros. Se trata también de hundir en la miseria a los empleados modestos y de arruinar a los pequeños comerciantes, ya agobiados por los impuestos, cuyas ventas disminuirán violentamente. Todo se hace invocando la necesidad de restringir el mercado interno, como si nuestros asalariados gastaran desmesuradamente y vivieran en forma dispendiosa.

Como previeron la desesperación en que sumirán a la clase trabajadora, los artífices de este monstruoso proyecto se anticiparon a limitar y reglamentar el derecho de huelga hasta quitarle todo valor como arma de lucha. Pretendieron, bajo el amparo de la ley, saquear, amordazar y maniatar a los trabajadores de una sola vez. Esta iniciativa, que el Gobierno pretende imponer a toda costa y a pesar del repudio general que provocó su solo anuncio, ha servido de campanada de alerta a nuestro pueblo para que comprenda cuál es su destino bajo este régimen; para que conozca qué intereses sirve este Gobierno; para que medite cómo lo han arrastrado, de conciliación en conciliación, a una miseria creciente y a tener que afrontar este nuevo escarnio; para que reconozca a sus enemigos abiertos y encubiertos.

Lo primero que debe llamar la atención de los trabajadores es el hecho de que sólo una vez al año, en una fecha fija, se monta una farsa para atender a sus remuneraciones, para concederles el mal llamado "reajuste". ¿Pasa lo mismo con los precios de los artículos que necesitan para vivir? ¿Se alzan también éstos sólo una vez al año? No, señores Senadores. El Gobierno durante todo el año, en cualquier mes y en cualquier fecha, está dispuesto a atender las peticiones de alzas de precios exigidas por las grandes compañías que manejan' la industria y el comercio mayoristas, especialmente cuando se trata de compañías con capitales yanquis o de los clanes monopolistas criollos.

Los trabajadores deben soportar durante todo el año la rebaja continua y acelerada de su nivel de vida; absorber a diario las alzas; resistir, como puedan, la profundización de su miseria. Todo ello, esperando inútilmente que el reajuste anual les devuelva su poder de compra.

Yo me pregunto, señor Presidente, ¿cuándo hemos discutido aquí el alza de la locomoción, del aceite, de la leche y tantas otras que el Gobierno concede a cada paso, con manga ancha y mediante simples decretos ministeriales? Jamás se nos ha consultado sobre eso. Ningún Senador puede decir: "Me opongo al alza del pan, me opongo al alza de la bencina", ni dar las razones de su actitud.

Las alzas son concedidas en rápido trámite, sin discusión y a espaldas de la opinión pública. Sin embargo, cuando se trata de hacer justicia al obrero, al campesino y al empleado, se presenta un complicado proyecto de ley de reajustes, mañosamente preparado, con datos estadísticos falseados, que es, en el fondo, una burla cruel, porque el mezquino "reajuste" que otorga el Gobierno al comienzo de cada año no sólo no alcanza para enfrentar las alzas que se dictarán en los inmediatos meses venideros, sino que ni siquiera cubre la mitad de las del año anterior. Así, los sueldos y salarios van siendo reducidos en su valor real, en su poder de compra, de año en año, de mes en mes.

Para comprender la verdad de la gran estafa que ha estado sufriendo el pueblo chileno, basta que los trabajadores recuerden cuál era su salario en 1961, cuando el escudo estaba a la par con el dólar, y lo comparen con el de hoy. ¿A cuántos dólares corresponde su salario actualmente, cuando esta moneda tiene un valor de diez escudos en el mercado negro? El obrero, que en 1961 ganaba cien escudos, o sea cien dólares, hoy recibe alrededor de cuatrocientos escudos, es decir, cuarenta dólares. ¡Su salario se ha rebajado en 60% ! Y la gran estafa no comenzó en 1981, sino mucho antes.

Pero hay más, señor Presidente. Con este nefasto sistema de reajustes por ley, se están burlando, desde hace bastante tiempo, las disposiciones del Código del Trabajo y el derecho de huelga, que el Gobierno pretendió suprimir por completo. En dicho código se reconoce, aunque en forma imperfecta y mezquina, el derecho de los trabajadores a establecer, mediante su lucha y el enfrentamiento con los patrones, el monto de sus salarios. El sistema anual de leyes de reajustes es un esfuerzo para anular la lucha de clases, para someter las conquistas de los trabajadores al arbitrio supremo de lo que el Gobierno quiera otorgarles por ley. Esto es aún más grave en el actual proyecto de reajustes, ya que el Ejecutivo pretende apoderarse de una parte de él para destinarlo a bonos CORVI. Hasta ahora no se ha visto una acción más descarada en contra de los intereses populares. Los trabajadores tendrán que poner, según este proyecto, el fruto de sus luchas y sacrificios en manos de un Gobierno que representa a los más declarados enemigos y más feroces explotadores del pueblo.

Por primera vez en la historia, las luchas de los obreros, campesinos y empleados no serán para mejorar sus condiciones de vida, sino para aumentar los capitales de las grandes empresas, para engrosar las ganancias y panzas de los monopolistas criollos e inversionistas yanquis.

Al denunciar toda esta política contraria a los intereses de la clase trabajadora, de la cual el Gobierno del señor Freí no es más que un obediente continuador, tenemos que preguntarnos, ¿quién dirige sus hilos? ¿A quiénes sirve la política de intensificación de la miseria? ¿Sirve a los medianos y pequeños comerciantes o a los profesionales honestos que viven de la atención de sus consultorios? ¡No! Por el contrario, a todos ellos los perjudica y les limita sus ingresos. Esta política sólo sirve al imperialismo norteamericano y a sus aliados, los clanes monopolistas criollos, con quienes comparte el fruto de su despiadada explotación. El imperialismo yanqui es el verdadero dueño del poder en Chile, como en el resto de los países que domina, mientras los Gobiernos son apenas servidores de turno de sus planes y de su política. Basta recordar el destino de los mandatarios latinoamericanos que no lo han obedecido fielmente, como Goulart, de Brasil; o Illia de Argentina. Todos sabemos que la política de congelación de sueldos y salarios, de supresión del derecho de huelga, de restricción del crédito, etcétera, obedece a instrucciones precisas del Fondo Monetario Internacional, el organismo yanqui a donde acuden a mendigar préstamos los Gobiernos latinoamericanos.

El imperialismo, al mismo tiempo que saquea nuestras riquezas naturales, que nos impone un comercio desigual y abusivo, y que nos arrebata más de un tercio de nuestras divisas en pago de intereses de la deuda externa, aprieta el torniquete de la, miseria a nuestra clase trabajadora exigiendo la rebaja de los salarios reales.

Este gran explotador internacional tiene tres razones principales para beneficiarse con la rebaja del nivel de vida de nuestro pueblo: en primer lugar, para obtener mano ele obra barata y rebajar los costos de sus grandes empresas extractivas, como la del cobre, del hierro, etcétera; en segundo término, debilitar las industrias nacionales por falta de poder consumidor de las graneles masas, apoderarse de las mejores, eliminar a las otras e imponer sus propias mercaderías; y, por último, evitar tocia posibilidad de un verdadero desarrollo industrial que permita aprovechar y transformar las riquezas naturales, y dejarnos como simples proveedores de materias primas, esclavizados a los precios del mercado mundial que él controla.

Esa es la política que impone el imperialismo norteamericano a sus Gobiernos vasallos: una política de rapiña y explotación cada vez más: intensas. El Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Estado norteamericano califican a los Gobiernos del hemisferio según su fuerza represiva y su capacidad demagógica para aplicar tal política y acallar las protestas de los pueblos. El Honorable señor Bossay ha sido muy valiente en su reciente exposición que yo comparto relativa al Fondo Monetario Internacional.

En Chile, los Gobiernos de González Videla, Ibáñez y Alessandri y la actual Administración de la "revolución en libertad" que yo llamaría "libertad bajo fianza", con diferentes estilos y procedimientos diversos, han obedecido fielmente sus órdenes en espera de la sonrisa del amo y de los dólares para mantener su burocracia partidista.

Era difícil imaginar qué haría el señor Frei para estrujar aún más que sus antecesores a nuestro pueblo. No obstante, la crisis del imperialismo yanqui la tragicomedia llorona de Johnson y la posibilidad de que lo suceda el "playboy" Bob Kennedy derivada de su costosa derrota en Vietnam, exige una mayor expoliación. Ya no ha bastado la rebaja constante por medio del mísero "reajuste" anual. Era necesario tapar, con el sudor y el hambre de nuestra clase trabajadora, el forado que deja en nuestra economía la explotación imperialista. De ahí el deseo de reajustar la miseria soportando alzas desenfrenadas, de suprimir el derecho de huelga, de congelar sueldos y salarios y, mediante el ahorro forzoso, recortar los ingresos con un miserable paliativo anual.

¿Cómo ha podido nuestro pueblo soportar mansamente que le rebajen su nivel de vida ? ¿ Cómo ha podido llegar a esta situación en que su Congreso Nacional debe decidir si es legal o no lo es que le arrebaten una parte de sus sueldos y salarios? En gran parte de los países latinoamericanos, la política de hambre y explotación creciente del imperialismo yanqui necesita ser aplicada mediante brutales dictaduras militares. Aquí en Chile, gracias a la política conciliadora de los falsos "líderes" izquierdistas, los Gobiernos pueden intensificar la explotación de nuestro pueblo y conservar, al mismo tiempo, su aparente democracia.

¿Para qué necesitan salirse ostensiblemente de las leyes burguesas cuando la propia "Oposición de Izquierda" los mismos que se autocalifican de revolucionarios, se someten mansamente a la legalidad reaccionaria, la defienden y se limitan a discutir detalles, porcentajes y otras minucias?

Ellos han aceptado la desmovilización de las masas y transformado la lucha de clases en una discusión anual entre los muros del Parlamento, en un tira y afloja sobre centavos más o menos, para mostrar luego, como victoria de los trabajadores, lo que no es sino un despojo descarado. Ellos deben ser juzgados por nuestro pueblo como cómplices de este escarnio. Estos "líderes de Izquierda" cuentan con una frondosa burocracia conocida oficialmente como "negociadores sindicales", especialistas en interpretar las leyes burguesas y en domesticar las luchas obreras y campesinas. El "Ejecutivo" burgués tiene su réplica y complemento en el "negociador sindical", dentro de esta pegajosa miasma del reformismo legalista. No es casual que la burguesía haya establecido ya cursos en la Universidad para "negociadores sindicales".

Esta es la "Oposición" que necesita el Gobierno para llevar adelante los planes del imperialismo, para dar apariencia legal a su real dictadura. El Gobierno sabe cómo tratarla y manejarla. En este momento tiene detenidos los convenios suscritos con la Unión Soviética, en espera de ver cómo se conduce esa "Oposición" frente al proyecto en debate.

Denuncio este proyecto de ley, y lo votaré negativamente en general, porque con él se pretende aplastar definitivamente el derecho de los trabajadores a disponer y luchar por mejores sueldos y salarios, y porque pretende obligarlos a recibir como máxima remuneración lo que la oligarquía chilena y el imperialismo quieran pagarles.

Votaré en contra del ahorro obligatorio, como asimismo de todas las disposiciones que implican la agravación de la dictadura que los monopolios y el imperialismo han implantado en Chile.

Hago un llamado a los trabajadores para que defiendan con toda su combatividad y con la unidad más férrea sus derechos inalienables, que no son una dádiva otorgada por éste ni por ningún Parlamento, sino un derecho conquistado por el proletariado en luchas heroicas, abiertas y frontales contra sus enemigos de clase.

Les formulo un llamado para que, en sus asambleas sindicales, exijan la discusión plena de sus pliegos de peticiones y desenmascaren a los "tramitadores sindicales", a los conciliadores, a los burócratas que llegan a amedrentarlos con la amenaza de cierre de la industria, a toda esa amarilla "maffia" de agentes de la burguesía; para que comprendan que el destino de los trabajadores y de sus familias no puede quedar en manos de esas ratas ni ser resuelto en sus visiteos a las autoridades, en los oscuros corredores del Congreso, ni en las antesalas ministeriales. Sólo la unidad, la solidaridad de clase y la combatividad proletaria pueden llevarlos a triunfar.

Hago un llamado para que los proletarios tomen conciencia de su fuerza y de su carácter de verdaderos creadores de las riquezas nacionales; para que abandonen el camino de la mansedumbre por el que los han conducido los oportunistas y retornen al camino señalado por el actual paro y. por aquel recordado movimiento nacional del 23 de noviembre, donde 70 mil trabajadores manifestaron su protesta ante este proyecto, llenando de pánico al Gobierno y a los propios dirigentes oportunistas.

Hago un llamado a las sufridas mujeres de nuestro pueblo, que en el seno de sus hogares conocen mejor que nadie los efectos de esta política de hambre, para que salgan a las calles a gritar su protesta.

Hago un llamado a los pequeños comerciantes, a los profesionales y hombres patriotas de Chile para que cierren filas junto a la clase trabajadora, para que comprendan que no puede haber capitalización ni desarrollo basados en la miseria y la desnutrición progresivas del pueblo, para que se opongan a esta política genocida impuesta por el imperialismo yanqui y servida con tanta eficiencia por el Gobierno.

El señor AYLWIN.-

Intervengo en el debate, no con pasión partidaria, sino con gran serenidad. A mi juicio, el tema es demasiado importante para entusiasmarse con partidarismos o con posiciones teñidas de prejuicios que nublan el entendimiento y la reflexión sobre el problema.

Estimo que esta discusión es el reflejo de la incapacidad de los chilenos para derrotar la inflación, grave flagelo que aflige al país desde casi ochenta años, del cual hemos tratado de liberarno en reiteradas ocasiones, sin la perseverancia necesaria para mantener una política que logre ponerle atajo.

El drama de la inflación.

En verdad, es dramático que año a año el principal tema legislativo que ocupa buena parte del tiempo del legislador tal vez la cuarta parte, pero con seguridad la más intensa, sea el debate del reajuste de remuneraciones, que no tiende a dar mayor participación al trabajador en la distribución de la renta nacional, sino fundamentalmente a servir como compensación de las pérdidas sufridas a consecuencia del proceso inflacionario.

En los cuarenta años anteriores al advenimiento del actual Gobierno, entre 1924 y 19S4, los precios de las mercaderías más corrientes subieron mil veces. Es decir, lo que en 1924 valía un peso, en 1964 cuesta mil pesos. Las cifras que doy no forman parte de la estadística oficial: son producto de la revisión de distintos datos. El solo conocimiento de la gravedad del problema debería espantar.

En el decenio de 1930, la inflación tuvo un ritmo de 7% ; en el de 1940, de 18% ; en el de 1950, de 36%. En los años transcurridos del actual decenio, ese porcentaje es el siguiente: en 1961, 9,7% ; 1962, 27,7%; 1963, 45,4%; 1964, 38,4%; 1965, 25,9%; 1966, 17%, y 1967, 21,9%. Promediadas estas cifras permiten calcular, para estos ocho años, una inflación de 23,9%.

Frente a esta realidad, ha sido necesario establecer políticas de reajustes, las cuales en la década de 1940, cuando empezó a agravarse el problema, fueron esporádicas y distintas para cada uno de los Servicios públicos. Es decir, un tipo de reajuste para el Poder Judicial, otro para las Fuerzas Armadas, otro para Carabineros, otro para el Registro Civil, y así sucesivamente. A mediados de ese decenio, se empezó a otorgar reajustes de tipo general año a año, a veces cada dos años, unos superiores al alza del costo de la vida; los más, inferiores al mismo. No hubo una política uniforme sobre la materia. Hubo experiencias congelatorias y, también, sobre todo en los últimos doce años durante los Gobiernos de los señores Ibáñez y Alessandri, se concedieron reajustes francamente restrictivos, o sea, inferiores al alza del costo de la vida. Sin embargo, el problema subsiste.

¿En qué consiste el fenómeno? No soy economista ni técnico capaz de dar lecciones al Senado sobre la materia. Pero la estimación general vincula el fenómeno de la inflación a la carrera entre los precios y los sueldos y jornales.

Lo que opinaba el profesor Baltra.

Tengo a la mano el texto de las palabras que definen la inflación del profesor de Economía, Honorable colega Alberto Baltra, con motivo de la defensa que él hacía respecto de un proyecto de estabilización de sueldos, salarios y precios, del cual era autor como Ministro de Economía.

Decía lo siguiente el Honorable colega: "La inflación no es, en Chile, un fenómeno de historia reciente, pero reviste, en los últimos tiempos, caracteres graves, que han originado fuertes sentimientos de zozobra e intranquilidad en todas las actividades y clases sociales; y se nos presenta como una pugna entre precios y sueldos o jornales, en que, de una parte, los obreros y empleados luchan por aumentos continuos de sus remuneraciones para compensar los aumentos en los precios de los artículos o servicios que determinan el costo de la vida, mientras que, de la otra, los productores y comerciantes, presionados por la elevación de los costos, luchan por precios que cubran esos aumentos y les proporcionen las correspondientes ganancias."

En seguida, tratando de precisar el concepto, el profesor Baltra agregaba:

"El precio es la resultante entre la cantidad de bienes disponibles en el mercado y los medios de pago que los consumidores destinan a comprar los bienes que necesitan o desean. En consecuencia, aumentar los medios de pago, el poder adquisitivo, la cantidad de billetes que recibe el obrero o el empleado, sin aumentar correlativamente la cantidad de bienes disponibles, no cambia, en absoluto, la situación personal de quienes reciben ese suplemento de medios de pago, do poder de compra o de billetes, pues dicho aumento acarrea, como efecto inevitable, el alza general de los precios, sí los bienes que nos proponemos adquirir son los mismos o no se acrecientan en la debida proporción. Por estas causas, si quisiéramos definir, de manera breve y sumaria, cuál debe ser a este respecto la política adecuada, tendríamos que concluir diciendo que consiste, en cuanto mira al futuro, en buscar un azimento de la producción, como lo hace el Gobierno, por medio de sus planes de fomento," decía en esa época "y, en lo momentáneo, en permanecer vigilantes sobre la cuantía de los medios de pago y su empleo, como asimismo sobre el nivel de los precios, a fin de impedir que, mientras el equilibrio se restablece, se ocasionen alzas que no se justifiquen."

Y terminaba diciendo:

"Es un hecho conocido que la casi totalidad de los salarios y sueldos se destinan a gastos de consumo, pues, cuando los recursos del hombre adinerado crecen, lo más posible es que sus mayores rentas las dedique al ahorro o a la inversión. Pero cuando las remuneraciones de los empleados y obreros aumentan, se observa de inmediato un alza, en el precio d,e los bienes de consumo, porque el hombre de fortuna no tiene necesidades insatisfechas; el bien de consumo no le atrae; pero, en cambio, le atrae la inversión, el bien capital. A la inversa, si los nuevos ingresos los perciben hombres que anteriormente no pudieron adquirir bienes sino en cantidades reducidas, tratan de hacerlo destinando para ello las mayores rentas de que disponen. Por esta causa, el crecimiento de los medios de pago en poder de la clase trabajadora acarrea de inmediato un alza de precio en los artículos de consumo, si la producción no aumenta con idéntico o análogo ritmo."

Esas fueron las palabras del Ministro de Economía de la época, señor Alberto Baltra.

Lo que opinaba el Senador Bossay.

En una oportunidad posterior, el 3 de enero de 1956, el Honorable señor Bossay, que defendía un proyecto sobre congelación de sueldos y salarios que dio origen a la ley 12.006, cuyo autor fue el entonces Ministro del ramo, señor Osear Herrera Palacios, sostuvo el mismo criterio. Su Señoría dijo, entre otras cosas, lo siguiente:

"Todos sabemos que la inflación es, por sobre todo, la traducción de un desequilibrio. Es el desequilibrio entre la demanda y la oferta, entre la capacidad, de compra y lo que se puede comprar. Por esta causa, todo programa antinflacionista tiene que revestir, primariamente, un doble aspecto. En primer término, debe consignar medidas encaminadas a aumentar la producción, y, en segundo lugar, contener medidas tendientes a reducir los excesos de la demanda. Esto es si pudiéramos así decirlo el alfabeto en la lucha contra al inflación."

Y en otro párrafo agregaba:

"Como en una economía alterada por el proceso inflacionista la oferta no puede crecer en la misma proporción que la demanda, es necesario adoptar medidas encaminadas a reducir el poder de esta última."

Lo que ha hecho este Gobierno. '

Pues bien ¿qué ha hecho el actual Gobierno en los tres años de ejercicio del Poder?

Nosotros participamos del criterio expuesto por el Honorable colega señor Bossay, consistente en que los reajustes superiores o iguales al alza del costo de la vida no determinan por sí solos la inflación. Es decir, aumentar los sueldos y salarios en un porcentaje igual o superior al alza del costo de la vida, no causa necesariamente inflación. Conforme a esa tesis, puedo decir que en los dos primeros años el Gobierno otorgó por ley, reajustes iguales al ciento por ciento del índice de precios al consumidor, y, en el tercero, casi iguales a dicho incremento.

Aparte lo anterior, algunos gremios, como el de profesores, y numerosos servicios postergados, gozarán de reajustes adicionales superiores al alza del costo de la vida producida en el período anterior. Además, a causa de la libertad en cuanto a contratación, negociación colectiva, derecho de petición y huelga, la generalidad de los trabajadores chilenos obtuvieron aumentos muy superiores al alza del costo de la vida.

Este fenómeno determinó una redistribución considerable del ingreso nacional a favor de los trabajadores. En los dos períodos presidenciales anteriores al actual, la participación de los asalariados en la renta nacional subió 3 puntos, de 44%, a 47%. En los tres años primeros de este Gobierno, ha subido 5 puntos: de 47%, a 52%. ¡Por primera vez en la historia de Chile, los trabajadores han recibido más de la mitad de la renta nacional!

Pues bien, junto con ello se produjo un impulso evidente en el desarrollo económico, un aumento de la producción y del ingreso nacional.

Se han citado aquí algunos conceptos en reiteradas oportunidades se mencionan por opositores de la exposición hecha por el ex Ministro de Haciendadon Raúl Sáez el 9 de marzo pasado, tratando de presentarlos como prueba del reconocimiento de una situación catastrófica; pero la verdad es que se leen partes de dicha exposición y se ocultan otras. Por ejemplo, se omite por completo toda referencia a este párrafo muy importante: "Quisiera señalar" dijo don Raúl Sáez "que el crecimiento del producto, en el conjunto de los tres años, que resulta de 15,3% sin considerar la elevación del precio del cobre, ha sido efectivamente de 20,3% tomándolo en cuenta, lo que resulta ser la más alta tasa conocida por Chile en un período de años equivalentes". Es decir, aun prescindiendo del mejoramiento del precio del cobre, en estos tres años 1965, 1966 y 1967 el producto nacional aumentó en 15,3%, más de 5% al año, lo que en tres años consecutivos representa un incremento' vigoroso de la economía.

Pero si bien es cierto que se produjo ese incremento de 15% del producto nacional 15% sin tomar en cuenta el mayor precio del cobre; 20% tomándolo en cuenta, por otra parte los sueldos y salarios aumentaron realmente, deflactada la desvalorización monetaria, en 40%, es decir a un ritmo de 12% anual. Todos los economistas, cuando hablan de la redistribución del ingreso, aceptan como meta ideal 7% al año. En los primeros tres años de nuestro Gobierno, ese índice ha sido de 12%. Ello ha determinado que, mientras los índices de salarios subieron, de 270% exactamente, 274,4% en abril de 1964, a 859% en julio de 1967, los índices de precios habían aumentado, de 292,5% en la primera fecha, a 583% en la segunda, lo que representa un alza real de sueldos y salarios superior a 40%.

Como lo dijo el señor Molina en su exposición de la hacienda pública ante la Comisión Mixta de Presupuestos, comentando estos datos, "es absolutamente imposible pedir a un Gobierno que detenga la inflación cuando el aumento anual de salarios es superior al doble de incremento de la producción en el mismo período". Nosotros no creemos que deba atacarse

la inflación exclusivamente con medidas financieras ni restrictivas. En eso estamos perfectamente de acuerdo. Y la política puesta en práctica por este Gobierno no ha sido ésa ni ha sido la política tradicional del Fondo Monetario Internacional, como aquí se dice.

Necesidad de ahorro.

Tengo a mano el libro de Aníbal Pinto "Ni Estabilidad ni Desarrollo", en que critica la política del Fondo Monetario y plantea su propia tesis. En la página 71 señala la necesidad de elevar la tasa de ahorro e inversión del país, sin lo cual resulta imposible obtener el propósito de detener la inflación. "Esta necesidad" dice "toca el hueso de la cuestión planteada hace tiempo por el economista mejicano Juan Noyola: que en tanto la política ortodoja pretende resolver el problema de las presiones inflacionarias reduciendo la inversión (para equipararla a los ahorros "espontáneos"), una política realista y que tenga en cuenta al desarrollo tiene que plantearse un criterio opuesto frente a la ecuación, esto es, el aumento del ahorro". Luego se plantea cómo conciliar este aumento del ahorro con la necesidad de redistribuir los ingresos a favor de los trabajadores, y dice que, evidentemente, debe exigirse ahorrar a los sectores más pudientes.

No cabe duda de que en Chile la política seguida por el actual Gobierno en materia tributaria los aumentos experimentados por los gravámenes directos, el impuesto al patrimonio, el reajuste del impuesto a la renta ha significado un gravamen fuerte, que ha obligado a los sectores más pudientes, de altas rentas, a efectuar ahorros qué no se incorporan a sus patrimonios, sino a la comunidad, por medio del Estado, y que han permitido a éste aumentar la inversión pública en términos extraordinarios.

Dice Aníbal Pinto que también hay que exigir ahorro a los demás sectores: "No hay tal incompatibilidad' si la política se dirige y consigue elevar la propensión a ahorrar (por medio de incentivos o forzadamente) de los grupos pudientes. Lo que sí puede reclamarse de la mayoría de la población es que su consumo por persona se acreciente con una ratio inferior a la del incremento del producto nacional".

Esta receta que ha dado Aníbal Pinto Santa Cruz, hombre de reconocida tendencia izquierdista, según la cual el incremento del consumo popular debe ocurrir a un ritmo inferior o, en el mejor de los casos, igual al aumento del producto, es la que, en nuestro caso, no ha podido cumplirse, porque los reajustes o incrementos de la renta de los trabajadores, que no fueron sólo reajustes en los tres primeros años de Gobierno, sino aumento real, incremento o mejoramiento efectivo, mayor participación, mayor poder de compra, superaron, en su ritmo, el aumento de la producción. El incremento del consumo popular superó también, en consecuencia, el de la producción. Y esto se explica porque, como lo decía el Honorable señor Bossay en su intervención que antes cité, del año 1956, como lo enseñan todos los economistas y es un hecho reconocido, el incremento de la producción es necesariamente lento y no puede seguir siempre el mismo ritmo.

¿Por qué de nuevo la inflación?

La política programada por nuestro Gobierno para detener el proceso inflacionario se ha quebrado porque, en el hecho, los reajustes que han obtenido los trabajadores en este período han sido superiores a los que se había previsto. La presión sindical y la falta de instrumentos adecuados para evitarlo han determinado un incremento excesivo de esas remuneraciones.

Ese es el hecho. Y ahí se encuentra la explicación frente a lo planteado por el Honorable señor Bossay. Es evidente que, en el primer año de aplicación de esa política, en que los reajustes de remuneraciones fueron superiores al alza del costo de la vida, no se produjo aumento de la inflación; en el segundo año, tampoco, porque la capacidad del país para aumentar la producción pudo afrontar en ese momento el aumento del poder de compra. Pero si ello se repite durante varios años consecutivos, llega un momento, como el actual, en que el fenómeno se dispara, porque el incremento de poder de compra supera en mucho al aumento de producción de bienes disponibles. Este es el fenómeno que estamos viviendo y ante el cual el Gobierno ha querido reaccionar.

Para demostrar lo que estoy diciendo, citaré cifras de un cuadro relativo al incremento de las remuneraciones, precios y tasas de cambio, entre 1964 y 1967, y que tiene por base, respecto de remuneraciones, los sueldos y salarios de los sectores públicos, servicios de utilidad pública, minería y manufactura, según las encuestas trimestrales que realiza la Dirección General de Estadística y Censos. Estas encuestas comprenden un número cercano a 150 rail obreros y a 130 mil empleados.

¿Cuáles son esos datos?

Remuneraciones y precios.

Los sueldos medios de los trabajadores de los sectores indicados, que en 1964 eran de Eº 364 al mes, fueron, en 1967, de S79 escudos, es decir experimentaron un aumento de 168%. Los salarios, que en 1964 eran de 186 escudos al mes, llegaron, en 1967, a un promedio de 536 escudos, lo que da un promedio de 188% de aumento. Si, en cambio, se analizan las alzas de precios habidas en arroz, pan, porotos, cazuela de vaca, aceite, huevos, leche fresca, papas, azúcar, té corriente, abrigos, zapatos de hombre, de mujer y de niño, locomoción urbana, cuadernos escolares, cigarrillos, etcétera, se llega a la conclusión de que el índice de precios al consumidor ha subido en 87%.

Por su parte, la tasa de cambio, en ese mismo período, subió en 83%.

Es decir, mientras el alza de los precios y del cambio fue inferior a 100%, el aumento de las remuneraciones sueldos y salarios fue cercano a 180%.

Voy a hacer entrega de este cuadro a la Mesa y le ruego, señor Presidente, que solicite la venia de la Sala para insertarlo en mi intervención.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

El señor Senador ha solicitado que se incorpore a la versión de su discurso el cuadro a que ha hecho mención.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

El documento cuya inserción se acuerda es del tenor siguiente:

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

Puede continuar Su Señoría.

El señor AYLWIN.-

Sobre la base de este cuadro, yo quisiera señalar. . .

El señor CHADWICK.-

Perdone, señor Senador.

¿Esas cifras se refieren a 150 mil trabajadores?

El señor AYLWIN.-

Es el resultado de encuestas que realiza la Dirección General de Estadística y Censos en los sectores públicos, servicios de utilidad pública, minería y manufactura, y que comprenden 150 mil obreros y 130 mil empleados, más o menos.

Si uno quiere analizar, según esos datos, la capacidad adquisitiva de sueldos y salarios en litros de aceite, kilos de pan y pares de zapatos, resulta lo siguiente: el sueldo del empleado en 1964 equivalía a 264 litros de aceite, y en 1967, a 339 litros; a 883 kilogramos de pan el primer año, y a 1.327 kilogramos el último; a 11 pares de zapatos en 1964, y a 15 pares en 1967.

En cuanto al salario del obrero, el crecimiento es análogo.

Ruego al señor Presidente recabar el asentimiento de la Sala para que este cuadro también sea insertado en el texto de mi intervención.

El cuadro cuya inserción se acuerda es el siguiente:

El señor AYLWIN.-

Señor Presidente, deseo terminar esta parte de mis observaciones refiriéndome al caso de los profesores.

Aquí se ha especulado sobre el particular.

El señor GOMEZ.-

El artículo 27 es muy claro.

El caso del Magisterio.

El señor AYLWIN.-

En verdad, el caso del magisterio revela de manera extraordinaria cómo en este Gobierno, más que en cualquier otro en la historia de Chile, los maestros han mejorado su participación en el ingreso.

El Honorable señor Gómez cita el artículo 27 del acuerdo sobre remuneraciones del magisterio. Tengo a la mano ese documento, que dice en forma textual: "Estas rentas bases se entenderán reajustadas cada año para los efectos del cumplimiento de este acuerdo, en conformidad al porcentaje de reajuste general que se otorga al resto de la Administración Pública en el año correspondiente".

Con posterioridad, en la redacción de la ley se empleó la palabra "promedio", sin duda para expresar esta idea del reajuste general, que fue también la ex puesta en la divulgación del acuerdo magisterial.

La ley consignó diversos tipos de reajustes. El de los profesores, aparte el aplicado a ellos en especial, era el "general". Así se dijo en las exposiciones hechas en la época, que no fueron rebatidas, y así se aplicó el año pasado, sin reclamación alguna de la Federación de Educadores de Chile.

Es necesario consolidar lo ganado.

Pues bien, ¿qué debo concluir de todo este análisis? Que, siguiendo las enseñanzas aquí citadas, parece evidente que hemos llegado a un punto en que la redistribución de ingresos efectuada en estos tres últimos años a favor de los trabajadores debe tener un alto. Para poder seguir el proceso de incremento del desarrollo económico; con el objeto de que no se dispare la inflación, y para que el mayor sueldo o salario nominal no se convierta simplemente en alza de precios como lo exponía el profesor Baltra en la oportunidad citada, es indispensable retener parcialmente el ritmo de los reajustes y ver manera de acelerar la producción mediante el estímulo al ahorro o la destinación de recursos que permitan acelerar la inversión.

Todo el primer proyecto de reajustes del Gobierno estaba concebido sobre la base de esta importante filosofía. Creo que algún día la Izquierda chilena se arrepentirá de haber rechazado esa iniciativa, porque ella representaba un efectivo mejoramiento de las posibilidades del pueblo de tener acceso a la riqueza, no sólo en la renta, sino también en el capital. La creación del Fondo de Capitalización Nacional hacía a los trabajadores dueños de su ahorro; no obligaba a ahorrar a los capitalistas para que éstos se enriquecieran ni permitía que se enriqueciera el Estado con un ahorro colectivo.

Sólo tendía a que los propios trabajadores pasaran a tener participación en la propiedad del capital nacional mediante ese ahorro, del que pasaban a ser dueños.

Se desperdició esa oportunidad; se rechazó aquella idea que, estoy seguro, abrirá camino más adelante en la 'mente y conciencia del pueblo.

Frente a esta realidad, al Gobierno no le quedaba otra alternativa que tratar de obtener la aprobación de un proyecto que, mejorando considerablemente la situación de los servicios más postergados en términos muy superiores al alza del costo de la vida, limite parcialmente el reajuste de los sectores que se hallan en mejores condiciones dentro de la Administración Pública, de acuerdo con un criterio equitativo, y capitalice para la vivienda, mediante los bonos CORVI o de otro sistema, los recursos necesarios para incrementar los planes habitacionales y cumplir los programas de fomento y desarrollo de la economía nacional.

Esas son las razones que justifican también los tributos consignados en la iniciativa en debate, el empréstito forzoso y los recursos allí propuestos.

Termino expresando que tengo la convicción de que un razonamiento sereno debe conducir, a quienquiera que sea, a la conclusión de que no podemos seguir echando leña a la hoguera de la inflación; de que debe respaldarse un esfuerzo serio como el que ha estado haciendo y sigue haciendo nuestro Gobierno, para poner atajo a este proceso, y de que ello debe realizarse sobre la base de aumentar el ahorro y la inversión nacionales, consolidar los mejoramientos y la redistribución del ingreso ya conseguidos por los trabajadores y acelerar el impulso para el aumento de la producción.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).

En seguida, tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ.-

Señor Presidente, hago presente al Senado que dejaré lo fundamental de mi intervención para el día de mañana. En todo caso, me parece que sería útil, en forma previa, hacer algunas preguntas al señor Ministro de Hacienda relativas a los siguientes hechos. Ruego a Su Señoría excusarme, pues no estuve presente cuando terminó sus observaciones.

Tanto en la prensa como con las gestiones realizadas por el Honorable señor Tarud entiendo que también por el Honorable señor Luengo, en cuanto al sector público, se habría expresado que el Ejecutivo estaría dispuesto a ceder en sus posiciones iniciales respecto de algunos rubros importantes, que, concretamente se refieren ruego al señor Ministro responder en el mismo orden de ideas, en primer lugar, a que el Gobierno estaría llano a eliminar el sistema de los bonos CORVI para todo el sector al cual se aplica.

En segundo lugar, que al sector al que afecta el 12,5% se daría un mes de bonificación no imponible ni sujeto a impuestos, a fin de concederles un reajuste de 21,9% que es el discutible índice del alza del costo de la vida.

En tercer lugar, que el problema del magisterio, sector que se afirma en el derecho a exigir el cumplimiento de un acta solemne suscrita por el Gobierno, se podría resolver, eventualmente, con la formación de una comisión tripartita integrada por un personero del Ejecutivo, un delegado de los profesores y un tercer miembro elegido de común acuerdo por las dos partes.

En cuarto lugar, que el sector de pensionados acogidos a la ley 10.343, que en número de 300 mil personas están afectados en forma seria por el proyecto de reajustes aprobado por la Cámara y que estamos conociendo, pierde, en el hecho, 7% de sus modestas pensiones.

Por el momento, parece que éstos son los cuatro puntos básicos, pues hasta ahora nada se habla del impuesto a la compraventa ni de otros factores a los cuales nosotros asignamos importancia. En todo caso, creo que previamente es necesario tener esta información oficial en el Senado.

Por eso, ruego al señor Ministro de Hacienda dar respuesta a mi inquietud, con el objeto de confirmar o desvirtuar lo sostenido por algunos colegas y en diversas entrevistas en las que deliberadamente no hemos participado.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Sería con cargo al tiempo del Comité Socialista.

El señor RODRIGUEZ.-

¡No sea, egoísta, señor Ministro!

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Es que me queda muy poco tiempo.

El señor RODRIGUEZ.-

Su Señoría dispone de un lapso cercano a las cuatro horas.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

En realidad, podría contestar al señor Senador en pocos minutos.

El señor RODRIGUEZ.-

Por último, no tengo inconveniente.

¡Hasta en eso Su Señoría es corto y poco generoso...!

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).

Personalmente, creo que no debo responder en la Sala a las preguntas formuladas por el Honorable señor Rodríguez, pues son materias producto de conversaciones sostenidas con determinados grupos políticos.

En el momento en que se llegue a algún acuerdo no existe ninguno por el momento, daré cuenta de él á la Sala mediante las indicaciones pertinentes del Ejecutivo.

Sobre el particular, creo que no corresponde anticiparse a dar a conocer a esta Honorable Corporación las gestiones que se estén realizando para obtener la aprobación del proyecto de reajustes.

El señor RODRIGUEZ.-

"¡Mutis por el foro". .. !

No cabe duda de que los esfuerzos que están realizando algunos Honorables colegas desde luego, de buena fe están en un plano de absoluta inseguridad. El señor Ministro evade el problema, pese a que su respuesta, indudablemente, tenía mucha importancia para la decisión ulteriorde los diversos sectores políticos.

Por eso, prefiero continuar mis observaciones en la sesión de mañana.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

REAJUSTE DE REMUNERACIONES PARA 1968.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Corresponde continuar el debate general del proyecto de ley sobre reajuste de remuneraciones de los empleados y obreros de los sectores público y privado, informado por las Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas.

Los antecedentes sobre este proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 73ª, en 26 de marzo de 1968.

Informes Comisiones de:

Gobierno y de Hacienda, unidas, sesión 75ª, en 2 de abril de 1968.

Discusiones:

Sesiones 75ª, en 2 de abril de 1968; 76ª, en 3 de abril de 1968.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ibáñez.

El señor IBAÑEZ.-

Señor Presidente, la iniciativa que discute el Senado, denominada inadecuadamente "proyecto de reajustes", ha puesto de relieve dos tipos de conflictos que son característicos del Gobierno democratacristiano.

El primero proviene de la vaguedad ambigua con que oculta sus verdaderos propósitos; y el segundo es su incurable indecisión.

En el mensaje se piden impuestos por 557 millones de escudos para completar el financiamiento del reajuste; pero además se solicitan 713 millones para hacer frente a voluminosos dispendios, fiscales que el Gobierno ocultó cuando, hace pocos meses, presentó el Presupuesto de la nación para el año en curso.

SI exceptuamos la franqueza del ex Ministro señor Sáez, que permitió confirmar las denuncias que en forma reiterada hemos hecho sobre el mal manejo de la hacienda pública, es preciso decir que el Gobierno oculta siempre, con una piadosa cortina de humo, el desorbitado costo de su política.

Suplemento presupuestario, más que reajuste.

Ahora sabemos que el proyecto en discusión es más un suplemento presupuestario que un reajuste para los asalariados. Nosotros hemos rechazado precisamente que el Gobierno aproveche la explicable angustia de los obreros y empleados por recibir un reajuste para tratar de forzar en el Congreso Nacional la aprobación de una ley que permita continuar con los derroches fiscales. Este es, en síntesis, el único problema que plantea la iniciativa en debate.

El Gobierno insiste en que aún necesita impuestos por 400 millones de escudos, en circunstancias de que en moneda estable, el presupuesto fiscal casi se ha duplicado, llegando en 1968 a más de 10 mil millones de escudos. En consecuencia, no se explica qué inconveniente existe para economizar 5% del Presupuesto nacional tal como en circunstancias similares lo hacen siempre y sin dificultad todos los demás países que deben reducir sus gastos.

Las economías pueden y deben hacerse en todos los ítem del Presupuesto. Y formulo esta declaración, porque el Partido Nacional ha sido blanco de la absurda imputación de querer condicionar su apoyo al proyecto a la paralización por el Gobierno de la reforma agraria. Jamás hemos propuesto o insinuado algo semejante. La dicha reforma está fracasada debido al empobrecimiento y desesperación de los campesinos reducidos a la condición de asentados; y por ningún motivo intervendremos ésta u otra política del Gobierno democratacristiano, porque ellas representan una experiencia dura, pero saludable, que el país debe enfrentar hasta su término.

Con relación al reajuste, el Gobierno ha pedido y recibido propuestas de todos los partidos políticos. Ahora debe decidir sobre las diversas soluciones que tiene en sus manos; y no es difícil darse cuenta de que para la Democracia Cristiana, debido a sus planteamientos equívocos, nada hay más desgarrador que adoptar una decisión.

No hay dinero, porque el desarrollo económico se detuvo.

Por nuestra parte, debemos señalar que el gasto fiscal ha llegado a constituir una lápida que aplasta las actividades económicas, hasta el punto de que en 1967 se paralizó el desarrollo del país. Ese mismo

año la recaudación de impuestos aumentó entre 30% y 45% con relación al año anterior, según las cifras que acaba de publicar la Contraloría General de la República.

Cabe preguntarse, entonces, ¿por qué no se pueden pagar los reajustes? La respuesta está en el desenfreno fiscal, que causa paralización y cesantía. Por ese motivo, nosotros hemos expresado nuestro temor ante una ley que puede detener la producción industrial si se generalizan reducciones de actividades tales como la que en estos momentos afecta a Cemento Melón y otras empresas.

Los partidos minoritarios, como el nuestro, no tienen otra oportunidad de hacer valer sus puntos de vista que ésta, durante la discusión general del proyecto en el Senado. Así procedieron durante la Administración del señor Alessandri losSenadores del Partido Demócrata Cristiano encabezados por el entonces Senador señor Frei.

Sólo podríamos variar nuestra actitud si el Gobierno diera seguridades tangibles sobre las economías que anuncia. Debemos declarar que las meras palabras no serán tomadas en cuenta por el Partido Nacional, porque ya hemos sido burlados en ocasiones anteriores por Ministros que incluso se jactaron del engaño de que nos hicieron víctimas.

Embriaguez de palabras y confusión de hechos.

En estos momentos el país está sumido en una especie de marasmo proveniente de los equívocos políticos construidos por la Democracia Cristiana, del afán de ésta de escapar a confrontaciones que la obligan a tomar decisiones y de la creciente dosis de anestesia que se inyecta a la opinión pública. Estamos sometidos a una embriaguez de palabras y a una confusión de hechos que impiden saber exactamente hacia qué despeñadero caminamos.

En su discurso ante la Convención de la Producción y del Comercio, su Excelencia el Presidente de la República dio por establecido lo siguiente: "En Chile todo está en revisión y en debate, que el país manifiesta un anhelo de cambios rápidos y profundos, y que nadie podría atravesarse como una fortaleza situada en las llanuras de nuestra historia, y asaltada por mareas del pueblo y de las nuevas generaciones, y combatidas y rechazadas por grandes tendencias mundiales".

Este enfoque más retórico que político tiene carácter eminentemente subjetivo y desestima realidades palpables muy fáciles de percibir en Chile si no se está cegado por los prejuicios o los dogmas políticos.

Después de tres años de Administración democratacristiana, el país está harto de las revisiones y debates a que el Gobierno lo ha sometido; las mareas del pueblo no son sino los oleajes artificiales que hacen políticos para mantenerse a flote; y en cuanto a las tendencias mundiales, basta observar lo que sucede en Checoslovaquia y Polonia o analizar la caída del socialismo en Dinamarca o el desmoronamiento de la Democracia Cristiana en Bélgica, para darse cuenta de que Chile no podrá sostener mucho tiempo más una política como la actual, representativa de tendencias fuera de actualidad y fracasadas en el mundo.

La caja de sorpresas del programa democratacristiano.

Permítaseme analizar también la afirmación del Presidente de la República de haber sido elegido por una inmensa mayoría sobre la base de un programa claramente conocido. Yo pregunto en qué parte de su programa propuso don Eduardo Frei la vía no capitalista. Desearía saber cuándo anunció, durante su campaña, que tenía el propósito de suprimir la garantía constitucional del derecho de propiedad. Quisiera que se me informara en qué momento advirtió a los campesinos que los sometería a la esclavitud de los "koljoses" soviéticos, que no otra cosa son los asentamientos. Yo recuerdo, en cambio, haberle oído decir infinidad de veces que crearía cien mil nuevos propietarios agrícolas. ¿Dónde están esos propietarios?

Dice el Primer Mandatario que ninguna de las bases de su programa ha sido cambiada. Recuerdo que la idea central de su campaña, la que incluso le atrajo los votos de quienes repudiaban al partido y al programa democratacristiano de entonces, fue su plataforma de alternativa frente al comunismo.

La caída del Ministro señor Sáez a raíz de las condiciones que impuso el comunismo para apoyar hace pocos días al Gobierno, no constituyó una sorpresa para quienes habíamos advertido al propio Ministro que no contaba con el respaldo político que él creía tener para sus planes; pero sí fue un duro y desconcertante despertar para quienes, convencidos de la plataforma presidencial, creían que entre una política seria pero exigente, como la del señor Sáez y la demagogia marxista, el Gobierno se inclinaría por la primera. El Presidente de la República pintó a los productores y comerciantes un cuadro de hermosas y brillantes realizaciones que contrastó con las angustias que habían impulsado a esos hombres de trabajo a congregarse en una convención nacional. Es cierto que utilizó más de un novedoso eufemismo, como, por ejemplo, cuando dijo que "en tres años había construido más de 220 mil soluciones al problema de la vivienda". Es evidente que, si en lugar de "construir soluciones" hubiera edificado 220 mil casas, no estarían en crisis los aserraderos ni la industria del cemento, ni existiría cesantía entre los obreros de la construcción.

Sombría realidad chilena.

Pero también es preciso reconocer que no ocultó en su discurso la sombría realidad que viven los chilenos. Dijo que "sería vano desconocer que el país vive una grave inquietud y se enfrenta a serios problemas de todo orden". Reconoció el estancamiento económico del año 1967, si bien puso de relieve la importación de bienes de capital y las cuantiosas "inversiones" extranjeras. No mencionó, sin embargo, que esas "inversiones" no provienen de aportes de capital, sino fundamentalmente de créditos que han comprometido la responsabilidad del Estado chileno en una cuantía jamás imaginada antes.

Finalmente reconoció que "el gasto fiscal ha llegado a ser excesivamente alto", así como la extrema exigencia de cargas tributarias que ello significa. Agregó que "es imprescindible realizar severas restricciones e importantes disminuciones". Confirmó, pues, punto por punto, el diagnóstico que hemos venido haciendo desde largo tiempo y que tan duras críticas y rotundos desmentidos mereció a los personeros de Gobierno.

Preguntó el Presidente: "¿Qué partido, qué sector nacional apoya al Gobierno concretamente cuando quiera ordenar mejor los gastos?". Le respondo en forma categórica el Partido Nacional. Hemos sido y somos consecuentes.

En consecuencia, el Presidente no puede sostener que "los sectores políticos más irreconciliables se conciertan para aumentar de hecho los gastos, aun cuando recomiendan reducirlos". Ninguno de esos cargos puede hacérsele al partido a que pertenezco, ni menos puede afirmarse que promovemos "nuevos y mayores gastos previsionales en contra de la opinión del Gobierno y de sus vetos". Los Senadores de estas bancas hemos sufrido las más duras críticas por no acceder a peticiones que en buena medida eran justas, pero que habrían roto nuestra línea absolutamente contraria a promoverlas sin financiamiento, y que, sin embargo, contaron con los votos democratacristianos en la Cámara de Diputados.

Fuimos y somos consecuentes con nuestras ideas políticas. Nuestro comportamiento es muy diferente al de la Democracia Cristiana, que hoy, desde el Gobierno, pide a sus adversarios no adoptar, las posiciones muchas veces irrazonables o arbitrarias en que la Democracia Cristiana se colocó cuando estaba en la Oposición.

En toda forma resulta incomprensible que el Presidente de la República afirmara que, si bien siempre ha habido diferencias de opinión, nunca se habían llegado hasta el punto de una negativa a legislar. Con todo respeto me permito recordarle que él y su partido lo hicieron en más de una oportunidad, como sucedió en el caso inolvidable de la negativa democratacristiana a legislar sobre reforma agraria, bajo el Gobierno del señor Alessandri.

Celebramos de corazón los juicios presidenciales sobre la necesidad de una reforma constitucional a fin de reformar las instituciones políticas. Concordamos plenamente con sus palabras cuando dice: "Ya hay opinión pública formada respecto de este problema y sólo falta afrontarlo con urgencia y valor".

Adelante, pues, señor Presidente. Nosotros también aguardamos ese proyecto para modificar y modernizar nuestra organización política. Pero entretanto debemos manifestar que los males de otros países que nos describe el Presidente para justificar los que aquí sufrimos, no constituyen ningún consuelo para los chilenos.

La empresa privada baluarte de la libertad política.

No puedo dejar de referirme a las reflexiones que hace el Presidente de la República sobre la empresa privada y la libertad. Tiene plena razón cuando sostiene que "la libertad de la actividad económica es en muchos sentidos una condición para la libertad del hombre". Pero no puedo pasar por alto, sin un rechazo enérgico, la reflexión siguiente, aquella que dice y lo cito textualmente que "la empresa económica, pública o privada, constituye la base para la creación de esa libertad". No, señor Presidente. La empresa pública no constituye ninguna base para la creación de la libertad. En la medida en que crece la esfera de acción de las empresas públicas, se restringe el ámbito de la libertad, y ésta desaparece por completo para todos, y muy especialmente para obreros y empleados, cuando el único empresario es el Estado.

Llamo la atención de los hombres de empresa sobre el gravísimo peligro que entraña este intento de confundir la empresa pública con la privada, haciéndolas aparecer indistintamente como baluarte de la libertad.

La función económica de la empresa privada es importantísima debido a que su nivel de eficiencia es notoriamente superior al de la empresa pública. Pero mucho más importante todavía es la función de la empresa privada como base de la independencia personal y, por tanto, del ejercicio pleno de la libertad política.

Intimidación a los hombres de trabajo.

El cerco que hoy día acecha a los empresarios privados, las trabas que se imponen a su fecunda labor, las presiones que tienden a reducirlos y debilitarlos, no tienen por finalidad destruir sus funciones económicas, sino privar a los ciudadanos de su independencia, que los protege de todo intento de sometimiento político.

El agricultor sobre quien se cierne la expropiación o el comerciante amenazado por inspecciones y controles, carecen de plena libertad política. El obrero sometido a una tiranía totalitaria, o el asentado, cuyo sustento quedó al arbitrio de un funcionario político, han perdido también su libertad para opinar. En todos ellos reina el temor.

El presidente del comité organizador de la Convención, señor Urenda, nos da un testimonio impresionante cuando nos dice que "hay miles de empresarios cuyo temor no les ha permitido exteriorizar en forma activa su adhesión a esa convención gremial". Puede imaginarse entonces cuanto mayor será esa inhibición para exteriorizar sus legítimos anheles y sus justificadas rebeldías frente a la autoridad y hasta la arbitrariedad de un Gobierno.

Esta es la amenaza más grave que tienen los hombres de trabajo. Y todos los acuerdos a que lleguen en su convención carecerán de validez si no enfrentan resueltamente los problemas políticos que están en la raíz de sus tribulaciones.

Vinculaciones entre empresarios y Estado: una situación equívoca.

La clasificación de las empresas que presentó Su Excelencia y que obligaría, a juicio suyo, a que unas fuesen públicas, otras controladas y otras privadas o libres, es una clasificación extraordinariamente discutible, para decir lo menos.

En toda forma, las empresas mixtas o chilenizadas son altamente inconvenientes para el país. Ellas fueron descubiertas en Estados Unidos como una fórmula para eludir la acción rectora que corresponde al Estado sobre todas las actividades económicas. Dicha función desaparece respecto de las empresas mixtas, porque el Estado, en su carácter de socio, suele transformarse en gestor de intereses particulares por medio de los altos personeros políticos que destaca en dichas empresas mixtas el partido que esté en el poder.

Por desgracia, tiene razón Su Excelencia cuando dice que "hay empresas, sobre todo las más grandes, que continuamente solicitan el apoyo del Estado".

Esta situación equívoca e inconveniente se debe en parte a la hipertrofia de un Estado que busca la supeditación de las actividades libres. Pero en parte no desdeñable se debe también al afán de lucro de algunos empresarios que han descubierto en el estatismo esa mezcla de ineficiencia estatal y de colusión con los políticos del régimen las mejores oportunidades de ganar dinero.

Un positivo aporte de la Convención de la Producción y del Comercio debería ser, en consecuencia, la delimitación de lo que es lícito en materia de vinculaciones de las empresas con el Estado o con los personeros de éste a fin de que no se identifique injustamente a todos los empresarios con los procedimientos indebidos de unos pocos de ellos; y también para que la inmensa multitud de los empresarios pequeños no quede privada de la protección de aquellos más grandes que buscan y suelen obtener el favor oficial.

El señor GUMUCIO.-

¿El negocio de Su Señoría nunca ha recurrido a alguna institución estatal?

El señor IBAÑEZ.-

Nunca recurro a las instituciones del Estado.

El señor GUMUCIO.-

Raro me parece.

El señor BARROS.-

¿Ni como presidente del Banco del Estado?

El señor IBAÑEZ.-

Jamás, señor Senador. Y espero que esas torpezas no se sigan repitiendo en el Senado.

Grupos empresariales reciben tratamiento discriminatorio.

Disiento también de la opinión de Su Excelencia en cuanto a que la empresa esté cada día más cuestionada por sus trabajadores. La realidad es muy diferente. Los grandes progresos sociales que exhibe la empresa moderna han reducido de modo notable el ámbito de los conflictos naturales, y han obligado, en consecuencia, a politiqueros y demagogos a inventar formas muy artificiosas para cultivar dudas o para "cuestionar" los decididos y favorables avances que se han hecho y se hacen en las relaciones entre las empresas y su personal.

Del mismo modo, "ese debate y esa revisión sobre el concepto de empresa" a que tanto se alude, están condicionados por un afán de medir o limitar las proyecciones políticas que la empresa puede tener como fuente de independencia personal para todos los que en ella trabajan.

Observemos a este respecto ciertos comportamientos discriminatorios del Gobierno. Las empresas extranjeras han recibido franquicias extraordinarias, y también han tenido trato preferente otras empresas grandes que piden la protección del Estado. Ello se explica porque esos grupos empresariales son políticamente neutros y porque la actitud de sus funcionarios, cautelosa y adicta al régimen, las hace parecidas a las grandes empresas estatales.

Contrasta ese tratamiento tan favorable, con la forma en que se hostiga o limita al empresario pequeño, al que se permite el lujo de tener opiniones políticas, al hombre de provincia al que se prohíbe adquirir tierras para consolidar su independencia económica; al asentado, que se pretende que acepte resignadamente la proletarización que el Gobierno le impone.

La finalidad política de todas estas actitudes no puede ser más evidente, y debemos advertir que ella entraña un peligro gravísimo para la supervivencia de nuestra democracia política.

¿El Gobierno corregirá sus errores? El Gobierno anuncia estar abierto al reconocimiento y a la rectificación de sus errores, pero agrega, a renglón seguido, que lo hará "sin comprometer, desde luego, las líneas fundamentales de su programa". Y continúa diciendo que "no hay otro camino para conquistar la seguridad, la confianza y la paz social ni tampoco lo hay para preservar y proyectar la libertad económica".

Nosotros debemos rechazar en forma enfática esta proposición que cierra a los hombres de trabajos, y muy especialmente a los obreros y empleados, la posibilidad de una alternativa que los favorezca y el estímulo de una esperanza que los aliente.

Al expresar nuestro desacuerdo fundamental con esa afirmación del Presidente, declaramos que existe un camino muy claro para conquistar la seguridad, la confianza y la libertad económica: ese camino no es otro que una rectificación radical de la política implantada por el Gobierno a fin de abrir un ancho cauce para las fuerzas creadoras de la nación que hoy están replegadas y amedrentadas por las intimidaciones y el estatismo opresor de la Democracia Cristiana.

Falta la confianza.

El Presidente ha dicho en su discurso que "el problema fundamental es un problema de confianza". Destacamos y aplaudimos esta frase porque ella expresa como ninguna otra lo que sienten todos los chilenos. Pero esa confianza no retornará jamás si el Presidente de la República insiste en proseguir una línea política respecto de la cual se ha perdido la fe. Esta situación sí que requiere un cambio rápido, drástico y masivo. Es preciso alterar las metas políticas actuales que han frenado las voluntades y que invadieron de desconfianza los espíritus; hay que cambiarlas por otras muy opuestas, que estimulen la voluntad de creación y de trabajo y que restablezcan la fe en nuestros destinos.

Más adelante habré de referirme a diversas disposiciones específicas del proyecto de reajustes. Ahora deseo subrayar que las observaciones anteriores tocan aspectos de fondo de dicha iniciativa.

En efecto, la carencia de recursos fiscales para pagar los reajustes ha sido consecuencia de los desorbitados gastos del Gobierno, pero en el futuro ese déficit fiscal tenderá a agravarse si continúa el repliegue de los hombres de trabajo y si el desarrollo económico, paralizado ya, llegara a denotar un signo negativo en el año en curso.

Se solucionará, por el contrario, todo el problema fiscal en la medida en que una nueva política sea capaz de restablecer la confianza para dar un fuerte impulso a la actividad económica. Entonces sí que desaparecerán los problemas del erario y habrá recursos abundantes para superar esta situación inexplicable en que estamos y que debemos calificar con la mayor dureza, porque es fruto de una pésima administración. Me refiero a la situación absurda de que, a pesar de los impuestos exorbitantes, de los fabulosos precios del cobre y de los siderales ingresos fiscales, el Gobierno no tiene dinero para pagar un reajuste equitativo a los servidores del Estado.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

¿Terminó el señor Senador?

El señor IBAÑEZ.-

Terminé, señor Presidente.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Luengo.

El señor LUENGO.-

Señor Presidente, Honorable Senado: en las sesiones de ayer y de hoy, la Corporación...

El señor ALLENDE ( Presidente).-

¿Me permite una interrupción Su Señoría? Debo informar al Senado que conversé con el señor Ministro del Interior, quien me expresó que el Congreso no está rodeado por fuerzas policiales para una protección especial que nadie le ha solicitado; que hay instrucciones perentorias para que el ciudadano que desee venir al Congreso pueda hacerlo, y lo mismo para reunirse en los jardines del Parlamento. El señor Ministro agregó que sólo ha ordenado tomar las medidas de precaución en el supuesto caso de que hubiere incidentes, pero que no está impedido el libre acceso al Senado.

Doy esta explicación porque al comienzo de la sesión expresé que una denuncia hecha por el Comité Socialista me obligaba a requerir una respuesta del Gobierno, por cuanto la Corporación no ha solicitado ni solicitará fuerza pública.

Puede continuar el Honorable señor Luengo.

El señor RODRIGUEZ.-

En la práctica, el Congreso parece estar rodeado.

El señor PEREZ ( Ministro del Interior).-

¡Apariencias, no más!

El señor RODRIGUEZ.-

¡La cortesía habitual del Gobierno: el señor Ministro del Interior se manda a cambiar!

El señor LUENGO.

Decía que en las sesiones de ayer y de hoy, el Sonado ha estado conociendo en general de un segundo proyecto de reajustes de sueldos y salarios para el año 1968, enviado por el Ejecutivo al Congreso.

Deseo empezar mis palabras diciendo que, a mi juicio, es difícil explicarse la situación angustiosa que están viviendo las clases trabajadoras en nuestro país, fundamentalmente quienes reciben sueldos o salarios muy bajos.

Comenzamos a conocer el proyecto de reajustes enviado por el señor Molina a comienzos de noviembre del año pasado. Y como ahora estamos a principios de abril, a la fecha llevamos más de cinco meses durante los cuales el Congreso y la opinión pública han estado fundamentalmente preocupados de lo que serán los reajustes para 1968.

En mi concepto, esta situación debe preocupar a todos nosotros. Ella justifica en parte la inquietud que algunos sectores de Izquierda hemos tenido en estos últimos días por buscar algún acuerdo con el Gobierno que permita a la brevedad transformar en ley el proyecto.

Pues bien, esta segunda iniciativa de que estamos conociendo mantiene muchas de las características que tenía la del señor Molina. Ese proyecto de reajustes, que el pueblo calificó como el proyecto de los "chiribonos", mereció el repudio general de la clase trabajadora. El Senado tenía inmensa mayoría para rechazarlo, lo que obligó al Gobierno a retirarlo del Congreso. Pero, como digo, en esta nueva iniciativa se mantienen, en cierto modo, algunas características del primero. En efecto, si bien ciertos sectores de la Administración Pública van a mejorar sus remuneraciones en una cifra superior al alza del costo de la vida, en todo caso hay un 35 por ciento de la Administración Pública, aproximadamente 110 mil funcionarios, pertenecientes a sesenta y seis servicios estatales aproximadamente, que sólo recibirán un aumento de 12, 5 por ciento en dinero y 7, 5 por ciento en cuotas de ahorro para la vivienda. Es evidente que para ese sector de la Administración ello no puede ser satisfactorio. Y en las Comisiones unidas y en declaraciones a la opinión pública, hemos reiterado que el reajuste no satisface a las clases populares de Chile.

No comprendemos por qué el Gobierno ha querido cerrarse a toda posibilidad de aceptar nuestras proposiciones de reajustar las rentas de toda la Administración Pública en 21, 9 por ciento, de acuerdo con el alza del costo de la vida. Por lo demás, ésta es la cifra que dan las estadísticas oficiales, aunque de acuerdo con la opinión general del país, el alza ha sido mucho mayor.

Por otra parte, en esta iniciativa se han desconocido, en cierto modo, algunos convenios que el Ejecutivo había celebrado con anterioridad con determinados sectores de la Administración Pública, Para todos nosotros es conocida la reacción que el proyecto ha provocado en el profesorado, en el Servicio Nacional de Salud, en Correos y Telégrafos y en el sector de los pensionados, la clase más pobre de nuestra ciudadanía.

En 1966 los profesores suscribieron con el Ejecutivo un convenio que se ha llamado el acuerdo magisterial, en virtud del cual el Gobierno se comprometió con el profesorado a concederle paulatinamente, durante los años 1968, 1969 y 1970, determinados mejoramientos de sus rentas o fijarle ciertos sueldos bases u horas bases que debían ser aumentados de acuerdo con el reajuste general que se otorgare al resto de la Administración. Sin embargo, ahora el Ejecutivo está interpretando ese acuerdo magisterial en el sentido de que sobre las rentas bases acordadas con el profesorado sólo debe concederse el reajuste general de la Administración Pública y no el reajuste promedio, como lo dice el artículo 27 de la ley Nº 16. 617, que dio carácter legal al mencionado convenio. El señor Ministro de Hacienda, don Andrés Zaldívar, aquí presente, ha sostenido en esta Sala, como también en las Comisiones unidas, que el reajuste para el profesorado debe ser el que se otorgue en general a la Administración Pública, y no el reajuste promedio. Pero ocurre, como ya lo dije, que el artículo 27 de la ley Nº 16. 617 dispone que la renta de los profesores debe reajustarse cada año en el porcentaje promedio de los aumentos que experimenten las remuneraciones del sector público, a partir del 1º de enero de 1968. Y el señor Ministro sostiene que el reajuste general para este año es de 12, 5 por ciento. Yo pregunto: ¿qué argumento valedero se puede dar para sostener que el 12, 5 por ciento propuesto en el proyecto es el reajuste general de la Administración Pública para este año? Hemos dicho nosotros, y también el Gobierno, que tal porcentaje se concederá sólo a un tercio de la Administración, y, de acuerdo con el criterio del Ejecutivo, dos tercios de los servidores públicos recibirán un reajuste superior a 12, 5 por ciento. La mayoría de dicho sector obtendrá un promedio de más o menos treinta por ciento, e inclusive algunos alcanzarán a 34, 5 por ciento. En consecuencia, no vemos en qué se funda la afirmación de que el reajuste general de la Administración Pública es el que recibirá un tercio de ella y no el promedio de éste y de lo que obtengan los dos tercios restantes.

En mi opinión, el profesorado podría, con muy buen fundamento, sostener en este instante, que las rentas base establecidas en el acuerdo magisterial deben incrementarse de acuerdo con el reajuste promedio de los dos tercios de la Administración Pública que tienen trato preferencial en el proyecto. Sin embargo, los profesores, con buen criterio, en el deseo de encontrar solución a su problema y una base de acuerdo con el Gobierno, aceptan cosa que el Ejecutivo les niega que el reajuste a que tienen derecho sobre sus rentas bases sea el correspondiente al promedio del de la Administración Pública; o sea, el término medio de las distintas escalas de reajustes que se otorgan en el proyecto y que, en definitiva, alcanzan a un promedio de 24 por ciento.

A nuestro juicio, el acuerdo magisterial no puede ser desconocido, ni en su letra ni en su espíritu, como pretendía el señor Ministro de Hacienda. En realidad, la letra, el espíritu y la intención del acuerdo tienden a que el profesorado, de aquí a 1970, cuente con rentas compatibles con la dignidad de sus cargos, como decía el propio acuerdo magisterial. Y ello no se obtendrá sino respetando ese convenio y otorgando el reajuste promedio de toda la Administración Pública.

En cuanto al personal del Servicio Nacional de Salud, se suscribió un acta de avenimiento con el Gobierno, en virtud del cual esos servidores recibirían remuneraciones equivalentes a 91, 5% de las señaladas en la escala de la ANEF. Pero de acuerdo con el proyecto en debate, el sector de los empleados fiscales recibe un reajuste de 12, 5 por ciento, lo cual, como pueden imaginar los señores Senadores, resulta una verdadera burla para el personal del Servicio Nacional de Salud, que recibirá aumentos menores que el resto de la Administración Pública.

Respecto del personal de Correos y Telégrafos, después de la larga huelga que mantuvo el año pasado, se nombró una Comisión tripartita, en la cual participó el ex Ministro del Interiordon Bernardo Leighton, y finalmente se suscribió un acuerdo.

Según sostienen fundadamente los dirigentes de Correos y Telégrafos, en esta iniciativa se está violando también el acuerdo suscrito por el Gobierno. En efecto, de acuerdo con ella, el 40 por ciento del personal de empleados de Correos y Telégrafos no recibirá aumento alguno y, por el contrario, perderá las remuneraciones que se pagan por planilla suplementaria y los quinquenios. Con ello, los funcionarios de dicho servicio pierden más de 13 millones de escudos, emolumentos que podrían recibir si no se aprobaran algunas disposiciones del proyecto en debate. En buenas cuentas, este año muchos funcionarios tendrán un sueldo inferior al que recibían en 1967 si se aplican los preceptos mencionados.

Lo mismo podría decir respecto de los pensionados. Mucho se ha hablado sobre ellos en el Senado, de modo que parece innecesario volver a referirse a ese tema. Sin embargo, conviene insistir en que, en definitiva, los pensionados del Servicio de Seguro Social, los más pobres de la ciudadanía, podrán obtener este año así lo espero 37 por ciento de reajuste en vez de sólo el 30 por ciento propuesto en la iniciativa en debate.

Pues bien, la ley en proyecto no otorga a la Administración el reajuste que esperan los servidores del Estado, y olvida algunos compromisos contraídos por el Gobierno, que éste debe respetar y cumplir, porque por algo se han estampado las firmas de funcionarios responsables. Pero junto a las disposiciones pertinentes, se incluyen otras que proponen diversos nuevos impuestos destinados no sólo a financiar los reajustes, sino también, en parte importante, las inversiones del sector público. En efecto, todos sabemos que se dispone entregar cantidades alzadas para el plan habitacional y la Corporación de Fomento de la Producción, y todo ello se pretende financiar con nuevos tributos indirectos que gravarán a la clase trabajadora. Particularmente, se quiere alzar, del siete por ciento, al ocho por ciento el gravamen más impopular, el que afecta a toda la clase trabajadora, a la gran masa consumidora: el impuesto a las compraventas. Financiar un proyecto de reajustes con impuestos indirectos y, en especial, con el alza del impuesto en referencia, significa, en el fondo, quitar con una mano a la clase trabajadora lo que se le está dando con la otra.

Por otra parte, hemos estado reclamando que a toda la Administración Pública se debe conceder 21, 9 por ciento de reajuste como mínimo. Hemos sostenido hay fundadas razones para pensar así, de acuerdo con los datos proporcionados en las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda que los impuestos que se proponen rinden una suma muy superior a la que el Gobierno quiere reconocer. La verdad sea dicha, nunca obtuvimos cifras exactas en las Comisiones, pues las cantidades fueron cambiando en forma permanente. Pero, como decía, en nuestra opinión esos tributos rinden una suma muy superior a la que el Gobierno quiere aceptar. Lo mismo ocurre con los impuestos establecidos en la ley de Presupuestos. En efecto, hemos afirmado que los impuestos que se consideran año a año en los presupuestos nacionales rinden mayores ingresos que los previstos, y a veces cantidades apreciables. Deseo citar algunos ejemplos.

El impuesto que afecta a las compañías del cobre se estimó, para 1966, en la cantidad de 129. 600. 000 dólares; no obstante, el ingreso real, por tal concepto, llegó a 175. 941. 805, 83 dólares. Vale decir, hubo una diferencia favorable al erario de más o menos 45 millones de dólares. De igual forma, para 1967 se estimó un ingreso de 171 millones 700 mil dólares, en circunstancias de que las entradas reales ascendieron a 177. 525. 389, 82 dólares, o sea hubo una diferencia de siete millones de dólares. Para 1968 se calcula un ingreso de 110 millones de dólares por tal concepto; vale decir, se ha estimado una menor entrada de 61 millones con respecto al del año pasado. Conviene recordar a los señores Senadores que estas cifras se basan en los cálculos hechos por el ex Ministro de Hacienda señor Sergio Molina, quien manifestó que el precio del metal había sido alto durante el año pasado y que, necesariamente, debía bajar en 1968. Por ese motivo digo se consideró una entrada probable de sólo 110 millones de dólares. Pero ocurre que el precio del cobre no ha bajado; ni siquiera se ha mantenido en el nivel del año pasado, sino que ha llegado a cotizaciones jamás alcanzadas antes y que algunos señores Senadores ya han señalado. En efecto, la libra de metal rojo ha superado los 70 centavos de dólar. Aún más, los funcionarios de la Corporación del Cobre que participaron en las sesiones de las Comisiones unidas de Gobierno y Hacienda, sostuvieron que en el año en curso, por concepto de gravámenes a las compañías cupreras se ha estimado un ingreso probable de más o menos 181 millones de escudos. Vale decir, puede esperarse racionalmente que en 1968 haya una mayor entrada de 71 millones respecto del ingreso considerado en el Presupuesto. Ello significa, en consecuencia, que hay dinero más que suficiente como para pagar también 21, 9% de reajuste al sector de la Administración Pública que, según el proyecto del Gobierno, sólo recibiría 12, 5% en dinero efectivo.

La misma situación se produce con todos los impuestos directos e indirectos consignados en el Presupuesto del año en curso. Por ejemplo, en 1967 no deseo analizar varios años, por concepto de impuestos directos se estimaba una entrada de 1. 569 millones 900 mil escudos, no obstante haberse recaudado posteriormente un total de 1. 636 millones, es decir casi cien millones de escudos más. En lo relativo a impuestos indirectos, se calculaba un ingreso de 3. 377 millones 600 mil escudos; pero se recaudaron 3. 759 millones de escudos, o sea casi 400 millones más que lo estimado.

En estas circunstancias repito, hay dinero suficiente tiene que haberlo para pagar al tercio del sector público afectado con el proyecto del Ejecutivo un reajuste de 21, 9%, que es lo mínimo a que puede aspirar la clase trabajadora. En efecto, no se trata aun cuando se ha dicho en más de una oportunidad, vale la pena recordarlo de un aumento de sueldos y salarios ni de conceder a determinados sectores un mayor poder adquisitivo, sino simplemente de compensar la pérdida de capacidad de compra sufrida por los sueldos y salarios durante 1967. Por lo demás, todos sabemos que el proyecto pretende compensar los efectos de la inflación del año anterior; pero sucede que ahora, corrida ya una cuarta parte de 1968, la disminución del poder adquisitivo llega a más de 30%, porque durante enero y febrero de este año el índice de precios al consumidor registró un alza de 8%, la que, seguramente, en marzo debe de haber alcanzado a 12%. No disponemos aún de la cifra exacta.

El Gobierno se ha mantenido en su negativa a otorgar un reajuste de 21, 9% para toda la Administración, no obstante que, como hemos señalado, hay mayores ingresos que los presupuestados. Tampoco ha querido prestar oídos a las numerosas sugerencias planteadas por sectores de Izquierda con el objeto de hallar financiamiento para la iniciativa.

En mi partido, el Social Demócrata, elaboramos una minuta • de once puntos en los cuales proponíamos nuevas posibilidades de recursos. El Gobierno señaló que los ingresos propuestos eran insuficientes y aceptó una que otra sugerencia; pero desechó las dos más importantes y que, a nuestro juicio, podrían resolver definitivamente el problema. Me referiré brevemente a cada una de ellas.

Mediante el punto 1) de nuestra minuta, proponíamos disminuir en 20% todas las franquicias y exenciones tributarias existentes, con la sola excepción, por supuesto, de las establecidas por la Constitución Política y aquellas consignadas en escritura pública, pues sabemos que la Corte Suprema estimó que éstas debían entenderse como contrato ley y, en consecuencia, no podían modificarse por la voluntad de una sola de las partes. El problema de las exenciones tributarías, que muchas veces se ha analizado en esta Sala, debe ser abordado por los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Estimamos que, aun cuando muchas de las franquicias tal vez, miles de ellas pueden justificarse plenamente, otras tantas no están en idéntica condición y sólo permiten que en este país determinados negocios sean mejores que otros, a costa de los intereses de la clase que con sus impuestos contribuyen al mantenimiento del Estado.

A nuestro juicio, si todo el sector de empleados y obreros; si todo aquel que vive de un sueldo o salario y su única fuente de recursos es su trabajo personal, debe realizar sacrificios dada la difícil situación económica del país y sólo puede aspirar a un reajuste equivalente al alza del costo de la vida, con iguales argumentos puede exigirse a quienes han estado gozando de determinadas exenciones tributarias un sacrificio que no parece exagerado, pues sólo pretendemos disminuir sus franquicias en 20%. Me parece que bien pueden concurrir con ese porcentaje al financiamiento del proyecto los sectores que durante muchos años han estado exentos del pago de determinadas contribuciones.

También hemos considerado importante la derogación de la letra g) del artículo 18 de la ley 12. 120, relativo a impuestos sobre la compraventa, que, a nuestro juicio, debe hacerse extensivo a las compraventas del cobre.

En nuestra opinión, no hay motivo para que el metal rojo, que alcanza alto preció en el mercado internacional, esté exento de ese impuesto, que lo paga en Chile hasta el más modesto de los ciudadanos. A mi juicio, no hay razón para que las compañías del cobre, so pretexto de existir determinados convenios ratificados por ley por el actual Gobierno, estimen discriminatoria la aplicación de un tributo al cual están afectos todos los chilenos. Es lo mínimo que se les puede exigir, sobre todo cuando hay fundadas razones para sostener que en la actualidad sólo esas empresas se benefician con el sobreprecio del metal rojo, que no se consideró al tramitarse los respectivos convenios.

En mi opinión, el Gobierno debería estudiar seriamente esos dos planteamientos, que los consideramos de la mayor importancia, porque de aplicarse pueden producir un mayor ingreso que aliviará la difícil situación financiera que, vive nuestro país.

Finalmente, deseo recordar que el Gobierno, en declaraciones del propio Presidente de la República y de alguno de sus personeros, ha calificado de demagógica la actitud de la Izquierda cuando pretende entregar a la clase trabajadora un reajuste que el erario no está en condiciones de resistir.

La Izquierda tiene perfecto derecho a defender en esta oportunidad lo que siempre ha sostenido: que los reajustes deben compensar íntegramente ¡a pérdida del poder adquisitivo de sueldos y salarios. Por eso, el Gobierno no puede sostener que la Izquierda está actuando con sentido demagógico y afán obstruccionista al proceder como lo hace.

El propio señor Frei, cuando era parlamentario de Oposición, tenía una actitud semejante. Citaré algunas de sus palabras, pronunciadas en esta misma sala, para demostrar que hoy pretende sostener una teoría distinta a la sustentada en su calidad de Senador.

En sesión del 28 de diciembre de 1961, cuando se discutía en el Senado el proyecto de reajustes, el señor Frei hacía una dura crítica al Gobierno del señor Alessandri y, entre otras cosas, decía: "Me ha correspondido año a año expresar nuestro juicio y podría ser muy escéptico de los resultados de estos debates si no tuviera la firme convicción de que, en el proceso democrático, es a través del Parlamento donde se informa de manera adecuada a la opinión pública y se preparan los cambios políticos en la medida en que los pueblos observan si los hechos corresponden a las afirmaciones y juicios que aquí se emiten".

¡Qué distinta era la opinión del señor Frei en ese entonces respecto de las críticas que la Oposición puede hacer al Gobierno!

Todavía más, en sesión de 6 de octubre de 1961, cuando se discutía en general el proyecto de reajustes para ese mismo año, promulgado posteriormente como ley con el número 14. 688, el actual Primer Mandatario decía: "Por nuestra parte, formulamos una indicación, que, desgraciadamente, fue rechazada, para que este aumento del salario no se pueda imputar a las regalías, sino que deba ser pagado íntegramente en dinero, y esto lo fundaremos nuevamente en la discusión particular".

Además, deseo recordar las palabras de otro Senador de ese entonces. Esta opinión tiene mucha importancia, pues quien la emitió se perfila ante la opinión pública como el más posible candidato presidencial de la Democracia Cristiana para 1970.

El señor RODRIGUEZ.-

¿Se refiere al Honorable señor Gumucio?

El señor LUENGO.-

Se trata del ex Senador señor Radomiro Tomic.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Como dijo "otro Senador", creí que se refería al Honorable señor Gumucio...

El señor LUENGO.-

El señor Tomic era Senador en ese entonces.

El señor RODRIGUEZ.-

Tendría más posibilidades como candidato el Honorable señor Gumucio.

El señor LUENGO.-

El señor Tomic viaja en estos momentos desde Estados Unidos "a Chile para iniciar su campaña.

En el norte he tenido ocasión de observar seguramente, también lo habrán visto otros Honorables colegas numerosas leyendas escritas en los caminos, que dicen: "Tomic 19701976".

El señor RODRIGUEZ.-

"Brilla el sol... ".

El señor LUENGO.-

Me parece que en esa fecha ya no brillará.

Pues bien, el señor Tomic decía en ese entonces, en sesión de 28 de agosto:

"Estimo que la política del Gobierno tengo derecho a expresarlo como representante de un sector de la ciudadanía no puede ser la de condicionar el nivel de remuneraciones a otro cartabón que el de las exigencias y necesidades de los ciudadanos, de su vida, su consumo y condición familiar". Así hablaba el señor Tomic en los momentos en que si mal no recuerdo la Democracia Cristiana, como Oposición, proponía un reajuste de sueldos y salarios superior al alza del costo de la vida; es decir, lo mismo que ha venido reclamando la Izquierda en el último tiempo.

Sostenemos que la iniciativa legal en debate de ninguna manera es satisfactoria para la clase trabajadora. Sin embargo, en este momento debemos asumir la grave responsabilidad de aprobarla o rechazarla en general. Se trata de un problema que mi partido, y personalmente el Senador que habla, ha considerado con la mayor seriedad. Pensamos, no obstante las diferencias que nos separan del Gobierno en cuanto a la política de reajustes, que los asalariados no pueden seguir esperando después de cinco meses de discusiones estériles. Debemos otorgarles un reajuste. Pero si éste no es ampliamente satisfactorio, la responsabilidad no recaerá sobre los Senadores de Izquierda. Por mandato constitucional, la iniciativa en este tipo de materias aumento de sueldos, estímulos, gratificaciones y otros beneficios de carácter pecuniario para la Administración Pública compete exclusivamente, de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, al Ejecutivo. El Congreso queda constreñido a la alternativa de aprobar o rechazar lo propuesto por el Presidente de la República. Por eso, teniendo en cuenta que no es posible postergar más el despacho del proyecto, tan esperado por la clase trabajadora, hemos decidido votarlo favorablemente en general. Procederemos así en la inteligencia de que todos los sectores políticos representados en esta Corporación, si son consecuentes con lo expresado tanto en la Sala como en declaraciones públicas, tienen la posibilidad de desechar un reajuste discriminatorio para el 35% de la Administración del Estado. Esos sectores han manifestado, con excepción de la Democracia Cristiana, su desacuerdo con la idea de otorgar a un tercio de la Administración Pública sólo 12, 5% de aumento, y su propósito de incluirlos en los preceptos que otorgan 21, 9% en dinero. Y si el Ejecutivo veta esa disposición, como se ha anunciado, la observación tendrá necesariamente el carácter de aditiva; de modo que para prosperar necesitará los votos favorables de la mayoría en ambas Cámaras. En consecuencia, si esta Corporación mantiene sus dos tercios contrarios al criterio de otorgar un aumento de 12, 5%, los asalariados tendrán la posibilidad de recibir una compensación igual a la pérdida real del valor adquisitivo del escudo.

Estoy convencido de que por sobre las conveniencias políticas de los partidos, debe prevalecer, antes de cualquier otra consideración, el interés general de los trabajadores. Confío en que las colectividades políticas sean consecuentes con lo expresado y contribuyan, por ello, en nuestra compañía, a eliminar todos los preceptos negativos, con el fin de otorgar un reajuste plenamente satisfactorio para los asalariados.

El señor AGUIRRE DOOLAN.

Por disposición de mi partido, me correspondió participar en las reuniones de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas.

En nombre de mi colectividad política han intervenido para referirse al aspecto financiero, económico y filosófico del proyecto los Honorables colegas Bossay y Baltra, ayer y en la mañana de hoy, respectivamente. Por mi parte, debo hacer algunas observaciones personales que traducen la inquietud permanente del radicalismo por servir a los sectores a los cuales beneficia el aumento de renta, s en debate.

Esta es la segunda iniciativa legal sobre la materia que llega a la Corporación. La primera concedía un reajuste de remuneraciones a los sectores público y privado y creaba el Fondo Nacional de Ahorro y Capitalización. El Senado la conoció en el mes de enero, después de permanecer dos meses en la Cámara. Posteriormente, el Gobierno la retiró.

El Partido Radical, por medio de su Comité Ejecutivo, pidió a sus parlamentarios así procedieron los Diputados rechazar esta ley en proyecto. Sin embargo, no sería muy simple votar negativamente en esta oportunidad, sin antes efectuar un análisis de las circunstancias que determinaron esta decisión del radicalismo.

Deseo llamar la atención hacia la rara táctica de desprestigio contra determinadas colectividades políticas, acentuada cuando se refiere al Partido Radical, realizada desde hace tiempo por la prensa interesada del Gobierno y por muchos comentaristas controlados por La Moneda. Desde el mismo momento en que asumió el Poder el señor Frei, y fijamos nuestra línea política en la Convención de 1965, hemos sustentado teorías socioeconómicas que podían lesionar los altos intereses financieros ligados al grupo gobernante. Los partidos son soberanos en sus actuaciones públicas y en el Parlamento y para tomar las determinaciones que estimen convenientes. Para ello toman en cuenta el momento político, los antecedentes de que se disponga, la doctrina que sustentan y las aspiraciones del sector ciudadano que representan. Es inadmisible como se pretende ahora que una colectividad política fije su posición y, por ende, su votación, según lo estime procedente el Ejecutivo u otras colectividades. Si un partido carece de medios de difusión, debe utilizar necesariamente la tribuna parlamentaria. Con legítimo derecho representamos a un sector de la ciudadanía. Nuestro pensamiento es distinto del que guía al Ejecutivo y a los sectores económicos que representa. Por eso, haciendo uso de esa soberanía y de nuestros derechos constitucionales, exigimos respeto por nuestras determinaciones, que son, en definitiva, las del enorme conglomerado de ciudadanos que nos respalda.

El proyecto en discusión es, a nuestro juicio, de mucha trascendencia social y económica. En los términos en que está concebido no satisface las necesidades y aspiraciones de los sectores más golpeados por los desaciertos del actual Gobierno. La actitud opositora y fiscalizadora del Partido Radical fue reiterada por los Honorables señores Bossay y Baltra, y en este momento lo es por el Senador que habla.

No cabe duda alguna de que estamos en presencia de un debate de alto contenido nacional y de considerables proyecciones para el futuro. No nos negamos a otorgar un aumento que devuelva a los asalariados el deterioro que han sufrido sus ingresos por la política inflacionaria seguida por el Gobierno: nos oponemos a continuar recargando sobre la gente más modesta las determinaciones teóricas de ciertos grupos, las cuales nada tienen que ver con la realidad nacional. Con nuestra actitud pretendemos obligar al Partido Demócrata Cristiano a ser más consecuente con los sectores que creyeron en el señor Frei y votaron por él, para así conceder un reajuste igual al incremento real del costo de la vida.

En las Comisiones unidas tuvimos oportunidad de oír a diversos sectores ciudadanos manifestar sus anhelos, inquietudes y deseos en orden a solicitar la aprobación de preceptos diferentes a los aprobados por la Cámara.

Cuando se discutió en enero el primer proyecto de reajustes, hubo grupos que manifestaron su conformidad con la iniciativa elaborada por el señor Molina. Pero no es el caso actual. Todos los sectores que ahora concurrieron señalaron su total desacuerdo. Por ejemplo, entre otros organismos, se recibió al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en Retiro, representado por los mismos dirigentes que vinieron hace dos meses y que manifestaron su aquiescencia con el proyecto en estudio en ese entonces. En cuanto a la iniciativa en debate, puntualizaron su desacuerdo, porque de nuevo se cometerían injusticias como las contenidas en la ley 15. 575, que dejó fuera del reajuste de los quinquenios a la gran mayoría de los jubilados de las Fuerzas Armadas y a otros sectores respecto de los cuales el Jefe del Estado había manifestado su simpatía cuando postulaba a la Presidencia de la República. El Consejo en referencia, en documento que tengo a la vista, entre otras cosas expone:

"El Presidente de la República, cuando era candidato, criticó y prometió, en concentración realizada en el teatro Baquedano, corregir la situación desmedrada en cuanto a remuneraciones, en que se encontraba este sector de servidores del Estado.

"Posteriormente, siendo Presidente de la República, en diversas oportunidades y mensajes ha expresado la necesidad y justicia de nivelar sus rentas con las de otros sectores más favorecidos.

"Ahora bien, ¿cómo satisface o cumple su promesa en el actual proyecto de ley en discusión?

"Otorga un aumento del 12, 5% y 7, 5%, en cuotas de ahorro artículo 1º al persona] en retiro con menos de 30 años de servicios. No hay, pues, nivelación alguna ya que esta disposición es general. "Por otra parte, le quita a todo el personal en retiro y montepíos un mes de reajuste (1, 04%) que pasa a formar el "Fondo Nivelador de Quinquenios" establecido en el artículo 13 del párrafo 2º. En consecuencia, se aumenta el desnivel en lugar de disminuirlo".

Más adelante agregan:

"Aumenta de un 20 a un 35% la asignación profesional del personal en servicio y en retiro con más "de 30 años de servicios. Dicha asignación sólo es computable para el retiro cuando el funcionario lo obtiene después de 30 años de servicios; los demás la pierden. No hay, en consecuencia, nivelación, ya que su percepción es transitoria y se pierde si no se reúne la condición ya indicada.

"Dispone el artículo 8º que los pensionados y montepíos que percibirán esta bonificación profesional lo harán por terceras partes: 1/3 en 1968; 2/3 en 1969 y 3/3 en 1970. Luego, se trata de una nivelación retardada, que muchos beneficiarios, en razón de avanzada edad, no alcanzarán a percibir.

"El artículo 13 del párrafo 2º es discriminatorio y absurdo. El Gobierno pretende, quitando al personal en retiro un mes de sus reajustes, normalizar una situación que es de su exclusiva responsabilidad y que debe resolverse por los medios normales. Lo contrario significa imponer un tributo permanente absolutamente discriminatorio, ya que este sector de pensionados y montepíos será el único que no recibirá 12 meses de reajustes como todo el resto de la Administración Pública".

En consecuencia, solicitan, de las Comisiones primero y del Senado después, que rechacen de plano el proyecto.

Me he detenido en este sector ciudadano porque hemos estado plenamente de acuerdo con las disposiciones contenidas tanto en el primer proyecto como en el actual, sobre aumento de rentas a las Fuerzas Armadas y Carabineros, y deploramos que no se persista, en la iniciativa que ahora discutimos, en los rubros que favorecían al personal en retiro y a las montepiadas de esos institutos.

Posteriormente, las Comisiones recibieron a la Federación Nacional de Empleados Auxiliares Semifiscales, la que manifestó su disconformidad con el proyecto. Se recibió también a la Asociación de Empleados del Servicio de Tesorería, la que asimismo expresó discrepancias con los términos de la iniciativa y a la Asociación de Empleados de Impuestos Internos, que consideró inconveniente alzar la tasa del impuesto a la compraventa sin tener la posibilidad concreta de una buena fiscalización. Recordaron sus directores que con ocasión de la ley de reajustes de 1967, que elevó dicha tasa, de 6% a 7%, se advirtió en los primeros meses de su aplicación un rendimiento inferior al estimado, lo que sólo se pudo corregir con medidas directas de fiscalización.

La Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Seguro Social manifestó también su inquietud y sus puntos de vista contrarios al proyecto en discusión.

La Confederación de Empleados de la Industria y del Comercio expresó que el reajuste general de 21, 9% da más a los que tienen más y menos a los que tienen menos.

La Confederación Nacional de Municipalidades recordó a las Comisiones que las leyes de reajuste despachadas en los años 1966 y 1967 no consignaron un correcto financiamiento de los gastos que significaron para los municipios, hecho que ha producido una disminución sin precedentes de los recursos municipales y hasta la paralización de obras y servicios indispensables para la comunidad. Nosotros, que hemos propugnado siempre que la célula primaria de nuestra democracia, que son las municipalidades, disponga de los recursos necesarios, tenemos que concurrir con este sector ciudadano que manifiesta su disconformidad con el proyecto de ley que estamos discutiendo.

Por su parte, la Federación Nacional de Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional de Salud manifestó que no ha sido respetado en el actual proyecto de reajustes un convenio existente entre el Gobierno y esa entidad.

La Asociación Postal Telegráfica de Chile expresó que rechazaba el porcentaje de reajuste de 12, 5% ofrecido al gremio, y la idea del pago en bonos, porque significaba un pago diferido.

La Central Única de Trabajadores de Chile dijo, entre otras cosas, que ha defendido el poder adquisitivo de los trabajadores al oponerse a la política sostenida por los distintos Ministros de Hacienda en orden a que el alza de los sueldos y salarios es factor determinante del proceso inflacionario. Negó a este factor una incidencia mayor de 25%, y expresó que así lo ratificaba la opinión de los técnicos en la materia.

La Confederación de Empleados Particulares de Chile manifestó que los sueldos de los empleados particulares están reducidos a 55% de su valor adquisitivo con relación a 1956, y uno de sus representantes entregó datos de una encuesta efectuada por los empleados particulares sobre la base de los precios cotizados por las cooperativas, que demuestran, en su opinión, la verdad de las afirmaciones del presidente de ese organismo.

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud dijo que no se ha concretado un compromiso en el cual participó el actual Ministro interino de Hacienda cuando era Subsecretario de esa Cartera, que estableció para los trabajadores del Servicio Nacional de Salud un tratamiento preferencial que debía quedar establecido en el proyecto de reajustes para el año 1968.

La Asociación Nacional de Empleados Semifiscales es contraria al proyecto. Sus representantes señalaron que su gremio aspira a obtener un reajuste efectivo de 21, 9%, en razón de que se considera un sector no privilegiado, que, incluso, ha ido perdiendo conquistas que había obtenido a contar de 1960 como, por ejemplo, gratificaciones, monto de la asignación familiar y sistema de trienios.

Conocemos también una información del señor Superintendente de Seguridad Social sobre la dramática situación de los pensionados del Servicio de Seguro Social.

La Federación de Educadores de Chile precisó, por medio de su presidente, que su organización había llegado a un acuerdo con el Gobierno para realizar un proceso de mejoramiento económico del magisterio que duraría tres años y que garantizaba una recuperación de rentas a la par que una conservación del poder adquisitivo de las mismas. La ley Nº 16. 617, que dio consagración legal a ese acuerdo magisterial, determinó los niveles de renta del gremio para los años 1968 a 1970 y el procedimiento para reajustar dichas rentas en orden a conservar su valor adquisitivo. Dicha ley preceptúa que el reajuste del magisterio será el promedio que se otorgue al sector público a partir de 1968. Sin embargo, manifestó el presidente de ese gremio que se le ofrece ahora 12, 5%, que es el porcentaje previsto para los sectores privilegiados, en circunstancias de que el mensaje del proyecto de reajustes señala que el promedio para el sector público es de 25, 52%. Asimismo, la Asociación de Empleados del Registro Electoral, la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones y la Centra] Gremial de ex servidores del Estado manifestaron inquietudes sobre esta iniciativa.

Finalmente, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales expresó que los funcionarios que representa piden recuperar el poder adquisitivo perdido en 1967, mediante un reajuste de 100% del alza del costo de la vida, en dinero efectivo. No aceptan el pago en bonos, porque se trata de un reajuste y no de un aumento, y se oponen a la concesión de facultades extraordinarias al Presidente de la República para reorganizar la Administración Pública, porque podría prestarse a persecuciones. Agregó que aspiraba a una asignación familiar de igual monto que la del sector privado y que la aspiración suprema del gremio es la escala única de sueldos.

Como puede verse, señor Presidente, todos los sectores que concurrieron a las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda se mostraron disconformes con el proyecto que estamos discutiendo.

Por ser el Partido Radical, de hecho, auténtico representante de tales sectores de la ciudadanía, hemos acordado y así lo ha ordenado nuestro Comité Ejecutivo negar nuestros votos al proyecto, porque no los favorece. Como lo he dicho, no nos negamos a dar un reajuste que devuelva a los asalariados el deterioro que han sufrido sus ingresos por la política inflacionaria, pero pretendemos que el Supremo Gobierno vuelva sobre sus pasos, recapacite y acepte el interés de los parlamentarios de estas bancas por hacer justicia a esos sectores asalariados que, evidentemente, han de resultar perjudicados por el proyecto.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Puede usar de la palabra el Honorable señor Tarud.

El señor TARUD.-

Señor Presidente, Honorable Senado:

Como es de conocimiento público, personalmente me ha correspondido un papel activo en la búsqueda de una solución que haga posible aprobar este proyecto de ley de reajustes de sueldos y salarios. Lamento que el breve tiempo de que dispongo no me permita sino una recapitulación muy somera de las razones que han determinado mi decisión en este sentido. El retiro del anterior proyecto de reajustes culminó un proceso muy tenso, que llegó a la violencia y a causar víctimas. El solo anuncio de los llamados "chiribonos" desató una resistencia gremial de tal magnitud que determinó un paro nacional, con incidentes en que hubo cinco víctimas fatales de la población trabajadora.

Desde octubre, cuando se anunciaron los "chiribonos", hasta febrero, en que el proyecto fue retirado y se vivió hasta una crisis ministerial, transcurrieron meses inquietos para la paz social del país. Cuando asumió el nuevo Ministro de Hacienda, señor Sáez, inició una política de "diálogos". En el momento en que nos entrevistamos le hice conocer mi posición resuelta en el sentido de que el Gobierno no podía aspirar a hacer aprobar un proyecto que, como el anterior, atentara al margen de las injusticias particulares sobre escalas salariales y aumentos tributarios contra normas básicas de la vida social y política chilena, lo que ocurría con las disposiciones relativas a derecho de huelga y a la introducción del principio del pago de remuneraciones en bonos. De este último sistema no son partidarios los trabajadores, por ser discriminatorio y abusivo, en particular cuando el nivel de vida se ve diariamente amenazado por la incontenida alza de los precios.

En este terreno lo he dicho antes, la Derecha ha estado pronta a recoger consignas extranjeras, como la de un diario británico que llamó a Chile "el país de las mil huelgas", olvidando que, si se quiere entrar a hacer frasecitas, es también "el país de las mil alzas" y "el país de las mil devaluaciones".

Por eso, propuse también al Ministro señor Sáez fórmulas viables de posible financiamiento para el reajuste de remuneraciones de los trabajadores y jubilados del Estado, sin establecer discriminaciones. Estas fórmulas son posibles aún dentro de la filosofía que el señor Sáez proclamó en su discurso por cadena nacional de' radio y televisión, y dejaban abierta la puerta a una aprobación rápida de la iniciativa.

Sin embargo, el proyecto finalmente presentado, después de los diálogos, retomó las ideas de la restricción del derecho de huelga y el pago en bonos esta vez, en bonos CORVI, por lo cual era inevitable prever su rechazo por los partidos populares y los trabajadores.

Breve tiempo antes hice una declaración en la cual llamaba la atención hacia el hecho de que el reajuste estaba muy retrasado y la situación se agravaba porque se iniciaba el año escolar, que ocasiona gastos extraordinarios a toda familia; y hacía un llamado a considerar el proyecto que se presentara sin intransigencias ni actitudes "ultimatistas".

Era un llamado a producir un acuerdo que hiciera posible resolver el problema de los reajustes en términos equitativos y no, como parecieron entenderlo incluso algunos representantes gremiales, a aprobar cualquier fórmula de reajustes, ni menos a alinearse en la posición del Gobierno.

Tal llamado no tuvo éxito, por lo menos en cuanto a modificar la actitud legisladora del Ejecutivo, que insistió* como ya he dicho, en la intención de restringir el derecho de huelga mediante el sistema de los bonos CORVI.

En conversaciones informales sostenidas con personeros del Gobierno y del Partido Demócrata Cristiano, me había tomado la libertad de señalarles que el nuevo proyecto representaba una definición crucial para el país, el cual no podría exponerse a la crisis que motivaría un segundo fracaso.

Insistí en que había que conversar, negociar y concordar antes de la crisis y no en medio de ella. Sin embargo, con esta nueva iniciativa quedábamos frente a la misma situación del anterior, con el hecho agregado de que, entretanto, el costo de la vida seguía remontándose sin que los trabajadores tuvieran medios de defensa para hacerle frente.

En tales circunstancias y en virtud de que mi posición como Senador de Izquierda, aunque sin partido, me daba posibilidades de sondear la opinión gubernativa sin comprometer a ninguna colectividad, inicié conversaciones tendientes a obtener una modificación de los términos del proyecto. Y lo hice exclusivamente a título personal; animado del deseo de evitar situaciones de crisis que afectan a todo el país, pero en forma particular a los asalariados y sus familias, y convencido de que la normalidad democrática es un resultado histórico de las luchas del pueblo chileno, que, aunque imperfecto, debe ser protegido.

El resultado de esas conversaciones es conocido. Se llegó a una primera solución consistente, de manera fundamental, en el retiro del artículo 66 que implicaba una restricción del derecho de huelga. La eliminación de tal precepto tenía una consecuencia práctica muy clara: permitir a todos los trabajadores del sector privado recibir un reajuste del ciento por ciento del alza del costo de la vida en 1967, o sea 21, 9% como mínimo, al tiempo que dejaba libre su capacidad de negociación colectiva para luchar por sus derechos salariales.

Más aún, se defendía la intangibilidad de un principio: el derecho a huelga, esencial para la vida democrática del Chile de hoy.

Con respecto al sector público, el resultado de la llamada "gestión Tarud" no era, por cierto, el que yo habría deseado, en el sentido de asegurar automáticamente reajustes mayores a los sectores postergados y el respeto estricto de todos los convenios pactados con importantes sectores de servicios públicos; pero creo que ello es posible alcanzarlo mediante las enmiendas que el Parlamento pueda introducir por la vía de las indicaciones. Y esto por una razón: no sólo porque todos los partidos proclaman su deseo de hacer justicia a los trabajadores del Estado éstos son capaces de defender sus reivindicaciones por medio de una movilización activa, sino también porque, cualquiera que sea la opinión que se tenga de los problemas nacionales y sus soluciones, hay una cosa incuestionable: no se puede vivir en un ambiente de crisis creado por las demandas insatisfechas de los trabajadores, demandas que son justas con relación a las condiciones objetivas creadas por el régimen en que vivimos, y no es posible organizar ninguna acción privada o estatal por el progreso y desarrollo de Chile, contra los trabajadores. ¡Con los trabajadores, todo es posible; sin ellos, no se obtendrá nada!

Por eso, independientemente del contenido particular del articulado del proyecto, al cual objeto en gran parte, en nombre de los gremios, creo que el resultado de la gestión que inicié y que fue comprendida y apoyada por los Partidos Comunista y Social Demócrata, fue útil y positivo. En lo que a mí respecta, creo que fue una gestión cumplida con responsabilidad cívica, con celo por los intereses de los trabajadores y del país, y acogida con interés por los propios personeros gremiales con quienes he mantenido contacto ininterrumpido hasta ahora mismo.

Sin embargo, como Sus Señorías saben, no bastó tal gestión para asegurar la posible aprobación del proyecto en la Cámara Alta. Razones enteramente ajenas a mi actuación determinaron que hayamos llegado hasta hoy en un ambiente de dudas respecto de su suerte, lo cual ha vuelto a poner al país en una atmósfera de crisis.

El proyecto, en la forma como está elaborado, desde el punto de vista de los salarios, resulta aceptable, a mi juicio, porque resuelve la situación de todos los trabajadores del sector privado y arregla la de un vasto número de servidores públicos. En este momento sólo hay determinados sectores que, con justicia, reclaman un tratamiento equitativo y el cumplimiento de los compromisos con ellos pactados, como es el caso de los profesores, empleados de Correos y Telégrafos, de la Salud, etcétera.

Pero, en definitiva, hay aquí un arreglo para 90 % o más de los asalariados del país. No es una solución ideal, por cierto, pero sí bastante mejor que la consignada en el proyecto original.

En cuanto a los demás gremios que aspiran a ser mejorados, puede serlo durante la discusión particular si todos los parlamentarios que representamos a los trabajadores votamos según lo proclamamos. Y en eso deben concordar todos los partidos, incluso de la Derecha, porque el Partido Nacional tiene un departamento gremial que, entiendo, debería indicar a sus representantes cómo actuar bien en tal caso.

El señor RODRIGUEZ.-

¡No le hacen caso...!

El señor TARUD.-

En consecuencia, éste es un proyecto que puede y debe ser aprobado en cuanto a la idea de legislar, y a continuación mejorado en atención a los reclamos de los gremios que sufren discriminación respecto de una justa política salarial.

Por eso, votaré favorablemente esa idea, convencido de que mi actitud es la que cabe y corresponde adoptar en defensa de los intereses gremiales.

No puedo entrar en una discusión detallada de todos los aspectos de la iniciativa; pero, como hombre de Izquierda, tengo una posición clara frente a la filosofía que ella refleja, tanto desde el punto de vista de los salarios como del financiamiento y la política que enuncia.

En la discusión particular, ciertamente, entraré al análisis en detalle que el asunto merece.

Debo sí reiterar que los trabajadores llevan esperando el reajuste casi cuatro meses, período durante el cual se ha deteriorado más su capacidad de compra. Hasta ahora, esta pausa sólo ha favorecido a los ricos, quienes tienen medios automáticos de defensa contra la inflación. Ellos se reajustan por sí solos.

Rechazar, no este proyecto, sino la sola idea de discutirlo, es un paso extremadamente serio en tales circunstancias, pues no sólo equivale a postergar las esperanzas de miles de hogares, sino a crear una situación que agravará la desconfianza popular hacia las instituciones políticas democráticas.

Se ha hablado mucho en estos días de la posibilidad de una interrupción de la legalidad. Eso me preocupa, pero no me asusta.

Nunca actuaría en un sentido determinado movido por razones derivadas de una situación creada por el riesgo o la amenaza hacia mi persona. En cambio, me preocupa intensamente la mantención del capital histórico de las luchas del pueblo chileno: el sistema republicano y democrático, no ideal, pero muy estimable, de que actualmente disfrutamos, y que transforma a Chile casi en una isla en un mar de dictaduras latinoamericanas.

Este sistema, por ejemplo, permite que hombres perseguidos puedan llegar hasta aquí en busca de refugio y asilo y ser acogidos y encaminados hacia la seguridad de sus personas e ideas, en tanto que en cualquier otro país, casi con certeza, encararían la muerte.

Ese hecho demuestra por sí solo lo importante que es aquello que hoy tenemos, y debe ser punto de partida hacia mejores metas y realizaciones colectivas.

Chile tiene su destino dentro de esa violación republicana y libertaria. Lo perderá, quizás irremisiblemente, si permitimos que el pueblo pierda su confianza y fe en tal convicción emergida de nuestra propia historia. No podemos aspirar a mejorar destrozando lo que tenemos, sino perfeccionándolo y superándolo.

Por encima de las frustraciones y desaciertos, errores y engaños, el pueblo de Chile, que se ha dado a sí mismo, no sólo las instituciones que hoy deben ser renovadas, sino los partidos y movimientos capaces de proponer y efectuar tal renovación, de los cuales espera actitudes congruentes con tal decisión histórica, observa muy bien lo que hoy se define en esta Sala.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

En seguida, tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ.-

Señor Presidente, no deja de ser penoso lo relatado esta tarde por el Honorable señor Tarud, quien, poniendo lo mejor de su voluntad y buena disposición, caminó muchos días por las oficinas ministeriales y se entrevistó con el propio Presidente de la República, para llegar, diría yo, a cero.

Por eso, tenía fundamento la pregunta que ayer formulé al señor Ministro de Hacienda Su Señoría, con mutismo digno de mejor causa, no respondió, en cuanto a si el Gobierno estaba realmente dispuesto a acceder a la petición formulada por algunos señores Senadores de buena voluntad, lo que hasta ayer, parece, no ocurría.

Ahora insisto en la segunda pregunta que formulé al señor Zaldívar en aquella oportunidad, y esta vez espero tener éxito: ¿es efectivo que en el curso de las últimas horas el Ejecutivo llegó a entendimiento con el Partido Nacional para superar la votación del proyecto de reajustes en el Senado?

Si acaso así ha ocurrido, a los socialistas nos gustaría saber en qué términos cree el Gobierno que se aprobará la iniciativa en cuanto a sus líneas fundamentales.

Si el señor Ministro desea, me responde, y ojalá que no sea tan cicatero en el tiempo, como sucedió ayer.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

No seré cicatero, pero seré muy concreto para responder a Su Señoría.

Reitero que, según mi opinión, no corresponde dar cuenta aquí de mis gestiones políticas. En todo caso, advierto que lo haré al final, cuando esté todo afinado.

El señor RODRIGUEZ.-

¡Extraña respuesta de un Ministro de Hacienda: está en el epicentro de la política chilena; aquí estamos todos los sectores políticos, y Su Señoría reserva su opinión política "para el final"!

A mi juicio, esta actitud no es seria, porque, sin duda, los criterios básicos de los diversos partidos se irán conformando, aparte las posiciones anticipadas que han adoptado respecto de la actual iniciativa, de acuerdo con lo que el Gobierno sea capaz de recapacitar con relación a la idea sustentada originalmente.

En consecuencia, esperamos que el Ejecutivo afine su entendimiento con la Derecha, para que "al final" sepamos a qué atenernos.

Hemos dicho que los socialistas rechazamos este proyecto de legislación, porque al hacerlo, en el fondo, estamos impugnando la política social y económica de la actual Administración.

Concretamente, pensamos que esta iniciativa no es un proyecto de reajustes. Además, de las propias informaciones dadas en las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas, se desprende que en el costo total del proyecto, de 1. 278 millones de escudos, 713 millones están destinados a financiar gastos presupuestarios que, por imprevisión de este Gobierno, no fueron consignados oportunamente, al discutirse la ley de Presupuestos a fines del año pasado.

De tal modo, con la extraordinaria y gigantesca publicidad que totalitariamente emplea el actual Gobierno, se ha tratado de llevar a la opinión pública la impresión de que los conglomerados opositores a esta legislación somos contrarios a los reajustes, lo cual no es sino una mentira más del oficialismo.

Los socialistas deseamos que se otorguen reajustes, pero de una cuantía que esté en consonancia con el alza del costo de la vida, que, según índices oficiales, pero discutibles, llega a 21, 9%.

Hemos reclamado que en un proyecto sobre reajustes si quiere calificársele de tal no debieron incluirse sino disposiciones, proposiciones de ley o artículos relativos a lo que es en esencia una legislación de esta índole. Sin embargo, el Gobierno insiste en renovar, mediante la iniciativa en debate, la mayor parte de las disposiciones objetadas anteriormente. En síntesis, quiere valerse de la legislación sobre reajustes para resolver problemas de déficit fiscal y de desfinanciamiento respecto de los gastos presupuestarios del año en curso.

Cuando, en octubre de 1967, el Gobierno anunció su primer proyecto sobre estas materias, inspirado en la filosofía que dio a conocer el ex Ministro señor Molina, fuimos testigos de la forma como expresaron su repudio a dicha iniciativa las masas populares chilenas, representadas por sus sindicatos, gremios y organizaciones, como son la CUT; la ANEF, la ANES y la Confederación de Empleados Particulares de Chile. Es decir, toda la vida activa y dinámica incorporada a la producción y a los servicios fundamentales del Estado manifestó claramente su oposición.

Aparte diversos aspectos negativos, la legislación propuesta versaba sobre cuestiones propiamente monetarias, y, junto

a la idea de dar reajustes, incluía la de establecer el sistema de capitalización que el pueblo sabiamente bautizó de "chiribonos". Dicho sistema despertó, a la vez, una gran resistencia masiva, que terminó por derrotar a esa iniciativa legal. Por ese motivo, el 30 de enero de este año, el Gobierno se vio obligado a retirar el proyecto, que ya estaba en el Senado, ante la voluntad mayoritaria de los diversos sectores políticos que traducían las aspiraciones de amplias masas de trabajadores, obreros y empleados.

Ayer el Gobierno quiso presentar el sistema de los "chiribonos" y hoy el de los "bonos Corvi", como una originalidad financiera, dentro del contexto general de la política reformista del señor Frei. Lo cierto es que la receta no es nueva; es una vieja receta imperialista que, bajo distintos disfraces, tiende a convencer a los pobres de la necesidad de desarrollar lo que los yanquis denominan capitalismo popular. Mediante el sistema de los "chiribonos", ayer, y hoy por medio de los "chiricorvis", se pretende que los pobres, los desposeídos, los que nada o poco tienen, los que viven de rentas fijas, se obliguen a un ahorro forzoso.

Tal propósito se advierte en la política diseñada para todo el continente; está presente en la propia filosofía de la fracasada Alianza para el Progreso, primero, y en el llamado "kennedysmo reformista" y en las nuevas recetas en el fondo, son las mismas ya añejas, del Fondo Monetario Internacional.

Hemos visto que se ha tratado de instaurar en Colombia el mismo sistema de los "chiribonos" o "chiricorvis" de Chile. Allá se agita el llamado "proyecto sobre Fondo Nacional de Ahorro", presentado al Gobierno de la República de Colombia, que ha determinado una intensa movilización laboral en contra de sus postulados. El periódico "Unidad Sindical", de ese país, en una edición correspondiente a la segunda quincena de febrero de este año, expresa en primera página, a propósito de lo ocurrido en Chile y para que tomen la lección los trabajadores colombianos, lo siguiente:

"Los trabajadores y el pueblo chileno han derrotado al imperialismo y al gobierno socialcristiano en su intento de crear un Fondo de Ahorro Obligatorio. El proyecto de ley fue negado en el Senado de la República, donde la oposición es mayoritaria. La protesta permanente y valerosa de la clase obrera chilena y la acción en el Congreso de los grupos políticos de oposición, fueron los artífices del triunfo de los trabajadores de nuestro hermano país. Este es un ejemplo viviente para los trabajadores colombianos que también enfrentan a esa clase de medidas: al Fondo Nacional de Ahorro".

Los socialistas hemos afirmado que el grupo dominante en el poder, con su filosofía reformista, con el tan insistentemente llamado "fatalismo geográfico político", no ha inventado ninguna novedad. En el hecho, se atiene obedientemente a un mandato externo que le ordena aplicar semejantes recetas que castigan a las masas trabajadoras, con el fin de contar, por supuesto, con la benevolencia del imperialismo y de sus organismos financieros.

Pero la clase obrera chilena derrotó la política de los "chiribonos" y obligó al Ejecutivo a retirar el proyecto anterior, i Claro que, en el camino, se derramó sangre proletaria! Las calles de Santiago se mancharon de sangre obrera durante la represión de noviembre pasado.

Aquí tenemos algunos exponentes de la política gubernamental de la mano dura, que se esmeran en sembrar amenazas, en quebrantar lo que ellos mismos dicen defender: el orden constituido, o de amenazar periódicamente a las instituciones republicanas de esta sociedad burguesa. Y no falta algún Diputado cuando no un ex abrupto presidencial que endilgue sus iras contra el Senado y amenace disolverlo. Ellos dicen que. si no se aprueba esta legislación, se dictará un decreto de insistencia, por lo menos respecto de las Fuerzas Armadas y de una parte del sector público. Y entonces surgen las amenazas de estos curiosos defensores de las libertades, de la democracia y de la institucionalidad. Y surgen permanentemente las presiones y las amenazas para romper su propio orden, porque cuando el sistema imperante en esta sociedad burguesa no les sirve, estos mismos burgueses lo rompen o tratan de romperlo. No emplean el mismo lenguaje ni se guían por la misma correcta intención cuando los socialistas, cuando los hombres de pensamiento revolucionario, estamos significando las lacras de una sociedad decadente, corroída en sus viejas estructuras, que necesita perentoriamente profundos y tajantes cambios para ubicarse en la vía contemporánea.

Pues bien, cuando todo hacía pensar que por la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo se había derrotado la política congelatoria puesta al servicio del Fondo Monetario Internacional, sobreviene un cambio de Ministros. Llega el señor Raúl Sáez y nos encontramos, al poco tiempo, con que el Gobierno ofrece un proyecto de reajustes que obedece a la misma filosofía, insiste en los mismos rubros negativos y reitera, con porfía, la intención de hacer ahorrar a los pobres, por medio del sistema de bonos CORVI. Y hay que decirlo el proyecto tiene aún alcances más regresivos, más antipatriotas, más injustos que el articulado de que fue autor el ex Ministro señor Molina. Se han encargado de demostrarlo de modo fehaciente los propios gremios afectados.

La extensa nómina leída por el Honorable señor Aguirre Doolan, que es real, refleja lo ocurrido en las Comisiones unidas. Yo diría, luego de escuchar a los representantes de decenas de gremios que nos relataron sus angustias y sus miserias v nos dieron a conocer el nivel degradante de sus módicas entradas, que queda un sabor amargo en la boca, porque vemos el drama de los chilenos, de la clase obrera, del sector apreciable de los empleados, tanto particular como públicos, que esconden ficticiamente su miseria, pues a veces deben ponerse corbata, obligados por los prejuicios o las exigencias sociales o administrativas.

Impresiona ver cómo, en el caso de los empleados particulares, por ejemplo, el grueso de ellos gana apenas un sueldo vital, y que las dos terceras partes de ese importante sector de asalariados no alcanzan a tener remuneraciones superiores a los dos sueldos vitales.

Entonces, quedó en evidencia en las Comisiones unidas, descorrido el velo de las hipocresías colectivas o convencionales, cuál es el verdadero drama de Chile, materializado en el reclamo de los trabajadores que terminaron por pedirnos no legislar sobre la materia que nos ocupa, pues rechazan categóricamente el reajuste de 12, 5%, repudian de modo enérgico los bonos CORVI y se oponen al financiamiento del proyecto sobre la base de aumentar la tasa del impuesto a las compraventas, tributo que en sólo dos años de 1965 a 1967 ha incrementado su rendimiento en dos mil millones de escudos. Vale decir, el tremendo peso que ese guarismo representa se ha descargado inmisericorde sobre las espaldas de los consumidores, en circunstancias de que no es ése sino uno de los gravámenes que pesan sobre la clase trabajadora.

El impuesto a las compraventas fue establecido a instancias de los asesores norteamericanos con el carácter de transitorio, por el período de un año solamente, a fin de afrontar una situación de emergencia. Pero en el hecho quedó como una carga fija entre las demás disposiciones tributarias, y lo que es peor ha ido aumentando en extensión y tasas.

Con todo, el actual Gobierno, impulsor, según se autocalifica, de la justicia tributaria, aumentó el impuesto referido, de 6%, a 7%, durante el pasado año; y ahora, persistiendo en su propósito regresivo, desea incrementarlo aún más, elevándolo a 8%. Es decir, en escasos dos años aumentaría dicho gravamen en 2%, lo cual implicaría, sin duda, que los aparentes reajustes serían en la práctica mucho menores que los otorgados literalmente por la ley.

Por eso, hemos dicho que dar luz verde a este proyecto en la Cámara de Diputados, es abrir paso a todo el contenido regresivo de la iniciativa, que empieza por congelar las remuneraciones de una tercera parte de la Administración Pública, ya que 130. 000 ó 140. 000 funcionarios tendrían reajustes de sólo 12, 5%. Por otra parte, significa castigar a 300. 000 pobres y ancianos pensionados del Servicio de Seguro Social, cuyas modestas pensiones, de 120, 130, 150 ó 170 escudos, a lo más, se verían rebajadas en 7% con relación al monto a que podrían alcanzar si se aplicara el mecanismo de reajustes establecido en la ley Nº 10. 383.

Para no extenderme demasiado, deseo que en la parte pertinente de mi intervención se reproduzca solamente la página del informe de las Comisiones unidas donde figuran estos antecedentes, relativos a los derechos de los pensionados y a la forma como quedan de maltratados. Porque, en definitiva, 300 mil ancianos que gozan de miserables pensiones son castigados con este mecanismo del proyecto.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Solicito autorización de la Sala para insertar el documento a que ha, hecho referencia el señor Senador.

Acordado.

El documento cuya inserción se acuerda es del tenor siguiente:

El señor RODRIGUEZ.-

Además, no podemos aprobar este proyecto porque el Gobierno ha faltado gravemente a serios compromisos con sectores importantes de vastos sectores sociales.

Con el Honorable señor Baltra estuve en la asamblea de profesores celebrada en el teatro Normandie, en donde se apreciaba el fervor combatiente del magisterio. Concretamente, los profesores nos pidieron con vehemencia no legislar sobre la materia, salvo que el Gobierno se allane a respetar las bases de la llamada "acta magisterial", expresión final del serio conflicto reivindicativo que dichos profesionales tuvieron hace algún tiempo. Entiendo en que son entre 45 mil y 50 mil los maestros afectados.

Lo mismo ocurre con el personal de Correos y Telégrafos, que en número de 10 mil también suscribieron un convenio, en el cual estaba expresado el compromiso de Ministros, Subsecretarios e, incluso porque tenía que sancionar dichos acuerdos, el propio Presidente de la República.

Por su parte, también al gremio de la Salud se le han desconocido los acuerdos suscritos con el Gobierno después de un grave conflicto. Se trata de un servicio postergado que agrupa más o menos a 55 mil modestos funcionarios que tienen participación decisiva en la defensa de la salud de nuestro pueblo.

Es decir, 45 mil profesores, 10 mil funcionarios de Correos y Telégrafos y 55 mil empleados del Servicio Nacional de Salud constituyen una masa de más o menos 110 mil a 120 mil funcionarios comprometidos por la violación de sus convenios.

Este hecho es serio, pues se trata de servicios postergados respecto de los cuales el Gobierno comprendió la necesidad de otorgarles un reajuste superior al promedio que se ciaría al sector público en general.

Apena también tal situación, porque no es nuestro propósito ubicarnos en una posición cómoda y buscar porque sí el fracaso del Gobierno. El hecho central es que nosotros propusimos un mecanismo sugerido ya en el impuesto patrimonial que gravase la mayor entrada del cobre derivada de su alto precio en el mercado internacional. Pero todos nuestros intentos, como también los de los Partidos Comunista y Radical, de Diputados de la propia Democracia Cristiana y, en especial, del sector rebelde y de la juventud de esta colectividad, tendientes a obtener de la gran minería yanqui del cobre una modesta tajada para reincorporarla al patrimonio nacional y financiar los reajustes, han sido rechazados sistemáticamente por el Gobierno.

Para el Ejecutivo, el interés yanqui de la gran minería del cobre es tabú, y nada se puede hacer. Hemos probado que, aun sin lesionar los llamados convenios del cobre, que para nosotros no son un elemento tabú en el momento oportuno, con sentido histórico vamos a reivindicar para Chile el patrimonio total del cobre mediante una sana política nacionalizadora, podríamos haber contribuido a financiar el proyecto con las entradas provenientes del mayor precio del metal. Así quedó claramente establecido en las Comisiones Unidas. Según datos proporcionados por los colegas que han intervenido en esta materia, los ingresos provenientes del cobre han sido siempre muy superiores a los previstos por el Gobierno en sus cálculos presupuestarios. Así sucedió el año pasado, por ejemplo, cuando el valor de la libra se calculó a 42 centavos. Sin duda, ese sobreprecio permitiría financiar los reajustes.

Creo que lo fundamental ya se ha dicho. No vale la pena malgastar más tiempo en una empresa ya comprometida por el Gobierno, la cual no tendrá variantes esenciales.

La tributación del cobre propuesta por nosotros, la aspiración de los gremios de no ser maltratados, las gestiones de buena fe de algunos colegas, todo se ha venido al suelo para que prospere en definitiva sólo un acuerdo básico según se desprende de las informaciones de prensa y los comentarios de pasillos, que no sabemos en qué consiste, entre el Gobierno y la ultrarreacción chilena.

El señor TARUD.-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

Su Señoría sabe la estimación que le tengo y el respeto que me merecen sus ideas políticas y el partido en que milita; pero no quisiera dejar flotando en la Sala una apreciación que, en gran parte, me parece injusta en cuanto a que mi gestión habría llegado a cero.

Respeto su opinión, pero estimo, apreciado colega, que no es llegar a cero, haber conseguido después de los desvelos, sacrificios y arduas tareas que me ha tocado enfrentar, dejar a salvo la intangibilidad del derecho de huelga, materia consignada en el artículo 66 del proyecto. Como siempre lo ha estimado la Izquierda, éste es un derecho sagrado de los trabajadores, y no ha sido un regalo del cielo: ha costado muchas masacres y muchas vidas. Desde el punto de vista de la filosofía del proyecto, mis gestiones estaban encaminadas ante todo a eliminar ese atentado. Por lo tanto, creo que con eso el cero puede transformarse en mejor nota.

En seguida, estimo que las gestiones estuvieron muy bien encaminadas para eliminar, de una vez por todas, los "chiricorvis", que constituyen un funesto precedente para la clase trabajadora, pues en virtud de ellos se les pagaría en bonos y no en dinero. En realidad, casi se llegó a acuerdo; se avanzó en ese sentido, como también se progresó en posibles arreglos con algunos sectores que habían suscrito convenios no cumplidos en su integridad.

Por estas consideraciones, estimado colega y amigo, considero injusta la apreciación de que mi gestión llegó a cero, cuando en realidad...

El señor RODRIGUEZ.-

No la he calificado en esa forma.

El señor TARUD.-

... mi propósito no fue sino el de que el reajuste llegue a la brevedad a los trabajadores chilenos, pues he podido comprobar que hay clamor porque esa compensación se otorgue lo antes posible.

El señor RODRIGUEZ.-

O Su Señoría me ha interpretado mal o no me he expresado en forma precisa.

No condené su gestión; al contrario, la alabo y aplaudo por las demostraciones de buena voluntad que puso en ella. Dije que llegó a cero, porque, es evidente y Su Señoría lo sabe que el Gobierno terminó por entenderse con la Reacción, con la Derecha. De manera que el balance es penoso, no por culpa del Honorable señor Tarud, sino por la burda tramitación que se hizo de sus gestiones por parte del Ministro y del Gobierno. Por lo tanto, para tranquilidad del señor Senador, dejo salvada su responsabilidad. No he querido poner un cero a su gestión, sino a la tramitación de los buenos propósitos que quería lograr.

Resulta penoso que el Gobierno de la revolución en libertad, en un problema de tanta trascendencia, como es el reajuste, en una política social y laboral para los trabajadores, se haya unido a los personeros del llamado Partido Nacional, a la ultraderecha chilena, la cual, por supuesto, no se ha caracterizado en nuestra historia por defender al movimiento obrero y a los trabajadores.

¡Triste epílogo para una nueva gestión del Gobierno del señor Frei! Este es el sino que marca la trayectoria del Gobierno: una política, en el fondo reaccionaria, antisocial y sometida al imperialismo, por medio de los mecanismos del Fondo Monetario Internacional, como quedó claramente evidenciado en las Comisiones unidas y en la intervención del Honorable señor Bossay.

Termino expresando que ahora, con mayor fundamento que nunca y apoyado en una parte importante, madura y consciente del movimiento obrero chileno, y respaldado por el grueso del sector público, diremos que no a la idea de legislar.

El resto del tiempo se lo cedo al señor Presidente de la Corporación.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Teitelboim.

El señor TEITELBOIM.-

Señor Presidente, a escasas horas del comienzo de la votación, no se sabe aún a ciencia cierta cuál es el resultado que va a decidir la suerte del proyecto de reajustes.

Se ha creado un ambiente de suspenso, un clima de incertidumbre y de rumores que, como sucedió con los convenios del cobre, dejó la resolución entregada a un acuerdo de último minuto. Así lo acaba de ratificar el señor Ministro de Hacienda en la Sala.

A los comunistas, ésta no nos parece la mejor forma de legislar ni la actitud más seria de proceder en asuntos de magnitud nacional, porque, como lo expresó ayer el Secretario General de nuestro partido, SenadorLuis Corvalán, el Gobierno y, sobre todo, el Presidente de la República deben mandar en lo posible al Congreso proyectos de tanta importancia cuando tienen la evidencia de una aprobación, aunque para ello sea necesario una consulta previa, de modo de adecuar su texto a la seguridad absoluta de que el Parlamento habrá de decidir positivamente.

La divisa primordial: defensa de los trabajadores.

Más allá del juego político, fieles a nuestra responsabilidad de siempre, en hora oportuna nuestro partido estudió el proyecto en debate, que primitivamente no era de reajuste, pues contenía muchas disposiciones extrañas, en especial, una que hacía vano y sin sentido el derecho de huelga, conquista fundamental de la clase obrera, sagrado para nosotros. Otra que instituía un fondo de capitalización forzoso que, junto con obligar a ahorrar a quienes nada tienen, establecía un pago parcial, no en dinero, sino en papeles nominales, de dudoso respaldos e inútil o incierto destino, que, por cierto, no ayudan a comer. La actitud de nuestro partido fue por entero contraria, y la oposición del pueblo, grande. Hubo un paro nacional de envergadura extraordinaria. El proyecto naufragó y con él se fue a pique un Ministro, el señor Sergio Molina, demasiado adicto a las decisiones del Fondo Monetario Internacional y a los esquemas obsoletos de una economía política que, en materia de inflación, no ve otros culpables que los pobres.

Su sucesor, precedido de resonante fanfarria de propaganda, uno de los supersabios de la Alianza para el Progreso, no hizo otra cosa que empeorar el proyecto: mantuvo sus disposiciones más regresivas, amenazó gravemente los derechos más elementales de los trabajadores y se propuso disminuir los fondos para la reforma agraria.

Episodios significativos.

El señor Sáez sostuvo conversaciones con diversos partidos, incluso el nuestro, porque nosotros no tenemos miedo de conversar con nadie, ya que nuestros principios son tan firmes y sólidos, que podemos mantenerlos ante cualquiera. Y fue un diálogo entre sordos, porque él contó su película, escuchó con aparente deferencia al interlocutor, le entraron sus palabras por un oído y le salieron por el otro, y no aprovechó nada de ese diálogo. O sea, fue un soliloquio, un monólogo de un Ministro que tenía ya su definición absolutamente cerrada e intransigente.

Su gloria era el artículo 66, establecer el ahorro obligatorio y suprimir el derecho de huelga y en el hecho fue el símbolo lo más reconcentrado de la ofensiva contra los trabajadores. Pero este artículo fue derrotado por la lucha del pueblo, y a ello contribuimos decididamente. Y también el Partido Comunista contribuyó, como lo ha reconocido toda la prensa de Chile y del exterior que se ha preocupado de este asunto, a que renunciara el reaccionario MinistroSáez.

Y así, en virtud de ello, la iniciativa en referencia pasó a ser fundamentalmente un proyecto de reajuste, profundamente defectuoso, como todas las legislaciones similares que se han propuesto en nuestro país, sobre todo aquellas que pretenden compensar en menos del alza del costo de la vida la pérdida en las remuneraciones de los trabajadores.

Un paso previo indispensable.

Atentos a la necesidad material, viva, cotidiana de los asalariados de contar con alguna compensación del despojo, como punto de partida en su combate, siempre en este Congreso se han aprobado en general las ideas de legislar sobre la materia. Nunca hemos rechazado la idea de legislar, y el pueblo lo ha comprendido. Sin embargo, jamás esa decisión nos ha amarrado para que luchemos en la discusión particular que no es posible si no hay aprobación en general a fin de derribar todos los artículos regresivos de que están cuajados tanto este proyecto de reajuste como los del pasado. Esa es nuestra posición.

Por eso, el Partido Comunista anunció que votaría en el Senado como lo ha hecho siempre en el Parlamento: a favor de la idea de que la gente tenga un reajuste, porque lo otro significa hacer el negocio y el caldo gordo de los dos patrones de este país. Si no hay ley, en el sector privado ganan los empresarios, los fabricantes, los capitalistas particulares, porque no están obligados por ley a entregar ningún reajuste, ¡y nosotros no estamos dispuestos a ser cómplices de los capitalistas avarientos! Y el otro que gana es el patrón número dos, o el patrón número uno de este país: el Estado, el Fisco, que se pone duro con los trabajadores del sector público y es tan generoso con las compañías del cobre; porque sin reajuste del sector público, naturalmente, se le alivian los problemas fiscales, aunque todos los hogares proletarios y los de los empleados de la Administración Pública tengan que sufrir hambre y penuria mucho mayores.

Votaremos todas las indicaciones favorables al pueblo.

Por esa razón hemos votado en general este proyecto; por esa causa vamos a luchar denodadamente, si se aprueba la idea de legislar, por eliminar sus vicios y las injusticias que son muchas contra respetados, amplios y poderosos sectores de nuestra vida nacional: los trabajadores del sector público. Votamos en general, porque el rechazo de la idea de legislar en el Senado podría significar que no hubiera ningún tipo de reajuste.

Aquellos que piensan que el Partido Comunista necesariamente va a sacar las castañas del fuego con la mano del gato en la Cámara de Diputados, aportando sus votos para completar los dos tercios necesarios para la insistencia, están sobregirados en la apreciación de nuestros compromisos. Porque no hemos contraído otro compromiso ante el país, ante los obreros, ante los empleados, ante los trabajadores, ante el pueblo, y no ante el Gobierno que aprobar la idea de legislar en el Senado, para hacer posible la discusión particular y para que la gente tenga algún reajuste. Y creemos también que lo decisivo no es el Parlamento en último término, sino la lucha del pueblo, ya que hemos echado abajo, con todos los trabajadores y los elementos de avanzada de este país, la prohibición virtual del derecho de huelga, y ello permitirá a los asalariados, mediante su propio combate, mejorar las condiciones que se obtengan con este reajuste, que, por cierto, es del todo insuficiente.

Nos parece que en el fondo de las múltiples organizaciones sindicales y gremiales existe la comprensión profunda de que no se puede rechazar el reajuste para hacer más ricos a los patrones y ahorrar problemas fiscales al Estado, a costa de la mayor pobreza de los trabajadores. Lo sabemos porque hemos recibido centenares de indicaciones creo que las han recibido todos los Senadores de parte de muchos dirigentes sindicales y otros organismos, para la discusión particular y, repito, no habrá discusión particular si no hay aprobación previa y general; porque la gente tiene que comer y vivir y porque los trabajadores, con su lucha» mejorarán estas condiciones, que son dramáticas para un pueblo que vive en un régimen capitalista.

Lo obtenido por la acción organizada.

Pensamos que era necesario defender al millón 550 mil trabajadores del sector privado que no tienen convenio colectivo, fallo arbitral o acta de avenimiento. Ellos no habrían obtenido, sin nuestra intervención y nuestro combate, un reajuste general mínimo de 21, 9% desde el 1º de enero respecto de los sueldos y salarios vigentes al 31 de diciembre. También, para los trabajadores de la construcción hemos conseguido el restablecimiento del tarifado que rigió en 1966, con 40% de reajuste. Y para los de los sectores público y privado que no tienen asignación familiar de reparto, se ha logrado, mediante la lucha general nosotros dentro, 21, 9% de reajuste de las asignaciones familiares, desde el 1° de enero.

También queremos legislar para que las Fuerzas Armadas y Carabineros obtengan el mejoramiento que les fija el proyecto; y los médicos, los términos de aumento convenidos con ellos...

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Señor Senador, lamentablemente ha terminado el tiempo del Comité Comunista.

El señor TEITELBOIM.-

Pediría que algún Comité tuviera la gentileza de darme algunos minutos.

El señor PABLO.-

El Comité Demócrata Cristiano le cede cinco minutos.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

En el tiempo cedido, puede continuar Su Señoría en el uso de la palabra.

El señor TEITELBOIM.-

Consideramos ignominioso que el Gobierno proponga un reajuste en dinero de sólo 12, 5% para un tercio de los servidores públicos, a pesar de que las propias cifras oficiales aprecian en 21, 9% el aumento de los precios al consumidor y de tratarse de cálculos castigados.

Condenamos como injusto y abusivo el hecho de que en el proyecto figuren con este reajuste irrisorio los maestros, Correos y Telégrafos, los trabajadores de la Salud, los pensionados del Servicio de Seguro Social, etcétera. Como siempre lo hemos hecho, los comunistas lucharemos para que haya la mínima justicia retributiva que merecen.

¿No hay dinero?

"No hay dinero", ha contestado el Gobierno. Sin embargo, nuestro partido, en varias conversaciones con diversos Ministros, ha concretado verbal y documentadamente financiamientos estudiados con rigor científico, pero que involucran, eso sí, como lo dijo Luis Corvalán, un cambio de política general y de orientación financiera que, en esencia, significa buscar recursos donde los hay y no donde no existen ni para hacer cantar a un ciego, tratando de hacer pagar todos los problemas fiscales del erario precisamente al trabajador, al pobre de santidad.

El culpable de la inflación no es el pueblo, no es Juan Verdejo. Es una colosal mentira que los salarios reajustados en conformidad al alza del costo de la vida o en una proporción superior sean la causa fundamental del proceso inflacionario. Eso lo han dicho aquí muchas veces varios parlamentarios de las bancas de Gobierno, pero tal afirmación ha merecido respuestas diversas de Senadores de todos los partidos.

Inflación y remuneraciones.

Quiero volver a decir algo que ya se ha recordado. El propio Instituto de Economía, presidido entonces por el Ministro de Hacienda que fue don Sergio Molina, en su estudio "La Economía de Chile en el Período 19501953", señala los siguientes datos, que destruyen por entero esa teoría falaz y regresiva: en 1949 hubo en Chile una inflación de 20, 6% y al final del año, se dio un reajuste de 25%, o sea superior en 4, 5 % al aumento del costo de la vida. Y bien, ¿qué pasó al año siguiente? ¿La inflación se desató, se volvió loca? No, bajó a 16, 76%. Posteriormente, en 1951, el reajuste otorgado fue de 30%, y en el año siguiente la inflación bajó a 12, 1%. En 1954, la inflación fue de 71% y se otorgó un reajuste de sólo 58%?. Entonces la inflación subió a 84%. O sea, dándose un reajuste menor al alza del costo de la vida, el ritmo inflacionario fue mayor.

La teoría en comentario es anticuada, completamente fracasada; es una teoría inventada por los ladrones de levita, por las grandes compañías del cobre, por los usurpadores del salitre, por aquellos que inventaron, hace ya un siglo, en Chile este negocio supremo de la inflación, que ha consistido en robar los salarios a la gente para aprovecharlos ellos y en decir des, pues: "Ustedes son los culpables, los pobres, gastan demasiado en medio de su miseria".

El señor AYLWIN.-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor TEITELBOIM.-

Con cargo a su tiempo, con mucho gusto, señor Senador.

El señor AYLWIN.-

En mis observaciones de la tarde de ayer, hice presente que nosotros participábamos de la idea de que los reajustes iguales o superiores al alza del costo de la vida no son por sí solos causa de la inflación. Y señalé como prueba de ese aserto el hecho de que en los dos primeros años de este Gobierno se dieron reajuste superiores al alza del costo de la vida y, sin embargo, se logró, en los años 1964 y 1966, disminuir el ritmo de la inflación. Pero al tercer año, durante el cual aplicamos la misma receta de conceder reajustes superiores al alza del costo de la vida, se produce el fenómeno de que la inflación empieza nuevamente a subir. Y ello, según hice presente en mis observaciones de ayer, se debió al hecho de que el mejoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores por la mejor distribución del ingreso había alcanzado a 40 por ciento, en circunstancias de que el aumento del producto nacional sólo había sido de un poco más de 15 ó 20 por ciento, tomando en cuenta el mayor precio del cobre; que, por consiguiente, se había producido incompatibilidad entre un aumento muy grande del poder de compra de los trabajadores y un menor crecimiento de la producción nacional.

Pues bien, frente a este hecho, nosotros hemos planteado que al cabo de tres años consecutivos de reajustes superiores al alza del costo de la vida, puede ser necesario y es preciso en este instante un reajuste inferior al dicho índice. Y sobre esta materia yo había querido obtener alguna respuesta de parte de quienes sostienen la tesis contraria. Por eso me gustaría conocer alguna opinión en torno de este punto concreto, de parte de Su Señoría.

El señor TEITELBOIM.-

Las cifras que yo leí...

El señor AYLWIN.-

Son exactas.

El señor TEITELBOIM.-

... son exactas y claras. Están avaladas por el señor Molina cuando presidía el Instituto de Economía.

El señor AYLWIN.-

Las que yo di también son exactas.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

- Ruego a los señores Senadores no entablar diálogos.

Honorable señor Teitelboim, el señor Secretario me informa que ha terminado su tiempo.

El señor AYLWIN.-

Yo le concedo tres minutos, señor Presidente.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

- Puede disponer de tres minutos más Su Señoría.

El señor TEITELBOIM.-

Nosotros insistimos creo que esta materia la explicó en la mañana con mucha profundidad y en forma muy clara el Honorable señor Baltra en su discurso, aunque lamentablemente, según me parece, el Honorable señor Aylwin no estaba presente en que la teoría de que la incidencia esencial en la inflación radica en las alzas de salarios es vetusta y cancelada por la ciencia económica. A ello se refirió el señor Senador cuando habló de la teoría estructuralista y de la monetarista.

A nuestro juicio este pensamiento lo expresó también ayer el Secretario General del Partido Comunista, el hecho de que la gente gane menos significa contracción de su poder de compra y disminución de la producción nacional, con todas sus secuelas de cesantía y de crisis. Y es un hecho elemental.

Creo que este problema nos seguirá interesando más adelante, pero como apenas dispongo de un par de minutos, deseo terminar mis observaciones.

El Dios Juno Jano.

Señor Presidente, en esta materia, nuestra idea es poner el acento en la redistribución del ingreso, o sea que paguen los que tienen y no los que no tienen.

Creemos ante todo en el pueblo, y nosotros estamos apoyando las reivindicaciones de los gremios. Nuestro no más rotundo será para las disposiciones lesivas, trataremos de corregir todas las injusticias. Queda claro: hacemos nuestras las reivindicaciones de la ANEF, de la ANES, de los profesores, de los funcionarios de las universidades, de los trabajadores de la Salud, de los ferroviarios, del personal de la ETC. y de la LAN, de los empleados y obreros municipales, de los pensionados del Servicio de Seguro Social. Estamos contra todo reajuste inferior al alza del costo de la vida. Creemos que ha habido falta de decisión de parte del Gobierno, quien, como el dios Jano, que es también diosa Juno, mira a la derecha y a la izquierda sin resolverse. Nosotros creemos, sí, en la decisión de la lucha del pueblo, codo a codo, en el seno del movimiento de los trabajadores que realizaron el gran paro del 23 de noviembre y también el reciente del sector público. Las demandas son justas y los comunistas las apoyamos con todas nuestras fuerzas.

El señor ALLENDE.-

Señor Presidente, señores Senadores:

Entro a este debate con pena, con profunda y honda amargura.

Hace cinco meses que el país vive la preocupación de un reajuste, y esto que sucede ahora ocurre todos los años. Periódicamente se convulsiona Chile en los más vastos sectores, porque la gente, que no tiene la culpa de la conducción económica del país, siente el azote de la inflación, la merma del poder adquisitivo de sus sueldos y salarios, y lucha y pugna por reconquistar siquiera ese poder adquisitivo que anualmente pierde.

El Honorable señor Bossay estaba en lo justo al expresar la idea, en la cual coincidimos durante un foro habido en Valparaíso pienso que juntos, si se aprueba el proyecto, formularemos la indicación pertinente, de establecer el reajuste automático anual con lo cual se evitará al país este hecho increíble y que refleja en la forma más elocuente cómo está de desquiciada una economía y lo injusto que es el régimen capitalista.

Sí, a un reajuste justo; sin contrabandos.

Deseo ratificar lo que dijo elocuente y claramente nuestro Honorable colega el Secretario General del Partido Socialista: somos y seremos siempre partidarios, mientras no haya una solución como la que he planteado en la indicación mencionada, de otorgar reajustes justos. Por eso, estas bancas formularon indicación para desglosar, a fin de incorporarla al proyecto sobre prórroga del impuesto patrimonial, la disposición que daba la posibilidad de otorgar un anticipo y que el Ejecutivo vetó. También fue aprobado en esta Corporación el precepto que permitía al Gobierno disponer de mayores ingresos sobre la base de aprovechar el sobreprecio del cobre, que ha alcanzado índices increíblemente altos. La Cámara de Diputados rechazó esa iniciativa del Senado.

Por eso, señores Senadores, nosotros tenemos absoluta tranquilidad de conciencia. Y si vamos a votar en contra de la idea de legislar, es porque estimamos casi seguro, dada la correlación de fuerzas políticas entre el Senado y la Cámara de Diputados, que, en caso de aprobarse, el proyecto será despachado tal como quiere el Ejecutivo, con todas las lacras de injusticias que trae. Ello podrá conseguirlo el Gobierno mediante las insistencias ele la Cámara y el veto del señor Presidente de la República. Además, al rechazar la idea de legislar, quedarían desechadas todas aquellas disposiciones incorporadas por el Ejecutivo que no corresponden propiamente a un proyecto de reajustes y que convierten a esta iniciativa en una especie de ley económica destinada a salvar los déficit que presumiblemente tiene la caja fiscal.

La hacienda pública, una incógnita.

Digo que entro a este debate con pena y con inquietud, porque han caído dos Ministros de Hacienda y ha asumido ese cargo un tercero, cuya ausencia deploro y por quien tengo especiales consideraciones de tipo personal, pero que ha adoptado la misma actitud, por lo menos, del señor Sáez.

¿Qué sabe el Senado, qué sabe el país de la realidad de la hacienda pública? ¿Podemos nosotros decir, sin temor a equivocarnos, cuál es el déficit exacto de la caja fiscal? ¿Sabe algún señor Senador, con absoluta precisión, en cuánto ha aumentado o disminuido el crédito externo comprometido mediante distintos empréstitos obtenidos por este Gobierno, a los cuales hay que sumar el arrastre de administraciones anteriores? ¿Sabemos con exactitud cuál es la realidad de la balanza de pagos, y si éste es favorable, tiene o no tiene alta significación el déficit fiscal? No lo sabemos.

Considero inconcebible, inadmisible, increíble, que antes de entrar a un debate de esta naturaleza no hayan conocido el Senado y el país la radiografía exacta y precisa de nuestra realidad económica y financiera.

Señores Senadores, ¡han pasado cinco meses! Y en el transcurso de estos largos meses, angustias, sufrimientos, inquietudes, temor, represalias, cárcel y sangre. ¿Por qué? Por un proyecto que tiene una pequenez infinita frente a las proyecciones del desarrollo de un país, a pesar de su importancia dramática y extraordinaria ante la angustiosa situación de quienes viven diariamente entre el hambre y la miseria y la satisfacción mínima de las necesidades vitales.

No puede ahorrarse la miseria.

Cuando oigo decir en este recinto que es indispensable ahorrar para capitalizar y no se hacen distingos entre a quienes se va a imponer ese ahorro, recuerdo las cifras brutales que tengo derecho a exponer hoy, porque las usé ayer, cuando era Ministro de Salud Pública de un Gobierno popular y escribí un libro: "La Realidad Médico-Social Chilena". Debo decirles, señores Senadores, que, en esencia, a pesar del esfuerzo y el progreso aparente o real que hemos alcanzado en algunos aspectos de la vida nacional, la densidad profunda en lo humano de esas cifras tiene vigencia.

En Chile, más del 60% de la población está subalimentada. Así lo señalan estudios realizados por técnicos especialistas de todos los sectores. Del mismo modo, en nuestro país no se construye ni siquiera para satisfacer la demanda del aumento vegetativo de la población. Y ello no es culpa tan sólo del Gobierno del señor Frei. Ninguna Administración, hasta ahora, en la historia del país ¡ninguna!, ha construido siquiera con un ritmo que permita absorber ese crecimiento. El déficit habitacional, como una bola de nieve, se acrecienta año tras año. Ha sido un pariente directo de un ex Ministro del actual Gobierno quien publicó en el diario "La Nación", hace poco tiempo, un artículo en el cual señala que, de no tomar ahora las medidas pertinentes, llegará un momento en que, aun cuando se ponga toda la economía nacional al servicio de la construcción, no habrá recursos suficientes para encarar ese déficit.

Las tribunas y galerías de la Corporación han estado pletóricas, a veces, de estudiantes que reclaman lo más elemental, lo increíble: el alimento espiritual e intelectual para ser eficientes servidores de su patria y de la sociedad. La universidad deja al 50% de los jóvenes al margen de la posibilidad de adquirir un título profesional. Se han aumentado no lo niego las matrículas en los cursos de la educación primaria; pero todavía queda un alto porcentaje de niños que ni siquiera pueden aprender a leer y escribir, y la pirámide de la incultura señala y marca brutalmente una realidad económico _ social que llega mucho más allá del Gobierno del señor Frei, que es la esencia del sistema combatido por nosotros.

Es natural preocuparse del problema del reajuste; pero no puede un país vivir al margen de lo que ocurre en el mundo en estos instantes, ni ignorar lo que sucede en América Latina, pues ese acontecer también nos afecta. Si se derrota al imperialismo como será derrotado en Vietnam, descenso tremendo del precio del cobre e interrogante para los ingresos fiscales de Chile. Si el afán imperialista continúa y se reanudan los bombardeos y se aumenta la escalada, estaremos al borde de una guerra mundial, que también repercutiría en la economía de un país como el nuestro. Si el dólar cruje, aumenta el valor del oro, y si no resultan las medidas adoptadas por las naciones dependientes, sufriremos las consecuencias.

Soluciones que requieren nuevos caminos.

El fondo del problema es otro. No es esta Administración, el Gobierno del señor Frei, la que puede solucionar mediante los viejos caminos comprometidos del capitalismo, las dificultades por que atraviesa el país. Por eso hemos mirado con respeto e interés a aquellos jóvenes democratacristianos que planteaban una solución no capitalista para el drama de nuestra existencia.

Algún señor Senador, con todo derecho, podría pensar: "Ah, el señor Allende es teórico; también lo es el Partido Socialista: siempre culpan al imperialismo".

Para demostrar lo contrario, pido que se inserten, los párrafos pertinentes de un folleto titulado "Punta del Este. La nueva estrategia del imperialismo". (Editorial Diálogo, Montevideo), en el cual se transcribe mi conferencia ante la Universidad de Montevideo.

El documento cuya inserción se acuerda posteriormente, es del siguiente tenor, y dice relación con el ingreso y salida de capitales de América Latina antes y después de la Alianza:

"¡Desolador recuento después de seis años de ebriedad publicitaria! Veamos otro antecedente: Antes de la Alianza, en el período 19511960, la entrada neta de capitales extranjeros llegó a un total de once mil millones cuatrocientos mil dólares; pero, en el mismo período, las salidas por pago de intereses y utilidades de empresas extranjeras representaron once mil millones de dólares, de manera que en esos 10 años el aporte de los capitales extranjeros no llegó a los cuatrocientos millones de dólares. Pero hay un hecho más grave todavía, si ello es posible. Durante ese lapso, América Latina perdió, por el empeoramiento de los términos del intercambio, más de nueve mil millones de dólares.

La Alianza no mejoró sino, por el contrario, empeoró aún más este cuadro. En los cinco años comprendidos entre 1961 y 1965 plena vigencia de la Alianza, las entradas netas representaron seis mil ochocientos millones de dólares, mientras las salidas por intereses y utilidades fueron más de ocho mil millones de dólares, y perdimos el mayor aumento de los recursos de dicho intercambio: 12. 000 millones de dólares.

Por lo tanto: no hemos recibido un aporte de capitales. Hemos experimentado una salida neta de fondos por más de mil millones de dólares en esos cinco años, sin contar las pérdidas por términos de intercambio. Cabe preguntarse: ¿dónde reside la ayuda, la cooperación por la que estamos pagando precios tan altos e hipotecando además nuestro futuro y nuestra soberanía?

Si miramos el comercio internacional llegamos a la conclusión de que también, lentamente, nos ha ido mal muy mal durante los años de la Alianza.

No son hoy menores que antes el número y la magnitud de las empresas extranjeras que explotan nuestros recursos naturales y envían al exterior enormes utilidades que se sustraen de los recursos que podrían aplicarse a nuestro desarrollo interno. El año recién pasado, esas remesas de utilidades de empresas extranjeras representaron más de 1. 500 millones de dólares, suma declarada y muy inferior a las utilidades reales, ya que resultan después de dudosos manejos contables sobre depreciaciones, gastos en el exterior, sueldos y gratificaciones del personal extranjero que ocupa los cargos directivos, etc.

Los préstamos, que se presentan como contribución "generosa" del capital extranjero, dieron lugar en 1966 al pago de intereses entiéndase bien, sólo de intereses, no de amortizaciones por un monto cercano a los 600 millones de dólares. O sea que los beneficios declarados en forma de intereses y de utilidades de las inversiones extranjeras fueron en 1966 superiores a 2. 100 millones de dólares. "

Lo que dice el BID.

El señor ALLENDE.-

Aquí tengo nada menos que lo publicado por el diario "El Mercurio" en su edición de 2 de abril, o sea, sólo veinticuatro horas atrás. El artículo en referencia se titula: "Inquietante informe del BID sobre América Latina". A mi juicio, llega a la médula de la realidad de nuestro continente. Aunque presumo que más de algún señor Senador ya lo habrá leído, me permitiré releer algunos de sus acápites:

"Sector externo: área crítica.

El Banco informa de los crecientes esfuerzos internos de los países miembros de la Alianza para ampliar sus ingresos mediante medidas impositivas e informa que las recaudaciones globales en ese sentido aumentaron de 5. 540 millones de dólares, en 1961, a 7. 880 millones en 1966.

Sin embargo, el sector externo continúa siendo el área crítica.

El Banco informa que la movilización de capital privado a la región, que pasó de los 410 millones de dólares en 1965, a los 950 millones en 1966, es eclipsado por la caída de la participación latinoamericana en el comercio mundial y el endeudamiento externo.

Las exportaciones, uno de los elementos básicos en la formación de capital, se mantuvieron en el primer semestre de 1967 al mismo nivel de 1966 y el Banco hace notar que "la perspectiva inmediata no parece ser promisoria debido, entre otros factores, a la tendencia descendente de los precios de las materias primas".

Al mismo tiempo la participación relativa de los productos latinoamericanos en los cuatro principales mercados del mundo, la Comunidad Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Japón, siguió la tendencia descendente.

Endeudamiento.

Aún más inquietante es la cuestión del endeudamiento.

"Durante los años de la Alianza", expresa el Banco, "la deuda externa de la zona ha crecido rápidamente".

El balance de 6. 580 millones de dólares de 1960, saltó a 11. 900 millones en 1965 y estaba ya en los 12. 600 millones en 1966.

"El caso de esa deuda", observa, "está evidenciado por el hecho de que los pagos anuales de las cuotas y los intereses, saltaron de 1. 170 millones de dólares en 1960 a 1. 807 millones en 1965 y volvió a subir a 1. 950 millones en 1966".

Esta obligación es mayor que los 1. 676 millones de dólares que en 1966 recibió la América Latina en la forma de alimentos, créditos para el desarrollo con asistencia monetario de todas las fuentes combinadas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Eximbank, la Agencia norteamericana para el Desarrollo y el propio Banco Interamericano.

"Se estima que el servicio de la deuda externa", dice el informe, "está consumiendo el 75 por ciento del ingreso bruto de capital a esa región y tiende a aumentar. Ello significa que América Latina está llegando al cuello de la botella, pues la transferencia neta de recursos para ayudar a su desarrollo económico se tornará imposible".

El Banco considera que en tales circunstancias se requerirá, para no frenar el desarrollo, "una movilización en gran escala de capital o una postergación de los pagos de la deuda pendiente así como un reajuste de los intereses". "

Lo que mucho antes dije en Montevideo.

El señor ALLENDE.

Esto señala "El Mercurio" en un resumen de la información del Banco Interamericano de Desarrollo.

Por mi parte, en esa misma charla que dicté en Montevideo, en la misma época en que se realizaba en esa ciudad la Conferencia de Presidentes americanos, expresé lo siguiente:

"Ni un dólar más.

En este balance entre el debe y el haber se ha llegado a un punto conflictivo, que yo quiero denunciar en esta alta tribuna. América Latina alcanzó ya a un nivel de saturación como continente deudor. Ya nada gana, en pro de su deseo de marchar hacia el desarrollo económico, con recibir recursos externos en calidad de préstamo.

El imperialismo ha conseguido su objetivo. Ha llevado a muchos países latinoamericanos a una situación tal de endeudamiento acumulado y de compromisos con esas deudas que los ha metido en el círculo vicioso de tener que pedir nuevos préstamos para pagar los anteriores aumentando de nuevo la deuda acumulada.

No hay que hacerse ilusiones respecto de esto. Nuestros países han llegado a un punto en que ya no le sirven nuevos recursos externos, en que no pueden esperar ningún aporte neto para financiar su desarrollo de un endeudamiento mayor.

Pienso que no habría ahora mejor colaboración que la de que no se nos diera un dólar más de préstamo, pero que se suspendiera al mismo tiempo el servicio de la deuda acumulada y la salida exorbitante de las utilidades de las empresas extranjeras.

Las soluciones hay que buscarlas ahora por otros caminos. Por los cambios estructurales y el esfuerzo interno; por condiciones distintas del comercio internacional y de los precios de nuestros productos exportables. Ahí está el verdadero problema de las relaciones económicas externas y de los recursos para aumentar nuestro ingreso y repartirlo equitativamente entre los distintos sectores de la población. "

Seis meses antes dije, en la prestigiosa tribuna de una universidad, lo que ahora señala el informe del Banco Internacional de Desarrollo. Sus cifras vienen a remachar los hechos, y sus juicios, a sellar la realidad de nuestro planteamiento.

Por eso, cuando algún Senador democratacristiano, el propio Ejecutivo o alguno de sus Ministros dicen que nosotros pretendemos hacer fracasar a este Gobierno; que deseamos desarrocarlo, como se ha manifestado y tengo los informes que me permiten aseverarlo, nosotros debemos rechazar esa imputación.

Colaboración constructiva del Senado.

Nos duele, como chilenos, que falten casas y escuelas; que no haya pan en la mesa de nuestros compatriotas; que este Gobierno no pueda solucionar lo que dijo que solucionaría. No puede ni podrá hacerlo. Está irremediablemente condenado, porque sigue los viejos y fracasados caminos del capitalismo. Este Gobierno lo que es aún más grave, que ha enrostrado al Senado de la República obstaculizar sus planes de desarrollo e impedir que convierta en realidad su programa, desconoce que el Congreso ha despachado leyes fundamentales. En efecto, me parecen primordiales para el Gobierno los convenios del cobre y la reforma agraria. En ambas iniciativas hubo apoyo de esta Corporación y resistencia de otros sectores; pero, en definitiva, los proyectos respectivos fueron despachados.

¡Caramba que significa harto para nosotros tener conciencia de que este Gobierno, que se dijo revolucionario, camine por los gastados moldes del capitalismo; entronque su destino, como no lo hicieron gobiernos reaccionarios de ayer, con el imperialismo; se someta profundamente a los dictados del Fondo Monetario Internacional, y entregue sin reservas, mediante los convenios del cobre, ingentes riquezas a las compañías imperialistas.

Nunca en su historia óiganlo bien señores Senadores esas compañías obtuvieron utilidades más altas que en el año pasado. Y este Gobierno revolucionario no se ha atrevido rechazó nuestra iniciativa al respecto, no ha querido aprovechar el sobreprecio del cobre. ¿Cómo van a solucionar los problemas?

Es inquietante escuchar las cifras expuestas aquí para demostrar que la economía de Chile está sana y que financieramente no hay peligro alguno, pese a lo cual quienes tal dicen son incapaces de otorgar un reajuste para compensar el deterioro del poder adquisitivo, que siempre fue deficiente.

Las cifras proporcionadas esta mañana por el Honorable señor Baltra señalan claramente que el 21, 9% de alza del costo de la vida del año pasado habrá subido en 10% ó 12% más antes del despacho de la iniciativa en debate.

¿Qué significa esto, en el mejor de los casos, en el supuesto de que el reajuste fuera del ciento por ciento del alza del costo de la vida para todos los sectores? Que cien pesos recibidos nominalmente tendrán un valor real de sólo 90, porque este año el costo de la vida ya ha subido casi un 10%.

Falta de decisión y desquiciamiento económico.

Esta es la realidad brutal de una economía desquiciada no sólo por el hecho de que el Gobierno no quiso aprovechar las más altas entradas del cobre o no planeó ni planificó su desarrollo, sino por la realidad de un sistema que golpea tanto a Chile como a América Latina entera.

Por eso, nosotros decimos, con la concepción estructural que tenemos de la economía, que la Democracia Cristiana no podrá jamás desarrollar el impulso creador de Chile si no se nacionalizan las riquezas fundamentales, si no se lleva adelante una auténtica reforma agraria.

Yo preguntaría a los señores Ministros presentes, ¿en cuánto ha aumentado la compra de alimentos en el exterior en el último bienio, y a cuánto puede llegar en los próximos cuatro o cinco años si la agricultura chilena sigue creciendo con el ritmo actual?

Si no hay control del comercio exterior; si no se pone mano dura en los monopolios y en los bancos; si no se limitan las rentas nacionales de alto poder de consumo, jamás podrá este Gobierno satisfacer las demandas mínimas de un pueblo angustiado por la falta de trabajo y cansado por la espera de los hijos que no pueden ir a la escuela, y cuyas tensiones sociales deben expresarse como se han manifestado, sin tener como respuesta la violencia desatada, por ejemplo, contra el Servicio de Correos y Telégrafos y el Magisterio.

Por petición expresa de los Comités Parlamentarios, acabo de hablar con el Subsecretario de la Vivienda y Urbanismo, para hacerle presente nuestra petición en el sentido de no aplicar el decreto que elimina a mil y tantos trabajadores del Ministerio de Obras Públicas. Recibí una respuesta negativa: "No son mil quinientos trabajadores, sino setecientos; pero quedarán despedidos". La determinación es injusta, porque son miles y miles los funcionarios declarados en huelga, y se aprieta al sector que creen más débil.

También hay otro problema de fondo: la actitud política de culpar al Senado y de proyectar más allá de este debate lo que pueda acontecer.

Imputaciones infundadas a posiciones intransables.

¿Con qué derecho piensan algunos Ministros que estamos aquí de prestado y que no podemos ejercer con dignidad e independencia el mandato que el pueblo nos dio? ¿Cómo puede un Ministro decir que si se rechaza este proyecto entraríamos en una crisis institucional? ¿Acaso no miden sus palabras los Secretarios de Estado del señor Frei? ¿Es aceptable que el Presidente de la República afirme que el Senado, en las discusiones de distintos proyectos, ha trasgredido la Constitución? ¿Tienen derecho los Diputados democratacristianos a sostener que el país aplaudiría la clausura de esta Corporación? ¡No, señores Senadores! Estos son hechos de extraordinaria gravedad.

Si el Gobierno y sus representantes en el Parlamento piensan que la composición actual de la Cámara Alta puede traer como consecuencia una crisis del régimen institucional, deberán asumir la respectiva responsabilidad. Por nuestra parte, mantendremos nuestra actitud con la independencia necesaria y la altivez suficiente para no inquietarnos por las palabras, hoy irresponsables, pero que contienen una amenaza que puede convertirse en realidad en un momento de desvarío.

Mientras tanto, asentamos nuestro pensamiento, y puntualizamos la manera increíble como se actúa en esta materia. A las ocho votaremos el proyecto. Nadie sabe qué compromisos existen y con quiénes se contrajeron. Falta una hora y veinte minutos para la votación y nadie en el país y en el Senado éste cumple cuarenta y ocho horas debatiendo la iniciativa legal sabe si cambiaremos nuestro criterio, en el supuesto caso de que hubiere compromisos que justificaran una actitud de esa naturaleza.

El otro día leí en "El Mercurio" algo referente a la actividad dinámica de este pequeño pero gran Ministro de Hacienda: Así lo ha llamado el señor Frei. Yo repito sus palabras, sin ánimo de zaherir al señor Zaldívar. Pues bien, ese diario relata que, en una sala, el mencionado Secretario de Estado conversaba con el Honorable señor Tarud; en otra, con los representantes del Partido Nacional; en otra, con distintos sectores, y más allá lo esperaban los gremios. ¡No, señores Senadores! Los problemas deben plantearse con diáfana claridad. Debe señalarse la línea por seguir, decir lo que el Gobierno desea conseguir, y hasta dónde puede llegar y justificar por qué no le es posible ir más allá.

A nuestro juicio, ninguna explicación o justificación del Ejecutivo respecto de los convenios del cobre podrá ser satisfactoria, porque ellos ni siquiera tocan la raíz de nuestro desquiciamiento económico, que se afinca en las grandes ventajas del capital foráneo. Para nosotros, es vital conocer nuestra realidad, y según cuál sea ella, decidir la actitud que asumiremos.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor ALLENDE.-

Solicito al señor Ministro que me conceda parte de su tiempo para terminar mis observaciones.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Con mucho gusto.

El señor ALLENDE.

Decía que la gravedad de lo que aquí sucede no puede soslayarse.

La conspiración de la incapacidad gubernativa.

Al parecer, a continuación intervendrá el Honorable señor Fuentealba, brillante Senador de la Democracia Cristiana. Por lo menos, yo desearía que lo hiciera. En una página de "Enseñanza de una Jornada. Análisis. Autocrítica", trabajo elaborado por Su Señoría, sostiene, entre otras cosas, lo siguiente: "La inexperiencia de un Gobierno, la conflagración opositora, la ausencia de dirección política y las informaciones tendenciosas y falsas". ¡Caramba que es grave que un político de la jerarquía de mi Honorable colega, aunque sea en un documento interno, compruebe la ausencia de conducción política en su partido o en el Gobierno!

Pero es más grave todavía lo que el señor Senador establece en su conclusión primera: "Si se hace un análisis de la situación política general del país, es posible concluir que los partidos políticos de oposición tienen un vínculo común que los une, cual es el de procurar el derrocamiento del Gobierno y su sustitución".

¡No, señores Senadores! Allá, el Partido Nacional encerrado, hasta unos instantes supongo, con el señor Ministro de Hacienda, sin saber todavía cómo votará, si se abstendrá o se pronunciará favorablemente, según sea lo que haya obtenido. Aquí nosotros, en esta Sala, tratando de impedir que se paralice la reforma agraria, reclamando un sentido nacional que golpee fuertemente a las empresas que han estrangulado la economía chilena.

Termino recordando que en cuarenta y dos años las compañías del cobre, del hierro y del salitre, y las empresas de teléfonos y de electricidad, se han llevado el valor equivalente a un Chile entero, ya que nuestro capital social se calcula en nueve mil millones de dólares.

Por eso, no conspiramos ni deseamos destruir al actual Gobierno. Sabemos que la Democracia Cristiana tiene sellado su destino por la falta de conducción política, la carencia de audacia, la incapacidad para gobernar a Chile y hacer efectivamente una revolución.

He dicho.

El señor CHADWICK.-

Los Senadores socialistas populares vemos en el proyecto de reajustes de remuneraciones un problema muy particularizado que obliga a reflexionar sobre los hechos concretos que determinan su significación. También permite comprobar una incidencia en la política general de Gobierno. No nos parece válido repetir siempre una misma posición teórica. Creemos que si no somos estructuralistas, debemos responder con fidelidad a nuestra pretensión de marxistas, que atiende a los hechos concretos.

Lo primero que observamos es la extraordinaria importancia que para los trabajadores del país y la economía nacional tiene la iniciativa legal en debate.

Los obreros y empleados, sometidos a bajísimos salarios y sueldos, soportan, día a día, la avasalladora erosión de sus ingresos reales como consecuencia de la incesante alza de precios de los artículos que deben adquirir.

Partiendo del nivel de vida más bajo entre los pueblos de raza blanca, el trabajador chileno tiene que sufrir durante todo un año, a lo menos, que sus remuneraciones disminuyan en términos reales, en una acumulación de mayor estrechez y miseria, para obtener después de doce meses, en el mejor de los casos, un aparente restablecimiento de su sueldo o salario.

En esta relación de la inflación y los reajustes, hay, incuestionablemente, una pérdida neta para los trabajadores y un beneficio correlativo para el sector empresarial, que equivale o podría medirse por el promedio del alza real de los precios en el respectivo sector de los consumos.

La falta de compensación anual, que ya ha pasado a ser tradicional, ha de anotarse entre los factores que objetivamente señalan la opresión económica en que vive nuestro pueblo.

Es obvio, además, que la operación tardía e injusta del reajuste se efectúa sobre la base de indicadores que han ido perdiendo cada vez más su validez, es decir, su correspondencia con la realidad, en desmedro de los trabajadores.

Dicho en otras palabras, el verdadero costo de la vida no está de acuerdo con los datos proporcionados por las estadísticas oficiales, lo cual es el resultado del uso de una ponderación envejecida de los elementos que lo integran, de una defectuosa identificación del concepto precio al consumidor con el de costo de la vida de los diversos sectores, y, finalmente, de la manifiesta distorsión que intencionadamente se produce para que los precios efectivos de los artículos de consumo no se expresen cabalmente en las estadísticas utilizadas.

Hechos ciertos que confirman ese juicio son, por ejemplo, que desde 1956, hace de esto ya 12 años, se mantenga inalterable la ponderación de los artículos encuestados cada tres meses, no obstante que muchos de ellos desempeñan una función muy diversa en el régimen de los precios; que el consumo de la carne de vacuno haya desaparecido de los hábitos del pueblo y que el precio de la carne de ave, doce años atrás, tuviese una incidencia menor en el costo de la vida que el consumo de las llamadas guatitas, según la nomenclatura oficial, fuese prácticamente insignificante; que la leche siga computándose por el precio de la de consumo popular, en circunstancia que ésta no corresponde al producto que se expendía en 1956, que era leche entera, con todo su poder alimenticio; que el propio pan tenga distorsionado su precio, porque también hay uno especial y otro casi incomible, de bajo aprovechamiento, y este último es el empleado en las estadísticas.

Lo que pasa con estos alimentos básicos pan, carne y leche, no necesita investigarse porque está en conocimiento de todos. Lo recuerdo para poner énfasis en las análogas deformaciones que se producen en los demás rubros estadísticos, sea por contener artículos típicos desplazados de los consumos por su baja calidad, sea por no ponderar los sustitutos correspondientes a nuevas necesidades y sea, finalmente, por no cuantificar las alteraciones de los pesos y medidas.

Los encuestadores se encuentran, además, con problemas insolubles provenientes de la rigidez de las normas en uso y de la complejidad de los casos que tienen que registrar.

Pienso, por ejemplo, con lo que ocurre en el importante rubro de los arriendos. Han de preguntar lo que paga el encuestado, pero no pueden distinguir entre los que mantienen las mismas disponibilidades habitacionales y los que forzados por los déficit en la construcción de vivienda, deben comprimirse y hacinarse en grupos heterogéneos que comparten el mismo techo.

La encuesta se limita a relacionar lo que el entrevistado pagaba tres meses antes y lo que paga en el momento de realizarse la encuesta. Debo advertirle al Honorable Senado que cada vez que un arrendatario cambia de morada, deja de tomarse en cuenta en la información de la estadística, a pesar de ser ése, precisamente, el caso de mayor incidencia del alza de la vivienda en la inflación.

Finalmente, es de conocimiento común que se practica toda una verdadera política de los más variados recursos, que está obedeciendo constantemente al propósito de lograr que los precios reales no se expresen en el índice correspondiente.

Esta realidad no meros discursos, estas afirmaciones, abonadas por una experiencia personal e inequívoca y que corresponden a hechos concretos, nos permiten sostener que, entre nosotros, nadie, absolutamente nadie, cree que el porcentaje de 21, 9% mida, al 31 de diciembre de 1867, el alza efectiva del costo de la vida en el año calendario que terminó ese día.

Los socialistas populares afirmamos, por consecuencia, que el reajuste de sueldos y salarios, sin compensación por la pérdida experimentada por los trabajadores en el curso de 1967, y referido a una tasa de inflación de sólo 21, 9%, es manifiestamente injusto para los trabajadores y consagra un evidente deterioro de sus condiciones de vida.

Juzgamos especialmente inhumano que toda la política de remuneraciones, caracterizada por esos dos elementos negativos básicos del proyecto de reajuste, se aplique a nuestra pobre realidad social que se condiciona, además, por una carga demográfica que hace que 69% de la población, correspondiente a su sector pasivo, viva a expensas del 31% que constituye el sector activo.

Dicho en otras palabras, se disminuyen los insuficientes ingresos reales de los trabajadores, a sabiendas de que, del sueldo o salario del empleado o del obrero tienen que vivir, en promedio, más de tres personas, porque de 9. 041. 401 habitantes de Chile, al 31 de diciembre de 1967, sólo hay en el país 2. 818. 334 con capacidad de trabajo, incluyendo los cesantes registrados, que ascienden a más de 144. 000, y los que tienen sólo ocupaciones ocasionales y transitorias.

Si trasladamos esas cifras al número total de obreros y empleados de los sectores público y privado, según los datos de la Superintendencia de Seguridad Social, llegamos a la conclusión de que aquéllos alcanzan a una cifra del orden de dos millones de personas, que venden su fuerza de trabajo por una remuneración expresada en nuestra moneda en desvalorización constante; y que con esos emolumentos deben vivir en total 6. 451. 610 personas, porque la relación entre el sector activo y el sector pasivo de la población es el ya señalado.

El actual proyecto de reajuste de remuneraciones afecta directamente a los medios de vida de más de setenta por ciento de la población de Chile y, por lo tanto, como se ha recordado en la Sala, influye decisivamente en todas las actividades industriales y comerciales de la órbita interna, fijando sus posibilidades de expansión, congelación o retroceso.

No nos parece legítimo, por consecuencia, operar en este terreno con ligereza. Y rechazamos terminantemente la afirmación que se ha hecho desde las bancas de una Oposición que no es la nuestra, que identifica el reajuste de 21, 9% que se ofrece al sector privado con la real y efectiva desvalorización de la moneda, con el real y efectivo deterioro de los sueldos y salarios en el año 1967. Afirmamos lo contrario, porque se trata sólo de una recuperación parcial, con una pérdida definitiva de, a lo menos, 10% de esas remuneraciones, ya que ninguna duda cabe de que la inflación ha oscilado entre 30 y 40% en el curso del año 1967.

El rigor con que operamos en esta materia está justificado por las consideraciones ya formuladas y por los rendimientos tributarios en el año último, que están manifestando la verdadera alza de los precios a que se hacen las transacciones gravadas por los impuestos, especialmente el de compraventa.

La de 21, 9% es una cifra cuasi convencional, artificia], desprovista de realidad, y debemos tomarla como un nivel mínimo, imposible de disminuir a pesar de los vicios y defectos de nuestras estadísticas oficiales.

Su aplicación al sector privado no es más que una medida que es imposible evitar sin una verdadera parálisis de la industria y del comercio, y obedece a hechos que están por encima de la voluntad del sector empresarial.

Valdría tal vez recordar que, en los estratos más bajos, hay un sector, de 32% de la población de Chile, que tiene un ingreso medio anual que no sobrepasa el ingreso de hambre de 85 dólares por cabeza. Esto explica la importancia social que en Chile ha cobrado la llamada "ayuda" de ciertos organismos internacionales, que dan la comida y el vestuario a más de un millón de personas.

No nos conmueve, por lo tanto, el lamento de los que ven en nuestra decisión de votar, en general, en contra de este proyecto de reajustes, un atentado en contra del sector privado.

Si ni siquiera ese reajuste se otorgara, los obreros y empleados lo obtendrían por medio de sus luchas organizadas, en defensa del más elemental de todos los derechos: el de la vida o autoconservación.

Nuestra actitud se determina por otras causas, pues, asignando a la labor legislativa su verdadero papel, comprendemos que, sin disponer de recursos parlamentarios para establecer una norma de justicia y equidad en las remuneraciones del sector privado, debemos impedir que se consagre, con nuestros votos de socialistas populares, un precedente inicuo en el tratamiento de la mayoría de los funcionarios del Estado, ya sea porque a ellos se les pretende dar un reajuste inferior a aquel 21, 9% que ya hemos caracterizado, ya sea que se dejen de cumplir los solemnes compromisos contraídos con los profesores, los trabajadores del Servicio Nacional de Salud, los empleados de Correos y Telégrafos, etcétera.

Tenemos en cuenta también a los pensionados, que suman 300 mil personas.

No podíamos hacer de esta materia una cuestión de prestigio partidista, y cumplimos con nuestra obligación, hasta el final, de agotar las posibilidades para obtener, a lo menos, que ningún funcionario tuviera que aceptar la imposición legal de un reajuste inferior a 21, 9%, que tampoco se siguiera disminuyendo, por ministerio de una ley, las pensiones casi insignificantes que paga el Servicio de Seguro Social y que, por último, se cumplieran los compromisos contraídos con los trabajadores, con el más importante de esos sectores: el de los profesores, regulado por el convenio magisterial, que tiene la autoridad de una ley.

Estas gestiones no han tenido nada de conciliábulo ni mucho menos de vergonzoso. Procurábamos que el Gobierno de la República comprendiera que hay límites que no pueden excederse y también queríamos representarle que existen recursos de sobra para atender a estas ineludibles demandas de la justicia.

Deploro no disponer del tiempo necesario para extender estas observaciones, pero quisiera contar todavía con tres minutos...

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Solicito a la Sala autorización para prorrogar por tres minutos el tiempo del Honorable señor Chadwick.

Aceptado.

Puede usar de tres minutos más, señor Senador.

El señor CHADWICK.-

... porque no puedo terminar sin recordar que, mientras el Estado aparece en una rigidez próxima a la muerte o a su extinción como poder soberano, los que usufructúan de nuestras principales riquezas están adquiriendo utilidades que nunca soñaron, que no pasó por su mente obtener cuando proyectaron sus negocios; y amparándose en un llamado "sistema de contratosley", se niegan a aceptar la progresión del impuesto. No quieren reconocer el texto constitucional que dice que los tributos se impondrán en proporción y en progresión de los haberes. ¡Gente que planeó negocios para ganar cinco mil millones de dólares y que está obteniendo utilidades al ritmo de veinte mil millones de dólares en veinte años, se cruza de brazos y desafía a Chile y a su miseria!

Nos duele haber abundado en consideraciones ante la frialdad de ánimo que predomina en ciertos sectores del Gobierno, y que nuestras gestiones no hayan tenido éxito. Actuamos para lograr para el pueblo una pequeña conquista: un reajuste igual a la cifra mínima de las estadísticas oficiales; un reajuste que comprendiera los compromisos solemnes tomados por el Ejecutivo. No lo conseguimos, pero no nos consideramos vencidos. Creemos, por lo contrario, haber cumplido nuestro deber.

Votaremos, en consecuencia, en contra de la idea de legislar en este proyecto.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Puede usar de la palabra el Honorable señor Fuentealba.

Su Señoría dispone de siete minutos.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, dispongo de muy breve tiempo.

El hecho de haber oído esta tarde algunas afirmaciones, muy repetidas, de algunos señores Senadores, me ha movido a intervenir en un debate en que realmente yo no pensaba participar. Lo hago con la convicción más absoluta de que a la opinión pública, en general, y a los sectores de trabajadores de todo el país, en particular, no les importan tanto nuestras discusiones como el hecho real de que pronto el Congreso Nacional legisle sobre un reajuste, cualquiera que sea en definitiva el monto o porcentaje, forma o alcance que él tenga.

Aquí se han hecho afirmaciones repito que nosotros tenemos una vez más que desmentir, porque se insiste en criticar al Gobierno y en hacerle cargos que nosotros, a menudo por dejación y porque los hemos contestado en alguna oportunidad, no volvemos a contestar, lo cual, de nuestra parte, a mi juicio, es una mala política.

En mi opinión, cada vez que lo señores Senadores, aunque sea repetidamente, hacen afirmaciones carentes de efectividad o nos formulan cargos injustos, tenemos la obligación de contestarles, máxime cuando existe expectación en torno del debate que en estos instantes se realiza.

Aquí se ha dicho, una vez más lo expuso, en forma casi dramática el propio Presidente del Senado, a quien todos reconocemos sus magníficas dotes oratorias, que este reajuste lleva ya seis meses de tramitación. Con ello se quiere señalar en este hemiciclo y ante la faz del país que el Gobierno se encuentra remiso, en mora de cumplir la obligación que tiene de legislar sobre los reajustes en la forma más urgente y oportuna posible. Sin embargo, ésta es una afirmación doblemente injusta. Lo es, porque, en primer término, esta Administración, los años anteriores al actual, ha enviado al Parlamento las iniciativas de reajustes en forma oportuna y a comienzos del año, para que éste legisle sobre el particular. Y en lo que toca a este año, el proyecto primitivo, como consta a toda la opinión pública lo ha reconocido el señor Presidente de la Corporación en su discurso, y también deben hacerlo todos los sectores, fue enviado en noviembre de 1967. Es decir, en época más que oportuna. De manera que si en aquel entonces ambas ramas del Congreso hubieran aprobado la idea de legislar, no obstante su desacuerdo con algunas disposiciones de la iniciativa, hace mucho tiempo que habríamos despachado los reajustes para los sectores público y privado.

Respecto de un cargo que nos hacía el Presidente del Senado, quiero recordar que junto con enviarse al Congreso la referida iniciativa, se discutía en éste la ley de Presupuestos de la nación y que, con motivo de ese debate, hubo, por supuesto, una amplísima exposición de la Hacienda Pública hecha por el Ministro del ramo. Por lo tanto, a propósito de la discusión de este proyecto de ley, todos los señores Senadores tuvieron conocimiento acabado de la situación económica general del país. Por consiguiente, no es valedero decir en esta oportunidad que el Gobierno debió comenzar por hacer una exposición de la Hacienda Pública, a fin de que el país conozca la situación económica actual, en circunstancias de que ella se hizo hace sólo tres meses sobre la materia existe un libro impreso, y de que tanto en la Cámara como en el Senado hubo una lata discusión del proyecto de ley de Presupuestos, que precisamente giró en torno de la situación económica general del país. ¿Y qué pasó con ese primer proyecto? ¿Fue culpa del Presidente de la República, del Gobierno, de la Democracia Cristiana, que, aprobado ya por la Cámara de Diputados, hubiera sido luego forzoso retirarlo del Senado, por ser evidente que en esta Corporación sería rechazado por la mayoría?

Por supuesto, no es culpa del Primer Mandatario ni del Ejecutivo, pues uno y otro tienen el deber de presentar los proyectos de reajustes, como cualquiera otra iniciativa legal, no de acuerdo con el criterio imperante en la Oposición, sino con el predominante en las esferas de Gobierno, con el que sustenta la política económica de éste. De acuerdo con ese criterio, consecuente con esa política, el Jefe del Estado sometió a la consideración del Parlamento determinado proyecto de ley, y con ello no cometió falta alguna.

A su vez, el Senado se opuso a la aprobación de esa iniciativa. Fue la actitud que hacía evidente el rechazo de la idea de legislar siquiera sobre los reajustes lo que movió al Ejecutivo a retirar ese proyecto y a enviar uno nuevo.

Es cierto que el Senado también hace uso del libre juego que la democracia le permite y la Carta Fundamental establece. Reconozco que los señores Senadores de la Oposición, que son mayoría, tienen derecho a juntarse todos, aunque tengan las más discrepantes ideas y sean irreductibles e implacables adversarios unos de otros, como aquí se dice; sin embargo repito, tienen derecho a unirse para impedir que el Gobierno legisle de acuerdo con su criterio.

Pero no se diga que el Ejecutivo es culpable de esa demora por haber retirado dicho proyecto. La verdad es que esa tardanza ha tenido una causa muy natural, aceptada en nuestro juego democrático, cual es el hecho de que la mayoría se opuso a su aprobación.

Y así fue como se envió el segundo proyecto. Ahora nos encontramos, para resumir, con que ya no son muchos los minutos que restan para votarlo. No obstante, hasta el último momento, todos hemos estado en duda todavía lo estamos acerca de la suerte de la votación general de esa iniciativa.

¿Es culpa del Presidente de la República o del Gobierno? No, señores Senadores. Una vez más, es, simplemente, debido a que el sistema de legislar existente en Chile adolece de deficiencias, vacíos y defectos que hacen imposible que un Gobierno, elegido por una mayoría tan ostensible como lo fue el actual, pueda poner en práctica sus ideas y planes económicos, ya que toda una gama de disposiciones constitucionales y legales permiten a la Oposición unirse para boicotear esa política.

Por lo tanto, es absolutamente injusto decir que este Gobierno es culpable de las demoras. No las ha habido, ni en los años anteriores ni ahora. Y la que estamos presenciando en estos momentos deriva, simplemente, de este juego que permiten nuestras leyes constitucionales.

Es evidente que los legisladores, los partidos políticos y el Gobierno mismo estamos dando un espectáculo ante el país y que la opinión pública reclama mayor eficiencia de parte de todos nosotros.

Es este juego que no termina nunca lo que obliga a un Gobierno a entenderse, a buscar apoyo. Hace un instante, el Honorable señor Rodríguez, por una parte, se anticipaba a criticar la posibilidad de que el señor Ministro de Hacienda tuviera conversaciones en los pasillos y, por otra, nos hacía el cargo de que estábamos demorando la legislación. ¿En qué quedamos, entonces?

El señor RODRIGUEZ.-

No he dicho lo último, señor Senador.

El señor FUENTEALBA.-

El señor Ministro debe recurrir a todos los procedimientos que le proporciona este sistema, lleno de defectos, para buscar y obtener una mayoría que permita aprobar la idea de legislar. Y es esto lo que a muchos hace dudar de la eficacia del régimen democrático.

Yo soy profundamente demócrata. Creo que la democracia es el mejor sistema de gobierno que pueda existir. Pero estoy absolutamente convencido de que en nuestro país adolece de defectos fundamentales. Por eso, comparto la opinión del Presidente de la República en el sentido de que es muy urgente introducir reformas constitucionales que eliminen estos males, los mismos que hacían decir a Churchill, con razón, que la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción, naturalmente, de todas las demás.

En seguida, quiero referirme al hecho que ahora estamos presenciando: por primera vez en nuestra historia legislativa nunca había sucedido antes, un proyecto de reajustes es rechazado en general. Las actitudes más extremas y duras que hubo en contra de proyectos de reajustes anteriores consistieron, cuando más en abstenerse de votarlos, pero no en poner en peligro la idea de legislar.

Repito: ésta es la primera vez. Y sobre este particular comparto plenamente las opiniones vertidas aquí por el Honorable señor Teitelboim, reiteradas y corroboradas por el Honorable señor Luengo, en el sentido de que este Congreso tiene la obligación moral de aprobar la idea de legislar. Por lo demás, cuenta con los procedimientos constitucionales necesarios para reunir la mayoría que le permita introducir enmiendas al proyecto en aquellas partes discordantes con sus opiniones.

Por consiguiente, no se nos diga tampoco que existe la posibilidad de que la Cámara de Diputados imponga en definitiva su criterio, porque, como señaló también el Honorable señor Luengo, con precisión y exactitud, es efectivo que si aquí se unen quienes están tan interesados y a la vez escandalizados con este proyecto, en la discusión particular podrán introducir las enmiendas que deseen.

No deseo hacer afirmaciones gratuitas y falsas. Tengo a mano una comunicación que es un verdadero certificado de la Oficina de Informaciones de esta Corporación, en la cual se deja constancia de que nunca antes en el Parlamento se votó en contra de la idea de legislar.

Además, a raíz de ese certificado, salta a la vista que casi todas las leyes de reajustes dictadas por Gobiernos anteriores fueron despachadas en julio, octubre, noviembre o diciembre. Ese es el caso de lo ocurrido con el Partido Radical, al cual recordaba en días atrás que ellos habían aprobado, no un reajuste, sino una bonificación, en diciembre de 1960, para compensar por supuesto que no compensaron nada, cosa que debe haber molestado mucho al Honorable señor Baltra en ese mes la pérdida del valor adquisitivo experimentada por los salarios en los años 1959 y 1960.

El señor BALTRA.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor FUENTEALBA.-

Cuando uno observa estas actitudes inconsecuentes; cuando partidos que han sido Gobierno, que han despachado las legislaciones con mucho mayor atraso que el nuestro y no han otorgado reajustes equivalentes al ciento por ciento del alza del costo de la vida, sino muy inferiores a ese porcentaje, vienen aquí a rasgar vestiduras, y cuando surgen todos estos obstáculos, uno tiene derecho a pensar y a decir, como lo hago de acuerdo con el documento que he citado al respecto, sería interesante, como expresé hace días atrás, que tuviéramos un amplio debate político, porque allí se consignan materias interesantes,...

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Vamos a solicitar la sesión del caso, señor Senador.

El señor FUENTEALBA.-

... que aquí, en verdad, sólo existe, de parte de todos los sectores de la Oposición, el propósito de impedir que el actual Gobierno continúe; de producir su caída y de desconocer lo hecho por la actual Administración, pese a todas las dificultades, en materia de realizaciones, de transformaciones estructurales y cambios, que ningún otro gobierno pudo lograr.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El turno siguiente corresponde al Comité Radical.

Tiene la palabra el Honorable señor Enríquez.

El señor ENRIQUEZ.-

Usaré muy brevemente de la palabra para referirme a un punto específico: a lo afirmado en la mañana de hoy por el Honorable señor Palma, en el sentido de que votar contra la idea de legislar vulnera el espíritu de nuestra Carta Fundamental.

Me limito a ese punto, pues la posición del Partido Radical y los fundamentos que lo han llevado a adoptarla han sido dados a conocer con documentación y profundidad por los Honorables señores Bossay, Baltra y Aguirre Doolan.

Yo mismo, por mi parte, a fines de noviembre del año pasado, hice el análisis crítico de la exposición sobre el estado de la hacienda pública presentada por el Ministro de Hacienda de entonces ante la Comisión respectiva.

Me ha solicitado una interrupción el Honorable señor Baltra, que concedo, con la venia de la Mesa.

El señor BALTRA.-

El Honorable señor Renán Fuentealba se ha referido a mi persona y me ha preguntado si, en 1960, durante el Gobierno del señor Jorge Alessandri, cuando se concedió una bonificación al sector público, yo me habría molestado.

En esa época yo no era parlamentario, ni Ministro de Estado ni dirigente; pero, desde la humilde trinchera de militante de mi colectividad política, combatí como lo hago ahora contra los reajustes inferiores al alza del costo de la vida. De ello hay constancia en intervenciones públicas, algunas de las cuales corren por ahí impresas.

El señor ENRIQUEZ.-

El Honorable señor Palma no ha pretendido sino justificar, en un esfuerzo infructuoso, afirmaciones reiteradas en el mismo sentido de connotados personeros del Partido Demócrata Cristiano, y, en especial, del más destacado de todos ellos, el propio Presidente de la República. Este ha llegado a decir que nunca antes en la historia de Chile se había dado el caso de que el Congreso se negara a legislar sobre una materia sometida a su conocimiento. Si bien ahora el Honorable señor Fuentealba ha limitado dicha afirmación a los proyectos sobre reajustes, las afirmaciones del Presidente de la República y las de personeros democratacristianos al referirse a esta materia, han sido de orden general.

El país no sólo está acostumbrado a oír la frase "nunca antes en la historia de Chile", sino que ya está aburrido de escucharla en los discursos oficiales. "Nunca antes en la historia de Chile se había progresado tanto"; "nunca antes en la historia de Chile se había construido tanto"; "nunca antes en la historia de Chile se había operado una redistribución mayor del ingreso y de la riqueza"; "nunca antes en la historia de Chile se habían alcanzado los niveles de bienestar de ahora"; "nunca antes en la historia de Chile... ", etcétera.

Salvo los democratacristianos recalcitrantes, el resto del país sonríe con una mezcla de socarronería y de amargura. Con socarronería, porque está demasiado maduro políticamente para comulgar con esa rueda de molino; y con amargura, porque le habría gustado que fuera cierto.

No nos extraña, pues, la frase "nunca antes en la historia de Chile", aplicada a este caso. Lo que causa admiración es el desparpajo, porque, en los años que llevo como parlamentario, más de una vez he visto que se ha rechazado la idea de legislar. No quiero recordar sino dos casos. Uno de ellos, aquel en que la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, rechazó la idea de legislar en un proyecto del Ejecutivo que concedía mayores recursos para obras públicas y la marcha del país; y otro, también en la Cámara de Diputados como Cámara de origen, en que se rechazó igualmente la idea de legislar en el proyecto por medio del cual se quería establecer y sancionar el delito contra el orden público en lo económico.

Ambos casos ocurrieron durante la Administración González Videla. Y no hace falta recordar que, de conformidad al precepto constitucional, cuando un proyecto es rechazado en general en la Cámara de origen, no se puede renovar la iniciativa hasta después de un año.

Nada semejante le ha ocurrido al Excelentísimo señor Frei en los tres años y cinco meses de su Gobierno. Ninguna de sus iniciativas, hasta ahora, ha sido rechazada en general, menos aún en la Cámara de origen, con la grave consecuencia ya recordada. Si se produjera el rechazo de este proyecto en su segundo trámite pendiente en el Senado, nada obsta a que siga su tramitación con arreglo al rodaje constitucional.

Y cabe refrescar la memoria, aunque el hecho sea reciente, en cuanto a que el anterior proyecto de reajustes fue retirado por el Ejecutivo antes de que alcanzara a ser votado en general por el Senado, de manera que esta rama del Congreso no alcanzó a pronunciarse ni a favor ni en contra. Si ante el repudio prácticamente unánime de la ciudadanía a dicho proyecto, el Gobierno procedió a retirarlo, ello es de su propia incumbencia. Pero, en sus declaraciones y discursos, debe respetar la verdad de los hechos.

Ahora bien, si en el régimen pluripartidista que da sello a nuestra democracia, y que ayer alabó el Senador comunista señor Corvalán, diversas colectividades políticas antagónicas o discrepantes en sus concepciones doctrinarias coinciden en la idea de rechazar en general el actual proyecto, ellas hacen uso, sencillamente, de las atribuciones que les confiere la Constitución en materia de formación de las leyes. Dueño es cada partido, como intérprete de las voluntades cívicas que le han dado representación parlamentaria, de fijar su propia conducta. Y no puede ser criticado ni vituperado quien hace uso de su legítimo derecho.

A este respecto, quiero también recordar la conducta del Partido Demócrata Cristiano con relación al proyecto presentado por el Gobierno anterior del que fuera gran impulsor y numen el Partido Radical, el concerniente a la reforma agraria, respecto del cual la Democracia Cristiana rechazó la idea de legislar. La orden para rechazar en general el proyecto la dio el entonces Diputadodon Renán Fuentealba, presidente, a la sazón, de su colectividad política.

El señor FUENTEALBA.-

¿Me concede una interrupción, Honorable colega?

El señor ENRIQUEZ.-

Me resulta difícil acceder, porque dispongo de muy poco tiempo.

El señor FUENTEALBA.-

He sido aludido y tengo derecho a responder.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Hago presente al Honorable señor Enríquez que sólo restan seis minutos del tiempo de que puede disponer Su Señoría.

¿Concede la interrupción solicitada por el Honorable señor Fuentealba?

El señor ENRIQUEZ.-

Sí, señor Presidente; le concedo un minuto.

El señor FUENTEALBA.-

El Honorable señor Enríquez construye una argumentación bastante extensa sobre la base de una declaración que, en realidad, no tuvo el alcance ni el sentido que Su Señoría ha querido darle.

Cuando el Presidente de la República o cuando algún militante de la Democracia Cristiana yo me he referido a ello en forma categórica hemos hablado de que nunca se ha rechazado la idea de legislar, hemos aludido concretamente a la idea de legislar sobre reajustes. He dicho más: que tengo un certificado expedido por la Oficina de Informaciones del Senado, en el cual consta que nunca fue rechazada la idea de legislar en materia de reajustes.

El señor ENRIQUEZ.-

Insisto, una vez más, en que me estoy refiriendo a lo dicho esta mañana por el Honorable señor Palma y por algunos personeros del Gobierno, incluso por el Excelentísimo señor Frei. Alabo el esfuerzo conceptual, digno de encomio, que ha realizado el Honorable señor Palma, con el fin de asimilar el proyecto de reajustes a la disposición constitucional que regula los trámites y fija las atribuciones del Congreso respecto de la ley anual de presupuestos de la Nación. Su Señoría cae en un error fundamental que nace del mismo vicio que el Gobierno enrostra de continuo al Congreso, pero que él es el primero en cometer. Ese vicio consiste en incluir en un proyecto de ley materias que son extrañas a su idea matriz. Son innumerables las oportunidades en que lo ha hecho, incluso por la vía del veto sustitutivo o aditivo. Buen ejemplo de este aserto es la iniciativa legal en debate. Debió limitarse estrictamente al reajuste de las remuneraciones y a su eventual financiamiento. El Gobierno, en cambio, lo ha convertido en un proyecto de suplemento de la ley anual de presupuestos, para obtener, al amparo de la angustia económica de los trabajadores, los 713 millones de escudos que le faltan para financiar, sobre todo en materia de inversiones, el presupuesto vigente. Al socaire de esta angustia, se disimula el fracaso de la gestión económica y financiera del Gobierno.

El financiamiento del déficit presupuestario al cumplirse escasos tres meses de vigencia de la ley anual de presupuestos debió ser materia de un proyecto especial. Ello habría dado oportunidad para realizar un análisis acucioso de la gestión gubernativa, de la improductividad de muchas de las partidas que han aumentado en 53% el gasto público durante la actual Administración, y de la improcedencia de pedir mayores sacrificios tributarios a contribuyentes que han llegado al límite de su resistencia.

Por otra parte, presentada la iniciativa sobre reajustes como proyecto exclusivo y separado, habría permitido demostrar que se lo puede financiar sin discriminaciones regresivas ni abusos con la reserva de fondos hecha en la ley de presupuestos, con las economías por más de 300 millones de escudos anunciada por el ex Ministro señor Sáez, con el mayor rendimiento vegetativo del sistema tributario y con el mayor ingreso adicional proveniente de los niveles excepcionales alcanzados por el precio del cobre.

En presencia de tal estado de cosas, el Partido Radical ha resuelto votar por el rechazo, en general, del proyecto sobre reajustes que pende de la consideración del Senado.

Debe quedar bien en claro ante la opinión pública y los sectores del trabajo que el Partido Radical no se opone a la idea de legislar sobre reajustes. A lo que se opone es al actual proyecto; y las razones que tiene para oponerse, desde el punto de vista social, económico y financiero, han sido expuestas por los Senadores radicales que me han precedido.

Por último, debe tenerse presente que, ante la composición política del Congreso y la aplastante mayoría de que dispone el Gobierno en la Cámara de Diputados, no cabe a la Oposición otro camino para que sus ideas puedan ser consideradas, que la de votar en el Senado en la forma como lo está haciendo. Es la única forma de perforar la impermeabilidad del Gobierno y de su partido, y de poder hacer prosperar, aunque sea tan sólo parcialmente, ante la aplanadora de la Cámara, algunos de sus puntos de vista.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

De conformidad con lo acordado por los Comités, el proyecto debe ser votado a las ocho. En la distribución del tiempo ya acordada, corresponden treinta minutos al Honorable señor Bulnes, pero faltan 23 minutos para la hora en que debe iniciarse la votación.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Pido que se me concedan algunos minutos, a continuación del Honorable señor Bulnes, para usar de la palabra.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para prorrogar la hora por el tiempo necesario para que el Honorable señor Bulnes Sanfuentes use todo el tiempo que le corresponde, y para que intervenga, durante siete minutos, el señor Ministro de Hacienda.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Procuraré no emplear todo mi tiempo.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Si no hay oposición, quedaría así acordado.

Acordado.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Señor Presidente, al fijar la posición de los Senadores del Partido Nacional ante el proyecto en debate, reiteraré algunos conceptos ya expresados por mí en las Comisiones unidas, por estimar necesario que la opinión pública los conozca y medite.

El ciudadano común piensa que el Congreso está abocado en estos momentos a un mero proyecto de reajustes, y que el Gobierno, mediante el referido proyecto, nos solicita los recursos necesarios para pagar dichos reajustes. Se trata de un grave error, y me atrevería a decir que es un verdadero engaño.

El Gobierno ha pedido al Congreso nuevos recursos por 622 millones de escudos; pero, como lo demostraré a continuación, de esos 622 millones, sólo 220 millones están destinados a financiar los reajustes, y el saldo, o sea, 402 millones de escudos, vale decir, las dos terceras partes del ingreso consignado en el proyecto, tienen por objeto cubrir otros gastos que nada tienen que ver con aquella finalidad.

Lo anterior es muy fácil de demostrar. El reajuste consultado en el proyecto cuesta en total la suma de mil tres millones de escudos. De esta cantidad, hay 783 ya financiados, que se forman con 586 millones que se provisionaron en la ley de presupuestos de este año para la finalidad específica de pagar los reajustes, y con 197 millones que rinden el impuesto patrimonial y otros tributos que fueron renovados para solventarlos. Si a los mil tres millones de escudos restamos los 783 millones ya financiados, llegamos a la conclusión forzosa de que el reajuste sólo debe costar 220 millones más. Entonces, ¿poiqué se nos piden 622 millones? Porque en la ley de Presupuestos el Gobierno omitió considerar una serie de gastos que conocía perfectamente, y que nada tienen que ver con el reajuste, y que suman en total 713 millones. De esos 713 millones, se han cubierto 311 millones con economías presupuestarias que introdujo el ex Ministro señor Sáez; y, por lo tanto, quedan por financiar 402 millones. Esta cantidad, sumada a los 220 millones que faltan para el reajuste, alcanza a 622 millones, que es el total de los ingresos consignados en el proyecto. De manera que estamos frente a un proyecto de nuevos recursos que en una tercera parte está destinado a financiar el reajuste, y en dos terceras partes, a otros gastos. En otras palabras, para otorgar a los empleados y obreros del sector público el reajuste que les corresponde, el Gobierno nos pone por condición que, a la vez, le proporcionemos 402 millones de pesos para financiar otros gastos.

Yo no pretendo que ésta sea la primera oportunidad en que un Gobierno utiliza el proyecto de reajustes para financiar gastos extraños a esa finalidad; pero sí puedo afirmar que es la primera vez que ocurre en esta escala, en esta medida desorbitada. Y semejante práctica viciosa tiene que terminar. No se puede condicionar el otorgamiento de reajustes a la obtención de recursos para otras finalidades, porque de ese modo el Gobierno utiliza las necesidades y hasta el hambre de los asalariados como instrumento de presión para el logro de fines que no tienen relación directa con los trabajadores.

Por eso manifesté en las Comisiones unidas y lo reitero aquí la necesidad de que los distintos sectores del Senado estudiemos una reforma constitucional en virtud de la cual los proyectos de reajustes sólo puedan ser proyectos de reajustes, que no consulten financiamientos para otros gastos ni consignen disposiciones de todo género, formando esas arcas de Noé a que estamos acostumbrados. Ahora ocurre que en dichas iniciativas el Gobierno trata de "sacarse todos los balazos": conseguir facultades extraordinarias para esto; arreglar una situación por allá, y, sobre todo, solventar gastos ajenos a los reajustes. Por su parte, los parlamentarios tratan de resolver sus problemas regionales; y los gremios mismos procuran obtener beneficios que, en realidad, no constituyen reajustes, sino aumentos de remuneraciones o privilegios previsionales.

En defensa de los asalariados del país, debemos aprobar una reforma constitucional para que los proyectos de reajustes deban centrarse en esa materia, y no vuelva a ocurrir lo que sucede en este instante, en que nos encontramos en el mes de abril y todavía no se sabe si los trabajadores de Chile tendrán o no tendrán compensación por el alza del costo de la vida que se produjo el año pasado.

Los Senadores nacionales habríamos tenido perfecto derecho para rechazar de plano este proyecto. El financiamiento pedido es consecuencia del aumento insensato de los gastos del sector público, por una parte, y de la contracción de la economía particular, por otra. Desde el mismo día en que este Gobierno asumió el poder, hemos venido abogando y hemos sido el único sector político que lo ha hecho para que, en primer lugar, no se eleve el gasto público a límites incompatibles con la realidad del país, y, en segundo lugar, para que no se destruya eso que, para nosotros, constituye la única viga maestra de la economía: la confianza. No hemos sido oídos. El gasto público se ha elevado a más de 50% de la renta nacional. En la economía particular, la confianza ha sido destruida por la abolición de la garantía constitucional del derecho de propiedad y por una reforma agraria confiscatoria; y la crisis de confianza se refleja en la baja violenta de los índices de aumento de la producción.

Cuando nosotros decíamos que el gasto público era excesivo, se nos replicaba que carecíamos de visión, que éramos retardatarios, que estábamos defendiendo privilegios. Hoy, todo el país sabe que no estábamos defendiendo privilegios, sino tan sólo el interés general; que no éramos retardatarios, sino realistas; que por el camino del aumento inmoderado del gasto público se lleva a la nación entera, tarde o temprano, a una situación sin salida.

Por lo tanto, podríamos haber rechazado, lisa y llanamente, este proyecto; pero cuando el Gobierno decidió conversar con los distintos sectores políticos, modificando la actitud que había observado en estos tres años, en que jamás buscó contactos con gentes de otros partidos, y demostró el mayor desprecio por sus opiniones; cuando el Gobierno pareció entender que la Democracia Cristiana no es Chile, sino sólo un tercio de Chile, nosotros aceptamos patrióticamente entrar en conversaciones. Procedimos así, en primer lugar, por el interés de los asalariados; por no mantener indefinidamente en la angustia a quienes viven de un sueldo o salario, y en la miseria y el hambre, a los sectores más modestos de los trabajadores.

En segundo lugar, lo hicimos por evitar a la nación el grave riesgo en que se encontrarían la tranquilidad pública y el orden constitucional, si se rechazara este segundo proyecto de reajustes y los asalariados quedaran sin ninguna compensación por el alza del costo de la vida.

También influyó en nuestro ánimo el hecho de que el Gobierno, en los últimos tiempos, haya reconocido que el gasto público es excesivo, y haya manifestado el propósito de hacer economías. El proyecto del señor Sáez, que ahora defiende el Ministro señor Zaldívar, introduce economías presupuestarias por 311 millones de escudos, lo que ya es algo; y dentro de lo que cabe apreciar podemos estar equivocados en el actual Ministerio hay conciencia de que el gasto público ha excedido todos los límites razonables y que para el próximo año deben estudiarse economías en profundidad.

Se ha dicho que, en esas conversaciones, nosotros tratamos de liquidar la reforma agraria que está haciendo el Gobierno; que tratamos de cambiar la línea gruesa de la política económica-social que él impulsa. Esto es falso, de falsedad absoluta. No somos chantajistas, y jamás habríamos aprovechado un proyecto de reajustes cerno medio de extorsionar para que el Gobierno cambie fundamentalmente su política.

Hemos estudiado el proyecto de reajustes como proyecto de reajustes, sin pretender meter contrabando en los campos sustanciales de la política del Gobierno. No es porque consideremos acertada la actual reforma agraria. Es por un principio de ética política y, además, porque cerno decía denantes el Honorable señor Ibañez estimamos conveniente para el país que la experiencia de esta reforma agraria continúe. Es un duro escarmiento, es una amarga manera de abrir los ojos; pero creo que dentro de muy poco tiempo, cuando estén a la vista los resultados que todavía no podemos obtener oficialmente respecto de la gestión de los asentamientos, y cuando llegue la hora y no se entreguen los títulos, las grandes masas de la ciudadanía comprenderán que nosotros tuvimos razón al decir que este tipo de reforma agraria no iba a lograr ni el objetivo de aumentar la producción agropecuaria ni la finalidad de dar tierra a los campesinos.

¿Cuáles son las ideas que orientaron nuestras conversaciones con el Gobierno?

En primer término, conseguir un reajuste mayor para ese tercio de la Administración Pública que quedaba condenado al 12, 5% y conseguir, a la vez, para los pensionados del Servicio de Seguro Social, un aumento adecuado de las míseras pensiones que reciben.

En segundo lugar, procuramos que el Gobierno no insistiera en el aumento del impuesto a la compraventa ni en lo que se llama el "empréstito forzoso", que no es sino un alza del impuesto a la renta. Hicimos presente al Gobierno, y hemos tratado de demostrarlo, que con economías y con ciertos arbitrios financieros que indicamos, podría llegar a financiar los reajustes, incluso el mayor reajuste para la ANEF y para los pensionados del Servicio de Seguro Social, sin establecer nuevos impuestos, que acelerarían la inflación y afectarán considerablemente a la economía en general.

Hemos tenido muchas conversaciones. Nuestros puntos de vista no han sido acogidos en su totalidad; pero al menos, a esta altura de los acontecimientos, hemos logrado que el Gobierno acepte las siguientes ideas.

En primer lugar, que la cuota de 7, 5% que se entregaría en bonos CORVI a un tercio de la Administración Pública, sea rescatable ante el simple habilitado de la repartición correspondiente, en diez cuotas mensuales, a partir de abril del presente año. Esto significará postergar levemente la percepción del reajuste que debería otorgarse, con efecto retroactivo, desde enero, pero da la seguridad de que el reajuste no será de 12, 5%, sino de 20%. En segundo término, el Gobierno está dispuesto a elevar al 37% el reajuste para los pensionados del Servicio de Seguro Social. Asimismo, el Gobierno está dispuesto a reducir a la mitad el alza del impuesto a las compraventas. En lugar de aumentarlo en uno por ciento, lo haría sólo en 0, 5 por ciento, y las tasas especiales que afectan a ciertos artículos tendrían un alza sólo de la mitad de lo que se había consultado. Además, el aumento del impuesto a las compraventas no se establecería en esta ley, sino que se daría como facultad al Gobierno, con ese límite de 0, 5%, para que recurriera a este medio de financiamiento sólo en el caso de que no pudiera financiar el proyecto por otras vías.

Con respecto al empréstito forzoso, o alza del impuesto a la renta, otorgaríamos autorización • para establecerlo, pero el Gobierno hará ciertas negociaciones que abren fundadas esperanzas de que no necesite recurrir a este tributo.

Por lo demás, confiamos en que el Ejecutivo, cumpliendo las declaraciones reiteradas que ha hecho, estudiará seriamente, en profundidad, como ya dije, economías en el Presupuesto, para hacerlas efectivas desde el próximo año. Con ese objeto, el Gobierno ha aceptado nombrar una comisión de expertos en que figuran personas de reconocida independencia.

No podemos decir que estemos satisfechos con este acuerdo. Hemos vacilado mucho antes de decidir nuestra actitud en esta oportunidad, y lo confieso, sin rubor, porque vacilar en un caso como éste no constituye un baldón para nadie, sino que es un signo de sentido de responsabilidad.

Al final, hemos llegado a la conclusión de que en estos términos podemos permitir que el proyecto sea aprobado. ¿Por qué?

Primero, porque con la aprobación del proyecto sacamos a los asalariados de la situación de angustia en que se encuentran. Dos tercios de la Administración Pública recibirán un reajuste promedio de 34% y lo están esperando desde el mes de enero y un tercio de ella tendrá un reajuste de 20%, que podrá no ser satisfactorio, pero es mucho mejor que nada. El sector privado percibirá un reajuste mínimo de 20, 9%, sin perjuicio de lo que pueda obtener por la vía de los pliegos de peticiones y de los conflictos colectivos. A su vez, los jubilados del Servicio de Seguro Social conseguirán un reajuste del 37%;. En seguida, el impacto inflacionista provocado por el aumento del impuesto a las compraventas no será el que estaba calculado, porque se reducirá a la mitad.

Luego, se abre una esperanza de que no se alce el impuesto a la renta promoviendo mayor desconfianza y mayor fuga de capitales.

Por último en esto podemos estar equivocados, creemos que se estudiarán seriamente economías para el futuro.

En estas condiciones, después de haberlo meditado mucho, en conciencia, estimamos que debemos dar paso al proyecto. Lo hacemos por las razones que ya indiqué y, también, porque no deseamos para nuestro país perturbaciones del orden constitucional o de la tranquilidad pública. Hemos manifestado durante mucho tiempo dígase lo que se diga en contrario profundo respeto por el derecho, y es bueno que lo oiga el Gobierno, porque no hace mucho que, con calumnias, llevó a la cárcel a los dirigentes del Partido Nacional, imputándoles el estar tratando de derribar al Gobierno por medios violentos. Ahora podrá comprobar el Gobierno y podrán comprobar los sectores políticos que entonces le hicieron coro, que nosotros somos firme y ardientemente partidarios del orden constitucional.

Nuestra posición será la de abstención. No tenemos por qué votar en favor del proyecto. Seguimos considerando que este proyecto debió financiarse con economías. Lo estamos acogiendo porque no está en nuestras manos imponer al Ejecutivo un criterio económico más sano. Cumplimos con nuestro deber de permitir que se despache; pero, para establecer que no concordamos con él en su integridad y para señalar una vez más que no tenemos responsabilidad alguna en la situación extremadamente grave a que el exceso de gastos públicos ha llevado a la caja fiscal, no lo votamos a favor, sino que nos abstenemos de votar, a conciencia de que con ello el proyecto quedará aprobado en general.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro, por diez minutos.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, yo hubiera querido ocupar mi tiempo, en parte, para refutar algunas afirmaciones que se han hecho aquí, en el Senado, en lo relativo al incumplimiento por parte del Gobierno de los convenios suscritos con algunos gremios.

Reitero y ratifico aquí todas las palabras y argumentos que di en el sentido de que el Gobierno ha cumplido todos y cada uno de los convenios, en especial el de los profesores.

Manifestaciones en tribunas y galerías.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Advierto, por segunda vez, a tribunas y galerías que les está absolutamente prohibido hacer cualquier clase de manifestaciones.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

En segundo término, deseo aprovechar la oportunidad para formular una observación acerca de la referencia hecha por el Honorable señor Luengo a una proposición para rechazar el artículo 1° de este proyecto.

Debo hacer presente al Senado que el rechazo de este artículo significaría dejar sin el reajuste de 12, 5% a la Administración Pública. Por lo tanto, creo que la desaprobación de este precepto, en vez de beneficiar a los trabajadores del país, los perjudicaría gravemente.

El señor LUENGO.-

¿Me permite una interrupción, señor Ministro?

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Dentro de mi tiempo, no podría. No creo que alcance a exponer mis observaciones.

El señor LUENGO.-

Son dos palabras.

No he sugerido el rechazo del artículo 1º. Lo que he propuesto y sostengo que estamos en condiciones de hacerlo en el Senado es eliminar el pago del 7, 5% en cuotas CORVI y, en consecuencia, dejar a toda la Administración Pública percibiendo el 21, 9%.

Y vuelvo a decir que, si todos los sectores del Senado que han manifestado públicamente su deseo de dar un reajuste de 21, 9% mantienen la misma actitud, estamos en situación de imponer este reajuste.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Personalmente, no estoy de acuerdo con la tesis planteada por Su Señoría, porque creo que es materia privativa del Ejecutivo todo lo referente a remuneraciones. No corresponde al Parlamento.

El señor LUENGO.-

Podemos eliminar parte del artículo.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Ahora, al término de estas sesiones, que culminarán con la votación en general del proyecto de reajuste de los sectores público y privado para 1968, quiero hacer un análisis de toda esta jornada.

El Gobierno, después de haber sostenido conversaciones con diversos grupos políticos y de consultar al partido de Gobierno y a los distintos Senadores independientes representados en esta Honorable Corporación, ha decidido introducir modificaciones al proyecto de ley en debate, por la vía de las indicaciones, con aquellas ideas que ha estimado factibles y aceptables dentro de las posibilidades de las finanzas fiscales, con el objeto de obtener su pronto despacho, ya que indiscutiblemente su retraso significa grave perjuicio para los funcionarios públicos.

En virtud de este cambio de ideas con diversos sectores políticos, el Gobierno corregirá el proyecto en los siguientes términos.

En primer lugar, los funcionarios públicos que por efecto del artículo 1º de la ley en proyecto recibirán un reajuste de 12, 5% en dinero, más 7, 5% de compensación en cuotas CORVI, podrán rescatar estas cuotas en dinero efectivo, a su propio requerimiento al habilitado del correspondiente servicio, en doce mensualidades, a contar del mes de abril de este año.

En segundo término, el Gobierno, después de escuchar a los sectores políticos y después de que el Ministro que habla tuvo una reunión con la directiva de los pensionados del Servicio de Seguro Social, ha acordado dar durante este año un reajuste de 37% a las pensiones mínimas de los jubilados de este sector y, a contar de 1969, garantizarles el reajuste de sus pensiones en el ciento por ciento del alza del índice de precios al consumidor correspondiente al año 1969 y siguientes.

En seguida, con el objeto de poder obtener el despacho de esta iniciativa de ley, el Gobierno ha aceptado que el impuesto a las compraventas, en lugar de tener un alza de 1% en su tasa base de 7%, aumente sólo en medio por ciento. En la misma proporción aumentarán las tasas especiales que contiene la ley sobre impuesto a las compraventas.

También se solicitará una facultad para que el Presidente de la República pueda modificar el sistema de emisión de boletas de compraventa, con el fin de obtener mejor fiscalización y mayor rendimiento. Si mediante este procedimiento, que es a más largo plazo, se obtuviere efectivamente un mayor rendimiento fiscal, se facultaría también al Primer Mandatario para reducir la tasa del impuesto a las compraventas en el futuro.

Con relación a la idea de modificar el sistema de emisión de esas boletas, el Gobierno pediría que fuera sobre un medio por ciento del sueldo vital, de manera de dejar el mínimo en 2 mil pesos.

En cuarto lugar, el Gobierno acepta que el empréstito forzoso lo aplique el Presidente de la República, facultado para ello, conjuntamente con la segunda cuota del impuesto a la renta, en caso de no existir otro financiamiento que pueda reemplazar ese ingreso de tipo fiscal.

Estas son las bases aceptadas por el Ejecutivo, respecto de las cuales no sólo ha escuchado al Partido Nacional, a quien debo reconocer su participación y su gestión en torno a este proyecto, sino también a otros sectores, como el Partido Socialista Popular, y, además, las exposiciones que se hicieron en las Comisiones de Trabajo.

También debo declarar y así lo reconoció el Honorable señor Bulnes que estos puntos aceptados por el Ejecutivo no significan en ningún caso que el Gobierno renuncia a sus metas programáticas en materia económica y social. No ha habido exigencias ni en materia de reforma agraria ni en otros puntos del programa de este Gobierno. Eso es claro, y creo que el país debe saberlo, como también los Senadores de todos los sectores. Se trata, en realidad, de un apoyo fundado precisamente en los puntos referidos.

También debo reconocer que el Gobierno está dispuesto, como lo ha estado siempre, a resguardar que el gasto público no exceda de límites razonables y a estudiar todas aquellas rebajas que se puedan hacer para los años futuros, pero siempre con la condición de que los programas económicos y sociales expuestos por el actual Gobierno no sufran detrimento.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Cerrado el debate.

De acuerdo con las atribuciones que me otorga el Reglamento, pongo en votación el proyecto de ley que reajusta los sueldos y salarios de los sectores público y privado.

Se ha solicitado votación nominal.

En votación.

(Durante la votación).

El señor AHUMADA.-

Deseo fundar mi voto.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Puede hacerlo Su Señoría.

El señor AHUMADA.-

Señor Presidente, mi partido, a través de la exposición de sus personeros en las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda, dio a conocer las líneas fundamentales por las cuales se opone en general a legislar en este proyecto.

Nuestra posición no es de tozudez ni de intransigencia. Tampoco obedece a la creencia de que a los trabajadores no les importen las discusiones, ni la oportunidad, ni el monto del reajuste. Mi partido ha oído siempre a los gremios. Precisamente, uno de los oradores ha expuesto el pensamiento de los gremios respecto de este proyecto de reajustes.

A juicio de mi partido, no han cambiado fundamentalmente las condiciones después del acuerdo a que ha llegado el Gobierno con el Partido Nacional y con otros personeros. Desde el punto de vista de la doctrina, mi colectividad siempre ha rechazado el reajuste en dinero efectivo y bonos, sean bonos CORVI o bonos de producción. Y, al rechazarlo, se ha atenido a claras disposiciones del derecho laboral, establecidas no sólo en nuestro Código del Trabajo, sino también en convenios internacionales, en virtud de las cuales el salario debe pagarse en dinero. De ese modo, resulta absolutamente ilegal cualquier pago en otra especie.

Estas condiciones no han variado con el acuerdo a que ha llegado el Partido Nacional con el Gobierno, porque en dicho acuerdo se expresa que la cuota de 7, 5 por ciento será pagada siempre en bonos CORVI, los cuales serán rescatables ante el simple habilitado, en diez cuotas mensuales. Es precisamente esta tramitación burocrática, esta alteración de las normas internacionales y de los convenios a los cuales está adscrito nuestro país lo que induce a nuestro partido a rechazar nuevamente el proyecto.

Por otro lado, nosotros hemos insistido hasta la saciedad en el desamparo en que quedan en este proyecto importantes gremios, especialmente del sector público, como el personal de Correos y Telégrafos, el del magisterio, los trabajadores de la Salud y otros a que se ha hecho referencia repetidamente. Han sido ellos mismos, ha sido la ANEF, quienes nos han pedido rechazar en el Senado este reajuste.

Se ha expresado claramente que sólo la tercera parte de los ingresos de este proyecto está destinada a financiar los reajustes, y que el resto, a solventar otro tipo de gastos. El Honorable señor Bulnes Sanfuentes dijo, con mucha razón, tal como lo han planteado los personeros de mi partido, que en esta iniciativa sólo debió legislarse en materia de reajustes, y haberse abordado el plan de inversiones, respecto del cual existe un déficit en el presupuesto especial.

También rechazamos la forma como se han desconocido los acuerdos magisteriales, los convenios del Ministro con el personal del Registro Civil y el de Correos y Telégrafos. Por eso, rechazamos la idea de legislar.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

¿Me permite, señor Senador?

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor AHUMADA.-

Para terminar, señor Presidente, Su Señoría expresó que el señor Ministro no ha informado al Congreso sobre el monto a que llega el crédito externo. Pero yo puedo decir que el endeudamiento interno de Chile llegaba, al 31 de diciembre de 1967, a 517 millones de escudos y a 422 millones de dólares. Por lo tanto, ¿cuál es la solvencia de este

Gobierno para encarar un empréstito forzoso?

Por las razones expuestas, votamos negativamente.

El señor AYLWIN.-

Señor Presidente, estamos votando en general el proyecto; es decir, votamos si queremos reajuste o no lo queremos. Los sectores que han anunciado sus votos en contrario, expresan que quieren reajuste, pero que están en desacuerdo con algunas partes del proyecto, aunque no con con la idea fundamental o esencial de éste.

Naturalmente, todos quisiéramos que los reajustes fueran lo más altos posible, y que no sólo se diera reajuste, sino que pudiéramos aumentar cada día más el poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores y su participación en el ingreso nacional, pero hay limitaciones en las posibilidades fiscales. Lo que se puede es distinto de lo que se quiere. Existe, además, la necesidad de compatibilizar las diversas metas que la comunidad nacional aspira a alcanzar. Se quieren reajustes, pero también se quieren trabajo pleno, obras públicas, vivienda, educación, salud, reforma agraria, desarrollo económico, nuevas industrias, más producción.

Frente a ello, el proyecto de reajustes tiene que compatibilizar estas distintas metas; así como se asignan fondos para el reajuste, hay que destinar recursos para cumplir los planes de vivienda, para realizar los planes de desarrollo económico y desarrollo industrial. El proyecto da a dos tercios del sector público reajustes superiores al 33 por ciento; concede al sector privado reajustes de 21, 9 por ciento, y sólo establece reajustes inferiores a este monto para un tercio del sector público, al cual completa 20 por ciento de reajuste en cuentas de ahorro, rescatables, del modo que aquí se ha señalado.

Pues bien, esta limitación del proyecto obedece a la necesidad de compatibilizar los objetivos, como antes se ha señalado, de ajustarse a los recursos disponibles y, también, de afrontar el fenómeno de la inflación.

He señalado aquí, en el día de ayer, y lo he repetido hoy, un hecho que no ha sido negado por nadie: en los tres primeros años de este Gobierno, los reajustes fueron superiores al alza del costo de la vida. En esos tres primeros años, el poder adquisitivo de los trabajadores aumentó en 40 por ciento. Frente a este hecho y al recrudecimiento de la inflación, es indispensable consolidar el avance logrado. Por eso es necesario tomar estas medidas.

Aquí se ha invocado la teoría estructuralista y se recurre a ella para pretender desahuciar o descartar como atrasadas las enseñanzas que antes se enunciaban en el sentido de que cuando hay inflación es necesario contener el aumento del poder de compras, y se ha dicho que las causas de la inflación no están en los reajustes, sino en aspectos estructurales.

Nosotros aceptamos esa teoría. Creemos que las causas son estructurales: fundamentalmente, el déficit de la balanza de pagos, el déficit de la producción agrícola y diversos otros factores de la estructura económica nacional. Pero, a nuestro juicio, también influyen esos otros factores. Y permítaseme terminar mis observaciones citando la opinión de don Aníbal Pinto Santa Cruz, economista de Izquierda, partidario de la tesis estructuralista, contenida en su libro "Ni estabilidad ni desarrollo".

El señor ALLENDE ( Presidente).-

¿Me permite, señor Senador?

Ha llegado el término de su tiempo.

El señor AYLWIN.-

Agradeceré al señor Presidente recabar el acuerdo de la Sala para concederme medio minuto más.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Si le parece a la Sala, se concederá medio minuto más al Honorable señor Aylwin.

Acordado.

Puede continuar Su Señoría.

El señor AYLWIN.-

...dice, con relación a este problema:Don Aníbal Pinto

"Una cosa es convertir la disminución de los mismos" se refiere a los reajustes "en la o una de las piezas centrales de la represión antinflacionista y otra muy distinta es atenuar su impacto inevitable cuando, al mismo tiempo, se están administrando medidas que envuelven la de defensa del ingreso real y del nivel de ocupación. "

Y agrega más adelante:

"Entre las alternativas tajantes de conceder o no reajustes iguales al alza de precios hay muchas modalidades intermedias susceptibles de cautelar lo más posible el ingreso laboral y de atenuar las repercusiones inflacionarias del aumento de los ingresos nominales. "

Voto que sí.

El señor BALTRA.-

En un discurso pronunciado en esta misma Sala, dí a conocer las razones por las cuales nosotros estamos en contra de la idea de legislar.

En cuanto a la referencia sobre la tesis estructuralista, deseo recordar que uno de los autores de dicha tesis, el distinguido economista chileno Osvaldo Sunkel, señala concretamente, en un artículo ya famoso, titulado: "La inflación chilena y un enfoque heterodoxo", que la causa básica reside en las limitaciones o rigideces estructurales del sistema económico, y que el aumento de remuneraciones es sólo un mecanismo de propagación. Y dice:

"En resumidas cuentas, el mecanismo de propagación viene a ser la capacidad de los diferentes sectores o grupos económicos y sociales para reajustar su ingreso o gasto real relativo: los asalariados vía los reajustes de sueldos, salarios y otros beneficios; los empresarios privados vía las alzas de precios; y el sector público vía el aumento del gasto fiscal nominal".

A nuestro juicio, en la esencia del conjunto de ideas que constituyen la tesis estructuralista está el hecho de que los reajustes de remuneraciones no son causa básica de la inflación. Así fue también como en el documento denominado "De la vía no capitalista", aprobado en la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano, se dice que cuando el proceso inflacionario está en ascenso, los reajustes de remuneraciones deben ser superiores al ciento por ciento del alza del costo de la vida.

He querido fundar mi voto frente a algunas expresiones vertidas.

Voto que no.

El señor BARROS.-

No puedo prestar aprobación a un proyecto que el trabajador, el campesino, el pensionado, el profesional, el hombre de la calle en general está repudiando.

No puedo dar la espalda al profesorado que ha sido pisoteado por el Gobierno, echando al traste el acuerdo ya obtenido entre el Magisterio y el Ejecutivo. No podría subestimar los anhelos de mejoramiento del sector pasivo, la tristísima situación de los pensionados del Servicio de Seguro Social.

Me repugnaría aprobar un impuesto inflacionario a las compraventas aunque el alza sea del medio por ciento, como aquí se ha dicho, impuesto que debiera pagarse primordialmente con las ventas de cobre. No podría tolerar que siguiéramos en calidad de acólitos del Fondo Monetario Internacional. No puedo sumarme a un fraude, a un atropello a la verdad, porque es mentira que el alza del costo de la vida alcanzó a 21, 9 por ciento. Eso lo afirman sólo los burócratas que falsifican el índice de precios al consumidor en sus oficinas estadísticas y los fracasados de CONCI. No piensan así las dueñas de casa, los padres de familia, los escolares desnutridos y la carne de hospital y la carne de cementerio. No podría insultar, votando favorablemente, a los funcionarios de Correos y Telégrafos, apaleados estos días junto a profesores y los trabajadores de la Salud, que, ¡oh, sarcasmo!, al velar por la salud ajena están enajenando la propia.

Al votar en contrario, voto contra el imperialismo y los monopolios nacionales que se hincharon con los convenios del cobre y el Estatuto del Inversionista.

Voto en contrario, porque, aunque imperfectas a CORA e INDAP se les ha recortado el presupuesto, igual que a CORVI.

Más fuerza aún para votar en contrario el proyecto me hace la intimación planteada por el Ejecutivo cuando ha hablado de "crisis institucional", y la opinión de dos Diputados democratacristianos en el sentido de clausurar el Senado.

El trabajo se paga en salarios, y el salario se llama dinero ya lo señaló el Honorable señor Ahumada, no bonos, no obligaciones que vulneran la libertad humana, no el sistema que la "Corporación de Cerebros", los "fenicios del Poder", desean instaurar.

Voto en contrario, porque no acepto que el Ejecutivo "emperador" reorganice servicios a su amaño y pisotee tradiciones mundiales, elevándose aún por sobre la hazaña de Cristóbal Colón, y suprima el feriado del 12 de octubre.

Por último, en un país en que la Iglesia está separada del Estado y en que ya el presupuesto anual ha entregado a las universidades confesionales ingentes valores de la Nación, no comprendo cómo se establece, en el artículo 52, un aporte para la Universidad Católica de Santiago de 6. 930. 000 escudos; para la Católica de Valparaíso, otro de 1. 510. 000 escudos; para la Universidad del Norte, uno de 1. 280. 000 escudos; para el Instituto del Mar de la Universidad Católica de Valparaíso, mediante el artículo 239 del proyecto, una subvención de 1. 200. 000 escudos. ¡Cuántos miles de millones de pesos! ¡Y lo que resulta más exasperante es que a los "pulpos", a los limosneros de la Universidad Técnica Federico Santa María, el proyecto les regala 1. 050. 000 escudos! ¡Pero no hay dinero para los profesores, para el Servicio Nacional de Salud, para reajustar pensiones! ¡A la Iglesia sí que le sobra! Es "vox populi" en Santiago que el CardenalArzobispo ha recibido de Alemania y Bélgica una suma cercana a los dos millones de dólares para comenzar a trabajar por la próxima candidatura confesional democratacristiana de 1970.

¡Con razón el dólar de la bolsa negra está bajando, porque la Iglesia ha lanzado este circulante por las calles de Chile!

El señor PABLO.-

¿Por qué no le dice eso a Mao?

El señor BARROS.-

Por razones de conciencia, voto que no; y al Honorable señor Pablo, que tantas bromas me hace desde su banca, debo pedirle que tenga más respeto para con Mao, pues habrá de saber Su Señoría que a los tres años del avenimiento del Gobierno democratacristiano Mao envió un telegrama al Presidente de Chile, en el que le decía: "Mao ama a Frei". Por su parte, éste le contestó: "Frei ama a Mao... "

(Risas).

El señor BOSSAY.-

Señor Presidente, en vista de las palabras pronunciadas por el Honorable señor Aylwin, deseo reiterar, en nombre del Partido Radical, que nuestra colectividad jamás se ha opuesto a la idea de otorgar reajustes que devuelvan a los trabajadores el poder adquisitivo que tenían sueldos y salarios el año anterior. Deseamos conceder un aumento de remuneraciones; pero creemos que la actual iniciativa atenta contra los intereses del vasto sector de chilenos que viven del producto de su trabajo y a quienes nosotros, en parte importante, creemos representar.

El Ejecutivo ha demostrado agilidad, en sus tres años de Gobierno, para convertir en sustitutivos los votos aditivos, que necesitan el apoyo de ambas ramas del Congreso para su aprobación. Los vetos sustitutivos, como saben Sus Señorías, sólo necesitan ser acogidos por una rama del Parlamento para que se imponga el criterio del Ejecutivo. Ante esta circunstancia, y dada la mayoría de 82 Diputados democratacristianos en la Cámara, la mejor manera de defender a la ANEF, la ANES, al profesorado participamos de su interpretación del acuerdo magisterial, a los jubilados y montepiados, al Servicio Nacional de Salud, al de Correos y Telégrafos y a todos los que serán afectados por la iniciativa en debate, precisamente, con el derecho que la Constitución Política nos otorga, es dar abiertamente nuestro voto contrario a la idea de legislar.

Dentro de los pocos minutos de que dispongo, deseo plantear, también, que no sólo adoptamos tal actitud en defensa de esos sectores o de acuerdo con las ideas generales planteadas por los distintos colegas desde el punto de vista de la doctrina económica. Citaré ejemplos concretos con lo cual voy a terminar, y cifras que, posiblemente, hoy no impacten mucho a los Honorables colegas, pero que harán a los parlamentarios democratacristianos pensar y revisar, en lo futuro, muchas de sus actitudes, sobre todo en lo relativo a la exagerada propaganda que han mantenido acerca de sus realizaciones.

Si se reducen los presupuestos de gastos y los de capital o de inversiones desde el último año del Gobierno anterior desde 1963 hasta 1968, se obtiene un resultado sumamente curioso, que hace totalmente explicable la Carta de Intenciones del Fondo Monetario Internacional.

En moneda constante, reducida al valor expresado en el presupuesto de 1963, el presupuesto corriente de ese año es de 720 millones de dólares; en 1964, de 709 millones; en 1965, de 837 millones; en 1966, 990 millones; en 1967, 1. 015 millones, y en 1968, el presupuesto de gastos corriente alcanza a 1. 061 millones de dólares. De este último haremos un análisis, posteriormente, puesto en él están retratados la inflación de la Administración Pública, los asesores, los sueldos millonarios que no están afectados por el problema del reajuste.

Veamos ahora el cacareado presupuesto de inversión, también expresado en moneda constante.

En 1963, es de 420 millones de dólares; en 1964, de 399 millones; en 1965, de 561 millones; en 1966, de 526 millones; en 1967, de 479 millones, y en 1968, de 436 millones de dólares.

En otras palabras, en 1963, durante un Gobierno estimado por muchos Honorables colegas como reaccionario, de Derecha, se invirtieron 420 millones de dólares, y en 1968, en este Gobierno revolucionario sólo se han invertido 16 millones de dólares más que en esa oportunidad.

Aquí se ha dicho que debe analizarse el gasto público; y que la Carta de Intenciones es sólo una pista, ya que todos sabemos que ha habido derroche extraordinario durante los últimos tres años. Estas consideraciones, precisamente, nos llevan a votar negativamente, pues, a nuestro juicio, no se puede hacer restricciones respecto de dineros que son para vivir, para comer, como ocurre con los del reajuste.

La señora CARRERA.-

Señor Presidente, voto que no a este proyecto por considerar que el alza del costo de la vida en 1967 no ha sido realmente de 21, 9%; porque no se respetan los convenios suscritos entre el Gobierno y los gremios de Correos y Telégrafos, del Servicio Nacional de Salud y del magisterio; porque rechazamos cualquier sistema de bonos para pagar los sueldos de los empleados públicos, y por considerar que la iniciativa constituye un seria peligro para el presupuesto de la reforma agraria.

¿Por qué lo digo? Hay indicios de que así ocurrirá, porque disminuirá el presupuesto del Ministerio de Agricultura, y por el discurso que el Presidente Frei pronunció en la Convención Nacional del Comercio y la Producción. El Primer Mandatario, junto con sostener que la libertad de la actividad económica es una manifestación y, en muchos sentidos, una condición para la libertad del hombre, en otra parte de su intervención dice: "Reconozco que no es sólo necesario, sino imprescindible realizar severas restricciones e importantes disminuciones, y al respecto estoy adoptando medidas muy definidas que la opinión pública conocerá espero esta misma semana".

Todas estas circunstancias, aparte otras que señalaré, demuestran que hay peligro para la reforma agraria, única realización de este Gobierno, a nuestro entender, que tiene algunos visos de impulsar el cambio social. Esa empresa es la única que en este régimen tiene atisbos de revolución. Pero vemos que la Democracia Cristiana, no defiende como debiera hacerlo esa reforma. Así sucede, por ejemplo, respecto de las acusaciones de "El Mercurio", que, mañosamente, usa cifras provenientes de comparaciones entre los nuevos asentamientos y el producto del trabajo de los mejores fundos de Chile. El Gobierno nada ha dicho a este respecto; pero ya que él no lo dice, yo deseo manifestar que en el primer año de vida de esta nueva forma de propiedad de la tierra, los ingresos de los campesinos superaron en cuatro veces el salario mínimo agrícola, al mismo tiempo que aumentó la producción en todos los asentamientos.

También es importante destacar la contradicción ¡económica existente en el proceso de reforma agraria. Por una parte, se hace mucha propaganda respecto de que éste sería el Gobierno de los campesinos y de que estaría empeñado en elevar su nivel social; pero, por otra, nada se hace allí donde está la realidad del mundo capitalista. Me agradaría que alguna vez el señor Ministro de Hacienda hiciera aclaraciones sobre este problema. En Chile, del ciento por ciento del crédito para la agricultura, el 92% corresponde a los latifundistas, otorgado tanto por los bancos privados, como por el Banco del Estado o la Corporación de Fomento, que aportan la mayor parte de él. Sólo el 8% restante se asigna a las nuevas estructuras agrícolas creadas por esta Administración. No se comprende cómo un Gobierno que se dice representativo de los campesinos realiza tal distribución de las posibilidades crediticias. A nuestro juicio, si realmente se desea impulsar la reforma agraria, una de las principales metas es abordar una buena política de distribución de los créditos agrícolas.

Como vemos que no se defiende esa reforma, tememos que en este proyecto vaya escondido un ataque en su contra.

Al mismo tiempo, deseo aprovechar la presencia en la Sala de varios señores Ministros para solicitar con lo cual creo interpretar el sentir de la gran mayoría del Senado que se suspenda la persecución de los maestros, de los obreros de Vialidad despedidos de su trabajo por orden del MinistroOssa Pretot y de todos los gremios que piden un mejor salario que, en justicia, les corresponde, como lo ha reconocido el propio Gobierno.

El señor CASTRO.-

Sólo deseo decir dos palabras.

Votaré favorablemente la idea de legislar y allegaré mi voto al de los Senadores comunistas e independientes, a fin de perfeccionar en la discusión particular todas aquellas disposiciones que vayan en favor de los diferentes gremios de trabajadores.

Nada más, señor Presidente.

El señor CORVALAN.-

Los comunistas votamos favorablemente la idea de legislar.

En primer lugar, lo hacemos, por así decirlo, echando la última palada de tierra al fenecido artículo 66, que pretendía establecer el ahorro obligatorio para más de dos millones de trabajadores del sector privado y atentaba gravemente contra el derecho de huelga.

En segundo lugar, votamos favorablemente este proyecto porque, en virtud del retiro del citado artículo, la iniciativa cambió de contenido esencial y pasó a ser efectivamente un proyecto de reajustes. Su texto consigna un aumento de 21, 9% para 1. 550. 000 trabajadores del sector privado no sujetos a convenios, sino a la voluntad de los patrones. Para 350 mil trabajadores de este mismo sector, sujetos a convenios, deja abierta la posibilidad de alcanzar, mediante la lucha, mejoramientos superiores. Y para la mayor parte del sector público incluye reajustes relativamente aceptables.

En tercer lugar, y como ya lo dijimos durante la discusión general, consideramos que, en definitiva, el nivel de los salarios y sueldos no depende sólo del Parlamento, sino también de otros factores, en particular, de la fuerza, la organización y la lucha de los asalariados. En consecuencia, el mejoramiento de la situación de aquella parte del sector público que aparece postergado, seguirá siendo materia de una lucha tenaz dentro del Congreso y fuera de él.

Al asumir esta, actitud, reafirmamos nuestra decisión de contribuir en la discusión particular a corregir todas las injusticias que afectan a los trabajadores fiscales y semifiscales, a los profesores, a los funcionarios de las universidades, a los trabajadores de la Salud, de la Empresa de Transportes Colectivos, de la Línea Aérea Nacional y los Ferrocarriles del Estado, a los obreros y empleados de Correos y Telégrafos, y a los pensionados del Servicio de Seguro Social. Estamos decididamente a favor de las reivindicaciones y las luchas de todos los trabajadores.

En el trámite de la discusión y votación particulares impugnaremos, como ya lo hicieron nuestros Diputados en la Cámara, todas las disposiciones que sobre impuestos y otras materias afecten los intereses del pueblo.

Asimismo, impugnaremos todo compromiso lesivo a los intereses del pueblo, que el Gobierno pudiera haber contraído para conseguir la abstención de la Derecha, como el aumento del impuesto a la compraventa, aunque sea de siete a siete y medio por ciento.

Hemos actuado y continuaremos actuando con plena independencia.

Mantenemos y continuaremos manteniendo nuestra oposición a la política económica reaccionaria que caracteriza a la gestión del Ejecutivo y, desde luego, condenamos su retroceso en cuanto a imponer un empréstito forzoso a los capitalistas.

Dirigimos y seguiremos dirigiendo nuestros principales fuegos contra los reaccionarios, estén donde estuvieren, hállense en el Gobierno o en la Oposición.

Nuestro apoyo a la idea general de legislar luego del retiro del artículo 66, no significa otra cosa que reafirmar esa orientación.

En esta emergencia, ha quedado asimismo de relieve que estamos en presencia de una crisis política que alcanza también a lo institucional.

Estimamos absolutamente necesario encarar y buscar una salida democrática a esta crisis, para lo cual el diálogo y la acción común de las más amplias corrientes progresistas se hacen indispensables.

Votamos que sí.

El señor CURTI.-

Con profunda inquietud he venido observando el grave momento que vive el país, reflejado con marcada intensidad en la. discusión del proyecto de reajuste de remuneraciones.

El Gobierno debió retirar su primera iniciativa en esta materia por no satisfacer a ningún sector de la ciudadanía. No sólo los partidos opositores le manifestaron su repudio. El país entero sabe que dentro del propio partido de Gobierno existe un sector de Parlamentarios y dirigentes que lo desaprobaron.

Ahora nos encontramos, ya pasado un trimestre del año, con una nueva moción legislativa que tampoco satisface a quienes pretende beneficiar y que merece críticas muy serias por diversas disposiciones de su texto, particularmente en lo relativo al aumento de la carga tributaria, que sobrepasa en mucho la fatiga impositiva que está minando todas las actividades productoras nacionales.

El Ejecutivo al presentar el proyecto en votación se arriesgó a sufrir un nuevo rechazo, lo cual sumiría en un caos al país y abundaría en perjuicios para los asalariados, que ven con preocupación permanente el constante aumento de los índices de precios sin que en forma correspondiente se eleven sus salarios y sueldos.

Con nuestra abstención facilitamos la aprobación de la idea de legislar. No podemos permitirnos el lujo de postergar la decisión por otro mes, a pretexto de mejorar determinadas disposiciones mediante la presentación de un tercer proyecto, por cuanto la angustiosa realidad económica que vive una gran proporción de los chilenos nos obliga, en conciencia, a aprobar el reajuste propuesto.

Entendemos, en todo caso, que todas las dificultades presentes son consecuencia de la desafortunada conducción de las finanzas nacionales por parte de la actual Administración. Jamás, en muchos años, se había presentado una situación más expectable para el erario. El precio del cobre ha mantenido promedios nunca antes alcanzados; los organismos internacionales de crédito otorgaron préstamos para el desarrollo durante los dos primeros años de este Gobierno en condiciones altamente favorables; la renegociación de la deuda externa, por otro lado, trajo un desahogo en el servicio de las amortizaciones. No obstante lo anterior, en la actualidad el Ejecutivo manifiesta su imposibilidad de encontrar un financiamiento holgado para otorgar el reajuste al sector público, y debe recurrir al incremento de numerosos impuestos y contribuciones para paliar en parte la situación de los servidores fiscales, absolutamente deteriorada por un proceso inflacionario que el Gobierno, con su conducción económica, parece incapaz de contener. Cabe, en todo caso, hacer notar, para responsabilizar aún con mayor énfasis el desaprovechamiento de los recursos fiscales, que el rendimiento de los impuestos y contribuciones ha llegado, igualmente en términos reales y en moneda estable, a allegar recursos al erario en forma notoria.

Estimamos que el gasto fiscal orientado hacia inversiones absolutamente improductivas es la principal causa de los males que nos aquejan. La creación de servicios públicos totalmente innecesarios; los presupuestos paralelos; el despilfarro provocado por la aplicación de la reforma agraria; la propaganda inútil que ocupa todas las radioemisoras, canales de televisión y diarios del país, son algunos de los males que el Gobierno debe necesariamente reparar. No parece posible que el sacrificio de todos los contribuyentes y de todas las personas que trabajan y crean riqueza, se dilapide día a día en un mayor gasto que nos está llevando a límites endémicos de pobreza, restando con ello recursos, que bien orientados en su aplicación contribuirían a salvar la situación aflictiva que vivimos.

El futuro parece sumamente incierto. Si bien es efectivo que en el Presupuesto de la nación los ingresos tributarios provenientes de nuestras exportaciones de cobre se calcularon sobre la base de un precio de 42 centavos de dólar por libra, no lo es menos que los recursos adicionales obtenidos como consecuencia de los precios superiores a 65 centavos, y que durante semanas oscilaron alrededor de 70, estaban contribuyendo a remediar en parte, podríamos decir de manera inesperada, la grave situación de la caja fiscal. Como es de conocimiento público, ha bastado el simple anuncio de la suspensión de los bombardeos en Asia y el arreglo de la huelga de los productores de cobre norteamericanos para que en dos días el precio del metal rojo descendiera en el mencionado mercado, de 70 centavos, a 55. Normalmente, el mercado se estabilizará en un precio varios centavos más bajo. Se habrá acabado entonces el "maná milagroso" y vendrán nuevas tribulaciones y mermas en los ingresos que ya se contaban como ciertos.

El Primer Mandatario no dirige a un país que nada en la abundancia. Sólo la sobriedad, la restricción de gastos improductivos, la supresión de servicios absolutamente ineficaces y un reordenamiento general y drástico de la economía general del país podrán permitir llegar a una solución que todos esperamos.

Con profunda preocupación e inquietud observo el futuro de este llamado al Gobierno a enderezar la conducción fiscal, pues de continuarse con los procedimientos que se aplican, Chile se sumirá en la miseria.

Me abstengo de votar.

El señor FUENTEALBA.-

En forma muy breve quiero destacar que el Supremo Gobierno ha hecho los mayores esfuerzos para que la idea de legislar sobre reajustes sea aprobada por el Senado. Para ello ha conversado con todos los sectores políticos representados en este hemiciclo. De algunos hemos recibido una respuesta positiva y, de otros, una francamente negativa.

Por encargo especial del señor Ministro de Hacienda agradezco y destaco la actitud constructiva de los Partidos Comunista y Social Demócrata, y del Honorable señor Tarud. Con su aporte se está haciendo posible aprobar en general el proyecto, sin que ello involucre adquirir un compromiso que les signifique aceptar todos sus preceptos sobre los cuales podrán plantear sus puntos de vista durante la tramitación particular.

Voto que sí.

El señor RODRIGUEZ.-

Su Señoría olvidó agradecer al Partido Nacional. Era un deber de cortesía.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

No me referiré a la calificación que se ha hecho de Senadores malos y buenos. ¿Hasta dónde puede llegar tal tipo de calificación?

Al investigador de mañana corresponderá pronunciarse acerca de la desorientación económica que la República está viviendo.

Un proyecto de reajuste de los salarios que no tiene otra finalidad que la de reponer el valor adquisitivo que la masa laboral ha perdido con la inflación y que dentro de una economía bien planificada debiera financiarse con el crecimiento vegetativo de los ingresos, da lugar a una interminable discusión, a la consideración de diversos proyectos, y todo con la participación de los propios afectados, que llegan a paralizar sus actividades en defensa de sus intereses, que de antemano debieran estar defendidos, porque la esencia del reajuste es precisamente ésa, la de mantener su poder económico.

No cabe duda de que se ha desnaturalizado la idea del reajuste, porque el proyecto sometido ahora a debate contiene capítulos destinados a mejorar la situación de servicios que se califican de desmejorados y se introducen innumerables otras disposiciones que nada tienen que ver con la idea esencial.

Ayer el señor Ministro de Hacienda se empeñó en justificar que acuerdos convenidos entre el Gobierno y el magisterio no habían contado con su aprobación, durante la época que servía en ese departamento; que tal acuerdo no se había limitado al ejercicio del año presupuestario o al siguiente, en lo que no le falta razón, y que, finalmente, no se respetaba 'la intención ni el espíritu de lo convenido, lo que hace suponer que se ajustaba a la letra de lo pactado. Se trata de algo parecido con lo que ocurre con otra repartición, la de Correos y Telégrafos, donde el Gobierno convino con el personal, durante una huelga anterior, en determinados beneficios que posteriormente dejó de cumplir, todo 'lo cual crea un estado de desconfianza que conduce al menoscabo de la autoridad.

Agregó también el señor Ministro que el proyecto contiene ingresos superiores a los gastos que dispone, afirmación sobre la cual deseo detenerme unos instantes.

A mi entender, señor Presidente, la administración sufre un serio desbarajuste. Las normas consagradas en la Constitución, en materia de gastos públicos, han dejado de cumplirse. Ya la ley de Presupuestos dejó de ser la nomenclatura de los gastos autorizados por 'leyes permanentes, que no podían alterarse. Como se sabe, ningún compromiso puede ser aprobado por el Parlamento sin que. se señalen, al mismo tiempo, los recursos que lo respaldan. Sin embargo, vulnerando la Constitución Política, se han introducido en la ley de Presupuestos compromisos que carecen de financiamiento, lo que convierte al Presupuesto de la nación en una fuente de recursos, calidad de que carece, y su manejo se entrega gradualmente al Ejecutivo.

Lo anterior explica que en su exposición de la hacienda pública el ex Ministro señor Sáez haya revelado que el déficit presupuestario, corridos apenas dos meses del año, haya alcanzado a un mil doscientos sesenta y siete millones de escudos y que el señor Zaldívar reconozca que los recursos que el proyecto contiene son superiores a las inversiones que establece. Es decir, se requieren recursos para financiar partidas del Presupuesto que no están específicamente autorizadas por leyes de gastos fijos.

La consecuencia de lo dicho descansa en la transformación de servicios fiscales en entes autónomos, a los que se les declara patrimonio propio pero no se les destinan recursos estables para su entretenimiento. De hecho dejaron de pertenecer a la administración estatal, que está subordinada al Presidente de la República, el que ejerce su administración con arreglo a la Constitución y las leyes. Están gobernados ahora por un Consejo que señala rentas y dispone de la carrera del personal, lo que anula la acción fiscalizados del Congreso y de la Contraloría. Aparte esto, la carencia de recursos propios está creando una situación precaria a esos personales, que cada día se hará más patente.

Esta preocupación mía no es nueva. En dos oportunidades solicité que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se sirviera, pronunciarse acerca del trámite de los proyectos de ley que transformaban dependencias fiscales en entes autónomos; pero la Comisión no se ha pronunciado porque, en verdad, no puede dejar de reconocer el estado inconstitucional del procedimiento, tanto de parte del Ejecutivo como del Congreso Nacional al prestarle su aprobación.

Comprendo que en el tiempo breve de un fundamento de voto no puedan tratarse en profundidad esos aspectos; pero en ellos y en el aumento desmedido de la burocracia se encuentra el mal que motiva la inquietud pública. El Estado carece de los recursos necesarios para satisfacer la demanda de sus agentes. Las entradas, por cuantiosas que sean, se diluyen en acciones improductivas hasta el instante en que este tumor canceroso explote. No es, pues, político el mal que nos aflige. No está el remedio en conceder más autoridad al Ejecutivo. Probablemente, por este camino se agravaría el daño. En la materia que nos preocupa, el reajuste debe convertirse en un acto automático y permanente, que debe financiarse con los ingresos vegetativos del Estado. Las mejoras que corresponda introducir en las dependencias fiscales deben tratarse en proyectos de ley separados y, fundamentalmente, debe procurarse una revisión del proceso administrativo del país.

Senadores de estas bancas han señalado 'las causas que motivan el rechazo del proyecto.

Voto que no.

El señor LUENGO.-

Señor Presidente, ya tuve oportunidad esta misma tarde de expresar en el Senado las razones por las cuales mi partido decidió votar favorablemente en general el proyecto.

Sólo quiero señalar ahora que ese acuerdo fue libre y espontáneo. Lo hemos tomado sin contraer ninguna clase de compromiso, como no sea el de ayudar a la clase trabajadora, pues pensamos servirla mejor votando afirmativamente 'la idea de legislar.

Reitero de nuevo que en la discusión particular de esta iniciativa estaremos en contra de todas aquellas disposiciones que lesionen conquistas ya alcanzadas por la clase trabajadora o que perjudiquen convenios de determinados gremios. Con la cooperación de Senadores de otras bancas con los cuales pueda aquí constituirse una mayoría, esperamos que en definitiva se despache un articulado realmente favorable para la clase trabajadora. Voto que sí.

El señor NOEMI.-

Señor Presidente, he pedido la palabra, para dejar constancia de algo que, no obstante haberse discutido tanto en las Comisiones, no se ha destacado lo suficiente: el hecho de que durante los tres años de este Gobierno se han dado reajustes superiores a ciento por ciento del alza, del costo de la vida. Así, en 1965, según antecedentes que nadie discutió, se dio un reajuste de 116% de esa alza; en 1966 fue de 125%, y el de 1967 equivalió a igual porcentaje. Y en lo tocante al que ahora debatimos, los señores Senadores, al sostener su criterio sobre lo que correspondería dar a ciertos gremios, no han podido desconocer que es, en promedio, de 24% aproximadamente. Equivale, por lo tanto, a un porcentaje superior al ciento por ciento del alza del costo de la vida, que en 1967 fue de 21, 9%.

Se ha sostenido en la Sala que ese índice del costo de la vida es falso. Yo también pienso que no refleja lo que en realidad ha de gastar el consumidor; pero nadie puede discutir que con el mismo metro, con esa misma vara, se ha venido midiendo el alza del costo de la vida en todos los anteriores Gobierno. Y, asimismo, con ese mismo índice se dieron reajustes muy inferiores a ciento por ciento del aumento de los precios.

No quiero referirme propiamente al proyecto, tan debatido, sino manifestar con entera sinceridad la satisfacción que experimento por el resultado de esta votación, que ya se vislumbra. Y lo digo porque, a pesar de tener una trayectoria democrática y de haberse entregado a ella una vida o la juventud, en muchas ocasiones se pierde un poco la fe cuando uno se pregunta qué sentido tiene la democracia si un Gobierno elegido por una mayoría abrumadora no puede imponer sus puntos de vista o gobernar como piensa que debe hacerlo. Eso nos ha ocurrido a los parlamentarios de la Democracia Cristiana cuando hemos visto en esta Sala arrinconar a los representantes del Gobierno por los sectores más opuestos, los cuates, no obstante pensar de modo muy diferente entre sí, aúnan sus esfuerzos y suman sus palabras hirientes y filudas para combatir nuestras opiniones.

De ahí mi satisfacción, porque así como sabemos que a la noche, por larga y oscura que sea, sucede el amanecer, así también debemos tener la certeza de que en la democracia llega un momento en que se impone la. cordura y se puede llegar a una solución por los medios constitucionales. Por eso, debemos tener fe en el régimen democrático.

A quienes sostienen que todo lo realizado por nosotros es propaganda, quiero decirles que voto afirmativamente recordando a los campesinos que hoy viven en el asentamiento y que mañana tendrán la propiedad individual de la tierra conforme a la ley de Reforma Agraria, que es obra de este Gobierno; pensando en aquellos mineros del carbón, que hoy día gozan de la "jornada de lámpara a lámpara", por obra de esta Administración; poniendo los ojos en quienes no trabajan en día de Pluvia y, sin embargo, perciben su salario, gracias a este Gobierno; en los modestos propietarios de bienes raíces avaluados en menos de cinco millones de pesos, que hoy no pagan contribuciones; en todos los obreros que hoy sin discriminación alguna están acogidos a la ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, aprobada durante el Gobierno actual; en los empleados particulares, para quienes hoy existe la medicina curativa, que el propio Presidente del Senado, que es médico, dijo haber estado esperando durante veinte años verla convertida en ley. Y en esa oportunidad el Honorable colega destacó el hecho de que ese proyecto, al que se habían formulado 85 indicaciones, se convirtiera en ley durante este Gobierno. También voto afirmativamente pensando en los dos tercios de los trabajadores del país, que hoy están sindicados gracias a la ley de Sindicación Campesina, obra de este Gobierno. ¡Y para qué hablar de los "loteos brujos", de los que compraron terrenos y no tenían propiedad, y que hoy día no podrán ser engañados! ¡Y de las juntas de vecinos, en que se ha organizado al pueblo, por un proyecto de ley emanado de este Gobierno !

Por eso, por lo que se ha realizado en beneficio del pueblo, por mi fe en la democracia, voto, con profunda satisfacción, afirmativamente.

El señor PABLO.

Señor Presidente, en mi calidad de Comité Demócrata Cristiano, dejé constancia, en la reunión de Comités, de mi punto de vista en cuanto a la forma cómo se iba a someter a votación el proyecto. Ya sea por escrito o en la Sala, expresaré posteriormente mi opinión sobre esta materia.

La política económica de un Gobierno es la base fundamental sobre la cual puede sustentarse el bienestar de un pueblo. Lo importante en la conducción de un país es lograr metas claras y el poder suficiente para conseguir los medios que puedan materializarlas. Toda acción en el campo del desarrollo obliga a pronunciarse simultáneamente en torno de dos grandes problemas: el del consumo y el de la inversión. Ambos propósitos tienen que estar guiados por la justicia social y por las posibilidades reales dentro de un presupuesto que es limitado.

La discusión en torno del proyecto de reajustes crea la posibilidad de que la nación sólo mire un aspecto del problema: la solidaridad para con quienes viven de un empleo y gozan de un sueldo o salario, o para quienes, acogidos a jubilación, desean obtener una mejoría de sus pensiones. Pero la solidaridad nacional no sólo debe expresarse respecto de aquellos que tienen trabajo o gozan de una pensión de jubilación. También debe considerarse muy seriamente la solidaridad para aquellos que carecen de empleo, lo que muchas veces parece olvidarse. Para dar un nuevo empleo es menester realizar inversiones, pues la producción, en cualquier sistema económico, obliga a contar con capitales que pongan en marcha el proceso. No se puede, por tanto, resolver por separado ambos problemas, pues es imposible pedir simultáneamente los más altos grados de aumento de remuneraciones, las más altas posibilidades de empleo y el mayor desarrollo económico y social. Siendo limitado el Presupuesto de la nación, lo que se entrega al gasto corriente para sueldos y salarios no puede destinarse a reforma agraria, inversiones industriales del Estado, planes educacionales o de salud y, por consiguiente, la solidaridad nacional obliga a que cada sector de la población no pretenda sólo resolver su propio problema, sino que tenga también presente que su personal situación está ligada al porvenir de los demás sectores que integran la comunidad nacional.

Nada sería más grato para un Gobierno que poder acceder a todas las peticiones, que por lo general son justas, dado que el nivel de vida medio en Chile es precario si se lo compara con países en desarrollo. Sin embargo, sería engañar precisamente a quienes piden que se acojan sus peticiones de mayores sueldos y salarios, si no existe un financiamiento adecuado, y si a la postre uno tuviera que olvidar los requerimientos, no sólo de quienes hoy carecen de empleo, sino de los 200 mil chilenos que año a año reclaman de su país que les otorgue la oportunidad de ganarse el plan con su esfuerzo y dignidad. Por otra parte, es un fraude más estimular las alzas de sueldos si no se tiene la certeza de que se dispondrá de los recursos necesarios para estimular la producción, pues ello desembocaría en inflación y, por lo tanto, se les privaría con una mano de aquello que se les otorga con la otra. El que gobierna sabe y tiene presente que la inflación, a la postre, es un desajuste entre los medios de pago que existen en el mercado y los bienes y servicios ofrecidos.

El Gobierno del Presidente Frei pretendió romper los moldes clásicos de las leyes de reajuste con una iniciativa que llamaba al ahorro nacional de las personas, lo que es posible y necesario. No hay pueblo en el mundo que sin trabajo y ahorro haya podido prosperar. A los Gobiernos de conducción centralizada, que se asientan sobre la dictadura, les es fácil conducir las relaciones entre el ahorro y el consumo. Lo difícil es lograrlo en un régimen de libertad, en donde todos quieren que haya mejores remuneraciones, que se realicen los cambios de estructura más profundos en la reforma agraria, que haya el más alto desarrollo industrial, los más altos niveles de construcciones de obras públicas, habitaciones, de salud, y los programas de más alta significación en el sistema educacional. Todos quieren lo mismo, pero, al mismo tiempo, todos los sectores desean que el sacrificio, ya sea impositivo, ya de remuneraciones o de trabajo, en lo posible sea hecho por los otros grupos sociales sin que los afecte a ellos.

Voto favorablemente este proyecto de ley, en el entendimiento de que refleja el esfuerzo máximo que dentro de la situación económica actual puede hacer el Gobierno, tomando en cuenta simultáneamente el interés de los que trabajan y de los que carecen de empleo y, al mismo tiempo, teniendo por norma que no puede retrocederse en la ejecución de planes tan fundamentales como dar tierra a los que la trabajan, empleo a los que carecen de él, por medio de nuevas industrias promovidas por el Estado, habitación digna a las familias que la reclaman en el país, salud a los que luchan contra el flagelo de la enfermedad y educación a los que aspiran a superarse más allá del alfabetismo, para poder corresponder a las necesidades presentes y futuras de su patria.

Voto que sí.

El señor PALMA.-

Señor Presidente, después de este debate, y respetando en absoluto los derechos que cada Senador y cada partido tienen para sostener sus puntos de vista, pero considerando la condición especialísima de toda ley de reajuste, que afecta a toda la Administración Pública y es parte real del presupuesto de gastos fijos, sigo creyendo que aquélla debe tener un tratamiento similar al de la ley de Presupuestos.

Espero que esta discrepancia sea analizada con más profundidad y se resuelva en definitiva para lo futuro, por medio de las vías que nuestra Constitución establece y dentro de las condiciones democráticas que soy el primero en defender junto con partidos que, como el Radical, tienen una tradición similar a la nuestra.

Estimo de absoluta necesidad destacar que, si bien es verdad que en el proyecto están comprendidas algunas materias ajenas al reajuste mismo, ello se ha hecho abiertamente y sin engaño alguno, pues no deben olvidar los señores Senadores que la ley de Presupuesto y la iniciativa en debate se tramitaron juntas durante varios meses del año pasado. Por lo tanto, fueron perfectamente conocidas de los parlamentarios, quienes sabían que muchas de sus disposiciones estaban relacionadas entre sí.

Por último, quiero destacar que medidas como las que se han convenido para hacer posible el despacho de esta iniciativa tendrán, inevitablemente, un alto efecto inflacionario, del cual no se podrá culpar a los planes del Gobierno, quien, por medio de ellos, junto con dar reajustes, ha tratado de frenar ese proceso y de mantener o mejorar el valor de los sueldos y salarios en un complejo de medidas respecto de las cuales resulta difícil discriminar sin que los resultados varíen.

Voto que sí.

El señor REYES.-

Señor Presidente, no podría negar que para el Partido Demócrata Cristiano la aprobación general de este segundo proyecto de ley de reajustes ha constituido una profunda preocupación. Su rechazo habría significado un grave trastorno para las legítimas expectativas de los funcionarios del Estado y una paralización de inversiones fundamentales para el país. Pero de muchísima mayor trascendencia habría sido la imprevisible situación que se habría creado al no disponerse de 'los medios indispensables para el normal funcionamiento de la Administración Pública.

Por eso, creemos necesario abordar las enmiendas constitucionales conducentes a alejar la posibilidad de una crisis de esta naturaleza.

La Democracia Cristiana, por medio del Senador que habla, da testimonio de su agradecimiento al Honorable señor Tarud, quien contribuyó en forma destacada a la búsqueda de una solución con este fin; al Honorable señor Luengo, del Partido Social Demócrata; al Honorable colega Baltazar Castro, de la Vanguardia Nacional del Pueblo, y al Senador independiente Honorable señor Sepúlveda, quienes, del mismo modo, manifestaron su disposición para que la iniciativa fuera aprobada en general.

De la misma manera, agradece y resalta la actitud del Partido Comunista, que, sin alterar sus criterios discrepantes respecto de determinadas normas del proyecto, consideró esencial que éste fuera aprobado en general, para permitir así su discusión particular en los términos en que cada colectividad política estime que debe hacerlo.

La resolución del Partido Nacional, que viene a hacer factible el estudio del reajuste, la valorizamos en su significación democrática, que contribuye a evitar graves dificultades en la vida nacional.

El Partido Demócrata Cristiano, y especialmente sus dirigentes sindicales, han actuado juntamente con el Gobierno en procura de las mejores soluciones posibles. Confiamos en que las medidas anunciadas por el señor Ministro de Hacienda, que hemos contribuido a encontrar, permitan el despacho más rápido de esta iniciativa legal tan urgentemente requerida. Por el cumplimiento de la política económico-social del Ejecutivo; por la satisfacción de las justas aspiraciones de los trabajadores, que como nunca han sido y serán atendidas por el Gobierno de la Democracia Cristiana, y en la seguridad de que con la colaboración de todos se podrá perfeccionar el proyecto, voto que sí.

El señor RODRIGUEZ.-

Señor Presidente, para resumir nuestro pensamiento, en nombre del Partido Socialista, expresamos que votamos negativamente por las siguientes razones.

Porque en realidad no se está legislando sobre un proyecto de reajustes, sino sobre una legislación económica general que tiende, de manera fundamental, a dar respaldo a la improvisación e incompetencia de este Gobierno.

Porque en el proyecto está contenida la filosofía del sometimiento al Fondo Monetario Internacional, lo que en definitiva es una prueba más de sumisión al imperialismo.

Porque lo pide la inmensa mayoría, del sector público y porque así estamos cumpliendo con el mandato que nos entregaron la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANES, 'los profesores, Correos y Telégrafos, el gremio de la Salud y todos los sectores postergados.

Porque se mantiene la filosofía del ahorro de los pobres mediante el llamado bono de la CORVI, que ahora se arregla, en forma ilusoria, con doce cuotas, según el señor Ministro, y reembolsables cada mes, pero no reajustables, lo que constituye un hecho negativo en este país que vive un proceso inflacionario.

Porque en esta iniciativa se consigna, precisamente, la rebaja de las inversiones públicas por una suma equivalente a 180 millones de escudos, que afecta de manera principal en esto tiene razón la Honorable señora Carrera al Ministerio de Agricultura con sus organismos básicos CORA e INDAP, y también a 'la CORFO y al Ministerio de Obras Públicas.

Votamos que no por los muertos, heridos, cesantes, despedidos, presos y procesados por este Gobierno en el plano sindical y porque los socialistas no nos sometemos a la política del miedo, del terror, de la persecución, cuyo último saldo consiste en que, primera vez en Chile, un Senador de 'los nuestros esté en la. Cárcel Pública.

Por último, votamos negativamente porque ésta es la culminación de una coalición del Gobierno con la Derecha, y por eso entiendo al Honorable señor Fuentealba, quien, por rubor, no fue capaz 'de agradecer al Partido Nacional.

Por todas esas razones, y apoyado repito en lo más consciente y combativo de nuestro pueblo, los socialistas reiteramos nuestra voluntad de no legislar sobre la materia.

El señor SEPULVEDA.-

Señor Presidente, sólo deseo expresar que en el debate de la mañana de hoy fijé mi pensamiento frente a este proyecto y di a conocer mi resolución de concurrir a su aprobación, especialmente a causa de la imperiosa necesidad que existe de que los asalariados de nuestro país puedan percibir los reajustes que la iniciativa legal en debate les otorga.

Con 'las reservas de orden constitucional y político que entonces formulé y haciendo presente mi libertad para actuar en la discusión particular, voto que sí.

El señor TARUD.-

Voto favorablemente la idea de legislar.

El señor ALLENDE.-

Señor Presidente, aparte las claras razones expuestas por el Honorable señor Rodríguez, Secretario General del Partido Socialista, y por la Honorable señora Carrera, nosotros votaremos que no, porque este proyecto no es sólo dé reajustes; porque es malo en este aspecto y peor en lo económico, y porque no significará tranquilidad, más trabajo, más pan ni más seguridad para los hogares chilenos.

Una vez más, es preciso señalar que el reajuste es inferior a la efectiva alza del costo de la vida.

En más de una oportunidad he recordado las palabras elocuentes de un brillante Senador de la Democracia Cristiana no es alcance de nombre, el señor Eduardo Frei, cuando decía: "Yo no creo en las estadísticas que dan los índices del alza del costo de la vida. Sólo creo en el bolsón de la dueña de casa".

Ojalá que el señor Frei, ahora que es Presidente de la República, recurra a ese mismo método para apreciar efectivamente la realidad del alza del costo de la vida... Además, votaremos negativamente porque, a nuestro juicio, el Ejecutivo tiene la obligación de precisar ante el país la real situación económica y financiera; porque antes de impulsar esta iniciativa debió habernos expuesto, con criterio claro, el estado de la hacienda pública cosa que no ha hecho y señalarnos los compromisos reales derivados de la Carta de Intención conocida, por el país gracias al Honorable señor Bossay y no mediante el Gobierno, y porque, además, en este proyecto, como en todos los otros, se ve la filosofía de la Democracia Cristiana y del Gobierno, tendiente a afianzar más y más su dependencia, del capital foráneo y la influencia del Departamento de Estado norteamericano.

Pienso que el reajuste no disminuirá las legítimas tensiones de los grupos sociales de nuestro país. Por eso, habiendo asumido otros la responsabilidad de legislar, nosotros teníamos la esperanza de que, rechazado el proyecto, él Gobierno se viera obligado a enviar otro exclusivamente de reajustes, a fin de dejar para después la discusión amplia y profunda del indispensable plan de desarrollo económico que reclamamos del Ejecutivo.

Jamás nos hemos negado a dar reajustes legítimos y justos, que efectivamente satisfagan a quienes sólo perciben el ingreso que les permiten su esfuerzo y capacidad de trabajo.

Al votar negativamente, mantenemos nuestro derecho a seguir luchando durante la discusión particular porque efectivamente se consoliden, y en forma seria, en la ley algunas de las urgentes conquistas cuyo cumplimiento reclaman los más vastos sectores de empleados y obreros del país.

Al mismo tiempo, seguiremos implacablemente creando conciencia, a fin de que Chile y el Gobierno, por cierto, entiendan de una vez por todas que si no se toman medidas que impliquen planificar la economía y sacudirnos del yugo extranjero que nos explota y oprime, seguiremos siendo una nación dependiente, oprimida políticamente y explotada en lo económico.

Por lo tanto, al votar que no reafirmamos nuestro espíritu de lucha, para hacer posible que el país comprenda, que es preciso planificar la economía, organizar el trabajo y distribuir equitativamente la renta nacional.

En último término, al votar negativamente lo hacemos con independencia y dignidad. Incluso, rechazamos la frase vertida por el Honorable señor Reyes en el sentido de que se han salvado serias dificultades que podían haberse presentado si esta Corporación hubiera rechazado el proyecto. ¡No, señores Senadores! Cada uno de nosotros tiene plena libertad para votar como quiere. Si 'la iniciativa hubiera sido rechazada, el Ejecutivo habría estado en la obligación de respetar lo que representamos: la voluntad del país, expresada libremente en las urnas. Por consiguiente, está bueno que terminemos con las amenazas directas o indirectas, porque, por último, este Gobierno ni siquiera será capaz, algún día, de adoptar una actitud definitiva y clara.

El señor FUENTEALBA.-

Su Señoría está peleando con la sombra, e inventa, cosas para hacerlo.

El señor FONCEA.

Señor Presidente, la verdad es que los discursos pronunciados en este extenso debate, con argumentaciones a favor o en contra del proyecto, con críticas a la política, laboral y económica del Gobierno y las consiguientes réplicas, con los guarismos invocados para demostrar que los reajustes son insuficientes o mezquinos, con las comparaciones hechas con relación a otras leyes similares, no constituyen en absoluto una novedad para quienes ya tenemos algunos años en el Congreso Nacional. Si recurrimos al archivo del Senado o de la Cámara de Diputados, podremos comprobar casi con precisión matemática que a. lo largo de la historia del Parlamento se han pronunciado los mismos discursos, muy elocuentes, muy floridos y versados, cuando se han debatido esta clase de materias. Quizás lo único digno de anotarse y de resaltar por eso fundo mi voto es la pasión y la intransigencia de ciertos sectores contrarios a la idea de legislar, cosa que no recuerdo haya sucedido en mi largo paso por el Congreso.

En efecto, han existido pasión e intransigencia que no justifico. Me explico.

La Oficina de Informaciones del Senado elaboró un memorándum muy completo en el cual, a mi juicio, se contiene la historia de los reajustes desde el año 1950 hasta 1967. No siempre desde luego, hablo de los últimos tres años el monto de los reajustes ha correspondido rigurosamente al alza del costo de la vida consignado por los índices correspondientes, bien o mal concebidos. Pero no por recordar esas cosas ingratas, vayamos a olvidar que en cierta ocasión la ley de reajustes fue promulgada el 23 de diciembre del año siguiente, vale decir se hizo ilusorio el derecho legítimo del asalariado chileno a recuperar el valor adquisitivo de sus remuneraciones. También hubo otro año en que el reajuste comenzó a regir desde el 1º de julio; y en otra oportunidad se estimó que once escudos eran suficientes. Sin embargo, los argumentos han sido siempre los mismos; sólo han variado los equipos. Antes defendían este tipo de legislación quienes estaban en el Gobierno: los nacionales y los radicales; nosotros estábamos en la Oposición y, como es lógico, los criticábamos.

En consecuencia, todo esto no constituye ninguna novedad.

Sin embargo, debo dejar constancia por eso pedí la palabra de que aquí ha existido, a mi juicio, demasiada obcecación.

Deseo recordar una declaración formulada por el Presidentedon Jorge Alessandri el día 5 de noviembre de 1963, o sea al quinto año de su Gobierno nosotros llevamos tres años y medio,...

El señor RODRIGUEZ.-

¡ Menos mal que les queda poco!

El señor FONCEA.-

..., en la cual reconocía que el país mantuvo una tranquilidad ejemplar. En la entrevista de prensa en que hizo aquella declaración, se lee:

"Periodista: Para terminar, señor Presidente, queremos pedirle que usted envíe un mensaje en este día grato para usted, un mensaje a nuestros compatriotas de todo el país.

"Presidente: Lo único que podría pedirle al país es que siga manteniendo la tranquilidad ejemplar que ha mantenido durante estos cinco años... ".

O sea, nos dio lo digo así, porque yo estaba en la Oposición un certificado de buena conducta.

Los reajustes concedidos por la anterior Administración fueron muy inferiores al alza del costo de la vida,...

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor FONCEA.-

..., pero toda la política liberal no merecía el ataque enconado de que hemos sido objeto quienes apoyamos el proyecto en debate.

Quisiera que nosotros también pudiéramos, al cumplir cinco años de Gobierno, dar ese mismo certificado de buena, conducta; pero mucho temo, por lo que se ha dejado traslucir en la discusión del proyecto de reajustes de este año, que tal vez no podrá ser así.

Voto afirmativamente.

El señor IBAÑEZ.-

Me abstengo.

El señor PRADO.-

Señor Presidente, así como en este momento se escucha algún pequeño desorden en las tribunas y galerías, hubo manifestaciones semejantes cuando el señor Ministro de Hacienda, al referirse a la situación del profesorado, expresó que el Gobierno ha dado cumplimiento a los compromisos contraídos con el magisterio y a los concertados con otros gremios del país. Las manifestaciones de tribunas y galerías breves, por cierto fueron entonces de desaprobación a las palabras del señor Ministro.

Con relación a esto último, desearía que no terminara sin una conclusión este debate del Senado, el cual, como decía el Honorable señor Foncea, se ha reeditado varias veces, en los términos ya conocidos tanto por los sectores políticos y parlamentarios, como por los grupos sociales, los gremios y sus dirigentes. Estos últimos han golpeado las puertas de todos los partidos políticos, en busca de la justicia que hoy día reclaman. Quisiera que este debate, cuya primera etapa está próxima a terminar, no dejara a nadie la sensación que parecen traducir las expresiones de aquellos parlamentarios de diversos colores políticos que, haciendo uso de un legítimo derecho, han creído captar en las palabras de Senadores de estas bancas, frases o conceptos que impliquen, aunque sea en forma indirecta, una velada o remota amenaza.

Aunque sea de paso, debo decir al Honorable señor Allende que nosotros jamás hemos disuelto el Congreso ni derrotado el gobierno constituido. A lo más, el Presidente de la República ha pedido al Parlamento la aprobación de un proyecto de reforma constitucional destinado a establecer normas que permitan adoptar determinadas soluciones cuando surjan discrepancias tan graves que dejen al país sumido en la incertidumbre. Para, esos casos el Jefe del Estado ha pedido una reforma que incorpore el referéndum a los mecanismos constitucionales, tal como lo recomiendan no sólo los constitucionalistas de nuestras filas partidarias. En efecto, catedráticos de la Universidad de Chile pertenecientes a ideologías de Izquierda, en múltiples obras de que son autores, se han pronunciado también por el plebiscito o la disolución del Congreso como forma de poner término a las discrepancias cuando resulten estériles los esfuerzos para dar salida a los conflictos entre el Ejecutivo y el Parlamento.

Recuerdo, en cambio, que el 4 de junio de 1932 fue instalada la República Socialista por el entonces fundador del socialismo chileno, Eugenio Matte: una Junta de Gobierno, integrada, por el referido dirigente y también por Marmaduke Grove, derrocó al Presidente constitucionaldon Juan Esteban Montero. Es el único acontecimiento semejante de que se tenga memoria en nuestro país.

Pienso que no puede dibujarse con las palabras. Hemos sido en extremo respetuosos de las leyes y de la Constitución, pero no aceptamos que ciertas personas hagan manifestaciones como las que acabamos de escuchar, que estimamos injustas. Me refiero a quienes expresaron su opinión en las tribunas, en especial a los que ya no son muchachos, a los dirigentes gremiales antiguos que, si tienen buena memoria, deben recordar los hechos que he relatado.

Cuando se examina lo ocurrido en Gobiernos anteriores, cabe preguntar a los partidos políticos que estuvieron en el Poder antes de 1964, ¿con qué ascendiente reciben con abrazos y sonrisas de confraternidad y comprensión a quienes hoy acuden a conversar con ellos? ¿Cómo les respondieron cuando ellos eran Gobierno? Les respondieron con reajustes mínimos, muy inferiores al alza del costo de la vida, apoyados por mayorías constituidas por combinaciones de partidos políticos que actuaban como aplanadoras; con reajustes aprobados doce meses después de la fecha en que debieron ser despachados; con aumentos que empezaron a regir en el mes de julio, pese a que debieron estar vigentes en enero, o sea, seis meses antes; o con bonificaciones de once escudos, negándoles el derecho a imposiciones previsionales sobre los beneficios otorgados. ¡Así se hizo en Gobiernos pasados!

Durante el Gobierno anterior las obras públicas se realizaron tengo entendido que el Honorable señor Ahumada hizo una comparación sobre ello a fuerza de endeudar al país en el exterior, en términos tales que los compromisos contraídos entonces suman más de 1. 300 millones de dólares. Así se realizaron esas obras: estirando la mano en gesto mendicante, para que el coloso del norte prestara el dinero con que realizarlas.

Las consecuencias de semejante política las está sufriendo el actual régimen, y por eso no podemos dar a los trabajadores todo lo que ellos nos piden.

Digo, para la historia del gremialismo y del sindicalismo de Chile, que en los veinte años anteriores a. la actual Administración, la cuota de participación del asalariado en el ingreso nacional subió, de 40%, a 47%, o sea, siete puntos. ¿Y qué ha ocurrido en los últimos tres años? Su cuota de participación en dicho ingreso subió cinco puntos: de 47% a 52%. Pueden preguntárselo a los integrantes del magisterio, a los servidores de la Salud...

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor PRADO.-

Entiendo que podré terminar la frase que inicié, como han podido hacerlo otros señores Senadores en circunstancias análogas.

Decía que pueden preguntárselo al magisterio, que ahora, por primera vez, tiene un estatuto de remuneraciones válido para tres o cuatro años, sobre la base de rentas dignas. Ningún maestro recibirá este año menos del 33% o de 24% de reajuste. Eso es lo que, en cifras, corresponde a la realidad.

Termino diciendo lo que sigue, y que ello sea válido para quienes piensan volver a gobernar nuestro país. El problema de Chile consiste en que no se logrará disciplina social en el pueblo si éste no entiende que debe existir cierto grado de sacrificio. Ese sacrificio se justificará siempre que, como lo ha hecho el actual Gobierno, se fomenten rubros como la educación, la vivienda y la reforma agraria; cuando se redistribuya, como se ha hecho ahora, el ingreso nacional, aunque no sea por medio de los salarios, sino con otros beneficios que favorezcan a los campesinos y a los asalariados chilenos en general. Bien lo saben los obreros sindicalizados, que han visto más que quintuplicada su asignación familiar.

Por lo expuesto, no acepto ser emplazado ni arrinconado por ningún partido político en esta votación, la cual se verifica luego después de que el Gobierno fue derrotado al presentar un proyecto sobre establecimiento del fondo de capitalización nacional, que pudo dar a los obreros y trabajadores la incorporación plena y altiva a la propiedad del poder económico chileno, iniciativa legal que fue rechazada por todos los sectores de Oposición. Voto que sí.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

Terminada la votación.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Resultado de la votación: 21 votos por la afirmativa, 17 por la negativa y 6 abstenciones.

Votaron por la afirmativa los señores Aylwin, Campusano, Castro, Contreras Labarca, Contreras (don Víctor), Corvalán, Ferrando, Foncea, Fuentealba, Gormaz, Gumucio, Luengo, Musalem, Noemi, Pablo, Palma, Prado, Reyes, Sepúlveda, Tarud y Teitelboim.

Votaron por la negativa los señores Aguirre Doolan, Ahumada, Allende, Ampuero, Baltra, Barros, Bossay, Carrera, Chadwick, Durán, Enríquez, Gómez, González Madariaga, Juliet, Maurás, Miranda y Rodríguez.

Se abstuvieron de votar los señores Alessandri, Bulnes Sanfuentes, Curti, Ibáñez, Jaramillo Lyon y Von Mühlenbrock.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

Como las abstenciones influyen en el resultado, habría que repetir la votación.

Si le parece a la Sala, la daríamos por repetida.

Acordado.

Se dará cuenta de dos indicaciones llegadas a la Mesa.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Los Honorables señores Contreras Labarca y Teitelboim formulan indicación para publicar "in extenso" todo el debate sobre el proyecto de reajustes.

Se aprueba.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Indicación del Honorable señor Allende para insertar los documentos que pidió incluir en la versión de su discurso.

Se aprueba.

El señor CHADWICK.-

Ruego a la Mesa consulte a la Sala sobre el plazo para presentar indicaciones al proyecto que se acaba de aprobar.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

Hago presente a los Comités que la Mesa los citará a reunión para mañana a las once, antes de comenzar la sesión especial, a fin de acordar un procedimiento especial de tramitación del proyecto, en su segundo informe. Entretanto, y sin perjuicio de lo que los Comités puedan acordar, propongo a la Sala conceder plazo hasta el sábado, a las doce del día, para, presentar indicaciones.

REAJUSTE DE REMUNERACIONES PARA 1968.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Continúa la discusión general del proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los sectores público y privado.

Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con las que deben celebrarse en seguida, de acuerdo con la citación.

Acordado.

-Los antecedentes sobre este proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 73ª, en 26 de marzo de 1968.

Informes Comisiones de:

Gobierno y Hacienda, sesión 75ª, en 2 de abril de 1968.

Discusiones:

Sesión 75a, en 2 de abril de 1968.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Baltra.

El señor BALTRA.-

Señor Presidente, el debate sobre los reajustes reviste trascendental importancia, pues afecta decisivamente al nivel de vida de la inmensa mayoría de los chilenos, cuyos ingresos, como es sabido, provienen de sus sueldos y salarios. Afecta también al nivel de vida de quienes contribuyeron con su trabajo al proceso productor y ahora militan en las clases pasivas, sin otro medio de subsistencia que una jubilación, pensión o montepío.

Estamos, pues, decidiendo sobre los medios de vida de casi tres millones de chilenos, muchos de los cuales son jefes de familia. Es su bienestar el que está en nuestras manos. De nosotros depende mantenerlos sumidos en la angustia económica en que hoy se debaten o restituirles el poder adquisitivo que han ido perdiendo a lo largo de 1967 y los meses corridos de 1968, como consecuencia directa e inevitable del alza de precio de los bienes de consumo.

Estamos legislando sobre el reajuste compensatorio, que obedece a un principio de la más elemental justicia social, por cuanto tiende a proteger el nivel de vida de los económicamente más débiles, de quienes no disponen de otro recurso que no sea la propia fuerza de trabajo. Tal es nuestra responsabilidad, que los Senadores de estas bancas asumimos con plena conciencia de la extensión y profundidad del problema económico y social involucrado en el reajuste de remuneraciones del trabajo en los sectores público y privado de la economía chilena.

En 1967, el costo de la vida subió en 21,9%, lo cual significa que a fines de 1967 las familias con ingresos provenientes de sueldos y jornales podían comprar 21,9% menos de los bienes que necesitan para satisfacer sus necesidades. En otras palabras, al 31 de diciembre de 1967, todas las familias de los trabajadores chilenos habían sacrificado una parte de sus consumos y, en consecuencia, perdieron una parte de su poder adquisitivo. Y ello, por cierto, considerando sólo el estado de cosas imperante al 31 de diciembre de 1967, pues en 1968 ha habido otras alzas muy fuertes, como las producidas durante enero y febrero, en que los precios al consumidor aumentaron en 8%.

De acuerdo con las estadísticas disponibles, el poder adquisitivo de los trabajadores ha disminuido en 30% desde enero de 1967. Esta es la dramática realidad que están sufriendo millones de hogares chilenos, la cual se expresa en privaciones, angustia y pobreza.

¿Cómo devolver a estos hogares el poder adquisitivo perdido? Para lograrlo no hay sino una fórmula: reajustar las remuneraciones en el mismo porcentaje en que han aumentado los precios.

Es decir, si lo que se desea es devolver a los trabajadores el poder de compra perdido hasta ahora, el reajuste debería ser de 30%. Pero, si se considera sólo hasta el 31 de diciembre de 1967, como lo hace el proyecto, el aumento debe ser de 21,9%. Si el reajuste concedido fuera menor, los trabajadores sacrificarían definitivamente una parte de sus consumos, y si aquél es insuficiente, significa descenso de los niveles de vida. El reajuste compensatorio no aumenta el poder de compra de los trabajadores, sino que les devuelve el poder adquisitivo perdido. No estamos debatiendo, pues, el porcentaje en que deba mejorar el nivel de vida de obreros y empleados: estamos debatiendo si les devolvemos la totalidad o sólo una parte del poder adquisitivo que perdieron por efecto del proceso inflacionista.

El reajuste compensatorio debe corresponder estrictamente a la pérdida real de poder adquisitivo. Toda otra fórmula constituye un simple artificio que no satisface el propósito vital y de justicia social que el aumento compensatorio debe procurar necesariamente.

En este problema hay otro aspecto de singular importancia. Si el reajuste no corresponde al alza del costo de la vida, se consolida una contracción de la demanda del amplio sector del trabajo, que, sin duda, constituye la mayoría de la población. Dicho de otro modo, si los empleados y obreros pierden poder adquisitivo, la mayoría de los consumidores puede comprar menos, o sea, el mercado se achica, y se introduce así un peligroso elemento de depresión económica, como lo demuestra la experiencia chilena de ahora y de antes. Por esta causa, una política en que los sueldos y salarios no se reajustan de acuerdo con el alza de los precios es una política de empobrecimiento, pues no sólo afecta a los hogares, sino también al comercio y a la producción.

¿Qué duda cabe de que hoy todas las familias de trabajadores están más pobres que a comienzo de 1967? La primera manifestación de ese empobrecimiento la recibe el comercio minorista, que ve disminuir sus ventas. Desde allí, la crisis asciende hasta las fuentes productoras, que languidecen ante la falta de demanda, con la consiguiente secuela de paro y cesantía.

¿Hasta qué punto y en qué medida el aumento propuesto por el Ejecutivo es compensatorio de la pérdida de poder adquisitivo experimentada por los trabajadores?

El proyecto distingue entre sector privado y sector público. En cuanto al primero, se consigna un reajuste de 21,9% en dinero para los obreros y empleados no sujetos a convenios colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales. Respecto de ese sector, se restituye en apariencia a los trabajadores el poder de compra perdido en 1967. Digo que sólo en apariencia, porque en la práctica el resultado es distinto, pues se aumenta el impuesto a las compraventas, que, por cierto, es trasladable a los precios y, en consecuencia, determina un alza simultánea del costo de la vida.

La incidencia de ese tributo es, en promedio, de casi 2%, en términos absolutos. Ello significa que el reajuste para el sector privado será de 19,9%, porque a causa del aumento del impuesto a la compraventa, se sustrae a los trabajadores de dicho sector un 2% del reajuste que se les concede. El dicho sector perderá definitivamente un 2% de poder de compra si se mantiene el financiamiento regresivo propuesto por el Gobierno.

Más precaria es aún la situación del sector público. En efecto, los sueldos y salarios bases de los servidores del sector público y de las municipalidades, según el proyecto, se reajustan sólo en 12,5%. Ese es el porcentaje que se propone cancelarles en dinero. En consecuencia, sólo éste es el reajuste compensatorio del sector público. A los obreros y empleados de dicho sector no se les restituye sino el 12,5% del poder de compra perdido en 1967. El resto del reajuste, hasta completar 20%, se haría en cuotas de ahorro para la vivienda, reedición de los "chiribonos", repudiados unánimemente por la clase trabajadora. En apariencia, los trabajadores del sector público pierden un 9,4% del poder adquisitivo que tenían a comienzos de 1967; pero, en el hecho, la pérdida es mayor, pues a causa del aumento del impuesto a la compraventa pierden, además, un 2% ; de tal suerte que, en definitiva, el reajuste compensatorio de los obreros y empleados del sector público y de las municipalidades no es sino de 10,5%. Es decir, se les condena a perder definitivamente un 11,4% del poder adquisitivo que tenían a comienzos del año pasado; se les trata rigurosamente y se les impone una drástica reducción de sus niveles de vida, de sus consumos y del grado de su ya insuficiente bienestar.

Si se reconoce que es de justicia reajustar las remuneraciones del sector privado en 21,9% ¿por qué se procede injustamente con los empleados y obreros del sector público y de las municipalidades? ¿Se pretende, acaso, que sean los servidores del Estado quienes paguen el precio de un desacertado manejo financiero, que el propio señor Sáez, ex Ministro de Hacienda, ha analizado en todas sus alarmantes y muy graves consecuencias? ¿Cuánto percibiría como reajuste líquido, por ejemplo, un funcionario grado 4º de la planta directiva, profesional y técnica? ¿Cuánto es, en otras palabras, el poder adquisitivo que recuperaría efectivamente? Un empleado de esa jerarquía que por lo menos tiene 20 años de servicios, recibiría como reajuste líquido mensual 114 escudos. Pongamos otro ejemplo. ¿Cuál sería el reajuste líquido de un funcionario grado 9? de la planta administrativa y de servicio? Sería de 38 escudos al mes. Y así, se podrían multiplicar los ejemplos. ¿Es que, honestamente, puede pensarse que la situación económica de los funcionarios públicos puede experimentar algún alivio con reajustes de esta magnitud? Pero ni aun esos montos tan exiguos corresponden, en verdad, al reajuste real, porque, como ya dijimos al comienzo, en virtud del aumento en el impuesto a la compraventa, los precios van a subir automáticamente, neutralizando así, en parte, el efecto compensatorio del aumento concedido.

El proyecto dispone reajustes especiales para algunos servicios del sector público, como las Fuerzas Armadas y Carabineros, Poder Judicial y Sindicatura de Quiebras, Correos y Telégrafos, profesorado, etcétera. Según el mensaje que lo acompañó, para esos servicios el reajuste promedio es de 33,41%. Pero tal promedio encierra realidades muy distintas. Uno de estos casos es, por ejemplo, el de Correos y Telégrafos. Según la reestructuración propuesta, 40% del personal no recibe mejoramiento alguno, y los funcionarios que ascendieren perderán los quinquenios y las diferencias de sueldos que se les cancelan por planillas suplementarías. Responsablemente y por medio de sus representantes oficiales, los funcionarios de Correos y Telégrafos expresaron a las Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas, que preferían mantener su situación actual antes que entrar a regirse por disposiciones que los perjudican abiertamente.

En cuanto al profesorado, la iniciativa vulnera el acuerdo magisterial confirmado por la ley 16.617 y que, en cuanto a las remuneraciones, preceptúa que "tendrán cada año el porcentaje promedio de reajuste que experimenten las remuneraciones del personal del sector público a partir del 1° de enero de 1968". Según el mensaje del proyecto en actual debate, "el conjunto de los. funcionarios públicos en actividad recibirá un reajuste promedio en dinero de 24,52% sobre las remuneraciones percibidas al 31 de diciembre de 1967". Sin embargo, se pretende aplicar al magisterio el reajuste de 12,5%. El Gobierno se cazó aquí con sus propias palabras: para magnificar el reajuste habló de un promedio de 24,52%, y ahora no quiere reconocer que éste es el promedio de reajuste que corresponde al magisterio, según lo dispuesto en la ley 16.617. Gravísima situación que destruye en su base la finalidad que persigue el acuerdo magisterial.

La ley en proyecto plantea numerosos otros problemas de análoga gravedad, que no podré analizar por la premura del tiempo. Pero, no puedo dejar de mencionar las disposiciones que tienden a reducir los ya muy pobres ingresos de los pensionados del Servicio de Seguro Social.

La iniciativa en debate se inspira en la idea, tan cara al Fondo Monetario Internacional, de acuerdo sobre la demanda mediante la disminución del poder adquisitivo de quienes viven de sueldos y jornales, vale decir de los trabajadores. Se retorna, así, a la política regresiva puesta en práctica a partir de los KleinSaks, en 1956, y que al iniciarse el actual Gobierno fue repudiada por el Ministro de Hacienda, señor Molina, quien, en su exposición de noviembre de 1964, dijo: "En el pasado se han hecho varios esfuerzos para detener la inflación reduciendo el poder de compra de los asalariados. El Gobierno piensa que ya se ha abusado en extremo de esta medida y que ha llegado el momento de impedir que continúe el deterioro de la situación económica de este gran sector de la población". Sin embargo, ahora se reincide en el empleo del mismo tipo de medidas, volviendo así a imponer criterios fracasados y de cuya aplicación ya recogió Chile una mala experiencia, a expensas del sacrificio de los trabajadores.

No puede desconocerse que el actual Gobierno fundó inicialmente su política en un análisis ajustado a la realidad y dentro de las líneas de un modelo teórico que permitió definir objetivos específicos en lo concerniente a la detención del proceso inflacionista y al desarrollo de la economía nacional. Pero también es cierto que paulatinamente se ha ido produciendo un divorcio entre la concepción teórica que inspiró esa política y las medidas puestas en práctica para realizarla, dé tal modo que, poco a poco, la acción gubernativa fue recayendo en el uso de los instrumentos estabilizadores que propugna el Fondo Monetario Internacional y que, dada nuestras estructuras de país subdesarrollado, están desembocando, ahora como en el pasado reciente, en el estancamiento económico y en el aumento del ritmo con que avanza la inflación.

Ayer el Honorable señor Aylwin citó palabras pronunciadas por mí en 1950 sobre la naturaleza y causas de la inflación. La economía es una ciencia que, al igual que todas, progresa en su explicación de la realidad. La ciencia económica hasta 1956 aproximadamente, explicaba la inflación por medio de la teoría monetarista que considera el reajuste de las remuneraciones como uno de los factores originarios de la inflación. Actualmente la escuela estructuralista afirma que esos reajustes son meros mecanismos de propagación y que la inflación tiene otras causas profundas, estimándose como básicas las limitaciones, rigideces o inflexibilidades estructurales del sistema económico, lo que es singularmente válido en los países subdesarrollados como Chile. Comparto plenamente la explicación estructuralista tanto por la solidez y realismo de sus argumentos como porque la experiencia chilena muestra los fracasos de las políticas antinflacionistas seguidas a partir de 1956 basándose en la tesis monetaria. Pienso también que la teoría estructuralista es hoy un valioso instrumento de que disponen los Gobiernos para diseñar y llevar a cabo su política económica. Bajo la inspiración del distinguido economista don Jorge Ahumada, el actual Gobierno fundamentó inicialmente su política económica en un modelo estructuralista. Pero el proyecto de reajustes se aleja de la concepción primitiva y recae en las medidas preconizadas por el Fondo Monetario Internacional, que sigue sustentando las ideas monetarias que no solucionan, sino que agravan, los problemas de los países que, como el nuestro, están aún en la dura etapa del subdesarro11o. No obstante, en el propio partido de Gobierno hay quienes siguen inspirándose en la concepción originaria. El plan de la llamada "vía no capitalista", aprobado el año pasado por la Junta Nacional del Partido Democratacristiano, dice que para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores dentro de un proceso de inflación decreciente, los reajustes deben ser inferiores al 100% del alza del costo de la vida; que en un proceso de inflación constante, deben ser del 100%, y que en un proceso de inflación creciente cual es el caso que está viviendo Chile tienen que ser mayores al 100% del alza del costo de la vida.

En lo referente a la inflación, el Gobierno se propuso reducir el alza a 25% en 1965, a 15% en 1966 y 10% en 1967. En lo que atañe al crecimiento de la economía, se programó una tasa promedio de 5% para 1966 y 1967 y de 6% para 1968, 1969 y 1970. La gravedad que reviste el problema económico y social del reajuste deriva, precisamente, de que el Gobierno fracasó en su política antinflacionista, pues, si bien es cierto que en 1965 el costo de la vida aumentó en el nivel previsto, no lo es menos que, a partir de 1968, la tendencia cambia y de nuevo la inflación inicia su ascenso con un aumento de 17% en 1966 y de 21,9% en 1957, porcentajes ambos que están muy por encima de las tasas de que se habló en 1964. El alza en enero y febrero de 1968 no permite abrigar mayor esperanza sobre el desarrollo de la tendencia inflacionista que viene manifestándose tan acentuadamente durante los últimos dos años.

En cuanto al desarrollo de la economía, el año 1967 marca un notable y grave descenso con respecto al ritmo que la actividad económica tuvo en 1965 y 1966. Mientras que en estos años la economía creció al ritmo de 5% y 6,6%, respectivamente, en 1967 no lo hizo sino en 3% lo que, considerado el aumento demográfico, significa que el producto "per capita" no aumentó, o sea, que la economía nacional entró en una depresión, constituyendo éste el más serio de los problemas que enfrenta Chile, pues se relaciona con las posibilidades de progreso y bienestar. En su exposición, el propio señor Sáez •debió reconocer el fuerte descenso en la actividad industrial, que es el "sector más dinámico de la economía en todos los países del mundo" y que en Chile, sin embargo, según el mismo, en 1967 aumentó su producción en una tasa inferior al 3%, en vez del 9,5% del año 1966. Es decir, en 1967 la actividad industrial sufrió una contracción formidable, advirtiendo que la Sociedad de Fomento Fabril y el Servicio Nacional de Estadística dan tasas de crecimiento industrial muy inferiores a 3%.

Nada de raro tiene, entonces, que, de acuerdo con las últimas informaciones publicadas por la CEPAL, Chile figure ahora entre los cinco países latinoamericanos con más bajo ritmo de desarrollo económico. Los resultados de 1967 no corresponden en absoluto a los objetivos de desarrollo que se predeterminaron en 1964. Muy por el contrario, nuestra economía se encuentra estancada, con las repercusiones inevitables sobre el empleo que se refleja en los altos índices de cesantía que arrojan las encuestas del Instituto de Economía de la Universidad de Chile. La contracción de la actividad económica está rodeada de toda la constelación de efectos sociales y laborales que necesariamente acarrea la paralización del proceso de desarrollo.

El Gobierno prometió detener la inflación y aun llegó a indicar las tasas que seguiría su proceso descendente. Pero el país sigue sufriendo los efectos de una inflación desatada. El Ejecutivo prometió desarrollar aceleradamente la economía y también fijó las tasas de ese crecimiento progresivo. Sin embargo, la economía de Chile está estancada, es decir no crece, sino que se encuentra detenida. El Gobierno condenó los intentos de detener la inflación reduciendo el poder de compra de los trabajadores. Mas en este proyecto lo que se nos propone es precisamente reajustes inferiores al alza del costo de la vida.

Existe una interrelación entre la disminución del ritmo de desarrollo, el rebrote inflacionario, la pérdida de poder adquisitivo de las remuneraciones del trabajo y su adecuado reajuste compensatorio. No son ni pueden ser éstos hechos aislados. La expansión que experimentó la economía durante los años 1965 y 1966 fue, en gran parte, la respuesta espontánea que el aparato productivo dio a la mayor demanda mediante el aprovechamiento de la capacidad instalada ociosa, sobre todo en el sector industrial. Alcanzado el límite de esa capacidad, comenzó a manifestarse la grave alza de precios, que en 1967 condujo a un 21,9% de encarecimiento de la vida y al 8% en los dos primeros meses de 1968.

El rebrote inflacionario pone al desnudo una seria falla en la política económica del Gobierno, que no aprovechó las condiciones extremadamente favorables de 1965 y 1966 para llevar adelante un vigoroso plan de desarrollo industrial a fin de acrecentar la oferta de los bienes de consumo corrientes y salir, así, al paso ele los aumentos en la demanda sin alzas sustanciales en los precios, o sea, sin abocar de nuevo al país a una inflación derivada de la insuficiencia de la oferta. Este Gobierno tuvo, tal vez como ningún otro, los medios y las posibilidades de hacerlo, en razón de los enormes recursos financieros de que ha dispuesto por el fuerte aumento de la carga tributaria y a consecuencia del extraordinario precio alcanzado por el cobre en el mercado mundial. Sin embargo, esos mayores recursos no se canalizaron hacia la inversión, sustrayéndolos a lo que habría podido ser un gran impulso al desarrollo económico del país, en vez del estancamiento que ahora lo aflige. No es justo descargar sobre los trabajadores el peso de una desacertada conducta económica y financiera.

Por otro lado, al reducirse el poder adquisitivo de las grandes masas de consumidores a causa del alza de los precios, disminuye también la demanda y, a través de los vasos comunicantes del comercio, la contracción se trasmite a los sectores de la producción, que se ven forzados a disminuir su actividad, cual es lo que está ocurriendo ahora en Chile. En 1967, hubo una baja de 1,6% en las ventas reales, por efecto, sobre todo, de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. La CEPAL habla en su último informe de "la pérdida de dinamismo de la demanda interna", como uno de los factores que determinaron el descenso en el ritmo del crecimiento industrial chileno. El estancamiento actual de la economía se encuentra, pues, estrechamente relacionado con el empequeñecimiento del mercado interno como consecuencia de la pérdida de poder de compra de los grupos mayoritarios de la sociedad, cuales son los que viven de sueldos, salarios y pensiones.

Por eso pensamos que, aparte el principio de justicia social que envuelve el reajuste del ciento por ciento en el alza del costo de la vida, hay interés general en lograrlo debido a la influencia profundamente dañina que la baja del poder adquisitivo está ejerciendo sobre el ritmo del desarrollo de la economía chilena. En razón de ello, propugnamos que el reajuste en dinero sea de 21,9% y que no se discrimine entre los sectores público y privado. Nuestra actitud no obedece a mezquinas consideraciones de orden electoral ni tiene por objeto obstruir la acción del Gobierno, como se dice por algunos. Nuestra actitud se basa, antes que nada, en la realidad económica chilena y en las muy justificadas aspiraciones de los trabajadores a recuperar el poder adquisitivo perdido. En todo ello, sólo nos guía el alto propósito de servir los intereses nacionales. Estamos luchando por obtener soluciones justas, razonables y realistas. Este, y no otro, es el sentido de nuestra posición.

He dicho.

El señor ALLENDE (Presidente).-

Lamentablemente, ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor SEPULVEDA.-

Deploro también que sea así, pero en todo caso.. .

El señor NOEMI.-

Le cedemos algunos minutos.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

El Comité Demócrata Cristiano le cede parte de su tiempo.

El señor SEPULVEDA.-

Señor Presidente, seré muy breve, no sólo por lo escaso del tiempo de que puedo disponer, sino también porque no tengo la pretensión de hacer en esta oportunidad un análisis a fondo de la situación económica y financiera del país y de los aspectos técnicos del proyecto, análisis que ya han efectuado y seguramente seguirán efectuando, con acopio de antecedentes, los distinguidos colegas que están participando en el debate en nombre de sus respectivos partidos.

Quiero adelantar más bien los fundamentos de mi voto al decir por qué, en mi condición de independiente, concurriré a la aprobación de este proyecto, posición que, por lo demás, es ya muy conocida en la opinión pública, puesto que todo el mundo está pendiente de las fuerzas que aprobarán o rechazarán esta iniciativa de ley.

No tengo posiciones comprometidas de ninguna especie; obro con absoluta independencia. Y si he manifestado, sin ocultarlo en ningún momento, mi propósito de prestar mi aprobación a la ley en proyecto, es porque tengo la convicción de que es mi deber hacerlo.

Esta convicción emana del hecho de que, a mi juicio, el proyecto de reajustes no puede tener mayor dilación en su despacho. Ya han destacado aquí algunos Honorables colegas la situación de angustia en que se encuentran los hogares de los empleados, de los obreros, de los asalariados en general. Ellos están esperando el reajuste, que no es un mejoramiento de su situación económica, sino escasamente una compensación parcial de lo que ha disminuido la capacidad adquisitiva de sus remuneraciones. No puede continuar por mayor tiempo esta angustia; no puede prolongarse indefinidamente. El rechazo del proyecto en su idea general de legislar significaría una postergación cuyas proyecciones difícilmente podemos calcular en este momento. No sabemos cuándo podría formularse un tercer proyecto de reajustes ni tampoco qué suerte correría.

No es fácil conjugar las voluntades de los distintos sectores políticos del país ni de los gremios para satisfacer sus anhelos. Este tipo de iniciativa tiene la rara y penosa virtud de no satisfacer a nadie: los que esperan una compensación de sus remuneraciones, generalmente pretenden, con justicia, más de lo que se les puede dar; y los que deben soportar el peso del financiamiento de los mayores gastos, reciben una nueva carga tributaria, nuevos sacrificios, que van más allá de lo que es prudente establecer. Conocida es la situación de saturación tributaria que está viviendo el país. Se habla de fatiga tributaria desde hace muchos años, y ya nadie la niega ni la discute. Todos saben que nuestras actividades productoras están agobiadas de impuestos. Sin embargo, éste parece ser nuestro destino: mientras no podamos detener la inflación, tendremos que seguir haciendo sacrificios todos los sectores. Ya no basta con que contribuyan los que más ganan: deben hacerlo también los ciudadanos de medianos y pequeños ingresos, para satisfacer estas nuevas necesidades de remuneraciones.

Entonces, el proyecto no es para satisfacer a nadie. Con él simplemente se trata de cumplir una necesidad de justicia elemental, que es compensar en parte siquiera pues el proceso inflacionario avanza más rápidamente que todas las compensaciones que se puedan otorgar la pérdida de capacidad adquisitiva de sueldos y salarios, tanto del sector público como del privado.

Se ha discutido, a veces, que el Congreso tenga facultades para rechazar proyectos de esta naturaleza. Creo que tal planteamiento no es atinado ni oportuno, que no debe hablarse de crisis institucionales y que tampoco debe tratar de presionarse per el sistema de alarma al Parlamento o de decirle que tiene la obligación ineludible de aprobar este tipo de legislación. No es así. Tenemos facultades constitucionales para aprobar o rechazar el proyecto. Si poseemos atribuciones para aceptar, también las tenemos para rechazar. Sólo un Congreso que no estuviera constituido en institución democrática, como el nuestro, se hallaría compelido inevitablemente a aprobar la iniciativa por carencia de facultades para rechazarla.

Discrepo de ese género de argumentaciones, pero sí estimo que nosotros debemos ejercer nuestra facultad de aceptar o rechazar con pleno convencimiento y sentido de responsabilidad. En el caso específico del proyecto que nos ocupa, considero que debemos ejercer nuestras facultades acogiendo la idea de legislar aun cuando no nos satisfaga. A mí no me gusta el articulado en muchos aspectos; sobre todo, no me satisface en lo relativo al financiamiento, por juzgarlo exagerado y gravoso y motivo de nuevas presiones inflacionarias, que deprimirán nuestra capacidad de producción e introducirán mayor injusticia en muchos tributos que ya son excesivos. Tamposo me agrada que haya discriminaciones odiosas para algunos sectores de funcionarios públicos, y quisiera verlas desaparecer. Pero sé que, aunque no me guste, es indispensable reajustar los sueldos y salarios, y pronto, porque, como muy bien se decía hace algunos instantes, la inflación camina más rápido de lo que quisiéramos y sus efectos agravarán cada día más la situación de los hogares modestos.

Además, debemos tener presente otro tipo de consideraciones. Constitucionalmente no estamos habilitados para mejorar el proyecto por nuestra propia iniciativa. Podemos hacerlo sólo en la medida en que concurramos con el Ejecutivo en la necesidad y en las posibilidades de llevarlo a la práctica. De acuerdo con la Constitución y aquí sí que estamos limitados en el ejercicio de nuestras facultades, esta clase de proyectos es de iniciativa del Gobierno. Por mandato del artículo 45 de la Carta Política, después de la reforma de que se le hizo objeto, el Ejecutivo tiene la iniciativa en este orden de materias, y las facultades del Congreso están limitadas. Exclusivamente el Gobierno puede, con arreglo a este artículo, tomar la iniciativa para conceder o aumentar sueldos y gratificaciones al personal de la Administración Pública. El Congreso Nacional sólo puede dice la Constitución disminuir o rechazar los servicios, empleos o emolumentos. Ello quiere decir que no nos es permitido aumentarlos; que podemos pedir que se aumenten ; que podemos representar la necesidad de que se proceda en esos términos; que podemos reclamar que no se hagan discriminaciones injustas u odiosas. Pero no es nuestra responsabilidad aumentarlos cuando el Ejecutivo nos dice que no puede o no está en condiciones de hacerlo. Nuestra posibilidad es criticar, es proponer soluciones; pero llegar hasta impedirle que se legisle sobre la materia, me parece que es ir más allá de lo que la doctrina constitucional aconseja e impone.

El señor BARROS.-

¡Vamonos para la casa!

El señor SEPULVEDA.-

Este proyecto es de responsabilidad del Ejecutivo y, si no resulta satisfactorio, ella no debe recaer sobre nosotros, aun cuando concurramos con nuestros votos a su aprobación, porque lo que estamos aprobando es la necesidad de legislar, no los beneficios que esta legislación otorga y que, para muchos de nosotros, son insuficientes. . .

El señor SEPULVEDA.-

Muchas gracias.

Para terminar, reitero que, por las consideraciones expuestas, votaré favorablemente. Al mismo tiempo, hago presente que mantendré la libertad con que estoy actuando, para rechazar o apoyar las indicaciones tendientes a modificar el proyecto o a corregir las injusticias que, según admitimos todos, existen en él. Anuncio, pues, mi voto afirmativo a la idea de legislar y me reservo absoluta libertad para actuar en la discusión particular si la iniciativa se aprueba en general, como lo espero.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Señor Presidente, el Senador y compañero Luis Corvalán confirmó en su discurso de ayer la posición del Partido Comunista, ya conocida, con relación al proyecto de reajustes y expuso con amplitud los fundamentos de nuestro voto favorable en este trámite, sin perjuicio de que rechacemos diversas disposiciones lesivas para los intereses de los trabajadores, y sin perjuicio, asimismo, de las indicaciones que a su debido tiempo formularemos, en el caso de que se produzca el trámite de la discusión particular.

El Partido Comunista defiende a los trabajadores.

El discurso del Honorable señor Corvalán, claro, denso, realista, contiene una síntesis de la política del Partido Comunista respecto de las materias de que se trata, y demuestra que la actitud de nuestra colectividad ha estado en esta ocasión, como siempre, inspirada en el propósito superior de defender los derechos y libertades del movimiento obrero y de satisfacer la urgente necesidad de otorgar un reajuste decente a los trabajadores, tanto del sector público como del privado, que no puede dilatarse por más tiempo.

Mi propósito es referirme tan sólo a uno de los temas o aspectos más importantes vinculados al problema que estamos tratando en este momento.

El señor Presidente de la República pronunció anteayer un discurso muy extenso ante la Convención Nacional de la Producción y del Comercio, torneo que se realiza en estos instantes en Santiago. En su alocución, el señor Frei se dedicó fundamentalmente a exponer su labor de tres años de Gobierno, de la mitad de su período, y a exaltarla en términos realmente ditirámbicos. Los señores Senadores conocen y han leído el texto de ese discurso no dispongo de suficiente tiempo para referirme a todas las afirmaciones que contiene en su primera parte, pero podría decir que el Jefe del Estado cantó un himno a su obra, describiendo al país en una condición de excepcional progreso y crecimiento. Al leer sus palabras es lícito pensar que parece estar aludiendo a otro país, porque sus expresiones chocan violentamente con la realidad que ve y padece cada chileno y cada chilena.

Resulta increíble que los actuales gobernantes sean incapaces de autocrítica seria y profunda. Dicen que en el pasado los dioses cegaban a quienes querían perder; ahora los privan de su capacidad de autocrítica. Los gobernantes de hoy tienen verdadera predilección por el sensacionalismo y la exageración demagógica, que, evidentemente, no pueden servirles de brújula en medio de una compleja y muy difícil situación económica, política y social por que atraviesa el país.

Es cierto que el señor Frei, aunque débilmente y con reservas implícitas, se refirió también a tal situación, cuando dijo: "Sin embargo," de todo lo anterior, del bello panorama que expuso a la nación "sería vano desconocer que el país vive una grave inquietud y se enfrenta a muy serios problemas de todo orden". Y más adelante confirmó estas palabras en los siguientes términos: "Es claro que este cuadro presenta también graves problemas y sombras amenazantes".

Somos partidarios del desarrollo económico independiente.

El Partido Comunista es fervoroso partidario de impulsar el desarrollo económico de la nación. El desarrollo económico de Chile es una necesidad impuesta por la historia, es una necesidad que requiere solución urgente; es reclamado clamorosamente por la clase obrera, por los campesinos, por las clases medias; es una preocupación nacional y patriótica. Pero, ¿de qué desarrollo se trata? Para que el desarrollo económico cumpla sus funciones es indispensable que se sustente sobre ciertas y determinadas normas, a fin de que sea eficaz. No basta el desarrollo material. Es necesario que el desarrollo se produzca y se realice en toda su integridad: desarrollo material y cultural, democratización de las instituciones y, fundamentalmente, que conduzca al bienestar del pueblo.

La grave inquietud y las sombras amenazantes que reconoce el señor Presidente de la República, que prevalecen en la actualidad, emanan precisamente de que la política del Gobierno en esta materia no tiende a los objetivos que acabo de mencionar, sino que los contraría abiertamente. Me referiré tan sólo a uno de ellos: al bienestar popular.

Las reclamaciones de los trabajadores son justas.

En las Comisiones unidas tuvimos oportunidad de oír a innumerables representantes de organizaciones sindicales y gremiales. ¡Cuántas quejas, cuántas reclamaciones, cuántas protestas escuchamos respecto de la política que ellos están sufriendo y que ha sido impuesta por la Democracia Cristiana! A nuestro juicio, los trabajadores tienen razón. Los sueldos, los salarios y las pensiones han bajado en valores reales, y nadie puede negarlo. La pérdida de su poder adquisitivo es un hecho absolutamente indiscutible. La estructura del presupuesto de millones de familias chilenas ha debido ser modificado en los últimos años, sacrificando consumos indispensables para poder comer apenas. El salario mínimo obrero es de hambre. El sueldo vital no tiene nada de vital. El reajuste que se ofrece mediante este proyecto es mezquino. Además, en las Comisiones unidas tuvimos oportunidad de escuchar la denuncia que formularon diversos gremios en el sentido de que el Gobierno ha desconocido y pisoteado convenios solemnemente pactados y suscritos por hombres de Gobierno, como en el caso de los maestros, los trabajadores de la Salud, el personal de Correos y Telégrafos y otros.

Pauperización de los trabajadores.

El hecho predominante en la situación actual es, pues, la pauperización de las masas trabajadoras: obreros, campesinos, empleados, pequeños comerciantes o industriales, artesanos y otros sectores de Los clases medias, ¿Qué poder de convicción pueden tener las estadísticas que se exhiben con tanta fruición por los representantes del Gobierno, si el incremento de la producción obtenido durante algunos años se alcanzó mediante el sacrificio de la fuerza productiva por excelencia: los trabajadores? La inquietud y las sombras amenazantes provienen, precisa y necesariamente, de esta situación pavorosa.

El pueblo no puede ni quiere seguir viviendo en las condiciones de creciente deterioro de sus ingresos reales y de una redistribución injusta del ingreso nacional. El paro del 23 de noviembre del año pasado y los combates de los sectores público y privado, que están en pleno auge, demuestran que es más peligroso que lo que se supone seguir por el camino actual. Las medidas de represalia, los procesos, los encarcelamientos, los despidos, las agresiones contra los huelguistas y manifestantes son armas que no hacen sino agravar los actuales conflictos.

En consecuencia, los comunistas acusamos al Gobierno democratacristiano de ser responsable de los materiales explosivos que están acumulándose en la situación social del presente; y ante todo, lo acusamos de ser culpable de la degradación del nivel de vida de los más amplios sectores de la masa trabajadora.

El señor Frei reconoce en el discurso mencionado que el producto bruto ha descendido, lo cual revela que la economía se despeña hacia la agravación de la crisis actual. Expresa que a él le duele dicha rebaja, que ha caído al uno por ciento, o, tal vez, menos. Pero no se condolió de que, por culpa de su Gobierno, el pueblo coma menos en las circunstancias actuales.

La crisis económica: la inflación.

Este estancamiento o recesión se produce precisamente cuando los grandes monopolios nacionales y extranjeros han obtenido las más altas utilidades y los privilegios más exorbitantes, como, por ejemplo, los contenidos en los llamados convenios del cobre y otros. Entretanto, a los trabajadores se les ofrece un reajuste notoriamente insuficiente, y ello a pretexto de que hay que frenar la inflación, tratando de aterrorizar al país con el espectro de ella.

El Honorable señor Aylwin, en su discurso de ayer, dijo:

"La política programada por nuestro Gobierno para detener el proceso inflacionario se ha quebrado porque, en el hecho, los reajustes que han obtenido los trabajadores en este período han sido superiores a los que se habían previsto".

Y más adelante agrega:

"Parece evidente que hemos llegado a un punto en que la redistribución de ingresos hecha en estos tres últimos años a favor de los trabajadores debe tener un alto".

Estas afirmaciones del Honorable señor Aylwin tuvieron me parece una respuesta anticipada en el discurso, que mencioné al comienzo, del Honorable señor Luis Corvalán, Secretario General de nuestro partido, y no voy, naturalmente, a repetirla. Sin embargo, conviene establecer que la famosa teoría del círculo infernal, según la cual el aumento de sueldos y salarios trae inexorablemente la elevación de los precios, hace ya tiempo que está desacreditada y se encuentra caduca, por la sencilla razón de que es apologética y no científica, como lo demuestran tanto la experiencia del mundo capitalista como la nuestra.

La clase obrera no es culpable de la inflación.

En la sesión de ayer, el Honorable señor Corvalán expresó que los trabajadores no son culpables de la influencia, y yo, por mi parte, aprovecho ahora para subrayar esa afirmación como tesis fundamental.

Los precios pueden subir sin que se aumenten los sueldos y salarios. Por el contrario, pueden bajar aun cuando las remuneraciones se mantengan inalterables o se aumenten.

Todas las especulaciones sobre la espiral inflacionista, que responsabiliza a los trabajadores de ese fenómeno, tienden a justificar la aplicación más a fondo de las brutales leyes del capitalismo, a fin de ahondar la explotación y opresión de los asalariados bajando el precio de la fuerza de trabajo.

Negarnos, pues, que el Gobierno democratacristiano haya aplicado realmente una política antifl acionista. El propio proyecto que consideramos en estos momentos lo demuestra, en especial por su financiamiento y por el enorme aumento del impuesto indirecto a las compraventas.

Caída de la producción.

La Democracia Cristiana no niega más bien lo afirma, y esto constituye uno de los planteamientos fundamentales con que trata de defender esta iniciativa, que concita las críticas de los más diversos sectores que desea restringir o, más bien, seguir restringiendo, el consumo de las masas. Pero resulta que la disminución del mercado interno, de la capacidad de compra, ha traído una consecuencia inexorable : la caída de la producción.

Ciertamente, el Gobierno actual no ha sido original en esta materia. Se ha contentado tan sólo con repetir con obcecación la fracasada experiencia de administraciones anteriores, inspiradas, corno todos sabemos, en la receta de la Misión KleinSaks y en las fórmulas del Fondo Monetario Internacional.

El Honorable señor Aylwin reconoció que los Gobiernos de los doce años anteriores a la "era" democratacristiana, en su supuesto afán antinflacionista, otorgaron reajustes inferiores al aumento del índice de precios al consumidor. Pero fracasaron en su gestión y la inflación siguió agravándose.

El proyecto que consideramos, como es fácil comprobarlo, no aumenta los sueldos, ni los salarios ni las pensiones: solamente reajusta esas rentas a la capacidad adquisitiva da 1967. Ello no significa, de manera alguna, que el reajuste mantenga el nivel de vicia de que gozaba la población durante el año anterior.

Son innumerables las razones que abonan este planteamiento. Veamos las principales.

En primer lugar, cuando no se trata de índices parciales de precios al consumidor, sino del nivel de vida de la población, es necesario tomar en cuenta el conjunto de ésta, es decir, a los trabajadores como clase. Debe considerarse, por consiguiente, no sólo a los que trabajan, sino también a los desocupados. Los cesantes, que suman centenares de miles y están absolutamente abandonados por el Estado y los patrones, han sido empujados a un nivel de vida subhumano y su consumo alcanza apenas para sobrevivir.

Asimismo debe tomarse en cuenta otro sector de la clase obrera: al sector pasivo, a los jubilados y, en particular, los pensionados del Servicio de Seguro Social. No dispongo de tiempo para comentar ampliamente este asunto; pero, por lo menos, permítaseme recordar a Sus Señorías que en el texto del informe elaborado por las Comisiones unidas de Gobierno y Hacienda, aparecen datos que configuran la magnitud de la injusticia cometida con esa modesta gente. Las pensiones de invalidez y vejez ascienden a 172,99 escudos. Estas rentas deberían subir, de acuerdo con la ley 10.383, que estableció un reajuste de 37%, a 237 escudos. Pero resulta que el proyecto, tal como viene de la Cámara de Diputados, aumenta tan sólo en 30% esas pensiones, con lo cual la cifra mencionada disminuye a 224,89 ascudos. Por último, si se aplica la norma del primitivo artículo 110, propuesto por el Gobierno, en 1968 las pensiones por invalidez y vejez ascenderían sólo a 205,44 escudos, en lugar de 237. No hay palabras para condenar esa actitud de desprecio inhumano para con este vasto sector de trescientas mil familias que perciben pensiones del Servicio de Seguro Social.

En tercer lugar, es un hecho que la productividad ha aumentado notoriamente durante los últimos años y que los beneficios de ello han sido acaparados por los capitalistas, en especial por las grandes empresas nacionales y extranjeras.

También abona nuestra afirmación la circunstancia de que el porcentaje de aumento del índice de precios al consumidor es inferior al de la inflación real, como muchas veces se ha demostrado en esta Sala.

Por último, cabe señalar que el reajuste ofrecido, aunque fuera para todos de 21,9%, es un aumento puramente nominal, pues sufre innumerables descuentos con motivo de impuestos que se reajustan automáticamente todos los años, imposiciones provisionales, etcétera. ¡ Imaginen Sus Señorías qué quedará de este mezquino reajuste si el impuesto a la compraventa sube en porcentaje enorme con relación a las tasas en vigencia! Por término medio, probablemente aumente, de 15%, a 20%, lo cual significa una inmensa exacción para los escuálidos ingresos de los trabajadores, para la gente modesta que constituye las nueve décimas partes de la población y, por consiguiente, consume en esa misma proporción bienes gravados por los impuestos a la compraventa, lo cual viene a significar que aporta las nuevas décimas partes del producido de ese tributo.

A propósito de rendimiento, sabemos que el Gobierno ha calculado en 178 millones de escudos el proveniente del impuesto a la compraventa, en circunstancias de que para completar la provisión de fondos para financiar el reajuste se necesitan poco más de doscientos millones de escudos. Ello demuestra que el proyecto, en esta parte, se financia casi exclusivamente sobre la base del gravamen mencionado. A nuestro juicio, ello es verdaderamente irritante.

El Gobierno está, pues, empeñado en aplicar una política inhumana de creciente pauperización y miseria de la clase trabajadora.

¿Será posible, en tales circunstancias, salir del marasmo e impulsar el incremento de la economía nacional? La rebaja del poder de compra de la población es, precisamente, el ingrediente más eficaz para ahondar la crisis económica que padecemos. Por eso vemos que la inflación se ha desbocado y crea sombrías amenazas, por cuanto el Gobierno enfoca el problema de una manera falsa, pues no ha actuado sobre las verdaderas causas del fenómeno.

A nuestro juicio, es imposible levantar al país de la postración y fomentar el crecimiento de sus fuerzas productivas; si el sistema económico sigue sometido a los intereses de los grandes monopolios nacionales y extranjeros; si el imperialismo impone al país una hemorragia de divisas por las cuantiosas utilidades que le rinden sus empresas e inversiones y por los intereses y amortizaciones de sus empréstitos y créditos; si el valor de nuestra moneda baja aceleradamente, pues el escudo es prisionero del dólar, que se debate en una grave crisis del sistema monetario capitalista; si se sigue tolerando la fuga de capital; si, en fin, se mantiene la selva de franquicias tributarias que favorece a los poderosos y se otorga a éstos nuevos y más irritantes privilegios a expensas del país.

Ninguno de estos: problemas se ha encarado. Por el contrario, la política del Gobierno democratacristiano se ha caracterizado por defender de la inflación a los magnates y arrojar a las llamas de ella a los trabajadores.

El artículo 298 del proyecto en debate otorga el derecho a revalorizar los activos, previo pago de un mísero impuesto, con lo cual se alivia a los poderosos de su carga tributaria y se les permite, al mismo tiempo, burlar el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas, reconocido por el Código del Trabajo.

En el impuesto sobre la renta mínima presunta, más conocido con el nombre de patrimonial, se rebajó el impuesto de primera categoría, de 20%, a 17%. Al mismo tiempo que, mediante el veto, se rechazó la disposición aprobada por el Senado, según la cual, en lo que respecta a obreros

y empleados, el impuesto se pagaría tan sólo sobre los sueldos y salarios imponibles.

Está claro, pues, que estamos en presencia de una política de clase, de una escalada contra obreros, empleados y pensionados; es decir, ante una ofensiva contra el nivel de vida de los trabajadores chilenos.

Mientras el Gobierno mantenga su política de asociación con el imperialismo como si éste tuviera interés en promover nuestro desarrollo y de conciliación con la Derecha, que trata de imponer ritmo lento a la reforma agraria y a la aplicación de otras disposiciones legales, resultará incapaz de fomentar el verdadero desarrollo independiente y el bienestar del país.

El señor REYES ( Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Honorable señor Palma.

El señor IBAÑEZ.-

Pero esas son meditaciones marxistas.

El señor PALMA.-

Señor Senador, se trata de problemas sobre los cuales se puede tener las más diversas opiniones.

El señor TEITELBOIM.-

Muy interesante la observación del Honorable señor Ibáñez. Es "sesuda".

El señor IBAÑEZ.

Sabía que el Partido Comunista defendería esas meditaciones.

Esfuerzos nacionales.

El señor PALMA.-

El aspecto más negativo de algunas exposiciones muchas de ellas muy interesantes desde otro punto de vista realizadas durante el debate, consiste en analizar el proyecto de reajustes en forma aislada, como si no se tratara de una dimensión de un proceso total de cambios, de un programa de desarrollo económico y, también, de algunas realidades constitucionales e institucionales que entraré a destacar en esta oportunidad. Por eso, encuentro razón a los Honorables señores Bossay y Sepúlveda al hacer, ayer y hoy, respectivamente, algunas reflexiones en torno de la situación propiamente constitucional que surge respecto del proyecto en debate.

No se puede vota?' negativamente.

Aunque reconozco mis limitaciones para abordar este aspecto de la materia, pienso que, en realidad, nos encontramos ante una iniciativa legal que, por decirlo así, forma parte integral del presupuesto de la nación. Este último, de acuerdo con el artículo 44 de la Carta Fundamental, se tramita de manera especial, y su aprobación, en la práctica, es obligatoria, puesto que si no es aprobado por el Congreso al 31 de diciembre, la Constitución prevé que queda vigente la iniciativa presentada por el Presidente de la República.

Por eso, y por estar el proyecto de reajuste destinado a normar precisamente asuntos típicos de un presupuesto, como son la fijación de sueldos, la creación de cargos o modificación de los mismos los cuales, en virtud de disposiciones constitucionales y legales, están específicamente determinados como facultades del Ejecutivo no es dable, en mi concepto, aceptar sin mayor estudio la teoría de que dicho proyecto puede ser rechazado en general. De aceptar esa teoría, se cae en una discutible interpretación con el espíritu con que el constituyente estableció el artículo 44.

Desde hace días, este problema me ha preocupado. Pedí los textos de los debates ocurridos en la Comisión de Reformas Constitucionales de la época, en los cuales constan declaraciones muy precisas sobre el particular. Por ejemplo, en la sesión del 2 de junio de 1925, el señor Vicuña Fuentes sostuvo de manera específica y categórica que el objetivo del artículo 44 de la Constitución obedece a que el Ejecutivo posea facultades para fijar sueldos y salarios, así como gastos públicos; y llega a agregar que en este orden de materias exigiría aun la exclusividad. En este debate también intervinieron, entre otras muchas personalidades de la época, don Guillermo Guerra, don José Maza y el señor Barros Borgoño. Después de una larga discusión, se llegó a concluir que la facultad en referencia compete en forma esencial y básica al Poder Ejecutivo, facultad que, por lo demás, siempre se le ha reconocido.

¿Está el proyecto de reajustes desligado del de presupuesto? No, porque alude precisamente a los temas específicos que en éste se consideran y que competen a toda la Administración Pública, y contiene diversas disposiciones que alteran sueldos y salarios de los funcionarios públicos. Siendo así, a mi modo de pensar y la Carta Fundamental así lo establece, tal proyecto debe ser aprobado en general, aun cuando posteriormente puedan introducírsele modificaciones.

Es explicable que así ocurra, por cuanto las iniciativas legales tendientes a reajustar las remuneraciones de los trabajadores, cuyo origen data de los últimos años, no fueron previstas y ni siquiera analizadas por el constituyente durante esos debates. Y es lógico que así sucediera, porque las condiciones en que entonces se desenvolvía el cuadro de las funciones del Estado y el proceso económico de la época, no hacían imperativo, como en la actualidad, el envío de un proyecto de reajustes que tenga en cuenta los diversas nuevos factores y que en el presente es siempre necesario.

En el debate de la constituyente a que me referí, se discutió latamente en cuanto a la oportunidad en que debía presentarse al Congreso el proyecto de presupuestos, de manera que éste pudiera pronunciarse con el tiempo y los antecedentes suficientes. Se llegó a la conclusión de que dicho plazo debía ser cuatro meses antes de la fecha en que debía a empezar a regir. Hoy, en ese tiempo es imposible prever las condiciones en que se desenvolverán la economía y el desarrollo social de un país, lo que nos enfrenta a un problema sobre el cual forzosamente habremos de reflexionar en una próxima ocasión.

En la actualidad, existen nuevos elementos, no considerados antes, que obligan a dictar leyes de reajustes de remuneraciones mediante la misma tramitación dispuesta para el proyecto de presupuestos. No cabe duda de que iniciativas de esta naturaleza pueden eventualmente paralizar la vida del país, situación contra la cual se pronunciaron los constituyentes de manera específica. Es indudable, también, que tal proyecto debe tratar asuntos cuya solución no puede preverse en la fecha de la presentación del presupuesto. En ese período, que en este caso particular no significa anticiparse cuatro meses, sino ocho, tiempo que media entre el momento en que se presentó la iniciativa y su discusión en este instante en la Sala, intervienen muchos factores imposibles de conocer previamente, dada la interrelación existente entre nuestra economía y la internacional. Tampoco es posible prever los muchos otros procesos que, en los últimos cuatro meses de cada año, pueden surgir con relación a estas materias.

Retorno parlamentarista.

No deseo analizar otro aspecto, sobre el cual, por cierto, invito a meditar a los señores Senadores: la presión ejercida sobre el Ejecutivo para que previamente modifique diversos preceptos del proyecto de reajustes, con el objeto de facilitar su despacho, equivale, en cierta forma, a retornar al régimen parlamentario, reemplazado precisamente por la actual Constitución para corregir los defectos que oportunamente fueron advertidos.

No me cabe la menor duda de que el régimen presidencial como decía ayer el. Honorable señor Corvalán debe ser sometido a una crítica, que nosotros aceptamos. Una de las primeras medidas adoptadas por el actual Gobierno, consistió en enviar un proyecto de reforma constitucional. En él se contenían muchas de las ideas sugeridas en este debate. Perfectamente, ellas podrían formar parte de las; enmiendas necesarias a la Carta Fundamental, para que, sin caer en el parlamentarismo excesivo a que se nos quiere arrastrar por estas vías indirectas, se modifique la actual rigidez con que, en muchos aspectos, la Constitución confiere a las funciones desempeñadas por los Poderes del Estado, en particular en el ámbito político.

Este es un problema muy importante, pero sobre el cual no deseo extenderme ahora demasiado. Por lo demás, en la Sala hay muchos señores Senadores que podrán analizarlo no en esta oportunidad, sino en otra con mayor propiedad y versación.

Reajuste, parte del programa.

Deseo llamar la atención sobre otro aspecto extraordinariamente importante en este debate: el análisis del proyecto de reajustes en forma aislada, no considerándolo dentro del cuadro total del programa puesto en marcha por el Gobierno. Algunos señores Senadores afirman que se trata de un plan esbozado acabamos de oírlo al Honorable señor Baltra, pero no cumplido; realizado en parte, ocasionalmente impulsado, pero distorsionado posteriormente por diversas causas. Lo cierto es que existe un plan y el proyecto de reajustes no puede ser considerado sino como parte de él. En su conjunto, ese plan está destinado a modificar lo que se ha llamado, con razón, las condiciones estructurales que llevan al lento desarrollo de la economía chilena, a la insuficiente participación de los sectores más postergados de la sociedad, y a que la economía carezca de la dinámica adecuada para lograr precisamente que esa participación aumente simultáneamente con el producto nacional.

Nadie puede desconocer que, en el orden de las transformaciones estructurales, el Gobierno ha tomado muchas medidas tendientes a resolver lo que algunos especialistas, que han analizado la realidad latinoamericana, denominan condiciones o causas determinantes del subdesarrollo. Así, en un análisis elaborado por Celso Furtado no leeré sino los títulos anota como factores determinantes del subdesarrollo la inestabilidad política básica, el desarrollo desordenado por la falta de planificación, la pobreza técnica, las estructuras económicas básicas más intocables, la limitación de la incapacidad de ahorro nacional, la ausencia de todo control sobre las inversiones extranjeras., la dependencia casi exclusiva de la monoproducción y monoexportación, y a la falta, en fin, de una filosofía del desarrollo. Es éste un conjunto de factores que han sido objeto de meditaciones para más de un Gobierno; pero es evidente que la Administración que más ha procurado impulsar un plan de desarrollo, ha sido la actual. Por. primera vez en la historia de este siglo, se trata de modificar de manera profunda los factores estructurales que han detenido el desarrollo económico chileno.

El señor PALMA.-

Pero lo que no puede desconocerse es que en las últimas décadas se han hecho esfuerzos extraordinarios para romper algunas condiciones estructurales tradicionales de América Latina, que impiden su desarrollo, que potencialmente parecería ser uno de los más altos del mundo. A nuestras riquezas naturales, se unía una tradición de tipo europeo que teóricamente debió habernos permitido seguir a la zaga del proceso económico desarrollado en esa zona, fuente del pensamiento y del progreso. Chile ha realizado en este sentido un esfuerzo notable. Por ejemplo, la creación de la Corporación de Fomento constituyó un hecho importante" dentro de la vida nacional, pues tuvo características que vale la pena destacar, sin menoscabar en absoluto las realizaciones que en esa época se llevaron a cabo.

Ante todo, aquéllas fueron medidas que no tocaron las estructuras ni los intereses tradicionales; que, por actuar muy específicamente sobre áreas vírgenes por así decirlo de la economía nacional, no encontraron la resistencia que ahora estamos encontrando nosotros por empezar a tocar, por primera vez en Chile, esas estructuras tradicionales. El petróleo no era sino una aspiración de los chilenos; el acero, explotado por industrias pequeñísimas, no tenía importancia; la electricidad constituía un desorden municipal en todas partes del país, aun cuando podía perfectamente organizarse; y los aportes que se hicieron a las diversas empresas, muchas de las cuales se desarrollaron, después, con bastante éxito, tuvieron todos como principal característica la de continuar la tradición típica del país. Como consecuencia, Chile tenía, evidentemente, de 1945 a 1950, más producción, más desarrollo que antes de 1938, pero en sus aspectos estructurales, las condiciones eran las mismas de esa época.

Un cambio de fondo.

¿Qué ha ocurrido, al iniciarse este Gobierno? Todos los chilenos nos hemos preguntado seriamente por qué, a pesar de esos extraordinarios esfuerzos, a pesar de las grandes inversiones, el cuadro económico chileno era de continua inflación y, desde nuestro punto de vista, de postergación de vastos sectores; un cuadro, en fin, en que los factores negativos eran muy significativos. Y, como era natural, todos hemos caído en análisis que hoy día resultan relativamente sencillos y repetidos, pero profundamente reales.

La estructura agraria del país no se había adecuado a la realidad del mundo moderno. No se había capitalizado, entre otras razones, porque la capacidad tecnológica y las condiciones en que se desenvolvía la sociedad empresarial la imposibilitaban para adaptarse a una adecuada capitalización. Por lo general, el fruto de la explotación agrícola se obtenía por cultivo de extensión, simplemente superficial, o se invertía en otras áreas, sin tomar en cuenta que uno de los factores fundamentales de una buena economía es invertir en el agro, sector que tanta importancia tiene en la vida de todos los países.

Hoy día acabo de leerlo en una de esas revistas: que suelen llegar a nuestras manos, una de las más grandes preocupaciones de los Estados Unidos proviene de que en los dos últimos años se ha notado un descenso en la inversión en el sector agrícola, lo que ha empezado a preocupar al comité de asesores económicos que constituye la oficina de planificación de ese país.

Nuestro Gobierno estimó básico el problema del agro; básico, no sólo desde el punto de vista económico, de la producción, sino también en el aspecto social. Durante siglos, había sido prácticamente igual la estructura social del país, y las posibilidades de ascenso de los tres millones de personas que en los últimos años han vivido en el campo estaban virtualmente paralizadas. De ahí que hayamos considerado necesidad fundamental del país modificar una estructura tan rígida y de limitada eficiencia.

A quienes se preguntan en qué se han invertido los ingentes recursos de que ha dispuesto este Gobierno en los últimos años, yo los invitaría a meditar sólo sobre las inversiones que se han hecho en el sector agrícola. Las cifras indican que durante el año pasado, de 1967, hemos invertido en reforma agraria entre CORA, INDAP y Servicios anexos una cantidad que se aproxima a los setenta millones de dólares, cifra que resulta verdaderamente astronómica, cualesquiera que sean las consideraciones posteriores sobre el proceso económico del país.

En este análisis de lo que pudiera ser la estructura primaria de Chile, tampoco nos hemos detenido ni hemos aceptado las fórmulas tradicionales para modificar otro aspecto fundamental de nuestra economía: la minería. Este es un país básicamente minero; es un país en el cual el desarrollo de esta actividad es, sin duda alguna, por así decirlo, primordial, porque nos permite participar en el comercio internacional y, con ello, nos brinda posibilidades de adquirir bienes y capitalizarnos adecuadamente en lo industrial y en lo social. Podrá tenerse el criterio que se quiera sobre nuestra política minera en sus aspectos principales el cobre y el hierro; pero lo cierto es que por primera vez en veinte años esa política ha cambiado. El país tuvo que esperar que alguien con decisión, pasando por encima de prejuicios y de preocupaciones de segundo orden en este asunto, encontrara fórmulas adecuadas para moverse dentro de la realidad del mundo latinoamericano. Y es así como, por primera vez, este Gobierno ha puesto en marcha un programa que significará obtener, en 1971 ó en 1972 porque todos los programas se han atrasado, aun cuando el precio del cobre bajara en forma extraordinaria, cantidades que nos permitirán mantener todos los niveles sociales que en los últimos años hemos tratado de dar a la población de Chile.

Porque es efectivo que se ha realizado también una redistribución del ingreso, de gran envergadura, otro de los factores que hacía que el país estuviera paralizado.

Razón se tiene cuando se dice aquí que una distribución regresiva del ingreso es uno de los factores más negativos para el desarrollo económico. No cabe duda de que la falta de capacidad de compra de las grandes masas constituye una de las barreras que los países deben enfrentar para llevar adelante su desarrollo. Y por esto es que nosotros hemos estado realizando un proceso de redistribución del ingreso que ha sido extraordinario, que nadie puede discutir. Se podrá hablar, como se ha hecho en esta Sala en el día de hoy y el de ayer, de que los niveles de sueldos de la categoría "A" o de la categoría "B" son relativamente bajos y limitados. Es cierto, son ingresos bajos con relación a las necesidades del momento actual, a lo que uno concibe como sociedad desarrollada. Pero son, con todo, niveles de ingreso muchísimo más altos, en proporción con el costo de la vida, que aquellos con que nos encontramos en 1964.

Condición de los chilenos.

Como no quiero extenderme en exceso sobre esta materia, pediré incluir en la versión de mis observaciones dos cuadros objetivos y simplísimos a los cuales ya me he referido en ocasiones anteriores, pero que entonces estaban incompletos. Ahora que ya se han concluido, deseo que se inserten en mi discurso.

Esos cuadros retratan la capacidad adquisitiva de un empleado particular que gana el sueldo mínimo y tiene tres cargas familiares; la de un obrero que gana el salario mínimo industrial y percibe asimismo tres asignaciones familiares; y la de un obrero con sueldo vital de la escala "A" y tres asignaciones familiares. Ahí podemos ver que la capacidad adquisitiva de esos sueldos y salarios aumentó extraordinariamente, al terminar el año 1967, con relación a 1964. Aunque debo agregar que, por desgracia, falta en esos documentos una columna correspondiente al mes de junio o julio de 1967, en que las cantidades serían todavía más altas, porque en esa fecha empiezan a bajar hasta llegar a las cifras señaladas para diciembre del año recién pasado, sobre el cual estamos haciendo análisis en este momento. Y ello es así porque a mediados del año pasado empezaron a sentirse los efectos de los factores inflacionarios y de otros que comenzaron a frenar parte del programa de desarrollo en marcha.

Pero no se crea, por el hecho de que en 1967 hayan bajado algunos índices, que el conjunto de estos últimos años no ha sido extraordinariamente positivo. Aquí tengo el informe de la CEPAL sobre la economía de América Latina en 1967. Es un extracto del balance que ese organismo hace todos los años de la situación de los países de Latinoamérica con relación a la de los años anteriores. Y al referirse, por ejemplo, al índice de alza del costo de la vida y a las presiones inflacionarias, hace algunas comparaciones que, me parece, vale la pena destacar, porque aun cuando el año pasado el alza fue de 21,9% en el índice de precios al consumidor más que lo planeado y más que el año anterior, si este aspecto se mide por el conjunto del quinquenio o del trienio últimos, las cifras demuestran que hay un control apreciabíe sobre la inflación y que los estímulos productivos no están cegados, sino que se encuentran en un momento difícil, que empezará a mejorar de nuevo este año. No cabe duda, por otra parte, como ayer lo destacó el Honorable señor Aylwin, de que ciertos factores hacen imposible sostener los ritmos de crecimiento de manera continua, todos los años, en el mismo monto.

Chile y otros países.

Así, comparando el desequilibrio interno que existe en los países latinoamericanos, se dice, en la página 10 del extracto a que me refiero, lo siguiente:

"En la Argentina, la proporción de aumento de los precios fue levemente inferior a la del año anterior (27 y 30 por ciento, respectivamente), lo que supone índices superiores al promedio del período 196065...". "En el Brasil, el aumento de 26 por ciento en 1987 representa un progreso notorio respecto del año anterior, cuando el alza fue de 46 por ciento, y más todavía en comparación con el período 196065. En Chile, por el contrario, se observó un retroceso respecto de 1966, al aumentar el índice de precios al consumidor en 22 por ciento en comparación con el 17 por ciento del año precedente, pese a la postergación de varias alzas que se tradujeron en un aumento del índice en 5,6 por ciento en el mes de enero del presente año. Ello atenúa los progresos que todavía significan esas cifras respecto de períodos anteriores". Se refiere a promedios anuales de años anteriores.

Se hace una observación muy curiosa, que parece formar parte del pensamiento del Honorable señor Baltra, expresado en su análisis de esta mañana. Dice el redactor del informe: "... al aumentar el índice de precios al consumidor en 22 por ciento en comparación con el 17 por ciento del año precedente, pese a la postergación de varias alzas que se tradujeron en un aumento del índice en 5,6 por ciento en el mes de enero del presente año".

La verdad de las cosas es que, si se comparan los índices de enero a enero, de febrero a febrero y de marzo a marzo de cada uno de los años anteriores, respectivamente, se observa que no hay tal escamoteo estadístico. Por lo contrario, las cifras de enero representan la simple variación de una política, ya que una cantidad de precios que durante el mes de enero se modificaron, el año anterior fueron distribuidos durante el primer semestre o varios meses del año. En esta oportunidad, se han dado en los primeros meses, con el objeto de afrontar circunstancias que hacen que sea en este momento más razonable estimular la producción y crear condiciones de estabilidad para los meses venideros.

Una filosofía renovadora.

Desde otro punto de vista, en el proyecto de ley en estudio se consignan diversas filosofías, cuyo rechazo por algunos partidos políticos me parece extraordinariamente grave.

Es evidente que el primer proyecto de reajustes presentado al Congreso el llamado "proyecto Molina" se ajustaba al tipo de iniciativas tradicionales, conservadoras, que algunas veces son más o menos útiles que otras. Constituía una iniciativa de aumento de remuneraciones no tradicional, que agregaba a los reajustes típicos medidas tendientes a compensar los efectos de las alzas habidas, a evitar nuevas alzas para mantener los precios conteniendo la inflación y a crear, por primera vez, por medio del aporte de los chilenos en general, un fondo de capitalización nacional del cual pasarían a ser dueños, en especial, los propios asalariados.

Esta idea no fue aceptada por la Oposición, que en esa oportunidad prefirió un reajuste de carácter tradicional. Y ya sabemos lo que pasa siempre con esta forma de reajuste: provoca inflación y engaño. Es decir, la Oposición no quiso que se formara el fondo de capitalización nacional.

Entonces, uno se pregunta cómo entender a quienes se opusieron a esa idea central. Porque no hay duda alguna de que, para los partidos de orientación socialista, traspasar al pueblo la propiedad en cualquier forma debía ser un objetivo perfectamente deseable. Si con ello no se lograba todo lo que anhelaban, por lo menos, para ellos, se realizaba la parte sustancial de un proceso.

Crear ese fondo, pues representaba poner en manos de los trabajadores manejada por la comunidad, los organismos oficiales, el Estado cantidades que, como ya se dijo en una ocasión en esta misma Sala, superaban, en un solo año, los capitales y reservas que todos los bancos de Chile han logrado a lo largo de su existencia.

Por otra parte, ¿quién entiende a la Derecha, que también se opuso a ese proyecto? ¿Acaso la difusión de la propiedad no es para ella un principio? ¿O es que la propiedad sólo es entendida en la medida en que se mantiene en manos reducidas? ¿Acaso a los chilenos no interesa realizar cambios mediante los cuales, por la difusión, la propiedad se transforma en uno de esos factores que, precisamente, hacen más estable las instituciones y los regímenes?

Nosotros estábamos planteando una tesis a la cual, seguramente y con el correr de los años, se volverá, porque parece ser uno de los caminos más viables para que el desarrollo de Chile sea real en los próximos tiempos.

Avances concretos.

Pero no sólo durante este período se han adoptado medidas conjunturales de estímulo económico y redistribución del ingreso, que no se traducen en pobreza, como se ha dicho aquí, sino en demanda extraordinaria de bienes.

En esta Sala se ha citado con frecuencia al señor Sáez. Por desgracia, sólo se comentan aquellos párrafos donde él hace la misma crítica que todos hacemos a un cuadro que no ha podido realizarse en toda su amplitud. Por eso, también nosotros, cuando nos reunimos en nuestros congresos y organismos internos para analizar este aspecto, constantemente nos preguntamos por qué no podemos concretar todos los rubros del programa de desarrollo que nos propusimos llevar adelante. Es evidente que debemos contestarnos que un proceso de desarrollo dentro de la libertad tiene su precio, y que éste debe consistir en ciertas limitaciones, caídas y fracasos. Es posible que hayamos confiado mucho en la capacidad de raciocinio de los chilenos y de los políticos y que en algún aspecto no hayamos aprovechado las oportunidades favorables que se nos presentaron.

¿Qué dice en su informe el señor Sáez? Después de analizar los aspectos críticos y la caída, por ejemplo, de los índices de la industria manufacturera, agrega algo que en esta Sala no se ha mencionado, pero que estimo fundamental para precisar su pensamiento, pues éste no se compone sólo de partes o párrafos aislados. Expresa el señor Sáez: "Todos estos hechos son la lógica consecuencia de las desviaciones producidas en el programa del Gobierno por las presiones de distintos sectores, que han llevado el gasto corriente público y los gastos de consumo en el país a niveles que constituyen un grave peligro".

Es decir, hay factores que, por actuar en un régimen de libertad y democracia, se hacen presentes en forma muy ostensible. Y cuando ellos, como aquí ha acontecido, cuenta con respaldo incondicional de todos los partidos políticos a los cuales sólo interesa que no se lleve adelante el programa de desarrollo económico de la colectividad que está en el Poder, es evidente que esos sectores adquieren un poder e influencia extraordinariamente grandes.

No obstante lo anterior, los elementos puestos en marcha para provocar un desarrollo a nivel de la demanda, de la clase media y que esté al alcance de todos los trabajadores y empleados de Chile, constituyen algo que se comprueba, no en las declaraciones, sino en las cifras y hechos reales de la producción física del país. De ahí que algunos de los datos proporcionados por el señor Sáez como es natural, aquí no se citan sean el mejor termómetro para medir lo que está aconteciendo en Chile.

Por ejemplo, el señor Sáez dice que la industria automotriz, que en general sirve a un sector alto de la clase media del país, producía en 1966 siete mil vehículos; en 1967, trece mil es decir, dobló la producción, y en 1968 planea entregar 26 mil unidades.

En estas condiciones, ¿significa o no lo anterior una medida de que este sector tiene hoy mayor poder de compra y mejores condiciones económicas?

Pero hay otros hechos físicos que también revisten importancia, porque tocan a otro estrato social. Veamos cuáles son.

Por ejemplo, ¿qué pasa con la industria electrónica del país, que provee de aparatos de radio y televisión a los sectores más modestos de la población? ¿Qué dice el señor Sáez en ese informe, que vale la pena repetir? "La industria electrónica, el año 1964 elaboró 12 mil televisores; en 1967 fueron 60 mil unidades; el año en curso serán 100 mil, y con un porcentaje de partes nacionales siempre creciente".

Con esta medida, es claro que el sector de los chilenos ya ubicado en el nivel de

los obreros clasificados y de la clase media corriente según los términos típicos usados aquí, está demostrando un mejoramiento notable al disponer de una mayor cantidad de bienes que adquiere, y también de una mejor política económica, financiera y crediticia.

Aspectos crediticios.

Se ha sostenido aquí, con frecuencia, que durante estos últimos años nosotros hemos mantenido una política crediticia que ha impedido el desarrollo industrial, paralizado la actividad agrícola y creado una serie de frenos en el desenvolvimiento económico, cuyos impactos empiezan a notarse hoy día. Según la misma afirmación, el resultado de esto sería el proceso inflacionista acelerado.

He solicitado del Banco Central lo pongo a disposición de los señores Senadores un cuadro demostrativo del crédito suministrado a los chilenos,...

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

¿Tiene el referente a los intereses también ?

El señor PALMA.-

...donde se establece una comparación entre los años 1963 y 1967. De acuerdo con esos datos, el crédito "per capita" sobre el total, incluyendo los sectores público y privado, subió de 279, como índice en 1963, a 904, como índice de 1967; y el crédito, "per capita" del sector privado, cuando la población subió de 8 millones 200 mil habitantes a 8 millones 900 mil, cambió de un índice de 131,5 a 391,4. Es decir, todos los elementos han sido manejados dentro de un plano coordinado y tendiente a producir un desarrollo nacional lo más orgánico posible.

Rectificaciones necesarias.

Pero ha habido factores que se han escapado. Uno de ellos es el referente a que la distribución de los mayores ingresos, especialmente en el sector público, no ha sido todo lo racional ni funcional que debió ser, como consecuencia de la mayor capacidad de presión que tienen algunos grupos respecto de otros. De ese modo, dentro de la Administración Pública, algunos sectores han sido más favorecidos que otros.

Por eso, hoy día, para normalizar en alguna forma esta situación, hemos presentado una iniciativa legal que corrige los antecedentes anteriores, que no pueden ser considerados de manera aislada. No se puede insistir en que a unos se ha dado 12,5% de aumento, y a otros, un porcentaje diferente, si se considera que existe un cuadro muy complejo, variado e injusto en las remuneraciones de los diversos sectores. Por ello, mediante este proyecto de ley, encajado dentro de un conjunto de disposiciones de carácter económico, se están adoptando las medidas tendientes a regularizar, normalizar y nivelar funciones, actividades administrativas, categorías, reconocimiento a títulos profesionales en los diversos escalafones, etcétera.

No es admisible seguir pensando, por ejemplo, que un médico, un abogado o un ingeniero de un servicio público u otro, esté en condiciones de desigualdad económica tan extraordinaria frente a otros funcionarios, como lo ha estado hasta ahora.

En consecuencia, el referido proyecto tiene también un carácter de iniciativa racionalizadora de la Administración Pública, y en esta forma debe ser calificado.

Más ahorro.

Creo, sí, que este Gobierno y nosotros hemos incurrido en un error importante: no haber fomentado el ahorro en forma adecuada. Porque, en verdad, las condiciones de carácter social del país, las posibilidades que abrió el comercio internacional, el precio del cobre, etcétera, hicieron perder tal vez un poco de vista la necesidad que existiría de llevar adelante un programa de inversiones más acentuado que el realmente hecho.

Al afirmar que no hemos impulsado el ahorro en la forma como el país lo requiere para sostener incluso su desarrollo futuro, hemos caído, tal vez, en algunos de aquellos factores criticables en la política de todas las naciones subdesarrolladas.

En los dos primeros años de la revolución cubana, por ejemplo, uno de los más graves problemas que se enfrentó fue precisamente el afán distributivo que, como consecuencia de la angustia anterior, fue necesario satisfacer. Durante ese proceso, entre otros rubros, se redujo en forma extraordinaria la masa ganadera del país y se produjo una serie de otras "circunstancias" que posteriormente fueron corregidas con mano de hierro. Allí hay planificadores que pueden tomar medidas con absoluta libertad y actuar con la mayor rigidez, sin considerar para nada lo que puede ser llamado condición humana y opinión pública.

Lo efectivo es que en Chile el ahorro no se ha fomentado en forma debida. Por eso, resulta más extraño aún el hecho de que algunos grupos políticos incluso algunos de nuestros pensadores y profesores no hayan aprobado en forma decidida la iniciativa enviada anteriormente por el Gobierno, en la cual se establecía, precisamente, la creación del factor de ahorro y estímulo, tendiente a cambiar o a completar el cuadro de transformaciones, y a modificar la estructura de la propiedad.

El Honorable señor Baltra fue mencionado el día de ayer como Ministro actuante en un Gobierno. Como es natural, Su Señoría expresó que como, efectivamente, la economía cambia, también ha cambiado su pensamiento. Por mi parte, pienso que ello nos ocurre a todos. Los hechos y una serie de circunstancias y de conocimientos nuevos; todo, en suma, va cambiando. Pero, eso sí, evidentemente, dentro de este cambio, subsisten hechos y valores permanentes, constantes y significativos, y ellos no valen sólo respecto de los políticos, sino también de los pensadores y profesores universitarios.

Tengo a la vista un libro titulado "Crecimiento de América Latina", escrito por el Honorable señor Baltra diez años o más después de su paso por el Ministerio de Economía. ¿Qué nos dice en su análisis final, que es una especie de mensaje, donde resume, en verdad, todo un análisis muy interesante sobre una cantidad de fenómenos económicos y sociales de este país? Expresa: "Para que el crecimiento económico alcance la etapa decisiva en que pueda sustentarse por sí mismo, es preciso que la sociedad cree nuevas instituciones, costumbres, actitudes y conductas, que satisfagan una doble finalidad: Primero, que parte apreciable del mayor ingreso se ahorre y, segundo, que este ahorro se oriente hacia inversiones convenientes desde el punto de vista de la productividad social".

Apoyar, pues, toda una política que significaría el ahorro, formaba parte del pensamiento claro del profesor universitario que, desde su cátedra, pedía, con toda razón, analizar el problema de Chile con frialdad y no con pasión política.

Por eso, resulta extraño, sin duda, que, ante medidas tan decisivas como las que se planteaban en aquel proyecto, apodado de los "chiribonos", se haya realizado precisamente toda una campaña electoral por un hombre que piensa en la forma que acabo de mencionar; o sea, para que no se pudieran llevar a la práctica, en forma dinámica y efectiva, tales programas de ahorro, de evolución y de traspaso de la propiedad.

El señor GOMEZ.-

Ahorro, sí; "chiribonos", no.

El señor PALMA.-

Termino solicitando la inserción de los gráficos a que hice referencia.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Si le parece a la Sala, se insertarían los documentos solicitados por el Honorable señor Palma. Acordado.

Los documentos cuya inserción se acuerda, son del tenor siguiente:

El señor BALTRA.-

Señor Presidente, he sido aludido personalmente y pido un minuto para contestar.

El señor AGUIRRE DOOLAN.

Con cargo al tiempo del Comité Radical y con la venia del Honorable señor Ibáñez.

El señor IBAÑEZ.-

Deseo saber si podría tomarse el acuerdo de prorrogar la sesión, a fin de exponer algunas ideas que tengo preparadas.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Para ello, se requiere la unanimidad de los Comités.

¿Habría acuerdo para prorrogar la sesión por un cuarto de hora?

El señor FUENTEALBA.-

Estábamos en el supuesto de que la sesión terminaría a la una. No podríamos tomar, entonces, el acuerdo sugerido, pese a que nos interesaría escuchar ahora al Honorable señor Ibáñez.

El señor IBAÑEZ.-

¿A qué hora corresponde celebrar la próxima sesión?

El señor ALLENDE ( Presidente).-

A las tres y media, señor Senador.

Tiene la palabra el Honorable señor Baltra.

El señor BALTRA.-

Mi estimado colega el Honorable señor Palma ha citado una frase de mi libro titulado "Crecimiento de América Latina", que continúo suscribiendo. En efecto, sostengo que el progreso de un país requiere del ahorro; pero lo importante es saber de dónde se extrae el ahorro.

La señora CAMPUSANO.-

Eso es, justamente.

El señor BALTRA.-

No estamos de acuerdo en que el ahorro se extraiga de aquellos que apenas perciben ingresos suficientes para mantener el mínimo de bienestar propio de una sociedad civilizada, en circunstancias de que el país dispone de excedentes económicos potenciales apreciables, que no se tocan. No se tocan los de la gran minería del cobre ni los de monopolios, ni los que hay en los bancos.

Obra en poder de la Comisión de Hacienda un estudio elaborado por la Federación Bancaria de Chile en el que se consignan cifras muy importantes, relativas, no sólo a las asignaciones acordadas a los directores de las instituciones bancarias o a las ganancias de esas entidades, sino también a las cantidades de dinero que los directores de bancos consumen ostentosamente.

El informe en cuestión analiza, por ejemplo, lo que representa el gasto anual de trescientos directores, en el rubro almuerzo. Repito que el informe fue presentado a la Comisión de Hacienda del Senado con la firma responsable de don Manuel Matamoros, presidente de la Federación Bancaria de Chile.

En ese estudio se expresa que trescientos consejeros de los institutos bancarios, gastan anualmente en almuerzos 5.400.000 escudos; y Eº 3.600.000 en viajes dentro del país; que lo invertido en la compra de 150 automóviles para los directores significa Eº 7.500.000; y que los mencionados directores gastan Eº 7.200.000 en viajes al exterior. O sea, los gastos suntuarios de trescientos directores de bancos suman Eº 23.700.000 al año. ¡He ahí un ejemplo de excedentes económicos potenciales que pueden orientarse hacia los fines de ahorro que requiere el país, de acuerdo con las conclusiones de mi libro citado por el Honorable señor Palma, que yo suscribo hoy íntegramente!

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Se levanta la sesión.

1.- SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBIERNO Y HACIENDA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE REAJUSTA LAS REMUNERACIONES DE LOS EMPLEADOS Y OBREROS DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO.

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones Unidas de Gobierno y Hacienda tienen a honra informaros, en segundo trámite reglamentario, acerca del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que reajuste las remuneraciones de los empleados y obreros de los sectores público y privado.

El proyecto de ley en informe contempla dos órdenes de materias enteramente diversas.

Otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores de los sectores público y privado y, además, complementa mediante aportes y suplementos la ley de Presupuestos de la Nación, aprobada para 1968 por ley Nº 16. 735.

El proyecto de la Honorable Cámara de Diputados representa, por ambos conceptos, un gasto total bruto ascendente a Eº 1. 716. 800. 000.

Este gasto se desglosa en: costo del reajuste propiamente tal, Eº 1. 003. 800. 000, y aportes o suplementos presupuestarios, Eº 713. 000. 000.

El proyecto aprobado por vuestras Comisiones Unidas reduce los aportes presupuestarios a Eº 621. 800. 000, esto es en Eº 91. 200. 000, y, en cambio, aumenta el gasto de reajuste propiamente tal a Eº 1. 108. 800. 000, esto es en la suma de Eº 105. 000. 000. De este modo el costo total del proyecto asciende a Eº 1. 730. 600. 000.

El mayor aumento de reajustes aprobado por vuestras Comisiones deriva de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en conformidad a los acuerdos a que llegó con los Senadores del Partido Nacional, en virtud del cual se obtuvo la mayoría suficiente para aprobar en general esta iniciativa de ley, después de haberse rechazado como consta de nuestro primer informe. Esas indicaciones permiten el rescate de los bonos CORVI en un plazo de 12 meses, a partir de abril último, y elevan el reajuste de las pensiones otorgadas por el Servicio de Seguro Social del 30% al 37%. La primera de estas indicaciones, que fue aprobada con modificaciones sustanciales, como veremos más adelante, representa Eº 85. 000. 000 de mayor gasto y la segunda Eº 20. 000. 000.

El sistema de reajuste empleado por el proyecto de ley en informe,

a su vez, es inferior en Eº 140. 100. 000 con respecto al anterior sometido a la consideración del Honorable Senado, que contemplaba para los sectores que se ha dado en llamar "no postergados" un reajuste de un 15% en lugar del 12, 5% que ahora se propona.

Para financiar tan elevada cifra de gastos y ante la imposibilidad de recurrir nuevamente en forma amplia a las fuentes tributarias usuales que, según consenso unánime, se encuentran agotadas, no pudiendo ser usadas, en consecuencia, sin causar grave daño al desarrollo económico, a la producción y al bienestar nacionales, el Gobierno hubo de introducir economías en los gastos públicos por Eº 180. 000. 000.

De este modo, el Ejecutivo concuerda con la petición de diversos sectores políticos que consideran que los gastos corrientes han alcanzado cifras de enorme significación y pesan gravemente en nuestra economía nacional.

A continuación insertamos un cuadro en el que se demuestra el crecimiento del gasto corriente y el escantamiento de las inversiones públicas:

Gastos presupuestarios anuales.

(Expresados en millones de dólares norteamericanos del respectivo año) (1).

1963 1964 1965 1966 1967

Corrientes 700 709 837 949 1. 015

De Capital 421 399 496 526 479

Totales 1. 121 1. 108 1. 333 1. 475 1. 494

Con el mismo propósito de financiar el proyecto, el Gobierno ha debido reducir los aportes de inversión consultados en la ley de Presupuestos vigente, con lo cual podrá disponer de Eº 131. 000. 000 adicionales.

Un nuevo estudio de las entradas presupuestadas para el presente año permite suponer un mayor ingreso de Eº 71. 700. 000, que no se encuentran comprometidos.

A los rubros anteriores debe sumarse la provisión de gasto para financiar el reajuste de remuneraciones de este proyecto, contemplada en la ley de Presupuestos, la que asciende a Eº 586. 000. 000, según la estimación hecha por el señor Ministro de Hacienda para estos efectos.

Sin embargo, al redactar este informe hemos advertido que en el ítem 08/01/01. 006 del Presupuesto del Ministerio de Hacienda corres

(1) Se ha tomado como valor del dólar el considerado para los efectos del Cálculo de Entradas del respectivo Presupuesto. Los antecedentes se han extractado de las leyes de Presupuestos correspondientes.

pendiente al presente año, se consulta una provisión de fondos para el pago de un reajuste de remuneraciones y asignación familiar para el personal de la Administración Pública de E. 645. 000. 000, en vez de los E? 586. 000. 000 a que alude el señor Ministro, esto es Eº 59. 000. 000 más que los consultados en el cálculo que estamos haciendo.

Por último, al aprobarse el impuesto a la renta mínima presunta, que regirá durante el presente año, por ley Nº 16. 733, de marzo de 1968, se proporcionaron recursos tributarios al Ejecutivo por Eº 126. 000. 000.

De este modo el Ejecutivo ha financiado un total de Eº 1. 094. 800. 000 antes del envío de este proyecto de ley al Senado. En consecuencia, para saldar la totalidad del gasto del proyecto aprobado por las Comisiones Unidas, ha sido preciso aprobar recursos por Eº 635. 800. 000.

Esta labor no fue fácil. El proyecto de la Honorable Cámara de Diputados contemplaba en este aspecto, básicamente, elevar la tasa de impuesto a las compraventas del 7% al 8%, y en igual proporción las demás tasas especiales de este tributo.

El señor Ministro de Hacienda, en conformidad con el acuerdo logrado con el Partido Nacional, propuso rebajar este aumento del 8% al ?7, 5%.

Puesta en votación esta indicación, fue rechazada con los votos de los Senadores Radicales, Comunista, Social Demócrata, Socialista y Socialista Popular (6 votos). Votaron a favor los Senadores nacionales y demócratacristianos (4 votos).

Los Senadores de la mayoría no aceptan la imposición de nuevos tributos que graven a la masa consumidora por razones elementales de preservación de la subsistencia de ésta, amagada por las bajas remuneraciones y el alza constante del costo de la vida.

El Senador Bulnes expresó ser contrario también a la implantación de nuevos tributos, especialmente el de compraventa, pero en la imperiosa necesidad de buscar financiamiento al reajuste de remuneraciones y en conformidad al acuerdo a que llegó su Partido con el Gobierno, que ha permitido aquél, y reducir el aumento propuesto de este impuesto, votó favorablemente la indicación referida.

En definitiva se aprobaron los siguientes recursos tributarios contenidos en el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Millones de Escudos

Las Comisiones Unidas, además, adoptaron acuerdos tendientes a proporcionar al Ejecutivo las siguientes fuentes de recursos:

Gravar con impuesto de compraventa de 7% la transferencia del cobre. Considerando sólo las ventas efectuadas por la Gran Minería en el año último, asoedentes a US$ 564. 000. 000, tendríamos un ingreso por este concepto de US$ 39. 200. 000. Sin embargo, como esta medida producirá una menor entrada fiscal por concepto de la disminución de utilidades de esas compañías y considerando un precio de venta promedio de US$ 0, 48 la libra, de cobre y un cambio, también promedio, de Eº 6, 50 por dólar, se ha consultado un ingreso por este acápite de sólo Eº 57. 800. 000;

Se resolvió establecer que las empresas de la Gran Minería del Cobre estarán afectas, al igual que el resto de los importadores nacionales, a efectuar depósitos en el Banco Central. Las importaciones de operación de estas Compañías, sin considerar las de. inversión, ascienden a US$ 25. 000. 000. Dado que el porcentaje promedio de depósito es alto, puesto que llega al 200% en algunos casos, se estima que permanecerán en depósito en el Banco Central alrededor de US$ 20. 000, 000 ó Eº 130. 000. 000, que se retirarán del circulante, pudiendo, en consecuencia, autorizar al Banco Central para efectuar con cargo a dicho fondo un préstamo al Fisco de Eº 100. 000. 000;

Al eliminarse los gastos de representación que se consultan en el Presupuesto de la Nación para Intendentes, Gobernadores, etc., se obtendrá una economía de Eº 5. 5000. 000, y

En atención a la desvalorización monetaria, las Comisiones Unidas consideran que se producirá un mayor ingreso como consecuencia de liquidarse el dólar a Eº 6, 8 promedio, en lugar de a Eº 6, 1 consultado en el Presupuesto de la Nación. Esto permitirá al Fisco contar con mayores ingresos ascendentes a Eº 42. 000. 000.

Si al total de ingresos presupuestarios anotados anteriormente, que suman Eº 438. 000. 000, agregamos los recursos indicados en las letras precedentes, tenemos que el financiamiento otorgado por las Comisiones asciende a Eº 643. 300. 000.

Si a esta última cifra, sumamos la diferencia de Eº 59. 000. 000 a que asciende la mayor provisión para reajuste consultada en la ley de Presupuestos de acuerdo al ítem 08/01/01. 006 a que antes aludirnos, los recursos consultados para financiar el reajuste ascienden a Eº 702. 300. 000, esto es Eº 66. 500. 000, más de los necesarios para cubrir el gasto. Por último, como observó el Honorable Senador señor Chadwick, el costo real del proyecto debe disminuirse en Eº 17. 300. 000 como consecuencia de haberse excluido del presente reajuste de remuneraciones al personal de

Correos y Telégrafos, con lo cual esta cifra incrementa el superávit llegando así a Eº 83. 800. 000.

El financiamiento anterior no es compartido, en algunos de sus puntos, por el señor Ministro dé Hacienda, quien no acepta como fuentes de recursos el impuesto a la compraventa de cobre, la supresión de los gastos de representación de Intendentes y Gobernadores, y estima que, al, dejar afectas a la obligación de depósito de internación a las empresas del cobre, se obtendrían sólo Eº 30. 000. 000 y las mayores entradas por concepto de diferencia de cambio producirían ingresos por no más de Eº 24. 000. 000, con lo cual se produce, a su juicio, un desfinanciamiento de Eº 143. 800. 000, que es preciso sumar a la rebaja de suplementos presupuestarios, acordada por las Comisiones Unidas, por Eº 91. 200. 000, que el señor Ministro tampoco acepta, con lo cual, de incorporarse este mayor gasto, el desfinanciamiento subiría a Eº 235. 000. 000.

La mayoría de vuestras Comisiones Unidas, compuesta por los Honorables Senadores señores Rodríguez, señora Carrera, Aguirre, Bossay, Chadwick, Contreras Labarca y Luengo, fijaron claramente su posición en orden a que el proyecto quedaba debidamente financiado, puesto que el Parlamento tiene libertad para aprobar las fuentes de recursos que estime convenientes, aun cuando ellas no concuerden con la política del Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Bulnes, por su parte, estimó, considerando la cifra primitiva de provisión de fondos para pagar este reajuste dada por el señor Ministro de Hacienda, que el proyecto estaría desfinanciado en Eº 47. 500. 000, cifra susceptible de aumentar si los recursos de que se podría disponer como consecuencia de los depósitos de internación a que quedarán afectas las empresas del cobre no rinden lo pro yectado. Sin embargo, el Senador Bulnes considera que este financiamiento es teórico, puesto que el Partido Demócrata Cristiano está en condiciones de obtener la aprobación del 7, 5% o del 8% de impuesto a las compraventas, con lo cual se producen ingresos que saldan ese déficit.

Los Honorables: Senadores señores Palma y Musalem reiteradamente expresaron, al tratarse las fuentes de financiamiento enunciadas en las letras últimamente indicadas, que no concordaban con ellas o con las cifras que se les asignaban y que, a juicio de ambos, los gastos del proyecto excedían a las entradas en los Eº 235. 000. 000 señalados por el señor Ministro.

Brevemente os indicaremos algunos de los aspectos más importantes de la discusión de esta iniciativa de ley.

El artículo 1º del proyecto, que contiene la base del sistema de reajuste propiciado, fue objeto de un extenso análisis y de diversas proposiciones de reforma.

Frente a una indicación de los Honorables Senadores señores Aguirre, Baltra y Bossay, para elevar el porcentaje al 20% en dinero, que a juicio de Sus Señorías sólo modificaba la modalidad de pago respecto del 7, 5% que el Ejecutivo propone en bonos CORVI, ei señor Zaldívar, Ministro de Hacienda, expuso su parecer en orden a que ella era inconstitucional, porque el legislador de la reforma de 1943 quiso que el manejo del sistema de remuneraciones correspondiera al Ejecutivo. El Congreso

sólo puede "aceptar, rechazar o disminuir" la proposición del Gobierno, pero no "modificarla", ni menos aumentarla, como sería el caso.

El Honorable Senador señor Luengo manifestó su discrepancia con la interpretación del Ministro, pues, de aceptarla, el legislador renunciaría a la potestad legislativa y, en tal caso, el Gobierno estaría dictando la ley a su arbitrio con prescindencia del Congreso. El Parlamento, a su juicio, siempre que se mantega en el monto del aumento, puede variar sus modalidades.

El Honorable Senador señor Musalem anotó que las cuotas de ahorro para la vivienda se convertirán en reajuste de sueldos, una vez que se cumplan las condiciones que se fijan para su responsabilidad, por lo quer mientras ello no se realice, tales cuotas no significan reajuste. De esta suerte, la indicación otorga un reajuste mayor, y contraría, por tanto, la norma constitucional.

El Honorable Senador señor Bossay expuso que, a su juicio, la Constitución no permite la interpretación analógica. En el caso presente, el Ejecutivo debe disponer de los recursos para convertir, ahora o después, el 7, 5% en dinero efectivo. Si cuenta con fondos para el 12, 5% y para solventar el 7, 5 en Cuotas de Ahorro, es porque las arcas fiscales disponen de medios para cancelar un 20% en dinero.

El Ministro advirtió que la indicación de los Senadores radicales representaba un mayor gasto, porque al elevar la base del 12, 5% al 20% estaba otorgando un 7, 5% más a los sectores especiales, que equivalen a los dos tercios del personal beneficiado con la ley en tramitación.

El Honorable Senador señor Bulnes manifestó que la indicación aumentaba el gasto, desde el momento en que hacía imponible el 7, 5%. Según los términos de un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, la Reforma Constitucional de 1943, no sólo se refiere a sueldos y gratificaciones, sino a todos los emolumentos que llevan aparejados y son sus complementos, como es el caso de las imposiciones previsionales, tanto del personal del sector activo como del pasivo.

Por lo tanto, a su juicio, la indicación importa un mayor gasto que viola no sólo el artículo 45 de la Constitución, sino también el 44 Nº 4, que prohibe aprobar nuevos gastos con cargo a fondos de la Nación, sin crear o señalar el financiamiento correspondiente.

Además, al incorporase el 7, 5%; al inciso primero, se transforma en una disposición permanente, en circunstancias que está establecido sólo por un año, de manera que se haría permanente un gasto que el proyecto consulta como transitorio.

Estima que la facultad constitucional de "aprobar, rechazar o disminuir" impide introducir modalidades nuevas que signifiquen un mejoramiento del aumento.

Por estas razones, usando de las facultades que, en su calidad de Presidente, le confiere el Reglamento, declaró improcedente la indicación de los Senadores radicales.

El. Honorable Senador señor Rodríguez, por su parte, formuló indicación para reemplazar las cuotas de ahorro por una bonificación "en dinero efectivo, equivalente a la cantidad que resulte de aplicar un 7, 5%

a los sueldos y salarios bases, incluidas las asignaciones expresadas en un porcentaje de dichos sueldos bases".

Su Señoría entiende que su indicación es constitucional porque no implica mayor gasto, ni es de carácter permanente.

El Honorable Senador señor Luengo expresó que la indicación formulada por él, y que figura en el Boletín con el Nº 2, consistente en suprimir la frase que se refiere a las cuotas CORVI, es semejante a la del señor Rodríguez, no representa agregar el 7, 5% a lo que ya estaba otorgado por el inciso primero, sino sólo otorgado en dinero efectivo, aunque no como bonificación.

El Honorable Senador señor Chadwick expresó que no le parecía conveniente el término "bonificación", de la indicación del Honorable Senador señor Rodríguez, porque reafirmaba el argumento del Ejecutivo de que el reajuste es sólo de un 12, 5%, con lo que se llega a una infracción del llamado Convenio Magisterial. Además, el hecho de calificar de bonificación el 7, 5% sería una práctica que repugna a la mayoría del Senado, cual es la de limitar los beneficios previsionales a sólo parte del sueldo. A juicio de Su Señoría, se plantea también un problema constitucional respecto del alcance que tiene el sistema de dar dos denominaciones a lo que es un solo reajuste, porque, por la vía de la diferenciación, lo que se persigue es atentar contra el derecho de los profesores de tener un régimen especial sobre la base del promedio de los reajustes. El inciso sgundo, a su juicio, debería aprobarse sin ninguna mención que pudiera servir para amagar tal derecho, por lo que se declara partidario de la indicación del señor Luengo.

El señor Rodríguez aclaró que su intención no había sido la de atentar contra el derecho de los profesores, sino buscar una salida constitucional a la idea expresada por varios señores Senadores y materializada en indicaciones que se tachaban de inconstitucionales.

Después de un debate en que se analizó exhaustivamente todo el contenido y consecuencias de las proposiciones de los señores Luengo y Rodríguez, el señor Bulnes, Presidente de las Comisiones Unidas, manifestó que, luego de sopesar los argumentos planteados, entendía que ambas afectaban a las normas constitucionales, por lo que las debía declarar improcedentes.

El Honorable Senador señor Luengo, insistiendo en que su indicacación no vulneraba tales preceptos, planteó la censura reglamentaria al Presidente, censura que éste estimó debía ser resuelta por la Comisión de Gobierno.

El señor Rodríguez manifestó que consideraba arbitraria la improcedencia declarada respecto de su indicación, porque ella no significaba mayor gasto ni era contraria a la Constitución, por lo que se reservaba el derecho a renovarla en la Sala, derecho que también reclamó el señor Luengo respecto de la suya.

Con relación a la censura, el señor Rodríguez puntualizó que también la hacía suya, por haberse declarado la improcedencia de su indicación, y que, a su juicio, debía ser resuelta por las Comisiones Unidas, porque lo contrario significaría que la Comisión de Hacienda, partícipe de una censura formulada en su seno, no tendría facultad de decidirla.

El señor Bulnes insistió en que, según su punta de vista y la lógica, porque esta materia no estaba expresamente reglada, la censura debía ser conocida por la Comisión de Gobierno, porque él presidía las Unidas en su condición de Presidente de la de Gobierno, y no podía dejar de presidirlas, mientras aquélla le mantuviera como su Presidente, por lo cual ya la había hecho citar.

El señor Bossay, a nombre de los Senadores radicales, expresó que hacían suya la censura, por considerar que la interpretación constitucional del señor Presidente era extremadamente restrictiva e iba más lejos de lo que la reforma de 1943 se había propuesto, pues le negaba al Parlamento toda posibilidad de legislar.

El señor Bulnes respondió, dejando constancia, que la suya no era una interpretación particular, sino que se atenía al texto de la disposición, que es claro. Su actitud no perseguía fines políticos, sino de honesto acatamiento de la norma constitucional, desde el momento que no podía ignorarse que las indicaciones que declaraba improcedentes, en el caso de no haberlo hecho y haberse ellas aprobado por las Comisiones, iban a ser indefectiblemente rechazadas en alguno de los siguientes trámites del proyecto, por la mayoría de la Cámara de Diputados o en el veto.

El señor Musalem pidió se dejara constancia de que consideraba que la posición del Presidente era correcta.

El señor Chadwick manifestó que hacía también suya la censura, en razón de que estaba en desacuerdo con la interpretación dada al texto constitucional por el señor Presidente. Aunque este texto limita las facultades del Congreso, no puede llevarse al extremo de dar una inmutabilidad absoluta a la proposición del Ejecutivo, pues su intención no va más allá de limitar el gasto, desde el momento que dice "disminuir", referencia indicativa de cantidad, por lo que, manteniendo los límites concedidos por el Presidente de la República, puede el Congreso variar las modalidades de ese gasto.

El señor Contreras Labarca declaró que adhería a la censura en defensa de los fueros del Congreso.

El señor Palma replicó que el Presidente, precisamente, estaba resguardando tales fueros cuando daba cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado.

Volviendo a la discusión misma del artículo 1º, se dio cuenta que en el Boletín de indicaciones no se recogía una proposición formulada por el Ejecutivo, por error de copia, que recaía en el artículo 103 del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, y que se relaciona con el artículo 1° y con el acuerdo a que arribó e! Ejecutivo con el Partido Nacional, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 103. Para suprimir el inciso cuarto y para agregar al final de este mismo artículo el siguiente inciso:

"No obstante, los funcionarios, empleados y obreros, podrán ordenar al habilitado de la Institución en que trabajan que las sumas a que se

refiere el inciso primero les sean entregadas en dinero, las que no serán consideradas renta para ningún efecto legal. En este caso, el pago se efectuará en doce mensualidades, a contar del mes de abril de 1968. Podrán ordenar, también, que dichas sumas les sean depositadas en Asociaciones de Ahorro y Préstamos para la Vivienda o se destinen a la suscripción de Certificados de Ahorro Keajustables del Banco Central de Chile. ". ".

Puesto en votación el inciso primero del artículo, resultó rechazado por cuatro votos a favor y seis en contra.

El señor Contreras Labarca manifestó que lo votaba en contra porque su Partido propiciaba, en una indicación que figura entre las remitidas al Ejecutivo por la Secretaría, un aumento del 21, 9%, y. porque el otorgar un 12, 5% resulta exiguo y discriminatorio para un número considerable de funcionarios públicos.

El señor Bossay explicó que el voto negativo de los Senadores Radicales obedecía a que, como ya lo manifestaran en la discusión general, eran partidarios de un reajuste equivalente al índice de aumento del costo de la vida, y que, comprendiendo las dificultades que se derivarían para su aplicación a los sectores especiales, podían aceptar y estaban llanos a considerar sólo un 20%, para lo cual ofrecían su concurso ai Ejecutivo a fin de obtener los recursos necesarios. Como el Ejecutivo no ha propuesto esta solución, han debido votar en contra.

El señor Bulnes expuso que su Partido manifestó siempre su disconformidad con un reajuste inferior al 21, 9%, por considerarlo injusto, y que, enfrentado a la iniciativa del Ejecutivo procuró hacer rescatable el bono CORVI, obteniendo un acuerdo para que se les pudiera redimir en doce cuotas a partir de abril. Su Partido considera, por lo demás, y con ello refuta las apreciaciones del Gobierno, que existen recursos para un reajuste total y que, si la economía fiscal se llevara ordenadamente, habría, siempre, un financiamiento automático para los reajustes ya que los principales rubros de ingreso del erario son afectados por las alzas y rinden de acuerdo con ellas.

En la alternativa de mantener su posición por un reajuste total y de votar lo propuesto por el Ejecutivo, modificado en los términos del acuerdo alcanzado, debe hacerlo favorablemente, porque constitucionalmente no está en sus manos la solución óptima.

El señor Chadwick dijo que la posición de la Unión Socialista Popular era conocida y que, personalmente, también consideraba que debía otorgarse un reajuste completo, por lo que votaba en contra del 12, 5%. Advirtió, además, que consideraba inadmisible que la disposición prive a sectores importantes de los funcionarios públicos, de derechos que adquirieron en un convenio con el Gobierno y que fue ratificado por la ley Nº 16. 617.

El señor Luengo recordó que su Partido, se había manifestado ya en desacuerdo con este proyecto, que hizo esfuerzos para que el Ejecutivo aceptara enmiendas que no afectaban mayormente su política y que, personalmente, había formulado una indicación, dentro de las normas constitucionales, que lo mejoraba, indicación que se había declarado in

admisible. Como no podía aceptar el texto del inciso en votación, se veía en la obligación de rechazarlo.

En seguida, como consecuencia de haberse aprobado por seis votos contra tres y una abstención una indicación del señor Bossay para reemplazar el inciso segundo, se acordó luego reabrir el debate respecto del inciso primero, siendo aceptado éste ahora por cinco votos a favor y cinco abstenciones, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias.

La indicación aprobada fue declarada procedente por el señor Presidente porque, contrariamente a las anteriores, no rige desde enero sino desde abril.

Posteriormente, al tratarse el artículo 103 del proyecto de la Cámara de Diputados, se suscitó la cuestión de si la asignación de 7, 5% que se consulta en el inciso segundo del artículo 1º del proyecto era o no imponible. Varios señores Senadores opinaron en el primer sentido y en igual forma lo hizo el señor Superintendente de Seguridad Social. En cambio, los Honorables Senadores Demócrata Cristianos y el Honorable Senador señor Bulnes consideraron que dicha asignación es no imponible y, en tal sentido, expresó el Honorable Senador señor Bulnes, Presidente de las Comisiones unidas, es que declaró procedente la indicación del Honorable Senador señor Bossay que reemplazó el inciso segundo del artículo primero.

Se puso en votación una indicación verbal del señor Chadwick, para intercalar en el inciso primero las palabras "en dinero", después de "reajústanse", indicación que se aprobó reglamentariamente por cinco votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, dejándose constancia, a iniciativa del señor Presidente, que ello no significaba que los reajustes para otros sectores no debieran pagarse también en dinero.

La indicación número tres del Boletín, (al inciso segundo), fue rechazada por ocho votos contra uno y una abstención.

En discusión el inciso tercero del artículo, en los términos como lo modifica una indicación del Ejecutivo (número cinco del Boletín), el señor Presidente propuso diversas enmiendas que constan en el texto de este inciso que contiene el artículo 1º del proyecto aprobado, aprobándose en tales términos por seis votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

Se abstuvieron los señores Luengo, Contreras Labarca y Rodríguez.

Los señores Aguirre, Bossay y Rodríguez, pidieron se dejara constancia que entendían que la disposición no afecta al profesorado. El señor Chadwick votó en contra por considerar que incorpora al Magisterio a este proyecto, en circunstancias de que está sometido a otra ley.

Una indicación del señor Contreras Labarca, para agregar al artículo un inciso destinado a que los habilitados paguen en dinero el porcentaje del inciso segundo (referida al texto del proyecto original), sin que sea considerada renta y en diez mensualidades a partir de abril, fue rechazada con su solo voto favorable.

Las indicaciones número uno, cuatro, seis y siete del Boletín, se dieron por rechazadas.

En discusión el artículo 2°, se dio cuenta de una indicación presentada por escrito por los señores Contreras Labarca y Contreras Tapia, para intercalar una letra i) nueva; para modificar la letra i) que pasa a ser j), iniciándola diciendo "las horas extraordinarias y demás remuneraciones... ", y para suprimir los incisos tercero y cuarto.

Esta indicación, salvo en lo que respecta al inciso cuarto, resultó aprobada con la abstención de los Senadores Demócrata Cristianos.

El inciso cuarto se aprobó con las enmiendas que, con acuerdo de vuestras Comisiones Unidas, redactó el señor Subsecretario de Hacienda.

Las indicaciones números ocho a diez quedaron sin efecto, por las resoluciones anteriores, resultando rechazada la indicación número once.

El artículo tercero se aprobó por siete votos a favor y tres abstenciones.

El artículo 49 se aceptó con la abstención dEl señor CHADWICK.- El señor Rodríguez pidió se dejara constancia que entendía, en relación con una consulta que hiciera respecto de este artículo, que las Fuerzas Armadas habían alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo sobre reajuste, acordándose dejar tal constancia como apreciación personal del señor Senador, y hacer constar, también, la opinión del Ministro de Hacienda, quien manifestó que no existía acuerdo alguno desde el momento que este reajuste provenía de una decisión unilateral del Gobierno, porque había conocido que las Fuerzas Armadas tenían remuneraciones inferiores a otros sectores.

No es posible, dado el tiempo de que disponemos para redactar este informe, desarrollarlo en detalle, por lo que no nos referiremos sino a dos constancias pedidas, expresamente, por los Honorables Senadores miembros de las Comisiones Unidas:

1. Al considerarse el artículo 232 del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados el Honorable Senador señor Palma formuló indicación para agregar varios incisos a este artículo, encaminados a legalizar la internación de vehículos motorizados que hubieren ingresado al país al amparo de franquicias o decretos de liberación, cuyo uso o libramiento motivó procesos por fraude aduanero o contrabando, siempre que tales vehículos hubiesen sido retenidos o incautados por la autoridad aduanera con anterioridad al 31 de diciembre de 1967.

El Honorable Senador señor Chadwick pidió se dejara constancia de su protesta, por el hecho de que se propusieran en un proyecto de esta naturaleza, indicaciones destinadas a beneficiar a personas especialmente favorecidas por la fortuna y tendientes a legalizar internaciones hechas con manifiesta mala fe y cuya decisión se encuentra pendiente de los Tribunales Aduaneros.

El autor de la indicación, explicó que se trataba de beneficiar con esta indicación a un grupo de diez a quince personas que habían ádqui

rido, de buena fe, automóviles en casas de compraventa de vehículos y que luego le fueron incautados por la autoridad aduanera, por haber sido ellos internados, bajo el amparo de franquicias diplomáticas, mediante falsificación de documentos realizada por un funcionario público. Aclaró que la internación se autoriza, ahora, previo pago de los derechos de aduana correspondientes y sin perjuicio de proseguir el juicio en actual tramitación. Si de éste surgiere sentencia condenatoria en virtud de los mismos hechos que causaron la incautación y el proceso criminal, la pena que afecte a los procesados será de una multa no inferior a dos veces el valor del vehículo.

Agregó que su principal interés al someter esta indicación al conocimiento de las Comisiones Unidas, era el de financiar la realización en nuestro país del Segundo Congreso HispanoAmericanoFilipino de Tumo, al cual se destinan los resursos que se obtengan.

La indicación propuesta fue aprobada por siete votos contra tres.

2. Varios señores Senadores formularon indicaciones para dejar sin efecto las sanciones aplicadas a empleados y obreros, con motivo de haber paralizado sus funciones durante movimientos gremiales.

Al respecto, se resolvió redactar una disposición común para todas ellas, la que se inserta como artículo 206. Esta disposición, deja sin efecto los sumarios incoados con ocasión de paralización de labores, así como las sanciones administrativas aplicadas a dichos personales. Ordena, además, no descontar de los sueldos o salarios los días no trabajados y, finalmente, concede amnistía a los condenados o procesados por la ley de Seguridad Interior del Estado.

El Honorable Senador señor Palma, pidió se votara nominalmente este artículo. Votaron por la afirmativa, los señores Rodríguez, Contreras Labarca, Luengo, Aguirre y Bossay. Por la negativa los señores Palma y Musalem y se abstuvieron los Senadores Bulnes e Ibáñez.

ARTICULOS EN QUE APARECEN INCORPORADAS LAS INDICACIONES APROBADAS.

Indicación Artículo Indicación Artículo

51 151 110 22 44 153 110 29 12 158 114 36 13 159 114

39 e 142 168 117

4422 170 117 45 22 178 118 46 22 179 118 48 22 181 118 49 24 182 118 51 25 190 119 52 30 191 119 64 41 193 120 66 41 201 123 68 43 207 132 69 43 209 133 70 43 219 167 72 43 220 167 73 43 222 173 77 45 223 173 78 45 230 67 79 45 236 177 84 47 248 187 85 254 249 188 100 254 250 188 106 60 255 192 107 61 257 195 111 221 259 201 114 69 260 204 116 264 261 206 117 70 262 206 118 71 273 211 119 43 276 236 120 72 281 236 122 75 283 236 124 48 285 236 125 253 291 244 126 24 298 177

127 85 302 236 y 237

12887 303 236 131 95 304 236 133 95 305 168 137 99 306 248

Indicación Artículo Indicación Articulo

140100 307 249 141 100 308 255 149 109 311 206 150 109 313 223 318 137 447 177 566 221 319 137 448 63 573 247 326 137 452 67 583 206 329 142 455 223 584 213 330 142 462 221 586 210 331 142 469 206 587 177 332 142 470 63 589 137 349 210 471 48 590 137 350 221 480 221 595 206 354 222 490 145 596 48 356 306 496 215 598 215 359 221 501 259 602 240 361 142 502 156 619 44 363 142 509 206 623 222 383 83 517 55 626 145 386 210 519 52 627 63 393 214 525 63 631 77 397 222 528 82 633 215 401 222 531 103 634 48 402 104 532 103 637 142 404 169 533 103 640 224 409 230 534 103 643 44 412 172 535 103 644 17 413 97 538 67 652 222 415 222 543 43 654 142 419 183 545 81 662 142 427 67 549 48 665 77 428 255 551 48 666 221 429 255 556 48 668 222 430 150 557 14 670 53 431 177 558 44 673 676 54 142 678 67 793 73 949 144 682 223 794 194 950 101 685 170 795 188 952 14 686 170 796 139 955 44 688 210 797 42 957 18 689 159 798 225 963 18 701 222 810 221 977 142 703 222 812 142 978 142

Ind. Art.

704223 711 215 715 210 716 210 726 221 731 261 732 67 733 281 736 221 738 67 741 142 742 54 744 53 745 55 754 142 756 262 760 67 761 260 762 236 776 143 782 63 785 43 791 263 792 912 1061 16 1064 217 1069 87 1077 145 1089 103 1096 142 1099 109 1101 79 1107 148 1116 67 1120 140 1122 142 1125 172 1133 152 1139 44 1143 104 1144 44 1146 151 1156 55 1166 224 1169 142 1170 142 1178 142

Ind. Art.

81763 824 221 826 206 832 206 839 206 846 221 854 222 857 142 865 115 866 67 867 141 873 63 882 67 883 821 889 . 14 908 142 909 80 910 142 918 63 940 48 942 43 944 145 945 145 948 145 1201 206 1202 222 1203 110 1213 154 1217 142 1223 67 1226 222 1229 145 1230 63 1234 226 1236 106 1238 229 1243 63 1249 64 1250 142 1258 238 1260 207 1262 146 1264 160 1265 160 1266 160 1267 160 1268 160

Ind. Art.

4456142142986142992 102996 1421008 1421014 156158671025 861026 841034 2151421421039 2241041 2241043 1421044 1421046 2241054 2631056 431285 511286 2061288 1151292 631294 1421295 2211301 2561311 2181342 2241345 741349 2211351421422061511551365 1421383 271415 1451427 2062132531429

Ind. Art. Ind. Art. Ind. Art.

1179142 1269 160 1433 128 1184 1270 161 1446 206 1187 142 1271 161 1448 212 1188 48 1272 162 1449 71 1189 63 1273 163 1470 206 1190 206 1274 163 1471 18 1197 177 1275 164 1472 142 1200 170 1281 57 1476 1480 1481 1484 1485 1489 1494 1495 227 67 281 63 64 222 48 215 1496 206 1615 210 1763 235 1497 48 1616 223 1776 206 1499 215 1617 223 1786 54 1505 51 1622 210 1803 67 1507 57 1624 122 1804 145 1521 135 1628 224 1805 224 1526 54 1633 212 1818 236 1532 142 1634 155 1822 256 1533 210 1637 142 1831 142 1535 77 1642 256 1834 142 1536 221 1647 207 1854 206 1538 222 1648 206 1855 76

1539 147 1651 83 1856 215

1541 1655 63 1857 63

154267 1658 82 1859 18 1551 67 1679 80 1863 258 1561 206 1680 142 1868 257

1567 224 1690 63 1876 206

1571145 1691 206 1877 206

1575 221 1692 206 1878 264

157644 1711 63 1881 88 1581 67 1724 206 1883 220 1582 145 1329 182 1884 220 1587 222 1745 236 1885 220

1746 236 1888 233

1588145 1747 15 1889

1589 63 1748 17 a

1599247 1749 43 1892 234

1608 142 1750 43 1905 249

1610 210 1751 48 1916 249

1612206 1762 18 INDICACIONES RECHAZADAS

Números:

13 4 6 7 8 9 10 11

28 31 39 39a 39b 39c 39d 39e 50

5455 56 57 58 59 60 61 62 63 67 75 76 80 81 82 83 91 95 97 98 105 108 109 110 112 115 123 129 134 138 139 142 145 147 148 152 155 157 160 161 162 163 164 165 166 167 169 171 172 174 175 176 177 180 183 185 186 187 188 189 192 194 195 196 197 198 199 200 202 203 204 206 208 210 211 212 213 214 215 216 217 218 225 226 227 228 229 231 232 234 235 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 252 253 254 258 263 264 265 266 267 269 270 271 272 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 286 287 288 289 293 294 296 299 301 309 316 324 340 345 347 348 358 360 372 375 376 377 378 381 382 384 387 388 389 390 392 394 396 398 403 405 406 407 410 411 414 416 417 418 420 423 424 432 433 434 435 438 440 441

442 444 bis 445 453 454 457 458 460 464

468472 474 475 477 482 492 494 495 497 498 499 500 503 505 506 507 518 536 537 541 552 553 554 565 572 575 576 577 578 579 580 581 588 591 594 597 600 605 606 608 609 610 612 613 614 617 624 625 628 629 632 635 636 639 641 642 645 648 650 653 656 659 660 661 663 674 675 677 683 684 687 690 691 692 693 694 695 696 697 699 702 706 707 708 109 710 711 712 713 714 717 718 719 720 723 728 729 730 737 740 748 749 753 755 763 764 765 775 777 778 781 790 799 800 801 802 803 805 806 809 811 813 815 819 820 822 829 830 844 847 850 852 855 864 874 877 884 886 887 890 911 914 920 922 924 925 936 937 938 939 946 947 951 953 969 971 973 976 980 989 990 993 997 1. 003 1. 006 1. 007 1. 009 1. 010 1. 011 1. 012 1. 013 1. 015 1. 017 1. 018 1. 019 1. 022 1. 023 1. 024 1. 028 1. 029 1. 030 1. 031 1. 033 1. 035 1. 036 1. 040 1. 042 1. 045 1. 047 1. 048 1. 049 1. 051 1. 055 1. 060 1. 066 1. 067 1. 068 1. 070 1. 071 1. 074 1. 080 1. 081 1. 082 1. 084 1. 085 1. 086 1. 090 1. 091 1. 092 1. 097 1. 100 1. 102 1. 105 1. 111 1. 112 1. 113 1. 114 1. 121 1. 124 1. 127 1. 128 1. 129 1. 131 1. 138 1. 157 1. 158 1. 159 1. 160 1. 161 1. 162 1. 163 1. 164 1. 165 1. 167 1. 168 1. 171 1. 172 1. 173 1. 174 1. 176 1. 177 1. 180 1. 181 1. 182 1. 183 1. 191 1. 192 1. 193 1. 206 1. 207 1. 208 1. 210 1. 216 1. 218 1. 220 1. 224 1. 225 1. 227 1. 228 1. 231 1. 232 1. 233 1. 235 1. 240 1. 244 1. 245 1. 246 1. 247 1. 248 1. 251 1. 252 1. 254 1. 255 1. 259 1. 263 1. 276 1. 278 1. 279 1. 280 1. 282 1. 296 1. 297 1. 299 1. 300 1. 302 1. 303 1. 304 1. 308 1. 309 1. 310 1. 320 1. 332 1. 341 1. 343 1. 344 1. 346 . 1. 347 1. 348 1. 351 1. 352 1. 368 1. 372 1. 373 1. 381 1. 390 1. 391 1. 392 1. 393 1. 394 1. 395 1. 396 1. 397 1. 398 1. 399 1. 400 1. 401 1. 402 1. 403 1. 404 1. 405 1. 406 1. 407 1. 408 1. 409 1. 411 1. 412 1. 416 1. 417 1. 419 1. 421 1. 431 1. 433 1. 435 1. 441 1. 442 1. 443 1. 445 1. 450 1. 451 1. 452 1. 453 1. 454 1. 455 1. 456 1. 457 1. 458 1. 459 1. 460 1. 461 1. 462

1. 463 1. 464 1. 465a 1. 468 1. 473 1. 478 1. 482 1. 486 1. 487

1.491 1. 492 1. 493 1. 498 1. 500 1. 501 1. 506 1. 513 1. 514 1. 516 1. 517 1. 519 1. 520 1. 522 1. 527 1. 530 1. 531 1. 540 1. 544 1. 545 1. 546 1. 547 1. 552 1. 554 1. 555 1. 556 1. 557 1. 558 1. 559 1. 560 1. 562 1. 563 1. 564 1. 565 1. 566 1. 574 ? 1. 579 1. 580 1. 590 1. 591 1. 592 1. 598 1. 600 1. 601 1. 602 1. 603 1. 604 1. 611 1. 613 1. 614 1. 620 1. 623 1. 625 1. 627 1. 635 1. 636 1. 638 1. 639 1. 641 1. 643 1. 646 1. 659 1. 669 1. 670 1. 672 1. 675 1. 681 1. 683 1. 685 1. 693 1. 694 1. 695 1. 696 1. 697 1. 698 1. 699 1. 700 1. 705 1. 706 1. 708 1. 712 1. 714 1. 715 1. 718 1. 719 1. 720 1. 722 17. 25 1. 730 1. 731 1. 733 1. 735 1. 736 1. 738 1. 739 1. 743 1. 752 1. 755 1. 758 1. 759 1. 760 1. 764 1. 765 1. 770 1. 773 1. 782 1. 783 1. 788 1. 790 1. 791 1. 792 1. 793 1. 795 1. 796 1. 797 1. 798 1. 799 1. 800 1. 801 1. 802 1. 806 1. 807 1. 808 1. 809 1. 811 1. 812 1. 815 1. 816 1. 817 1. 819 1. 820 1. 823 1. 824 1. 825 1. 826 1. 827 1. 828 1. 829 1. 832 1. 833 1. 838 1. 839 1. 840 1. 841 1. 842 1. 843 1. 844 1. 845 1. 846 1. 847 1. 848 1. 849 1. 850 1. 851 1. 852 1. 853 1. 860 1. 862 1. 865 1. 867 1. 871 1. 872

1. 873 1. 874 1. 875 1. 878 1. 879 1. 880 1. 882 1. 885 bis 1. 895

1.908 1. 909 1. 910 1. 911 1. 912 1. 913 1. 914 1. 915. INDICACIONES ENVIADAS AL EJECUTIVO

Números:

1213 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 32 33 34 35 37 38 40 41 53 65 71 86 87 88 89 90 92 93 94 96 99 101 102 103 130 132 146 310 321 322 323 325 327 328 333 334 335 336 337 338 339 341 342 343 344 346 3711351 352 353 354 355 357 362 364 365 366 367 368 369 370 371 373 374 379 380 385 391 395 399 400 408 421 422 425 426 436 437 439 446 449 450 451 456 459 461 465 466 467 473 476 478 479 481 483 484 485 486 487 488 489 491 493 504 508 510 511 512 513 514 515 516 520 522 523 524 526 527 529 530 539 540 542 544 546 547 548 550 555 559 560 561 562 563 564 567 568 569 570 571 574 582 585 592 593 599 601 607 611 615 616 618 620 621 622 630 638 647 649 651 655 657 658 664 667 669 671 672 679 680 681 698 700 722 724 725 727 734 735 739 743 746 747 750 751 752 757 758 759 766 767 768 769 770 771 772 773 774 779 780 783 787 788 789 804 807 808 814 816 818 821 823 825 827 828 831 833 834 835 836 837 838 840 841 842 843 845 848 849 851 853 856 858 859 860 861 862 863 868 869 870 871 872 875 876 878 879 880 881 885 888 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 912 913 915 916 917 921 923 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 941 943 954 956 958 959 960 961 962 964 965 966 967 968 970 972 974 975 979 983 987 988 991 994 995 998 999 1. 000 1. 001 1. 002 1. 004 1. 005 1. 016 1. 027 1. 032 1. 050 1. 052 1. 053 1. 057 1. 059 1. 062 1. 065 1. 072 1. 073 1. 075 1. 076 1. 078 10. 79 1. 083 1. 087 1. 088 1. 093 1. 094 1. 095 1. 098 1. 103 1. 104 1. 106 1. 108 1. 109 1. 110 1. 115 1. 117 1. 118 1. 119 1. 123 1. 126 1. 30 1. 132 1. 134 1. 135 1. 136 1. 137 1. 140 1. 141 1. 142 1. 145 1. 147 1. 148 1. 149 1. 150 1. 151 1. 152 1. 153 1. 154 1. 155 1. 175 1. 185 1. 194 1. 195 1. 196 1. 198 1. 199 1. 204 1. 205 1. 209 1. 211 1. 212 1. 214 1. 219 1. 221 1. 222 1. 239 1. 241 1. 242 1. 253 1. 256 1. 257 1. 261 1. 277 1. 283 1. 284 1. 287 1. 289 1. 290 1. 291 1. 293 1. 305 1. 306 1. 307 1. 312 1. 313 1. 314 1. 315 1. 316 1. 317 1. 318 1. 321 1. 322 1. 323 1. 324 1. 325 1. 326 1. 327 1. 328 1. 329 1. 330 1. 331 1. 333 1. 134 1. 335 1. 336 1. 337 1. 338 1. 339 1. 340 1. 350 1. 353 1. 356 1. 357 1. 360 1. 361 1. 362 1. 366 1. 367 1. 369 1. 370 1. 371 1. 382 1. 384 1. 385 1. 386 1. 287 1. 388 1. 389 1. 410 1. 413 1. 414 1. 418 1. 420 1. 422 1. 424 1. 425 1. 426 1. 428 1. 432 1. 434 1. 436 1. 437 1. 438 1. 439 1. 440 1. 444 1. 467 1. 469 1. 474 1. 475 1. 477 1. 479 1. 483 1. 488 1. 490 1. 502 1. 503 1. 504 1. 508 1. 509 1. 510 1. 511 1. 512 1. 515 1. 518 1. 523 1. 524 1. 525 1. 528 1. 529 1. 534 1. 537 1. 543 1. 548 1. 549 1. 550 1. 553 1. 568 1. 569 1. 570 1. 573 1. 577 1. 578 1. 583 1. 584 1. 585 1. 586 1. 593 1. 594 1. 595 1. 596 1. 597 1. 604 1. 605 1. 606 1. 609 1. 618 1. 619 1. 621 1. 626 1. 629 1. 630 1. 631 1. 632 1. 634 1. 640 1. 644 1. 645 1. 649 1. 650 1. 652 1. 653 1. 654 1. 656 1. 657 1. 660 1. 661 1. 662 1. 663 1. 664 1. 665 1. 666 1. 667 1. 668 1. 671 1. 673 1. 674 1. 676 1. 677 1. 678 1. 682 1. 684 1. 686 1. 687 1. 688 1. 689 1. 701 1. 702 1. 703 1. 704 1. 707 1. 709 1. 710 1. 713 1. 716 1. 717 1. 721 1. 723 1. 726 1. 727 1. 728 1. 732 1. 734 1. 737 1. 740 1. 741 1. 742 1. 753 1. 754 1. 756 1. 757 1. 761 1. 766 1. 767 1. 768 1. 769 1. 771 1. 772 1. 774 1. 775 1. 777 1. 778 1. 779 1. 780 1. 781 1. 784 1. 785 1. 787 1. 789 1. 794 1. 813 1. 821 1. 835 1. 836 1. 858 1. 961 1. 864 1. 866 1. 869 1. 870 1. 886 1. 887 1. 893 1. 894 1. 896 1. 897 1. 898 1. 899 1. 900 1. 901 1. 902 1. 903 1. 904 1. 906 1. 907.

Indicaciones Retiradas.

2342 43 47 224 290 292 295 297 320463 521 603 604 646 786 1. 215 1. 298 1. 374 1. 375 1. 376 1. 377 1. 378 1. 379 1. 380 1. 447 1. 744 1. 830 1. 837.

Indicaciones Improcedentes.

2443 705 721 1. 237 1. 423.

Indicaciones Inconstitucionales.

7841. 810.

En mérito de las consideraciones anteriores, vuestras Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas, tienen a honra proponeros la aprobación del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

Agregar, en el inciso primero, a continuación de la forma verbal "Reajústanse", lo siguiente: ", en dinero, ".

Sustituir los incisos segundo y tercero, por los siguientes:

"Adicionalmente se entregará al personal referido en el inciso primero una asignación especial equivalente al 7, 5% de los sueldos y salarios bases, incluidas las asignaciones expresadas en un porcentaje de dicho sueldo base. Esta asignación especial estará exenta de toda clase de impuestos o contribuciones y su pago se efectuará en doce mensualidades a contar del mes de abril de 1968, inclusive. Facúltase a los habilitados de los respectivos servicios o instituciones para que, a requerimiento de los interesados, depositen esta asignación especial en Asociaciones de Ahorro y Prétamos, en la Corvi o suscriban, a nombre de ellos. Certificados de Ahorro Reajustables del Banco Central de Chile.

No se aplicará el inciso anterior a los funcionarios incluidos en el párrafo 2º de la presente ley o en los artículos 25 y 26 de la ley Nº 16. 617. Sin embargo, estos funcionarios, en los casos en que obtengan un reajuste inferior a un 20%, incluidos el reajuste ordenado en el inciso primero de

este artículo, los aumentos a que tienen derecho en virtud de la reestructuración de sus plantas, lo dispuesto en los citados artículos de la ley Nº 16. 617, los ascensos que se produjeren como consecuencia de dichas reestructuraciones y cualquier otro beneficio que se otorgue por cualquier concepto en dicho párrafo, gozarán de la asignación especial establecida en el inciso anterior, hasta completar dicho 20%.

Las diferencias de remuneraciones acumuladas desde el 1° de enero a la fecha de la promulgación de la presente ley, se cancelarán, de una sola vez, dentro de los treinta días siguientes a su publicación en el Diario Oficial. ".

Consultar, en seguida, como artículo 2°, el artículo 103, con las siguientes modificaciones:

Redactar el inciso primero en los siguientes términos:

"Artículo 2ºLas sumas correspondientes al aporte en cuotas de ahorro para la vivienda que deba hacer el Estado a nombre de cada funcionario que opte por recibir dichas cuotas de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo anterior, deberán acreditarse individualmente en las cuentas de ahorro para la vivienda a que se refiere el Decrto Supremo N° 121, de 24 de febrero de 1967, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. ".

En el inciso segundo, suprimir: ", con excepción de lo dispuesto en el artículo 30, letra a)".

Suprimir los incisos tercero y cuarto.

En el inciso quinto, que ha pasado a ser tercero, sustituir el punto final de la letra a) por ", y".

En la letra b) del mismo inciso, suprimir las palabras: ", de acuerdo con las normas que al respecto dicte el Presidente de la República".

A continuación, agregar como artículo 3°, nuevo, el siguiente:

"Artículo 3ºFacúltase al Presidente de la República para reajustar, anualmente, a partir del 1º de enero de 1969, en el 100% del alza que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor en el año inmediatamente anterior, las remuneraciones y asignaciones imponibles y no imponibles que perciban al 31 de diciembre de cada año los empleados y obreros del sector público y los miembros de las Fuerzas de la Defensa Nacional y los Carabineros de Chile.

Los recursos que se obtengan para financiar aumentos de remuneraciones otorgados por las leyes números 7. 295, 9. 629, 9. 989, 10. 343, 11. 151, 11. 764, 12. 006, 12. 432, 12. 434, 12. 861, 13. 305, 14. 501, 14. 688, 15. 141, 15. 077, 15. 575, 16. 250, 16. 464, 16. 466, 16. 617 y por la presente ley, se contabilizarán separadamente en el Cálculo de Entradas del Presupuesto de la Nación y se destinarán exclusivamente al pago de remuneraciones. El excedente, si lo hubiere, se destinará íntegramente a financiar el Presupuesto de Capital.

Asimismo, las remuneraciones y asignaciones imponibles y no imponibles que perciban al 31 de diciembre de cada año los empleados y obreros del sector privado, se reajustarán, anualmente, a partir del 1° de

enero de 1969, en el 100% del alza que experimente el índice de precios al consumidor en el año inmediatamente anterior.

Lo dispuesto en este artículo no afectará a convenios o actas de avenimiento válidamente suscritos. "

Artículo 2º

Ha pasado a ser artículo 4°.

En la letra h), sustituir: ", e", por un punto y coma.

Intercalar, a continuación, como letra i), la siguiente, nueva:

"i) Las remuneraciones establecidas en las resoluciones de la Empresa Portuaria Nºs. 456, de 19 de abril de 1963, 289 de 25 de abril de 1966, las resoluciones de los obreros de las plantas mecanizadas de los puertos de San Antonio y Valparaíso y artículo 6º del D. S. del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción Nº 365, publicado el 4 de noviembre de 1966, y".

La letra i), ha pasado a ser letra "j)", con la siguiente redacción:

"j) Las horas extraordinarias y demás remuneraciones imponibles vigentes al 31 de diciembre de 1967 que no han sido mencionadas en las letras precedentes. ".

Suprimir el inciso tercero.

El inciso cuarto, que pasa a ser tercero, reemplazarlo por el siguiente:

"El personal de la Empresa Portuaria de Chile, tanto empleados como obreros, recibirán además del reajuste señalado en el presente artículo por el año 1968, la asignación especial a que se refiere el inciso segundo del artículo 1º por una suma equivalente a la cantidad que resulte de aplicar dicha asignación sobre el promedio mensual individual de las remuneraciones imponibles que percibieron durante el año 1967. ".

Los incisos quinto y sexto, pasan a ser cuarto y quinto, respectivamente, sin enmiendas.

Artículos 3º, 4º y 5º

Han pasado a ser artículos 5°, 6º y 7º, respectivamente, sin enmiendas.

Artículos 6º y 7º

Han pasado a ser artículo 8º, refundidos de la siguiente manera: "Artículo 8ºIntrodúcense las siguientes modificaciones al D. F. L. Nº 63, de 1960:

Sustitúyese, en el artículo 1º, la frase "en el artículo 4º de la ley Nº 11. 824" por la siguiente: "los artículos 4º y 5º de la ley Nº 11. 824", y

Sustitúyense, en el artículo 15 letra b), la frase "a su sueldo en moneda corriente" por "a las remuneraciones en moneda corriente de que disfrute en el país con exclusión de la asignación familiar y asignación

a) establecida en el artículo 39 de la ley Nº 14. 603" y la frase "del ya mencionado sueldo" por "a las ya indicadas remuneraciones". ".

Artículo 8º

Ha pasado a ser artículo 9º.

En el inciso primero sustituir la referencia al "artículo 4º" por otra al "artículo 69".

Redactar el inciso segundo en los siguientes términos:

"Este aumento se pagará en igual forma a la establecida en el inciso primero al personal inutilizado de II Clase y a los montepíos concedidos por esta misma causal. "

Artículos 9º y 10

Han pasado a ser artículos 10 y 11, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 11

Ha pasado a ser artículo 12, reemplazado por el siguiente: "Artículo 12. Modifícase en el artículo 45 del D. F. L. Nº 209, de 1953, la frase: "En quinto grado las hermanas legítimas solteras huérfanas" cambiándose su redacción por la siguiente: "En quinto grado las hermanas solteras huérfanas que carezcan de medios propios de vida iguales a un sueldo vital y medio o más mensual de la escala A del departamento de Santiago. ".

Artículo 12

Suprimirlo.

Artículo 13

En el inciso primero, agregar a continuación de la forma verbal "Créase" lo siguiente: "en cada una de las Cajas de Previsión de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, " y sustituir la frase: "las Cajas de Previsión de Defensa Nacional y de Carabineros de Chile, las diferencias por concepto" por la siguiente: "las mencionadas Cajas de Previsión, las diferencias por aumento".

Reemplazar el inciso tercero por el siguiente:

"Por la aplicación de este artículo, dichos pensionados percibirán la diferencia de quinquenios en la siguiente forma: 20% a contar desde el 1º de enero de 1968; 40% a contar desde el 1º de enero de 1969; 60% a contar desde el 1º de enero de 1970; 80% a contar desde el 1º de enero de 1971 y 100% a contar desde el 1º de enero de 1972. "

Agregar a continuación como artículos 14, 15 y 16, los siguientes, nuevos:

"Artículo 14. Los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan sido destacados en misión en la Antártida durante los años 1966 y 1967, podrán acogerse a las franquicias del artículo 35 de la ley Nº 13. 039 vigente al 31 de diciembre de 1966, aun cuando la solicitud para impetrar las franquicias se presente fuera de plazo. "

"Artículo 15. Los funcionarios y ex funcionarios de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros que hayan sido declarados con invalidez absoluta o de segunda clase por la Comisión Médica respectiva, por accidente ocurrido en acto de servicio o a consecuencia de éste, y cuyo derecho para impetrar los beneficios legales y reglamentarios correspondientes se encuentren prescritos a la fecha en que la presente ley entre en vigencia, tendrán un nuevo plazo de noventa días contados desde dicha fecha para recabar los beneficios aludidos. "

"Artículo 16. El personal en retiro del Cuerpo de Carabineros de Chile, acogido a retiro con anterioridad al 3 de agosto de 1953, tendrá derecho a los beneficios que concede el artículo 19 del D. F. L. Nº 299, de 1953, cuando compruebe contar con 20 años o más de servicios efectivos en la institución, válidos para el retiro. "

Como artículo 17, consultar el artículo 240, con la sola modificación de suprimir desde: "Se faculta a esta persona... " hasta el final.

Artículo 14

Ha pasado a ser artículo 18.

Consultar como letra c), el artículo 318, redactado en los términos siguientes:

"c) Sustituyese el inciso penúltimo del artículo 2º por el siguiente:

"Para las Universidades del Estado o reconocidas por éste, cuyos profesores sean imponentes de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas regirán, además, las disposiciones contenidas en el Título VII, "De la Previsión", de esta ley. ". "

Como inciso segundo consultar el artículo 142, sin modificaciones.

Agregar como inciso tercero el artículo 47, con la sola modificación de sustituir la cita al artículo ||AMPERSAND||quot;46" por otra al artículo ||AMPERSAND||quot;44".

Artículo 15

Ha pasado a ser artículo 19.

Como inciso tercero, consultar el artículo 16, sin enmiendas.

Artículo 16

Como se dijo, ha pasado a ser inciso tercero del artículo 19.

Artículo 17

Ha pasado a ser artículo 20, con la sola modificación de sustituir la forma verbal "Prorrogúese" por "Prorrógase".

Artículo 18

Pasa a ser artículo 21, sin modificaciones.

Artículo 19

Pasa a ser artículo 22.

En el inciso primero, agregar a continuación de la primera oración, sustituyendo el punto (. ) por una coma (, ) la siguiente frase: "sin sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias sobre provisión de cargo. ".

Consultar, en este mismo inciso, en punto seguido, la siguiente frase final: "Los nombramientos regirán a contar del 1° de enero de 1968. ".

Agregar, en el inciso segundo, la siguiente frase final, reemplazando «1 punto (. ) por una coma (, ): "salvo el personal que trabaje permanentemente en estos programas o campañas. ".

Consultar como inciso cuarto, el siguiente:

"Esta norma le será aplicada igualmente a aquellos funcionarios que asumieron los cargos quedados acéfalos por jubilación de los titulares, acogidos al artículo 1º transitorio de la ley Nº 14. 593 y 1º transitorio de la ley Nº 14. 904, en cuyo caso conservarán sus actuales categorías o grados y funciones, siempre que dichos funcionarios provengan de las plantas del servicio. ".

Los incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo, pasan a ser incisos quinto, sexto, séptimo y octavo, sin modificaciones.

Artículo 20

Ha pasado a ser artículo 23, sin modificaciones.

Artículo 21

Ha pasado a ser artículo 24, reemplazado por el siguiente: "Artículo 24. Declárase que el artículo 8° de la ley Nº 16. 605 ha regido y continuará rigiendo para el personal del Servicio Nacional de Salud. Sin embargo el Director General de Salud dictará las normas que a contar del 1º de julio de 1968 regirán para la debida aplicación de dicha disposición señalando los establecimientos y el personal que se regirá por ellas, con visación de la Dirección de Presupuestos.

Al personal del Servicio Médico Nacional de Empleados no afecto a la ley Nº 15. 076, que trabaja en Hospitales, Clínicas, Sanatorios y Casas de Reposo, se aplicará la asignación a que se refiere el inciso cuarto del artículo 79 del D. F. L. Nº 338 de 1960. Los trabajos extraordinarios que efectúe ese personal se realizarán de acuerdo a las normas que dicte

el Vicepresidente Ejcutivo del Servicio con visación de la Dirección de Presupuestos, y no estarán sujetos a la limitación de horarios nocturnos o en días festivos establecida en dicho artículo.

Declárase que el pago de Eº 100 hecho por el Servicio Nacional de Salud a sus funcionarios en el mes de marzo del año en curso, constituye un anticipo del beneficio contemplado en el inciso 3? del artículo 19 de la presente ley, y libérase de toda responsabilidad a los funcionarios que intervinieron en dicho pago. "

Artículo 22

Pasa a ser artículos 25, 26 y 27, reemplazado por los siguientes:

"Artículo 25. Autorízase al Presidente de la República para que a contar desde el 1º de julio de 1968, proceda a modificar las plantas del personal del Servicio Nacional de Salud, fijando los nuevos escalafones que comprenderá sus distintas escalas de categorías, grados y sueldos.

La aplicación de este artículo no podrá significar eliminación de personal, disminución de sus remuneraciones, pérdida de su actual categoría o grado, régimen previsional o beneficios que le confiere el artículo 132 del D. F. L. Nº 338, de 1960.

El Consejo Nacional de Salud creará los cargos que correspondan a cada uno de los escalafones que se establezcan. "

"Artículo 26. El personal titular del Servicio Nacional de Salud que esté en funciones al momento de aplicación de este artículo, será designado, con excepción del afecto a la ley Nº 15. 076 y del sujeto a tarifado gráfico, en los nuevos cargos que se creen, sin sujeción a las normas sobre provisión de cargos y de acuerdo exclusivamente con la antigüedad que tengan en el escalafón a que pertenezcan.

Si entre dos o más empleados se produce coincidencia de antigüedad, se atenderá a la antigüedad en el Servicio y si también existe igualdad a este respecto, a la. antigüedad en la Administración Pública. "

"Artículo 27. Los artículos 25 y 26 se financiarán con los mayores ingresos que obtenga el Servicio Nacional de Salud de la aplicación de la presente ley. "

Artículo 23 Ha pasado a ser artículo 28, sin modificaciones.

Consultar como artículo 29 el artículo 312, sin modificaciones,

A continuación, como artículo 30, consultar el siguiente, nuevo: "Artículo 30. Declárase que el edificio ordenado construir para la

Asistencia Pública de Santiago por la ley Nº 11. 054, podrá sólo destinarse

para el objetivo dispuesto en dicha ley.

La totalidad de sus camas, servicios e instalaciones, tanto de la Casa Central como de las Postas 3 y 4, se dedicarán exclusivamente a atenciones de urgencia.

La provisión de vacantes o de los cargos que se creen y que correspondan a los señalados en la ley Nº 15. 076, se hará a través de concursos llamados de acuerdo con las disposiciones vigentes en el Servicio Nacional de Salud.

En la provisión de cargos correspondientes al personal paramédico se considerará como requisito importante la preparación adquirida en los cursos respectivos de la propia Asistencia Pública. ".

Artículo 24

El inciso primero de este artículo ha pasado a ser artículo 31, con la sola modificación de reemplazar su párrafo inicial por el siguiente:

"Artículo 31. Fíjase para los funcionarios del Poder Judicial y Sindicatura General de Quiebras la siguiente escala única de sueldos del".

El inciso segundo de este artículo ha pasado a ser artículo 32, con las siguientes modificaciones:

a) Agregar como párrafo inicial, el siguiente:

"Artículo 32. Fíjase para los funcionarios del Poder Judicial y Sindicatura General de Quiebras, la siguiente escala única de sueldos del".

b) Reemplazar las palabras finales de su inciso segundo, que dicen:

"en este artículo;, por "en este artículo y el precedente".

Artículo 25 Ha pasado a ser artículo 33, sin modificaciones.

Artículo 26

Ha pasado a ser artículo 34, con la sola modificación de sustituir, en la primera frase del inciso primero, las palabras "el sueldo base" por "sus sueldos".

Artículo 27

Su número 1) ha pasado a ser artículo 35, redactado como sigue:

"Articulo 35. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 4º de la ley Nº 11. 986, de 19 de noviembre de 1955, la frase "el equivalente a la diferencia que exista entre los sueldos de la primera y segunda categoría de la misma escala" por la frase "igual al que se concede por el inciso anterior". ".

Su número 2) ha pasado a ser artículo 36, redactado de la siguiente manera:

"Artículo 36. Intercálase en el inciso tercero del artículo 4º de la ley Nº 11. 986, de 19 de noviembre de 1955, a continuación de "Secretario de ¡a Corte Suprema" la frase "y demás funcionarios de la segunda categoría de la escala de sueldos" y reemplázase la palabra "anterior" con que termina este inciso, por la palabra "primero". ".

Su número 3) ha pasado a ser artículo 37, redactado de la siguiente manera:

"Artículo 37. Deróganse los incisos octavo y noveno del artículo 4º de la ley Nº 11. 986. "

Artículo 28

El inciso primero de este artículo ha pasado a ser artículo 38, sin modificaciones.

El inciso segundo de este artículo ha pasado a ser artículo 39, con la sola modificación de reemplazar la palabra "inciso" por "artículo".

El inciso tercero de este artículo ha pasado a ser artículo 40, con la sola modificación de reemplazar la palabra "inciso" por "artículo".

Artículos 29 al 41, ambos inclusive.

Suprimirlos. Asimismo, suprimir el título del Párrafo "D. Del Servicio de Correos y Telégrafos" y reemplazar la letra que antecede al párrafo "E" por "D".

Artículo 42

Pasa a ser artículo 41.

Reemplazar su inciso primero, por los siguientes nuevos: "Artículo 41. Créanse en la Planta Directiva, Profesional y Técnica del Servicio de Registro Civil e Identificación las siguientes categorías:

Número de

Categoría Designación Empleados

6ª Cat. Jefes Departamentales de Registro Civil e Identificación (24), Subjefes de Oficinas Provinciales y Departamentales de Registro Civil e Identificación (23), Subjefes de Subdepartamentos del Archivo General y de la Oficina Central de Identificación (18), Jefes de Secciones del Departamento de Registro Civil e Identificación: Sección Registro Civil (1), Sección Identificación (1), Subjefe Subdepartamento de máquinas operadoras automáticas (1), Jefe de la Oficina de Racionalización (1)...

7ª Cat. Jefes Departamentales de Registro Civil e Identi

cación (19), Oficiales Comunales de Registro Ci

vil e Identificación y Jefes de Gabinetes de Identi

ficación (49), Jefes de Secciones del Archivo Ge

neral y de la Oficina Central de Identificación

(11), Examinadores de Registros (10), Subjefes

de Oficinas Provinciales y Departamentales de Re

gistro Civil e Identificación (8), Subjefes de Ofi

cinas de Registro Civil e Identificación del Depar

tamento de Santiago (4), Oficiales de la Oficina

de Racionalización (2), Oficial de Partes de la Di

rección General de Registro Civil e Identificación

(1), Subjefe de la Sección Personal (1), Jefe de

Almacenes (1)

La primera provisión de los cargos directivos que se crean por el inciso primero de este artículo se hará a elección de los interesados y de acuerdo al estricto orden que ocupen en el Escalafón 19671968. La provisión del cargo de subjefe del Subdepartamento de Máquinas Operadoras Automáticas se hará por estricto orden de Escalafón con el primero que reúna los requisitos técnicos exigidos. La libre elección de cargos no regirá para los Jefes y Oficiales de la Racionalización, para los cuales podrán ser designados cualesquiera de los funcionarios a quienes corresponda ascender a las respectivas categorías, según el orden de Escalafón.

Las vacantes que se produzcan en las categorías o grados de la Planta Administrativa con motivo de la promoción de funcionarios a las categorías sexta y séptima Directivas se proveerán por estricto orden de Escalafón.

Respecto a las vacantes que existan en la 4ª y 5ª Categorías de la Planta Directiva, Profesional y Técnica al momento de promulgarse la presente ley, serán provistas por estricto orden de Escalafón, a excepción de los cargos profesionales o técnicos de la 5ª Categoría.

Los incisos segundo y tercero han pasado a ser incisos quinto y sexto, correspondiente, sin enmiendas.

Agregar como inciso final, el siguiente nuevo:

"La aplicación de este artículo, no podrán significar a este personal disminución de sus remuneraciones".

A continuación, como artículo 42, consultar el siguiente, nuevo:

"Artículo 42. Destínase la primera diferencia que resulte a favor de los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación para adquirir o construir, instalar, alhajar y dotar un bien raíz que sirva de sede social y cultural de los empleados de este servicio, y que deberá estar ubicado en la ciudad de Santiago, siempre que cada uno de ellos autorice por escrito tal destinación.

La administración de este inmueble corresponderá a la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil e Identificación, persona jurídica según Decreto de Justicia Nº 1. 699, publicado en el Diario Oficial de 5 de octubre de 1967.

La diferencia a que se refiere el inciso primero de este artículo, será depositada en una cuenta especial que se abrirá en el Banco del Estado de Chile, a nombre de la persona jurídica "Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil e Identificación", quien utilizará estos fondos para los fines señalados.

Sólo por ley se podrá dar a este inmueble otro destino que el que se señala en el presente artículo. "

El epígrafe signado con la letra "F", pasa a ser "E".

Artículo 43

En el inciso primero suprimir la siguiente frase: "3. Servicios Eléctricos y de Gas. ".

El Nº 4 ha pasado a ser Nº 3 sin enmiendas.

Consultar como inciso segundo, el siguiente, nuevo:

"Autorízase al Presidente de la República, para que dentro del plazo de 120 días a contar de la publicación de la presente ley, proceda a reorganizar la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas, pudiendo modificar sus dependencias y calidad jurídica. Asimismo, podrá estructurar su planta creando o ampliando cargos y empleos y fijar sus remuneraciones. "

El inciso segundo pasa a ser tercero sin enmiendas.

Reemplazar los incisos tercero y cuarto, por los siguientes:

"La reorganización de las Plantas de los Servicios e instituciones que se autoriza por la presente ley no podrá significar eliminación ni traslados de personal en actual servicio, rebaja de grado o categoría, disminución de sus remuneraciones, pérdida de su actual régimen previsional o beneficios que le confiere el artículo 132 del D. F. L. Nº 338, de 1960.

Los ascensos a que dé origen la aplicación de este artículo se hará por estricto orden de escalafón. "

Como inciso sexto consultar el siguiente, nuevo:

"Las Plantas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas regirán a contar del 1º de enero de 1968 y su aplicación no significará pérdida del beneficio contemplado en el artículo 20 de la ley Nº 7. 2% para el personal que tenga derecho a percibirlo en dicho año. "

Agregar como inciso séptimo, el artículo 44, sustituyendo las palabras "en el" que figuran entre las palabras "señaladas" y "artículo" por las siguientes: "en este"; y suprimir el guarismo "43, ".

Finalmente, consultar los siguientes incisos nuevos:

"El Servicio de Prisiones mantendrá su calidad de institución civil, por lo tanto solamente los funcionarios de la Planta Administrativa o quienes por mandato de esta ley pasen de la Planta Administrativa a la Directiva, podrán ser Alcaides de Establecimientos Penales.

Los delegados de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones (ANFUP), destacados en las Prisiones, en la Dirección General, Tribunales de Justicia o Establecimientos Especiales no podrán ser trasladados durante su mandato ni dentro de los seis meses siguientes a su término, salvo su aceptación por escrito.

Modifícase en el artículo 22 de la ley Nº 15. 720 el guarismo "4%" "4, 6%". ".

Artículo 44

Como se explicó ha pasado a ser inciso séptimo del artículo 43.

Artículo 45 Suprimirlo.

Artículo 46

Ha pasado a ser artículo 44.

Agregar como incisos segundo, tercero y cuarto, los siguientes nuevos:

"Los reajustes de remuneraciones, pensiones y montepíos a que hubiere lugar, de acuerdo con la legislación vigente sobre la materia, deberán pagarse sin necesidad de requerimiento de parte de los interesados. "

"En el caso de los reajustes de cargo fiscal, la respectiva resolución deberá dictarse sin necesidad de requerimiento del beneficiario, dentro del plazo de 60 días, contado desde la publicación de la presente ley. "

"El Departamento de Pensiones del Ministerio de Hacienda no será responsable de la demora en la dictación de la resolución correspondiente, cuando se encuentre pendiente en otros organismos que intervengan en ella. "

Consultar como inciso quinto el artículo 122, sin enmiendas.

Artículo 47 Como se explicó, pasó a ser inciso tercero del artículo 18.

Artículo 48

Pasa a ser artículo 45, reemplazado por el siguiente:

"Artículo 45. Se declara que el reajuste ordenado por la presente ley para las instituciones del Sector Público, es el único aumento que tendrán las remuneraciones durante el año 1968. En consecuencia no podrán concederse u otorgarse nuevas bonificaciones ni aumentos de asignaciones especiales ni ningún otro beneficio pecuniario, cualquiera que sea su naturaleza o denominación. No obstante, podrán reajustarse, exclusivamente en un 12, 5%i las bonificaciones, asignaciones y otros beneficios existentes al 31 de diciembre de 1967.

El mismo reajuste del 12, 5% tendrán las planillas suplementarias resultantes de la aplicación del artículo 5º de la ley Nº 16. 617 para el Instituto de Seguros del Estado, Servicio Médico Nacional de Empleados, Dirección General del Crédito Prendario y Martillo y las Instituciones de previsión señaladas en el artículo 6º de la ley 16. 617.

En el caso de la Línea Aérea Nacional, el 12, 5% de reajuste se aplicará sobre los sueldos y salarios imponibles de la Empresa. "

Artículo 49

Ha pasado a ser artículo 46.

Agregar como incisos quinto y sexto, los siguientes nuevos: "Tampoco será aplicable lo dispuesto en este artículo al Servicio de Equipos Agrícolas y Mecanizados quien, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 322 de la ley 16. 640 y en el D. F. L. Nº 7, de 1963, fijará, por una sola vez, durante el año 1968 las plantas y remuneraciones de todo su personal de empleados.

Las remuneraciones que resulten de aplicar el inciso anterior, incluirán el reajuste contemplado para el Sector Público en la presente ley y regirán desde el 1º de enero del año en curso. ".

Consultar a continuación el siguiente artículo 47, nuevo: "Articulo 47. Las planillas suplementarias que el personal percibe por aplicación del artículo 5º de la ley Nº 16. 617, no resultarán afectadas por lo establecido en el artículo 98 de la misma ley, en virtud de la aplicación del Párrafo 2º del Título I de la presente ley. "

Artículos 50 y 51

Han pasado a ser letras a) y e), respectivamente, del artículo 221, como se explicará en su oportunidad.

Suprimir el Párrafo 49, "De los aportes".

El artículo 52 ha asado a ser artículo 254.

Sustituir, a continuación, en el epígrafe, "Párrafo 5º" por "Párrafo 4?".

Artículos 53 y 54

Suprimirlos.

Artículo 55

Ha pasado a ser artículo 48.

Consultar como incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, nuevos, los siguientes:

"El personal secundario de servicios menores o auxiliares de la Empresa de Comercio Agrícola en actual servicio, que hubiese desempeñado funciones en el ex Instituto Nacional de Comercio y que se acogió a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Nº 11. 764 tendrá derecho a gozar desde el mes de marzo de 1955 hasta el mes de enero de 1963, de la indemnización por años de servicio establecida en el artículo 38 de la Ley 7. 295, que le fue conferida según lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 15. 142. La Empresa de Comercio Agrícola deberá enterar, en su calidad de Empleadora, dentro de un plazo de 60 días contados desde la fecha de la publicación de esta Ley, el aporte del 8, 33% en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.

Las personas que se desempeñen como servicios menores en Prisiones tendrán preferencia para ingresar a la Planta IV de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario. Este inciso tendrá aplicación tanto para los funcionarios hombres o mujeres que se hayan desempeñado por lo menos dos años como servicios menores en Prisiones.

Declárase que el personal de servicios menores contratado por la Caja de Previsión de Empleados Particulares, para prestar servicios en el Casino de esa Institución, para todos los efectos legales han estado y están regidos por el artículo 379 del D. F. L. Nº 338, de 1960, y han gozado y gozan de los derechos y beneficios propios de esos personales.

Los funcionarios de la Planta de Servicios Menores del Servicio de Tesorerías, después de haber servido sus cargos durante dos años, a lo menos, serán designados sin la limitación del plazo establecido en el artículo 378 del D. F. L. Nº 338, de 1960. "

Artículo 56 Suprimirlo.

Artículo 57 Ha pasado a ser artículo 49, sin modificaciones.

Artículo 58 Suprimirlo.

Artículo 59 Ha pasado a ser artículo 50, sin enmiendas.

Consultar, a continuación, los siguientes artículos nuevos: "Artículo 51. Sustitúyese el artículo 2º de la ley Nº 12. 847, por el siguiente:

"Artículo 2?El Sindicato Profesional de Jornaleros, Estibadores y

Desestibadores Marítimos de Valparaíso, deberá destinar este predio a la construcción de un edificio para su sede social, debiendo dar término a la obra dentro del plazo de diez años a contar de la fecha de la suscripción de la escritura de compraventa. Si así no se hiciere, quedará sin efecto el contrato de compraventa. ". "

"Artículo 52. Las rentas a que se refiere el artículo 89 de la ley Nº 13. 023, serán consideradas sueldo para los efectos del cálculo de los viáticos que correspondan a los funcionarios de la Empresa Portuaria de Chile que deban cumplir comisiones de servicio fuera del lugar de su residencia habitual. "

"Artículo 53. A contar del 1º de enero de 1968, los obreros contratados por la Empresa Portuaria de Chile, después del 6 de abril de 1960, percibirán remuneraciones en base de tonelaje de embarque y desembarque que establece la ley Nº 12. 436 y sus decretos reglamentarios y resoluciones actualmente en vigencia. "

"Artículo 54. Para los efectos de la aplicación de los feriados de los obreros portuarios, a los operarios denominados Auxiliares o Eventuales se les computarán las llamadas como días trabajados. "

"Artículo 55. Los empleados portuarios que desempeñen cargos de dirigentes gremiales en algunos de los puertos explotados por la Empresa Portuaria de Chile, gozarán de las mismas prerrogativas legales otorgadas a los funcionarios de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y Asociación Nacional de Empleados Semifiscales (ANES) en materia de fuero gremial. "

"Artículo 56. Se declara que los íntegros de imposiciones a que se refieren los artículos 1º al 5º de la ley Nº 16. 402 se aplicarán también a los obreros portuarios jubilados por la ley Nº 16. 375, de 30 de noviembre de 1965. "

"Artículo 57. Los Armadores, Agencias de Naves, Industrias Marítimas, de administración privada, fiscal, semifiscal o de administración autónoma o quien sea el que requiera los servicios de Tripulantes de la Marina Mercante Nacional, deberán hacerlo de acuerdo a los convenios vigentes del Sindicato Profesional de Tripulantes que exista en el respectivo puerto de la contratación. Si no hubiera, se regir. án por el Convenio del Sindicato Profesional de Tripulantes de Valparaíso.

Esta disposición se aplicará también al personal de Oficiales de acuerdo al convenio suscrito entre el Sindicato Profesional de Oficiales de la Marina Mercante Nacional con las empresas armadoras. "

En seguida, consultar como artículo 58, el inciso primero del artículo 82, reemplazado por el siguiente:

"Artículo 58. Declárase que el artículo 1º transitorio del D. F. L. Nº 338, de 1960, incluye el derecho al goce del sueldo del grado superior que de hecho estaba percibiendo el personal del Servicio de Seguro Social, al 6 de abril de 1960. Esta norma regirá a contar desde la publicación de la presente ley. "

Artículo 60 Pasa a ser artículo 59, sin modificaciones.

Artículo 61

Pasa a ser artículo 60.

Sustituir en el inciso primero, las referencias a los artículos "2º", "3º", "4º, 9º, 10, 14, 15, 24, 25, 26, 27" y "42", por otras a los artículos "4º, 5º", "69, 10, 11, 18, 19, 28, 29, 30, 31" y "41", respectivamente; y suprimir las citas a los artículos "33, ", "37, " y "88, ", y agregar, al final de la última cita, ¡o siguiente: "e inciso segundo del 45".

Sustituir en el inciso segundo la referencia al artículo ||AMPERSAND||quot;4º" por otra al "6º".

Artículo 62

Pasa a ser artículo 61.

Suprimir desde donde dice: "No obstante los personales cuyo... " hasta el final del artículo.

Artículos 63, 64, 65 y 66

Suprimirlos.

Artículo 67

Pasa a ser artículo 62 sin modificaciones.

En seguida, intercalar como artículo 63, el siguiente, que consulta en sus letras b) y c) los artículos 71 y 167, respectivamente:

"Artículo 68. Introdúcense las siguientes modificaciones al D. F. L. Nº 338, de 1960:

a) Agrégase al artículo 40, el siguiente inciso, nuevo:

"Los funcionarios no podrán ser rebajados en más de una lista con respecto de su anterior calificación, salvo que ello se desprenda de un sumario previo ejecutoriado. ";

b) Reemplázase el inciso segundo del artículo 65, por el siguiente:

"No darán derecho a asignación familiar los causantes que disfru

ten de rentas superiores a un sueldo vital mensual, escala A) del depar

tamento de Santiago. ";

Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 91, la palabra "seis" por "doce" y agrégase al término del inciso la siguiente frase: "El reintegro podrá efectuarse hasta en doce cuotas. ";

Reemplázase en la letra e) del artículo 251 la palabra "Inspectores" por "funcionarios administrativos y paradocentes", y

c) e) Agrégase en el inciso final del artículo 292 a continuación de la frase "y que estén en posesión de un título docente universitario", la frase "o título de Profesor de Educación otorgado por la Escuela Normal Superior".

Otórgase a los Dirigentes que integran las Mesas Directivas de la Federación Nacional de Empleados Auxiliares Semifiscales y asociaciones de estos mismos trabajadores, los derechos establecidos en el artículo 100 del D. F. L. Nº 338, de 1960. Estos dirigentes no podrán ser trasladados mientras conserven sus cargos.

Los actuales operarios afectos al artículo 61 de la ley Nº 11. 764 que a la fecha de publicación de la presente ley se encuentren en algunas de las condiciones previstas en el artículo 132 del D. F. L. Nº 338 de 1960, no perderán esos derechos aún cuando con motivo del uso de esta facultad queden ubicados en un grado que no corresponda al nuevo tope de escalafón, ni se les aplicará, tampoco, lo dispuesto en el artículo 64 del mismo cuerpo legal.

Los funcionarios de la planta auxiliar de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, después de haber servido sus cargos durante dos años a lo menos, serán designados sin limitación del plazo establecido en el artículo 378 del D. F. L. Nº 338, de 1960.

Los nombramientos docentes que se provean por el Presupuesto de Capital del Ministerio de Educación Pública, se regirán por las normas estatutarias establecidas en el D. F. L. Nº 338, de 1960.

A contar de la fecha de publicación de esta ley el personal dependiente del Ministerio de Obras Públicas se calificará de acuerdo a las normas establecidas por el D. F. L. Nº 338, de 1960. Se derogan todas las normas legales contrarias a esta disposición.

Como artículo 64, consultar el artículo 315, sin enmiendas.

Como artículo 65, se ha consultado los dos primeros incisos del artículo 75 y el artículo 76, refundidos, y con la siguiente redacción:

"Artículo 65. Introdúcense las siguientes modificaciones al D. F. L. Nº 153, de 1960:

En el inciso primero del artículo 18, Sustitúyense las palabras "Gerente General" por "Vicepresidente Ejecutivo".

Reemplázase el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19. En caso de ausencia o impedimento de cualquiera naturaleza que incapacite al Vicepresidente Ejecutivo para el ejercicio de sus funciones, será subrogado por el Fiscal y, a falta o ausencia de éste, dicho cargo será desempeñado, en calidad de suplente, por un Director de aquellos nombrados por el Presidente de la República, designación que será hecha por el Directorio a propuesta del Ministro de Minería. La ausencia de la ciudad de Santiago o momentánea del Vicepresi

dente Ejecutivo, no impedirá que pueda ejercer sus funciones en otros lugares.

No será necesario acreditar la ausencia o el impedimento que den origen a la subrogación o a la suplencia. ".

En todas las disposiciones legales en que aparezca una referencia al Gerente General de la Empresa Nacional de Minería, deberá entenderse hecha al Vicepresidente Ejecutivo de ese organismo.

El Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería será de la exclusiva confianza del Presidente de la República, presidirá el Directorio de esa Institución en ausencia del Ministro de Minería y le será aplicable lo dispuesto en los artículos 3º transitorio del D. F. L. Nº 153, de 19'60, artículo 25 de la ley Nº 16. 723 y 2º?, inciso segundo, párrafo final, de la ley Nº 16. 099. ". "

En seguida, agregar como artículo 66, el artículo 81, sin modificaciones.

Intercalar como artículo 67, los artículos 73, 119, 199, 214 y 215, reemplazados por el siguiente:

"Artículo 67. Autorízase a los habilitados o pagadores de las reparticiones, servicios, organismos o empresas del sector público, semifiscales, de administración autónoma o municipales para descontar, con fines sociales, de las remuneraciones o pensiones de sus trabajadores, imponentes o beneficiarios, previa autorización escrita del interesado, la cuota social mensual que éstos deban cancelar a las instituciones a las cuales pertenezcan, siempre que tengan personalidad jurídica.

Autorízase, asimismo, a los habilitados o pagadores de la Dirección de Obras Públicas, Riego, Vialidad, Obras Portuarias, Arquitectura y Planeamiento y demás servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas y Transporte para descontar, por una sola vez, a todos los obreros de dichos organismos que lo soliciten por escrito, la cantidad da Eº 10, que podrá ser pagada en dos parcialidades iguales en meses distintos, a favor de la Federación Nacional de Obreros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con el objeto de destinar su producido a la adquisición de un bien raíz, mobiliario y enseres para el mejor funcionamiento de esta Federación.

La Caja de Previsión de los Carabineros de Chile retendrá un escudo y los centésimos de escudo del líquido a pagar de las pensiones de jubilación del personal de nombramiento supremo de Carabineros de Chile y el producto de este descuento lo remitirá mensualmente a la Mutualidad de Carabineros. Esta última Institución aplicará estos fondos como abono al pago del saldo insoluto de la compra venta o de la renta de arrendamiento, según proceda, del piso del edificio General Arturo Norambuena de esta capital construido para sede social del Círculo de Jefes y Oficiales de Carabineros en Retiro. Si la aplicación se hace al valor de compra, una vez pagado su valor, los fondos aludidos se destinarán al mantenimiento de dicha sede social".

Consultar como artículo 68, el artículo 203, sin modificaciones.

En seguida, agregar los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 69. El item "Obligaciones pendientes" del Ministerio de Educación será excedible en el primer semestre, para pagar las cuentas pendientes de sus servicios dependientes. Sin embargo, durante el segundo semestre, el Ministerio de Educación deberá traspasar desde cualquier ítem de capital o corriente las sumas necesarias para cubrir el exceso que se produzca en dicho ítem. "

"Artículo 70. La fijación de las plantas y las remuneraciones del personal del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, del Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria, del Instituto Forestal y del Instituto de Fomento Pesquero, como asimismo sus modificaciones serán aprobadas anualmente por decreto supremo del Ministerio de Agricultura, el que deberá ser firmado, además, por el Ministro de Hacienda. "

"Artículo 71. Facúltase a la Junta de Adelanto de Arica para:

Contratar créditos, previa aprobación del Presidente de la República. En caso de créditos externos, se requerirá informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central.

Constituir Sociedades con personas o empresas privadas, haciendo aportes de capital a ellas, con el objeto de promover la prospección de las riquezas naturales o realizar explotaciones industriales, mineras, agrícolas, comerciales y obras de mejoramiento urbano o rural en el Departamento de Arica, y

Conceder créditos en los plazos, condiciones y garantías que estime conveniente, y que incidan en el cumplimiento de sus finalidades.

Sin embargo el otorgamiento de estos préstamos sólo podrá concederse por acuerdo tomado por los dos tercios de los miembros en ejercicio del Consejo de la Junta de Adelanto de Arica de acuerdo a las prioridades que se fijen en el Plan Anual de Desarrollo que apruebe dicho organismo. Este plan de desarrollo deberá ser aprobado previamente por la Oficina Nacional de Planificación. '

"Artículo 72. Las remuneraciones percibidas en exceso por el personal de la 8ª a la 14ª Categoría de la Planta Directiva, Profesional y Técnica del Instituto de Desarrollo Agropecuario durante el año 1966 y hasta septiembre del año 1967, deberán ser restituidas por los funcionarios respectivos en cuarenta y ocho mensualidades, quedando eximidas de toda responsabilidad las personas que acordaron, intervinieron o efectuaron dichos pagos. "

"Artículo 73. Los obreros que desarrollen sus actividades en predios agrícolas pertenecientes a las Cajas de Previsión y que estén afectos al régimen previsional del Servicio de Seguro Social, podrán acogerse al derecho que les asigna a sus familiares particulares la ley Nº 16. 625 de 26 de abril de 1967, sobre Sindicalización Campesina. "

"Artículo 74. La Escuela de Enfermería del Servicio Nacional de Salud, en Valparaíso, pasará a depender de la Universidad de Chile y

los recursos consultados para su funcionamiento, durante el presente año, que se encuentren sin invertir, como los que se consulten en el futuro en la Ley General de Presupuestos de la Nación, serán administrados por el Rector de la Universidad conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes. "

"Artículo 75. Autorízase al Ministerio de Educación Pública para vender el material didáctico que produzca o que adquiera por cualquier medio. El precio de estos artículos será fijado por Resolución Interna y no podrá exceder del costo de producción o internación convertido de moneda extranjera al cambio de venta libre, incluyendo gastos de seguros y fletes. El valor de estas ventas ingresará a una cuenta especial de depósitos a nombre del Ministerio de Educación que, para este efecto, abrirá la Tesorería General de la República. ".

"Artículo 76. Los fondos a que se refiere el artículo 15 de la ley Nº 16. 392 quedarán a disposición del Servicio de Seguro Social para que éste les dé la aplicación que dispone la ley indicada y los destine, además, a terminaciones y ampliaciones de viviendas que haya construido o construya en el futuro la Corporación de la Vivienda para dicho Servicio. "

"Artículo 77. Los obreros y empleados que sufran incapacidad temporal o invalidez parcial como consecuencia de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, tendrán derecho a que la entidad empleadora los nombre, contrate o les asigne otras funciones compatibles con sus capacidades de trabajo y aptitudes profesionales. En estas nuevas funciones percibirán un salario equivalente al promedio de las rentas por las que hicieron imposiciones en los seis meses anteriores al accidente o al diagnóstico médico de la enfermedad.

La incapacidad o invalidez se determinará y comprobará en la forma prevista en la ley Nº 16. 744 y en su Reglamento.

Por entidad empleadora se entenderá, para estos efectos, las comprendidas en el artículo 25 de la ley Nº 16. 744. "

Como artículo 78, consultar el artículo 314, reemplazando su inciso primero, por el siguiente:

"Artículo 78. Establécese un fondo de capitalización del personal de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, el cual se financiará con un aporte voluntario de Eº 15 mensuales por funcionarios. Las sumas que se recauden serán destinadas en forma exclusiva a la construcción y alhajamiento de la sede social de todo el personal de la Empresa, el que deberá ser construido en el bien raíz de que son propietarios en calle San Martín Nº 841, de la comuna de Santiago. "

A continuación, consultar los siguientes artículos, nuevos: "Artículo 79. Los imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares que se acogieron a lo dispuesto en el artículo 20 (hoy derogado) de la ley Nº 15. 386 y que continúan en servicio activo cotizando al Fondo de Desahucio conforme a lo establecido en el artículo 37 de la misma ley, tendrán derecho a obtener desahucio por el nuevo

período en que se hayan hecho las imposiciones correspondientes. Esta disposición regirá a partir del 1º de enero de 1969. Igual tratamiento tendrán los imponentes de los organismos auxiliares. "

"Artículo 80. El Ministerio de Educación Pública pondrá a disposición de la Dirección de Educación Primaria y Normal la suma que sea necesaria para cubrir el gasto que signifique el otorgamiento de becas completas para los primeros y segundos años profesionales de las Escuelas Normales Fiscales, a contar de la fecha de promulgación de la presente ley. "

"Artículo 81. Declárase que los años de servicio que exige el artículo 1° transitorio de la ley Nº 15. 263 para que los profesores normalistas obtengan la propiedad de sus horas de clase, pueden haber sido prestados en forma discontinua en Escuelas Centralizadas, Consolidadas y Unificadas. "

"Artículo 82. El Título de Profesor Parvulario, otorgado por el Ministerio de Educación o las Universidades Estatales tendrá equivalencia al del Profesor Normalista en cuanto a la posibilidad de seguir cursos de formación, perfeccionamiento y ascenso en la Educación Primaria y Normal. "

"Artículo 83. La primera diferencia de sueldo que se produzca por la aplicación de la ley Nº 16. 617, durante 1969 y 1970, no ingresará a la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, sino que se distribuirá proporcionalmente entre las Instituciones del Magisterio afiliadas a FEDECH.

Dichos fondos se destinarán para alhajar, habilitar, repara o adquirir Bienes Raíces para Sedes Sociales o Casas de Reposo del Magisterio..

No obstante, las distintas Instituciones del Profesorado deberán adquirir conjuntamente una Sede Social Central del Magisterio NacionalDe la inversión de los fondos deberá rendirse cuenta documentada a la Contraloría General de la República. "

"Artículo 84. Los profesionales de la Dirección de Pavimentación de la Municipalidad de Santiago, y el Director de dicho Servicio, tendrán derecho a percibir la gratificación anual que establece el artículo 29 de la. ley Nº 11. 469, sobre Estatuto de los Empleados Municipales de la República. Este derecho empezará a regir sólo con respecto a la gratificación pagada en el presente año. "

"Artículo 85. Sustitúyese la parte final del inciso 1º del artículo 17 del D. F. L. Nº 211, de 1960, desde la frase "Estos reajustes" hasta la frase: "les incluya expresamente. ", por la siguiente: "A este personal se le aplicará la establecida en el artículo 1º del D. F. L. Nº 68 de 1960 y sus modificaciones. "

"Artículo 86. Sustitúyese el inciso 5º del artículo 73 de la ley Nº 15. 840, por el siguiente:

"Esta asignación se pagará mensualmente por duodécimas partes, atendiendo a las calificaciones del año inmediatamente anterior y se considerará sueldo para todos los efectos legales. "

Artículos 68, 69 y 70

Suprimirlos.

Artículo 71

Como se expresó, ha pasado a ser letra b) del artículo 63.

Artículo 72

Ha pasado a ser letra k) del artículo 221, redactado en la forma que se indicará más adelante.

Artículo 73 Pasó a ser artículo 67, en la forma que se explicó en su oportunidad.

Artículo 74 Suprimirlo.

Artículo 75

Como se dijo, los dos primeros incisos han pasado a formar parte del artículo 65.

Suprimir el inciso tercero.

Artículo 76

Como se expresó oportunamente, ha pasado a formar parte del artículo 65 (letra b).

Artículo 77

Suprimirlo.

Artículo 78

Ha pasado a ser letra b) del párrafo tercero del artículo 142, como se explicará en su oportunidad.

Artículo 79

Suprimirlo.

Artículo 80

Ha pasado a ser artículo 250, sin modificaciones, como se explicará más adelante.

Artículo 81

Como se expresó en su oportunidad, pasó a ser artículo 66.

Artículo 82

Como se explicó, el inciso primero ha pasado a ser artículo 58. Suprimir el inciso segundo.

Artículos 83, 84 y 85

Suprimirlos.

Artículo 86

Ha pasado a ser letra g) del artículo 221, como se verá más adelante.

Artículo 87

Agregar en punto seguido, la siguiente frase: "Con todo, ningún empleado particular podrá percibir un sueldo inferior a quinientos escudos mensuales. ".

Artículo 88

Agregar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos: "El salario de cualquier trabajador agrícola, aunque no esté sujeto a Convenio Colectivo, no podrá ser inferior al 75% del más alto salario mínimo convenido entre el sindicato patronal con el respectivo sindicato obrero de la comuna en que preste sus servicios. "

"Para estos efectos se entenderá por salario o jornal, el sobretiempo, la participación en las utilidades, gratificaciones y las regalías de los trabajadores. "

Artículo 92

Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

"Declárase, interpretando el artículo 4º de la ley Nº 7. 747, que el porcentaje del dos porciento que dicha disposición indica, se refiere a cada una de las partes del contrato. ".

Artículo 95

En el inciso segundo sustituir la conjunción "y" por una coma (, ) y agregar la siguiente frase, suprimiendo el punto final: "y las Empresas Bancarias del Estado. ".

Consultar como inciso tercero, el siguiente nuevo:

"En un plazo no superior a 60 días, contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, la Empresa de Agua Potable de Santiago y el Servicio de Agua Potable de El Canelo, deberán cancelar a sus obreros las sumas que les está adeudando correspondientes a los reajustes de remuneraciones, de asignaciones familiares y de asignaciones de cola

ción del año 1967. La falta de cumplimiento de esta disposición será penada con una multa ascendente a un sueldo vital, escala A) del departamento de Santiago, por cada día de retraso en dichos pagos, a beneficio de la Asociación de Obreros de la Empresa de Agua Potable de Santiago. "

Artículo 97

Suprimirlo.

Artículo 98

Pasa a ser artículo 97.

Agregar los siguientes incisos nuevos:

"A los periodistas colegiados acogidos a jubilación que hayan cumplido 60 años se les reajustarán sus pensiones actualizándolas de acuerdo con el salario periodístico mínimo. ".

"Las mismas normas se aplicarán a los demás periodistas colegiados a medida que cumplan los 65 años. ".

Artículo 99

Ha pasado a ser artículo 98, sin modificaciones.

Artículo 100

Pasa a ser artículo 99.

Sustituir, en el inciso primero, la segunda frase, reemplazando el punto que la antecede por una coma, por la siguiente: "a menos que el reajuste que determine la Comisión del Tarifado Nacional de la Construcción sea superior, en cuyo caso regirá éste. ".

Reemplazar el inciso segundo por el siguiente, nuevo:

"El Tarifado Nacional de la Construcción se considerará remuneración mínima, tendrá carácter permanente y se reajustará cada año a lo menos en el porcentaje en que fuere reajustado el sueldo vital, escala A), para el departamento de Santiago. ".

Artículo 101

Ha pasado a ser artículo 100.

Intercalar como Nº 5 el siguiente, nuevo:

"5. Reemplázase el inciso segundo del artículo 6°, por el siguiente:

"El pago de las remuneraciones correspondientes a los períodos de licencias a que se refieren los artículos 160, 161 y 162 del Código del Trabajo se hará directamente a los afectados por la Caja de Previsión de Empleados Particulares o por el Servicio Médico a que esté afecto el profesional imponente. ". "

El Nº 5 ha pasado a ser Nº 6, sin enmiendas.

Agregar el siguiente Nº 7, nuevo:

"Artículo... Las normas de esta ley y de todas sus modificaciones posteriores, mantendrán sus efectos y prevalecerán sobre todo contrato de "arrendamiento de sillón", de concesión u otros que puedan suscribirse para la prestación de servicios asalariados por parte de un profesional de peluquerías, salón de belleza y demás actividades regidas por dicha legislación, a cualquier propietario de establecimiento del ramo, respecto de los cuales contratos se entederán siempre subsistentes las obligaciones estatuidas por la ley Nº 9. 613 y sus modificaciones posteriores. ". ".

Consultar como inciso segundo el artículo 102, suprimiendo las palabras finales "contenidas en el artículo anterior".

Artículo 102 Ha pasado a ser inciso segundo del artículo 101.

En seguida, consultar como artículos nuevos, los siguientes:

"Artículo 101. Las empresas particulares que ejecuten obras públicas en cualquier punto del país y que ocupen más de 20 trabajadores, deberán contratar, a lo menos, el 60% del personal que ocupen en cada obra de entre las personas domiciliadas en la comuna o comunas en que se realicen dichos trabajos.

El porcentaje señalado en el inciso anterior, podrá ser reducido por resolución fundada del Intendente o Gobernador respectivo.

El cumplimiento de esta disposición será fiscalizado por la Direc"ción General del Trabajo y su contravención hará incurrir a la Empresa infractora en una multa equivalente al uno por mil del presupuesto total de la obra por cada día en que permanezca en contravención.

Los fondos que se perciban con motivo de la aplicación de este artículo, se destinarán a la Municipalidad respectiva. Si la obra se ejecutare en dos o más comunas los recursos se repartirán entre ellas por partes iguales. ".

"Artículo 102. Agrégase lo siguiente al inciso primero del artículo 3º de la ley Nº 7. 295:

"Con todo, los dependientes de los establecimientos comerciales, cualquiera que sea su jornada de trabajo, percibirán, en todo caso el sueldo vital que rija en la cabecera de la provincia respectiva. ". ".

"Artículo 103. Los trabajadores percibirán un estímulo por años de seivicios a partir de los 20 años de trabajo en una o en distintas empresas, conforme a la siguiente escala:

20 años, 5% de aumento al sueldo base o salario diario;

25 años, 7% de aumento al sueldo base o salario diario;

30 años, 10% de aumento al sueldo base o salario diario;

35 años, 12% de aumento al sueldo base o salario diario;

40 años, 15% de aumento al sueldo base o salario diario.

a) Estos aumentos de estímulo serán compatibles con los aumentos trienales que rigen para los Empleados Particulares.

Los empleadores deberán entregar a sus obreros y empleados no sujetos a convenio el equivalente a ocho días de sueldo o salario en calidad de bonificación a pagarse antes del 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de los beneficios establecidos en esta materia en los convenios colectivos.

Se fija en la cantidad de Eº 15 diarios el salario mínimo para los obreros que trabajan en las minas de carbón, sin perjuicio de los salarios mínimos de monto superior a aquél que se hayan pactado por convenios.

Se fija en la suma de Eº 15 diarios el salario mínimo para los obreros del salitre, exceptuados los que laboran en la Oficina Victoria, sin perjuicio de salarios mínimos superiores a aquél pactados por convenio.

Se fija para los obreros del hierro un salario mínimo de Eº 15 diarios, sin perjuicio de los salarios mínimos superiores a aquél y pactados por convenio.

El salario mínimo de los obreros del cemento se fija en la misma suma de Eº 15 diarios, sin perjuicio de los salarios mínimos establecidos en convenios y que sean superiores a aquél. ".

"Artículo 104. El Consejo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares destinará la totalidad de los excedentes del Fondo de Asignación Familiar del año 1967 a la construcción y habilitación de un Hospital Central del Empleado en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de la obligación de enterar el aporte de Eº 6. 000. 000 que con cargo a dichos fondos se debe entregar para la construcción del Hospital del Empleado de Valparaíso.

E] Consejo dará cumplimento a cualesquiera de las obligaciones que señala el inciso anterior, una vez que se determine el monto del excedente líquido, de conformidad con el Nº 5 de su acuerdo 3. 264367, adoptado en sesión de fecha 28 de diciembre de 1967. ".

Consultar como artículo 105, el artículo 112, reemplazando en el inciso segundo la palabra "procedente" por "precedente".

A continuación, agregar como artículo 106, el siguiente, nuevo: "Artículo 106. Todas las obligaciones pendientes por concepto de pago de remuneraciones a empleados u obreros del Sector Privado, como también las correspondientes a asignaciones familiares e indemnizaciones legales, deberán pagarse en una suma o valor equivalente en sueldos vitales a tantos cuantos hubiere correspondido pagar en la fecha en que estas obligaciones fueron devengadas.

Los Tribunales judiciales o administrativos, sean éstos ordinarios o especiales y aun los Arbitros que debieren intervenir para hacer efec

tivas obligaciones legítimas, habrán de calcular éstas en la forma expresada en el inciso anterior, sin que para ello haya sido necesario el haberle demandado el pago en esta forma. ".

En seguida, suprimir el Título III y su epígrafe "De la Entrega de aportes para la vivienda. ".

Artículo 103 Como se expresó en su oportunidad, pasó a ser artículo 2º.

Artículos 104 y 105 Suprimirlos.

En seguida, reemplazar el epígrafe "TITULO IV" por "TITULO III".

Artículo 106

Pasa a ser artículo 107, sin enmiendas.

I

Artículo 107

Pasa a ser artículo 108.

Sustituir el inciso primero por el siguiente:

"Artículo 108. El Servicio de Seguro Social ingresará al Fondo de Pensiones el aporte que está obligado a efectuar con cargo al Fondo de Asignación Familiar que administra en virtud de las letras a) del artículo 22 de la ley Nº 14. 688 y c) del artículo 20 de la ley Nº 15. 720. "

Artículo 108

Ha pasado a ser artículo 109.

Agregar la siguiente letra d), nueva:

"d) Agrégase como inciso segundo del artículo 37, el siguiente:

"Podrán gozar, también, de los beneficios del inciso anterior, los asegurados con 60 años de edad, siempre que tengan 1. 560 semanas de imposiciones a lo menos. ". ".

Consultar como inciso final el siguiente, nuevo:

"Las modificaciones introducidas en las letras a), b) y c) regirán a partir del 1º de mayo de 1968. "

Artículo 109

Ha pasado a ser artículo 110.

Consultar como incisos segundo y tercero, los siguientes, nuevos:

"La remuneración imponible diaria de los trabajadores agrícolas, para los efectos de la ley Nº 10. 383, estará limitada hasta un máximo equivalente a 1 1/2 vez el monto del salario mínimo diario de la industria y el comercio.

Reemplázase el inciso quinto del artículo 14 de la ley Nº 16. 625, por el siguiente:

"El empleador agrícola hará un aporte correspondiente al 1% de la remuneración imponible por cada trabajador de su dependencia. Dicho aporte deberá ingresarlo el respectivo empleador a la Dirección del Trabajo. Esta destinará el 50% a incrementar el Fondo de Educación y Extensión Sindical y el otro 50% lo distribuirá proporcionalmente entre las Federaciones y Confederaciones, en la forma que determine el Reglamento. ". ".

Artículos 110 y 111 Rechazarlos.

Artículo 112

Como se dijo oportunamente, pasó a ser artículo 105.

Artículo 113

Ha pasado a ser artículo 111.

Reemplazar la frase inicial "El personal del Servicio Agrícola y Ganadero tendrá", por la siguiente: "Los personales del Servicio Agrícola y Ganadero y del Instituto de Desarrollo Agropecuario tendrán", y las palabras "le aplicará" por "les aplicarán".

Artículo 114

Ha pasado a ser artículo 112, con la sola modificación de sustituir, en el inciso tercero, el guarismo "80" por "90".

Artículo 115 Ha pasado a ser artículo 113, sin enmiendas.

Artículo 116

Pasa a ser artículo 114, sustituido por el siguiente: ;

"Artículo 114. Los personales de las instituciones de previsión semifiscales que cambien la naturaleza de s. us empleos dentro de la misma institución, siempre que no haya una. interrupción de servicios superior a 30 días, no sufrirán disminución del monto total de sus remuneraciones y percibirán la diferencia por planilla suplementaria. "

Artículos 117 y 118

Rechazarlos.

Artículo 119

Como se explicó en su oportunidad, ha pasado a formar parte del artículo 67.

Artículo 120 Ha pasado a ser artículo 115, sin enmiendas.

Artículo 121 Suprimirlo.

Artículo 122

Como se expresó oportunamente, pasó a ser inciso quinto del artículo 44, sin modificaciones.

Artículos 123, 124, 125, 126 y 127

Rechazarlos.

Artículo 128 Ha pasado a ser artículo 116, sin modificaciones.

Artículo 129

Ha pasado a ser artículo 117.

En el inciso segundo, reemplazar la palabra "años" por "meses".

En el inciso tercero, sustituir el porcentaje "2%" por "6%", y su frase final, reemplazando el punto (. ) que la precede por una coma (, ) por la siguiente: "salvo el caso de invalidez. ".

Suprimir el inciso cuarto.

Artículo 130

Suprimirlo.

Artículo 131

Ha pasado a ser artículo 118.

En el inciso primero, colocar en plural la palabra "vigente"; intercalar entre las palabras "se" y "reliquidarán" las siguiente: "reajustarán y", y agregar a continuación de "Santiago" y antes de la coma, lo que sigue: "aumentado en conformidad a esta ley".

En el inciso segundo, intercalar entre las palabras "se" y "reliquidarán" estas otras: "reajustarán y".

Como inciso tercero, consultar el artículo 132, reemplazado por el siguiente:

"Al reajuste que resulte de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, se imputarán los aumentos experimentados por las pensiones en conformidad a la ley Nº 15. 386, y el monto de las demás pensiones que reciban los beneficiarios, cualquiera que sea la entidad pagadora de ellas. Esta última imputación no se hará a los abogados que hayan cumplido o cumplan 65 años de edad. "

Artículo 132

Como se expresó anteriormente, pasó á ser inciso tercero del artículo 118.

Artículos 133 y 134

Suprimirlos.

Artículo 135

Ha pasado a ser artículo 119.

Suprimir la letra b).

En la letra c), que pasa a ser b), sustituir el guarismo "20" por "10".

En la letra d), que pasa a ser c), sustituir el punto por "; y".

Agregar a continuación, la siguiente letra d), nueva:

"d) Escrituras no mencionadas en las letras anteriores, Eº 10. , a excepción de las relativas a filiación y ejercicio de derechos previsionales. "

Consultar coom inciso segundo, el siguiente, nuevo:

"Estos nuevos impuestos se aplicarán al financiamiento del reajuste de las pensiones de jubilación y montepío que se otorga a los abogados, debiendo el Fisco poner a disposición de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas la suma equivalente al producido de ellos. "

Artículo 136

Pasa a ser artículo 120. Agregar como inciso tercero, nuevo, el siguiente:

"Los interesados que se acojan a este beneficio deberán integrar las diferencias de imposiciones a que hubiere lugar por todo el período en que rija la limitación. "

Artículo 137

Pasa a ser artículo 121, con la sola modificación de sustituir la forma verbal "podrá" por "puede".

A continuación, agregar como artículo 122, nuevo, el siguiente: "Artículo 122. Los dividendos de las viviendas asignadas a los pensionados y montepiados del Servicio de Seguro Social, no podrán ser superiores al 10% de la respectiva pensión.

Del beneficio indicado en el inciso anterior gozarán, también, aquellos pensionados que hubiesen obtenido sus viviendas a través de la Corporación de la Vivienda o de la Corporación de Servicios Habitacionales. ".

Artículos 138, 139, 140 y 141

Suprimirlos.

Artículo 142

Como se expresó en su oportunidad, pasó a ser inciso segundo del artículo 18.

Artículo 143

Ha pasado a ser artículo 123, sustituyendo las palabras "Las pensionadas" por estas otras: "Los pensionados y los beneficiarios de montepío".

Consultar a continuación, como artículo 124, el artículo 150, redactando su encabezamiento de la siguiente forma:

"Artículo 124. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16. 274:

a) Reemplázase el inciso segundo del artículo 5? por el siguiente:

Como letra b) consultar el artículo 151, con las siguientes en

miendas:

1) Redactar su encabezamiento en estos términos:

b) Reemplázase el inciso primero del artículo 8º, por el siguien

te: ", y

2) Sustituir en el artículo 8º, que se reemplaza, las palabras "con

interés" por las siguientes: "con un interés capitalizado".

Artículos 144 a 149 Rechazarlos.

Artículos 150 y 151 Como se expresó, pasaron a ser letras a) y b) del artículo 124.

Artículo 152 Pasa a ser letra h) del artículo 142, como se dirá más adelante.

Artículo 153 Suprimirlo.

Artículo 154

Pasa a ser artículo 125, redactando su encabezamiento en los siguientes términos:

"Artículo 125. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15. 386:

a) Agréganse los siguientes incisos al artículo 38:

Como letra b) del artículo 125, consultar el artículo 155, redactando su encabezamiento de la siguiente manera:

"b) Agrégase el siguiente inciso a la letra a) del artículo 40:

Artículo 155 Como se dijo, ha pasado a ser letra b) del artículo 125.

Artículo 156

Ha pasado a ser artículo 126.

En la letra a) sustituir las palabras "Agrégase al" por "Reemplázase el".

En la letra c) suprimir las palabras "con el Nº 15". Como inciso final consultar el artículo 158, sin enmiendas.

Artículo 157

Suprimirlo.

Artículo 158 Como se expresó, pasó a ser inciso final del artículo 126.

Artículo 159 i

Suprimirlo.

Artículo 160

Ha pasado a ser 127.

Agregar, suprimiendo el punto, lo siguiente:

"devengadas durante el período que cubre la subvención. La Tesorería traspasará los fondos retenidos a la Caja de Previsión respectiva dentro del plazo de 30 días. "

Artículo 161

Pasa a ser 128.

Sustituir el inciso final por el siguiente:

"Concédese el plazo de un año para acogerse al beneficio establecido en el inciso anterior. ".

Artículo 162 Suprimirlo.

Artículo 163

Pasa a ser artículo 129, redactando su encabezamiento y la letra a) de la manera siguiente:

"Artículo 129. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16. 617:

a) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 159, la frase "años 1964, 1965 y 1966" por la siguiente: "años 1964, 1965, 1966, 1967 y 1968"; ".

Reemplazar la letra b) por el artículo 178 con la sola modificación de suprimir las palabras "de la ley Nº 16. 617, ".

Artículos 164 y 165

Han pasado a ser artículos 130 y 131, sin enmiendas.

Artículo 166 "

Suprimirlo.

Artículo 167

Como se expresó en su oportunidad, pasó a ser letra c) del artículo 63.

Artículo 168

Ha pasado a ser artículo 132.

En el inciso primero, sustituir la expresión "y/o" por "u". Agregar el siguiente inciso final:

"Para los efectos del inciso anterior la Empresa de los Ferrocarriles del Estado será considerada Institución de Previsión. ".

En seguida, consultar como artículo 133, nuevo, el siguiente:

"Artículo 133. Agréganse al artículo 13 de la ley Nº 15. 386, de 11 de diciembre de 1963, las siguientes letras y un inciso final:

"f) Fijar las condiciones en que deben ser descontadas de sus pensiones, a los respectivos beneficiarios, las cantidades que ellos hayan percibido indebidamente con cargo al Fondo de Revalorización de Pensiones, y

g) Remitir a petición expresa del interesado, la obligación de restituir las cantidades referidas en la letra anterior, en casos calificados y por resolución fundada. "

"Los acuerdos y resoluciones que adopte la Comisión en uso de las atribuciones señaladas en las letras f) y g) deberán ser aprobadas por el Superintendente de Seguridad Social. ".

Artículo 169 Suprimirlo.

A continuación, consultar como artículo 134, el artículo 305 agregando el siguiente inciso nuevo:

"El saldo acumulado de los aportes a que se refiere el inciso anterior deberá ser convertido por la Corporación de la Vivienda en cuotas de ahorro dentro del plazo de sesenta días a contar de la fecha de publicación de la presente ley. "

En seguida, consultar los siguientes artículos nuevos: "Artículo 135. La Sección Tripulantes y Operarios Marítimos de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional ingresará al Fondo de Pensiones el aporte que las letras a) del artículo 22 de la ley Nº 14. 688

y c) del artículo 20 de la ley Nº 15. 720 la obligan a efectuar con cargo al Fondo de Asignación Familiar que administra.

Los fondos que la Sección Tripulantes y Operarios Marítimos haya recaudado en virtud de las disposiciones precedentes, que no haya depositado a la fecha en Tesorería, se traspasarán también como recursos del Fondo de Pensiones. "

"Artículo 136. El Consejo de la Sección Tripulantes de la Caja de la Marina Mercante Nacional podrá transferir al Fondo de Pensiones, todo o parte de los excedentes o reservas producidas o que se produzcan en cualquiera de los Fondos que administra dicha Sección.

Los acuerdos que adopte el Consejo en el ejercicio de esta facultad, deberán ser aprobados por la Superintendencia de Seguridad Social. "

"Artículo 137. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 8. 569:

1. Reemplázase el actual artículo 62 por el siguiente:

"Artículo 62. La Caja reajustará a contar del 1? de enero de cada año las pensiones de jubilación, de rejubilación y de montepío, cuya vigencia no sea inferior a un año calendario, siempre que el sueldo vital escala a) fijado a los empleados particulares del departamento de Santiago haya aumentado en comparación con el que regía en el año de concesión de la pensión o en el del último reajuste en su caso.

El reajuste de esas pensiones se basará en el porcentaje de aumento del sueldo vital calculado en la forma antedicha, aplicándose la siguiente escala a las pensiones concedidas por invalidez, mínimo de 13 años reconocidos y 5o años o más de edad, 24 o más años reconocidos, y montepíos producidos por fallecimiento de imponentes activos o jubilados:

a) La parte de esas pensiones que no exceda de seis sueldos vitales

del año de iniciación de ella o el del último reajuste en su caso, será

aumentada en dicho porcentaje;

b) La parte de esas pensiones que exceda de seis sueldos vitales

y no sea superior a ocho sueldos vitales, se aumentará en la mitad de ese

porcentaje, y

c) La parte que exceda de ocho sueldos vitales se aumentará en la

cuarta parte de dicho porcentaje.

Las pensiones de jubilación y de rejubilación con un año calendario de vigencia a lo menos, concedidas por aplicación de la letra c) del artículo 35 en favor de imponentes que a la fecha de la iniciación de su respectiva pensión tuvieren menos de 55 años cumplidos de edad, gozarán de los reajustes a que tengan derecho, aplicándose para tal efecto la siguiente escala:

La parte de esas pensiones que no exceda de dos sueldos vitales del año de iniciación de ella o el del último reajuste en su caso, será aumentada en el porcentaje de variación del sueldo vital, calculado en la forma indicada en el inciso primero de este artículo;

La parte de esas pensiones que exceda de dos sueldos vitales y no sea superior a cuatro sueldos vitales, será aumentada en la mitad de dicho porcentaje, y

d) f) La parte de esas pensiones que exceda de cuatro sueldos vitales será aumentada en la cuarta parte de dicho porcentaje. ".

2. Agrégase el siguiente artículo 12 transitorio:

"Artículo 12. Las pensiones de jubilación, rejubilación o montepío concedidas por la Caja con anterioridad al 1º de enero de 1966, que se encuentren vigentes a la fecha de la promulgación de la presente ley, se aumentarán extraordinariamente y sin efecto retroactivo, a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Este aumento consistirá en elevar por una sola vez el monto de la pensión a igual número de sueldos vitales escala a) del departamento de Santiago del año en que opere este aumento, en relación con el número de sueldos vitales del año de su iniciación que la pensión representaba al ser otorgada; no pudiendo la pensión así aumentada exceder del equivalente a seis sueldos vitales del año del aumento.

Las pensiones aumentadas extraordinariamente conforme al inciso precedente, se reajustarán a partir del 1º de enero del año siguiente de operar ese aumento, de acuerdo a la escala señalada en las letras a), b) y c), según proceda, del artículo 62.

No gozarán del aumento extraordinario establecido en este artículo, las pensiones de jubilación concedidas por aplicación de la letra c) del artículo 35 cuando el respectivo beneficiario hubiere tenido menos de 55 años cumplidos de edad a la fecha de la expiración de sus servicios. ".

3. Elévanse hasta en un medio por ciento, y hasta en un' uno y medio por ciento, los porcentajes de imposiciones señalados, respectivamente, en los números 1) y 2) del artículo 26 de la ley Nº 8. 569.

El Directorio fijará en el mes de diciembre de Cada año el monto del porcentaje de aumento de las imposiciones a que se refiere el inciso anterior, que regirá a contar del 1º de enero del año siguiente.

4. Las disposiciones relativas al reajuste de pensiones de la ley Nº 8. 569 contempladas en los números que anteceden regirán desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial, con excepción de lo correspondiente al artículo 12 transitorio nuevo, que entrará en vigencia el día 1º del mes siguiente a dicha publicación. "

Como artículo 138, consultar el artículo 322, con la sola modificación de sustituir la palabra "emanados" por "emanada".

A continuación, agregar los siguientes artículos nuevos: "Artículo 139. El personal licenciado por simple imposibilidad física, por enfermedad contraída en el servicio, podrá ser sometido a un nuevo examen médico si ve agravarse la enfermedad que fue causa de su retiro dentro del plazo de cinco años. En este caso la Comisión Médica podrá clasificarlo entre las clases de invalidez del artículo 20 del D. F. L. 299, de 1953, si fuere procedente. "

"Artículo 140. Los trabajadores de las compañías carboníferas

tendrán derecho a acogerse a jubilación una vez cumplidos los 25 años de servicios o 1. 200 semanas de imposiciones, siempre que hayan trabajado, a lo menos, 15 años, en forma continua o discontinua, como barreteros, contratistas, disparadores, apires, electricistas, mecánicos o en otras faenas desarrolladas en el interior de la mina. "

"Artículo 141. Agrégase al inciso segundo del artículo 33 de la ley Nº 6. 037 a que se refiere el artículo 93 de la ley Nº 16. 744, la frase final siguiente: "El aumento que signifique la presente disposición se hará con cargo al Fondo Común de Beneficios. ".

Como artículo 142, agregar el siguiente, nuevo, consultando como letra h) del párrafo I, letra b) del párrafo III y letra d) del mismo párrafo, el texto de los artículos 152, 78 y 276, respectivamente:

"Artículo 142. Prorróganse, amplíanse, establécense o concédense nuevos plazos a las personas o entidades que en cada caso se señalan para realizar las actuaciones que a continuación se mencionan:

I. Concédese un nuevo plazo de 180 días, contados desde la fecha de publicación de la presente ley, para acogerse a los beneficios establecidos en:

La ley Nº 10. 986, sobre continuidad de la Previsión, a los imponentes de las Cajas de Previsión y Servicio de Seguro Social, entendiéndose para estos efectos que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado tendrá carácter de Caja de Previsión respecto de su personal;

Las leyes números 11. 745, 12. 566, 13. 044, 14. 113, 16. 250, 16. 433 y 16. 617, a los ex parlamentarios, los regidores y ex regidores;

El artículo 10 de la ley Nº 12. 430;

Las leyes números 13. 023 y 16. 402;

Las disposiciones de las leyes números 15. 171, 15. 561 y 16. 464, a los obreros imponentes de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y otras Cajas de Previsión que se encuentren afiliados en la actualidad;

Las leyes números 15. 478 y 16. 571, para que los artistas de teatro, radio y televisión puedan integrar en la Caja de Previsión de Empleados Particulares las imposiciones que estén adeudando y que deben efectuar de acuerdo con dichas normas. Prorrógase, asimismo, por igual tiempo, el plazo para que puedan acogerse a jubilación;

La ley Nº 15. 629, para que las Municipalidades del país puedan transferir a sus actuales ocupantes los terrenos de su propiedad en los cuales aquéllos hubieren construido viviendas, en la forma y condiciones que en dicho cuerpo legal se establecen;

h) La ley Nº 16. 274, o para solicitar las rectificaciones que procedieren en virtud de las modificaciones introducidas a dicha ley;

i) El artículo 5º transitorio de la ley Nº 16. 466 y

j) Los artículos 83 inciso final y 137 de la ley Nº 16. 617, debiendo ser aplicadas las normas de este último por todas las Cajas de Previsión.

II. Concédese un plazo de 180 días, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, para que:

Los secretarios de los parlamentarios opten entre ser imponentes de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas o mantener su afiliación en la Caja de Empleados Particulares;

El Presidente de la República proceda a dictar las normas necesarias para el otorgamiento del beneficio de desahucio para los funcionarios semifiscales que actualmente carecen de este derecho, sin otra limitación que la de establecer que se concederá este beneficio con un máximo de 24 meses y de que se calculará sobre el monto de las rentas imponibles de dichos funcionarios;

La Dirección de Educación Primaria y Normal, conjuntamente con el Centro de Perfeccionamiento, experimentación e Investigaciones Pedagógicas, proceda a llamar a cursos de regularización a los profesores de las Escuelas Normales que no posean título especial o cursos necesarios para desempeñar en propiedad el cargo que a la fecha sirven, dejándose sin efecto los Concursos llamados por Circular Nº 85 de la Dirección de Educación Primaria y Normal en el presente año;

Los expedientes de jubilación o rejubilación pendientes a la fecha de publicación de la presente ley sean despachados, y

El personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Prisiones ? que por accidente o a consecuencia de actos del servicio hubiera sido declarado con Invalidez de segunda clase o absoluta por la Comisión Médica correspondiente, y no haya impetrado los beneficios legales y reglamentarios por prescripción de los plazos legales pueda acogerse a ellos.

III. Ámplíanse, prorróganse o establécense los plazos que a continuación se indican:

Amplíase los efectos de la ley Nº 16. 260 a los nacidos hasta el 31 de diciembre de 1948;

Amplíase en dos años los plazos establecidos en los incisos primero y último del artículo 295 de la ley Nº 16. 640;

Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1973 el plazo de cinco años establecido en el artículo 3º del D. F. L. Nº 375, de 1953, prorrogado por el artículo 2? de la ley Nº 12. 992;

Prorrógase la vigencia de las disposiciones sobre rentas de arrendamiento contenidas en la ley Nº 16. 273, hasta el 31 de diciembre de 1968.

Durante el año 1968 las rentas de arrendamiento de las propiedades sometidas a las disposiciones de la ley Nº 9. 135, serán las que regían al 31 de diciembre de 1967.

Los arrendatarios de las construcciones sometidas a esta última ley, y que se encuentren al día en el pago de sus rentas, gozarán de los plazos establecidos en el artículo 12 de la ley Nº 11. 622, y en el artículo 2º de la ley Nº 16. 273, modificado por el artículo 2º de la ley Nº 16. 451.

A continuación, consultar los siguientes artículos nuevos: "Artículo 143. El personal semifiscal que haya estado alejado del servicio con permiso sin goce de remuneraciones, podrá efectuar las imposiciones que le correspondan, tanto de su cargo como las que lo sean del Fisco u otro organismo en el cual sirva o haya servido, dentro del

plazo de doce meses, contados desde la fecha del término del permiso y mediante el descuento por planillas. "

"Artículo 144. El personal de la Planta de Empleos del Departamento de Tracción y Maestranzas de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, que cuente con 30 o más años computables para su jubilación, podrá ocupar los cargos flotantes creados por D. P. E. Nº 5. 739, de 15 de diciembre de 1965. "

"Artículo 145. Establécense las siguientes normas sobre jornadas de trabajo de los trabajadores que se indican:

1) Fíjanse en seis horas diarias consecutivas, con una limitación de

36 horas semanales, la jornada máxima de trabajo de maquinistas, fogo

neros o ayudantes de trenes de pasajeros de los Ferrocarriles del Estado.

La jornada de los mismos personales de trenes de carga será de ochó

horas diarias consecutivas, con una limitación de 43 horas semanales.

Estas disposiciones regirán también para los Ferrocarriles de Administración Autónoma de Arica e Iquique.

El personal de operadores, perforadores y supervisores del sistema mecanizado de Contabilidad o Estadística de la Empresa de Comercio Agrícola, tendrán una jornada de trabajo igual a la que tienen funcionarios similares de la Administración Pública.

Declárase que al horario de trabajo de los Inspectores a que se refiere el artículo 19 de la ley Nº 15. 253, de 12 de septiembre de 1963, será de 18 horas semanales.

Las remuneraciones correspondientes a jornadas de trabajo de días domingo, festivos o nocturnas, entre las 21 y las 8 horas, de Tos personales de las Empresas Telefónicas y de Telecomunicaciones, se cancelarán con el 50% de recargo. "

"Artículo 146. Facúltase al Servicio de Seguro Social para vender a la Asociación de Jubilados y Pensionados del Servicio de Seguro Social de Tocopilla, personalidad jurídica Nº 2. 342, el local Nº 3 del Pabellón Oriente del Colectivo Carlos Condell de la ciudad de Tocopilla.

La mencionada Asociación deberá destinar el local a sede social de la misma.

El precio de la transferencia será el monto del avalúo fiscal y deberá ser cancelado en un plazo no superior a ocho años, en cuotas iguales, y con un interés del 6% anual. "

"Artículo 147. Sustituyese el inciso tercero del artículo 37 de la ley Nº 16. 250, de 21 de abril de 1965, por el siguiente:

"El ingreso a que se refiere esta disposición lo destinará la Caja, exclusivamente a los fines indicados en el inciso primero de este artículo y en el artículo 26 de la ley Nº 11. 219, incluyendo los fondos acumulados actualmente. ". "

"Artículo 148. Declárase que para los efectos del artículo 8º de la ley Nº 10. 475, de 8 de septiembre de 1952, la frase "remuneraciones imponibles afectas al Fondo de Retiro y percibidas en los sesenta meses que preceden al momento de otorgar el beneficio", se refiere, también, a las imposiciones efectuadas por períodos de desafiliación hechas en ese lapso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4? de la ley Nº 10. 986, de 5 de noviembre de 1952. "

"Artículo 149. Desde el 1º de enero de 1969 quedarán suprimidos en la Administración Pública y Servicios Descentralizados todos los cargos a honorarios o cualquier otro sistema de remuneración similar y sólo podrán seguir en servicio los funcionarios que pertenezcan a las respectivas plantas.

Lo dispuesto en este artículo no regirá para las Universidades del Estado. "

"Artículo 150. Los derechos a la jubilación y demás beneficios previsionales son imprescriptibles. Déjánse sin efecto los plazos o limitaciones que coarten su ejercicio. "

"Artículo 151. Las personas que hayan jubilado bajo el régimen de la Caja de Previsión de Empleados Particulares por antigüedad e invalidez no podrán ganar una cantidad inferrior a un sueldo vital de la escala a) del departamento de Santiago. "

"Artículo 152. Reemplázase el artículo 218 de la ley Nº 13. 305, por el siguiente:

"En los casos de atraso por parte del empleador en el pago de las imposiciones de previsión, éstas se reputarán pagadas en la respectiva institución para los efectos de que los empleados y obreros mantengan su derecho a los beneficios de jubilación, atención médica, pago de subsidios y préstamos personales e hipotecarios, de acuerdo con las respectivas leyes orgánicas. ". "

"Artículo 153. Reemplázase en el inciso sexto del artículo 53 de la ley Nº 16. 250, la frase "quedará a favor de la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile", por la siguiente: "le será devuelta al interesado, en su caso. ". "

"Artículo 154. Reemplázanse los artículos 1º y 2º de la ley Nº 6. 636, de 13 de noviembre de 1940, por los siguientes:

"Artículo 1°. Desde la promulgación de la presente ley, los empleados y obreros de los ferrocarriles particulares que hubieren servido en ellos un año completo y quedaren cesantes por causa que no sea debido a mal comportamiento establecido por los Tribunales del Trabajo, tendrán derecho a una indemnización, de cargo de sus empleadores o patrones, equivalente a un mes de sueldo o salario, según corresponda, de que disfruten al tiempo de la cesantía, por cada año de servicios, considerándose como año completo las fracciones superiores a seis meses. "

"Artículo 2º. Los empleados y obreros a que se refiere el artículo anterior, que a la fecha de promulgación de la presente ley hubieran servido a un mismo empleador o a su continuador legal, tendrán derecho a la indemnización correspondiente a la totalidad de los años servidos, con anterioridad a dicha fecha. ".

"Artículo 3º. En caso de fallecimiento del empleado u obrero, tendrán derecho a percibir la indemnización por años de servicios el cónyuge sobreviviente e hijos menores legítimos, naturales, adoptivos e ilegítimos. En caso de que el dependiente fallecido no tenga cónyuge sobreviviente ni hijos de cualquiera edad, percibirán la indemnización por años de servicios sus ascendientes legítimos o ilegítimos. ". "

"Artículo 155. Reconócese en favor de las personas que hayan sido, o sean en el futuro, agraciadas con el Premio Nacional de Ciencias, Arte,

Literatura o Periodismo, en cualesquiera de sus ramas o especialidades, el derecho a una pensión mensual vitalicia equivalente a tres sueldos vitales, escala a) del departamento de Santiago.

Esta pensión será incompatible con cualquier otra derivada de la aplicación de leyes generales o especiales de previsión.

Reconócese, asimismo, a las viudas de las personas mencionadas en el inciso anterior, el derecho a un montepío mensual vitalicio equivalente a dos sueldos vitales escala a) del departamento de Santiago. Este montepío será incompatible con cualquiera otro derivado de la aplicación de leyes generales o especiales de previsión.

Si las personas a que se refieren los incisos anteriores disfrutan a la fecha de vigencia de esta ley de pensiones de jubilación o de montepío inferiores a los fontos señalados precedentemente, será de cargo fiscal, sólo la diferencia correspondiente y la Caja de Previsión respectiva continuará pagando la pensión en la forma estipulada en los incisos primero y segundo, según sea el caso.

Lo dispuesto en este artículo no regirá si el beneficiario obtiene rentas propias iguales o superiores a las que tendría derecho a percibir en virtud de este artículo.

Solamente serán de exclusivo cargo fiscal las pensiones que se otorguen en virtud de este artículo, en favor de aquellas personas que no gocen de jubilación ni montepío. "

"Artículo 156. Será aplicable a los obreros municipales de las provincias de Aisén y Magallanes lo dispuesto en el artículo 45 de la ley Nº 11. 219, Orgánica de la Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la República.

Los empleados y obreros de la Municipalidad de Las Condes que desempeñan funciones permanentes o transitorias en el Centro de Ski de Farellones, tendrán derecho al goce de viáticos, cuyo monto será fijado por el Alcalde, en relación al tiempo y a la naturaleza de las funciones y no podrá ser superior al establecido en el artículo 37 de la ley Nº 11. 469, sobre Estatuto de los Empleados Municipales de la República. "

"Artículo 157. Agrégase al artículo 63 de la ley Nº 10. 343, modificada por el artículo 18 de la ley Nº 15. 386, el siguiente inciso:

"Los pensionados de las municipalidades y los empleados municipales que se acojan a jubilación en el futuro, que reúnan los requisitos señalados en el inciso primero también tendrán derecho al beneficio establecido en este artículo. ". "

"Artículo 158. En el artículo 212 de la ley Nº 16. 217, reemplázase por una coma (, ) la letra "y" que existe entre las frases "Asociación de Enseñanza Industrial, Minera y Agrícola" y "Asociación Técnica Comercial", y agrégase después de esta última palabra, la siguiente frase: "y Asociación de Empleados Municipales Jubilados de la República". "

"Artículo 159. La Corporación de la Vivienda deberá construir o reparar a su costa, las viviendas que hubiere enajenado en el Departamento de Tocopilla y que sufrieron daños con ocasión del sismo. "

"Artículo 160. Los deudos de los trabajadores que en el año 1967 falleciesen por hechos ocurridos durante o con ocasión de su trabajo y que

provoquen la muerte o desaparecimiento de 20 o más dependientes, tendrán los derechos que establece esta ley.

Percibirá una indemnización de Eº 5. 000 la cónyuge sobreviviente y de Eº 2. 000 cada uno de los hijos legítimos, naturales, adoptivos y simplemente ilegítimos que vivían a expensas del trabajador fallecido, siempre que sean menores de 18 años. Asimismo, tendrán derecho a esta indemnización los hijos inválidos de cualquiera edad y los que sigan estudios regulares secundarios, técnicos o universitarios hasta los 23 años.

Esta indemnización será de cargo de la institución de previsión a que estaba afiliado el trabajador fallecido.

La cónyuge sobreviviente tendrá derecho a una pensión mensual de un monto equivalente al 50% del promedio de las remuneraciones o rentas, sujetas a cotización, percibidas por el causante en los últimos seis meses inmediatamente anteriores al hecho que produce la pensión; pero cesará su derecho si contrajere nuevas nupcias.

Igual beneficio tendrá, y en las mismas condiciones, la madre de los hijos naturales del causante, soltera o viuda, que hubiere estado viviendo con y a expensas de éste hasta el momento de su muerte.

Cada uno de los hijos legítimos, naturales, adoptivos, y simplemente ilegítimos que vivían a expensas del trabajador fallecido, siempre que sean menores de 18 años, los hijos inválidos de cualquiera edad y los que sigan estudios regulares secundarios, técnicos o universitarios, hasta los 23 años, tendrán derecho a percibir una pensión de un monto equivalente al 20% del promedio de las remuneraciones o rentas sujetas a cotización, percibidas por el causante en los últimos seis meses inmediatamente anteriores al hecho que produce la pensión.

A falta de las personas designadas en esta disposición, los padres del causante que al tiempo del fallecimiento causaban asignación familiar tendrán derecho a una pensión del mismo monto señalado en el inciso anterior.

Si los hijos del causante carecieren de madre, el monto de la pensión que les corresponda será aumentado en un 50%.

En este caso, las pensiones podrán ser entregadas a las personas o instituciones que los tengan a su cargo, en las condiciones que determine el Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en los dos incisos anteriores. "

En ningún caso las pensiones por supervivencia podrán exceder, en su conjunto, por un mismo causante, del total del promedio de las remuneraciones o rentas, sujetas a cotización, que éste hubiere percibido en los seis meses inmediatamente anteriores al hecho que produjo la pensión.

Las reducciones que resulten de la aplicación del máximo señalado en el inciso anterior se harán a cada beneficiario a prorrata de sus respectivas cuotas, las que acrecerán también, proporcionalmente, dentro de los límites respectivos, a medida que alguno de los beneficiarios deje de tener derecho a pensión o fallezca. "

"Artículo 161. Las pensiones que establece el artículo anterior serán de cargo de la institución de previsión que corresponda según las leyes generales e incompatibles con las que contemplan los diversos regímenes previsionales. No obstante, los beneficiarios tendrán derecho a

optar entre aquellas y éstas en el momento en que se les haga el llamamiento legal.

No regirá la incompatibilidad establecida en el inciso anterior cuando, sumado el monto de las pensiones, estas no excedan la cantidad equivalente a dos sueldos vitales mensuales, escala a) del departamento de Santiago.

Las pensiones que establece el artículo anterior serán reajustadas anualmente de acuerdo con la variación del índice de precios al consumí, dor fijado por la Dirección de Estadística y Censos. "

"Artículo 162. La Corporación de la Vivienda transferirá, gratuitamente, sin gastos ni impuestos, una vivienda definitiva a los deudos de los trabajadores a que se refiere el artículo 160, en el siguiente orden exclusivo y excluyente:

A la cónyuge sobreviviente e hijos legítimos, adoptivos y naturales del causante siempre que sean menores de 18 años, o inválidos de cualquiera edad y hasta los 23 años cuando sigan estudios regulares secundarios, técnicos o universitarios, en la proporción de un 50% para ella y de un 50% para los demás por partes iguales. Si faltare la cónyuge o los hijos, corresponderá la totalidad a una u otros, según sea el caso, y

A los hijos ilegítimos, en las mismas condiciones expresadas en la letra anterior, que vivían a expensas del causante y a los padres que les causaban asignación familiar, por partes iguales. En caso de faltar unos u otros, se plicará la misma norma de la letra a).

La vivienda no podrá tener un valor superior a 7. 000 cuotas de ahorro de la Corporación referida, será inembargable, no podrá gravarse ni enajenarse mientras haya algún incapaz entre los asignatarios y estará ubicada en el lugar que solicite el beneficiario.

Sin embargo, las viviendas se concederán de acuerdo al programa de construcciones de la mencionada institución, la que dará prioridad a los asignatarios a que se refiere este artículo para las adjudicaciones correspondientes.

La donación no estará sujeta al trámite de insinuación. "

"Artículo 163. Los empleadores o patrones de las empresas en que trabajaban los empleados y obreros a que se refiere el artículo 160, deberán pagar a la institución de previsión a que éstos estaban afiliados una imposición de 4, 5%, si en los hechos fallecieren más de 20 y menos de 30 personas, por 6 meses, y de 16, 5%, por 2 años, si los fallecidos son más de 30 de las remuneraciones totales que paguen.

Los recursos a que se refiere el inciso anterior deberán ser entregados por la institución que los perciba al o a los organismos que paguen las indemnizaciones establecidas en el artículo 160, hasta por el monto de éstas y a la Corporación de la Vivienda, hasta por el costo de la casa habitación a que se refiere el artículo anterior.

Los excedentes serán devueltos al empleador o patrón respectivo, en el plazo de 90 días contado desde la fecha en que se hizo la última imposición establecida por este artículo. "

"Artículo 164. El gasto y los reajustes de las pensiones que representen los cuatro artículos anteriores, en lo que excedan de lo que corres

ponde según las leyes generales; se imputarán al ítem de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda. "

A continuación, sustituir el "TITULO V" por "TITULO IV".

Artículo 170

Pasa a ser artículo 165.

Sustituir su inciso cuarto por el siguiente:

"Los patrones o empleadores pagarán a sus trabajadores, en dinero efectivo, el valor equivalente al sueldo o salario imponible de los cuatro días feriados que se suprimen en virtud de esta ley, sin perjuicio de las remuneraciones correspondientes al trabajo realizado. "

Artículo 171

Suprimirlo.

Como artículo 166, agregar el siguiente, consultando como letra a) el artículo 173; como letra b), el artículo 175; como letra c), el artículo 176 y como letra d); el artículo 174, redactado en los siguientes términos:

"Artículo 166. Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto Supremo Nº 313, de 30 de abril de 1956, Estatuto de los Trabajadores del Cobre, modificado por la ley Nº 16. 425, de 25 de enero de 1966:

Suprímase la frase que dice "por día trabajado", en el artículo 47;

Agréganse al artículo 47 los siguientes incisos:

"Para estos efectos se entenderán como efectivamente trabajados los días en que el trabajador haya estado ausente de sus labores por encontrarse sometido a medicina preventiva, curativa o imposibilitado para laborar por razón de accidente del trabajo o enfermedad profesional. El tiempo no trabajado por estas causas se entenderá remunerado con el sueldo o salario base que le habría correspondido percibir al trabajador si hubiera efectivamente trabajado.

Además, se entenderán como efectivamente trabajados los días correspondientes a feriado legal y/o permiso pagado.

Cuando el obrero haya tenido derecho al pago de las semanas corrídas correspondientes a domingos y festivos, estos días se considerarán también como efectivamente trabajados. ";

Sustitúyese en el artículo 48, la frase final "a que pertenezca" por la siguiente: "respectivo del centro de trabajo en que preste sus servicios";

Agrégase el siguiente artículo, nuevo:

"Artículo.... Las empresas de la Gran Minería del Cobre estarán obligadas a ingresar a los roles de pago de carácter permanente, a los trabajadores que laboran actualmente en trabajos de producción y que

tienen contratos temporales. Para los efectos anteriores se consideran trabajos de producción a todos aquellos que estén directamente relacionados con la extracción y elaboración del mineral, que se realizan en forma permanente y durante todas las épocas del año.

La Corporación del Cobre resolverá, en caso de duda, cuáles serán los trabajos considerados de producción y fiscalizará su exacto cumplimiento. ". "

Artículo 172

Pasa a ser artículo 167, reemplazando el inciso primero por el siguiente:

"Artículo 167. Declárase que las empresas acogidas o que se acojan a las disposiciones de la ley Nº 4. 581 o del artículo 17 de la ley Nº 7. 747, del D. F. L. Nº 258, de 1960, del D. F. L. Nº 331, de 1953, que hayan impetrado o que impetren franquicias aduaneras o tributarias contempladas, en otras leyes deberán repartir entre sus empleados y obreros un 10% de sus utilidades, de conformidad con el artículo 107 de la ley Nº 15. 575. "

Agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:

"Las empresas deberán dar cumplimiento a la obligación impuesta en el artículo 107 de la ley Nº 15. 575 y a la establecida en cualquier otra ley en cuanto al reparto del 10% de las utilidades para las empresas de las provincias de Tarapacá y Antofagasta dentro del plazo de 90 días siguiente a la presentación de sus balances al Servicio de Impuestos Internos, El incumplimiento de la obligación dentro del plazo señalado será sancionado en la forma establecida en el artículo 90 de la ley Nº 16. 617. "

Artículos 173, 174, 175 y 176

Como se dijo, han pasado a ser letras a), d), b) y c) del artículo 166, respectivamente.

En seguida, consultar como artículos nuevos, los siguientes:

"Artículo 168. Agréganse como incisos finales al artículo 10 de la ley Nº 16. 624, los siguientes:

"Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las empresas acogidas al artículo 17 de la ley Nº 7. 747.

Las empresas acogidas a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley Nº 7. 747 no disfrutarán de los beneficios y exenciones aduaneras establecidas en la ley Nº 12. 937 cualquiera que sea la ley que les haya otorgado el derecho a impetrarlo. Asimismo, no les será aplicable lo dispuesto en el D. F. L. Nº 257, de 1960. ". "

"Artículo 169. Reemplázanse los párrafos cuarto y quinto del artículo 27 de la ley Nº 16. 624 por los siguientes:

"El saldo será girado directamente al Instituto CORFO del norte y al Consejo de Desarrollo de O'Higgins para destinarlo en sus 3/4 partes al financiamiento de sus respectivos programas de fomento y progreso social y en la proporción que se establece más adelante. La cuarta parte restante se entregará, asimismo, al Instituto CORFO del Norte para que proceda a distribuirlo entre las Municipalidades de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y al Consejo de Desarrollo de O'Higgins para distribuirlo entre las municipalidades de O'Higgins, en un 20% en partes iguales y el saldo en proporción a los presupuestos ordinarios del año anterior.

Los fondos a que se refiere el inciso anterior, exceptuando aquellos correspondientes a las municipalidades, los distribuirán la Junta de Adelanto de Arica y el Instituto CORFO del Norte, de manera que corresponda al departamento de Arica un 9%, al Instituto CORFO del Norte un 21%, más los ingresos de Antofagasta y Atacama que se calcularán en proporción a las producciones de Chuquicamata y El Salvador respectivamente y. a la provincia de O'Higgins, la proporción que corresponda a la producción de El Teniente. ". "

Consultar el siguiente artículo 170, nuevo, colocando como inciso quinto, el inciso segundo del artículo 260, sustituyéndole las palabras "a las instituciones del Estado" por las siguientes: "al Instituto CORFO del Norte";

"Articulo 170. En el curso de los años 1969, 1970, 1971, 1972 y 1973 se destinará el 80% del uno y medio por ciento de los ingresos de los artículos 26, 27 y 51 deja ley Nº 16. 624, a las necesidades del departamento de Tocopilla, y el 20% restante al departamento de Chañaral.

Las sumas que se obtengan en conformidad al inciso anterior, como asimismo aquellas a que se refiere el inciso 2º del artículo 102 de la ley Nº 16. 735, serán puestas a disposición del Instituto CORFO del Norte el que las invertirá en la ejecución, en esas localidades, de planes de construcción de viviendas; de fomento minero, industrial. y agrícola; de obras públicas de infraestructura y de construcción y reconstrucción de obras y edificios municipales.

Para el cumplimiento del plan de construcción de viviendas el Instituto CORFO del Norte podrá celebrar convenios con la Corporación de la Vivienda y para el plan de obras públicas con el Ministerio de Obras Públicas. La construcción y reconstrucción de obras y edificios municipales se hará a través de los respectivos municipios y a base de un plan propuesto por los mismos y que deberá ser aprobado por el Consejo del Instituto CORFO del Norte.

Derógase el inciso segundo del artículo 102 de la ley Nº 16. 735.

Facúltase al Instituto CORFO del Norte para contratar empréstitos en organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de que se ejecuten las obras a que se refiere la disposición citada en el inciso anterior. "

A continuación, consultar los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 171. Prohíbese el desarme, desguace, desmantelamiento o retiro de instalaciones o maquinarias esenciales para la extracción o beneficio de minerales de cualquiera naturaleza, sean minas, lavaderos, placeres o pampas salitreras, a menos que haya sido autorizado por Decreto Supremo del Ministerio de Minería, previo informe del Servicio de Minas del Estado.

Las maquinarías, herramientas y demás bienes que de hecho se retiraren de faenas mineras en contravención a lo dispuesto en el inciso precedente caerán en comiso, sin perjuicio de las demás sanciones civiles o panales que contemplen las leyes. ".

"Artículo 172. Los años de servicios discontinuos prestados por todos los trabajadores de la Gran Minería del Cobre serán considerados como años continuos para los efectos de la indemnización que les corresponde percibir por años de servicio.

Cualquier cantidad percibida por el trabajador por concepto de indemnización por años de servicio podrá ser rebajada de la indemnización que le corresponda al término del nuevo contrato de trabajo.

La aplicación del presente artículo en ningún caso podrá lesionar las remuneraciones de los trabajadores, indemnización por años de servicio, ni ninguna regalía que provenga de alguna disposición legal o convenios colectivos. "

Artículo 177 Suprimirlo.

Artículo 178

Pasó a ser letra b) del artículo 129, como' se explicó oportunamente.

Artículo 179

Ha pasado a ser artículo 173.

Suprimir las palabras "o municipal".

Agregar el siguiente inciso, nuevo:

"De la misma exención gozarán las Comunidades Habitacionales constituidas a consecuencia del sismo de 1965, en las zonas afectadas por el mismo, respecto de los actos necesarios para la urbanización de los terrenos y para la adquisición y adjudicación de viviendas a los comuneros. ".

Artículo 180

Ha pasado a ser artículo 174, sin enmiendas.

Artículos 181, 182, 183 y 184

Como se explicará oportunamente, han pasado a ser letra b) del

artículo 194, Nº 8 del artículo 210, letra a) del párrafo I del artículo 231 yartículo 232, respectivamente.

Artículo 185

Pasa a ser artículo 175, sin enmiendas.

Artículo 186

Como se verá más adelante, ha pasado a ser letra a) del artículo 223.

Artículos 187, 188 y 189

Suprimirlos.

Artículo 190

Ha pasado a ser artículo 176, sin enmiendas.

Artículos 191 y 192

Suprimirlos.

En seguida, agregar el siguiente artículo 177.

Iniciar su encabezamiento en estos términos:

"Artículo 177. Introdúcense al Código del Trabajo las siguientes modificaciones: "

Consultar como letra a), el artículo 242, sin enmiendas.

Agregar la siguiente letra b):

"b) Derógase el inciso segundo del artículo 150. "

Como inciso segundo agregar el artículo 255, sin modificaciones.

Intercalar el siguiente inciso tercero, nuevo:

"Se declara que el sertido y alcance del artículo 627 del Código del Trabajo es otorgar a obreros y empleados el derecho a declarar la huelga, no obstante no haya comprobación de haberse llenado las solemnidades y circunstancias exigidas por el Párrafo V del Título II del Libro IV del mencionado Código, por medio de un delegado o representante designado por la Junta Permanente de Conciliación, cuando dicha comprobación no fuera posible por haberse producido empate en la Junta que haga imposible la designación de tal representante o delegado. "

Colocar como inciso cuarto el artículo 212, con la siguiente redacción:

"Declárase que los dispuesto en el artículo'368 de] Código del Trabajo no es aplicable a los trabajadores de los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), ni a los de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) y, por tanto, queda derogada toda disposición reglamentaria que coarte a dichos trabajadores el derecho a organizarse libremente".

Como inciso quinto agregar el artículo 272, sin enmiendas.

Finalmente, agregar los siguientes incisos sexto y séptimo: "Establécese que los dirigentes nacionales de federaciones de empleados y obreros con personalidad jurídica, gozarán de fuero en conformidad a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo. "

"Será aplicable a los obreros municipales de la provincia de Magallanes lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 158 del Código del Trabajo. "

Artículos 193 y 194

Pasan a ser artículos 179 y 179, sin enmiendas.

Artículos 195 y 196

Suprimirlos.

Artículo 197 Pasa a ser artículo 180, sin modificaciones.

Artículo 198 Suprimirlo.

Artículo 199 Como se dijo, pasó a formar parte del artículo 67.

Artículo 200 Suprimirlo.

Artículo 201

Suprimir el inciso primero.

Como se verá más adelante, el inciso segundo ha pasado a ser inciso penúltimo del artículo 210.

Artículo 202 Suprimirlo.,

Artículo 203

Como se explicó, pasó a ser artículo 68.

Artículos 204, 205, 207, 208, 209, 210 y 211

Suprimirlos.

Artículo 212 Como se dijo, pasó a ser inciso cuarto del artículo 177.

Artículo 213

Pasa a ser artículo 181, sin enmiendas.

Artículos 214 y 215.

Como se explicó, pasaron a formar parte del artículo 67.

Artículo 216 Suprimirlo.

Artículo 217

Pasa a ser artículo 182, sin modificaciones.

A continuación, agregar como artículo 183, nuevo, el siguiente:

"Artículo 183. El Poder Judicial y todos los Servicios o Instituciones Públicas que por ley tengan derecho a que a sus personales la Empresa de Transportes Colectivos del Estado les otorgue Pases Libres o Abonos, deberán incluir en sus respectivos presupuestos el ítem necesario para su cancelación. ".

Artículos 218, 219, 220, 221 y 222

Suprimirlos.

Artículo 223

Como se explicará más adelante ha pasado a ser letra a) del párra. fo II del artículo 231.

Artículo 224

Pasa a ser artículo 184, sin enmiendas.

Artículos 225 y 226 Suprimirlos.

Artículo 227

Ha pasado a ser letra c) del párrafo II del artículo 231, como se exen su oportunidad.

Artículo 228

Pasa a ser artículo 185. sin enmiendas.

Artículo 229

Pasa a ser artículo 186. Sustituir la frase ", cuando lo estime oportuno y conveniente, " por la siguiente: "por una sola vez", y suprimir la palabra "favorable".

Artículos 230 y 231

Suprimirlo.

Artículo 232

Pasa a ser artículo 187.

Agregar en el inciso segundo, sustituyendo el punto por una coma, lo siguiente: "aun cuando pudieron no haber reunido los requisitos del artículo 3° transitorio de la expresada ley, siempre que al 4 de febrero de 1966 hubiesen tenido patente de alquiler registrada en la comuna de Los Andes o hubiesen trabajado como taxistas en representación de sus familias, por lo menos durante cinco años con anterioridad a la fecha mencionada. "

Reemplazar los incisos tercero y cuarto por los siguientes, nuevos:

"Los vehículos motorizados que hubieren ingresado al país al amparo de franquicias o decretos de liberación cuyo uso o libramiento motivó procesos de fraudes aduaneros o contrabandos, siempre que tales vehículos hubieren sido incautados o retenidos por la autoridad con anterioridad al 31 de diciembre de 1967, podrán ser internados legalmente mediante el pago de los derechos e impuestos aduaneros que correspondan vigentes a la fecha en que se solicite su retiro de la Aduana. Para las importaciones que se autorizan en este inciso no regirán las prohibiciones, y limitaciones, restricciones o depósitos que pudieren corresponder.

Sólo podrán acogerse al beneficio antes referido dentro del plazo de 120 días a contar de la publicación de la presente ley, las personas que acrediten ser dueños de los vehículos, o sus apoderados o el poseedor. Se presumirá el hecho de la posesión respecto de la persona a cuyo nombre esté extendida la respectiva acta de retención o incautación.

Si recayere sentencia condenatoria en virtud de los mismos hechos que causaron la incautación o el proceso criminal, la pena que afecte a los procesados será de una multa no inferior a dos veces el valor del vehículo según se encuentre establecido en el respectivo documento de despacho de ingreso al país de la especie y no habrá pena de comiso.

El producto total de los derechos e impuestos y multas aplicados en conformidad a los tres incisos anteriores será puesto a disposición de la Dirección de Turismo, que deberá destinarlo a los gastos que demande la realización en nuestro país del Segundo Congreso HispanoLusoAmericanoFilipino de Turismo, y a sus planes de fomento.

En todos los casos a que se refieren los cuatro incisos finales de este artículo, no habrá derecho a galardón de los denunciantes y aprehensores. ".

Artículos 233 y 234

Suprimirlo.

Artículo 235

Pasa a ser artículo 188, sustituido por el siguiente: "Artículo 188. El Colegio de Contadores podrá permitir que en el plazo de 180 días, contado desde la promulgación de la presente ley en el Diario Oficial, puedan inscribirse en los Registros del Colegio de Contadores todos los egresados hasta el año 1955 de los institutos comerciales fiscales del país y que estén en posesión de algunos de estos títulos: ContadorSecretario o ContadorAgente, extendidos por el Ministerio de Educación Pública; y además acrediten fehacientemente, mediante certificado oficial de la respectiva empresa o industria en que laboran, estar ejerciendo por lo menos durante cinco años, labores específicamente contables. ".

Artículo 236

Pasa a ser artículo 189, sin enmiendas.

Artículos 237 y 238

Como se verá más adelante, han pasado a ser Nºs. 6 y 7 del artículo 210.

Artículo 239 Suprimirlo.

Artículo 240

Como se dijo, ha pasado a ser artículo 17. • /

Artículo 241

Suprimirlo.

Artículo 242

Pasó a ser letra a) del artículo 177, como se dijo en su oportunidad.

Artículos 243 y 244

Han pasado a ser artículos 190 y 191, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 245

Pasa a ser artículo 192.

Consultar el siguiente encabezamiento:

"Artículo 192. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16, 742:

a) Reemplázase el artículo 70 por el siguiente: ".

Agregar como letra b), nueva, la siguiente:

"b) Reemplázase el artículo 69, por el siguiente:

"Artículo 69. Se declaran absolutamente inembargables y no susceptibles de medida precautoria alguna, todos los bienes, fondos, derechos y acciones, de cualquier naturaleza que sean, que formen parte del patrimonio de la Corporación de la Vivienda, Corporación de Servicios Habitacionales, Corporación de Mejoramiento Urbano, Corporación de Obras Urbanas y Empresa de Agua Potable de Santiago.

Esta inembargabilidad no regirá respecto de los créditos garantizados con hipoteca, prenda, gravamen o prohibición, constituidos con autorización de las mismas Corporaciones o Empresa.

La ejecución de toda sentencia que condena a las Instituciones señaladas en el inciso primero al pago de cualquier prestación, se llevará a efecto expidiendo el Presidente de la República el respectivo decreto. Para ello, ejecutoriada que sea la sentencia, el Tribunal remitirá, al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, copias autorizadas de las sentencias de primera y segunda instancia con certificado de encontrarse a firme.

En el decreto respectivo que ordene a la Institución cumplir la sentencia, se creará o señalará el ítem contra el cual habrá de girarse, el que en todo caso se considerará excedible hasta la suma que se ordene pagar. ". ".

Consultar a continuación el siguiente artículo 193, nuevo: "Artículo 193. Las instituciones fiscales, semifiscales, o de administración autónoma, retendrán de los pagos que efectúan, en conformidad a propuestas públicas, las sumas correspondientes a imposiciones del personal contratado por los contratistas favorecidos con dicha propuestas. Estas imposiciones se depositarán directamente por la institución recaudadora dentro del plazo de 30 días contado desde su percepción en la institución previsional a que pertenezca el empleado u obrero, para cuyo efecto en los respectivos estados de pago se individualizará al personal

contratado con indicación de la Caja de Previsión en que debe efectuársele las imposiciones. El Presidente de la República, dentro del plazo de 180 días de publicada esta ley, reglamentará la aplicación de este artículo. ".

Artículo 246 Suprimirlo.

Artículo 247

Pasa a ser artículo 194.

Iniciar su redacción en los siguientes términos:

"Artículo 194. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16. 391:

a) Agrégase al artículo 5º, el siguiente inciso final: ".

Consultar como letra b), el artículo 181, redactando su encabezamiento de la siguiente forma:

"b) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 55: "

Agregar como letra c), nueva, la siguiente:

"c) Agrégase, después del último inciso del artículo 50, el siguiente:

"Lo dispuesto en el inciso precedente, podrá aplicarse en el caso de los actuales ocupantes de sitios ubicados en la comuna de Curanilahue, provincia de Arauco. ". ".

Artículo 248

Pasa a ser artículo 195.

Agregar el siguiente inciso final, nuevo:

"Las personas que con motivo de la aplicación de esta ley pierdan su empleo u ocupación y que tengan derecho a jubilar por servicios prestados en otras instituciones, tendrán derecho a jubilar en la última institución en que presten servicios, cualquiera que sea el período de imposiciones que tengan en ésta. "

Artículo 249

Suprimirlo.

Artículo 250

Como se expresará más adelante, ha pasado a ser letra b) del artículo 209.

Artículo 251

Suprimirlo.

Artículo 252

Ha pasado a ser inciso segundo del artículo 238, como se explicará en su oportunidad.

Artículo 253

Ha pasado a ser artículo 196, sin modificaciones.

Artículo 254

Como se dirá más adelante, ha pasado a ser letra e) del artículo 256.

Artículo 255

Pasó a ser inciso segundo del artículo 177.

Artículos 256 y 257

Han pasado a ser artículos 197 y 198, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 258

Ha pasado a ser artículo 199. Suprimir la palabra ", complementar".

Artículo 259

Como se dirá más adelante, ha pasado a ser inciso tercero del artículo 238.

Artículo 260

Suprimir los incisos primero y tercero.

El inciso segundo, como se dijo, pasó a ser inciso quinto del artículo 170:

Artículo 261 Pasó a ser artículo 200, sin enmiendas.

Artículos 262 y 263

Han pasado a ser letra d) del artículo 223, como se indicará oportunamente.

Artículo 264

Ha pasado a ser artículo 201. *

En el inciso primero, colocar una coma (, ) después de "Nº 725".

Agregar los siguientes incisos nuevos:

"Declárase que el inciso primero del artículo 113 del Código Sanitario, se refiere a diagnósticos, pronósticos y tratamientos médicos y no limita actuaciones de la misma naturaleza propios de otras profesiones y necesarios para el cumplimiento de sus respectivas finalidades. "

"Derógase el inciso segundo del mismo artículo 113 del Código Sanitario. "

"Reemplázase, en el inciso tercero del mismo artículo 113, la expresión "los incisos anteriores" por "el inciso anterior". "

Artículo 265

Como se verá más adelante, ha pasado a ser letra d) del artículo 238.

Artículo 266

Ha pasado a ser artículo 202.

Agregar las siguientes palabras, suprimiendo el punto final: "y a la de Girl Guides. ".

Artículo 267

Ha pasado a ser artículo 203, sin enmiendas.

Artículo 268

Ha pasado a ser artículo 204.

Sustituir las palabras "delegado de los trabajadores" por las siguientes: "Presidente o Secretario del Sindicato de obreros o empleados o al delegado del personal en su caso".

Artículo 269

Ha pasado a ser artículo 205, con la sola modificación de reemplazar la cita a la ley "16. 425" por otra a la ley "16. 624".

En seguida, consultar como artículo 206, el artículo 273, reemplazado por el siguiente:

"Artículo 206. Déjanse sin efecto los sumarios administrativos incoados en contra de los obreros o empleados del sector público o privado con motivo de movimientos gremiales llevados a efecto con anterioridad a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Asimismo, déjanse sin efecto las sanciones que se hubieren aplicado con motivo de dichos sumarios, y el personal de los diversos servicios que hayan adherido a tales movimientos o paros gremiales, no será perjudi

cado en su calificación y, en todo caso, para cualquier efecto legal, regirá la última calificación del año 1966.

No procederá el descuento de sueldos o salarios por los días no trabajados.

Concédese amnistía a las personas que hayan sido condenadas o que se encuentren actualmente procesadas por infracción a la Ley de de Seguridad Interior del Estado, cuando el proceso se hubiere iniciado con ocasión de movimientos gremiales generales por peticiones de orden económico.

A continuación, consultar como artículo 207 el artículo 274, reemplazado por el siguiente:

"Artículo 207. Reemplázase el inciso primero del artículo 83 de la ley Nº 16. 744, por el siguiente:

"Artículo 83. El Servicio de Minas del Estado continuará ejerciendo en las faenas extractivas de la minería las atribuciones que en materia de Seguridad le fueron conferidas por la letra i) del artículo 2º del DFL. Nº 152, de 1960, y por el Reglamento de Policía Minera aprobado por Decreto Nº 185, de 1946, del Ministerio de Economía y Comercio y sus modificaciones posteriores.

El Servicio Nacional de Salud y el Servicio de Minas del Estado estarán facultados para otorgarse delegaciones recíprocas, para obtener un mayor aprovechamiento del personal técnico.

El Presidente de la República determinará la forma como se coordinarán ambos servicios y establecerá una Comisión Mixta de Nivel Nacional integrada por representantes del Ministerio del Trabajo, Servicio Nacional de Salud y Servicio de Minas del Estado, que aprobará las normas sobre seguridad en las faenas mineras y resolverá los problemas de coordinación que pueden suscitarse entre ambos servicios. "

Artículos 270 y 271

Suprimirlos.

Artículos 272, 273 y 274

Como se explicó, pasaron a ser inciso quinto del artículo 177, artículo 206 y artículo 207, respectivamente.

Artículo 275

Suprimirlo.

Artículo 276

Como se dijo, ha pasado a ser letra d) del párrafo III del artículo 142.

Artículo 277

Pasa a ser artículo 208.

En el inciso tercero suprimir las palabras iniciales "Se deja constancia que" colocando en mayúscula el artículo ||AMPERSAND||quot;el".

Artículos 278 y 279

Suprimirlos.

Consultar como artículo 209, el artículo 280, iniciando su redacción de la siguiente forma:

"Artículo 209. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16. 735:

a) Agrégase al inciso segundo del artículo 45, reemplazando el punto mor una coma, lo siguiente: "no excediendo de un séptimo de sueldo vital mensual escala A) del departamento de Santiago. "

Como letra b) agregar el artículo 250, suprimiendo las expresiones "de la ley Nº 16. 735".

Consultar como letra c) la siguiente, nueva:

"c) Derógase el artículo 101. ".

Artículo 280 Como se expresó, pasó a ser artículo 209.

En seguida, consultar el siguiente artículo 210:

"Artículo 210. Condónanse las siguientes deudas, que afectan a las personas e instituciones que se indican:

1. Al personal del Servicio de Seguro Social, por concepto de percepción indebida de la remuneración llamada sueldo del grado superior, originadas en reparos formulados por la Contraloría General de la República;

2. Las que mantienen con la Corporación de la Vivienda, por la ocupación de los sitios que esa Corporación expropió en la comuna de Curanilahue, las personas que actualmente los habitan, a las que además se condonará intereses y multas.

La Corporación de Servicios Habitacionales transferirá a título gratuito los terrenos expropiados a que se refiere este número a dichos ocupantes. Deberá, asimismo, dentro del plazo de seis meses contado desde la fecha de vigencia de esta ley, entregar a las personas favorecidas con la transferencia los títulos de dominio correspondientes, en relación con la nómina de inscritos que posee la Corporación de la Vivienda;

3. Las que afectan a los contribuyentes del departamento de Tocopilla, perjudicados por el sismo del 21 de diciembre de 1967, por la parte fiscal del impuesto a los bienes raíces correspondiente al año 1968. La condición de afectados por el sismo deberá ser acreditada por la Dirección de Obras Municipales de Tocopilla.

Exceptúanse de este beneficio las empresas de la Gran y Mediana Minería del Cobre;

4. Todas las que graven a los pobladores del sector de la Población Santa Teresita de la comuna de Las Barrancas, comprendido entre las 'calles Victoria, Santa Teresita y Bravo Luco, por concepto de pavimenta', ción.

Losf ondos a que se refiere la ley 16. 658 deberán ser invertidos, con prioridad, en la construcción de alcantarillado y urbanización en las poblaciones del sector comprendido desde Población Santa Teresita hacia el oeste, hasta Avenida La Estrella, de la comuna de Las Barrancas, departamento de Santiago, exceptuando las poblaciones construidas por la Corporación de la Vivienda;

5. Las que resulten de reparos hechos o que pudiera hacer la Contraloría General de la República a los pagos efectuados por la Municipalidad de Arica a sus empleados y obreros, en calidad de aguinaldos y asignación preescolar, durante el año 1967.

Quedarán liberados do responsabilidad los regidores, el alcalde y los funcionarios municipales que hubieren intervenido en tales pagos;

Como Nº 6, se ha consultado el artículo 237, redactado en los siguientes términos:

"6. Las contraídas con el Fisco por la Escuela Nº 3, Santa Teresita. 'de San Antonio, correspondientes a los empréstitos que le fueron otorgados por los decretos del Ministerio de Educación Pública Nºs. 6. 189, de 1959"; 13. 866, de 1959; 906, de 1960; 2. 542, de 1960; 4. 754, de 1960; '8. 627. de 1960, y 2. 845, de 1961, como asimismo sus intereses, sanciones y multas; "

Agregar, como Nº 7, el artículo 238 con la redacción siguiente:

"7. La contraída por la Escuela Gratuita Santa Juana de Arco de San Felipe, con organismos dependientes del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, con motivo del otorgamiento de recursos para reparar los daños causados a la Escuela mencionada por los sismos de marzo de 1965.

Este beneficio se extiende, como en los demás casos de este artículo,, a las multas e intereses generados por las deudas condonadas; "

Como Nº 8 colocar el artículo 182, sustituido por el siguiente:

"8. Las que afecta. n a la Congregación del Buen Pastor de Antofagasta y al Templo Evangélico Bautista de Loncoche por concepto de derechos de pavimentación cuya cancelación está pendiente.

Esta condonación dará por cancelada la cuenta de pavimentación Nº 1. 490 F. C. de la propiedad rol 622 de Antofagasta, y".

Consultar como Nº 9, el artículo 28l, reemplazado por el siguiente::

"9. Las contraídas con el Fisco por la Municipalidad de Peumo por concepto de impuestos fiscales que gravan las propiedades que forman la Población Municipal, compuesta por nueve viviendas de propiedad de aquélla. ".

Agregar como Nº 10 el artículo 324, redactado en los siguientes términos:

"10. Al Cuerpo de Bomberos de Mulchén el préstamo que le fue otorgado por la Corporación de la Vivienda, de fecha 11 de marzo de 1965, por el monto de E? 45. 000, de acuerdo con el artículo 60 de la ley Nº 14. 171. ".

Consultar, a continuación, los siguientes incisos nuevos:

"Exímese a la Congregación del Buen Pastor de Antofagasta del pago de derechos de pavimentación por obras que se ejecuten en el futuro.

Exímese del pago de contribuciones al bien raíz de la institución denominada Asociación Nacional de Jubilados de la Prensa y la Obra, con personalidad jurídica Nº 3. 919, con domicilio en la calle San Francisco Nº 611 de Santiago, el que está destinado a sede social de la Asociación. ".

Como inciso penúltimo colocar el inciso segundo del artículo 201, reemplazado por el siguiente:

"Se declaran exentos de pago de contribuciones de bienes raíces todos los inmuebles adquiridos por las asociaciones de obreros portuarios respectivas, en la forma y condiciones señaladas en el artículo 3° de la ley Tí? 16. 250. ".

Finalmente, agregar el siguiente inciso nuevo:

"Las exenciones de bienes raíces que se otorguen por ésta u otras leyes deben entenderse sólo respecto de la parte fiscal y sin perjuicio de la parte destinada a beneficio municipal y a Cuerpos de Bomberos. ".

Artículo 281 Como se dijo, ha pasado a ser Nº 9 del artículo 210.

Artículo 282. Suprimirlo.

En seguida, agregar corno artículos nuevos, los siguientes: "Artículo 211. Las cooperativas de seguros quedarán sujetas al control de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio que tendrá sobre ellas las mismas atribuciones que la ley le confiere en relación a las entidades aseguradoras de carácter mutual, y se regirán, en todo aquello que no contravenga su naturaleza jurídica, por las disposiciones del D. F. L. Nº 251, de 20 de mayo de 1931, sin perjuicio de las normas generales sobre cooperativas contenidas en el E. R. A. Nº 20 de 1963.

Las cooperativas de seguros sólo podrán tener como único objeto las actividades aseguradoras.

Un Reglamento determinará las atribuciones que, con respecto a las. cooperativas de segures, competerán tanto a la Superintendencia de Compañías de Seguros como al Departamento de Cooperativas de la Dirección de Industria y Comercio. "

"Artículo 212. Se agrega al artículo 38 de la ley 16. 625, sobre Régimen Sindical en la Agricultura, los siguientes incisos:

"En los contratos de trabajo relativos a la vendimia sólo podrá pactarse como forma de remuneración un salario equivalente al número de kilogramos cosechados por cada trabajador, incluidos los correspondientes a la vasija en que se transporta la uva.

El obrero agrícola que preste servicios permanentes en el predio deberá tener durante el desarrollo de la vendimia una remuneración equivalente a la de los vendimiadores.

Queda prohibido todo sistema de intermediación en el 'anganche detrabajadores para las faenas de vendimia. Los intermediarios serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo. "..

Agrégase al artículo 89 de la ley 16. 250, después de un punto seguido, las frases siguientes: "No obstante, tendrán la calidad de obreros agrícolas, para todos los efectos legales, los que trabajen en aserraderos movibles que se instalen para faenas temporales en las inmediaciones de bosques en explotación. ". ".

"Artículo 213. Intercálase en el inciso primero del artículo 3º de laley Nº 16. 591, de 29 de diciembre de 1966, entre las palabras "invertirá" y "en", lo siguiente: "en aportes a los cuerpos de bomberos y al Centro Universitario de Talca dependiente de la Universidad de Chile y". ".

"Artículo 214. Los excedentes devengados por la ley Nº 12. 760, de29 de noviembre de 1957, desde el cumplimiento de ella hasta la fecha, de acuerdo a su artículo 3º, se destinarán a la construcción de una Clínica Deportiva en la ciudad de Talca. "

"Artículo 215. Agrégase en el artículo 5º transitorio de la ley Nº 16. 478, a continuación de la palabra "Provinciales" la siguiente frase "y Tesoreros Municipales de Santiago y Valparaíso", reemplazando en eí mismo texto la frase "31 de diciembre de 1965" por "30 de septiembre de 1967". ".

"Artículo 216. La designación de los Prácticos Autorizados de Puertos y Canales, que fija el Reglamento de Practicaje y Pilotaje para la República, aprobado por Decreto Supremo Nº 1. 836, del 20 de julio de 1955, será dispuesta por decreto supremo. "

"Artículo 217. Facúltase al Presidente de la República para aumentar en un 50% todas las tarifas de practicaje y pilotaje que en pesos oro fija el Reglamento señalado en el artículo anterior. "

"Artículo 218. La Municipalidad de Rancagua determinará, dentro del plazo de noventa días de publicada esta ley, la zona de su jurisdicción en la cual tendrá aplicación lo dispuesto en el presente artículo.

En la zona referida en el inciso anterior los nuevos edificios que se construyan deberán consultar en su primer piso locales comerciales a lo menos en el 70% de su frente. No regirán para las construcciones que se efectúen en el área que se determine en conformidad con el inciso pri

mero las limitaciones establecidas en el inciso tercero del artículo 39 del D. F. L. Nº 2, de 1959.

El Banco del Estado de Chile y los Bancos Comerciales otorgarán preferencia en el otorgamiento de créditos destinados a la construcción a las empresas constructoras o propietarios que ejecuten obras en la zona de remodelación determinada en conformidad con los incisos anteriores siempre que ellos se inviertan en dichas obras. ".

"Artículo 219. Los propietarios o poseedores de locales comerciales que se construyan en conformidad al artículo anterior estarán sujetos a las siguientes obligaciones:

No podrán cobrar derecho de llaves por la transferencia a cualquier título de su posesión, y

No podrán cobrar en caso de arrendamiento una garantía superior al equivalente a un mes de renta de dicho arrendamiento.

Las rentas de arrendamiento de los locales comerciales existentes en la ciudad de Rancagua se fijan en el monto a que ellas ascendían al 31 de diciembre de 1967. Anualmente ellas podrán ser alzadas en un porcentaje no superior al alza que haya experimentado en la provincia de O'Higgins el índice de precios al consumidor.

Cualquiera infracción a lo dispuesto en el inciso anterior será sancionada, a requisición de parte, por la Dirección de Industria y Comercio con una multa de hasta doce veces la renta de arrendamiento y en caso de reincidencia con una multa de quince veces esa renta. ".

"Artículo 220. La Corporación de Fomento de la Producción pondrá a disposición de las instituciones que se señala la suma de Eº 50. 000, para los fines que en cada caso se expresa:

1. Departamento de Instalaciones Sanitarias del Ministerio de la Vivienda, para iniciar los estudios y trabajos de instalación de la red de alcantarillado en el pueblo de Rosario, en la comuna de Rengo.

2. Cuarta Compañía de Bomberos de Rancagua, para la construcción del cuartel y demás dependencias.

3. Municipalidad de Rancagua, para la construcción de un Balneario Popular en las márgenes del río Cachapoal, frente a las poblaciones Lourdes y Santa Julia.

Estos gastos se cargarán a los fondos acumulados en la provincia de O'Higgins en los años 1966 y 1967, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2? de la ley Nº 15. 689. ".

En seguida, como artículo 221, consultar el siguiente, en cuyas letras a), e) y g) han sido considerados los artículos 50, 51 y 86, respectivamente:

"Artículo 221. Introdúcense las modificaciones siguientes a las disposiciones que se señalan:

a) Deróganse los artículos 16, 28, 47 y el artículo transitorio Nº 3 del decreto del Ministerio del Interior Nº 1. 391, de 30 de octubre de 1967.

El personal de la Oficina de Planificación Nacional quedará sometido a las disposiciones del D. F. L. Nº 338, de 1960, en cuanto no se contrapongan con las del Reglamento modificado por esta letra.

Derógase el decreto de Hacienda Nº 16, sobre rebaja de impuestos de aduana.

Suprímese el inciso final del artículo 89 del decreto de Hacienda 477, de 21 de marzo de 1968.

Suprímese la letra b) del Nº 1 del Decreto de Hacienda Nº 624, de 22 de marzo de 1968.

Derógase el inciso tercero del artículo 5° del D. F. L. Nº 56, de 1960.

Derógase el artículo 10 de la ley Nº 10. 676, de 24 de octubre de 1952. Aplícanse las disposiciones de los artículos 88 y 89 del D. F. L. Nº 338, de abril de 1960, a los obreros portuarios en materia de feriados, licencias y permisos.

Derógase el inciso final del artículo 99 de la ley Nº 12. 897, y sus modificaciones posteriores.

h) Derógase el artículo 16 de la ley Nº 15. 702, de 1964.

i) Derógase el artículo 36 de la ley Nº 15. 840, de 1964.

j) Derógase la letra e) del artículo 62 de la ley Nº 16. 742.

k) Reemplázase en el artículo 3º de la ley Nº 12. 873 el Nº "13" por el Nº "18" y en el artículo 1º del D. F. L. Nº 7, de 1959, la palabra "ministerio" por "Ministro", modificado por el artículo 11 letra a) de la ley Nº 10. 383.

1) Derógase el inciso segundo del artículo 16 de la ley Nº 14. 572. ".

Artículos 283 y 284

Como se dirá, han pasado a ser letras a) y b) del artículo 256, respectivamente.

Artículos 285 y 286

Suprimirlos.

Consultar como artículo 222, el siguiente, nuevo: "Artículo 222. Concédese personalidad jurídica a las siguientes instituciones:

Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile, a la cual pertenecerán los obreros portuarios del país qus están incorporados a las asociaciones, federaciones y organismos locales de cada, puerto;

Asociación Nacional de Personal Administrativo y Paradocente de Educación Secundaria, ANPAES, fundada el 25 de octubre de 1957, y a la cual podrán pertenecer tocios los funcionarios administrativos y paradocentes dependientes de la Dirección de Educación Secundaria;

Confederación de Jubilados, Pensionados y Montepiados de Chile, que se rige por los Estatutos protocolizados con fecha 11 de enero de 1968, en la Notaría de Santiago de don Pedro Avalos B.;

Central Gremial Nacional de ex Servidores del Estado, a la cual podrán pertenecer los círculos, asociaciones, agrupaciones y demás enti

1) dades de jubilados, en retiro, pensionados y montepiados de ¡a Administración Pública y organismos similares de provincias;

Asociación de Empleados del Registro Electoral;

Unión de Obreros Municipales de Chile, y

Agrupación Nacional de Jefes en Retiro de Correos y Telégrafos, a la cual podrán pertenecer los ex oficiales y ex telegrafistas jubilados y ex funcionarios que lleguen al tope de su carrera en las diferentes nomenclaturas.

Las instituciones señaladas en el artículo precedente deberán presentar sus estatutos y reglamentos a la aprobación del Presidente de la República dentro del plazo de 180 días de publicada la presente ley. "

En seguida, agregar el siguiente artículo 223:

Redactar su encabezamiento de la siguiente manera:

"Artículo 223. Desaféctanse de su calidad de bienes nacionales de uso público., decláranse bienes fiscales y autorízase al Presidente de la República para realizar respecto de ellos las operaciones que en cada caso se indican, a los siguientes: "

Como letra a), consultar el artículo 186, redactado en los términos siguientes:

"a) un terreno de 1. 000 metros cuadrados correspondientes a la Plaza España de la Población Zelada de la Comuna de Quinta Normal, con los siguientes deslindes: 50 metros por calle Buzo Sobenes, esquina noreste; 20 metros por calle Gaspar de Orense, esquina noroeste.

Este terreno será entregado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la construcción de un Retén de Carabineros. "

Agregar las siguientes letras b) y e), nuevas:

"b) los terrenos de una cabida de 20. 590 metros cuadrados que consulta el plano regulador de la Municipalidad de Peñaflor para plaza de la localidad de Santa Rosa de Chena y que tienen los siguientes límites y dimensiones: al Norte, con Segunda Avenida, en 176 metros; al Oriente, con Parcela 27, en 116 metros; al Sur, con Tercera Avenida, en 176 metros; al Poniente, con Primera Avenida Transversal, en 116 metros.

Estos terrenos podrán transferirse a título gratuito a la Municipalidad de Peñaflor, con el objeto de que dicha Corporación proceda a enajenarlos también gratuitamente a sus actuales ocupantes que no posean otro bien raíz. "

c) el terreno ubicado en calle Carlos Pezoa Veliz Nº 719, de la Población El Polígono, comuna de Quinta Normal, ocupado por la Sociedad Mutual "El Polígono" (Personalidad Jurídica Nº 1. 821), y autorízase al Presidente de la República para transferirlo gratuitamente a dicha Sociedad, a fin de que ésta lo destine a sede social. "

Finalmente, como letra d), colocar los artículos 262 y 263, refundidos, y con la siguiente redacción:

"d) el predio que forma parte de otro de mayor extensión denominado "Plantación Miramar", ubicado en San Antonio, comuna y departamento del mismo nombre, provincia de Santiago, con una superficie de

3. 450 metros cuadrados, con los siguientes deslindes: Norte, Este y Sur, Plantación Fiscal Miramar, en 25, 150 y 25 metros, respectivamente, y Oeste, Avenida Ramón Barros Luco, en 150 metros.

Este predio podrá transferirse a título gratuito al Sindicato Profesional de Estibadores y Desestibadores Marítimos de San Antonio, para que se construya en él una sede social, no podrá ser enajenado sin autorización del Ministerio de Tierras y Colonización y deberá destinarse sólo a los fines del Sindicato.

El edificio que se menciona en el inciso anterior deberá estar construido en el plazo de tres años contado desde la fecha de publicación de la presente ley. En caso de incumplimiento el terreno volverá al dominio del Fisco. "

A continuación, agregar los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 224. Agrégase al final del artículo 14 de la ley Nº 11. 469 la siguiente frase: "Además, serán Jefes de Oficina los Médicos Veterinarios que se desempeñen como Administradores Técnicos de Mataderos Municipales, cuando en las respectivas Municipalidades estuvieren organizados estos servicios o se organizaren en el futuro, caso en el cual, estos funcionarios formarán, también, parte del Consejo de Jefes de Oficina, desde la creación de dichos servicios. "

"Artículo 225. Autorízase a la Dirección de Especies Valoradas para hacer una emisión de estampillas postales y aéreas conmemorativas del 150º aniversario de la muerte del Padre de la Patria, Coronel Manuel Rodríguez, estampillas que reproducirán escenas de la vida y muerte del procer y cuyas características serán determinadas de común acuerdo entre la Dirección mencionada y el Ministerio de Defensa Nacional".

"Artículo 226. Desde la promulgación de la presente ley, el Liceo de Hombres de Curicó se denominará Liceo de Hombres "Orlando González Gutiérrez" de Curicó".

"Artículo 227. Declárase extinguida la responsabilidad que afecta a las empresas bancarias y a su personal por infracciones a la Ley General de Bancos ocurridas con anterioridad al 31 de diciembre de 1967, con la limitación de que no podrán devolverse las multas enteradas a la fecha de publicación de esta ley".

"Artículo 228. Salvo expresión en contrario, toda vez que en esta ley o en leyes posteriores aparezcan referencias a sueldos vitales, deben entenderse hechas a sueldos vitales determinados para los empleados particulares, escala A), de la Industria y el Comercio, del departamento de Santiago".

"Artículo 229. Suprímese el artículo 85 de la ley Nº 15. 020. Suprímese en el artículo 1º del D. F. L. Nº 252, de 1960, las palabras "Caja de Colonización Agrícola".

Reemplázase el artículo 3º del D. F. L. R. R. A. Nº 11, de 1963, por el siguiente:

"Artículo 3ºCorresponderá a la Contraloría General de la República la fiscalización de la Corporación de la Reforma Agraria. ". "

"Artículo 230. Agrégase al artículo 38 de la ley Nº 16. 282, de 28 de julio de 1965, el siguiente inciso, a continuación del primero:

"Facúltase a la Corporación de Servicios Habitacionales para transferir a sus ocupantes, siempre que efectivamente sean damnificados en los sismos del año 1960, las viviendas que la Corporación les arrienda en las localidades de Nueva Toltén, Queule y Puerto Saavedra.

Para el efecto de esta transferencia se rebajará en el valor de esas propiedades:

Los valores pagados por arrendamiento hasta la fecha, y

Las cantidades que recibió como donación en los años 1960 y 1961 la Corporación de la Vivienda, para ayuda a los damnificados y que invirtió en ellas. ". "

Consultar el siguiente artículo 231, considerando en la letra a) del párrafo I, en la letra a) del párrafo II y en la letra c) del párrafo II, los textos de los artículos 183, 223 y 227, respectivamente, con las redacciones que se indican:

"Artículo 231. Facúltase al Presidente de la República o a las Municipalidades que se señalan a continuación para realizar las operaciones que en cada caso se indican:

I. Al Presidente de la República para transferir a las personas o entidades, en la forma y condiciones, que en cada oportunidad se expresan, los siguientes bienes:

A sus actuales ocupantes, gratuitamente, los terrenos ubicados en el puerto de Coquimbo y departamento del mismo nombre, inscrito a favor del Fisco a fojas 393 Nº 354 del año 1951, por herencia de don Oscar Barrios, de acuerdo al plano de loteo aprobado por la Municipalidad de Coquimbo en su sesión del 7 de julio de 1966, como asimismo los sitios 5 y 15 del plano citado, a la Congregación Evangélica, con los siguientes deslindes: Norte, línea férrea o Av. Costanera; Este, calle Lo Barrios; Sur, Av. Baquedano; Oeste, calle Libertad.

A sus actuales ocupantes, a título oneroso, los terrenos y casas de propiedad de la Dirección de Obras Sanitarias, correspondientes a los roles 131, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 383, 387 y 388, ubicados en la población Purén de Chillán.

Los ocupantes que sean beneficiados con esta transferencia no podrán gravar, vender, ni enajenar los terrenos o viviendas dentro del plazo de diez años, contado desde la fecha de la respectiva inscripción del título.

c) A la I. Municipalidad de Santa Bárbara, gratuitamente, la parte

o cuota que le corresponde al Fisco en la propiedad ubicada en la referida

comuna de Santa Bárbara, e inscrita a fojas 520 vuelta, bajo el número

617 del Registro de Propiedad del año 1955 del Conservador de Bienes

Raíces de Los Angeles.

II. A los Municipios que se enumeran para ejecutar los actos que se mencionan:

a) A la I. Municipalidad de Quilpué para transferir gratuitamente al Cuerpo de Bomberos de Quilpué el predio de su propiedad ubicado en Población El Retiro, lote 373, de dicha localidad, con los siguientes deslindes: al Norte, con lote 344, en 20 metros; al Sur con calle San Enrique

en 20 metros; al Oriente con lote 372, en 50 metros y al Poniente, con calle Esmeralda, en 50 metros, para los efectos de que en el mencionado terreno se construya el Cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos de Quilpué.

Esta donación y transferencia estará exenta de todo gravamen, impuesto o derecho.

b) A la I. Municipalidad de Cabrero para ceder a título gratuito a la

Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, el inmueble

de su propiedad ubicado en Av. Vial sin número.

La propiedad que se cede fue adquirida con fondos del ítem 32 F. y tiene las siguientes, dimensiones y deslindes: al Norte, en 48, 50 metros, con Av. Vial; al Sur, en 41 metros, con canal de desagüe de propiedad municipal; al Oriente, en 51, 70 metros, con Banco del Estado de Chile y Sucesión Pedro Rebolledo y al Poniente, en 51, 70 metros, con Teodoro Ithurralde.

Este inmueble se encuentra inscrito en el Registro de Propiedades, a fojas 100 vuelta, Nº 135, del Conservador de Bienes Raíces de Yumbel, correspondiente al año 1967.

c) A la I. Municipalidad de Talcahuano, para vender directamente

a la Compañía General de Electricidad Industrial el predio señalado co

mo lote Nº 2, con una superficie total de 665 metros cuadrados, de la pro

piedad de su dominio ubicada en calle Colón Nº 876, de Talcahuano, sig

nada con el rol de avalúo de la comuna Nº 101/8.

El precio de venta será el que corresponda al avalúo comercial fijado por la correspondiente Oficina de Retasaciones del Servicio de Impuestos Internos".

Como artículo 232, consultar el artículo 184, sin enmiendas.

En seguida, agregar los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 233. Créase el Servicio de Bienestar del Congreso Nacional. Su Reglamento será dictado por una Comisión compuesta de tres Senadores y tres Diputados y seis representantes directos de los personales del Senado, Cámara de Diputados y Biblioteca del Congreso, elegidos en una sola votación por cada uno de dichos Servicios, resultando elegidos quienes obténganlas más altas mayorías. La duración de este mandato y la renovación de los cargos se determinará igualmente en dicho Reglamento.

Esta misma Comisión tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la administración general, superintendencia, vigilancia, control y juzgamiento de las Cuentas de dicho Servicio y de las personas que tengan a su cargo bienes de la institución.

La afiliación al Servicio de Bienestar del Congreso Nacional será voluntaria.

Este Servicio estará exento de todo impuesto o contribución, fiscal o

municipal, y de cualquiera tasa, contribución o derecho de esta naturaleza por los actos o contratos que ejecute o celebre, los instrumentos que suscriba o extienda, aun en el caso de que la ley permita u ordene trasladar el impuesto.

No regirá para los imponentes del Servicio de Bienestar que se crea por la presente ley lo dispuesto en el artículo 14, letra a), de la ley Nº 16. 781".

"Artículo 234. Créanse los siguientes cargos en los Escalafones que se indican del Senado:

Escalafón de la Oficina de Informaciones, 1 Ayudante segundo, con un sueldo unitario anual de Eº 3. 888.

Escalafón de Tesorería, 1 Auxiliar, con un sueldo unitario anual de Eº 3. 036, y

Escalafón de Comedores, 1 Auxiliar 1º y 1 Auxiliar 29, con un sueldo unitario anual de Eº 1. 704 y Eº 1. 206, respectivamente.

El gasto que signifique la creación de dichos cargos se imputará a los recursos que establece la presente ley.

La incorporación de funcionarios del Escalafón Profesional de la Secretaría del Senado en cargos del Escalafón de la Oficina de Informaciones, que se haya efectuado o se efectúe, no se considerará como ascenso para los efectos del beneficio establecido en el artículo 7° de la ley Nº 12. 405, modificado por el artículo 50 de la ley Nº 15. 078".

"Artículo 235. Institúyese, en beneficio de los socios activos de la Asociación Postal Telegráfica de Chile, la celebración del "Día del Gremio Postal Telegráfico", el primer sábado de diciembre de cada año.

El día señalado anteriormente, el Servicio de Correos y Telégrafos atenderá sólo la correspondencia postal telegráfica urgente, para lo cual la Superioridad del Servicio deberá disponer de turnos mínimos de emergencia. "

Sustituir el "Título VI. Del Financiamiento", por este otro: "Título V. Del Financiamiento y disposiciones tributarias y presupuestarias".

Artículo 287

Pasa a ser artículo 236, con las modificaciones siguientes:

Nº 1

Reemplazarlo por el siguiente:

"1. Agrégase al artículo 1º el siguiente inciso segundo: "La tasa será del 7% en el caso de las convenciones que deba visar la Corporación del Cobre como requisito previo para su perfeccionamiento, entendiéndose por tanto como presunción de derecho para cada efecto, que la transacción ha sido materializada en Chile. ". ".

Nº 2 Suprimirlo.

Nº 3 Pasa a ser Nº 2, sin enmiendas.

N? 4

Pasa a ser Nº 3, reemplazado por el siguiente:

"3. Suprímese la letra f) del inciso tercero del artículo 1º, y reemplázase el punto y coma (; ) con que termina la letra precedente por un punto (. ). ".

Nº 5

Pasa a ser Nº 4 con la sola modificación de sustituir, en el inciso que se agrega, el porcentaje "20%" por "16%".

Nº 6

Ha pasado a ser Nº 5 redactado de la siguiente forma: "5. Sustitúyese, en el inciso cuarto que pasa a ser sexto del artículo 1º, el guarismo "20%" por "23%". "

A continuación, intercalar como Nº 6, el inciso primero del artículo 289:

"6. Agrégase como inciso final del artículo 1º, el siguiente nuevo: "Sin perjuicio de lo prescrito en el inciso primero de este artículo y del artículo 52 de la ley Nº 11. 256, la cerveza estará afecta al mismo impuesto establecido en la letra k) del artículo 4º de esta ley. ". "

Nº 8

Suprimirlo.

Nº 9

Pasa a ser Nº 8, sustituyendo los porcentajes "13%", las dos veces que figura, por "10, 5%" y «1 porcentaje "17%" por "13, 5%".

N?s. 10 y 11

Pasan a ser Nºs. 9 y 10, respectivamente, y sin enmiendas.

Nº 12

Suprimirlo.

Nº 13

Ha pasado a ser Nº 11, sin enmiendas.

Intercalar como Nº 12, el inciso segundo del artículo 289, con la sola modificación de suprimir las palabras "de la ley Nº 12. 120".

Nºs. 14, 15 y 16

Han pasado a ser Nºs. 13, 14 y 15, respectivamente, y sin enmiendas.

Intercalar como Nºs. 16, 17, 18, 19 y 20, los siguientes, nuevos:

"16. Intercálase, como inciso segundo del artículo 99, el siguiente, nuevo:

"En los casos en que el Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile autorice a los viajeros, para sus gastos en el exterior, la adquisición de monedas extranjeras, en cualquiera de las formas indicadas, en cantidades superiores a las que se otorgan u otorgaren como norma general para ese objeto, el Presidente de la República podrá por Decreto del Ministerio de Hacienda, establecer un impuesto de hasta el 50% del valor de la compra o de la adquisición de la cantidad adicional autorizada. ". "

"17. Reemplázanse en el inciso segundo que pasa a ser tercero del artículo 9º, las palabras "dentro del límite mencionado en el inciso anterior" por las siguientes: "dentro de los límites mencionados en los incisos anteriores". "

"18. Sustitúyese, en la letra a) del artículo 10, el guarismo "26, 05%" por "29%". "

"19. Sustitúyese en la letra b) del artículo 10, el guarismo "7, 5%" por "12%". "

"20. Sustitúyese en la letra d) del artículo 10, el guarismo "9, 50%" por "11%". "

Nº 17

Suprimirlo.

Nºs. 18 a 23

Han pasado a ser Nºs. 21 a 26, respectivamente, sin enmiendas.

Agregar el siguiente Nº 27:

"27. Intercálase, en la letra g), del Nº 1, del artículo 18, entre la palabra "exterior" y el punto y coma que la sigue, la siguíente frase: ", excepto las exportaciones de la grande y mediana minería en lingotes, concentrados o mineral". ".

Como Nº 28, consultar el inciso segundo del artículo 307 con la siguiente redacción:

"28. Agrégase, a continuación del Nº 5 del artículo 18, el siguiente Nº 5 bis:

"5 bis. Las operaciones que se realicen entre la Empresa de Co

mercio Agrícola y las sociedades en que ésta tenga o tuviere en el futuro aporte de capital y cuyos otros socios sean exclusivamente instituciones fiscales o semifiscales, empresas del Estado o sociedades contituidas exclusivamente por éstas. ". "

En seguida, agregar los siguientes números, nuevos: "29. Derógase el artículo 13 y el Nº 6 del artículo 18, así como el artículo 116 del DFL. RRA. Nº 20, de 23 de febrero de 1963, que fija el texto refundido, actualizado y sistematizado del D. F. L. Nº 326, de 1960,. sobre Cooperativas y el artículo 21 de la ley Nº 14. 572".

"30. Agrégase, a continuación del Nº 10 del artículo 19, el siguiente Nº 10 bis.

"10 bis. Las operaciones que se realicen entre las Empresas de Comercio Agrícola y las sociedades en que ésta tenga o tuviere en el futuro aporte de capital y cuyos otros socios sean, exclusivamente, institucionesfiscales o semifiscales, empresas del Estado o sociedades constituidas exclusivamente por éstas. ". ".

"31. Agrégase al artículo 20, el siguiente inciso segundo: "Tratándose de la venta de cobre de la grande y mediana minería, la Corporación del Cobre recargará el impuesto establecido por esta ley al momento de visar los contratos respectivos. ". ".

"32. Agrégase al inciso primero del artículo 27, la siguiente frase final: "Sin embargo, los contribuyentes autorizados para llevar contabilidad centralizada podrán efectuar el pago en la Tesorería correspondiente al lugar de asiento de la misma. ". ".

"33. Agrégase al artículo 27, el siguiente inciso final, nuevo: "Los impuestos correspondientes a ventas efectuadas o a servicios prestados al Fisco, a las Municipalidades, a las reparticiones o entidades fiscales o semifiscales, a las empresas autónomas del Estado o a aquellas en que el Estado tenga interés o participación, y cuyos precios no se hayan cancelado contra entrega de los bienes o contra prestación de los servicios, serán declarados en la forma prevista en el inciso anterior, pero podrán ser enterados en arcas fiscales a más tardar en el mes siguiente al del pago de la factura respectiva. ". ".

"34. Agrégase al artículo 31, a continuación de las palabras "cualquiera autoridad" la siguiente frase: "diplomática o consular". ". "35. Agrégase al artículo 32 el siguiente inciso segundo: "En el caso de contratos de venta de cobre de la grande y mediana minerías, el Servicio de Impuestos Internos fijará las normas y plazos aplicables a la recepción del impuesto establecido en el inciso segundo del artículo 1º de la presente ley. ". ".

Como Nº 36, consultar el artículo 288, redactado en estos términos: "36. Sustitúyese en el artículo 34 la frase "uno por ciento de un sueldo vital mensual escala A) del Departamento de Santiago, pudiendo redondearse al décimo superior por el guarismo "Eº 2". " Por último, agregar los siguientes incisos, nuevos: "Agregar al final del inciso primero del artículo 93 de la ley Nº 12. 861 lo siguiente: "y compraventas y servicios en los casos de venta de cobre en lingotes, concentrados o mineral. ". "

"Reemplázase el inciso segundo del artículo 18 de la ley Nº 16. 528, por el siguiente:

"Las compras de mercaderías nacionales que efectúen los industriales y comerciantes del Departamento de Arica y de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, en el resto del país estarán exentas del impuesto de compraventas. ". "

"Declárase, para los efectos de la ley Nº 12. 120 sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones sobre bienes y a los servicios, que las balas, cartuchos de caza y demás proyectiles no constituyen repuestos ni accesorios de las armas de fuego".

"Facúltase al Presidente de la República para establecer o modificar las normas sobre control de los impuestos contenidos en la ley Nº 12. 120. En uso de estas facultades, el Presidente podrá modificar la forma de emisión de comprobantes de boletas o determinar su reemplazo por otro sistema, así como dictar un nuevo Reglamento de Sorteo de Boletas de Compraventas introduciendo las modificaciones que estime convenientes o estableciendo un nuevo sistema de control".

"Facúltase, además, al Presidente de la República para rebajar las tasas de los tributos establecidos en la ley Nº 12. 120, si como resultado de las medidas de control el rendimiento efectivo de los mismos lo permite. "

Artículo 288

Como se explicó, pasó a ser Nº 36 del artículo 236.

Artículo 289

Su inciso primero, pasó a ser Nº 6 del artículo 236 y su inciso segundo, Nº 12 del mismo artículo.

Artículo 290

Pasa a ser artículo 237, con la siguiente redacción:

"Artículo 237. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16. 272:

a) Sustitúyese en el inciso penúltimo del Nº 14 del artículo 1º, el guarismo "1%" por "2%". ".

Como letra b), consultar el inciso primero del artículo 307, redactado en los siguientes términos:

"b) Intercálase, en el Nº 3 del artículo 32, a continuación de "Empresa de los Ferrocarriles del Estado", la frase "Empresa de Comercio Agrícola". ".

Artículo 291

Ha pasado a ser artículo 238.

Redactar su encabezamiento en la siguiente forma:

"Artículo 238. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16. 464: ".

En la letra a) agregar a continuación de las palabras "inciso primero" estas otras: "del artículo 190||AMPERSAND||quot;.

En la letra b) intercalar entre "al" e "inciso primero", lo siguiente: "citado". Agregar una coma (, ) a continuación de "aquellas mercancías que" y sustituir la palabra "gravados" por "gravadas".

Consultar como letra c), el artículo 292, iniciando su redacción en esta forma:

"c) Sustitúyense las letras b) y c) de dicho artículo 190 por las siguientes:

Agregar como letra d), el artículo 265, sin enmiendas.

Consultar a continuación, como letra e), nueva, la siguiente:

"e) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 251, la expresión "año calendario 1968" por "año calendario 1970". "

Agregar como incisos segundo y tercero, los artículos 252 y 259, respectivamente, sin modificaciones.

Consultar como inciso final, el siguiente, nuevo:

"No se aplicará el aumento de tasa referido en la letra b) de este artículo a las importaciones que se efectúen en conformidad a la ley Nº 12. 858".

Artículo 292 Como se dijo, pasó a ser letra c) del artículo 238.

Artículo 293 Pasa a ser artículo 239, sin enmiendas.

En seguida, agregar los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 240. Las empresas afectas a la ley Nº 16. 624 estarán obligadas a efectuar depósitos previos por las importaciones de bienes operacionales que efectúen en conformidad a las normas generales impartidas o que imparta el Banco Central de Chile. Estos fondos permanecerán en una cuenta especial y sólo podrá girarse contra ellos para los " fines indicados en el inciso siguiente, sin perjuicio de su oportuna devolución al importador que corresponda.

Autorízase al Tesorero General de la República para suscribir pagarés a un año plazo y al 6% de interés y al Banco Central de Chile para emitirlos y descontarlos hasta por el 80% del monto a que asciendan los depósitos consignados en la cuenta especial referida en el inciso anterior. ".

"Artículo 141. Destínase a financiar la presente ley, la diferencia

de ingresos que se producirá como consecuencia de haberse consultado en el Cálculo de Entradas del Presupuesto de la Nación un cambio de Eº 6, 1 por dólar".

Artículo 294

Pasa a ser artículo 242.

Agregar, en el último inciso, en punto seguido, lo siguiente: "En ningún caso el monto de dicho empréstito podrá ser superior a lo que habría correspondido a estos contribuyentes de no encontrarse gozando de una situación tributaria de excepción".

Como inciso final, consultar el artículo 295, sustituyendo las palabras "al artículo anterior" por "este artículo".

Artículo 295

Como se dijo, pasó a ser inciso final del artículo 242.

Artículo 296

Ha pasado a ser artículo 243.

Sustituir la referencia al artículo ||AMPERSAND||quot;294" por otra al artículo ||AMPERSAND||quot;242".

Artículo 297

Ha pasado a ser artículo 244.

Intercalar como inciso tercero, el siguiente, nuevo:

"Facúltase al Presidente de la República para suspender o no aplicar el empréstito contemplado en los artículos anteriores o rebajar total o parcialmente sus montos o tasas, ya sea respecto de uno, varios o todos los impuestos que sirven de base para dicho empréstito. ".

El inciso tercero ha pasado a ser cuarto, sin enmiendas.

Artículo 298

Ha pasado a ser artículo 245. Agregar como inciso final, el siguiente, nuevo:

"Esta revalorización no afectará a los derechos de participación en las utilidades que corresponden a los obreros y empleados. ".

Artículos 299 y 300 Suprimirlos.

Artículo 301 Ha pasado a ser 246, sin enmiendas.

Artículo 302

Suprimirlo.

Artículo 303

rasa a ser artículo 247.

Consultar como incisos finales, los siguientes, nuevos:

"La Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas, en un plazo no superior a dos años a contar de la publicación de la presente ley, deberá fijar a todas las compañías distribuidoras de gas licuado del país, la utilización de un sistema uniforme de válvulas y conexiones en los artefactos que funcionen con ese combustible.

En ningún caso, los gastos que origine lo dispuesto en el inciso anterior serán de cargo de los usuarios. El Ministerio del Interior fiscalizará el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y sancionará su infracción con una multa de 10 sueldos vitales mensuales, la que se duplicará en caso de reincidencia".

Artículo 304

Pasa a ser 248.

Consultar como inciso tercero, el siguiente:

"El recargo de la primera cuota del impuesto adicional, contemplado en el artículo 99 de la ley Nº 16. 250, que se aplicará en el año tributario 1968, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 9º dé la ley Nº 16. 773, se pagará, sin intereses ni recargos, conjuntamente con la tercera cuota, por los contribuyentes a que se refiere el Nº 1 del artículo 67 de la Ley de la Renta, cuyos balances anuales terminaron en el mes de octubre de 1967. ".

En seguida, consultar como artículo 249, el siguiente, nuevo: "Artículo 249. Reemplázase el inciso final del artículo 49 de la ley Nº 11. 741, de 28 de diciembre de 1954, modificado por el artículo 13 de la ley Nº 16. 723, de 13 de diciembre de 1967, por el siguiente:

"Independientemente de los impuestos anteriores se aplicará uno extraordinario de Eº 0, 20 por paquete de cigarrillos. ".

De la suma que debe percibir el Ministerio de Obras Públicas y Transportes durante el presente año, en conformidad a lo señalado en el inciso primero de este artículo y de acuerdo con la distribución estipulada en la ley Nº 16. 723, artículo 14, la proporción que le corresponda a la Provincia de Aconcagua la aportará a la Municipalidad de los Andes para que en conjunto con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º letra b) de la ley Nº 16. 440, y la proporción que corresponda al Departamento de Illapel, se aportará a la Municipalidad de Salamanca. "

Como artículo 250 consultar el artículo 80 sin enmiendas.

Artículo 305 Como se dijo, pasó a ser inciso 1º del artículo 134.

Artículo 306 Suprimirlo.

Artículo 307

Como se explicó, su inciso primero pasó a ser letra b) del artículo 237.

Su inciso segundo pasó a ser N° 28 del artículo 236.

Suprimirlo, a continuación, lo siguiente:

"TITULO VII Disposiciones presupuestarias y de Tesorerías. "

Artículo 308

Pasa a ser articuló 251.

Sustituir las cantidades que figuran bajo la columna "Moneda Nacional Eº" por las siguientes:

" 1. 000. 000" por " 800. 000"

" 1. 000. 000" por " 800. 000"

"130. 000. 000" por "104. 000. 000"

" 25. 000. 000" por " 20. 000. 000"

" 8. 000. 000" por " 6. 400. 000"

" 10. 000. 000" por " 8. 000. 000"

" 10. 000. 000" por " 8. 000. 000"

"128. 000. 000" por "102. 400. 000"

"313. 000. 000" por "250. 400. 000"

Sustituir las cantidades que figuran bajo la columna "Moneda Extranjera convertida a dólares US$".

" 4. 000. 000" por " 3. 200. 000" " 20. 000. 000" por " 16. 000. 000" " 24. 000. 000" por " 19. 200. 000"

Artículo 309

Pasa a ser artículo 252, con la sola modificación de reemplazar la cita al artículo ||AMPERSAND||quot;52" por otra al "254".

Consultar a continuación el siguiente artículo, nuevo: "Artículo 253. La Contraloría General de la República deberá llevar un registro permanente y diario de todas las obligaciones del Fisco con terceros y de éstos con aquél, y de la deuda pública interna y externa, directa e indirecta, con y sin garantía del Estado".

Como artículo 254 consultar el artículo 52, sustituido por el siguien

te:

"Artículo 254. El Presidente de la República entregará en el año 1968 las siguientes cantidades a los Servicios e instituciones que se indican, con el objeto de que den cumplimiento a las disposiciones de la presente ley:

1. Oficina de Planificación Nacional Eº 1. 410. 000

2. _Contraloría Gral. de la República 3. 810. 000

3. Empresa de los Ferrocarriles del Estado 52. 730. 000

4. Empresa de Transportes Colectivos del Estado.... 8. 070. 000

5. Línea Aérea Nacional 6. 050. 000

6. Empresa Portuaria de Chile 18. 970. 000

7. Empresa Marítima del Estado 5. 500. 000

8. Universidad de Chile 50. 620. 000

9. Universidad Técnica del Estado 7. 930. 000

10. Universidad Católica de Santiago 9. 250. 000

11. Universidad Católica de Valparaíso 2. 190. 000

12. Universidad Técnica Federico Sta. María 1. 520. 000

13. Universidad Austral de Chile 2. 120. 000

14. Universidad del Norte 1. 850. 000

15. Universidad de Concepción , 11. 795. 000

16. Escuelas Universitarias de Temuco 115. 000

17. Escuela Normal Experimental de Talca 111. 000

18. Consejo General del Colegio de Abogados 4'59. 000

19. Consejo de Defensa del Niño 515. 000

20. Fábricas y Maestranzas del Ejército 2. 060. 000

21. Dirección de Aeronáutica 580. 000

22. Astilleros y Maestranzas de la Armada 4. 510. 000

23. Instituto de Desarrollo Agropecuario 10. 790. 000

24. Corporación de la Reforma Agraria 9. 840. 000

25. Instituto de Investigaciones Agropecuarias 2. 180. 000

26. Instituto Forestal 740. 000

27. Instituto de Capacitación e Investigación en Refor

ma Agraria 235. 000

28. Servicio Agrícola y Ganadero 9. 450. 000

29. Servicio Nacional de Empleo y Mano de Obra 232. 000

30. Dirección de Crédito Prendario y de Martillo.... 2. 260. 000

31. Servicio Nacional de Salud 135. 780. 000

32. Servicio Médico Nacional de Empleados para dar

cumplimiento a la ley Nº 15. 076 2. 780. 000

33. Corporación de Servicios Habitacionales 7. 290. 000

34. Corporación de Mejoramiento Urbano 860. 000

35. Caja de Accidentes del Trabajo, para dar cumpli

miento a la ley Nº 15. 076 320. 000

Eº 374. 422. 000

A las instituciones particulares que se detallan en el inciso anterior, sólo se les aplicará el reajuste del Título 1º.

Al personal de la Empresa Marítima del Estado, sujeto a Convenio, se le aplicará el Título del Sector Privado.

Los aportes establecidos para las Universidades de Concepción y Austral de Chile servirán para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley y para pagar la extensión horaria de los profesores funcionarios afectos a la ley Nº 15. 076, que se desempeñen en régimen de jornada completa.

Declárase que la Universidad de Concepción puede girar, con cargo a los fondos que le corresponden de acuerdo a lo establecido en los artículos 36 de la ley 11. 575 y 27 de la ley 11. 828, modificado por la ley 16. 425, las cantidades que le permitan financiar el mayor gasto que significará la extensión horaria cuando ella se conceda con fines de investigación o de docencia a los profesionales funcionarios no afectos a la ley 15. 076".

Artículos 310 y 311 Suprimirlos.

Artículo 312 Como se explicó, pasó a ser inciso segundo del artículo 29.

Artículo 313 Suprimirlo.

Artículo 314 Como se dijo, pasó a ser artículo 78.

Artículo 315

Como se explicó, pasó a ser artículo 64.

Artículos 316 y 317

Suprimirlos.

Artículo 318

Como se explicó en su oportunidad, pasó a ser letra c) del artículo 18.

Artículo 319, 320 y 321 Suprimirlos.

En seguida, consultar como artículo 255, el siguiente, nuevo: "Artículo 255. Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 16. 773, de 23 de marzo de 1968:

Suprímese en el inciso segundo de la letra d) del artículo 3º la frase: "sólo respecto de aquellas sociedades que tenían más de quince accionistas a la fecha del último cierre del Registro anterior al Balance que sirve de base para la valorización de sus acciones, y";

Sustitúyese en la letra c) del artículo 5º a continuación de las palabras "Banco del Estado de Chile" la conjunción "y" por una (, );

Sustitúyese el punto aparte de la letra c) del artículo 5º por una coma, agregando las expresiones: "los depósitos en cuenta de ahorro efectuados en Asociaciones de Ahorro y Préstamo en conformidad al D. F. L. Nº 205, de 1960, los créditos hipotecarios otorgados por dichas Asociaciones y adquiridos por terceros de acuerdo con el mismo cuerpo legal, bonos y pagarés emitidos por la Caja Central en virtud de lo dispuesto por el artículo 90* de dicho decreto con fuerza de ley y las cuotas de ahorro para la vivienda hechos en conformidad al D. F. L. Nº 2, de 1959. ".

Los contribuyentes que a la fecha de la publicación de la presente ley hubieran presentado sus declaraciones de renta mínima presunta establecida por la Ley Nº 16. 773 de acuerdo a las normas que originalmente contenía dicha ley en el inciso 2º de la letra d) de su artículo 3º, podrán rectificar tales declaraciones ajustándose a lo dispuesto en la letra a) de este artículo de la presente ley; esta rectificación deberá hacerse dentro de los plazos señalados por el artículo 126 del Código Tributario".

Agregar como artículo 256 el siguiente, en cuyas letras a), b) y e) se han consultado las ideas contenidas en los artículos 283, 284 y 254, respectivamente:

"Artículo 256. Libérase del pago de derechos de internación, de almacenaje, de los impuestos establecidos en el Decreto Nº 2772, de 1943, y sus "modificaciones posteriores, y en general de todo derecho o contribución que se perciba por intermedio de las Aduanas, así como de depósitos previos de importación, a las siguientes especies:

Un gabinete de física "PHYWE", colección fundamental, compuesto de 471 elementos, y un gabinete de química "PHYWE", colección media "Mc", compuesto de 566 elementos, incluso sus manuales de instrucciones, destinados al uso exclusivo del Colegio Italiano Santa Ana, de Arica;

Un sillón dental Op. Scandinavia y una unidad dental Prodenta, al Sindicato Profesional Braden Copper Co., Centro Trabajo Rancagua;

Un furgón mortuorio, de procedencia norteamericana, destinado a la Sociedad de Socorros Mutuos Andrés Bello, de Linares;

Un automóvil Opel, tipo Eecord Caravan 1900, con 5 puertas, color beigearena, clasis Nº 674. 094. 378, motor Nº 19S0149. 942, peso app. 1. 100 kgs.; una caja de piezas de repuesto; un proyector de diapositivas con, 40 chasis para placas, fabr. Leitz; una grabadora fabr. Uher con micrófono Dual así como un tocadiscos con mezclador, 12 cintas y unos discos; una máquina de fotografía Óptima fabr. Agfa; 2 instrumentos para leer para ciegos para biblioteca acústica, fabr. suiza y una máquina de escribir para ciegos fabr. Olympia, especies que han sido donadas para los templos de la Iglesia de Dios en Santiago de Chile y consignadas al Reverendo Alberto Küpfer, y

Las internaciones de los elementos destinados a las construcciones y habilitaciones que les corresponda efectuar a las Sociedades Constructoras de Establecimientos Hospitalarios S. A. y Educacionales S. A.

Si dentro del plazo de diez años, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, las especies a que se refiere este artículo fueren enajenadas a cualquier título o se les diere un destino distinto del específico, se aplicarán las sanciones establecidas para la infracción de lo dispuesto en la letra e) del artículo 197 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 213, de; 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.

Libérase a los espectáculos presentados o contratados por la Universidad de Chile de Antofagasta y programados en el teatro que dicha Universidad posee en esa ciudad de los impuestos establecidos en las leyes Nºs. 5. 172, de 13 de diciembre de 1933 y sus modificaciones posteriores; 14. 171, artículo 30 y 12. 120, título II,; "

Artículo 322

Como se expresó, pasó a ser artículo 138.

Artículo 323 Suprimirlo.

Artículo 324

Como se dijo oportunamente, pasó a ser Nº 10 del artículo 210.

Artículo 325 Suprimirlo.

Agregar, a continuación, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 257. Reemplázase el número 1º del inciso décimo del artículo 35 de la ley 13. 039, cuyo texto actual fue aprobado por el artículo 238 de la ley Nº 16. 617 y sus modificaciones, por el siguiente:

"Nº 1. El vehículo motorizado no podrá tener un valor FOB superior a US$ 2. 000 respecto de aquellos residentes que tengan una permanencia de 2 a 5 años en la zona, y de US$ 2. 500 respecto de aquellos residentes que tengan 5 o más años de permanencia en la zona..

Para el sólo efecto de los valores referidos' se admitirá una rebaja del 10% a todo vehículo por cada año de permanencia en la zona, contado desde la fecha de su importación, con un máximo de 20%, y". ".

"Artículo 258. Reemplázase el inciso segundo del artículo 14 de la ley Nº 16. 433, por el siguiente:

"El producto de este impuesto se depositará en cuenta especial, centralizada en la Tesorería Provincial de Coquimbo, y se entregará a la Universidad de Chile para que lo destine al funcionamiento de actividades docentes y de extensión musical a través del Conservatorio Regional, dependiente del Centro Universitario de La Serena. ". ".

"Artículo 259. En las Comunas de Valparaíso y Viña del Mar la tasa parcial del Impuesto Territorial del trece por mil de exclusivo beneficio fiscal, se dividirá en la siguiente forma: un once por mil de exclusivo beneficio fiscal, y un dos por mil de exclusivo beneficio de la Empresa Municipal de Desagües de Valparaíso y Viña del Mar.

Dicha Empresa sólo podrá invertir el referido dos por mil en la ejecución de obras materiales de alcantarillado y desagües en la Comuna de Valparaíso y Viña del Mar, sin deducciones de ninguna especie para el pago de sueldos, salarios, honorarios, etc, en favor de los servidores de la Empresa y él se cobrará y percibirá en ¡favor de la misma Empresa en la forma establecida para la participación municipal del Impuesto Territorial en el inciso cuarto del artículo 16 de la ley Nº 15. 021. ".

"Artículo 260. Las alzas de precios de las mercaderías, artículos de consumo, servicios y de cualquier producto, que se decreten a contar del 1º de enero de 1968 no podrán ser superiores al 15% del valor o precio vigente al 31 de diciembre de 1967.

Toda alza superior a este porcentaje será nula y la Contraloría General de la República no podrá cursar los decretos que vulneren lo establecido en el inciso anterior. ".

"Artículo 261. Los documentos que suscriba el Presidente de la República o sus Ministros de Estado y en los que se comprometa internacionalmente la dirección general de la política económica, monetaria o financiera del Estado, como las "cartas de intención" que se intercambien con el Fondo Monetario Internacional u otras análogas o similares, re

querirán para su validez de la aprobación previa del Senado de la República. ".

"Artículo 262. Elimínase en el artículo 62 letra e) de la Ley Nº 16. 742 la frase "como, asimismo, los derechos correspondientes a las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y demás actuaciones que realicen en los Conservadores de Bienes Raíces". ".

"Artículo 263. Modifícanse los ítem que se indican de la Ley de Presupuestos vigente:

1. Rebájase la cantidad asignada al ítem 05/01/01. 016 de Eº 1. 590. 000 a Eº 340. 000 y suprímese el inciso segundo de la glosa de este ítem;

2. Rebájase la cantidad asignada al ítem 05/02/01. 016 de Eº 10. 262. 144 a Eº 802. 144 y suprímese el inciso segundo de la glosa de este ítem, y

3. Créase en el Presupuesto Corriente en moneda nacional del año 1968 de la Dirección General de Obras Públicas el ítem 12/02/01. 028 Transferencias a personas con la suma Je Eº 50. 000 que se traspasa del ítem 12/02/01. 026.

Declárase que los fondos consultados en el Nº 18 del artículo 254 de la presente ley, en el ítem 10|01¡01. 030|002, y, en cuanto corresponda, en el ítem 10/01/01/030/001 de la Ley Nº 16. 735 de presupuestos de la Nación, se destinarán por el Consejo General al pago de las remuneraciones del personal del Colegio de Abogados en todo el país, oyendo a las Mesas Directivas de los Consejos Provinciales, con sujeción a lo dispuesto en las glosas respectivas de dichos ítem y sin que rija el artículo 20 de la Ley Nº 7. 295".

"Artículo 264. A contar del 1º de enero de 1968, los Profesores de la Escuela Primaria Anexa al Liceo "Manuel de Salas", de la Universidad de Chile, no remunerados por horas de clases, quedarán sujetos, exclusivamente, al sistema de remuneraciones y trabajo de los Profesores Grado 11º de las Escuelas Especiales Experimentales del Ministerio de Educación Pública.

El personal docente dependiente del Ministerio de Educación Pública y del Liceo Experimental "Manuel de Salas", que a la fecha de la dictación de la presente ley tenga 35 o más años de servicios, tendrá derecho a percibir el desahucio en el pleno ejercicio de sus funciones. ".

Artículos transitorios

Artículo 1º

Reemplazar las palabras "el artículo 6º" por la frase "la letra b) del artículo 8º||AMPERSAND||quot;.

Artículo 2?

Suprimirlo.

Artículo 3º Pasa a ser 2º, sin enmiendas.

Con las modificaciones anteriores el proyecto de ley queda como sigue:

"PROYECTO DE LEY TITULO I

Del reajuste del Sector Público

Párrafo 1º

Reajuste general del Sector Público

Artículo 1ºReajústante, en dinero, en un 12, 5% los sueldos y salarios bases de las escalas vigentes al 31 de diciembre de 1967, de los empleados y obreros del Sector Público y Municipalidades, cualquiera que sea su régimen estatutario.

Adicionalmente se entregará al personal referido en el inciso primero una asignación especial equivalente al 7, 5% de los sueldos y salarios bases, incluidas las asignaciones expresadas en un porcentaje de dicho sueldo base. Esta asignación especial estará exenta de toda clase de impuestos o contribucinoes y su pago se efectuará en doce mensualidades a contar del mes de abril de 1968, inclusive. Facúltase a los habilitados de los respectivos servicios o instituciones para que, a requerimiento de los interesados, depositen esta asignación especial en Asociaciones de Ahorro y Préstamo, en la Corvi o suscriban, a nombre de ellos, Certificados de Ahorro Reajustables del Banco Central de Chile.

No se aplicará el inciso anterior a los funcionarios incluidos en el párrafo 2º de la presente ley o en los artículos 25 y 26 de la ley Nº 16. 617. Sin embargo, estos funcionarios, en los casos en que obtengan un reajuste inferior a un 20%, incluidos el reajuste ordenado en el inciso primero de este artículo, los aumentos a que tienen derecho en virtud de la reestructuración de sus plantas, lo dispuesto en los citados artículos de la ley Nº 16. 617, los ascensos que se produjeren como consecuencia de dichas reestructuraciones y cualquier otro beneficio que se otorgue por cualquier concepto en dicho párrafo, gozarán de la asignación especial establecida en el inciso anterior, hasta completar dicho 20%.

Las diferencias de remuneraciones acumuladas desde el 1° de enero a la fecha de la promulgación de la presente ley, se cancelarán, de una sola vez dentro de los treinta días siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 2ºLas sumas correspondientes al aporte en cuotas de aho

rro para la vivienda que deba hacer el Estado a nombre de cada funcionario que opte por recibir dichas cuotas de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo anterior, deberán acreditarse individualmente en ¡as cuentas de ahorro para la vivienda a que se refiere el Decreto Supremo Nº 121, de 24 de febrero de 1967, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

Los funcionarios, empleados y obreros gozarán de todos los beneficios y estarán regidos por todas las modalidades, plazos y condiciones que corresponden a dichas cuotas de conformidad a lo dispuesto en el Título III del DFL. Nº 2, de 1959.

Los titulares de estas cuotas gozarán de los siguientes beneficios adicionales:

Se les podrá conceder con cargo fiscal, un aumento, que determinará el Presidente de la República, sobre el monto de las cuotas que los titulares depositen en exceso de aquellas que reciben en virtud de este artículo y bajo las mismas condiciones señaladas en el inciso segundo, y

'Podrán abonar a las deudas hipotecarias o habitacionales que tengan con la Corporación de la Vivienda, Corporación de Servicios Habitacionales, Banco del Estado de Chile, Bancos Hipotecarios, Servicio de Bienestar Social, Instituciones de Previsión Social y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, la totalidad de sus cuotas, como amortización extraordinaria de las mismas.

Artículo 3ºFacúltase al Presidente de la República para reajustar, anualmente, a partir del 1º de enero de 1969, en el 100% del alza que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor en el año inmediatamente anterior, las remuneraciones y asignaciones imponibles y no imponibles, que perciban al 31 de diciembre de cada año los empleados y obreros del sector público y los miembros de las Fuerzas de la Defensa Nacional y los Carabineros de Chile.

Los recursos que se obtengan para financiar aumentos de remuneraciones otorgados por las leyes números 7. 295, 9. 629, 9. 989, 10. 343, 11. 151, 11. 764, 12. 006, 12. 432, 12. 434, 12. 861, 13. 305, 14. 501, 14. 688, 15. 141, 15. 077, 15. 575, 16. 250, 16. 464, 16. 466, 16. 617 y por la presente ley, se contabilizarán separadamente en el Cálculo de Entradas del Presupuesto de la Nación y se destinarán exclusivamente al pago de remuneraciones. El excedente, si lo hubiere, se destinará íntegramente a financiar «1 Presupuesto de Capital.

Asimismo, las remuneraciones y asignaciones imponibles y no imponibles que perciban al 31 de diciembre de cada año los empleados y obreros del sector privado, se reajustarán, anualmente, a partir del 1º de enero de 1969, en el 100% del alza que experimente el índice de precios al consumidor en el año inmediatamente anterior.

Lo dispuesto en este artículo no afectará a convenios o actas de avenimiento válidamente suscritos.

Artículo 4ºReajústanse en un 12, 5% a contar del 1º de enero de 1968, las remuneraciones imponibles vigentes al 31 de diciembre de 1967 del personal de empleados de la Empresa Portuaria de Chile.

Reajústanse en un 12, 5% a contar de! 1º de enero de 1968 ios si

guientes tarifados bases y remuneraciones del personal de obreros de la Empresa Portuaria de Chile, vigentes al 31 de diciembre de 1967:

El tarifado base vigente a que se encuentra afecto el personal de obreros aludido en las letras a) y b) del artículo 2º del Párrafo I del D. S. (H) Nº 4. 467, de 1956;

El "tarifado base establecido en el Acta de Convenio para el personal de obreros de la Administración del Puerto de Arica; ?

El tarifado base a que se encuentra afecto el personal de obreros aludido en la letra c) del artículo 2º del Párrafo I del D. S.. (H) Nº 4. 467, de 1956;

Los actuales porcentajes de recargo que establece el subtítulo II del Párrafo III del D. S. (H) mencionado, permanecerán invariables y sólo se aplicarán sobre el producto del tarifado base aumentado por el reajuste a que se refiere esta letra;

El tarifado base a que se encuentra afecto el personal aludido en el D. S. (E) Nº 484, de 1961 y en la resolución Nº 1. 246 de 1964, expedida por el Director de la Empresa Portuaria de Chile;

El tarifado a que se encuentra afecto el personal a que se refiere el D. S. (E) Nº 516, de 1962;

El tarifado base a que se refieren las resoluciones Nºs. 649 y 768, de 14 de agosto y de 20 de septiembre de 1965, respectivamente, expedidas por el Director de la Empresa Portuaria de Chile;

Las remuneraciones establecidas en los números 2 y 5 de la resolución Nº 1. 421, de 1964, del Director de la Empresa Portuaria de Chile;

h) Las primas por tonelaje establecidas en la ley Nº 12. 436, y en las resoluciones Nºs. 577 de 1962, y 569, de 1965, expedidas por el Director de la Empresa Portuaria de Chile;

i) Las remuneraciones establecidas en las resoluciones de la Empresa Portuaria Nºs. 456, de 19 de abril de 1963, 289, de 25 de abril de 1966, las resoluciones de los obreros de las plantas mecanizadas de los puertos de San Antonio y Valparaíso y artículo 6º del D. S. del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción Nº 365, publicado el 4 de noviembre de 1966, y

j) Las horas extraordinarias y demás remuneraciones imponibles vigentes al 31 de diciembre de 1967 que no han sido mencionadas en las letras precedentes.

El personal de la Empresa Portuaria de Chile, tanto empleados como obreros, recibirán además del reajuste señalado en el presente artículo por el año 1968, la asignación especial a que se refiere el inciso segundo del artículo 1º por una suma equivalente a la cantidad que resulte de aplicar dicha asignación sobre el promedio mensual individual de las remuneraciones imponibles que percibieron durante el año 1967.

No será aplicable al personal a que se refiere este artículo lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley.

En este mismo porcentaje de un 12, 5% se reajustarán, asimismo, los valores contemplados en los incisos decimoprimero, decimosegundo,

decimotercero y decimonoveno del artículo 7º de la ley Nº 16. 250, de 1965; declarados permanentes en el artículo 21 de la ley Nº 16. 464, de 1966.

Artículo 5ºReajustase en un 20% la asignación familiar por carga, que corresponde al personal de empleados y obreros del Sector Público y que se pague directamente por el Fisco o por los Servicios a qué se refiere este Título, siempre que su monto no se determine de acuerdo con la ley Nº 7. 295 o con el D. F. L. Nº 245, de 1953.

Los pensionados del Sector Público, incluyendo a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, tendrán derecho a la misma asignación familiar a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 6ºReemplázase en los artículos 2º y 3º de la, ley Nº 16. 466, modificados por los artículos 53 y 54 de la ley Nº 16. 617, los guarismos "20%", "Eº 150" y "Eº 75" por "35%", "Eº 270" y "Eº 150", respectivamente.

Sustitúyense en el artículo 3º de la ley Nº 14. 603, modificado por el artículo 30 de la ley Nº 15. 575, los guarismos "Eº 60" y "Eº 30" por "Eº 200" y "Eº 100", respectivamente.

Artículo 7°Los Oficiales en posesión de la renta de II Categoría, obtendrán las remuneraciones correspondientes a la I Categoría al enterar 30 o más años válidos para el retiro. Este beneficio sólo podrá impetrarse mientras se esté en servicio activo.

Artículo 8ºIntrodúcense las siguientes modificaciones al D. F. L. Nº 63, de 1960:

Sustituyese, en el artículo 1º, la frase "en el artículo 49 de la ley Nº 11. 824" por la siguiente: "los artículos 4º y 5º de la ley Nº 11. 824", y

Sustitúyense, en el artículo 15 letra b), la frase "a su sueldo en moneda corriente" por "a las remuneraciones en moneda corriente de que disfrute en el país con exclusión de la asignación familiar y asignación establecida en el artículo 3º de la ley Nº 14. 603" y la frase "del ya mencionado sueldo" por "a las ya indicadas remuneraciones".

Artículo 9ºEl personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros de Chile con goce de pensión de retiro y sus beneficiarios de montepío, comprendidos en el artículo 39 de la ley Nº 16. 466, modificado por el artículo 54 de la ley Nº 16. 617, tendrán derecho, sin perjuicio del beneficio establecido en las citadas disposiciones, al aumento de la bonificación profesional que resulte de la aplicación del artículo 6º, inciso primero, de la presente ley, pero lo percibirán en la siguiente forma: 1/3 a contar del 1º de enero de 1968; 2/3 a contar del 1º de enero de 1969, y 3/3 a contar del 1º de enero de 1970.

Este aumento se pagará en igual forma a la establecida en el inciso primero al personal inutilizado de II Clase y a los montepíos concedidos por esta misma causal.

No obstante, el personal a que se refiere el inciso primero y cuya fecha de retiro o licénciamiento sea posterior al 1º de enero de 1968, percibirá en forma íntegra la bonificación profesional.

Artículo 10. Reemplázase en el artículo 2°, inciso segundo, de la ley Nº 11. 824, sustituido por el artículo 30 de la ley Nº 13. 305, el guarismo "5%" por "8%".

Artículo 11. No serán aplicables al personal dependiente del Minis

terio de Defensa Nacional y de Carabineros de Chile, con exclusión de los obreros a jornal, las disposiciones de los artículos 12 y 17 de la ley Nº 14. 688 y el artículo 2º de la ley Nº 14. 603.

Artículo 12. Modifícase en el artículo 45 del D. F. L. Nº 209, de 1953, la frase: "En quinto grado las hermanas legítimas solteras huérfanas" cambiándose su redacción por la siguiente: "En quinto grado las hermanas solteras huérfanas que carezcan de medios propios de vida iguales a un sueldo vital y medio o más mensual de la escala A) del departamento de Santiago".

Artículo 13. Créase en cada una de las Cajas de Previsión de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, un Fondo Nivelador de Quinquenios para el personal en retiro y beneficiarios de montepío de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, con goce de pensiones a la fecha de la vigencia de la ley Nº 15. 575 y no comprendidos en el artículo 14 de la ley Nº 16. 466, con el objeto de incorporar a las respectivas pensiones, en la forma que lo acuerden los Consejos de las mencionadas Cajas de Previsión, las diferencias por aumento de quinquenios establecidos en el artículo 6º de la ley Nº 15. 575.

El Fondo se formará con la primera diferencia que les corresponda percibir, por cualquier título o concepto a los pensionados con derecho a retiro o montepío con motivo de la aplicación de las leyes de reajuste de remuneraciones que se dicten a contar del año 1968. Este Fondo se percibirá por las Cajas mencionadas, las que deberán repartir las sumas que ingresen al objeto señalado entre el personal a que se refiere esté artículo.

Por la aplicación de este artículo, dichos pensionados percibirán la diferencia de quinquenios en la siguiente forma: 20% a contar desde el 1º de eneró de 1968; 40% a contar desde el 1º de enero de 1969; 60%' a contar desde el 1º de enero de 1970; 80% a contar desde el 1º de enero de 1971 y 100% a contar desde el 1? de enero de 1972.

Artículo 14. Los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan sido destacados en misión en la Antártida durante los años 1966 y 1967, podrán acogerse a las franquicias del artículo 35 de la ley Nº 13. 039 vigente al 31 de diciembre de 1966, aun cuando la solicitud para impetrar las franquicias se "presente fuera de plazo.

Artículo 15. Los funcionarios y ex funcionarios de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros que hayan sido declarados con invalidez absoluta o de segunda clase por la Comisión Médica respectiva, por accidente ocurrido en acto de servicio o a consecuencia de éste, y cuyos derechos para impetrar los beneficios legales y reglamentarios correspondientes se encuentren prescritos a la fecha en que la presente ley entre en vigencia, tendrán un nuevo plazo de noventa días contado desde dicha fecha para recabar los beneficios aludidos.

Artículo 16. El personal en retiro del Cuerpo de Carabineros de Chile, acogido a retiro con anterioridad al 3 de agosto de 1953, tendrá derecho a los beneficios que concede el artículo 19 del D. F. L. Nº 299, de 1953, cuando compruebe contar con 20 años o más de servicios efectivos en la institución, válidos para el retiro.

Artículo 17. Auméntase en un Consejero la composición del Conse

jo de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile. Esta persona actuará en representación de los personales del Servicio de Prisiones. Este Consejero tendrá derecho a voz y voto pero servirá las funciones ad honorem. Ocupará este cargo la persona que se desempeñe como Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones (ANFUP).

B. Del personal afecto a la ley Nº 15. 076 y del Servicio Nacional de Salud.

Artículo 18. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15. 076:

a) Reemplázase el inciso primero del artículo 7° por el siguiente:

"Artículo 7ºEl sueldo mensual por cada hora diaria de trabajo se

rá de 295, 50 escudos".

Además, a cada hora le corresponderá mensualmente la suma de Eº 10, 50 durante el año 1968, que se regirá por las normas dispuestas en el Título III.

b) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 43:

"Los médicos becarios del Servicio Nacional de Salud tendrán derecho, durante los seis meses siguientes al término de su beca a una asignación equivalente a un 50% del sueldo base que les corresponde percibir como funcionarios de dicho servicio, siempre que sean designados para ejercer funciones en alguna provincia que no sea Santiago".

c) Sustitúyese el inciso penúltimo del artículo 2º por el siguiente:

"Para las Universidades del Estado o reconocidas por éste, cuyos

profesores sean imponentes de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas regirán, además, las disposiciones contenidas en el Título VII, "De la Previsión", de esta ley".

Declárase que el artículo 32 de la ley Nº 15. 076, refundida por Decreto Supremo Nº 457, del Ministerio de Salud Pública, de fecha 27 de septiembre de 1967, no se aplica a los profesionales funcionarios que presten servicios en la Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile, desde la vigencia de la ley Nº 15. 021, los cuales, en consecuencia, continuarán acogidos al régimen previsional de dicha Caja y les regirán todos los beneficios contemplados para los imponentes de esta Institución.

Al personal afecto a la ley N° 15. 076, no se le aplicará el artículo 1º del presente Título, ni el artículo 95 de la ley Nº 16. 617 a que se refiere el artículo 44 de la presente ley.

Artículo 19. Al personal de empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción de] regido por la ley Nº 15. 076 y del sujeto a tarifado gráfico, le será aplicable lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1° de la presente ley.

En todo caso, cada categoría o grado de las escalas establecidas en el artículo 14 de la ley Nº 16. 617, comprendido el reajuste a que se refiere el inciso anterior, tendrá un aumento que signifique alcanzar en total un 91, 5% de cada categoría o grado de las escalas fijadas en el artículo 1º de la ley Nº 16. 617 que rijan para el año 1968.

Concédese, en el año 1968, a los empleados y obreros del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal regido por la ley Nº 15. 076, del personal sujeto a tarifado gráfico y del personal de empleados par

ticulares, una bonificación no imponible, que no será considerada sueldo para ningún efecto legal y'que se devengará en las fechas y monto que se indican:

Marzo E 120

Septiembre 150

Diciembre 150

Artículo 20. Prorrógase para el año 1968, reajustada en un 20%, la bonificación por antigüedad establecida en el inciso segundo del artículo 16 de la ley Nº 16. 617.

Artículo 21. Las escalas de sueldos fijadas en el artículo 14 de la ley Nº 16. 617, modificadas por la presente ley, serán imponibles en un 90% y no imponibles en el resto.

Artículo 22. El personal contratado y a jornal del Servicio Nacional de Salud, no afecto a la ley Nº 15. 076, legalmente designado al 30 de junio de 1967 y que se encuentre en servicio a la fecha de vigencia de esta ley, será incorporado a la planta permanente, en el último grado del escalafón en que se encuentre contratado, sin sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias sobre provisión del cargo. El personal a jornal será designado en el escalafón que corresponda a las funciones que desempeñe a la vigencia de esta ley, siempre que reúna los requisitos legales para dichas funciones. En caso contrario, lo será en el escalafón de personal de servicio no especializado. Los nombramientos regirán a contar del 1º de enero de 1968.

Para los efectos de la aplicación del inciso anterior, se considerará personal a jornal el que se desempeñe en dicha calidad en cualquiera de los establecimientos dependientes del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal sujeto a tarifado gráfico, de aquél a que se refiere el artículo 104 de la ley Nº 15. 020 que se desempeñe como obrero agrícola, de los contratos por la Oficina de Saneamiento Rural con cargo al financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y de aquellos contratos para ejecutar programas de saneamiento o campañas sanitarias, salvo el personal que trabaje permanentemente en estos programas o campañas.

Las disposiciones precedentes no se aplicarán a aquellos funcionarios que, en virtud del artículo 169 del Estatuto Administrativo, han mantenido la propiedad de su empleo al ser contratados en cargos de diferente escalafón, a menos que renuncien al empleo anterior.

Esta norma le será aplicada igualmente a aquellos funcionarios que asumieron los cargos quedados acéfalos por jubilación de los titulares, acogidos al artículo 1º transitorio de la ley 14. 593 y 1? transitorio de la ley 14. 904, en cuyo caso conservarán sus actuales categorías o grados y funciones, siempre que dichos funcionarios provengan de las plantas del servicio.

Si la renta asignada al cargo en que se incorpore al personal mencionado en los incisos anteriores, fuere inferior a la remuneración de su contrato, la diferencia le será pagada por planilla suplementaria.

La incorporación del personal a que se refiere este artículo se efectuará por estricto orden de antigüedad, según las normas del artículo 51 del Estatuto Administrativo.

El Servicio Nacional de Salud creará los cargos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en los incisos anteriores, sin sujeción a las disposiciones del D. F. L. Nº 68, de 1960.

El gasto que demande el cumplimiento de esta disposición será de cargo del Servicio Nacional de Salud, y se financiará mediante traspaso entre los distintos ítem de remuneraciones del Presupuesto de ese Servicio. Para estos efectos, se faculta al Director General de Salud para efec. tuar las modificaciones que correspondan a dicho Presupuesto, previa visación de la Dirección de Presupuestos.

Artículo 23. Declárase que las expresiones "renta total imponible y no imponible" contenidas en el artículo 17 de la ley Nº 16. 617, se refieren sólo a las remuneraciones fijadas en el artículo 13 de dicha ley y en la escala de grados y sueldos establecida en el artículo 14 del mismo texto, durante el lapso de vigencia respectivo.

Artículo 24. Declárase que el artículo 8º de la ley Nº 16. 605 ha regido y continuará rigiendo para el personal del Servicio Nacional de Salud. Sin embargo el Director General de Salud dictará las normas que a contar del 1º de julio de 1968 regirán para la debida aplicación de dicha disposición señalando los establecimientos y el personal que se regirá por ellas, con visación de la Dirección de Presupuestos.

Al personal del Servicio Médico Nacional de Empleados no afecto a la ley Nº 15. 076, que trabaja en Hospitales, Clínicas, Sanatorios y Casas de Reposo, se aplicará la asignación a que se refiere el inciso cuarto del artículo 79 del D. F. L. Nº 338 de 1960. Los trabajos extraordinarios que efectúe ese personal se realizarán de acuerdo a las normas que dicte el Vicepresidente Ejecutivo del Servicio con visación de la Dirección de Presupuestos, y no estarán sujetos a la limitación de horarios nocturnos o en días festivos establecida en dicho artículo.

Declárase que el pago de Eº 100 hecho por el Servicio Nacional de Salud a sus funcionarios en el mes de marzo' del año en curso, constituye un anticipo del beneficio contemplado en el inciso 3° del artículo 19 de la presente ley, y libérase de toda responsabilidad a los funcionarios que intervinieron en dicho pago.

Artículo 25. Autorízase al Presidente de la República para que, a contar desde el 1º de julio de 1968, proceda a modificar las plantas del personal del Servicio Nacional de Salud, fijando los nuevos escalafones que comprenderá sus distintas escalas de categorías, grados y sueldos.

La aplicación de este artículo no podrá significar eliminación de personal, disminución de sus remuneraciones, pérdida de su actual categoría o grado, régimen previsional o beneficios que le confiere el artículo 132 del D. F. L. Nº 338, de 1960.

El Consejo Nacional de Salud creará los cargos que correspondan a cada uno de los escalafones que se establezcan.

Artículo 26. El personal titular del Servicio Nacional de Salud que está en funciones al momento de aplicación de este artículo, será designado, con excepción del afecto a la ley Nº 15. 076 y del sujeto a tarifado

gráfico, en los nuevos cargos que se creen, sin sujeción a las normas sobre provisión de cargos y de acuerdo exclusivamente con la antigüedad que tengan en el escalafón a que pertenezcan.

Si entre dos o más empleados se produce coincidencia de antigüedad, se atenderá a la antigüedad en el Servicio, y si también existe igualdad a este respecto, a la antigüedad en la Administración Pública.

Artículo 27. Los artículos 25 y 26 se financiarán con los mayores, ingresos que obtenga el Servicio Nacional de Salud de la aplicación de la presente ley.

Artículo 28. Prohíbese al Servicio Nacional de Salud, durante el año 1988, efectuar nuevas designaciones de personal, sea de planta, a contrata o a jornal, salvo aquellas que resulten de la aplicación de los artículos anteriores o en los casos calificados que sean autorizados por decreto supremo, previa visación de la Dirección de Presupuestos.

Artículo 29. Declárase que las personas contratadas por el Serviciode Seguro Social, en el mes de enero de 1968, que han estado en funciones en dicha Institución hasta el 31 de diciembre de 1967, seguirán percibiendo las mismas remuneraciones que tenían a esta última fecha, más' los reajustes legales que correspondan.

Artículo 30. Declárase que el edificio ordenado construir para laAsistencia Pública de Santiago por la ley Nº 11. 054, podrá sólo destinarse para el objetivo dispuesto en dicha ley.

La totalidad de sus camas, servicios e instalaciones, tanto de la CasaCentral como de las Postas 3 y 4, se dedicarán exclusivamente a atenciones de urgencia.

La provisión de vacantes o de los cargos que se creen y que correspondan a los señalados en la ley Nº 15. 076, se hará a través de concursos; llamados de acuerdo con las disposiciones vigentes en el Servicio Nacional de Salud.

En la provisión de cargos correspondientes al personal paramédico se considerará como requisito importante la preparación adquirida en los, cursos respectivos de la propia Asistencia Pública.

C. Del Poder Judicial y de la Sindicatura General de Quiebras.

Artículo 31. Fíjase para los funcionarios del Poder Judicial y Sindicatura General de Quiebras la siguiente escala única de sueldos del

Personal Superior.

Categorías Sueldo anual

F/C Eº 46. 800

1ª C 40. 116

2ª C 35. 880

3ª C 31. 740

4ª C 29. 076

5ª C 26. 148

6ª C 23. 916

7ª C 21. 876

8ª C 19. 992

Artículo 32. Fíjase para los funcionarios del Poder Judicial y Sindicatura General de Quiebras, la siguiente escala única de sueldos del

Personal Subalterno y de Servicio.

Categoría o grado Sueldo anual

5ª C Eº 16. 560

6ª C 14. 508

7ª C 11. 712

Gr. 1º 10. 572

Gr. 2º .. 9. 444

Gr. 3º 8. 676

Gr. 4º 8. 292

Gr. 5º 7. 668

Gr. 6º 7. 116

Gr. 7º 6. 612

Gr. 8º 5. 832

Gr. 9º 5. 268

Gr. 10º 4. 776

Gr. 11º 4. 368

Gr. 12º 4. 056

Gr. 13º 3. 732

El reajuste del inciso primero del artículo 1º de la presente ley será aplicable a las escalas que se establecen en este artículo y en el precedente.

Artículo 33. En la Planta del Personal Subalterno del Poder Judicial elévanse a grados 3º, 4º, 5º, 6º y 7º, los cargos de grados 4º, 5º, 6º, 7º y 8º, respectivamente.

Artículo 34. Establécese una asignación del 10% sobre sus sueldos, en favor de los funcionarios judiciales con sueldo fiscal que se desempeñen en cargos para los cuales se requiera el título de abogado y les afecte la prohibición contemplada en los artículos 316 y 479 del Código Orgánico de Tribunales. De la misma asignación gozarán los funcionarios con sueldo fiscal de los Tribunales del Trabajo, de Indios y de Menores que les afecte similar prohibición y los Defensores Públicos de Santiago, para los cuales regirá también la prohibición contemplada en el citado artículo 479 del Código Orgánico de Tribunales.

La asignación establecida en beneficio de los profesionales a que se refiere el inciso anterior, tendrá el carácter de sueldo para todos los efectos legales y previsionales y será de un 20% a contar del 1º de enero de 1. 969.

La asignación precedente no se aplicará a los sueldos de los cargos mencionados en el artículo 9º de la ley Nº 15. 267, al de los parlamentarios ni al del personal de la Sindicatura General de Quiebras.

Artículo 35. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 4º de la ley Nº 11. 986, de 19 de noviembre de 1955, la frase "el equivalente a

la diferencia que exista entre los sueldos de la primera y segunda categorías de la misma escala" por la frase "igual al que se concede por el inciso anterior".

Artículo 36. Intercálase en el inciso tercero del artículo 4º de la ley Nº 11. 986, de 19 de noviembre de 1955, a continuación de "Secretario de la Corte Suprema" la frase "y demás funcionarios de la segunda categoría de la escala de sueldos" y reemplázase la palabra "anterior" con que termina este inciso, por la palabra "primero".

Artículo 37. Deróganos los incisos octavo y noveno del artículo 4º de la ley Nº 11. 986.

Artículo 38. Créase la siguiente Planta de Servicios en el Poder Judicial:

PLANTA DE SERVICIOS

Grado Designación Nº de

Empl.

8º Mayordomo del Palacio de los Tribunales de Santiago.... 1 9° Mayordomo de los Tribunales de Justicia de Valparaíso (1)

y La Serena (1) 2

10º Chofer de la Presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago (1); chofer para los Juzgados del Crimen de Santiago (1); porteros de las Cortes del Trabajo (3); porteros de los Juzgados del Trabajo de Primera Categoría (9).. 14

l1º Porteros de los Juzgados del Trabajo de Segunda Catego

ría (8) y de Tercera Categoría (10) 18

12º Ascensoristas del Palacio de los Tribunales de Santiago (7),

Valparaíso (2) y Concepción (1) 10

13º Auxiliares de Aseo de los Palacios de los Tribunales de San

tiago y Valparaíso (12); fogoneros de los Tribunales de

Santiago (1) y Valparaíso (1); porteros encargados del

aseo y conservación de los Juzgados de Letras de Menor

Cuantía de Santiago (3) 17

Total 62

Artículo 39. La provisión de los cargos de la Planta que se crea en el artículo anterior, se efectuará en la medida en que se vayan produciendo vacantes en los cargos del personal del Servicio incluidos actualmente en la Planta, del Personal Subalterno y que no sean provistos con empleados en actual servicio de la referida Planta.

Artículo 40. Los cargos del personal de servicio que vacaren por aplicación del artículo precedente quedarán suprimidos de pleno derecho..

E. Del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Artículo 41. Créanse en la Planta Directiva, Profesional y Técnica del Servicio de Registro Civil e Identificación, las siguientes categorías:

Categoría Designación Nº de

Empl.

6ª Cat. Jefes Departamentales de Registro Civil e Identifica

ción (24); Subjefes de Oficinas Provinciales y Depar

tamentales de Registro Civil e Identificación (23); Sub

jefes de Subdepartamentos del Archivo General y de la

Oficina Central de Identificación (18); Jefes de Sec

ciones del Departamento de Registro Civil e Identifica

ción: Sección Registro Civil (1), Sección Identificación

(1), Subjefe Subdepartamento de máquinas operadoras

automáticas (1), Jefe de la Oficina de Racionaliza

ción (1) .... 69

7ª Cat. Jefes Departamentales de Registro Civil e Identifica

ción (19); Oficiales Comunales de Registro Civil e Iden

tificación y Jefes de Gabinetes de Identificación (49);

Jefes de Secciones del Archivo General y de la Oficina

Central de Identificación (11); Examinadores de Re

gistros (10); Subjefes de Oficinas Provinciales y De

partamentales de Registro Civil e Identificación (8);

Subjefes de Oficinas de Registro Civil e Identificación del

Departamento de Santiago (4); Oficiales de la Oficina

de Racionalización (2); Oficial de Partes de la Direc

ción General de Registro Civil e Identificación (1);

Subjefe de la Sección Personal (1); Jefe de Almace

nes (1) 106

La primera provisión de los cargos directivos que se crean por el inciso primero de este artículo se hará a elección de los interesados y de acuerdo al estricto orden que ocupen en el Escalafón 19671968. La provisión del cargo de Subjefe del Subdepartamento de Máquinas Operadoras Automáticas se hará por estricto orden de Escalafón con el primero que reúna los requisitos técnicos exigidos. La libre elección de cargos no regirá para los Jefes y Oficiales de la Oficina de Racionalización, para los cuales podrán ser designados cualesquiera de los funcionarios a quienes corresponda ascender a las respectivas categorías según el orden de Escalafón.

Las vacantes que se produzcan en las categorías o grados de la Planta Administrativa con motivo de la promoción de funcionarios a las categorías sexta y séptima Directivas se proveerán por estricto orden de Escalafón.

Respecto a las vacantes que existan en la 4ª y 5ª Categoría de la Planta Directiva, Profesional y Técnica al momento de promulgarse la presente ley, serán provistas por estricto orden de Escalafón, a excepción de los cargos profesionales o técnicos de la 5ª Categoría.

Modifícanse en la Planta Administrativa del Servicio de Registro Civil e Identificación los grados 4º, 5º, 6º, 7º y 8º, cuya composición será la siguiente:

Grados Designación N° de

Empl.

4º Gr. Oficiales 200

5º Gr. Oficiales 150

6º Gr. Oficiales 70

7º Gr. Oficiales 50

8º Gr. Oficiales 40

Los ascensos que signifique la aplicación de las nuevas Plantas se harán por estricto orden de Escalafón.

La aplicación de este artículo no podrá significar a este personal disminución de sus remuneraciones.

Artículo 42. Destínase la primera diferencia que resulte a favor de los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación para adquirir o construir, instalar, alhajar y dotar un bien raíz que sirva de sede social y cultural de los empleados de este servicio, y que deberá estar ubicado en la ciudad de Santiago, siempre que cada uno de ellos autorice por escrito tal destinación.

La administración de este inmueble corresponderá a la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil e Identificación, persona jurídica según decreto de Justicia Nº 1. 699, publicado en el Diario Oficial de 5 de octubre de 1967.

La diferencia, a que se refiere el inciso primero de este artículo, será depositada en una cuenta especial que se abrirá en el Banco del Estado de Chile, a nombre de la persona jurídica "Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil e Identificación", quien utilizará estos fondos para los fines señalados.

Sólo por ley se podrá dar a este inmueble otro destino que el que se señala en el presente artículo.

F. Del Servicio de Prisiones, Dirección de Industria y Comercio, Servicios Eléctricos y de Gas y Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Artículo 43. Autorízase al Presidente de la República para que dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, proceda a reorganizar las Plantas de los siguientes servicios e instituciones:

1. Servicio de Prisiones.

2. Dirección de Industria y Comercio.

3. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Autorízase al Presidente de la República para que dentro del plazo de 120 días, a contar de la publicación de la presente ley, proceda a reorganizar la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas, pudiendo modificar sus dependencias y calidad jurídica. Asimismo, podrá estructurar su planta creando o ampliando cargos y empleos y fijar sus remuneraciones.

Asimismo, autorízase al Presidente de la República para que dentro del mismo plazo a que se refiere el inciso anterior, proceda a modificar el sistema de montepíos actualmente vigente del Poder Judicial, que

dando facultado para fijar los beneficiarios, monto de las pensiones y tasas de imposiciones.

La reorganización de las Plantas de los Servicios e instituciones que se autoriza por la presente ley no podrá significar eliminación ni traslados de personal en actual servicio, rebaja de grado o categoría, disminución de sus remuneraciones, pérdida de su actual régimen previsional o beneficios que le confiere el artículo 132 del D. F. L. Nº 338, de 1960.

Los ascensos a que dé origen la aplicación de este artículo se harán por estricto orden de escalafón.

Las Plantas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas regirán a contar del 1º de enero de 1968 y su aplicación no significará pérdida del beneficio contemplado en el artículo 20 de la ley Nº 7. 295 para el personal que tenga derecho a percibirlo en dicho año.

Los decretos que se dicten en el ejercicio de las facultades señaladas en este artículo, llevarán numeración correlativa y serán expedidos por el Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de la firma de los Ministros que correspondan.

El Servicio de Prisiones mantendrá su calidad de institución civil; por lo tanto, solamente los funcionarios de la Planta Administrativa o quienes por mandato de esta ley pasen de la Planta Administrativa a la Directiva, podrán ser Alcaides de establecimientos penales.

Los delegados de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones (ANFUP), destacados en las Prisiones, en la Dirección General, Tribunales de Justicia o establecimientos especiales no podrán ser trasladados durante su mandato ni dentro de los seis meses siguientes a su término, salvo su aceptación por escrito.

Modifícase en el artículo 22 de la ley Nº 15. 720 el guarismo "4, 6* por "4, 6%".

Párrafo 3?

Reglas para la aplicación de los reajustes.

Artículo 44. Para los efectos de la aplicación del reajuste contemplazo en el presente Título se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 82, inciso primero; 90, 91, 93, 94, 95, 128, 130, inciso tercero de los artículos 131 y 132 de la ley Nº 16. 617, modificándose las referencias al año 1966 del artículo 91, y al año 1967 de los artículos 94 y 132, por los años 1967 y 1968, respectivamente.

Los reajustes de remuneraciones, pensiones y montepíos a que hubiere lugar, de acuerdo con la legislación vigente sobre la materia, deberán pagarse sin necesidad de requerimiento de parte de los intresados.

En el caso de los reajustes de cargo fiscal, la respectiva resolución deberá dictarse sin necesidad de requerimiento del beneficiado, dentro del plazo de 60 días, contados desde la publicación de la presente ley.

El Departamento de Pensiones del Ministerio de Hacienda no será responsable de la demora en la dictación de la. resolución correspondiente, cuando se encuentre pendiente en otros organismos que intervengan en ella.

Los reajustes determinados en la ley Nº 12. 121, se aplicarán en lo sucesivo anualmente, rigiendo para estos efectos los aumentos que indica la escala establecida en el artículo 5° de la citada ley Nº 12. 121.

Artículo 45. Se declara que el reajuste ordenado por la presente ley para las instituciones del Sector Público, es el único aumento que tendrán las remuneraciones durante el año 1968. En consecuencia no podrán concederse u otorgarse nuevas bonificaciones ni aumentos de asignaciones especiales ni ningún otro beneficio pecuniario, cualquiera que sea su naturaleza o denominación. No obstante, podrán reajustarse, exclusivamente en un 12, 5%, las bonificaciones, asignaciones y otros beneficios existentes al 31 de diciembre de 1967.

El mismo reajuste del 12, 5% tendrán las planillas suplementarias resultantes de la aplicación del artículo 5° de la ley Nº 16. 617 para el Instituto de Seguros del Estado, Servicio Médico Nacional de Empleados, Dirección General del Crédito Prendario y Martillo y las instituciones de previsión señaladas en el artículo 6º de la ley 16. 617.

En el caso de la Línea Aérea Nacional, el 12, 5% de reajuste se aplicará sobre los sueldos y salarios imponibles de la Empresa.

Artículo 46. Declárase que lo dispuesto en el artículo anterior no es aplicable a la Empresa de Comercio Agrícola, quien, en uso de sus facultades legales establecidas en el D. F. L. Nº 274, de 1960, fijará por una sola vez, durante 1968, las Plantas y remuneraciones de todo su personal de empleados.

Asimismo, la referida Empresa fijará, por una sola vez, para 1968, los niveles de remuneraciones y clasificará sus obreros en siete categorías para los servicios menores y en nueve categorías para los demás.

Las remuneraciones que resulten de la aplicación de los dos precedentes incisos, incluirán el reajuste contemplado para el Sector Público en la presente ley, y regirán desde el 1º de enero del año n curso.

Declárase, asimismo, que las disposiciones del artículo anterior no son aplicables a la Empresa Portuaria de Chile, por cuanto esta Empresa debe dar cumplimiento a las disposiciones de los artículos 34 y 35 de la ley Nº 15. 702, de 22 de septiembre de 1964.

Tampoco será aplicable lo dispuesto en este artículo al Servicio de Equipos Agrícolas y Mecanizados, quien, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 322 de la ley 16. 640 y en el D. F. L. Nº 7, de 1963, fijará, por una sola vez, durante el año 1968 las plantas y remuneraciones de todo su personal de empleados.

Las remuneraciones que resulten de aplicar el inciso anterior, incluirán el reajuste contemplado para el Sector Público en la presente ley y regirán desde el 1º de enero del año en curso.

Artículo 47. Las planillas suplementarias que el personal percibe por aplicación del artículo 5º de la ley Nº 16. 617, no resultarán afectadas por lo establecido en el artículo 98 de la misma ley, en virtud de la aplicación del Párrafo 2º del Título I de la presente ley.

Párrafo 4º

Normas varias del Sector Público.

Artículo 48. Los funcionarios de las Plantas de Servicios Menores de la Administración Pública que hayan servido dichos cargos, a lo menos, dos años, y que hayan sido calificados en listas de méritos, o, no existiendo calificación vigente, no hayan recibido sanción disciplinaria alguna, podrán ser designados definitivamente, sin la limitación establecida en el artículo 378 del D. F. L. Nº 338, de 1960.

El personal secundario de servicios menores o auxiliares de la Empresa de Comercio Agrícola, en actual servicio, que hubiese desempeñado funciones en el ex Instituto Nacional de Comercio y que se acogió a lo dispuesto en el artículo 79 de la ley Nº 11. 764, tendrá derecho a gozar, desde el mes de marzo de 1955 hasta el mes de enero de 1963, de la indemnización por años de servicio establecida en el artículo 38 de la ley 7. 295, que le fue conferida según lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 15. 142. La Empresa de Comercio Agrícola deberá enterar, en su calidad de empleadora, dentro de un plazo de 60 días contados desde la fecha de la publicaciónde esta ley, el aporte del 8, 33% en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.

Las personas que se desempeñen como servicios menores en Prisiones tendrán preferencia para ingresar a la Planta IV de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario. Este inciso tendrá aplicación tanto para los funcionarios hombres o mujeres que se hayan desempeñado por lo menos dos años como servicios menores en Prisiones.

Declárase que el personal de servicios menores contratado por la. Caja de Previsión de Empleados Particulares, para prestar servicios en el Casino de esa Institución, para todos los efectos legales han estado y están regidos por el artículo 379 del D. F. L. Nº 338, de 1960, y han gozado y gozan de los derechos y beneficios propios de esos personales.

Los funcionarios de la Planta de Servicios Menores del Servicio de Tesorerías, después de haber servido sus cargos durante dos años, a lo menos, serán designados sin la limitación del plazo establecido en él artículo 378 del D. F. L. Nº 338, de 1960.

Artículo 49. Declárase ajustada a derecho, para todos los efectos legales, la interpretación dada a las disposiciones del decreto supremo Nº 222, de 1966, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Transportes, y a las normas contenidas en la ley número 16. 464, al reajustar las remuneraciones del personal de la Línea Aérea Nacional.

Artículo 50. Reemplázase en el decreto Nº 930 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, en su artículo Nº 10, la letra e) por la siguiente: "e) Fijar anualmente el Presupuesto de Entradas y Gastos de acuerdo a lo establecido en el D. F. L. Nº 47, de 1959. En este Presupuesto deberán ser incluidas las Plantas del Personal y sus remuneraciones a propuesta del Director Ejecutivo, de acuerdo a las limitaciones establecidas en las leyes y disposiciones sobre contrataciones para el personal del Sector Público.

Modifícase el Nº 17, letra f), suprimiendo la siguiente frase: "y sin las limitaciones establecidas por las leyes para los Servicios Públicos, Semifiscales o de Administración Autónoma. ".

Artículo 51. Sustitúyese el artículo 2º da la ley Nº 12. 847, por el siguiente:

"Artículo 2ºEl Sindicato Profesional de Jornaleros, Estibadores y Desestibadores Marítimos de Valparaíso, deberá destinar este predio a la construcción de un edificio para su sede social, debiendo dar término a la obra dentro del plazo de diez años a contar de la fecha de la suscripción de la escritura de compraventa. Si así no se hiciere, quedará sin efecto el contrato de compraventa.

Artículo 52. Las rentas a que se refiere el artículo 8? de la ley Nº 13. 023, serán consideradas sueldo para los efectos del cálculo de los viáticos que correspondan a los funcionarios de la Empresa Portuaria de Chile que deban cumplir comisiones de servicio fuera del lugar de su residencia habitúa!.

Artículo 53. A contar del 1° de enero de 1968, los obreros contratados por la Empresa Portuaria de Chile, después del 6 de abril de 1960, percibirá» remuneraciones en base de tonelaje de embarque y desembarque que establece la ley Nº 12. 436 y sus decretos reglamentarios y resoluciones actualmente en vigencia.

Artículo 54. Para los efectos de la aplicación de los feriados, de los obreros portuarios, a los operarios denominados Auxiliares o Eventuales se les computarán las llamadas como días trabajados.

Artículo 55. Los empleados portuarios que desempeñen cargos de dirigentes gremiales en algunos de los puertos explotados por la Empresa Portuaria de Chile, gozarán de las mismas prarrogativas legales otorgadas a los funcionarios de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y Asociación Nacional de Empleados Semifiscales (ANES) en materia de fuero gremial.

Artículo 56. Se declara que los integros de imposiciones a que se refieren los artículos 1º al 5º de la ley Nº 16. 402 se aplicarán también a los obreros portuarios jubilados por la ley Nº 16. 375, de 30 de noviembre de 1965.

Artículo 57. Los Armadores, Agencias de Naves, Industrias Marítimas, de administración privada, fiscal, semifiscal o de administración autónoma o quien sea el que requiera los servicios de tripulantes de la Marina Mercante Nacional, deberán hacerlo de acuerdo a los convenios vigentes del Sindicato Profesional de Tripulantes que exista en el respectivo puerto de la contratación. Si no hubiera, se regirán por el Convenio del Sindicato Profesional de Tripulantes de Valparaíso.

Esta disposición se aplicará también al personal de Oficiales, de acuerdo al convenio suscrito entre el Sindicato Profesional de Oficiales de la Marina Mercante Nacional con las empresas armadoras.

Artículo 58. Declárase que el artículo 1º transitorio del D. F. L. Nº 338, de 1960, incluye el derecho al goce del sueldo del grado superior que de hecho estaba percibiendo el personal del Servicio de Seguro Social, al 6 de abril de 1960. Esta norma regirá a contar desde la publicación de la presente ley.

Artículo 59. Autorízase al Presidente de la República para disponer nuevas delegaciones de la firma del despacho correspondiente a. las Secretarías de Estado y Servicios de su dependencia, mediante el procedimiento establecido en el inciso segundo del artículo 5º de la ley Nº 16. 436.

Artículo 60. Los artículos 1º, 4º, 5°, inciso primero del artículo 6º, 10, 11, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 41 y 43 de la presente ley, regirán a contar del 1? de enero de 1968.

El inciso segundo del artículo 6? de la presente ley regirá a contar del 1º de abril del presente año.

Artículo 61. La primera diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del Título I de la presente ley, no ingresará a las Cajas de Previsión.

Artículo 62. Facúltase a la Universidad de Chile por esta única vez, para que los profesionales funcionarios afectos a la ley Nº 15. 076 que actualmente se desempeñen como Investigadores, Agregados Técnicos o Agregados a la Docencia, en propiedad o a contrata y que así lo soliciten, sean asimilados en cargos equivalentes y con régimen de dedicación exclusiva, de conformidad con lo establecido para estos profesionales en la ley Nº 15. 076, para lo cual no regirá lo preceptuado en el artículo 3° de la mencionada ley.

Los años de servicios en la Universidad de Chile de estos profesionales en las calidades indicadas en el inciso anterior, serán válidas para los efectos del artículo 10 de la ley Nº 15. 076.

Artículo 63. Introdúcense las siguientes modificaciones al D. F. L. Nº 338, de 1960:

a) Agrégase al artículo 40, el siguiente inciso, nuevo:

"Los funcionarios no podrán ser rebajados en más de una lista con respecto de su anterior calificación, salvo que ello se desprenda de un sumario previo ejecutoriado. ";

b) Reemplázase el inciso segundo del artículo 65, por el siguiente:

"No darán derecho a asignación familiar los causantes que disfru

ten de rentas superiores a un sueldo vital mensual, escala a) del depar

tamento de Santiago. ";

Reemplázase en el inciso cuarto del articulo 91, la palabra "seis" por "doce" y agrégase al término del inciso la siguiente frase: "El reintegro podrá efectuarse hasta en doce cuotas. ";

Reemplázase en la letra e) del artículo 251 la palabra "Inspectores" por "funcionarios administrativos y paradocentes", y

Agrégase en el inciso final del artículo 292, a continuación de la frase "y que estén en posesión de un título docente universitario", la frase "o título de Profesor de Educación otorgado por la Escuela Normal Superior".

Otórgase a los dirigentes que integran las Mesas Directivas de la Federación Nacional da Empleados Auxiliares Semifiscales y asociaciones de estos mismos trabajadores, los derechos establecidos en el artículo 100 del D. F. L, Nº 338, de 1960. Estos dirigentes no podrán ser trasladados mientras conserven sus cargos.

Los actuales operarios afectos al artículo 61 de la ley Nº 11. 764 que a la fecha de publicación de la presente ley se encuentren en algunas de

las condiciones previstas en el artículo 132 del D. F. L. Nº 338, de 1960, no perderán esos derechos aun cuando con motivo del uso de esta facultad queden ubicados en un grado que no corresponda al nuevo tope de escalafón, ni se les aplicará, tampoco, lo dispuesto en el artículo 64 del mismo cuerpo legal.

Los funcionarios de la planta auxiliar de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, después de haber servido sus cargos durante dos años a lo menos, serán designados sin limitación del plazo establecido en el artículo 378 del D. F. L. Nº 338, de 1960.

Los nombramientos docentes que se provean por el Presupuesto de Capital del Ministerio de Educación Pública, se regirán por las normas estatutarias establecidas en el D. F. L. Nº 338, de 1960.

A contar de la fecha de publicación de esta ley, el personal dependiente del Ministerio de Obras Públicas se calificará de acuerdo a las normas establecidas por el D. F. L. Nº 338, de 1960. Se derogan todas las normas legales contrarias a esta disposición.

Artículo 64. Declárase que el personal de mecánicos y obreros de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, que fue transferido como chofer de buses y trolleybuses, mantendrá su antigüedad en la Empresa para los fines de encasillamiento de la planta del personal auxiliar, de acuerdo con el decreto Nº 347, de 1967, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 65. Introdúcense las siguientes modificaciones al D. F. L. Nº 153, de 1960:

En el inciso primero del artículo 18, Sustitúyense las palabras "Gerente General" por "Vicepresidente Ejecutivo".

Reemplázase el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19. En caso de ausencia o impedimento por cualquiera naturaleza que incapacite al Vicepresidente Ejecutivo para el ejercicio de sus funciones, será subrogado por el Fiscal y, a falta, de ausencia de éste, dicho cargo será desempeñado, en calidad de suplente, por un Director de aquellos nombrados por el Presidente de la República, designación que será hecha por el Directorio a propuesta del Ministro de Minería. La ausencia de la ciudad de Santiago o momentánea del Vicepresidente Ejecutivo, no impedirá que pueda ejercer sus funciones en otros lugares.

No será necesario acreditar la ausencia o el impedimento que den origen a la subrogación o a la suplencia. ".

En todas las disposiciones legales en que aparezca una referencia al Gerente General de la Empresa Nacional de Minería, deberá entenderse hecha al Vicepresidente Ejecutivo de ese organismo.

El Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería será de la exclusiva confianza del Presidente de la República; presidirá el Directorio de esa Institución en ausencia del Ministro de Minería y le será aplicable lo dispuesto en los artículos 3º transitorio del D. F. L. Nº 153, de 1960; artículo 25 de la ley N° 16. 723 y 2º, inciso segundo, párrafo final, de la ley Nº 16. 099.

Artículo 66. Los errores de imputación y los excesos producidos en el año 1967, que se encuentran contabilizados en la cuenta "Deudores

Varios" de la Contraloría General de la República podrán declararse de cargo al ítem 039 "Devolución de Impuestos y Reintegros", previo informe fundado de la Contraloría General de la República.

Artículo 67. Autorízase a los habilitados o pagadores de las reparticiones, servicios, organismos o empresas del sector público, semifiscales, de administración "autónoma o municipales para descontar, con fines sociales, de las remuneraciones o pensiones de sus trabajadores, imponentes o beneficiarios, previa autorización escrita del interesado, la cuota social mensual que éstos deban cancelar a las instituciones a las cuales pertenezcan, siempre que tengan personalidad jurídica.

Autorízase, asimismo, a los habilitados o pagadores de la Dirección de Obras Públicas, Riego, Vialidad, Obras Portuarias, Arquitectura y Planeamiento y demás servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para descontar, por una sola vez, a todos los obreros de dichos organismos que lo soliciten por escrito, la. cantidad de Eº 10, que podrá ser pagada en dos parcialidades iguales en meses distintos, a favor de la Federación Nacional de Obreros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con el objeto de destinar su producido a la adquisición de un bien raíz, mobiliario y enseres para el mejor funcionamiento de esta Federación.

La Caja de Previsión de los Carabineros de Chile retendrá un es'cudo y los centésimos de escudo del líquido a pagar de las pensiones de jubilación del personal de nombramiento supremo de Carabineros de Chile y el producto de este descuento lo remitirá mensualmente a la Mutualidad de Carabineros. Esta última Institución aplicará estos fondos como abono al pago del saldo insoluto de la compraventa o de la renta de arrendamiento, según proceda, del piso del edificio General Arturo Norambuena, de esta capital, construido para sede social del Círculo de Jefes y Oficiales de Carabineros en Retiro. Si la aplicación se hace al valor de compra, una vez pagado su valor, los fondos aludidos se destinarán al mantenimiento de dicha sede social.

Artículo 68. Los funcionarios de la Empresa Portuaria de Chile que prestan servicios en la provincia de Aisén, quedarán exentos de imponer sobre la gratificación de zona a contar de la publicación en el Diario Oficial de la presente ley.

Artículo 69. El ítem "Obligaciones pendientes" del Ministerio de Educación será excedible en el primer semestre, para pagar las cuentas pendientes de sus servicios dependientes. Sin embargo, durante el segundo semestre, el Ministerio de Educación deberá traspasar desde cualquier ítem de capital o corriente las sumas necesarias para cubrir el exceso que se produzca en dicho ítem.

Artículo 70. La fijación de las plantas y las remuneraciones del personal del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, del Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria, del Instituto Forestal y del Instituto de Fomento Pesquero, como asimismo sus modificaciones serán aprobadas anualmente por decreto supremo del Ministerio de Agricultura, el que deberá ser firmado, además, por el Ministro de Hacienda.

Artículo 71. Facúltase a la Junta de Adelanto de Arica para:

a) Contratar créditos, previa aprobación del Presidente de la Repú

blica. En caso de créditos externos, se requerirá informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central.

Constituir sociedades con personas o empresas privadas, haciendo aportes de capital a ellas, con el objeto de promover la prospección de las riquezas naturales o realizar explotaciones industriales, mineras,. agrícolas, comerciales y obras de mejoramiento urbano o rural en el departamento de Arica, y

Conceder créditos en los plazos, condiciones y garantías que estime conveniente, y que incidan en el cumplimiento de sus finalidades.

Sin embargo, el otorgamiento de estos préstamos sólo podrá concederse por acuerdo tomado por los dos tercios de los miembros en ejercicio del Consejo de la Junta de Adelanto de Arica, de acuerdo a las prioridades que se fijen en el Plan Anual de Desarrollo que apruebe dicho organismo. Este plan de desarrollo deberá ser aprobado previamente por la Oficina Nacional de Planificación.

Artículo 72. Las remuneraciones percibidas en exceso por el personal de la 8ª a la 14ª Categorías de la Planta Directiva, Profesional y Técnica del Instituto de Desarrollo Agropecuario durante el año 1966 y hasta septiembre del año 1967, deberán ser restituidas por los funcionarios respectivos en cuarenta y ocho mensualidades, quedando eximidas detoda responsabilidad las personas que acordaron, intervinieron o efectuaron dichos pagos.

Artículo 73. Los obreros que desarrollen sus actividades en predios agrícolas pertenecientes a las Cajas de Previsión y que estén afectos al régimen previsional del Servicio de Seguro Social, podrán acogerse aí derecho que les asigna a sus similares particulares la ley Nº 16. 625, de 26 de abril de 1967, sobre Sindicalización Campesina.

Artículo 74. La Escuela de Enfermería del Servicio Nacional de Salud, en Valparaíso, pasará a depender de la Universidad de Chile y los recursos consultados para su funcionamiento, durante el presente añoF que se encuentren sin invertir, como los que se consulten en el futuro en la Ley General de Presupuesto de la Nación, serán administrados por el Rector de la Universidad conforme a las normas legales y reglamentariasvigentes.

Articulo 75. Autorízase al Ministerio de Educación Pública para vender el material didáctico que produzca o que adquiera por cualquier medio. El precio de estos artículos será fijado por Resolución Interna y no podrá exceder del costo de producción o internación convertido en moneda extranjera al cambio de venta libre, incluyendo gastos de seguros y fletes. El valor de estas ventas ingresará a. una cuenta especial de depósitos a nombre del Ministerio de Educación que, para este efecto, abrirá la Tesorería General de la República.

Artículo 76. Los fondos a que se refiere el artículo 15 de la ley Nº 16. 392 quedarán a disposición del Servicio de Seguro Social para que éste les dé la aplicación que dispone la ley indicada y los destine, además, a terminaciones y ampliaciones de viviendas que haya construido o construya en el futuro la Corporación de la Vivienda para dicho Servicio,.

Artículo 77. Los obreros y empleados que sufran incapacidad temporal o invalidez parcial como consecuencia de accidentes del trabajo o

•enfermedades profesionales, tendrán derecho a que la entidad empleadora los nombre, contrate o les asigne otras funciones compatibles con sus capacidades de trabajo y aptitudes profesionales. En estas nuevas funciones percibirán un salario equivalente al promedio de las rentas por las que hicieron imposiciones en los seis meses anteriores al accidente o al diagnóstico médico de la enfermedad.

La incapacidad o invalidez se determinará y comprobará en la forma prevista en la ley Nº 16. 744 y en su Reglamento.

Por entidad empleadora se entenderá, para estos efectos, las comprendidas en el artículo 25 de la ley Nº 16. 744.

Artículo 78. Establécese un fondo de capitalización del personal de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, el cual se financiará con un aporte voluntario de Eº 15 mensuales por funcionario. Las sumas que se recauden serán destinadas en forma exclusiva a la construcción y alhajamiento de la sede social de todo el personal de la Empresa, el que deberá ser construido en el bien raíz de que son propietarios en calle San Martín Nº 841, de la comuna de Santiago.

Este bien raíz e inmueble no podrá ser enajenado a terceras personas y en el caso de disolución de las Asociaciones con personalidad jurídica de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, pasará a ser propiedad fiscal.

Los fondos acumulados por este concepto serán depositados en una cuenta especial de la Tesorería General de la República, designándose depositario al Contralor General de la República, quien quedará autorizado para ordenar los giros en dicha cuenta en conformidad a los estados de pago que presente la firma constructora que haya obtenido la propuesta.

Después de 60 días de promulgada la. presente ley, las Asociaciones con personalidad jurídica de los personales de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado llamarán a propuestas públicas o privadas, para la construcción y posterior alhajamiento del edificio.

Artículo 79. Los imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares que se acogieron a lo dispuesto en el artículo 20 (hoy derogado) de la ley Nº 15. 386 y que continúan en servicio activo cotizando al Fondo de Desahucio conforme a lo establecido en el artículo 37 de la misma ley, tendrán derecho a obtener desahucio por el nuevo período en que se hayan hecho las imposiciones correspondientes. Esta disposición regirá a partir del 1º de enero de 1969. Igual tratamiento tendrán los imponentes de los organismos auxiliares.

Artículo 80. El Ministerio de Educación Pública pondrá a disposición de la Dirección de Educación Primaria y Normal la suma que sea necesaria para cubrir el gasto que signifique el otorgamiento de becas completas para los primeros y segundos años profesionales de las Escuelas Normales Fiscales, a contar de la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 81. Declárase que los años de servicio que exige el artículo 1º transitorio de la ley Nº 15. 263 para que los profesores normalistas obtengan la propiedad da sus horas de clase, pueden haber sido prestados

en forma discontinua en Escuelas Centralizadas, Consolidades y Unificadas.

Artículo 82. El título de Profesor Parvulario, otorgado por el Ministerio de Educación o las Universidades Estatales tendrá equivalencia al del Profesor Normalista en cuanto a la. posibilidad de seguir cursos de formación, perfeccionamiento y ascenso en la Educación Primaria y Normal.

Artículo 83. La primera diferencia de sueldo que se produzca por la aplicación de la ley Nº 16. 617, durante 1969 y 1970, no ingresará a la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, sino que se distribuirá proporcionalmente entre las instituciones del Magisterio afiliadas a FEDECH.

Dichos fondos se destinarán para alhajar, habilitar, reparar o adquirir bienes raíces para sedes sociales o casas de reposo del Magisterio.

No obstante, las distintas instituciones del profesorado deberán adquirir conjuntamente una sede social central del Magisterio nacional.

De la inversión de los fondos deberá rendirse cuenta documentada a la Contraloría General de la República.

Artículo 84. Los profesionales de la Dirección de Pavimentación dela Municipalidad de Santiago, y el Director de dicho Servicio, tendrán derecho a percibir la gratificación anual que establece el artículo 29 de la ley Nº 11. 469, sobre Estatuto de los Empleados Municipales de la República. Este derecho empezará a regir sólo con respecto a la gratificación pagada en el presente año.

Artículo 85. Sustitúyese la parte final del inciso primero del artículo 17 del D. F. L. Nº 211, de 1960, desde la frase "Estos reajustes" hasta la frase: "les incluya expresamente. ", por la siguiente: "A este personal se le aplicará la establecida en el artículo 1° del D. F. L. Nº 68, de 1960, y sus modificaciones.

Artículo 86. Sustitúyese el inciso quinto del artículo 73 de la ley Nº 15. 840, por el siguiente:

"Esta asignación se pagará mensualmente por duodécimas partes. atendiendo a las calificaciones del año inmediatamente anterior y se considerará sueldo para todos los efectos legales.

TITULO II

Del reajuste al Sector Privado.

Artículo 87. Reajústanse en un 21, 9% a contar desde el 1º de enero da 1968, las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo, vigentes al 31 de diciembre de 1967, de los trabajadores, empleados u obreros del sector privado, no sujetos a convenios colectivos, actas de avenimientos o fallos arbitrales. Con todo, ningún empleado particular podrá percibir un sueldo inferior a quinientos escudos mensuales.

Artículo 88. En el caso de los obreros agrícolas, el reajuste mencionado en el artículo anterior se aplicará sobre la totalidad de las remuneraciones que les fueren pagadas en dinero efectivo.

El salario de cualquier trabajador agrícola, aunque no esté sujeto

a convenio colectivo, no podrá ser inferior al 75% del más alto salario mínimo convenido entre el sindicato patronal con el respectivo sindicato obrero de la comuna en que preste sus servicios.

Para estos efectos se entenderá por salario o jornal, el sobretiempo, la participación en las utilidades, gratificaciones y las regalías de los trabajadores.

Artículo 89. El reajuste de los salarios de los garzones, camareros y ayudantes se aplicará sobre la parte fija pagada en dinero, con exclusión del porcentaje legal de recargo.

Artículo 90. Los empleados de Archivo, Notarías o Conservadores de Bienes Raíces, tendrán derecho al reajuste señalado en el artículo 87.

Artículo 91. La hora semanal de clases de los profesores a que se refiere la ley Nº 10. 518, se reajustará en un 21, 9% a contar del 1º de enero de 1968.

Artículo 92. No se reajustarán las remuneraciones convenidas o pagadas en moneda extranjera. Tampoco se reajustarán aquellas que resulten de aplicar un porcentaje sobre otra remuneración reajustada o sobre un precio que le sirva de base, o las que consistan en percentajes sobre utilidades, ingresos, ventas o compras.

Declárase, interpretando el artículo 4º de la ley Nº 7. 747, que el porcentaje del 2% que dicha disposición, se refiere a cada una de las partes del contrato.

Artículo 93. En el caso de empleados u obreros cuyos contratos de trabajo contemplen remuneraciones a trato, los empleadores o patrones, según el caso, harán efectivo el porcentaje de reajuste a que se refiere el artículo 87 sobre el valor unitario del trato, pieza, obra o medida.

Artículo 94. Se mantienen vigentes todos los sistemas de remuneraciones mínimas, vitales y de reajuste que no hayan sido modificados expresamente por este Título, pero los aumentos que procedan en virtud de ellos no podrán sumarse a los de esta ley.

Artículo 95. Las disposiciones del presente Título se aplicarán a las Empresas e Instituciones del Estado que, en conformidad a las normas que las rigen tengan la facultad para celebrar convenios colectivos de trabajo.

Lo dispuesto en el inciso anterior regirá, también, para la Empresa de Agua Potable de Santiago, el Servicio de Agua Potable de El Canelo y las empresas bancarias del Estado.

En un plazo no superior a 60 días, contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, la Empresa de Agua Potable de Santiago y el Servicio de Agua Potable de El Canelo deberán cancelar a sus obreros las sumas que les están adeudando correspondientes a los reajustes de remuneraciones, de asignaciones familiares y de asignaciones de colación del año 1967. La falta de cumplimiento de esta disposición será penada con una multa ascendente a un sueldo vital, escala a) del departamento de Santiago, por cada día de retraso en dichos pagos, a beneficio de la Asociación de Obreros de la Empresa de Agua Potable de Santiago.

Artículo 96. Los patrones o empleadores podrán imputar a los reajustes a que se refiere este Título los aumentos de remuneraciones o cual

quiera otra cantidad que incremente las remuneraciones que el trabajador perciba en cada período de pago y que se hubieren otorgado como anticipo a cuenta de reajusta o con el fin de compensar el alza del costo de la vida ocurrida en los 12 meses anteriores al reajuste o dentro del período de mayor vigente del respectivo contrato colectivo, avenimiento o fallo arbitral.

No serán imputables los aumentos anuales o trienales contemplados en el artículo 20 de la ley Nº 7. 295, ios que no serán postergados como consecuencia de las disposiciones de esta ley.

Artículo 97. Fíjase para 1968 en el equivalente de tras sueldos vitales, escala a) del departamento de Santiago, el sueldo mínimo para todos los periodistas del país, a que se refiere el artículo 2º de la ley Nº 14. 837, de 26 de enero de 1962.

A contar del 1? de enero de 1968, se aplicará sobre estos sueldos mínimos el mecanismo estipulado en el Reglamento de la ley Nº 14. 837, respecto de las funciones que cumplen los periodistas. Estos sueldos servirán de base para aplicar, a contar del 1º de enero de 1969, la ley Nº 14. 837 y su Reglamento Nº 203, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por las Comisiones Mixtas de Sueldos.

A los periodistas colegiados acogidos a jubilación que hayan cumplido 65 años se les reajustarán sus pensiones actualizándolas de acuerdo con el salario periodístico mínimo.

Las mismas normas se aplicarán a los demás periodistas colegiados jubilados a medida que cumplan los 65 años.

Artículo 98. Elimínase del inciso primero del artículo 2° de la ley Nº 14. 837, la coma (, ) que aparece después de la palabra "desempeñen", como también la frase que le sigue "las categorías o clases de las empresas empleadoras".

Artículo 99. Lo dispuesto en el artículo 143 de la ley Nº 16. 464, de 25 de abril de 1966, se aplicará durante el año 1968, reajustado en el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor determinado por la Dirección General de Estadística y Censos entre diciembre de 1965 y diciembre de 1967, a menos que el reajuste que determine la Comisión del Tarifado Nacional de la Construcción sea superior, en cuyo caso regirá éste.

El Tarifado Nacional de la Construcción se considerará remuneración mínima, tendrá carácter permanente y se reajustará cada año a lo menos en el porcentaje en que fuere reajustado el sueldo vital, escala a), para el departamento de Santiago.

Artículo 100. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 9. 613:

1. Agrégase al final del inciso cuarto del artículo 4º, la siguiente frase, precedida de coma: "sin que pueda ser inferior al 50% del sueldo vital vigente del respectivo departamento. ".

2. Agrégase al artículo 4º los siguientes incisos nuevos:

"Para los efectos de ejercer las funciones que les encomienda este artículo, las Comisiones Provinciales Mixtas de Sueldos se integrarán, además, por dos representantes de los empleadores y otros dos de los empleados que se desempeñen en la respectiva jurisdicción territorial, de

signados por el Intendente de la provincia a propuesta de los sindicatos y organizaciones profesionales con personalidad jurídica existentes en la provincia; y la Comisión Central Mixta de Sueldos se integrará, en su caso, por dos representantes de los empleadores y dos de los empleados designados por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social a propuesta de las mismas organizaciones existentes en la provincia de Santiago, todo de acuerdo con el Reglamento que dictará el Presidente de la República.

En la misma forma se designará un suplente para cada uno de los nombrados.

Le será aplicable a estos miembros lo dispuesto en los artículos 7º 8º, 9º, 10 y 16 de la ley Nº 7. 295. ".

3. Reemplázase el inciso segundo del artículo 5°, por el siguiente:

"Si en la fecha indicada no hubiesen sido aprobadas, regirán provisoriamente las del año anterior incrementadas en el mismo porcentaje m que hubiese aumentado el índice de precios al consumidor, determinado por la Dirección de Estadística y Censos en el año precedente. ".

4. Reemplázase el inciso primero del artículo 69, por el siguiente: "En los establecimientos o estudios en que trabajen las personas indicadas en el artículo 1º de esta ley se cobrará sobre el valor del servicio un porcentaje adicional que fijará anualmente la Comisión Central Mixta de Sueldos, teniendo en cuenta los excedentes o déficit que puedan haberse producido en el año anterior y previo informe de la Superintendencia de Seguridad Social; el cual libre de todo impuesto, será depositado íntegramente en la Caja de Previsión de Empleados Particulares para destinarlo:

A cubrir las imposiciones que corresponda al empleador y al empleado, y

A cubrir el cumplimiento de lo ordenado por los artículos 160, 161 y 162 del Código del Trabajo y el financiamiento de las imposiciones correspondientes a esta letra. "

5. Reemplázase el inciso segundo del artículo 6º, por el siguiente:

"El pago de las remuneraciones correspondientes a los períodos de licencias a que se refieren los artículos 160, 161 y 162 del Código del Trabajo se hará directamente a los afectados por la Caja de Previsión de Empleados Particulares o por el Servicio Médico a que esté afecto el profesional imponente. ".

6. Reemplázase el artículo 9º, por el siguiente:

"Artículo 9ºLas infracciones a las disposiciones contenidas en la presente ley serán sancionadas con multas de uno a cuatro sueldos vitales mensuales, escala a) del respectivo departamento y, en caso de reincidencia, de cuatro a ocho de dichos sueldos.

El hecho de no depositar íntegramente el porcentaje adicional a que se refiere el artículo 6º, será sancionado con multas de dos a cinco sueldos vitales mensuales, escala a) del departamento respectivo, sin perjuicio del pago de los intereses penales por las sumas adeudadas.

La aplicación y cobro de estas multas se hará en conformidad a las disposiciones de la ley Nº 14. 972 y su reglamentación.

El producto de las multas incrementará el fondo destinado a las finalidades indicadas en el artículo 6º. ".

7. Agregar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo... Las normas de esta ley y de todas sus modificaciones posteriores, mantendrán sus efectos y prevalecerán sobre todo contrato de "arrendamiento de sillón", de concesión u otros que puedan suscribirse para la prestación de servicios asalariados por parte de un profesional de peluquerías, salón de belleza y demás actividades regidas por dicha legislación, a cualquier propietario de establecimiento del ramo, respecto de los cuales contratos se entenderán siempre subsistentes las obligaciones estatuidas por la ley Nº 9. 613 y sus modificaciones posteriores. ".

Autorízase al Presidente de la República para refundir en un solo texto las leyes Nºs 9. 613, 10. 347 y sus modificaciones.

Artículo 101. Las empresas particulares que ejecuten obras públicas en cualquier punto del país y que ocupen más de 20 trabajadores, deberán contratar, a lo menos, el 60% del personal que ocupen en cada obra de entre las personas domiciliadas en la comuna o comunas en que se realicen dichos trabajos.

El porcentaje señalado en el inciso anterior podrá ser reducido por resolución fundada del Intendente o Gobernador respectivo.

El cumplimiento de esta disposición será fiscalizado por la Dirección General del Trabajo y su contravención hará incurrir a la empresa infractora en una multa equivalente al uno por mil del presupuesto total de la obra por cada día en que permanezca en contravención.

Los fondos que se perciban con motivo de la aplicación de este artículo, se destinarán a la Municipalidad respectiva. Si la obra se ejecutare en dos o más comunas, los recursos se repartirán entre ellas por partes iguales.

Artículo 102. Agrégase lo siguiente al inciso primero del artículo 39 de la ley Nº 7. 295:

"Con todo, los dependientes de los establecimientos comerciales, cualquiera que sea su jornada de trabajo, percibirán, en todo caso, el sueldo vital que rija en la cabecera de la provincia respectiva. ".

Artículo 103. Los trabajadores percibirán un estímulo por años de servicios a partir de los 20 años de trabajo en una o en distintas empresas, conforme a la siguiente escala:

20 años, 5% de aumento al sueldo base o salario diario;

25 años, 7% de aumento al sueldo base o salario diario;

30 años, 10% de aumento al sueldo base o salario diario;

35 años, 12% de aumento al sueldo base o salario diario;

40 años, 15% de aumento al sueldo base o salario diario.

Estos aumentos de estímulo, serán compatibles con los aumentos trienales que rigen para los empleados particulares.

Los empleadores deberán entregar a sus obreros y empleados no sujetos a convenio el equivalente a ocho días de sueldo o salario en calidad de bonificación a pagarse antes del 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de los beneficios establecidos en esta materia en los convenios colectivos.

Se fija en la cantidad de Eº 15 diarios el salario mínimo para los sobreros que trabajan en las minas de carbón, sin perjuicio de los salarios

mínimos de monto superior a aquél que se hayan pactado por convenios. Se fija en la suma de Eº 15 diarios el salario mínimo para los obreros del salitre, exceptuados los que laboran en la Oficina Victoria, sin perjuicio de salarios mínimos superiores a aquél pactados por convenio.

Se fija para los obreros del hierro un salario mínimo de Eº 15 diarios, sin perjuicio de los salarios mínimos superiores a aquél y pactados por convenio.

El salario mínimo de los obreros del cemento se fija en la misma suma de Eº 15 diarios, sin perjuicio de los salarios mínimos establecidos en convenios y que sean superiores a aquél.

Artículo 104. El Consejo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares destinará la totalidad de los excedentes del Fondo de Asignación Familiar del año 1967 a la construcción y habilitación de un Hospital Central de Empleado en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de la obligación de enterar el aporte de Eº 6. 000. 000 que con cargo a dichos fondos se deba entregar para la construcción del Hospital del Empleado de Valparaíso.

El Consejo dará cumplimiento a cualesquiera de las obligaciones que señala el inciso anterior, una vez que se determine el monto del excedente líquido, de conformidad con el Nº 5 de su acuerdo 3264367, adoptado en sesión de fecha 28 de diciembre de 1967.

Articula 105. Todo contribuyentes que tenga cinco o más trabajadores a su servicio deberá llevar un Libro Auxiliar de Remuneraciones, el que deberá ser timbrado por el Servicio de Impuestos Internos y por la Dirección del Trabajo.

Las remuneraciones que figuren en el Libro a que se refiere el inciso precedente, serán las únicas que podrán considerarse como gastos por remuneraciones en la contabilidad.

Los inspectores de las Cajas de Previsión y del Servicio de Seguro Social tendrán acceso al Libro de Remuneraciones para el solo efecto de comprobar que las imposiciones han sido determinadas correctamente.

El Presidente de la República, dentro del plazo de ciento ochenta días de la vigencia de la presente ley, reglamentará la aplicación de este artículo.

Artículo 106. Todas las obligaciones pendientes por concepto de pago de remuneraciones a empleados u obreros del Sector Privado, como también las correspondientes a asignaciones familiares e indemnizaciones legales, deberán pagarse en una suma o valor equivalente en sueldos vitales a tantos cuantos hubiere correspondido pagar en la fecha, en que estas obligaciones fueron devengadas.

Los Tribunales judiciales o administrativos, sean estos ordinarios o especiales y aun los Arbitros que debieren intervenir para hacer efectivas obligaciones legítimas, habrán de calcular éstas en la forma expresada en el inciso anterior, sin que para ello haya sido necesario el haberle demandado el pago en esta forma.

TITULO III

Disposiciones Previsionales.

Articulo 107. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo único de la ley Nº 16. 401, el Consejo del Servicio de Seguro Social podrá transferir al Fondo de Pensiones todo o parte de los excedentes o reservas producidos o que se produzcan en cualquiera de los Fondos que administra dicho Servicio.

Los acuerdos que adopte el Consejo en el ejercicio de esta facultad deberán ser aprobados por la Superintendencia de Seguridad Social.

Artículo 108. El Servicio de Seguro Social ingresará al Fondo de Pensiones el aporte que está obligado a efectuar con cargo al Fondo de Asignación Familiar que administra en virtud de las letras a) del artículo 22 de la ley Nº 14. 688 y c) del artículo 20 de la ley Nº 15. 720.

Los fondos que el Servicio de Seguro Social haya recaudado en virtud de las disposiciones precedentes que no haya depositado a la fecha en Tesorería, se traspasarán también como recursos del Fondo de Pensiones.

Articulo 109. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 10. 383:

Reemplázase en el inciso tercero del artículo 2º la frase "un sueldo vital anual de Santiago" por "tres sueldos vitales anuales, escala A) de Santiago".

Elimínase la limitación a 42 salarios mínimos diarios de la industria y el comercio de la remuneración imponible semanal establecida por el inciso quinto del artículo 2º, modificado por el Nº 1 del artículo 34 de la ley Nº 15. 386.

c) Reemplázase el inciso primero del artículo 54 por el siguiente:

"Los asegurados independientes deberán imponer mensualmente el

15% de sus rentas las que no podrán ser estimadas, para este efecto, como inferiores al salario mínimo para la industria y el comercio, ni superiores al límite establecido por el artículo 2?. "

d) Agrégase como inciso segundo del artículo 37, el siguiente:

"Podrán gozar, también, de los beneficios del inciso anterior, los

asegurados con 60 años de edad, siempre que tengan 1. 560 semanas de imposiciones a lo menos. "

Las modificaciones introducidas en las letras a), b) y c) regirán a partir del 1º de mayo de 1968.

Artículo 110. Derógase el artículo 154 de la ley Nº 14. 171.

La remuneración imponible diaria de los trabajadores agrícolas, para los efectos de la ley Nº 10. 383, estará limitada hasta un máximo equivalente a 11/2 vez el monto del salario mínimo diario de la industria y el comercio.

Reemplázase el inciso quinto del artículo 14 de la ley Nº 16. 625, por el siguiente:

"El empleador agrícola hará un aporte correspondiente al 1% de la remuneración imponible por cada trabajador de su dependencia. Dicho aporte deberá ingresarlo el respectivo empleador a la Dirección del Tra

bajo. Esta destinará el 50% a incrementar el Fondo de Educación y Extensión Sindical y el otro 50% lo distribuirá proporcionalmente entre las Federaciones y Confederaciones, en la forma que determine el Reglamento. ".

Artículo 111. Los personales del Servicio Agrícola y Ganadero y del Instituto de Desarrollo Agropecuario tendrán al régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y se les aplicarán los párrafos 18, 19 y 20 del Título II del D. F. L. Nº 338, de 1960, sin perjuicio de las demás disposiciones del Estatuto del Personal, contenido en el D. F. L. R. R. A. Nº 22, de 1963, y sus modificaciones. Para los efectos del artículo 132 del D. F. L. Nº 338, de 1960, se estimará que son empleados de las cinco primeras categorías aquellos que gocen de una remuneración imponible igual o superior a la 5ª Categoría de la Escala Directiva, Profesional y Técnica, o a la 5ª Categoría de la Escala Administrativa, según corresponda, a que se refiere el artículo 132 antes citado.

Artículo 112. Los imponentes de instituciones de previsión social que con anterioridad a la vigencia de la ley Nº 12. 987, publicada en el Diario Oficial de 23 de septiembre de 1958, hubieren traspasado sus fondos de una a otra institución de previsión y que, como consecuencia de estos traspasos, hubieren obtenido un reconocimiento de servicios en proporción a los fondos traspasados e inferior al período de afiliación registrado en la institución donde cotizaron normalmente sus imposiciones, podrán hacerse reconocer la totalidad del o de los períodos de afiliación a que corresponda el traspaso. Este reconocimiento se hará mediante el correspondiente integro de imposiciones patronales y personales, determinadas en conformidad a la Ley Orgánica de la Caja que recibió el traspaso, el que será de cargo del interesado.

La Caja de Previsión a que se encuentre actualmente afecto el imponente podrá otorgarle un préstamo para el integro de las imposiciones a que se refiere el inciso anterior, conforme a las normas que para este efecto establece la ley Nº 10. 986.

El beneficio que se establece en este artículo deberá impetrarse en el plazo de 90 días contados desde la vigencia de la presente ley.

Artículo 113. Se autoriza a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, a la Caja de Previsión de Empleados Particulares, al Servicio de Seguro Social, a las Empresas Cablegráficas Extranjeras y, en general, a todas las instituciones semifiscales y de administración autónoma, para que cursen sus telegramas por medio del Telégrafo Comercial.

Artículo 114. Los personales de las instituciones de previsión semifiscales que cambien la naturaleza de sus empleos dentro de la misma institución, siempre que no haya una interrupción de servicios superior a 30 días, no sufrirán disminución del monto total de sus remuneraciones y percibirán la diferencia por planilla suplementaria.

Artículo 115. La Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional y la Sección Tripulantes de Naves y Obreros Marítimos de la misma, cancelarán asignación familiar íntegra a sus imponentes empleados de bahía, estibadores y de otros oficios que en razón de la eventualidad de su trabajo perciban en determinados períodos mensuales remuneraciones

inferiores al sueldo vital o al salario mínimo obrero, siempre y cuando el promedio mensual de remuneraciones del respectivo año calendario sea superior a dichos mínimos.

En los meses en los cuales el imponente perciba remuneraciones inferiores al sueldo vital o al salario mínimo obrero tendrá derecho a una asignación familiar proporcional al monto percibido, y la diferencia a que haya lugar de acuerdo al inciso anterior, se cancelará al término del respectivo año calendario.

Artículo 116. Reemplázase en el artículo 17, inciso cuarto, de la ley N° 12. 401, la frase "con una imposición de 5% de sus pensiones totales", por la siguiente: "con una imposición de 2% de sus pensiones totales".

Artículo 117. Los abogados actualmente acogidos al régimen de previsión de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N? 10. 627, podrán aumentar sus rentas declaradas, por una sola vez, hasta el máximo indicado en la letra a) del artículo 6º de la referida ley. En tal caso, pagarán por concepto de imposiciones el porcentaje vigente al momento de invocar el derecho, más un interés simple del 6% anual, y se presumirá que han gozado de rentas inferiores a la base imponible según una escala descendente de 10% cada año y por el término de 10 años anteriores.

El derecho concedido por el inciso anterior deberá ejercerse dentro del plazo de seis meses contado desde la promulgación de la presente ley. Las imposiciones correspondientes podrán pagarse mediante un préstamo que otorgará la Caja, con un interés del 6% anual y cuya amortización se efectuará en un plazo máximo de 60 cuotas mensuales. El pagaré correspondiente deberá firmarse dentro del plazo a que se refiere el inciso anterior, caducando el derecho si así no lo hiciere, salvo el caso de invalidez.

Artículo 118. Las pensiones de jubilación de abogados otorgadas en conformidad a la ley Nº 10. 627, vigentes a la fecha de publicación de esta ley, se reajustarán y reliquidarán, por una sola vez, considerando como sueldo base el 75% del sueldo actual de Ministro de Corte de Apelaciones de Santiago aumentado en conformidad a esta ley, a razón de tantos treinta avos como años de servicios hayan sido computados para el otorgamiento de la respectiva pensión.

En la misma proporción se reajustarán y reliquidarán los montepíos.

Al reajuste que resulte de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, se imputarán los aumentos experimentados por las pensiones en conformidad a la ley Nº 15. 386, y el monto de las demás pensiones que reciban los beneficiarios, cualquiera que sea la entidad pagadora de ellas. Esta última imputación no se hará a los abogados que hayan cumplido o cumplan 65 años de edad.

Artículo 119. Establécense los siguientes impuestos, cuya percepción y cobro se sujetarán a las disposiciones de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado:

a) Mandatos otorgados en escrituras públicas para solicitar las inscripciones de los actos y contratos contenidos en ellas, Eº 10;

Inscripciones en el Registro de Vehículos Motorizados, Eº 10;

Escrituras privadas autorizadas por Notarios u Oficiales Civiles, Eº 10, y

Escrituras no mencionadas en las letras anteriores, Eº 10, a excepción de las relativas a filiación y ejercicio de derechos previsionales.

Estos nuevos impuestos se aplicarán al financiamiento del reajuste de las pensiones de jubilación y montepío que se otorgue a los abogados, debiendo el Fisco poner a disposición de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas la suma equivalente al producido de ellos.

Artículo 120. Se declara que están comprendidos en la disposición del artículo 32 de la ley Nº 16. 724, de 16 de diciembre de 1967, los ex funcionarios judiciales que, a la fecha en que jubilaron, tenían 65 o más años de edad y 30 o más años de servicios e imposiciones.

Este precepto se aplicará desde el 1° de enero de 1968.

Los interesados que se acojan a este beneficio deberán integrar las diferencias de imposiciones a que hubiere lugar por todo el período en que rija la limitación.

Artículo 121. Declárase que la facultad establecida en el artículo 8º de la ley Nº 10. 621 no puede ejercerla el Consejo Directivo de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas respecto del personal que presta servicios en la Casa de Moneda.

Artículo 122. Los dividendos de las viviendas asignadas a los pensionados y montepiados del Servicio de Seguro Social, no podrán ser superiores al 10% de la respectiva pensión.

Del beneficio indicado en el inciso anterior gozarán, también, aquellos pensionados que hubiesen obtenido sus viviendas a través de la Corporación de la Vivienda o de la Corporación de Servicios Habitacionales.

Artículo 123. Los pensionados y los beneficiarios de montepío de la Municipalidad de Santiago no podrán tener una asignación familiar inferior a la que perciben los obreros municipales.

Artículo 124. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16. 274:

a) Reemplázase el inciso segundo del artículo 5º por el siguiente:

"Por los años que se reconozcan en virtud de lo dispuesto en el ar

tículo 3º, deberán integrar imposiciones equivalentes al 23% de la renta

declarada, más un interés simple del 6% anual, presumiéndose que han

gozado de rentas inferiores a la declarada según una escala descendente

del 20% durante los primeros diez años y del 4% los restantes, hasta

por el término de 20 años anteriores. ".

b) Reemplázase el inciso primero del artículo 8° por el siguiente:

"Las cantidades adeudadas por imposiciones de acuerdo con lo que

disponen los artículos 2º, 5° y 6º podrán pagarse mediante un préstamo que otorgará la Caja de Previsión de Empleados Particulares amortizable hasta en 120 mensualidades y con un interés capitalizado del 6% anual. El servicio de este préstamo no podrá, en caso alguno, ser inferior al 15% de la pensión de jubilación. ".

Artículo 125. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15. 386:

a) Agréganse los siguientes incisos al artículo 38:

"Si el empleado al fallecer cumpliere con los requisitos necesarios para impetrar el desahucio y no lo hubiere hecho por cualquiera causa, podrán hacerlo los asignatarios de la pensión del causante.

El monto del desahucio se distribuirá a prorrata del de las pensiones. ".

b) Agrégase el siguiente inciso a la letra a) del artículo 40:

"Si el empleado al fallecer cumpliere con los requisitos necesarios para impetrar el desahucio y no lo hubiere hecho por cualquier causa, podrán hacerlo los asignatarios de la pensión de montepío a prorrata de sus cuotas en dicha pensión. ".

Artículo 126. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15. 722, de 26 de octubre de 1964:

a) Reemplázase el inciso final del artículo 1º por el siguiente:

"Los conductores que estén afiliados o sean pensionados en un régi

men de previsión no podrán acogerse a los beneficios de esta ley. ";

Intercálase en el artículo 15, después de la expresión numérica "10%", la siguiente frase: "sobre la tarifa fijada"; y

El artículo 1º transitorio pasará a ser permanente, suprimiéndose la frase inicial "mientras se dicte la ordenanza a que se refiere el artículo 10 de la ley Nº 15. 123. ".

La exigencia contemplada en el artículo 1º de la ley Nº 15. 722 y en. su Reglamento, en orden a que las personas que trabajen permanentemente en automóviles de alquiler al servicio público, sean propios o no, se hallen inscritos en el Registro Nacional de Conductores Profesionales de Automóviles de Alquiler, para poder incorporarse al régimen de previsión de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, se entenderá cumplida, mientras no entre en funciones el Registro Nacional antes mencionado, mediante la inscripción en los Registros locales creados en el artículo 4º de la misma ley.

Artículo 127. La Tesorería General de la República descontará de la subvención que corresponde a los establecimientos de enseñanza particular, las imposiciones para los institutos de previsión de las personas que ejercen como maestros en dichos establecimientos devengadas durante el período que cubre la subvención. La Tesorería traspasará los fondos retenidos a la Caja de Previsión respectiva dentro del plazo de 30 días.

Artículo 128. Agrégase al primer inciso del artículo 10 de la ley Nº 12. 522, el siguiente párrafo: "No regirá la exigencia de los cinco años cuando el causante hubiere fallecido en actos de servicio".

Concédese el plazo de un año para acogerse al beneficio establecido en el inciso anterior.

Artículo 129. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16. 617:

Reemplázase en el inciso tercero del artículo 159, la frase "años 1964, 1965 y 1966" por la siguiente: "años 1964, 1965, 1966, 1967 y 1968", y

Reemplázase la parte final del inciso octavo del artículo 235 que dice "y a aquellas líneas de crédito que determine el Ministerio de Hacienda, a petición del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile", por

a) la siguiente: "y, en la proporción que el Ministro de Hacienda establezca, respecto de aquellas líneas de crédito que determine, a petición del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile".

Declárase que la facultad concedida al Presidente de la República en el artículo 160 de la ley Nº 18. 617 se extiende a la disposición que se agrega mediante el presente artículo.

Artículo 130. Declárase que los ítem del Fondo de Pensiones de la ley Nº 10. 383 han sido excedibles hasta la capacidad de sus recursos de Caja, desde la dictación da la ley Nº 10. 383.

Artículo 131. Los empleados que se acojan al beneficio de jubilación, y para los efectos de percibir el derecho de asignación familiar, sólo deberán presentar ante el nuevo organismo pagador, los certificados de supervivencia de sus respectivas cargas familiares y el del habilitado correspondiente, que acredite la vigencia y plazo de término de ese beneficio.

Artículo 132. Las instituciones de previsión pagarán provisoriamente el total de las pensiones de vejez, invalidez, viudez u orfandad que les corresponda otorgar, incluyendo las concurrencias de otras instituciones de previsión, de acuerdo con los cálculos que efectúen, dentro de los ocho días siguientes al de la resolución que concede el beneficio.

En el caso de que haya concurrencia fiscal, los antecedentes se enviarán a la Oficina de Pensiones del Ministerio de Hacienda dentro del mismo plazo señalado en el inciso anterior.

Las normas contenidas en este artículo se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos séptimo y octavo del artículo 4º de la ley Nº 10. 986.

Para los efectos del inciso anterior la Empresa de los Ferrocarriles del Estado será considerada Institución de Previsión.

Artículo 133. Agréganse al artículo 13 de la ley Nº 15. 386, de 11 de diciembre de 1963, las siguientes letras y un inciso final:

"f) Fijar las condiciones en que deben ser descontadas de sus pensiones, a los respectivos beneficiarios, las cantidades que ellos hayan percibido indebidamente con cargo al Fondo de Revalorización de Pensiones, y

g) Remitir, a petición expresa del interesado, la obligación de restituir las cantidades referidas en la letra anterior, en casos calificados y por resolución fundada. "

"Los acuerdos y resoluciones que adopte la Comisión en uso de las atribuciones señaladas en las letras f) y g) deberán ser aprobadas por el Superintendente de Seguridad Social. ".

Artículo 134. Los aportes del 1% que en virtud del artículo 50 de la ley Nº 10. 383 debe entregar de sus recursos el Servicio de Seguro Social a la Corporación de la Vivienda para la construcción de habitaciones para los imponentes del mencionado Servicio, tendrán el carácter de cuotas CORVI, y estarán sujetos, por tanto, a reajuste en los mismos términos en que lo sean dichas cuotas.

El saldo acumulado de los aportes a que se refiere el inciso anterior, deberá ser convertido por la Corporación de la Vivienda en cuotas de

ahorro dentro del plazo de sesenta días, a contar de la fecha de publicación de la presente ley.

Artículo 135. La Sección Tripulantes y Operarios Marítimos de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional ingresará al Fondo de Pensiones el aporte que las letras a) del artículo 22 de la ley Nº 14. 688 y c) del artículo 20 de la ley Nº 15. 720, la obligan a efectuar con cargo al Fondo de Asignación Familiar que administra.

Los fondos que la Sección Tripulantes y Operarios Marítimos haya recaudado en virtud de las disposiciones precedentes, que no haya depositado a la fecha en Tesorería, se traspasarán también como recursos del Fondo de Pensiones.

Artículo 136. El Consejo de la Sección Tripulantes de la Caja de la Marina Mercante Nacional podrá transferir al Fondo de Pensiones, todo o parte de los excedentes o reservas producidas o que se produzcan en cualquiera de los Fondos que administra dicha Sección.

Los acuerdos que adopte el Consejo en el ejercicio de esta facultad, deberán ser aprobados por la Superintendencia de Seguridad Social.

Artículo 137. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 8. 569:

1. Reemplázase el actual artículo 62 por el siguiente:

"Artículo 62. La Caja reajustará a contar del 1º de enero de cada año las pensiones de jubilación, de rejubilación y de montepío, cuya vigencia no sea inferior a un año calendario, siempre que el sueldo vital escala a) fijado a los empleados particulares del departamento de Santiago haya aumentado en comparación con el que regía en el año de concesión de la pensión o en el del último reajuste en su caso.

El reajuste de esas pensiones se basará en el porcentaje de aumento del suelo vital calculado en la forma antedicha, aplicándose la siguiente escala a las pensiones concedidas por invalidez, mínimo de 13 años reconocidos y 55 años o más de edad, 24 o más años reconocidos, y montepíos producidos por fallecimiento de imponentes activos o jubilados:

La parte de esas pensiones que no exceda de seis sueldos vitales del año de iniciación de ella o el del último reajuste en su caso, será aumentada en dicho porcentaje;

La parte de esas pensiones que exceda de seis sueldos vitales y no sea superior a ocho sueldos vitales, se aumentará en la mitad de ese porcentaje, y

La parte que exceda de ocho sueldos vitales se aumentará en la cuarta parte de dicho porcentaje.

Las pensiones de jubilación y de rejubilación, con un año calendario de vigencia a lo menos, concedidas por aplicación de la letra c) del artículo 35 en favor de imponentes que a la fecha de la iniciación de su respectiva pensión tuvieren menos de 55 años cumplidos de edad, gozarán de los reajustes a que tengan derecho, aplicándose para tal efecto la siguiente escala:

d) La parte de esas pensiones que no exceda de dos sueldos vitales

del año de iniciación de ella o el del último reajuste en su caso, será

aumentada en el porcentaje de variación del sueldo vital, calculado en la

forma indicada en el inciso primero de este artículo;

La parte de esas pensiones que exceda de dos sueldos vitales y no sea superior a cuatro sueldos vitales, será aumentada en la mitad de dicho porcentaje, y

La parte de esas pensiones que exceda de cuatro sueldos vitales será aumentada en la cuarta parte de dicho porcentaje. ".

2. Agrégase el siguiente artículo 12 transitorio:

"Artículo 12. Las pensiones de jubilación, rejubilación o montepío concedidas por la Caja con anterioridad al 1° de enero de 1966, que se encuentren vigente a la fecha de la promulgación de la presente ley, se aumentarán extraordinariamente y sin efecto retroactivo, a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Este aumento consistirá en elevar por una sola vez el monto de la pensión a igual número de sueldos vitales escala a) del departamento de Santiago del año en que opere este aumento, en relación con el número de sueldos vitales del año de su iniciación que la pensión representaba al ser otorgada; no pudiendo la pensión así aumentada exceder del equivalente a seis sueldos vitales del año del aumento.

Las pensiones aumentadas extraordinariamente conforme al inciso precedente, se reajustarán a partir del 1° de enero del año siguiente de operar ese aumento, de acuerdo a la escala señalada en las letras a), b) y c), según proceda, del artículo 62.

No gozarán del aumento extraordinario establecido en este artículo, las pensiones de jubilación concedidas por aplicación de la letra c) del artículo 35 cuando el respectivo beneficiario hubiere tenido menos de 55 años cumplidos de edad a la fecha de la expiración de sus servicios. ".

3. Elévanse hasta en un medio por ciento, y hasta en un uno y medio por ciento, los porcentajes de imposiciones señalados, respectivamente, en los números 1) y 2) del artículo 26 de la ley Nº 8. 569.

El Directorio fijará en el mes de diciembre de cada año el monto del porcentaje de aumento de las imposiciones a que se refiere el inciso anterior, que regirá a contar del 1° de enero del año siguiente.

4. Las disposiciones relativas al reajuste de pensiones de la ley Nº 8. 569 contempladas en los números que anteceden regirán desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial, con excepción de lo correspondiente al artículo 12 transitorio nuevo, que entrará en vigencia el día 1º del mes siguiente a dicha publicación.

Artículo 138. No, regirá el artículo 11 de la ley Nº 10. 986, sobre continuidad de la previsión, respecto de los trabajadores de la Compañía Empresas Industriales Cemento Melón S. A., que hubieren sido separados de esta Compañía en conformidad a la orden Nº 16, de 22 de enero de 1968, emanada de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 139. El personal licenciado por simple imposibilidad física, por enfermedad contraída en el servicio, podrá ser sometido a un nuevo examen médico si ve agravarse la enfermedad que fue causa de su retiro dentro del plazo de cinco años. En este caso la Comisión Médica podrá clasificarlo entre las clases de invalidez del artículo 20 del D. F. L. 299, de 1953, si fuere procedente.

Artículo 140. Los trabajadores de las compañías carboníferas ten

drán derecho a acogerse a jubilación una vez cumplidos los 25 años de servicios o 1. 200 semanas de imposiciones, siempre que hayan trabajado, a lo menos, 15 años, en forma continua o discontinua, como barreteros, contratistas, disparadores, apires, electricistas, mecánicos o en otras faenas desarrolladas en el interior de la mina.

Articulo 141. Agrégase al inciso segundo del artículo 33 de la ley Nº 6. 037 a que se refiere el artículo 93 de la ley Nº 16. 744, la frase final siguiente: "El aumento que signifique la presente disposición se hará con cargo al Fondo Común de Beneficios. ".

Artículo 142. Prorrógame, amplíanse, establécense o concédense nuevos plazos a las personas o entidades que en cada caso se señalan para realizar las actuaciones que a continuación se mencionan:

I. Concédese un nuevo plazo de 180 días, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, para acogerse a los beneficios establecidos en:

La ley Nº 10. 986, sobre continuidad de la previsión, a los imponentes de las Cajas de Previsión y Servicio de Seguro Social, entendiéndose para estos efectos que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado tendrá carácter de Caja de Previsión respecto de su personal;

Las leyes números 11. 745, 12. 566, 13. 044, 14, 113, 16. 250, 16. 433 y 16. 617, a los ex parlamentarios, los regidores y ex regidores;

El artículo 10 de la ley Nº 12. 430;

Las leyes números 13. 023 y 16. 402;

Las disposiciones de las leyes números 15. 171, 15. 561 y 16. 464, a los obreros imponentes de la Caja Nacionall de Empleados Públicos y Periodistas y otras Cajas de Previsión que se encuentren afiliados en la actualidad;

Las leyes números 15. 478 y 16. 571, para que los artistas de teatro, radio y televisión pueda|n integrar en la Caja de Previsión de Empleados Particulares las imposiciones que estén adeudando y que deben efectuar de acuerdo con dichas normas. Prorrógase, asimismo, por igual tiempo, el plazo para que puedan acogerse a jubilación;

La ley Nº 15. 829, para que las Municipalidades del país puedan transferir a sus actuales ocupantes los terrenos de su propiedad en los cuales aquéllos hubieren construido viviendas, en la forma y condiciones que en dicho cuerpo legal se establecen;

h) La ley Nº 16. 274, o para solicitar las rectificaciones que procedieren en virtud de las modificaciones introducidas a dicha ley;

i) El artículo 5º transitorio de la ley Nº 16. 466, y

j) Los artículos 83, inciso final, y 137 de la ley Nº 16. 617, debiendo ser aplicadas las normas de este último por todas las Cajas de Previsión.

II. Concédese un plazo de 180 días, contado desde la fecha de publicación del presente ley, para que:

Los secretarios de los parlamentarios opten entre ser imponentes de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas o mantener su afiliación en la Caja de Empleados Particulares;

El Presidente de la República procederá a dictar las normas necesarias para el otorgamiento del beneficio de desahucio para los funcionarios semifiscales que actualmente carecen de este derecho, sin otra limi

a) tación que la de establecer que se concederá este beneficio con un máximo de 24 meses y de que se calculará sobre el monto de las rentas imponibles de dichos funcionarios;

La Dirección de Educación Primaria y Normal, conjuntamente con el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, proceda a llamar a cursos de regularización a los profesores de las Escuelas Normales que no posean título especial o cursos necesarios para desempeñar en propiedad el cargo que a la fecha sirven, dejándose sin efecto los Concursos llamados por Circular Nº 85 de la Dirección de Educación Primaria y Normal en el presente año;

Los expedientes de jubilación o rejubilación pendientes a la fecha de publicación de la presente ley sean despachados, y

El personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Prisiones que por accidente o a consecuencia de actos del servicio hubiera sido declarado con invalidez de segunda cíase o absoluta por la Comisión Médica correspondiente, y no haya impetrado los beneficios legales y reglamentarios por prescripción de los plazos legales pueda acogerse a ellos.

III. Amplíanse, prorróganse o establécense los plazos que a continuación se indican:

Amplíase los efectos de la ley Nº 16. 260 a los nacidos hasta el 31 de diciembre de 1948;

Amplíase en dos años los plazos establecidos en los incisos primero y último del artículo 295 de la ley Nº 16. 640;

Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1973 el plazo de cinco años establecido en el artículo 3º del D. F. L. Nº 375, de 1953, prorrogado por el artículo 2º de la ley Nº 12, 992, y

Prorrógase la vigencia de las disposiciones sobre rentas de arrendamiento contenidas en la ley Nº 16. 273, hasta el 31 de diciembre de 1968.

Durante el año 1968 las rentas de arrendamiento de las propiedades sometidas a las disposiciones de la ley Nº 9. 135, serán las que regían al 31 de diciembre de 1967.

Los arrendatarios de las construcciones sometidas a esta última ley, y que se encuentren al día en el pago de sus rentas, gozarán de los plazos establecidos en el artículo 12 de la ley Nº 11. 622, y en el artículo 2º de la ley Nº 16. 273, modificado por el artículo 29 de la ley Nº 16. 451.

Artículo 143. El personal semifiscal que haya estado alejado del. servicio con permiso sin goce de remuneraciones, podrá efectuar las imposiciones que le correspondan, tanto de su cargo como las que lo sean del Fisco y otro organismo en el cual sirva o haya servido, dentro del plazo de doce meses, contado desde la fecha del término del permiso y mediante el descuento por planillas.

Artículo 144. El personal de la Planta de Empleos del Departamento de Tracción y Maestranzas de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, que cuente con 30 o más años computables para su jubilación, podrá ocupar los cargos flotantes creados por el D. F. L. Nº 5. 739, de 15 de diciembre de 1965.

Artículo 145. Establécense las siguientes normas sobre jornadas de trabajo de los trabajadores que se indican:

1) Fíjanse en seis horas diarias consecutivas, con una limitación de

36 horas semanales, la jornada máxima de trabajo de maquinistas, fogoneros o yudantes de trenes de pasajeros de los Ferrocarriles del Estado. La jornada de los mismos personales de trenes de carga, será de ocho horas diarias consecutivas, con una limitación de 43 horas semanales.

Estas disposiciones regirán también para los Ferrocarriles de Administración Autónoma de Arica e Iquique.

El personal de operadores, perforadores y supervisores del sistema mecanizado de Contabilidad o Estadística de la Empresa de Comercio Agrícola, tendrán una jornada de trabajo igual a la que tienen funcionarios similares de la Administración Pública.

Declárase que el horario de trabajo de los Inspectores a que se refiere el artículo 19 de la ley Nº 15. 263, de 12 de septiembre de 1963, será de 18 horas semanales.

Las remuneraciones correspondientes a jornadas de trabajo de días domingos, festivos o nocturnas, entre las 21 y las 8 horas, de los personales de las Empresas Telefónicas y de Telecomunicaciones, se cancelarán con el 50% de recargo.

Artículo 146. Facúltase al Servicio de Seguro Social para vender a la Asociación de Jubilados y Pensionados del Servicio de Seguro Social de Tocopilla, personalidad jurídica Nº 2. 342, el local Nº 3 del Pabellón Oriente del Colectivo Carlos Condell de la ciudad de Tocopilla.

La mencionada Asociación deberá destinar el local a sede social de la misma, .

El precio de la transferencia será el monto del avalúo fiscal y deberá ser cancelado en un plazo no superior a ocho años, en cuotas iguales, y con interés del 6% anual.

Artículo 147. Sustitúyese el inciso tercero del artículo 37 de la ley Nº 16. 250, de 21 de abril de 1965, por el siguiente:

"El ingreso a que se refiere esta disposición lo destinará la Caja exclusivamente a los fines indicados en el inciso primero de este artículo y en el artículo 26 de la ley Nº 11. 219, incluyendo los fondos acumulados actualmente. ".

Artículo 148. Declárase que para los efectos del artículo 8º de la ley Nº 10. 475, de 8 de septiembre de 1952, la frase "remuneraciones imponibles afectas al Fondo de Retiro y percibidas en los sesenta meses que preceden el momento de otorgar el beneficio", se refiere, también, a las imposiciones efectuadas por períodos de desafiliación hechas en ese lapso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4º de la ley Nº 10. 986, de 5 de noviembre de 1952.

Artículo 149. Desde el 1º de enero de 1969 quedarán suprimidos en la Administración Pública y Servicios Descentralizados todos los cargos a honorarios o cualquier otro sistema de remuneración similar y sólo podrán seguir en servicio los funcionarios que pertenezcan a las respectivas plantas.

Lo dispuesto en este artículo no regirá para las Universidades del

Estado.

Artículo 150. Los derechos a la jubilación y demás beneficios previsionales son imprescriptibles. Déjanse sin efecto los plazos o limitaciones que coarten su ejercicio.

Artículo 151. Las personas que hayan jubilado bajo el régimen de la Caja de Previsión de Empleados Particulares por antigüedad o invalidez no podrán ganar una cantidad inferior a un sueldo vital de la escala a) del departamento de Santiago.

Artículo 152. Reemplazase el artículo 213 de la ley Nº 13. 305, por el siguiente:

"En los casos de atraso por parte del empleador en el pago de las imposiciones de previsión, éstas se reputarán pagadas en la respectiva institución para los efectos de que los empleados y obreros mantengan su pleno derecho a los beneficios de jubilación, atención médica, pago de subsidios y préstamos personales e hipotecarios, de acuerdo con las respectivas leyes orgánicas. ".

Articula 153. Reemplázase en el inciso sexto del artículo 53 de la ley Nº 16. 250, la frase "quedará a favor de la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile", por la siguiente: "le será devuelta al interesado, en su caso. ".

Artículo 154. Reemplázanse los artículos 1º y 2º de la ley Nº 6. 686, de 13 de noviembre de 1940, por los siguientes:

"Artículo 1° Desde la promulgación de la presente ley, los empleados y obreros de los ferrocarriles particulares que hubieren servido en ellos un año completo y quedaren cesantes por causa que no sea debido a mal comportamiento establecido por los Tribunales del Trabajo, tendrán derecho a una indemnización, de cargo de sus empleadores o patrones, equivalente a un mes de sueldo o salario, según corresponda, de que disfruten al tiempo de la cesantía, por cada año de servicios, considerándose como año completo las fracciones superiores a seis meses. ".

"Artículo 2º Los empleados y obreros a que se refiere el artículo anterior, que a la fecha de promulgación de la presente ley hubieren servido a un mismo empleador o a su continuador legal, tendrán derecho a la indemnización correspondiente a la totalidad de los años servidos, con anterioridad a dicha fecha. ".

"Artículo 3° En caso de fallecimiento del empleado u obrero, tendrán derecho a percibir la indemnización por años de servicios el cónyuge sobreviviente e hijos menores legítimos, naturales, adoptivos e ilegítimos. En caso de que el dependiente fallecido no tenga cónyuge sobreviviviente ni hijos de cualquiera edad, percibirán la indemnización por años de servicios sus ascendientes legítimos o ilegítimos. ".

Artículo 155. Reconócese en favor de las personas que hayan sido, o sean en el futuro, agraciadas con el Premio Nacional de Ciencias, Arte, Literatura o Periodismo, en cualesquiera de sus ramas o especialidades, el derecho a una pensión mensual vitalicia equivalente a tres sueldos vitales, escala a), del departamento de Santiago. Esta pensión será incompatible con cualquier otra derivada de la aplicación de leyes generales o especiales de previsión.

Reconócese, asimismo, a las viudas de las personas mencionadas en el inciso anterior, el derecho a un montepío vitalicio equivalente a dos sueldos vitales, escala a), del departamento de Santiago. Este montepío será incompatible con cualquiera otro derivado de la aplicación de leyes generales o especiales de previsión.

Si las personas a que se refieren los incisos anteriores disfrutan a la fecha de vigencia de esta ley de pensiones de jubilación o de montepío inferiores a los montos señalados precedentemente, será de cargo fiscal, sólo la diferencia correspondiente y la Caja de Previsión respectiva continuará pagando la pensión en la forma estipulada en los incisos primero y segundo, según sea el caso.

Lo dispuesto en este artículo no regirá si el beneficiario obtiene rentas propias iguales o superiores a las que tendría derecho a percibir en virtud de este artículo.

Solamente serán de exclusivo cargo fiscal las pensiones que se otorguen en virtud de este artículo, en favor de aquellas personas que no gocen de jubilación ni montepío.

Artículo 156. Será aplicable a los obreros municipales de las provincias de Aisén y Magallanes lo dispuesto en el artículo 45 de la ley Nº 11. 219, Orgánica de la Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la República.

Los empleados y obreros de la Municipalidad de Las Condes que desempeñen funciones permanentes o transitorias en el Centro de Ski de Farellones, tendrán derecho al goce de viáticos, cuyo monto será fijado por el Alcalde en relación al tiempo y a la naturaleza de las funciones, y no podrá ser superior al establecido en el artículo 37 de la ley Nº 11. 469, sobre Estatuto de los Empleados Municipales de la República.

Artículo 157. Agrégase al artículo 63 de la ley Nº 10. 343, modificada por el artículo 18 de la ley Nº 15. 386, el siguiente inciso:

"Los pensionados de las Municipalidades y los empleados municipales que se acojan a jubilación en el futuro, que reúnan los requisitos señalados en el inciso primero, tendrán derecho al beneficio establecido en este artículo. ".

Artículo 158. En el artículo 212 de la ley Nº 16. 217, reemplázase por una coma (, ) la letra "y" que existe entre las frases "Asociación de Enseñanza industrial, Minera y Agrícola" y "Asociación Técnica Comercial", y agrégase después de esta última palabra, la siguiente frase: "y Asociación de Empleados Municipales Jubilados de la República".

Artículo 159. La Corporación de la Vivienda deberá construir o reparar a su costa, las viviendas que hubiere enajenado en el departamento de Tocopilla y que sufrieron daños con ocasión del sismo.

Artículo 160. Los deudos de los trabajadores que en el año 1967 falleciesen por hechos ocurridos durante o con ocasión de su trabajo y que provoquen la muerte o desaparecimiento de 20 o más dependientes, tendrán los derechos que establece esta ley.

Percibirá una indemnización de Eº 5. 000 la cónyuge sobreviviente y de Eº 2. 000 cada uno de ios hijos legítimos, naturales, adoptivos y simplemente ilegítimos que vivían a expensas del trabajador fallecido, siempre que sean menores de 18 años. Asimismo, tendrán derecho a esta indemnización los hijos inválidos de cualquiera edad y los que sigan estudios regulares secundarios, técnicos o universitarios hasta los 23 años.

Esta indemnización será de cargo de la institución de previsión a que estaba afiliado el trabajador fallecido.

La cónyuge sobreviviente tendrá derecho a una pensión mensual de

un monto equivalente al 50% del promedio de las remuneraciones o rentas, sujetas a cotización, percibidas por el causante en los últimos seis meses inmediatamente anteriores al hecho que produce la pensión; pero cesará su derecho si contrajere nuevas nupcias.

Igual beneficio tendrá, y en las mismas condiciones, la madre de los hijos naturales del causante, soltera o viuda, que hubiere estado viviendo con y a expensas de éste hasta el momento de su muerte.

Cada uno de los hijos legítimos, naturales, adoptivos, y simplemente ilegítimos que vivían, a expensas del trabajador fallecido, siempre que sean menores de 18 años, los hijos inválidos de cualquiera edad y los que sigan estudios regúlales secundarios, técnicos o universitarios, hasta los 23 años, tendrán derecho a percibir una pensión de un monto equivalente al 20% del promedio de las remuneraciones o rentas sujetas a cotización, percibidas por el causante en los últimos seis meses inmediatamente anteriores al hecho que produce la pensión.

A falta de las personas designadas en esta disposición, los padres del causante que al tiempo del fallecimiento causaban asignación familiar tendrán derecho a una pensión del mismo monto señalado en el inciso anterior.

Si los hijos del causante carecieren de madre, el monto de la pensión que les corresponda será aumentado en un 50%.

En este caso, las pensiones podrán ser entregadas a las personas o instituciones que los tengan a su cargo, en las condiciones que determine el Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en los dos incisos anteriores.

En ningún caso las pensiones por supervivencia podrán exceder, en su conjunto, por un mismo causante, del total del promedio de las remuneraciones o rentas, sujetas a cotización, que éste hubiere percibido en los seis meses inmediatamente anteriores al hecho que produjo la pensión.

Las reducciones que resulten de la aplicación del máximo señalado en el inciso anterior se harán a cada beneficiario a prorrata de sus respectivas cuotas, las que acrecerán también, proporcionalmente, dentro de los límites respectivos, a medida que alguno de los beneficiarios deje de tener derecho a pensión o fallezca.

Artículo 161. Las pensiones que establece el artículo anterior serán de cargo de la. institución de previsión que corresponda según las leyes generales e incompatibles con las que contemplan los diversos regímenes previsionales. No obstante, los beneficiarios tendrán derecho a optar entre aquéllas y éstas en el momento en que se les haga el llamamiento legal.

No regirá la incompatibilidad establecida en el inciso anterior cuando, sumado el monto de las pensiones, éstas no excedan la cantidad equivalente a dos sueldos vitales mensuales, escala a), del departamento de Santiago.

Las pensiones que establece el artículo anterior serán reajustadas anualmente de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor fijado por la Dirección de Estadística y Censos.

Artículo 162. La Corporación de la Vivienda transferirá, gratuitamente, sin gastos ni impuestos, una vivienda definitiva a los deudos

de los trabajadores a que se refiere el artículo 160, en el siguiente orden exclusivo y excluyente:

A la cónyuge sobreviviente e hijos legítimos, adoptivos y naturales del causante, siempre que sean menores de 18 años, o inválidos de cualquiera edad y hasta los 23 años cuando sigan estudios regulares secundarios, técnicos o universitarios, en la proporción de un 50% para ella y de un 50% para los demás por partes iguales. Si faltare la cónyuge o los hijos, corresponderá la totalidad a una u otros, según sea el caso, y

A los hijos ilegítimos, en las mismas condiciones expresadas en la letra anterior, que vivían a expresas del causante y a los padres que les causaban asignación familiar, por partes iguales. En caso de faltar unos u otros, se aplicará la misma norma de la letra a).

La vivienda no podrá tener un valor superior a 7. 000 cuotas de ahorro de la Corporación referida, será inembargable, no podrá gravarse ni enajenarse mientras haya algún incapaz entre los asignatarios y estará ubicada en el lugar que solicite el beneficiario.

Sin embargo, las viviendas se concederán de acuerdo al programa de construcciones de la mencionada institución, la que dará prioridad a los asignatarios a que se refiere este artículo para las adjudicaciones correspondientes.

La donación no estará sujeta al trámite de insinuación.

Artículo 163. Los empleadores o patrones de las empresas en que trabajaban los empleados y obreros a que se refiere el artículo 160, deberán pagar a la institución de previsión a que éstos estaban afiliados una imposición de 4, 5% si en los hechos fallecieren más de 20 y menos de 30 personas, por 6 meses, y de 16, 5% por 2 años, si los fallecidos son más de 30, de las remuneraciones totales que paguen.

Los recursos a que se refiere el inciso anterior deberán ser entregados por la institución que los perciba al o a los organismos que paguen las indemnizaciones establecidas en el artículo 160, hasta por el monto de éstas y a la Corporación de la Vivienda, hasta por el costo de la casa habitación a que se refiere el artículo anterior.

Los excedentes serán devueltos al empleador o patrón respectivo, en el plazo de 60 días, contado desde la fecha en que se hizo la última imposición establecida por este artículo.

Artículo 164. El gasto y los reajustes de las pensiones que representen los cuatro artículos anteriores, en lo que excedan de lo que corresponde según las leyes generales, se imputarán al ítem de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

TITULO IV

Disposiciones varias.

Artículo 165. Suprímense los siguientes días feriados: 29 de junio, 12 de octubre y las fiestas movibles de la Ascensión del Señor y de Corpus Christi.

Facúltase al Presidente de la República para dictar normas sobre feriados en las actividades educativas en dichas fechas y festividades.

En todo caso, el 12 de octubre conservará su carácter de festividad nacional, que se celebrará en la forma que disponga el Presidente de la República.

Los patrones o empleadores pagarán a sus trabajadores, en dinero efectivo, el valor equivalente al sueldo o salario imponible de los cuatro días feriados que se suprimen en virtud de esta ley, sin perjuicio de las remuneraciones correspondientes al trabajo realizado.

El Presidente de la República dictará en un plazo no superior a 90 días, a contar de la promulgación de la presente ley el Reglamento correspondiente.

Artículo 166. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto supremo Nº 313, de 30 de abril de 1956, Estatuto de los Trabajadores del Cobre, modificado por la ley Nº 16. 425, de 25 de enero de 1966:

Suprímase la frase que dice "por día trabajado", en el artículo 47;

Agréganse al artículo 47 los siguientes incisos:

"Para estos efectos se entenderán como efectivamente trabajados los días en que el trabajador haya estado ausente de sus labores por encontrarse sometido a medicina preventiva, curativa o imposibilitado para laborar por razón de accidente del trabajo o enfermedad profesional. El tiempo no trabajado por estas causas se entenderá remunerado con el sueldo o salario base que le habría correspondido percibir al trabajador si hubiera efectivamente trabajado.

Además, se entenderán como efectivamente trabajados los días correspondientes a feriado legal y/o permiso pagado.

Cuando el obrero haya tenido derecho al pago de las semanas corridas correspondientes a domingos y festivos, estos días se considerarán también como efectivamente trabajados. ";

Sustityúyese en el artículo 48, la frase final "a que pertenezca", por la siguiente: "respectivo del centro de trabajo en que preste sus servicios".

Agrégase el siguiente artículo nuevo:

"Artículo... Las Empresas de la Gran Minería del Cobra estarán obligadas a ingresar a los roles de pago de carácter permanente, a los trabajadores que laboran actualmente en trabajos de producción y que tienen contratos temporales. Para los efectos anteriores se consideran trabajos de producción a todos aquellos que estén directamente relacionados con la extracción y elaboración del mineral, que se realizan en forma permanente y durante todas las épocas del año.

La Corporación del Cobre resolverá, en caso de duda, cuáles serán los trabajos considerados de producción y fiscalizará su exacto cumplimiento. ".

Artículo 167. Declárase que las empresas acogidas o que se acojan a las disposiciones de la ley Nº 4. 581 o del artículo 17 de la ley Nº 7. 747, del D. F. L. Nº 258, de 1960; del D. F. L. Nº 331, de 1953, que hayan impetrado o que impetren franquicias aduaneras o tributarias contempladas en otras leyes deberán repartir entre sus empleados y obreros un 10% de sus utilidades, de conformidad con el artículo 107 de la ley Nº 15. 575.

El porcentaje de participación de utilidades a que se refiere el pre

sente artículo se calculará sobre la utilidad líquida en la misma forma reglamentada para el artículo 107 de la ley Nº 15. 575 y sus modificaciones posteriores.

Las empresas deberán dar cumplimiento a la obligación impuesta en el artículo 107 de la ley Nº 15. 575 y a la establecida en cualquier otra ley en cuanto al reparto del 10% de las utilidades para las empresas de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, dentro del plazo de 90 días siguiente a la presentación de sus balances al Servicio de Impuestos Internos. El incumplimiento de la obligación dentro del plazo señalado será sancionado en la forma establecida en el artículo 90 de la ley Nº 16. (517.

Artículo 168. Agréganse como incisos finales al artículo 10 de la ley Nº 16. 624, los siguientes:

"Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las empressa acogidas al artículo 17 de la ley Nº 7. 747.

Las empresas acogidas a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley Nº 7. 747 no disfrutarán de los beneficios y exenciones aduaneras establecidas en la ley Nº 12. 987 cualquiera que sea la ley que les haya otorgado el derecho a impetrarlo. Asimismo, no les será aplicable lo dispuesto en el D. F. L. Nº 257, de 1980. ".

Artículo 169. Reemplázanse los párrafos cuarto y quinto del artículo 27 de la ley Nº 16. 624 por los siguientes:

"El saldo será girado directamente al Instituto CORFO del Norte y al Consejo de Desarrollo de O'Higgins, para destinarlo en sus 3/4 partes al financiamiento de sus respectivos programas de fomento y progreso social y en la proporción que se establece más adelante. La cuarta parte restante se entregará, asimismo, al Instituto CORFO del Norte para que proceda a distribuirlo entre las Municipalidades de las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, y al Consejo de Desarrollo de O'Higgins para distribuirlo entra las Municipalidades de O'Higgins, en un 20% en partes iguales y el saldo en proporción a los presupuestos ordinarios del año anterior.

Los fondos a que se refiere el inciso anterior, exceptuando aquellos correspondientes a las Municipalidades, los distribuirá la Junta de Adelanto de Arica y el Instituto CORFO del Norte, de manera que corresponda al departamento de Arica un 9%, al Instituto CORFO del Norte un 21%, más los ingresos de Antofagasta y Atacama, que se calcularán en proporción a las producciones de Chuquicamata y El Salvador respectivamente, y, a la provincia de O'Higgins, la proporción que corresponda a la producción de El Teniente. ".

Artículo 170. En el curso de los años 1969, 1970, 1971, 1972 y 1973 se destinará el 80% del uno y medio por ciento de los ingresos de los artículos 26, 27 y 51 de la ley Nº 16. 624, a las necesidades del departamento de Tocopilla, y el 20% restante al departamento de Chañara!.

Las sumas que se obtengan en conformidad al inciso anterior, como, asimismo, aquellas a que se refiere el inciso 2º del artículo 102 de la ley Nº 16. 735, serán puestas a disposición del Instituto CORFO del Norte, el que las invertirá en la ejecución, en esas localidades, de planes de construcción de viviendas; de fomento minero, industria] y agrícola; de obras públicas de infraestructura y de construcción y reconstrucción de obras y edificios municipales.

Para el cumplimiento del plan de construcción de viviendas el Instituto CORITO del Norte podrá celebrar convenios con la Corporación de la Vivienda, y para el plan de obras públicas con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La construcción y reconstrucción de obras y edificios municipales se liará a través de los respectivos municipios y a base de un plan propuesto por los mismos, y que deberá ser aprobado por el Consejo del Instituto CORFO del Norte.

Derógase el inciso segundo del artículo 102 de la ley Nº 16. 735.

Facúltase al instituto CORFO del Norte para contratar empréstitos en organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de que se ejecuten las obras a que se refiere la disposición citada en el inciso anterior.

Artículo 171. Prohíbese el desarme, desguace, desmantelamiento o retiro de instalaciones o maquinarias esenciales para la extracción o beneficio de minerales de cualquiera naturaleza, sean minas, lavaderos, placeres o pampas salitreras, a menos que baya sido autorizado por decreto supremo del Ministerio de Minería, previo informe del Servicio de Minas del Estado.

Las maquinarias, herramientas y demás bienes que de hecho se retiraren de faenas mineras en contravención a lo dispuesto en el inciso precedente caerán en comiso, sin perjuicio de las demás sanciones civiles o penales que contemplen las leyes.

Artículo 172. Los años de servicios discontinuos prestados por todos los trabajadores de la Gran Minería del Cobre serán considerados como años continuos para los efectos de la indemnización que les corresponde percibir por años de servicio.

Cualquier cantidad percibida por el trabajador por concepto de indemnización por años de servicio podrá ser rebajada de la indemnización que le corresponde al término del nuevo contrato de trabajo.

La aplicación del presente artículo en ningún caso podrá lesionar las remuneraciones de los trabajadores, indemnización por años de servicio, ni ninguna regalía que provenga de aiguna disposición legal o convenios colectivos.

Artículo 173. Las escrituras públicas e inscripciones, que otorgan títulos de dominio concedidos por el Estado respecto de viviendas de emergencia o de terrenos, estarán exentas tanto de los derechos notariales y de los Conservadores de Bienes Raíces, como de todo impuesto fiscal.

De la misma exención gozarán las Comunidades Habitacionales constituidas a consecuencia del sismo de 1965, en las zonas afectadas por el mismo, respecto de los actos necesarios para la urbanización de los terrenos y para la adquisición y adjudicación de viviendas a los comuneros.

Artículo 174. Agrégase a continuación del artículo 38 de la ley Nº 15. 564 el siguiente artículo 38 bis:

"Artículo... Estarán igualmente exentos del pago del impuesto de esta categoría los suplementeros que perciban una renta anual inferior a dos sueldos vitales, escala A), del departamento de Santiago, y trabajen con un capital inferior a medio sueldo vital del mismo departamento.

Se entiende por suplementero para estos efectos a la persona que vive exclusivamente del comercio al público de diarios y revistas y otros impresos periódicos.

El Servicio de Impuestos Internos, dentro de los seis meses de vigencia de esta disposición, confeccionará un Registro, en base a las solicitudes que formulen los interesados, de las personas beneficiadas por esta exención, el que será actualizado en el primer trimestre de cada año.

Condonarle los impuestos a la renta, intereses, multas y otros recargos que, a la fecha de la presente ley, adeuden los suplementeros. El Servicio Nacional de impuestos Internos procederá a anular los giros y las órdenes de pago correspondientes. ".

Artículo 175. Las Cooperativas de Servicio de Agua Potable que forme el Servicio Nacional de Salud, gozarán de los descuentos de tarifas eléctricas que señala el artículo 114 del decreto del Ministerio del Interior Nº 2. 060, de 1962.

Artículo 176. Reemplázase en el articulo 38, incisos primero y se, gundo, y artículo 39 del D. F. L. Nº 251, de 1960, los guarismo "Eº 2. 000", por las palabras "tres sueldos vitales anuales, escala A), del departamento de Santiago".

Artículo 177. Introdúcense al Código del Trabajo las siguientes modificaciones:

a) Agrégase al artículo 413, el siguiente inciso segundo:

"No obstante, los Sindicatos podrán establecer en sus reglamentos internos, debidamente aprobados por la Dirección del Trabajo, la extensión de sus beneficios económicos y sociales a los socios que jubilen en la profesión base de la organización, de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias. Los presupuestos anuales deberán contemplar los ítem correspondientes establecidos en el Reglamento. ";

b) Derógase el inciso segundo del artículo 150.

Declárase, interpretando ios artículos 626 del citado Código, 38 de la ley Nº 12. 927, y 171 de la ley Nº 16. 640, que su sentido y alcance es que sólo corresponde a los Interventores, designados de conformidad a esas disposiciones, la representación judicial y extrajudicial de la empresa respectiva, para los efectos de la geslión del giro administrativo ordinario de los negocios o actividades sometidos a intervención.

Se declara que el sentido y alcance del artículo 627 del Código del Trabajo es otorgar a obreros y empleados el derecho a declarar la huelga, no obstante no haya comprobación de haberse llenado las solemnidades y circunstancias exigidas por el Párrafo V del Título II del Libro IV del mencionado Código, por medio de un delegado o representante designado por la Junta Permanente de Conciliación, cuando dicha comprobación no fuera posible por haberse producido empate en la Junta que haga imposible la designación de tal representante o delegado.

Declárase que lo dispuesto en el artículo 368 del Código del Trabajo no es aplicable a los trabajadores de los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), ni a los de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) y, por tanto, queda derogada toda disposición reglamentaria que coarte a dichos trabajadores el derecho a organizarse libremente.

No les será aplicable a los empleados y obreros del Banco del Estado de Chile el artículo 368 del Código del Trabajo, ni el artículo 166 del D. F. L. 338, de 1960.

Establécese que ios dirigentes nacionales de Federaciones de empleados y obreros con personalidad jurídica, gozarán de fuero en conformidad a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo.

Será aplicable a los obreros municipales de la provincia de Magallanes lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 158 del Código del Trabajo.

Artículo 178. Cuando las declaraciones tributarias contengan errores originados en el trabajo profesional del Contador que ha tenido a su cargo el estudio o preparación de los antecedentes respectivos, la Dirección de Impuestos Internos, de oficio o a petición de parte, o directamente de la persona afectada, pondrá los antecedentes en conocimiento del Colegio de Contadores, con el fin de que se apliquen al profesional las sanciones que correspondan. El oficio de Impuestos Internos o la correspondiente denuncia servirán de auto cabeza de la investigación o sumario que deberá entablarse por el referido Colegio.

Artículo 179. Autorízase a la Dirección del Registro Civil e Identificación para otorgar por una sola vez a los damnificados por el incendio de la población Gómez Carreño, de Viña del Mar, los carnets de identidad, libretas de familia y documentos que acrediten la identidad del damnificado, su cónyuge e hijos, gratuitamente exentos de todo impuesto o gravamen.

La calidad de damnificados deberá acreditarse por un certificado del Intendente de la provincia de Valparaíso y el Director del Registro Civil e Identificación determinará cómo se otorgará este beneficio.

Artículo 180. Aclárase el artículo 2º de la ley Nº 16. 568, en el sentido de que sus disposiciones se aplican a préstamos de electrificación rural financiados en virtud del convenio celebrado entre la Corporación de Fomento de la Producción y la Agencia Internacional de Desarrollo, de fecha 5 de marzo de 1965. En consecuencia, sus disposiciones se aplican a los préstamos que la Corporación de Fomento de la Producción otorgue a las cooperativas de electrificación rural, operando con créditos concedidos por la Agencia Internacional de Desarrollo, y que éstas destinen en todo o parte a la electrificación de predios de pequeños agricultores. La limitación de reajustabilidad e interés afecta a la Corporación dé Fomento y a las cooperativas y se aplicará a todos los préstamos otorgados en favor de los pequeños agricultores definidos en el artículo 2º de la ley Nº 16. 568, aunque los recursos que lo financien sean ajenos a los aportados por la Agencia Internacional de Desarrollo.

Artículo 181. Reemplázase el inciso cuarto del artículo 3º del D. F. L. Nº 223, de 1953, por el siguiente:

"Esta Junta podrá hacerse representar ante el Consejo Superior de "FAMAE" con aprobación de éste, por dos de sus miembros, uno de los empleados y otro de los obreros, con derecho a voz y a voto. ".

Artículo 182. Autorízase a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para otorgar anualmente un pase libre de ida y regreso entre Pueblo Hundido, Puerto Montt y ramales, a las viudas e hijos menores del personal ferroviario fallecido en actos del servicio, en las mismas condiciones establecidas para el personal de jubilados de dicha Empresa.

Artículo 183. El Poder Judicial y todos los Servicios o institucio

nes públicas que por ley tengan derecho a que a sus personales la Empresa de Transportes Colectivos del Estado les otorgue Pases Libres o Abonos, deberán incluir en sus respectivos Presupuestos el ítem necesario para su cancelación.

Artículo 184. Facúltase a la Municipalidad de Rengo para efectuar aportes o suscribir acciones de sociedades industriales o de transporte, por acuerdo de los dos tercios de los Regidores, sobre la base dé los ingresos ordinarios o extraordinarios que leyes especiales le otorguen.

Artículo 185. Modícase el artículo 18, letra b), de la ley N° 15. 720, en la siguiente forma:

"Intercálase entre las palabras "Alcalde" y "que" la frase "quien podrá delegar en un funcionario de la Municipalidad respectiva".

Artículo 186. Facúltase al Presidente de la República para modificar por una sola vez la Ordenanza General del Tránsito, actualmente vigente, previo informe de la Subsecretaría de Transportes.

Artículo 187. Decláranse legalmente importados los automóviles para el alquiler de taxistas de la ciudad de Los Andes, traídos al país para cubrir las necesidades del Campeonato Mundial de Ski, en operaciones cursadas por el Banco Central de Chile, en el año 1966, acogidos a las franquicias del artículo 1º transitorio de la ley Nº 16. 426.

Dichos vehículos serán desaduanados y entregados a sus primitivos asignatarios en los respectivos registros de importación, aun cuando pudieron no haber reunido los requisitos del artículo 3º transitorio de la expresada ley, siempre que al 4 de febrero de 1966 hubiesen tenido patente de alquiler registrada en la comuna de Los Andes o hubiesen trabajado como taxistas en representación de sus familias, por lo menos durante cinco años con anterioridad a la fecha mencionada.

Los vehículos motorizados que hubieren ingresado al país al amparo de franquicias o decretos de liberación, cuyo uso o libramiento motivó procesos de fraudes aduaneros o contrabandos, siempre que tales vehículos hubieren sido incautados o retenidos por la autoridad con anterioridad al 31 de diciembre de 1967, podrán ser internados legalmente mediante el pago de los derechos e impuestos aduaneros que correspondan vigentes a la fecha en que se solicite su retiro de la Aduana. Para las importaciones que se autorizan en este inciso no regirán las prohibiciones, y limitaciones, restricciones o depósitos que pudieren corresponder.

Sólo podrán acogerse al beneficio referido dentro del plazo de 120 días, a contar de la publicación de la presente ley, las personas que acrediten ser dueños de los vehículos, o sus apoderados o el poseedor. Se presumirá el hecho de la posesión respecto de la persona, a cuyo nombre esté extendida la respectiva acta de retención o incautación.

Si recayere sentencia condenatoria en virtud de los mismos hechos que causaron la incautación o el proceso criminal, la pena que afecte a los procesados será de una multa no inferior a dos veces el valor del vehículo según se encuentre establecido en el respectivo documento de despacho de ingreso al país de la especie y no habrá pena de comiso.

El producto total de los derechos e impuestos y multas aplicados en conformidad a los tres incisos anteriores será puesto a disposición de la Dirección de Turismo, que deberá destinarlo a los gastos que demande

la realización en nuestro país del Segundo Congreso HispanoLusoAmericanoFilipino de Turismo, y a sus plenas de fomento.

En todos los casos a que se refieren los cuatro incisos finales de este artículo, no habrá derecho a galardón de los denunciantes y aprehensores.

Artículo 188. El Colegio de Contadores podrá permitir que en el plazo de 180 días, contado desde la promulgación de la presente ley en el Diario Oficial, puedan inscribirse en los Registros del Colegio de Contadores todos los egresados hasta el año 1955 de los Institutos Comerciales fiscales del país y que estén en posesión de algunos de estos títulos: ContadorSecretario o ContadorAgente, extendidos por el Ministerio de Educación Pública; y, además, acrediten fehacientemente, mediante certificado oficial de la respectiva empresa o industria en que laboran, estar ejerciendo por lo menos durante cinco años, labores específicamente contables.

Artículo 189. Sustitúyese el artículo 5º transitorio de la ley Nº 16. 585, de fecha 12 de diciembre de 1966, por el siguiente:

"Artículo 5° Autorízase a la Universidad de Chile para contratar con el Banco del Estado de Chile empréstitos hasta por la suma de Eº 1. 400. 000, reajustables en la forma dispuesta en el decreto Nº 40, publicado en el Diario Oficial de 20 de enero de 1967, amortizables en un plazo no superior a 15 años, con un interés de hasta un nueve por ciento anual, para construir dependencias para la enseñanza, investigación y atención de urgencia en el Instituto de Neurocirugía e Investigaciones Cerebrales.

Para los efectos del plazo de amortización a que se refiere el inciso anterior, no regirán las restricciones o prohibiciones contenidas en la ley Orgánica o en los Reglamentos por los cuales se rige el Banco del Estado de Chile.

El gasto que demande este empréstito se cancelará con cargo al artículo 89 de la ley Nº 15. 565, que concede fondos al Instituto de Neurocirugía.

El proyecto de construcciones deberá contar con la aprobación del Director General del Servicio Nacional de Salud. ".

Artículo 190. Modifícase el artículo 13, letra b), de la ley N? 15. 676, que modificó el artículo 7? de la ley Nº 13. 039, reemplazando su texto por el siguiente:

"El 3, 5% de los ingresos que obtenga la Junta de Adelanto de Arica deberá destinarlo a la adquisición de acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, que deberá invertilo en el departamento de Arica.

Autorízase a la Junta de Adelanto de Arica para aportar al Ministerio de Educación Pública un 1, 5% de los ingresos legales, con el fin de ser invertidos en programas de fomento a la educación en el departamento de Arica. Para este efecto se suscribirán convenios entre la Junta y el Ministerio de Educación Pública.

Artículo 191. Agrégase al artículo 79 del D. F. L. Nº 2, de 1959, cuyo texto definitivo fue fijado por el decreto supremo Nº 1. 101 del

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de fecha 3 de julio de 1960, el siguiente inciso nuevo:

Igualmente la Corporación de la Vivienda y la Corporación de Servicios Habitacionales, podrán transferir a las instituciones correspondientes con imputación a los fondos a que se refiere el artículo anterior los créditos otorgados a imponentes de dichas instituciones, en la forma que determine el Reglamento.

Artículo 192. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16. 742:

a) Reemplázase el artículo 70, por el siguiente:

"Artículo 70. Prescribirán en seis meses todas las acciones que los contratistas de la Corporación de la Vivienda, de la Corporación de Servicios Habitacionales, de la Corporación de Mejoramiento Urbano, de la Corporación de Obras Urbanas y de la Empresa de Agua Potable de Santiago, puedan ejercitar en contra de las referidas Corporaciones y Empresas con motivo de cualquier acto o contrato celebrado con ellas. El plazo para ejercer las acciones se contará desde la recepción provisoria que haga la Corporación o Empresa de las obras respectivas. ";

b) Reemplázase el artículo 69, por el siguiente:

"Artículo 69. Se declaran absolutamente inembargables y no susceptibles de medida precautoria alguna, todos los bienes, fondos, derechos y acciones, de cualquiera naturaleza que sean, que formen parte del patrimonio de la Corporación de la Vivienda, Corporación de Servicios Habitacionales, Corporación de Mejoramiento Urbano, Corporación de Obras Urbanas y Empresa de Agua Potable de Santiago.

Esta inembargabilidad no regirá respecto de los créditos garantizados con hipoteca, prenda, gravamen o prohibición, constituidos con autorización de las mismas Corporaciones o Empresas.

La ejecución de toda sentencia que condena a las instituciones señaladas en el inciso primero al pago de cualquier prestación, se llevará a efecto expidiendo el Presidente de la República el respectivo decreto. Para ello, ejecutoriada que sea la sentencia, el Tribunal remitirá al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo copias autorizadas de las sentencias de primera y segunda instancia con certificado de encontrarse a firme.

En el decreto respectivo que ordene a la institución cumplir la sentencia, se creará o señalará el ítem contra el cual habrá de girarse, el que en todo caso se considerará excedible hasta la suma que se ordene pagar.

Artículo 193. Las instituciones fiscales, semifiscales, o de administración autónoma, retendrán de los pagos que efectúan, en conformidad a propuestas públicas, las sumas correspondientes a imposiciones del personal contratado por los contratistas favorecidos con dichas propuestas. Estas imposiciones se depositarán directamente por la institución recaudadora dentro del plazo de 30 días, contado desde su percepción en la institucional previsional a que pertenezca el empleado u obrero, para cuyo efecto en los respectivos estados de pago se individualizará al personal contratado con indicación de la Caja de Previsión en que deba efectuársele las imposiciones. El Presidente de la República, dentro del plazo de 180 días de publicada esta ley, reglamentará la aplicación de este artículo.

Artículo 194. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16. 391:

a) Agrégase al artículo 5º, el siguiente inciso final:

"Las normas, instrucciones y resoluciones que se impartan por el Ministro de la Vivienda y Urbanismo, el Subsecretario y el Director General de Planificación y Presupuesto, según corresponda, a las instituciones a que se refieren las letras a), b), c), d), e) y h) del inciso anterior, serán de carácter obligatorio para dichas instituciones y los Jefes Superiores de ellas serán responsables de su cumplimiento. ";

b) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 55:

"Lo dispuesto en el inciso precedente, podrá aplicarse en el caso de los ocupantes de sitios ubicados en la comuna de Curanilahue, provincia de Arauco. ";

c) Agrégase, después del último inciso del artículo 50, el siguiente:

"Lo dispuesto en el inciso precedente, podrá aplicarse en el caso de los actuales ocupantes de sitios ubicados en la comuna de Curanilahue, provincia de Arauco. ".

Artículo 195. Suprímese la Secretaría Técnica y de Coordinación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y el cargo de Secretario General Técnico del mismo Ministerio.

Las funciones y atribuciones de la Secretaría Técnica y de Coordinación y del Secretario General Técnico se distribuirán entre la Dirección General de Planificación y Presupuesto y la Subsecretaría del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de acuerdo a las normas que determine el Presidente de la República.

Las personas que con motivo de la aplicación de esta ley pierdan su empleo u ocupación y que tengan derecho a jubilar por servicios prestados en otras instituciones, tendrán derecho a jubilar en la última institución en que presten servicios, cualquiera que sea el período de imposiciones que tengan en ésta.

Artículo 196. Facúltase a la Empresa de Comercio Agrícola para que, a petición expresa del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y previo Decreto Supremo, pague a los obreros matarifes que corresponda una indemnización equivalente a los salarios no devengados y sus correspondientes imposiciones, como consecuencia de los períodos de veda de matanza de vacunos que se establezca por la autoridad competente.

El o los Decretos Supremos del caso, fijarán el monto, procedimiento, lugar y oportunidad de dichos pagos.

Artículo 197. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 56 de la Ordenanza General de Aduanas:

"Los egresados de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Chile, especialidad Administración Aduanera, quedarán eximidos de dicho examen de eficiencia. ".

Artículo 198. El Servicio de Tesorerías pagará los capitales nominales correspondientes a los censos redimidos en arcas fiscales en virtud de las leyes de 24 de septiembre y 21 de octubre de 1865 y 11 de agosto de 1869, a los actuales censualistas o patronos, en mérito a nóminas que

deberá proporcionarle oportunamente la Contraloría General de la República y con cargo al ítem 08/01/01/017 que será excedible hasta el monto de dichos capitales.

La cantidad que quede sin invertir al 31 de diciembre de 1968, se traspasará a una cuenta especial de depósito, con cargo a la cual se cancelarán en el año 1969 los capitales no reclamados en el año 1968.

La obligación del Fisco de pagar el capital nominal prescribirá en el plazo que vence el 31 de diciembre de 1969. En la fecha indicada se cerrará la cuenta especial de depósito abierta al efecto y el saldo no cobrado pasará a rentas generales de la. Nación.

Declárase extinguida, a contar desde el 1º de enero de 1968, la obligación del Fisco de pagar los réditos correspondientes a los censos redimidos en arcas fiscales a que se refiere el inciso primero de este artículo.

La acción del censualista para cobrar los réditos devengados hasta el 31 de diciembre de 1967, prescribirá en el plazo que vencerá el 31 de diciembre de 1969, a menos que estuviere prescrita o prescribiere antes de esta fecha en virtud de lo dispuesto en el artículo 2. 042 del Código Civil. Este plazo especial de prescripción sólo se aplicará a censos redimidos en arcas fiscales a que se refiere la presente disposición.

Artículo 199. Declárase que la facultad conferida al Presidente de la República, por el artículo 10 transitorio de la ley Nº 16. 640, para dictar el Reglamento Orgánico del Servicio Agrícola y Ganadero, lo autoriza para establecer normas tendientes a armonizar y sistematizar las disposiciones legales de la ex Dirección de Agricultura y Pesca, actualmente vigentes, y las de la ley Nº 16. 640, que crearon el Servicio Agrícola y Ganadero. Asimismo, en ejercicio de dicha facultad, el Presidente de la República podrá fijar las normas necesarias para la organización y funcionamiento de este nuevo Servicio, debiendo respetar, en ambos casos, los objetivos y finalidades señalados por la ley Nº 16. 640. El plazo a que se refiere el artículo 10 transitorio, antes citado, comenzará a regir a contar de la fecha de publicación de la presente ley.

Artículo 200. Declárase que lo dispuesto en el inciso primero del artículo 10 de la ley Nº 16. 455, de 6 de abril de 1966, son aplicables a los miembros de planta y suplentes, representantes de los trabajadores, de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Artículo 201. Autorízase al Presidente de la República para modificar el Código Sanitario, D. F. L. Nº 725, en lo que se refiere a las profesiones de Químico Farmacéutico y Bioquímico, en un plazo no superior a noventa días contado desde la promulgación de la presente ley.

Declárase que el inciso primero del artículo 113 del Código Sanitario, se refiere a diagnósticos, pronósticos y tratamientos médicos y no limita actuaciones de la misma naturaleza propios de otras profesiones y necesarios para el cumplimiento de sus respectivas finalidades.

Derógase el inciso segundo del mismo artículo 113 del Código Sanitario.

Reemplázase, en el inciso tercero del mismo artículo 113, la expresión "los incisos anteriores" por "el inciso anterior".

Artículo 202. Entre sus funciones de fomento de la recreación, la

Dirección de Deportes del Estado podrá otorgar subsidios a la Asociación de Boy Scouts de Chile y a la de Girl Guides.

Artículo 203. Autorízase al Tesorero General de la República para que, en representación del Fisco, transfiera a la Corporación de Fomento de la Producción, a título gratuito, todas las acciones y derechos que el Fisco posee en la Compañía Pesquera Taltal S. A., quedando facultado para ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos destinados al efecto.

Artículo 204. Los Inspectores de la Dirección General del Trabajo, Servicio de Seguro Social y Cajas de Previsión deberán entregar copia del acta de las inspecciones que efectúen, al Presidente o Secretario del Sindicato de obreros o empleados o al delegado del personal en su caso.

Artículo 205. Modifícase la letra a) del artículo 26 de la ley Nº 16. 624, agregando el siguiente párrafo: "y aquellos caminos de penetración y desarrollo minero que recomienden las Juntas Departamentales de Caminos. ".

Artículo 206. Déjanse sin efecto los sumarios administrativos incoados en contra de los obreros o empleados del sector público o privado con motivo de movimientos gremiales llevados a efecto con anterioridad a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Asimismo, déjanse sin efecto las sanciones que se hubieren aplicado con motivo de dichos sumarios, y el personal de los diversos servicios que hayan adherido a tales movimientos o paros gremiales, no será perjudicado en su calificación y, en todo caso, para cualquier efecto legal, regirá la última calificación del año 1966.

No procederá el descuento de sueldos o salarios por los días no trabajados.

Concédese amnistía a las personas que hayan sido condenadas o que se encuentren actualmente procesadas por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, cuando el proceso se hubiere iniciado con ocasión de movimientos gremiales generales por peticiones de orden económico.

Artículo 207. Reemplázase el inciso primero del artículo 83 de la ley Nº 16. 744, por el siguiente:

"Artículo 83. El Servicio de Minas del Estado continuará ejerciendo en las faenas extractivas de la minería las atribuciones que en materia de Seguridad le fueron conferidas por la letra i) del artículo 2? del D. F. L. Nº 152, de 1960 y por el Reglamento de Policía Minera aprobado por Decreto N° 185, de 1946, del Ministerio de Economía y Comercio y sus modificaciones posteriores.

El Servicio Nacional de Salud y el Servicio de Minas del Estado estarán facultados para otorgarse delegaciones recíprocas, para obtener un mayor aprovechamiento del personal técnico.

El Presidente de la República determinará la forma como se coordinarán ambos servicios y establecerá una Comisión Mixta de Nivel Nacional integrada por representantes del Ministerio del Trabajo, Servicio Nacional de Salud y Servicio de Minas del Estado, que aprobará las ñor

mas sobre seguridad en las faenas mineras y resolverá los problemas de coordinación que pueden suscitarse entre ambos servicios.

Artículo 208. De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la ley Nº 11. 860, modificado por el artículo 13 de la ley Nº 16. 627, se faculta a las Municipalidades de Providencia, Las Condes y La Reina, para que en conjunto procedan a donar a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, una parte del fundo Santa Rosa de Lo Coo correspondiente a la porción expropiada de dicho fundo por las referidas Municipalidades en sesión conjunta de 17 de agosto de 1967. Esta donación de terrenos tendrá una cabida máxima de 30 hectáreas y su superficie y deslindes se individualizarán en el acuerdo respectivo.

Los terrenos a donarse deberán ser destinados por la Comisión Chilena de Energía Nuclear para el cumplimiento de sus finalidades y especialmente para la instalación y funcionamiento de un Centro Nacional de Estudios Nucleares, que deberá iniciar sus actividades en forma normal dentro de los 10 años siguientes a la fecha de la donación.

El contrato de donación a celebrarse estará exento del trámite de ratificación de la Asamblea Provincial, del trámite de insinuación y del pago de impuestos fiscales, derechos y demás que se originen en la tramitación del correspondiente contrato.

Articulo 209. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16. 735:

Agrégase al inciso segundo del artículo 45, reemplazando el punto por una coma, lo siguiente: "no excediendo de un séptimo de sueldo vital mensual escala A) del departamento de Santiago.

Intercálanse en el párrafo 2º de la letra b) del artículo ||AMPERSAND||quot;87, a continuación de las palabras "Superintendencia de Seguridad Social", las palabras "Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio y Superintendencia de Bancos".

Derógase el artículo 101.

Artículo 210. Condónanse las siguientes deudas, que afectan a las personas e instituciones que se indican:

1. Al personal del Servicio de Seguro Social, por concepto de percepción indebida de la remuneración llamada sueldo del grado superior, originadas en reparos formulados por la Contraloría General de la República;

2. Las que mantienen con la Corporación de la Vivienda, por la ocupación de los sitios que esa Corporación expropió en la comuna de Curanilahue, las personas que actualmente los habitan, a las que además se condonará intereses y multas.

La Corporación de Servicios Habitacionales transferirá a título gratuito los terrenos expropiados a que se refiere este número a dichos ocupantes. Deberá, asimismo, dentro del plazo de seis meses contado desde la fecha de vigencia de esta ley, entregar a las personas favorecidas con la transferencia los títulos de dominio correspondientes, en relación con la nómina de inscritos que posee la Corporación de la Vivienda;

3. Las qua afectan a los contribuyentes del departamento de Tocopilla, perjudicados por el sismo del 21 de diciembre de 1967, por la

parte fiscal del impuesto a los bienes raíces correspondiente al año 1968. La condición de afectado por el sismo deberá ser acreditada por la Dirección de Obras Municipales de Tocopilla.

Exceptúanse de este beneficio las empresas de la Gran y Mediana Minería del Cobre;

4. Todas las que graven a los pobladores del sector de la Población Santa Teresita de la comuna de Las Barrancas, comprendido entre las calles Victoria, Santa Teresita y Bravo Luco, por concepto de pavimentación.

Los fondos a que Se refiere la ley 16. 658 deberán ser invertidos, con prioridad, en la construcción de alcantarillado y urbanización en las poblaciones del sector comprendido desde Población Santa Teresita hacia el oeste, hasta Avenida La Estrella, de la comuna de Las Barrancas, departamento de Santiago, exceptuando las poblaciones construidas por la Corporación de la Vivienda;

5. Las que resultaren de reparos hechos o que pudiera hacer la Contraloría General de la República a los pagos efectuados por la Municipalidad de Arica a sus empleados y obreros, en calidad de aguinaldos y asignación preescolar, durante el año 1967.

Quedarán liberados de responsabilidad los regidores, el alcalde y los funcionarios municipales que hubieren intervenido en tales pagos;

6. Las contraídas con el Fisco por la Escuela Nº 3, Santa Teresita de San Antonio, correspondientes a los empréstitos que le fueron otorgados por los decretos del Ministerio de Educación Pública Nºs. 6. 189, de 1959; 13. 866, de 1959; 906, de 1960; 2. 542, de 1960; 4. 754, de 1960; 8. 627, de 1960, y 2. 845, de 1961, como asimismo sus intereses, sanciones y multas;

7. La contraída por la Escuela Gratuita Santa Juana de Arco, de San Felipe, con organismos dependientes del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, con motivo del otorgamiento de recursos para reparar los daños causados a la Escuela mencionada por los sismos de marzo de 1965.

Este beneficio se extiende, como en los demás casos de este artículo, a las multas e intereses generados por las deudas condonadas;

8. Las que afectan a la Congregación del Buen Pastor de Antofagasta y al Templo Evangélico Bautista de Loncoche por concepto de derechos de pavimentación cuya cancelación está pendiente.

Esta condonación dará por cancelada la cuenta de pavimentación Nº 1. 490 F. C. de la propiedad rol 622 de Antofagasta, y

9. Las contraídas con el Fisco por la Municipalidad de Peumo por concepto de impuestos fiscales que gravan las propiedades que forman la Población Municipal, compuesta por nueve viviendas de propiedad de

aquélla.

10. Al Cuerpo de Bomberos de Mulchén el préstamo que le fue otorgado por la Corporación de la Vivienda, de fecha 11 de marzo de 1965, por el monto de Eº 45. 000, de acuerdo con el artículo 60 de la ley Nº

14.171.

Exímese a la Congregación del Buen Pastor de Antofagasta del pago de derechos de pavimentación por obras que se ejecuten en el futuro.

Exímese del pago de contribuciones al bien raíz de la institución denominada Asociación Nacional de Jubilados de la Prensa y la Obra, con personalidad jurídica Nº 3. 919, con domicilio en la calle San Francisco Nº 611 de Santiago, el que está destinado a sede social de la Asociación.

Se declaran exentos de pago de contribuciones de bienes raíces todos los inmuebles adquiridos por las asociaciones de obreros portuarios respectivas, en la forma y condiciones señaladas en el artículo 3º de la ley Nº 16. 250.

Las exenciones de bienes raíces que se otorguen por ésta u otras leyes deben entenderse sólo respecto de la parte fiscal y sin perjuicio de la parte destinada a beneficio municipal y a Cuerpos de Bomberos.

Artículo 211. Las cooperativas de seguros quedarán sujetas al control de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio que tendrá sobre ellas las mismas atribuciones que la ley le confiere en relación a las entidades aseguradoras de ca' rácter mutual, y se regirán, en todo aquello que no contravenga su naturaleza jurídica, por las disposiciones del D. F. L. Nº 251, de 20 de mayo de 1981, sin perjuicio de las normas generales sobre cooperativas contenidas en el R. R. A. Nº 20, de 1963.

Las cooperativas de seguros sólo podrán tener como único objeto las actividades aseguradoras.

Un Reglamento determinará las atribuciones que, con respecto a las cooperativas de seguros, competerán tanto a la Superintendencia de Compañías de Seguros como al Departamento de Cooperativas de la Dirección de Industria y Comercio.

Artículo 212. Se agrega al artículo 38 de la ley 16. 625, sobre Régimen Sindical en la Agricultura, los siguientes incisos:

"En los contratos de trabajo relativos a la vendimia sólo podrá pactarse como forma de remuneración un salario equivalente al número de kilogramos cosechados por cada trabajador, incluidos los correspondientes a la vasija en que se transporta la uva.

El obrero agrícola que preste servicios permanentes en el predio deberá tener durante el desarrollo de la vendimia una remuneración equivalente a la de los vendimiadores.

Queda prohibido todo sistema de intermediación en el enganche de trabajadores para las faenas de vendimia. Los intermediarios serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo. ".

Agrégase al artículo 89 de la ley 16. 250, después de un punto seguido, las frases siguientes: "No obstante, tendrán la calidad de obreros agrícolas, para todos los efectos legales, los que trabajen en aserraderos movibles que se instalen para faenas temporales en las inmediaciones de bosques en explotación. '.

Artículo 213. Intercálase en el inciso primero del artículo 3º de la ley Nº 16. 591, de 29 de diciembre de 1966, entre las palabras "invertirá" y "en", lo siguiente: "en aportes a los cuerpos de bomberos y al Centro Universitario de Talca dependiente de la Universidad de Chile y".

Artículo 214. Los excedentes devenvados por la ley Nº 12. 760, de 29 de noviembre de 1957, desde el cumplimiento de ella hasta la fecha, de

acuerdo a su artículo 3°, se destinarán a la construcción de una Clínica Deportiva en la ciudad de Talca.

Artículo 215. Agrégase en el artículo 5º transitorio de la ley Nº 16. 478, a continuación de la palabra "Provinciales" la siguiente frase "y Tesoreros Municipales de Santiago y Valparaíso", reemplazando en el mismo texto la frase "31 de diciembre de 1965" por "30 de septiembre de 1967".

Artículo 216. La asignación de los Prácticos Autorizados de Puertos y Canales, que fija el Reglamento de Practicaje y Pilotaje para la República, aprobado por Decreto Supremo Nº 1. 836, del 20 de julio de 1955, será dispuesta por decreto supremo.

Artículo 217. Facúltase al Presidente de la República para aumentar en un 50% todas las tarifas de practicaje y pilotaje que en pesos oro fija el Reglamento señalado en el artículo anterior.

Artículo 218. La Municipalidad de Rancagua determinará, dentro del plazo de noventa días de publicada esta ley, la zona de su jurisdiscción en la cual tendrá aplicación lo dispuesto en el presente artículo.

En la zona referida en el inciso anterior los nuevos edificios que se construyan deberán consultar en su primer piso locales comerciales a lo menos en el 70% de su frente. No regirán para las construcciones que se efectúen en el área que se determine en conformidad con el inciso primero las limitaciones establecidas en el inciso tercero del artículo 3º del D. F. L. Nº 2, de 1959.

El Banco del Estado de Chile y los Bancos Comerciales otorgarán preferencia en el otorgamiento de créditos destinados a la construcción a las empresas constructoras o propietarios que ejecuten obras en la zona de remodelacíón determinada en conformidad con los incisos anteriores siempre que ellos se inviertan en dichas obras.

Artículo 219. Los propietarios o poseedores de locales comerciales que se construyan en conformidad al artículo anterior estarán sujetos a las siguientes obligaciones:

No podrán cobrar derecho de llaves por la transferencia a cualquier título de su posesión, y

No podrán cobrar en caso de arrendamiento una garantía superior al equivalente a un mes de renta de dicho arrendamiento.

Las rentas de arrendamiento de los locales comerciales existentes en la ciudad de Rancagua se fijan en el monto a que ellas ascendían al 31 de diciembre de 1967. Anualmente ellas podrán ser alzadas en un porcentaje no superior al alza que haya experimentado en la provincia de O'Higgins el índice de precios al consumidor.

Cualquiera infracción a lo dispuesto en el inciso anterior será sancionada, a requisición de parte, por la Dirección de Industria y Comercio con una multa de hasta doce veces la renta de arrendamiento y en caso de reincidencia con una multa de quince veces esa renta.

Artículo 220. La Corporación de Fomento de la Producción pondrá a disposición de las instituciones que se señala la suma de Eº 50. 000, para los fines en que cada caso se expresa:

l. _Departamento de Instalaciones Sanitarias del Ministerio de la

Vivienda, para iniciar los estudios y trabajos de instalación de la red de alcantarillado en el pueblo de Rosario, en la comuna de Rengo.

2. Cuarta Compañía de Bomberos de Rancagua, para la construcción del cuartel y demás dependencias.

3. Municipalidad de Rancagua, para la construcción de un Balneario Popular en las márgenes del río Cachapoal, frente a las poblaciones Lourdes y Santa Julia.

Estos gastos se cargarán a los fondos acumulados en al provincia de O'Higgins en los años 1966 y 1967, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley Nº 15. 689.

Articulo 221. Introdúcense las modificaciones siguientes a las disposiciones que se señalan:

a) Deróganse los artículos 16, 28, 47 y el artículo transitorio Nº 3

del decreto del Ministerio del Interior Nº 1. 391, de 30 de octubre de 1967.

El personal de la Oficina de Planificación Nacional quedará sometido a las disposiciones del D. F. L. Nº 338, de 1960, en cuanto no se contrapongan con las del Reglamento modificado por esta ley.

Derógase el decreto de Hacienda Nº 16, sobre rebaja de impuestos de aduana;

Suprímese el inciso final del artículo 89 del decreto de Hacienda 477, de 21 de marzo de 1968;

Suprímese la letra b) del Nº 1 del Decreto de Hacienda Nº 624, de 22 de marzo de 1968;

Derógase el inciso tercero del artículo 59 del D. F. L. Nº 56, de 1960;

Derógase el artículo 10 de la ley Nº 10. 676, de 24 de octubre de 1952. Aplícanse las disposiciones de los artículos 88 y 89 del D. F. L. Nº 338, de abril de 1960, a los obreros portuarios en materia de feriados, licencias y permisos;

Derógase el inciso final del artículo 9º de la ley Nº 12. 897, y sus modificaciones posteriores;

h) Derógase el artículo 16 de la ley Nº 15. 702, de 1964;

i) Derógase el artículo 36 de la ley Nº 15. 840, de 1964;

j) Derógase la letra e) del artículo 62 de la ley Nº 16. 742;

k) Reemplázase en el artículo 3º de la ley Nº 12. 873 el Nº "13" por el "18" y en el artículo 1º del D. F. L. Nº 7, de 1959, la palabra "ministerio" por "Ministro", modificado por el artículo 11 letra a) de la ley Nº 10. 383, y

1) Derógase el inciso segundo del artículo 16 de la ley Nº 14. 572.

Artículo 222. Concédese personalidad jurídica a las siguientes instituciones:

Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile, a la cual pertenecerán los obreros portuarios del país que estén incorporados a las asociaciones, federaciones y organismos locales de cada puerto;

Asociación Nacional de Personal Administrativo y Paradocente de Educación Secundaria, ANPAES, fundada el 25 de octubre de 1957, y a la cual podrán pertenecer todos los funcionarios administrativos y paradocentes dependientes de la Dirección de Educación Secundaria;

Confederación de Jubilados, Pensionados y Montepiados de Chile, que se rige por los Estatutos protocolizados con fecha 11 de enero de 1968, en la Notaría de Santiago de don Pedro Avalos B.;

Central Gremial Nacional de ex Servidores del Estado, a la cual podrán pertenecer los círculos, asociaciones, agrupaciones y demás entidades de jubilados, en retiro, pensionados y montepiados de la Administración Pública y organismos similares de provincias;

o) Asociación de Empleados del Registro Electoral;

Unión de Obreros Municipales de Chile, y

Agrupación Nacional de Jefes en Retiro de Correos y Telégrafos, a la cual podrán pertenecer los ex oficiales y ex telegrafistas jubilados y ex funcionarios que lleguen al tope de su carrera en las diferentes nomenclaturas.

Las instituciones señaladas en el artículo precedente deberán presentar sus estatutos y reglamentos a la aprobación del Presidente de la República dentro del plazo de 180 días de publicada la presente ley.

Artículo 223. Desafáctanse de su calidad de bienes nacionales de uso público, decláranse bienes fiscales y autorízase al Presidente de la República para realizar respecto de ellos las operaciones que en cada caso se indican, a los siguientes:

a) Un terreno de 1. 000 metros cuadrados correspondientes a la

Plaza España de la Población Zelada de la Comuna de Quinta Normal, con

los siguientes deslindes: 50 metros por calle Buzo Sobenes, esquina nor

este; 20 metros por calle Gaspar de Orense, esquina noroeste.

Este terreno será entregado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la construcción de un Retén de Carabineros;

b) Los terrenos de una cabida de 20. 590 metros cuadrados que con

sulta el plano regulador de la Municipalidad de Peñaflor para plaza de la

localidad de Santa Rosa de Chena y que tienen los siguientes límites y di

mensiones: al Norte, con Segunda Avenida, en 176 metros; al Oriente,

con Parcela 27, en 116 metros; al Sur, con Tercera Avenida, en 176 me

tros; al Poniente, con Primera Avenida Transversal, en 116 metros.

Estos terrenos podrán transferirse a título gratuito a la Municipalidad de Peñaflor, con el objeto de que dicha Corporación proceda a enajenarlos también gratuitamente a sus actuales ocupantes que no posean otro bien raíz;

El terreno ubicado en calle Carlos Pezoa Veliz Nº 719, de la Población El Polígono, comuna de Quinta Normal, ocupado por la Sociedad Mutual "El Polígono" (Personalidad Jurídica Nº 1. 821), y autorízase al Presidente de la República para transferirlo gratuitamente a dicha Sociedad, a fin de que ésta lo destine a sede social, y

El predio que forma parte de otro de mayor extensión denominado "Plantación Miramar", ubicado en San Antonio, comuna y departamento del mismo nombre, provincia de Santiago, con una superficie de 3. 450 metros cuadrados, con los siguientes deslindes: Norte, Este y Sur, Plantación Fiscal Miramar, en 25, 150 y 25 metros, respectivamente, y Oeste, Avenida Ramón Barros Luco, en 150 metros.

Este predio podrá transferirse a título gratuito al Sindicato Profe

sional de Estibadores y Desestibadores Marítimos de San Antonio, para que se construya en él una sede social, no podrá ser enajenado sin autorización del Ministerio de Tierras y Colonización y deberá destinarse sólo a los fines del Sindicato.

El edificio que se menciona en el inciso anterior deberá estar construido en el plazo de tres años, contado desde la fecha de publicación de la presente ley. En caso de incumplimiento el terreno volverá al dominio del Fisco.

Artículo 224. Agrégase al final del artículo 14 de la ley Nº 11. 469 la siguiente frase: "Además, serán Jefes de Oficina los Médicos Veterinarios que se desempeñen como Administradores Técnicos de Mataderos Municipales, cuando en las respectivas Municipalidades estuvieren organizados estos servicios o se organizaren en el futuro, caso en el cual, estos funcionarios formarán, también, parte del Consejo de Jefes de Oficina, desde la creación de dichos servicios.

Artículo 225. Autorízase a la Dirección de Especies Valoradas para hacer una emisión de estampillas postales y aéreas conmemorativas del 150ª aniversario de la muerte del Padre de la Patria, Coronel Manuel Rodríguez, estampillas que reproducirán escenas de la vida y muerte del procer y cuyas características serán determinadas de común acuerdo entre la Dirección mencionada y el Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 226. Desde la promulgación de la presente ley, el Liceo de Hombres de Curicó se denominará Liceo de Hombres "Orlando González Gutiérrez" de Curicó.

Artículo 227. Declárase extinguida la responsabilidad que afecte a las empresas bancarias y a su personal por infracciones a la Ley General de Bancos ocurridas con anterioridad al 31 de diciembre de 1967, con la limitación de que no podrán devolverse las multas enteradas a la fecha de publicación de esta ley.

Artículo 228. Salvo expresión en contrario, toda vez que en esta ley o en leyes posteriores aparezcan referencias a sueldos vitales, deben entenderse hechas a sueldos vitales determinados para los empleados particulares, escala A), de la Industria y el Comercio, del departamento de Santiago.

Artículo 229. Suprímese el artículo 85 de la ley Nº 15. 020. Suprímese en el artículo 1º del D. F. L. Nº 252, de 1960, las palabras "Caja de Colonización Agrícola".

Reemplázase el artículo 3º del D. F. L. R. R. A. Nº 11, de 1963, por el siguiente:

"Artículo 3ºCorresponderá a la Contraloría General de la República la fiscalización de la Corporación de la Reforma Agraria. ".

Artículo 230. Agrégase al artículo 38 de la ley Nº 16. 282, de 28 de julio de 1965, el siguiente inciso, a continuación del primero.

"Facúltase a la Corporación de Servicios Habitacionales para transferir a sus ocupantes, siempre que efectivamente sean damnificados en los sismos del año 1960, las viviendas que la Corporación les arrienda en las localidades de nueva Toltén, Queule y Puerto Saavedra.

Para el efecto de esta transferencia se rebajará en el valor de esas propiedades:

Los valores pagados por arrendamiento hasta la fecha, y

Las cantidades que recibió como donación en los años 1960 y 1961 la Corporación de la Vivienda, para ayuda de los damnificados y que invirtió en ellas. ".

Artículo 231. Facúltase al Presidente de la República o a las Municipalidades que se señalan a continuación para realizar las operaciones que en cada caso se indican:

I. Al Presidente de la República para transferir a las personas o entidades, en la forma y condiciones, que en cada oportunidad se expresan, los siguientes bienes:

a) A sus actuales ocupantes, gratuitamente, los terrenos ubicados

en el puerto de Coquimbo, comuna y departamento del mismo nombre,

inscrito a favor del Fisco a fojas 393 Nº 354 del año 1951, por herencia

de don Oscar Barrios, de acuerdo al plano de loteo aprobado por la Muni

cipalidad de Coquimbo en su sesión del 7 de julio de 1966, como asimismo

los sitios 5 y 15 del plano citado, a la Congregación Evangélica, con los si

guientes deslindes: Norte, línea férrea o Av. Costanera; Este, calle Lo

Barrios; Sur, Av. Baquedano; Oeste, calle Libertad;

d) A sus actuales ocupantes, a título oneroso, los terrenos y casas de propiedad de la Dirección de Obras Sanitarias, correspondientes a los roles 131, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 383, 387 y 388, ubicados en la población Purén de Chillán.

Los ocupantes que sean beneficiados con esta transferencia no podrán gravar, vender ni enajenar los terrenos o viviendas dentro del plazo de diez años, contado desde la fecha de la respectiva inscripción del título.

c) A la I. Municipalidad de Santa Bárbara, gratuitamente, la parte

o cuota que le corresponde al Fisco en la propiedad ubicada en la referida

comuna de Santa Bárbara, e inscrita a fojas 520 vuelta, bajo el número

617 del Registro de Propiedad del año 1955 del Conservador de Bienes

Raíces de Los Angeles.

II. A los Municipios que se enumeran para ejecutar los actos que se mencionan:

a) A la I. Municipalidad de Quilpué para transferir gratuitamente al Cuerpo de Bomberos de Quilpué el predio de su propiedad ubicado en Población El Retiro, lote 373, de dicha localidad, con los siguientes deslindes: al Norte, con lote 344, en 20 metros; al Sur con calle San Enrique en 20 metros; al Oriente con lote 372, en 50 metros y al Poniente, con calle Esmeralda, en 50 metros, para los efectos de que en el mencionado terreno se construya el Cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos de Quilpué.

Esta donación y transferencia estará exenta de todo gravamen, impuesto o derecho;

b) A la I. Municipalidad de Cabrero para ceder a título gratuito a la

Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, el inmueble

de su propiedad ubicado en Avenida Vial sin número.

La propiedad que se cede fue adquirida con fondos del ítem 32F y tiene las siguientes dimensiones y deslindes: al Norte, en 48, 50 metros, con Avenida Vial; al Sur, en 41 metros, con canal de desagüe de propiedad municipal; al Oriente, en 51, 70 metros, con Banco del Estado de Chile y Sucesión Pedro Rebolledo y al Poniente, en 51, 70 metros, con Teodofo Ithurralde.

Este inmueble se encuentra inscrito en el Registro de Propiedades, a fojas 100 vuelta, Nº 135, del Conservador de Bienes Raíces de Yumbel, correspondiente al año 1967, y

c) A la I. Municipalidad de Talcahuano, para vender directamente a la Compañía General de Electricidad Industrial el predio señalado como lote Nº 2, con una superficie total de 665 metros cuadrados, de la propiedad de su dominio ubicada en calle Colón Nº 876, de Talcahuano, signada con el rol de avalúo de la comuna Nº 101/8.

El precio de venta será el que corresponda al avalúo comercial fijado por la correspondiente Oficina de Retasaciones del Servicio de Impuestos Internos.

Artículo 232. Decláranse de utilidad pública los bienes y terrenos necesarios para la ejecución de las obras de agua potable que realice el Servicio Nacional de Salud en conformidad al programa especial de la Oficina de Saneamiento Rural.

La Dirección General de Salud gozará en la ejecución de estas obras de agua potable, de las mismas facultades que el artículo 46 de la ley Nº 15. 840 concede a las Direcciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Las expropiaciones se harán de acuerdo a las disposiciones del artículo 26 de la ley N. 16. 585, utilizando el procedimiento por ella establecido.

Artículo 233. Créase el Servicio de Bienestar del Congreso Nacional. Su Reglamento será dictado por una Comisión compuesta de tres Senadores y tres Diputados y seis representantes directos de los personales del Senado, Cámara de Diputados y Biblioteca del Congreso, elegidos en una sola votación por cada uno de dichos Servicios, resultando elegido quienes obtengan las más altas mayorías. La duración de este mandato y la renovación de los cargos se determinará igualmente en dicho Reglamento.

Esta misma Comisión tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la administración general, superintendencia, vigilancia, control y juzgamiento de las Cuentas de dicho Servicio y de las personas que tengan a su cargo bienes de la institución.

La afiliación al Servicio de Bienestar del Congreso Nacional será voluntaria.

Este Servicio estará exento de todo impuesto o contribución, fiscal o municipal, y de cualquiera tasa, contribución o derecho de esta naturaleza por los actos o contratos que ejecute o celebre, los instrumentos que suscriba o extienda, aun en el caso de que la ley permita u ordene trasladar el impuesto.

No regirá para los imponentes del Servicio de Bienestar que se crea

por la presente ley lo dispuesto en el artículo 14, letra a), de la ley Nº 16. 781.

Artículo 234. Créanse los siguientes cargos en los Escalafones que se indican del Senado:

Escalafón de la Oficina de Informaciones, 1 Ayudante segundo, con un sueldo unitario anual de Eº 3. 888.

Escalafón de Tesorería, 1 Auxiliar, con un sueldo unitario anual de Eº 3. 036, y

Escalafón de Comedores, 1 Auxiliar 1º y 1 Auxiliar 2º, con un sueldo unitario anual de Eº 1. 704 y Eº 1. 206, respectivamente.

El gasto que signifique la creación de dichos cargos se imputará a los recursos que establece la presente ley.

La incorporación de funcionarios del Escalafón Profesional de la Secretaría del Senado en cargos del Escalafón de la Oficina de Informaciones, que se haya efectuado o se efectúe, no se considerará como ascenso para los efectos del beneficio establecido en el artículo 79 de la ley Nº 12. 078.

Artículo 235. Institúyese, en beneficio de los socios activos de la Asociación Postal Telegráfica de Chile, la celebración del "Día del Gremio Postal Telegráfico", el primer sábado de diciembre de cada año.

El día señalado anteriormente, el Servicio de Correos y Telégrafos atenderá sólo la correpondencia postal telegráfica urgente, para lo cual la Superioridad del Servicio deberá disponer de turnos mínimos de emergencia.

TITULO V

Del Financiamiento y disposiciones tributarias y presupuestarias.

Artículo 236. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 12. 120, cuyo texto definitivo fue fijado por el artículo 33 de la ley Nº 16. 466, sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones sobre bienes y servicios:

1. Agrégase al artículo 1º el siguiente inciso segundo:

"La tasa será del 7% en el caso de las convenciones que deba visar la Corporación del Cobre como requisito previo para su perfeccionamiento, entendiéndose por tanto como presunción de derecho para cada efecto, que la transacción ha sido materializada en Chile. ".

2. Sustitúyese, en el inciso tercero del artículo 1º, el guarismo

"12%" por "14%".

3. _Suprímese la letra f) del inciso tercero del artículo 1º, y reemplázase el punto y coma (; ) con que termina la letra precedente por un

punto (. ).

4. Agrégase, a continuación del inciso tercero del artículo 1º, el si

guiente inciso nuevo:

"Para todos los efectos señalados en el inciso primero, la tasa será del 16% en las transferencias de piscos y vinos, entendiéndose por éstos a los definidos en el artículo 42 de la ley Nº 11. 256. ".

5. Sustitúyese, en el inciso cuarto que pasa a ser sexto del artículo, el guarismo "20%" por "23%".

6. Agrégase como inciso final del artículo 1º, el siguiente nuevo:

"Sin perjuicio de lo prescrito en el inciso primero de este artículo y del artículo 52 de la ley Nº 11. 256, la cerveza estará afecta al mismo impuesto establecido en la leta k) del artículo 4º de esta ley. ".

7. Sustitúyese, en la letra a) del artículo 49, el guarismo "60%" por "70%".

8. Sustitúyese en el inciso primero de la letra e) del artículo 4º, los guarismos "8%" por "10, 5%" y "10%" por "13, 5%", y en el inciso segundo el guarismo "8%" por "10, 5%".

9. Sustitúyese en la letra f) del artículo 4º, el guarismo "25%" por "29%".

10. Sustitúyese en la letra g) del artículo 4º, el guarismo "6%" por "8%".

11. Sustitúyese en la letra i) del artículo 4º, el guarismo "10%" por "12%".

12. Agrégase a continuación de la letra j) del artículo 4º, la siguiente letra k), nueva:

"k) Sin perjuicio del impuesto establecido en la letra b) que antecede, las especies indicadas en ella pagarán un impuesto adicional de Eº 0, 05 por botella de 285 centímetros cúbicos. Si la transferencia se hiciere en botellas de otra capacidad o a granel, el impuesto de Eº 0, 05 variará en la proporción correspondiente.

Se exceptúan de esta tasa las aguas minerales que se embotellen en sus propias fuentes de producción siempre que las termas respectivas mantengan establecimientos para atender a las clases populares de acuerdo con las intrucciones que establezca el Servicio Nacional de Salud. ".

13. Sustitúyese en la letra a) del artículo 5º, el guarismo "7%" por "8%".

14. Sustitúyese en la letra b) del artículo 5º, el guarismo "12%" por "14%".

15. Sustituyese en la letra c) del artículo 5º, el guarismo "20%" por "23%".

16. Intercálase, como inciso segundo del artículo 9º, el siguiente, nuevo:

"En los casos en que el Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile autorice a los viajeros, para sus gastos en el exterior, la adquisición de monedas extranjeras, en cualquiera de las formas indicadas, en cantidades superiores a las que se otorgan u otorgaren como norma general para ese objeto, el Presidente de la República podrá por Decreto del Ministerio de Hacienda, establecer un impuesto de hasta el 50% del valor de la compra o de la adquisición de la cantidad adicional autorizada.. ".

17. Reemplázanse en el inciso segundo que pasa a ser tercero del artículo 9°, las palabras "dentro del límite mencionado en el inciso anterior" por las siguientes: "dentro de los límites mencionados en los incisos anteriores".

18. Sustitúyese, en la letra a) del artículo 10, el guarismo "26, 05%" por "29%".

19. Sustitúyese en la b) del artículo 1°, el guarismo "7, 56%" por "12%".

20. Sustitúyese en la letra d) del artículo 10, el guarismo "9, 50%" por "11%".

21. Sustitúyese en el artículo 12, el guarismo "20%" por "23%".

22. Sustitúyese en el inciso primero del artículo 16, el guarismo "15%" por "17%".

23. Sustituyese en el inciso segundo del artículo 16, el guarismo "7%" por "8%".

24. Sustitúyese en el inciso tercero del artículo 16, el guarismo "7, 5%" por "8%".

25. Sustitúyese en el inciso cuarto del artículo 16, el guarismo "16%" por "18%".

26. Sustitúyese en el inciso quinto del artículo 16, el guarismo "22, 5%" por "26%".

27. Intercálase, en la letra g), del Nº 1, del artículo 18, entre la palabra "exterior" y el punto y coma que le sigue, la siguiente frase: ", excepto las exportaciones de la grande y mediana minerías en lingotes, concentrados o mineral".

28. Agrégase, a continuación del Nº 5 del artículo 18, el siguiente Nº 5 bis:

"5 bis. Las operaciones que se realicen entre la Empresa de Comercio Agrícola y las sociedades en que ésta tenga o tuvieren en el futuro aporte de capital y cuyos otros socios sean, exclusivamente, instituciones fiscales o semifiscales, empresas del Estado o sociedades constituidas exclusivamente por éstas. ".

29. Derógase el artículo 13 y el Nº 6 del artículo 18, así como el artículo 116 del D. F. L. R. R. A. Nº 20, de 23 de febrero de 1963, que fija el texto refundido, actualizado y sistematizado del D. F. L. Nº 326, de 1960, sobre Coopretivas y el artículo 21 de la ley Nº 14. 572.

30. Agrégase, a continuación del Nº 10 del artículo 19, el siguiente Nº 10 bis:

"10 bis. Las operaciones que se realicen entre la Empresa de Comercio Agrícola y las sociedades en que ésta tenga o tuviere en el futuro aporte de capital y cuyos otros socios sean, exclusivamente, instituciones fiscales o semifiscales, empresas del Estado o sociedades constituidas exclusivamente por éstas. ".

331. Agrégase al artículo 20, el siguiente inciso segundo:

"Tratándose de la venta de cobre de la grande y mediana minerías, la Corporación del Cobre recargará el impuesto establecido por esta ley al momento de visar los contratos respectivos. ".

32. Agrégase al inciso primero del artículo 27, la siguiente frase final: "Sin embargo, los contribuyentes autorizados para llevar contabilidad centralizada podrán efectuar el pago en la Tesorería correspondiente al lugar de asiento de la misma. ".

33. Agrégase al artículo 27, el siguiente inciso final, nuevo:

"Los impuestos correspondientes a ventas efectuadas o a servicios prestados al Fisco, a las Municipalidades, a las reparticiones o entidades fiscales o semifiscales, a las empresas autónomas del Estado o a aquellas en que el Estado tenga interés o participación, y cuyos precios no se hayan cancelado contra entrega de los bienes o contra prestación de los servicios, serán declarados en la forma prevista en el inciso anterior, pero podrán ser enterados en arcas fiscales a más tardar en el mes siguiente al del pago de la factura respectiva. ".

34. Agrégase al artículo 31, a continuación de las palabras "cualquiera autoridad" la siguiente frase: "diplomática o consular".

35. Agrégase al artículo 32 el siguiente inciso segundo:

"En el caso de contratos de venta de cobre de la grande y mediana minerías, el Servicio de Impuestos Internos fijará las normas y plazos aplicables a la recepción del impuesto establecido en el inciso segundo del artículo 1º de la presente ley. ".

36. Sustitúyese en el artículo 34 la frase "uno por ciento de un sueldo vital mensual escala A) del Departamento de Santiago, pudiendo redondearse al décimo superior", por el guarismo "Eº 2".

Agrégase al final del inciso primero del artículo 93 de la ley Nº 12. 861 lo siguiente: "y compraventa y servicios en los casos de venta de cobre en lingotes, concentrados o mineral. ".

Reemplázase el inciso segundo del artículo 18 de la ley Nº 16. 528, por el siguiente:

"Las compras de mercaderías nacionales que efectúen los industriales y comerciantes del Departamento de Arica y de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, en el resto del país estarán exentas del impuesto de compraventa. ".

Declárase, para los efectos de la ley Nº 12. 120 sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones sobre bienes y a los servicios, que las balas, cartuchos de caza y demás proyectiles no constituyen repuestos ni accesorios de las armas de fuego.

Facúltase al Presidente de la República para establecer o modificar las normas sobre control de los impuestos contenidos en la ley Nº 12. 120. En uso de estas facultades, el Presidente podrá modificar la forma de emisión de comprobantes de boletas o determinar su reemplazo por otro sistema, así como dictar un nuevo Reglamento de Sorteo de Boletas de Compraventas introduciendo las modificaciones que estime convenientes o estableciendo un nuevo sistema de control.

Facúltase, además, al Presidente de la República para rebajar las tasas de los tributos establecidos en la ley Nº 12. 120, si como resultado de las medidas de control el rendimiento efectivo de los mismos lo permite.

Artículo 237. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16. 272:

Sustitúyese en el inciso penúltimo del Nº 14 del artículo 1º, el guarismo "1%" por "2%", y

Intercálase, en el Nº 3 de] artículo 32, a continuación de "Empresa de los Ferrocarriles del Estado", la frase "Empresa de Comercio Agrícola".

a) Artículo 238. Intorúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16. 464:

Sustitúyese en el inciso primero del artículo 190 la frase "al dos por ciento (2%) de su valor CIF" por la siguiente: "al cinco por ciento (5%) sobre su valor aduanero";

Agrégase el siguiente párrafo final, en punto aparte, al citado inciso primero:

"Asimismo, estarán afectas a esta tasa de despacho todas las importaciones que cuenten con rebajas o que deban cancelar parte del total de losderechos establecidos en el Arancel Aduanero, salvo aquellas mercancías que, de conformidad a los Decretos de Hacienda Nºs. 2. 187 y 183, de 28 de diciembre de 1967 y 24 de enero de 1968, han sido gravadas en un 5%, quedando en todo caso vigentes las excepciones que dicho Decreto contempla. ";

c) Sustitúyese las letras b) y c) de dicho artículo 190 por las si

guientes:

"b) Las importaciones que realicen los servicios públicos, instituciones semifiscales, semifiscales de administración autónoma y las empresas del Estado;

Las que se realicen de conformidad a la Sección 0 del Arancel Aduanero, con excepción de la Partida 0004. ";

Reemplázase el guarismo "18 meses" que figura en el artículo 235 de la ley Nº 16. 464, por "30 meses";

Sustitúyese en el inciso primero del artículo 251, la expresión "año calendario 1968" por "año calendario 1970".

Exímese a los Servicios Públicos e Instituciones descentralizadas, en las operaciones de importación que realicen, del impuesto del 1% establecido en el artículo 182.

Aclárance los artículos 207 y 208 de la ley 16. 464 y el artículo 176 de la ley 16. 617, en el sentido de que dichas disposiciones legales han incluido e incluyen a los funcionarios de planta de la Corporación de Fomento de la Producción, quienes han estado y lo están actualmente, en posesión de los mismos derechos y beneficios que el resto de los funcionarios públicos o municipales a que dichas leyes se refieren, sin que les afecten limitaciones o exclusiones que no sean las contenidas en las mismas leyes Nºs. 16. 464 y 16. 617, haciéndoles expresamente aplicable el artículo 172, inciso primero del D. F. L. 338, de 1960, desde la vigencia de las leyes mencionadas.

No se aplicará el aumento de tasas referido en la letra b) de este artículo a las importaciones que se efectúen en conformaidad a la ley Nº 12. 858.

Artículo 239. Auméntase en Eº 0, 10 la tasa fija de los cheques pagaderos en el país, contenida en el Nº 10 del artículo 1º de la ley Nº 16. 272.

Artículo 240. Las empresas afcetas a la ley Nº 16. 624 estarán obligadas a efectuar depósitos previos por las importaciones de bienes operacionales que efectúen en conformidad a las normas generales impartidas o que imparta el Banco Central de Chile. Estos fondos permanecerán

en una cuenta especial y sólo podrá girarse contra ellos para los fines indicados en el inciso siguiente, sin perjuicio de su oportuna devolución al importador que corresponda.

Autorízase al Tesorero General de la República para suscribir pagarées a un año plazo y al 6% de interés y al Banco Central de Chile para emitirlos y descontarlos hasta por el 80% del monto a que asciendan los depósitos consignados en la cuenta especial referida en el inciso anterior.

Artículo 241. Destínase a financiar la presente ley, la diferencia de ingresos que se producirá como consecuencia de haberse consultado en el Cálculo de Entradas del Presupuesto de la Nación un cambio de Eº 6, 1 por dólar.

Artículo 242. Los contribuyentes de la Ley de Impuesto a la Renta estarán afectos, por una sola vez, a un empréstito obligatorio a favor del Fisco, cuyo monto será equivalente a un porcentaje de los impuestos de dicha ley que deban pagarse por el año tributario 1968. Los porcentajes de recargo del impuesto a la renta que constituirán el empréstito serán los siguientes:

Primera Categoría, 13% del monto del impuesto a pagar;

Segunda Categoría, 7% del monto del impuesto a pagar;

Global Complementario, 7% del monto del impuesto a pagar;

Adicional, 13% del monto del impuesto a pagar, y

Ganancias de Capital, 13% del monto del impuesto a pagar. No estará afecto a este recargo el impuesto establecido en el Nº 1

del artículo 36 de la Ley de Impuesto a la Renta, ni el impuesto Global Complementario de las personas que tengan como exclusivo ingreso rentas gravadas en dicho artículo 36 Nº 1.

Este empréstito obligatorio afectará también a las empresas sometidas al régimen tributario de la ley N° 16. 624, respecto de los impuestos que deban pagar de acuerdo con esa ley durante el año tributario 1968, siendo el porcentaje de recargo en estos casos de un 13% de dichos impuestos.

El monto del referido empréstito se determinará sobre la cantidad total que el contribuyente deba pagar efectivamente por el año tributario 1968, considerándose para el cálculo respectivo tanto el monto del recargo establecido en el artículo 77 bis de la Ley de la Renta que proceda, como asimismo, los demás recargos aplicables según leyes especiales.

Tratándose de los impuestos sujetos a retención, el empréstito que establece este artículo se aplicará a las retenciones que deben efectuarse a contar del día 1º del mes siguiente al de publicación de la presente ley en el Diario Oficial. En el caso del impuesto Global Complementario pagadero en diez cuotas, el empréstito referido se determinará recargando en un 7% el monto de cada una de las diez cuotas que deban descontarse por planillas entre los meses de julio de 1968 y abril de 1969..

El empréstito obligatorio que establece este artículo será también aplicable a los contribuyentes afectos a los impuestos establecidos en el artículo 40 de la ley Nº 14. 836 y sus modificaciones; artículo 3º de la ley Nº 10. 270 y artículo único de la ley Nº 11. 127; artículo 109 de la ley

Nº 16. 250, modificada por el artículo 254 de la ley Nº 16. 617 y artículo 6º de la ley N° 12. 084 y sus modificaciones, respecto de las cantidades que deban pagar de acuerdo con dichas disposiciones durante el año tributario 1968. En caso de las empresas acogidas al artículo 40 de la ley 14. 836, el recargo se aplicará tanto al impuesto básico por tonelada que se haya embarcado durante el año 1967, como sobre el saldo a pagar durante el año tributario 1968 por concepto de impuesto a la renta a que pudieren quedar afectos, de acuerdo con el artículo 248 de la ley Nº 16. 617.

En los casos señalados en el inciso anterior el porcentaje del recargo sobre los impuestos respectivos será de un 13%. Sin embargo, tratándose de la pequeña minería, el monto del empréstito será de un 10% de las sumas que deban retenerse. El recargo se hará efectivo, en este caso, respecto de las retenciones que procedan a contar del día 1° del mes siguiente al de publicación de la presente ley.

El Ministro de Hacienda señalará mediante decreto la forma y plazo dentro de los cuales se hará efectivo el monto del empréstito establecido en este artículo.

Facúltase al Presidente de la República para que establezca la forma en que se aplicará el empréstito a que se refiere este artículo, a los contribuyentes que en virtud de gozar de franquicias tributarias están total o parcialmente exentos de impuesto a la renta. En ningún caso el monto de dicho empréstito podrá ser superior a lo que habría correspondido a estos contribuyentes de no encontrarse gozando de una situación tributaria de excepción.

El empréstito obligatorio establecido en este artículo será restituido a los contribuyentes en cinco cuotas iguales durante los años tributarios 1970, 1971, 1972, 1973 y 1974, mediante su imputación a los impuestos de la Ley de la Renta que los contribuyentes deban pagar en dichos años tributarios sin intereses ni reajustes.

Artículo 243. Tratándose de impuestos que deban pagarse en moneda extranjera, el monto del empréstito establecido en el artículo 242 deberá entregarse al Fisco en la misma moneda. Sin embargo, para determinar el monto de la imputación posterior del empréstito, las sumas enteradas en arcas fiscales por cada contribuyente se considerarán por su valor en escudos al cambio oficial bancario vigente a la fecha de publicación de la presente ley.

Artículo 244. Se faculta al Presidente de la República para dictar un Reglamento sobre la forma de efectuar la imputación del empréstito obligatorio establecido en los artículos anteriores.

Se faculta, asimismo, al Presidente de la República para establecer un sistema de rescate del empréstito que permita imputar éste a valores de inversión actualmente existentes o que se creen en el futuro.

Facúltase al Presidente de la República para suspender o no aplicar el empréstito contemplado en los artículos anteriores o rebajar total o parcialmente sus montos o tasas, ya sea respecto de uno, varios o todos los impuestos que sirven de base para dicho empréstito.

En dicho Reglamento podrán fijarse los procedimientos administra

tivos que se estimen más convenientes para efectuar la imputación y establecer los casos excepcionales y la forma en que pueda tener lugar la devolución de las sumas entregadas por los contribuyentes, estableciendo aún la posibilidad de que puedan optar por uno u otro método. Las resoluciones, roles de imputación o devolución, y los recibos o vales que se otorguen en esta materia, no estarán sometidos a las disposiciones del Código Tributario ni serán objeto de toma de razón por la Contraloría General de la República.

Artículo 245. Los contribuyentes de la Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta podrán revalorizar, por una sola vez, pagando un impuesto único de 10% sobre el mayor valor resultante, todos los bienes y partidas que constituyen el activo del último balance exigible presentado al Servicio de Impuestos Internos antes de la publicación de la presente ley.

Dicha revalorización se hará a costos o precios de reposición que no sobrepasen los niveles del mercado a la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial. Para establecer el monto de la revalorización, se hará una comparación entre el valor con que los respectivos bienes se debieron registrar en la contabilidad para los fines del impuesto a la renta, y el valor de costo o precio de reposición aludido.

Para acogerse a las franquicias indicadas, los contribuyentes deberán hacer una declaración escrita ante el Servicio de Impuestos Internos dentro del plazo de 120 días contado desde la fecha de publicación de esta ley, indicando los bienes o partidas que deseen revalorizar.

El referido impuesto único deberá ser pagado dentro del plazo de 120 días contado desde la fecha de publicación de esta ley.

No obstante, los contribuyentes que así lo manifestaren al Servicio podrán pagar el impuesto en dos cuotas, una dentro de los referidos 120 días y otra en 180 días contados desde la fecha de publicación de la ley, recargándose esla última en un 10%.

Si no se efectúa el pago dentro de los plazos indicados en los dos incisos anteriores se perderá el derecho a la revalorización. Una vez efectuado el pago total, el contribuyente deberá en esta misma fecha contabilizar en sus libros las operaciones materia de la declaración; la cantidad revalorizada no será considerada renta para ningún efecto legal y, desde la fecha de la contabilización, la revalorización se considerará válida para todos los efectos legales.

Los contribuyentes que se acojan a esta franquicia deberán pagar por el ejercicio en que se contabilice esta revalorización, un impuesto de categoría a lo menos igual al que debieron pagar por los resultados del balance cuyo inventario sirvió de base a esta revalorización incluido él reajuste que correspondió pagar de acuerdo con el artículo 77 bis de la Ley de la Renta, sin perjuicio de aplicar a la suma resultante dicho reajuste que proceda por el año en que deba pagarse si impuesto.

El total de la revalorización deberá utilizarse en incrementar el capital de explotación de la empresa, no debiendo, por lo tanto, ni distribuirse ni ser invertido en objetivos ajenos a la explotación, sino sólo capitalizarse.

Esta revalorización no afectará a los derechos de participación en las utilidades que corresponden a los obreros y empleados.

Artículo 246. En el Nº 2 del artículo 61 de la Ley sobre Impuesto a la Renta intercálase a continuación de la palabra "comisiones", entre comas, la expresión "por telecomunicaciones internacionales".

Artículo 247. El Presidente de la República fijará anualmente, a propuesta del Ingeniero Director de Servicios Eléctricos y de Gas, el monto de los derechos, gravámenes, primas, derechos de inspección, depósitos de garantía, tarifas por revisión o aprobación, multas, impuestos especiales y otros, contemplados en las leyes de Servicios Eléctricos (D. F. L. Nº 4, de 1959) y de Servicios de Gas (D. F. L. Nº 323, de 1931), pudiendo hacerlos extensivos a la producción y distribución de gases licuados de petróleo.

La Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas cobrará y percibirá los derechos, gravámenes y otros señalados en el inciso anterior, en la forma, plazos y fechas que determine el reglamento.

El atraso en el pago de las cantidades adeudadas será sancionado con un interés penal igual al que el Fisco está autorizado para cobrar por los impuestos atrasados.

Una copia del documento de cobro de derechos, gravámenes, multas, tarifas por revisión o aprobación y otros señalados en el inciso primero, autorizada por el Ingeniero Director, servirá de suficiente título ejecutivo.

Los Tribunales del Departamento de Santiago serán competentes para conocer de los juicios que origine el cobro de las tasas y derechos aludidos.

El procedimiento ejecutivo especia! establecido en el D. F. L. Nº 238, de 1960, sobre Cobranza Judicial de Impuestos, será aplicable al cobro de derechos, gravámenes y otros.

La Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas, en un plazo no superior a dos años a contar de la publicación de la presente ley, deberá fijar a todas las compañías distribuidoras de gas licuado del país, la utilización de un sistema uniforme de válvulas y conexiones en los artefactos que funcionen con ese combustible.

En ningún caso, los gastos que origine lo dispuesto en el inciso anterior serán de cargo de los usuarios. El Ministerio del Interior fiscalizará el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y sancionará su infracción con una multa de 10 sueldos vitales mensuales, la que se duplicará en caso de reincidencia.

Artículo 248. Estarán exentas del impuesto establecido en el artículo 61 de la Ley sobre Impuseto a la Renta, las cantidades pagadas o abonadas en cuenta por la Universidad de Chile y las demás Universidades reconocidas por el Estado, a personas sin domicilio ni residencia

en el país.

Condónanse a dichas Universidades las sumas que hubieren retenido o debido retener por concepto del impuesto establecido en el artículo 61 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y no hubieren enterado en arcas fiscales, como, asimismo, las multas e intereses correspondientes.

El recargo de la primera cuota del impuesto adicional, contemplado

en el artículo 99 de la ley N° 16. 250, que se aplicará en el año tributario 1968, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 9º de la ley N° 16. 773, se pagará, sin intereses ni recargos, conjuntamente con la tercera cuota, por los contribuyentes a que se refiere el Nº 1 del artículo 67 de la Ley de la Renta, cuyos balances anuales terminaron en el mes de octubre de 1967.

Artículo 249. Reemplázase el inciso final del artículo 49 de la ley Nº 11. 741, de 28 de diciembre de 1954, modificado por el artículo 13 de la ley Nº 16. 723, de 13 de diciembre de 1967, por el siguiente:

"Independientemente de los impuestos anteriores se aplicará uno extraordinario de Eº 0, 20 por paquete de cigarrillos. ".

De la suma que debe percibir el Ministerio de Obras Públicas y Transportes durante el presente año, en conformidad a lo señalado en el inciso primero de este artículo y de acuerdo con la distribución estipulada en la ley Nº 16. 723, artículo 14, la proporción que le corresponda a la Provincia de Aconcagua la aportará a la Municipalidad de Los Andes para que, en conjunto con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º letra b) de la ley Nº 16. 440, y la proporción que corresponda al Departamento de Illapel, se aportará a la Municipalidad de Salamanca.

Artículo 250. El mayor gasto que resulte por aplicación de las disposiciones de esta ley se podrá financiar indistintamente con cargo a la provisión consultada en la Ley de Presupuestos vigente o con cargo a la presente ley.

Artículo 251. Supleméntanse en las sumas que se indican los siguiente ítem del Presupuesto vigente:

DENOMINACION

ITEM

Moneda Ex

Moneda Nacional tranjera con

Eº vertida a dó

lares

US$

Alimentos y bebidas

05/05/01. 007

800.000 .

05/05/01. 009

Combustibles y Lubrican

tes

800.000

07/01/02. 112. 003 Aporte y subvención a la

Corporación de Fomento. 104. 000. 000

3.200. 000

08/01/01. 115. 002 Amortizaciones de la Deuda Pública Externa.

1) Aporte a la Caja de Amortización de la Deuda Pública....

16.000. 000

11/01/01. 035. 005 Fondo de Seguridad Na

cional

20.000. 000

12/03/02. 034. 001 Empresa de los Ferrocarriles del Estado....

6.400. 000

12/03/02. 111. 001 Empresa de los Ferrocarriles del Estado....

8.000. 000

17/01/02. 034. 002

Empresa de los Ferrocarriles del Estado.... 8. 000. 000

Para el pago de tarifas de cargo fiscal según facturas que emita dicha Empresa en el curso del ejercicio.

18/03/02. 111. 001 Corporación de la Vi

vienda 102. 400. 000

250.400. 000 19. 200. 000.

Artículo 252. Sólo serán de cargo fiscal las obligaciones generadas por los montos acreditados en cuotas de ahorro para la vivienda en favor del personal de los servicios de la Administración Central del Estado y de las Instituciones mencionadas en el artículo 52 de la presente ley.

Artículo 253. La Contraloría General de la República deberá llevar un registro permanente y diario de todas las obligaciones del Fisco con terceros y de éstos con aquél, y de la deuda pública interna y externa, directa e indirecta, con y sin garantía del Estado.

Párrafo 4º

De los aportes.

Artículo 254. El Presidente de la República entregará en el año 1968 las siguientes cantidades a los Servicios e instituciones que se indican, con el objeto de que den cumplimiento a las disposiciones de la presente ley:

1. 2. 3. 4. Oficina de Planificación Nacional Eº Contraloría General de la República Empresa de los Ferrocarriles del Estado ... Empresa de Transportes Colectivos del Es tado 1.410.000. 3.810.000. 52.730.000. 8.070.000.

5.6. Línea Aérea Nacional Empresa Portuaria de Chile 6.050.000. 18.970.000.

7.8.9. Empresa Marítima del Estado Universidad de Chile Universidad Técnica del Estado 5.500.000. 50.620.000. 7.930.000.

10. Universidad Católica de Santiago 9. 250. 000.

11. Universidad Católica de Valparaíso 2. 190. 000.

12. Universidad Técnica Federico Santa María 1. 520. 000.

13. Universidad Austral de Chile 2. 120. 000.

14. __Universidad del Norte 1. 850. 000.

15. Universidad de Concepción 11. 795. 000.

16. Escuelas Universitarias de Temuco...... 115. 000.

17. Escuela Normal Experimental de Talca... 111. 000.

18. Consejo General del Colegio de Abogados.. 459. 000.

19. Consejo de Defensa del Niño 515. 000.

20. Fábricas y Maestranzas del Ejército 2. 060. 000.

21. Dirección de Aeronáutica 580. 000.

22. Astilleros y Maestranzas de la Armada... 4. 510. 000.

23. Instituto de Desarrollo Agropecuario 10. 790. 000.

24. Corporación de la Reforma Agraria 9. 340. 000.

25. Instituto de Investigaciones Agropecuarias.. 2. 180. 000.

26. Instituto Forestal 740. 000.

27. Instituto de Capacitación e Investigación en

Reforma Agraria 235. 000.

28. Servicio Agrícola y Ganadero 9. 450. 000.

29. Servicio Nacional de Empleo y Mano de Obra 232. 000.

30. Dirección de Crédito Prendario y de Martillo 2. 260. 000.

31. Servicio Nacional de Salud 135. 780. 000.

32. Servicio Médico Nacional de Empleados para

dar cumplimiento a la ley Nº 15. 076 2. 780. 000.

33. Corporación de Servicios Habitacionales... 7. 290. 000.

34. Corporación de Mejoramiento Urbano.... 860. 000.

35. Caja de Accidentes del Trabajo, para dar

cumplimiento a la ley Nº 15. 076 320. 000.

Eº 374. 422. 000. .

A las instituciones particulares que se detallan en el inciso anterior, sólo se les aplicará el reajuste del Título 1º.

Al personal de la Empresa Marítima del Estado, sujeto a Convenio, se les aplicará el Título del Sector Privado.

Los aportes establecidos para las Universidades de Concepción y Austral de Chile servirán para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley y para pagar la extensión horaria de los profesores funcionarios afectos a la ley Nº 15. 076, que se desempeñen en régimen de jornada completa.

Declárase que la Universidad de Concepción puede girar, con cargo a los fondos que le corresponden de acuerdo a lo establecido en los artículos 36 de la ley 11. 575 y 27 de la ley 11. 828, modificado por la ley 16. 425, las cantidades que le permitan financiar el mayor gasto que significará la extensión horaria cuando ella se conceda con fines de investigación o de docencia a los profesionales funcionarios no afectos a la ley 15. 076.

Artículo 255. Introdúceme las siguientes modificaciones a la Ley Nº 16. 773, de 23 de marzo de 1968:

Suprímese en el inciso segundo de la letra d) del artículo 3º la frase: "sólo respecto de aquellas sociedades que tenían más de quince accionistas a la fecha del último cierre del Registro anterior al Balance que sirve de base para la valorización de sus acciones, y";

Sustitúyese en la letra c) del artículo 5º a continuación de las palabras "Banco del Estado de Chile" la conjunción "y" por una coma (, );

Sustituyese el punto aparte' de la letra c) del artículo 5º por una coma, agregando las expresiones: "los depósitos en cuenta de ahorro efectuados en Asociaciones de Ahorro y Préstamo en conformidad al D. F. L. Nº 205, de 1960, los créditos hipotecarios otorgados por dichas Asociaciones y adquiridos por terceros de acuerdo con el mismo cuerpo legal, bonos y pagarés emitidos por la Caja Central en virtud de lo dispuesto por el artículo 90 de dicho decreto con fuerza de ley y las cuotas de ahorro para la vivienda hechos en conformidad al D. F. L. Nº 2, de 1959. ".

Los contribuyentes que a la fecha de la publicación de la presente ley hubieran presentado sus declaraciones de renta mínima presunta establecida por la Ley Nº 16. 773 de acuerdo a las normas que originalmente contenía dicha Ley en el inciso 29 de la letra d) de su artículo 39, podrán rectificar tales declaraciones ajustándose a lo dispuesto en la letra a) de este artículo de la presente ley; esta rectificación deberá hacerse dentro de los plazos señalados por el artículo 126 del Código Tributario.

Artículo 256. Libérase del pago de derechos de internación, de almacenaje, de los impuestos establecidos en el Decreto Supremo Nº 2772, de 1943, y sus modificaciones posteriores, y en general de todo derecho o contribución que se perciba por intermedio de las Aduanas, así como de depósitos previos de importación, a las siguientes especies:

Un gabinete de física "PHYWE", colección fundamental, compuesto de 471 elementos, y un gabinete de química "PHYWE", colección media "Mc", compuesto de 566 elementos, incluso sus manuales de instrucciones, destinados al uso exclusivo del Colegio Italiano Santa Ana, de Arica;

Un sillón dental Op. Scandinavia y una unidad dental Prodenta, al Sindicato Profesional Braden Copper Co., Centro Trabajo Rancagua;

Un furgón mortuorio, de procedencia norteamericana, destinado a la Sociedad de Socorros Mutuos Andrés Bello, de Linares;

Un automóvilOpel, tipo RecordCaravan 1900, con 5 puertas, color beigearena, chasis Nº 674. 094. 378, motor Nº 19S0149. 942, peso app. 1. 100 kgs.; una caja de piezas de repuesto; un proyector de diapositivas con 40 chasis para placas, fabr. Leitz; una grabadora fabr. Uher con micrófono Dual, así como un tocadiscos con mezclador, 12 cintas y unos discos; una máquina de fotografiar Optima fabr. Agfa; 2 instrumentos para leer para ciegos para biblioteca acústica, fabr. suiza y una máquina de escribir para ciegos fabr. Olympia, especies que han sido donadas para los templos de la Iglesia de Dios en Santiago de Chile y consignadas al Reverendo Alberto Küpfer, y

a) e) Las internaciones de los elementos destinados a las construcciones y habilitaciones que les corresponda efectuar a las Sociedades Constructoras de Establecimientos Hospitalarios S. A. y Educacionales S. A.

Si dentro del plazo de diez años, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, las especies a que se refiere este artículo fueren enajenadas a cualquier título o se les diere un destino distinto del específico, se aplicarán las sanciones establecidas para la infracción de lo dispuesto en la letra e) del artículo 197 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.

Libérase a los espectáculos presentados o contratados por la Universidad de Chile de Antofagasta y programados en el teatro que dicha Universidad posee en esa ciudad de los impuestos establecidos en las leyes Nºs. 5. 172, de 13 de diciembre de 1933 y sus modificaciones posteriores; 14. 171, artículo 30, y 12. 120, título II.

Artículo 257. Reemplázase el número 1 del inciso décimo del artículo 35 de la ley Nº 13. 039, cuyo texto actual fue aprobado por el artículo 238 de la ley Nº 16. 617 y sus modificaciones, por el siguiente:

"Nº 1. El vehículo motorizado no podrá tener un valor FOB superior a US$ 2. 000 respecto de aquellos residentes que tengan una permanencia de 2 a 5 años en la zona, y de US$ 2. 500 respecto de aquellos residentes que tengan 5 o más años de permanencia en la zona.

Para el solo efecto de los valores referidos se admitirá una rebaja del 10% a todo vehículo por cada año de permanencia en la zona, contado desde la fecha de su importación, con un máximo de 20%, y".

Artículo 258. Reemplázase el inciso segundo del artículo 14 de la ley Nº 16. 433, por el siguiente:

"El producto de este impuesto se depositará en cuenta especial, centralizada en la Tesorería Provincial de Coquimbo, y se entregará a la Universidad de Chile para que lo destina al funcionamiento de actividades docentes y de extensión musical a través del Conservatorio Regional, dependiente del Centro Universitario de La Serena. ".

Artículo 259. En las Comunas de Valparaíso y Viña del Mar la tasa parcial del Impuesto Territorial del trece por mil de exclusivo beneficio fiscal, se dividirá en la siguiente forma: un once por mil de exclusivo beneficio fiscal, y un dos por mil de exclusivo beneficio de la Empresa Municipal de Desagües de Valparaíso y Viña del Mar.

Dicha Empresa sólo podrá invertir el referido dos por mil en la ejecución de obras materiales de alcantarillado y desagües en la Comuna de Valparaíso y Viña del Mar, sin deducciones de ninguna especie para el pago de sueldos, salarios, honorarios, etc., en favor de los servidores de la Empresa y él se cobrará y percibirá en favor de la misma Empresa en la forma establecida para la participación Municipal del Impuesto Territorial en el inciso cuarto del artículo 16 de la ley Nº 15. 021.

Artículo 260. Las alzas de precios de las mercaderías, artículos de consumo, servicios y de cualquier producto, que se decreten a contar del 1º de enero de 1968 no podrán ser superiores al 15% del valor o precio vigente al 31 de diciembre de 1967.

Toda alza superior a este porcentaje será nula y la Contraloría

Genera] de la República no podrá cursar los decretos que vulneren lo establecido en el inciso anterior.

Artículo 261. Los documentos que suscriba el Presidente de la República o sus Ministros de Estado y en los que se comprometa internacionalmente la dirección general de la política económica, monetaria o financiera del Estado, como las "cartas de intención" que se intercambien con el Fondo Monetario Internacional u otras análogas o similares, requerirán para su validez de la aprobación previa del Senado de la República.

Artículo 262. Elimínase en el artículo 62 letra e) de la Ley Nº 16. 742 la frase "como, asimismo, los derechos correspondientes a las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y demás actuaciones que realicen en los Conservadores Bienes Raíces".

Artículo 263. Modifícense los ítem que se indican de la Ley de Presupuestos vigente:

1. Rebájase la cantidad asignada al ítem 05/01/01/016 de Eº 1. 590. 000 a Eº 340. 000 y suprímese el inciso segundo de la glosa de este ítem;

2. Rebájase la cantidad asignada al ítem 05/02/01. 016 de Eº 10. 262. 144 a Eº 802. 144 y suprímese el inciso segundo de la glosa de este ítem y

3. Créase en el Presupuesto Corriente en moneda nacional del año 1968 de la Dirección General de Obras Públicas el ítem 12/02/01. 028 Transferencias a personas con la suma de Eº 50. 000 que se traspasa del ítem 12|02|01. 026.

Declárase que los fondos consultados en el Nº 18 del artículo 254 de la presente Ley, en el ítem 10/01/01/. 030/002, y, en cuanto corresponda, en el ítem 10/01|01/030|001 de la Ley Nº 16. 735 de presupuestos de la Nación, se destinarán por el Consejo General al pago de las remuneraciones del personal del Colegio de Abogados en todo el país, oyendo a las Mesas Directivas de los Consejos Provinciales, con sujeción a lo dispuesto en las glosas respectivas de dichos ítem y sin que rija el artículo 20 de la Ley Nº 7. 295.

Artículos transitorios

Artículo 1ºPara los efectos de lo dispuesto en el artículo 8º de la presente Ley, facúltase al Presidente de la República para modificar los porcentajes, que en virtud de lo establecido en el artículo 15, letra b) del D. F. L. Nº 63, de 1960, se hayan dispuesto por Decreto Supremo a comisiones realizadas después del 1º de enero del año en curso.

Artículo 2ºFacúltase al Presidente de la República para incluir en el texto refundido de la Ley Nº 10. 383, de 8 de agosto de 1952, para cuya fijación fue autorizado por el artículo 8° transitorio de la Ley Nº 16. 585, de 12 de diciembre de 1966, las modificaciones contenidas en la presente Ley, así como para actualizar las denominaciones de las entidades, de los cargos y de los funcionarios que figuren en dicho texto

refundido y para convertir en la actual unidad monetaria escudo, las cantidades que aparezcan, en el mismo texto, en la antigua unidad monetaria, peso. ".

Sala de las Comisiones Unidas, a 26 de abril de 1968.

Asistieron, por la Honorable Comisión de Gobierno los Honorables Senadores señores Bulnes (Presidente), Aguirre, Chadwick, Luengo y Musalem, y por la Honorable Comisión de Hacienda, los Honorables Senadores señores Rodríguez (Presidente), (María Elena Carrera), Bossay (Miranda), Contreras Labarca (Contreras Tapia), Ibáñez (Jaramillo) y Palma.

(Fdo. ): Pedro Correa Opaso, Secretario de la Comisión de Hacienda. Luis Valencia Avaria, Secretario de la Comisión de Gobierno.

REAJUSTE DE REMUNERACIONES PARA 1968.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Corresponde tratar en particular el proyecto sobre reajuste de remuneraciones de los empleados y obreros de los sectores público y privado.

Las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas, en informe suscrito por los Honorables señores Bulnes Sanfuentes (presidente), Aguirre Doolan, Chadwick, Luengo y Musalem, por la de Gobierno, y los Honorables señores Rodríguez (presidente), Carrera, Bossay, Contreras Labarca, Contreras Tapia, Ibáñez, Jaramillo Lyon y Palma por la de Hacienda, recomiendan a la Sala aprobar el proyecto con las modificaciones contenidas en el informe que los señores Senadores tienen en sus manos.

Los antecedentes sobre este proyecto figuran en los. Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 73°, en 26 de marzo de 1968.

Informes Comisiones de:

Gobierno y Hacienda, Unidas, sesión 75ª, en 2 de abril de 1968.

Gobierno y Hacienda, unidas, (Segundo), sesión 84, en 27 de abril de 1968.

Discusiones:

Sesiones 75ª, en 2 de abril; 76ª, y 77ª. (Se aprueba en general), en 3 de abril de 1968.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Para facilitar la tramitación del proyecto, me parece conveniente suspender la sesión por veinte minutos y citar a los Comités a una reunión con tal objeto.

El señor CHADWICK.-

Podría suspenderse por 10 minutos nada más.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Se suspende la sesión.

Se suspendió a las 10. 17. Se reanudó a las 11. 18.

- O -El señor ALLENDE ( Presidente).-

Continúa la sesión.

Se dará lectura a los acuerdos tomados en la reunión de Comités.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Con respecto a la tramitación de este asunto, la unanimidad de los Comités acordó lo siguiente:

1º- Para los efectos de su discusión, dividir el proyecto en ocho rubros: primero, reajuste general del sector público, artículos 1º a 5º; segundo, reajustes especiales, artículos 6º a 43; tercero, reglas para la aplicación de los reajustes, artículos 44 a 47; cuarto, normas varias del sector público, artículos 48 a 86; quinto, reajuste del sector privado, artículos 87 a 106; sexto, disposiciones previsionales, artículos 107 a 164; séptimo, disposiciones varias, artículos 165 a 235, y octavo, financiamiento y normas tributarias y presupuestarias, artículos 236 a 263.

2º- Discutir cada uno de estos rubros por un plazo máximo de dos horas, dentro de las cuales corresponderán 10 minutos a cada Comité y al señor Ministro de Hacienda. Estos tiempos son intransferibles entre los diversos Comités.

3º- Autorizar para fundar el voto en cada artículo a un Senador por Comité, por un máximo de cinco minutos. Igual tiempo corresponderá al señor Ministro para dar alguna explicación, en caso necesario.

4º- Asignar una hora a la discusión de las siguientes materias: primero, internación de automóviles; segundo, multas a ciertos bancos comerciales, y tercero, aumento de pensiones del Servicio de Seguro Social.

5º- No discutir las indicaciones renovadas, respecto de las cuales únicamente podrá fundar el voto un Senador por Comité.

6º- Asignar un tiempo extraordinario de cinco minutos al Honorable señor Allende respecto de la indicación sobre jardines infantiles.

Fuera de estos acuerdos, se aclaró que, como norma general, no se tomarán en cuenta las indicaciones enviadas al Ejecutivo que no han llegado con su patrocinio, ni las declaradas improcedentes por las Comisiones.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Me parece no haber escuchado al señor Secretario referirse al derecho de un Senador para pedir anticipadamente la apertura de debate sobre determinado artículo.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

En reemplazo de esa proposición de Su Señoría que se modificó totalmente, rige el acuerdo a que acabo de dar lectura.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Lo lamento, porque tenía interés en decir algunas palabras acerca del artículo 43, si no me equivoco.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

El señor Senador dispone de los cinco minutos que corresponden a cada Comité.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Su Señoría podrá hablar dentro del tiempo del Comité Radical.

El señor ALESSANDRI (don Fernando).-

¿Se votará después de las dos horas?

El señor ALLENDE ( Presidente).-

O antes, si termina el debate. El plazo de dos horas es el máximo.

El señor JULIET.-

El señor Secretario ha expresado que se destinaron dos horas a cada rubro. Sin embargo, me parece que el acuerdo no fue ése.

Los Comités acordaron asignar diez minutos a cada Comité y al señor Ministro.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Así es, señor Senador, pero con una duración máxima de dos horas, porque también tiene tiempo el señor Ministro.

El señor JULIET.-

Diez minutos para cada uno de los Comités y para el señor Ministro suman 90 minutos, o sea, una hora y media.

Pediría que se rectificara el enunciado de los acuerdos en la forma indicada: diez minutos por Comité y diez minutos para el señor Ministro.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

El debate total sería de hora y media.

El señor JULIET.-

Sí, señor Presidente, porque son ocho Comités.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Queda en claro, entonces, que se acordó destinar diez minutos a cada Comité y otros diez al señor Ministro.

En discusión el primer rubro, que comprende los artículos 1º a 5º.

Ofrezco la palabra.

El señor BOSSAY.-

Señor Presidente, deseo expresar el pensamiento del Partido Radical acerca de este primer rubro, compuesto por los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º, relativos a las normas sobre reajuste para parte importante del sector público, aquella respecto de la cual rige el 12, 5%, más lo expresado en el inciso segundo del artículo 1º.

Los Senadores radicales votamos en contra de la idea de legislar de este proyecto, por las razones que en su oportunidad expusieron distintos colegas de nuestras bancas. Nuestro rechazo se debió, en resumen, a que la iniciativa contiene un sistema distinto para el pago del reajuste, es decir, para la devolución del poder de compra de los sueldos y salarios, que nosotros estimamos debe expresarse ciento por ciento en dinero efectivo.

Importante base para tal rechazo fue también nuestro desacuerdo con el propósito del Ejecutivo de interpretar el Acuerdo Magisterial en contra de su clara letra, tendiente a devolver parte de los sueldos del Magisterio nacional atrasados en su reajuste durante distintos años, y a reajustarlos en la forma que ella señala durante los años 1968, 1969 y 1970. Estimamos que estos acuerdos pueden ser impuestos por el Ejecutivo, posteriormente, en contra del interés del Magisterio nacional.

Razones parecidas valen para el gremio postaltelegráfico, pues en la nueva planta no se ha cumplido lo acordado con él.

También tenemos la actitud persecutoria, materia respecto de la cual celebró sesión ayer el Senado, con relación a los obreros de Vialidad, a los funcionarios de Correos y Telégrafos y el Magisterio nacional. La violenta reacción con que en aquella oportunidad empezaron a expresar esos gremios su desacuerdo con la ley, nos llevó también a adoptar esa actitud.

Sin embargo, en el Senado, como sabe todo el mundo, hubo mayoría para aprobar la idea de legislar. Por eso, en las Comisiones, dentro de este primer rubro, "Reajuste general para el sector público", hemos planteado diversas indicaciones, la mayoría de las cuales se encuentran aprobadas e incluidas en el articulado, para cumplir, en primer término, nuestro anhelo de pagar en dinero el reajuste a este sector de la Administración Pública.

Nuestra indicación se encuentra incorporada en el inciso segundo del artículo 1°. Por medio de ella nuestro partido ha cambiado los términos de la disposición primitiva y expresa que la asignación adicional que se entregará al sector que recibe 12, 5% en dinero, deberá también ser pagado en efectivo. Sólo si las personas interesadas proceden por sí mismas a solicitar su pago en bonos CORVI, certificados reajustables del Banco Central o asignaciones de asociaciones de ahorro y préstamo, no se pagará en dinero. Esta situación, aunque no satisface absolutamente el planteamiento que hicimos en la discusión general del proyecto, siempre es mejor que el sistema aprobado por la Cámara de Diputados. Por eso, estamos de acuerdo con ella.

En este mismo párrafo, por la vía de la facultad al Presidente de la República, por carecer nosotros de atribuciones constitucionales para proceder de otro modo, hemos establecido en el artículo 3º el reajuste automático. En un foro con el Presidente del Senado, Honorable señor Allende, coincidimos en estimar ésta una solución práctica que evitará muchas dificultades que afectan a nuestro desarrollo económico y provocan inquietud. Dicho artículo establece un fondo común con los ingresos de las distintas leyes de reajustes de sueldos y salarios. Los excedentes, en caso de producirse deberán destinarse a financiar el presupuesto de capital, que ha aumentado muy poco en los últimos años, como se comprueba haciendo la conversión de los presupuestos corriente y de capital a moneda de valor constante, es decir, a dólares, desde 1963 hasta la fecha. Estimamos conveniente destinar esos excedentes al presupuesto de capital, para contribuir a un desarrollo económico nacional más estable y sostenido.

Se han techo algunas objeciones en contra del reajuste automático de sueldos y salarios. El propio señor Ministro expresó en un foro que la obligatoriedad de dicho reajuste constituye una mala fórmula, por estimarla muy rígida, al parecer. Pero, en verdad, hemos considerado el artículo 3º sólo como la base para una solución del problema. Posteriormente podremos modificarlo. Ni el Senador que habla, ni ninguno de los Honorables colegas que aprobaron por unanimidad el precepto en las Comisiones unidas, pretendemos que el sistema propuesto sea perfecto. Sería absurdo pensar que en estos pocos días, en medio de un trabajo agobiador, pudiéramos haber encontrado la fórmula ideal que evitara problemas futuros en esta materia. Pero, sin duda, el artículo 3º, adicionado con tres o cuatro disposiciones del Presupuesto nacional, permitirá encontrar un procedimiento que se acerque a lo ideal, también se modifica la situación de la ley de Presupuestos. Según me parece, de acuerdo con lo que he leído, el señor Presidente de la República, en su discurso pronunciado ayer en Magallanes, hizo un planteamiento parecido y aceptó que este artículo puede constituir la base para encontrar la solución. Imagino que ella vendrá en el veto o en disposiciones posteriores, después de estudiar el problema con más calma, teniendo como estructura básica el artículo 3º. A mi juicio, con ello evitaremos en lo futuro las presiones gremiales de todos los años, e inclusive el contrabando que suele venir en las leyes generales de reajustes, en las cuales los propósitos últimos son totalmente distintos del aumento de sueldos y salarios. Por ejemplo, en el caso de este mismo proyecto, de un costo de mil setecientos millones de escudos, mil millones están destinados a financiar los reajustes y setecientos millones a otros propósitos que pudieron incluirse en una iniciativa independiente que hubiera aumentado en cierta cantidad el Presupuesto. Así habríamos podido nosotros estudiar en detalle, durante un tiempo razonable, la fuente de los recursos y, fundamentalmente, la conveniencia o inconveniencia de aumentar ciertos rubros presupuestarios.

Termino el fundamento del voto de nuestra colectividad declarando que el Partido Radical votará favorablemente estos artículos, inclusive el 2°, respecto del cual tuvimos ciertas discrepancias con algunos Honorables colegas en las Comisiones unidas, pues, a nuestro juicio, para los casos en que se opte por recibir cuotas de ahorro para la vivienda, es necesario establecer una reglamentación, la cual está incluida en dicho artículo.

Por lo expuesto, el Partido Radical, a pesar de haber votado en contra de la idea de legislar, después de haber logrado introducir en el proyecto las ideas del pago en dinero efectivo y el reajuste automático de los sueldos y salarios, votará a favor de este párrafo, que lo hace suyo.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Pido la palabra.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría, hasta por diez minutos.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

En primer término, deseo recordar a los señores Senadores que la prensa adicta al Gobierno formuló reiteradas críticas a la labor de las Comisiones de Hacienda y de Gobierno, unidas, entre otras razones, por haberse presentado más de dos mil indicaciones, lo que, según parecía, iba a transformar en un código excesivamente extenso el proyecto sobre reajustes para el año 1968 aprobado por la Cámara de Diputados. Con ello se quería llegar a la conclusión ele que los partidos disconformes con la conducta del Gobierno a este respecto hacían casi imposible la dictación de una ley sobre reajustes con la prontitud que reclaman los trabajadores tanto del sector público como del privado. Los hechos han demostrado que tales críticas eran infundadas, además de injustas y falsas, pues la labor de las Comisiones unidas permitió, en primer lugar, disminuir el número de disposiciones del proyecto de la Cámara a 263 artículos permanentes y 2 transitorios. Por otra parte, se le dio una ordenación más racional y una mejor sistematización respecto de la iniciativa despachada por esa rama del Congreso. Ahora existe cierto orden. No estamos completamente conformes con nuestra labor, pero entiendo que el proyecto ha sido notoriamente mejorado por las Comisiones de Hacienda y de Gobierno.

En seguida, paso a referirme al primer grupo de disposiciones aprobadas por las Comisiones unidas.

Al respecto, deseo recordar que los Senadores comunistas hemos impugnado en general el proyecto en debate en cuanto concede un reajuste inferior al alza verdadera del costo de la vida. A nuestro juicio, el porcentaje propuesto por el Ejecutivo es exiguo, insuficiente para que los trabajadores puedan recuperar lo que han perdido en virtud del proceso inflacionista en el curso del año 1967.

Naturalmente, nosotros somos partidarios de la primera enmienda introducida al artículo 1º, en el sentido de que el 12, 5 por ciento de reajuste de sueldos y salarios bases se pague en dinero efectivo. Esta disposición no es ociosa, y conviene mantenerla en el texto de la ley.

Además, los Senadores comunistas estamos de acuerdo en sustituir el sistema establecido en el inciso segundo del artículo 1º del texto aprobado por la Cámara, que disponía el pago de una parte del reajuste en cuotas de ahorro para la vivienda. Hemos sido totalmente contrarios a los que popularmente se llamaron "chiribonos" y también a los llamados "chiricorvis". Por consiguiente, sustentamos la opinión de que debe aprobarse el inciso segundo, en reemplazo de la disposición anterior, que disponía el pago de una asignación equivalente al 7, 5 por ciento de los sueldos y salarios bases, en los términos recién expresados por el Honorable señor Bossay. En nuestro concepto, no se debe obligar a ningún empleado público a recibir cuotas de ahorro para la vivienda. Tal resolución debe quedar entregada a la voluntad del funcionario. Desde este punto de vista, la iniciativa ha sido notoriamente mejorada.

Deseo llamar la atención al hecho de que el inciso tercero prescribe que no se aplica la disposición a que me vengo refiriendo, o sea el pago de una asignación espacial de 7, 5 por ciento, a los funcionarios incluidos en el párrafo segundo del proyecto o en los artículos 25 y 26 de la ley Nº 16. 617, vale decir a los maestros. Así ha quedado categóricamente establecido, y nosotros compartimos esa opinión. Sin embargo, en la parte segunda del inciso tercero del artículo 1° se insiste en mencionar los artículos 25 y 26 de la ley Nº 16. 617, lo cual, a nuestro juicio, es absolutamente improcedente. Al respecto, solicitamos que se divida la votación, en el sentido de pronunciarse separadamente sobre esa parte del inciso tercero, a fin de suprimir la frase "lo dispuesto en los citados artículos de la ley Nº 16. 617".

Estamos de acuerdo con el artículo 2º.

En seguida, deseo expresar que el Partido Comunista es partidario del sistema de reajustes anuales automáticos establecido en el artículo 3º, por cuanto, según lo han demostrado los hechos, el actual sistema es absolutamente inaceptable y ha provocado la grave situación que pudimos apreciar en el seno de las Comisiones unidas. Por lo tanto, conviene que en lo porvenir se rectifique la forma como el Congreso Nacional debe actuar respecto del reajuste de sueldos y salarios. Sin embargo, al leer el primer inciso de este artículo en el texto que se nos ha entregado, observo una omisión importante. En efecto, el precepto dice: "Facúltase al Presidente de la República para reajustar, anualmente, a partir del 1º de enero de 1969, en el 100% del alza que hubiera experimentado el índice de precios al consumidor en el año inmediatamente anterior... ", Echo de menos algo que las Comisiones unidas aprobaron explícitamente: la expresión "a lo menos", pues la indicación aprobada...

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Está corregido ese error en el original, señor Senador.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Supongo que en el original está correcta la redacción del artículo. Pero es preciso dejar constancia de que en el texto que tenemos a la vista hay una omisión.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Tiene toda la razón Su Señoría.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Estamos de acuerdo también con los artículos 4º y 5º.

Estas son las observaciones generales que queríamos formular, en nombre del Partido Comunista, respecto del primer grupo de disposiciones del proyecto de reajustes.

Votaremos que sí.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Pido la palabra.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría, hasta por 10 minutos.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Señor Presidente, desde que se inauguró el actual Gobierno y se conoció su política, el partido a que pertenezco ha venido señalando que se está conduciendo el gasto público a límites absolutamente incompatibles con la realidad del país. Lo dijimos desde que se conocieron sus primeros planes y las primeras realizaciones. Fuimos entonces duramente atacados. Se nos imputó ser retardatarios, egoístas y estar defendiendo privilegios. Durante el tiempo transcurrido tres años y medio del actual Gobierno, ha quedado evidenciado, hasta la saciedad, que el gasto público en Chile se ha llevado a límites peligrosos, incompatibles con el desarrollo económico del país y, aún, con la mantención de la actividad económica que tenemos actualmente. Es bien sabido que el ritmo de incremento de las distintas ramas de la producción ha disminuido considerablemente, y amenaza transformarse en negativo. Hay evidente relación entre el aumento desmesurado de los gastos públicos, que lleva aparejado un exceso de impuestos que impiden la capitalización del sector privado, y el decrecimiento en el ritmo de aumento de la producción, o sea, de desarrollo de la economía nacional.

Por otra parte, al tratarse el proyecto de reajustes, ha quedado en evidencia que, no obstante disponer de enormes recursos por concepto de ingresos en moneda dura los más grandes que se conocen en la historia del país, el Ejecutivo se encuentra en serias dificultades para financiar un reajuste que ni siquiera alcanza a devolver a los trabajadores del Estado la depreciación sufrida por sus sueldos y salarios a raíz del alza del costo de la vida.

El año pasado, en su Mensaje del 21 de mayo, el Presidente de la República reconoció haber aumentado el gasto fiscal en 53%, en cifras deflactadas. Economistas que hacen estudios sobre el particular sostienen que tal incremento alcanza casi a 100%.

Cuando en septiembre u octubre de 1967 se anunció el concepto general del proyecto de reajustes para este año, manifestamos, desde el primer momento, que con una política fiscal ordenada y un presupuesto hecho en términos prudentes, era perfectamente posible entregar a los servidores del Estado un reajuste equivalente al alza oficial del costo de la vida, sin imponer al país otros tributos ni aplicar, por lo tanto, nuevos aceleradores inflacionarios. No fuimos escuchados, y el Presupuesto, como de costumbre, fue dispendioso y aumentó considerablemente los gastos fiscales. De ahí que el Ejecutivo se encontrara en la imposibilidad de financiar un reajuste equitativo y que, aun para otorgar uno inferior al alza del costo de la vida, necesitase de nuevos tributos. Por esta razón, porque el primer proyecto, el tratado en febrero no daba una compensación justa e imponía gravámenes de marcado carácter inflacionista, lo votamos en contra.

Posteriormente se advirtió, de parte del Gobierno, por lo menos el reconocimiento de que el gasto público había llegado, como nosotros los señalábamos, a límites incompatibles con la realidad del país. Se introdujeron algunas economías y se observó un nuevo propósito o disposición de ánimo en el sentido de no continuar elevando indiscriminada y desorbitadamente los gastos públicos. Por eso, aceptamos entrar en conversaciones con el Gobierno respecto del proyecto de reajustes, y una de las primeras condiciones que planteamos fue la de mejorar el aumento previsto para el tercio de los servidores del Estado los de la llamada escala ANEF, a quienes sólo se otorgaba un reajuste de 12, 5% en dinero y el resto en bonos que no tenían ninguna posibilidad de ser rescatados y que no pasaban de ser un pedazo de papel pintado.

Fruto de nuestras conversaciones con el Gobierno fue el establecimiento de la rescatabilidad de esos certificados, o sea que el 7, 5% pagado en bonos pudiera ser recuperado en 12 cuotas iguales, a partir de abril del año en curso. Por lo tanto, se transformaban en un valor efectivo, en un reajuste algo retardado en cuanto al tiempo, pero, en definitiva, convertible en dinero. Como fruto del acuerdo, que comprende también otros puntos que no es el momento de tratar, el señor Ministro presentó, en el segundo trámite de esta iniciativa, una indicación destinada a establecer la rescatabilidad de los bonos en las condiciones señaladas. En virtud de tal enmienda, bastaría el requerimiento del funcionario interesado ante el habilitado o pagador de la respectiva repartición para que la parte pagada en cuotas de ahorro CORVI fuera convertida en dinero, a partir del mes de abril, en doce cuotas.

Sobre esta base, nos abstuvimos de votar en la discusión general del proyecto e hicimos posible su despacho por el Senado. Posteriormente, en las Comisiones Unidas se presentaron dos indicaciones destinadas a mejorar la situación del tercio de servidores del sector público para quienes se ofrecía un 7, 5% de reajuste en bonos.

La primera, formulada por el Honorable señor Luengo, disponía, lisa y llanamente, pagar en dinero efectivo la parte que se proponía cancelar en cuotas CORVI. Así, el reajuste se elevaba, de 12, 5%, a 20%. Tal iniciativa fue estimada inadmisible por el presidente de la Comisión, el Senador que habla, por tratarse, de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución, de una materia reservada a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Desde luego, el 7, 5% pasaba a ser imponible, lo que significaba mayor beneficio para los funcionarios, pero también mayor gravamen para el Estado, lo cual no se podía aceptar si no lo proponía el Primer Mandatario, de conformidad con el precepto citado,

En seguida, al acelerar la forma de pago del 7, 5%, también se concedía un mayor beneficio a los empleados y se imponía un mayor gravamen al Estado.

El Honorable señor Rodríguez presentó otra indicación, según la cual el 7, 5% no sería imponible, sino que tendría el carácter de una asignación especial que se cancelaría juntamente con el 12, 5%.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor Senador.

El señor BULNES SANFUENTES.-

¿No sería posible hacer uso del que me corresponderá en el fundamento de voto?

El señor ALLENDE ( Presidente).-

No estamos en votación, señor Senador.

Tiene la palabra el Honorable señor Luengo.

El señor LUENGO.-

Señor Presidente, en esta especie de discusión general de los primeros artículos del proyecto, deseo manifestar que, como la Sala está en antecedentes, dimos nuestros votos favorables a la idea de legislar respecto de reajustes, y dijimos que lo hacíamos por estimar que en el Senado era posible mejorar esta iniciativa en beneficio de la clase trabajadora.

Por tal razón, en el momento oportuno, por orden de mi partido, presenté una indicación encaminada a eliminar el pago de 7, 5% en cuotas CORVI, que se daba a un tercio de la Administración Pública, y proponer el pago de idéntico porcentaje en dinero efectivo.

El Honorable señor Bulnes, que presidía las Comisiones Unidas en su calidad de presidente de la de Gobierno, declaró inconstitucional tal como lo manifestó hace algunos instantes mi indicación, fundado en que ella significaba mayor gasto. Dijo que el 7, 5% se pagaría dentro del año y que, en consecuencia, significaba hacer el desembolso en menor tiempo. Por mi parte, estimé que la actitud del Honorable señor Bulnes no correspondía en absoluto al precepto constitucional invocado. La Constitución señala que será de iniciativa exclusiva del Ejecutivo proponer aumento de sueldos y salarios, gratificaciones, etcétera. La sola circunstancia de cambiar el 7, 5% que, en conformidad al proyecto original, se pagaría en cuotas CORVI, por una asignación pagadera en dinero efectivo, de manera alguna podía significar aumento de los gastos públicos. En efecto, si se entrega 7, 5% de reajuste con ese tipo de certificados que el funcionario, como ha manifestado el Honorable señor Bulnes, podría rescatar posteriormente, mi indicación no producirá mayor desembolso al fisco. Además, debo hacer presente que hasta ese instante el Ejecutivo aún no había presentado la indicación que más tarde se convirtió en el artículo 103 del proyecto, relativa a la rescatabilidad de las cuotas CORVI.

En ningún momento el Honorable señor Bulnes ha logrado demostrar que mi indicación signifique mayor gasto, porque repito, según el inciso primero del artículo 1º del proyecto del Gobierno, se entregará a los funcionarios un reajuste de 12, 5% en dinero, calculado sobre el sueldo base, y 7, 5% en cuotas de ahorro para la vivienda, consignado en el inciso segundo. Vale decir, según el proyecto del Ejecutivo, el funcionario tiene derecho a recibir un reajuste de 20%, en la forma señalada. Pero como 7, 5% se le otorga en cuotas de ahorro para la vivienda, el fisco queda obligado a hacer un aporte equivalente a la CORVI para que esta Corporación financie su plan habitacional. Por tales circunstancias, estimo que el Honorable señor Bulnes se convirtió en defensor de nuestra Carta Fundamental, pero fue más allá de lo señalado por el texto constitucional.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Siempre he sido defensor de nuestra Constitución Política, señor Senador. No me he convertido en tal sólo ahora.

El señor LUENGO.-

Reconozco que lo ha sido, Honorable colega; pero estimo que ha llevado su celo a tal extremo que a los parlamentarios limita toda posibilidad de legislar. Convengo en que el artículo 45 de la Ley Fundamental no nos permite proponer aumento de gastos públicos, y estoy de acuerdo con que tal iniciativa se reserva exclusivamente al Presidente de la República; pero ello no nos priva de nuestro derecho de cambiar la modalidad de un pago. Las obligaciones tienen plazo, condiciones y modo de ser servidas. El pago de una parte del reajuste en cuotas CORVI no es sino una modalidad. Sostuve, y lo reafirmo ahora, que con mi indicación sólo pretendía cambiar el modo de una obligación; el gasto continuaba siendo el mismo. Además, me parece que el Honorable señor Bulnes reforzó su decisión arguyendo que con mi moción el 7, 5% se pagaría en el curso de 1968, en lugar de hacerse en 12 cuotas, como lo habían acordado el Partido Nacional y el Gobierno, aun cuando ello todavía no estaba consignado en el proyecto hasta ese instante, porque, como bien se ha señalado en esta Sala, tal acuerdo sólo se adoptó después de que el Ejecutivo envió su iniciativa. En consecuencia, tampoco en ese momento se hablaba del plazo dentro del cual se pagaría esa parte del reajuste. En todo caso, aunque la iniciativa del Gobierno hubiera establecido el pago en 12 cuotas, y mediante mi indicación yo propusiera cancelar en nueve, de ninguna manera se podría sostener que ello implicaba mayor gasto público, pues siempre un tercio de la Administración recibiría la misma cantidad: 7, 5%. La única diferencia radica en que en un caso se pagaría en 12 cuotas, y según mi indicación, sólo en nueve. O sea, el 7, 5% debería estar cancelado el 31 de diciembre de este año. En otras palabras, el hecho de que una cantidad se pague en plazo mayor o menor, de ninguna manera aumenta el desembolso fiscal considerado por el Ejecutivo en su proyecto original, aun cuando el egreso pudiera ser un poco más gravoso por ser cancelado más rápidamente.

Por otra parte, mi indicación fue formulada sobre la base de eliminar determinadas frases del inciso segundo del artículo 1° del proyecto. No agregaba una sola palabra. En estas circunstancias, me pregunto: ¿es posible que en un proyecto de esta naturaleza el Congreso Nacional, los parlamentarios, estemos limitados de tal manera en nuestra actuación que no podamos proponer nuevas modalidades ni rechazar lo propuesto por el Ejecutivo? Evidentemente, la Constitución no nos constriñe en esa forma. Sólo señala que estamos obligados a aceptar, rechazar o disminuir el gasto de las iniciativas propuestas por el Gobierno. Y esto en manera alguna puede impedirnos plantear un pago más rápido del reajuste, ni tampoco cambiar la modalidad, como pretendía hacerlo mediante mi indicación.

Creo sinceramente que el Honorable señor Bulnes ha sostenido su posición, como se dice vulgarmente, sólo para no dar su brazo a torcer; pero sé que en el fondo Su Señoría coincide en que es mejor mi interpretación de nuestra Carta Fundamental. Por eso, cuando el Honorable señor Bossay presentó una nueva indicación, en el fondo igual a la mía el reajuste de 7, 5% se propone pagarlo en 12 cuotas en vez de 9, como lo establece la formulada por mí,...

El señor BULNES SANFUENTES.-

Ahí está la diferencia.

El señor LUENGO.-

... el Honorable señor Bulnes rectificó su proceder: la declaró constitucional. En ese instante, Su Señoría reconoció que había obrado precipitadamente al declarar improcedente la indicación que yo patrociné.

He querido aclarar esta situación a fin de expresar que ante una actitud de esta naturaleza del Honorable señor Bulnes, convencido como estoy de que mi indicación de manera alguna viola la Carta Fundamental, sino que por lo contrario, la respeta, me vi obligado a plantear una censura en su contra, la que, en definitiva, se aprobó, con lo cual se sancionó una actuación, a mi juicio, incorrecta.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Solicito que se me concedan cinco minutos, porque toda la intervención del Honorable señor Luengo se ha referido a una actuación mía que no tuve oportunidad de explicar.

El señor LUENGO.-

Ello no procede reglamentariamente. En todo caso, tampoco cabe, de acuerdo con las resoluciones que acaban de tomar los Comités. Pero no me opondré.

El señor BULNES SANFUENTES.-

He sido aludido hasta el extremo. Hasta se me ha acusado de mantener una actitud inconstitucional para no dar mi brazo a torcer.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Solicito autorización de la Sala para conceder cinco minutos al Honorable señor Bulnes. En realidad, este caso no está comprendido en los acuerdos de Comités.

Acordado.

El señor JARAMILLO LYON.-

El Honorable señor Bulnes ha hecho uso de un derecho dispuesto en el Reglamento. Ha sido aludido permanentemente al discutirse una materia de mucha importancia.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

El Reglamento no se refiere a Senador "aludido", sino "ofendido".

El señor JARAMILLO LYON.-

Se ha puesto en tela de juicio...

El señor BULNES SANFUENTES.-

Me considero ofendido, pues se ha dicho que he declarado inconstitucional una indicación para no dar mi brazo a torcer.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

La Sala ha concedido al señor Senador cinco minutos para referirse a la materia.

El señor LUENGO.-

Todavía no, señor Presidente, porque yo estoy pidiendo la palabra. Desde luego, no me opongo a la petición del Honorable señor Bulnes. Sólo quiero decir que procedería abrir debate sobre la materia, si Su Señoría deseara volver a referirse a ella. De conformidad con el Reglamento, un señor Senador tiene derecho a intervenir hasta por cinco minutos adicionales cuando ha sido ofendido. El Honorable señor Bulnes no puede decir que lo he ofendido.

El señor BULNES SANFUENTES.-

La ofensa no la califica el Senador que la hace, sino quien la recibe.

El señor LUENGO.-

En todo caso, tengo derecho a contestar al señor Senador nuevamente.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Para responder la larga exposición del Honorable señor Luengo, basta leer el inciso tercero del artículo 45 de la Constitución, texto que tiene más autoridad que toda la que reconozco al señor Senador. El mencionado precepto dice:

"Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa para alterar la división política o administrativa del país; para crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, y para conceder o aumentar sueldos y gratificaciones al personal de la Administración Pública, de las empresas fiscales y de las instituciones semifiscales. El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos o aumentos que se propongan. "

Repito: el Congreso Nacional no puede sino aceptar, rechazar o disminuir los aumentos propuestos por el Presidente de la República. Es evidente que todo lo que signifique elevar un reajuste para hacerlo más beneficioso para los funcionarios y más gravoso para el Estado, excede de los términos de la Carta Fundamental.

La indicación del Honorable señor Luengo, en primer lugar, transforma en imponible una asignación no imponible. Esto significa que el Gobierno debe erogar las imposiciones correspondientes a 10% de los emolumentos, a lo cual deben sumarse todos los efectos previsionales, como aumento de las jubilaciones perseguidoras, etcétera. Aparte eso, dispone el pago de una asignación dos tercios en 1968 y el resto, en 1969; el 7, 5% debe pagarse no en doce cuotas, sino en nueve, a contar de la publicación de la ley en proyecto, con efecto retroactivo a partir del 1° de enero, junto con los sueldos respectivos. Es decir, el gasto en lo que se refiere a este año, aumenta en beneficio de los funcionarios, pero excede a lo propuesto por el Gobierno.

A mi juicio, se trata de una situación perfectamente clara. En el curso del debate habido en las Comisiones unidas, el Honorable señor Luengo me conminó con la censura. Yo prefiero mil veces no presidir una Comisión a interpretar la Constitución torcidamente en una materia que considero de carácter fundamental e indispensable para que haya un relativo orden en las finanzas públicas, en la economía nacional.

Declaré procedente la indicación del Honorable señor Bossay porque ella no aumenta el gasto propuesto por el Ejecutivo, no impone mayor gravamen al Estado. La indicación del señor Ministro de Hacienda disponía que cada funcionario podría recurrir al habilitado para que en lugar de bonos se le entregara, desde abril, en doce cuotas mensuales, en dinero el 7, 5%. ¿Cuál es la alteración propuesta por el Honorable señor Bossay? Que si el funcionario lo deseara, se le diera en dinero el 7, 5% a partir de abril, y que sólo cuando solicitara el pago de dicho porcentaje en bonos, se le pagara en ese tipo de documentos.

El señor LUENGO.-

La indicación que patrociné dispone lo mismo que la del Honorable señor Bossay.

El señor BULNES SANFUENTES.-

La indicación formulada por el señor Ministro de Hacienda establece la alternativa de pagar el 7, 5% de reajuste en dinero o en bonos. Ante el silencio del empleado ese porcentaje se paga con los documentos ya mencionados. La indicación del Honorable señor Bossay mantiene la misma alternativa, con la misma forma de pago, con la diferencia de que el funcionario recibe ese porcentaje en dinero, no aumenta el gravamen y, además, sólo cambia el mecanismo para cancelar el 7, 5% de reajuste, procedimiento perfectamente constitucional.

El señor PALMA.-

En primer lugar, debo declarar, paladinamente, que las Comisiones unidas trabajaron de manera intensa, efectiva, y en la mejor forma posible. Si el proyecto no fue aprobado de acuerdo con las normas que estimamos ajustadas en el aspecto financiero y en algunos administrativos, naturalmente ello fue el resultado de la opinión mayoritaria de las Comisiones. Deseo manifestar que me alegro del debate habido en ellas, porque sirvió para comprobar en forma fehaciente lo necesario, urgente, casi podría decir constitucional, de la obligación de despachar el proyecto de reajustes. A mi juicio, este tipo de iniciativa legal no resulta ser sino un complemento de la ley de presupuestos. Por lo tanto, las demoras producidas en este orden de cosas afectan, no sólo a los intereses de los trabajadores del sector público, sino también a algunos aspectos del funcionamiento del Estado.

Reconocieron que el proyecto era complemento de la ley de Presupuestos incluso quienes se opusieron a la aprobación general del proyecto, puesto que el artículo 3º, propuesto a iniciativa del Honorable señor Bossay, ratifica, precisamente, este hecho, al proponer para lo futuro un reajuste automático, lo cual es evidentemente una medida complementaria de dicha ley.

El proyecto tiene varios objetivos y no todos, desgraciadamente, han sido cumplidos de acuerdo con la manera como la Comisión los acogió en el proyecto.

Por una parte, éste contiene la idea de imponer un aumento general de remuneraciones para todos los servidores públicos ascendentes a 12, 5%. Para este efecto, se consideró que la escala ANEF, en vigencia desde el año pasado para la mayor parte de los empleados públicos, había sido objeto de estudios detallados que concluyeron en una mejora sustancial de sus rentas. Ese reajuste de carácter genérico se acompañó con aumentos especiales para algunos sectores, los cuales por diversas razones no suscribieron convenios o a los que no afectó el reajuste de la escala ANEF. Por ello, en el proyecto de ley en discusión se establecen reajustes especiales tendientes a nivelar y hacer justicia a quienes ya gozaban de un aumento especial o a los que no lo habían recibido. Se consideró una compensación general de 12, 5% y también otras de carácter especial que superaban, muchas de ellas, el 30%.

Como la tesis del Gobierno consistía en no otorgar reajustes inferiores al ciento por ciento del alza del costo de la vida, para aquel sector de la ANEF que ya había tenido ventajas durante los años anteriores, ahora, para igualarlo a los otros sectores, se le concedía un 7, 5% en bonos CORVI rescatables durante un cierto período.

Este criterio, por desgracia, no prevaleció en la Comisión. Por ello, los objetivos de justicia perseguidos por la iniciativa legal en debate no han podido ser cumplidos con la amplitud propuesta por el Ejecutivo. Ahora las diferencias entre les sectores postergados y los que obtuvieron mejoras en oportunidades anteriores seguirán subsistiendo en escalas superiores o más injustas aún, anulando el propósito del Gobierno de rectificar esta situación mediante este proyecto.

Por eso, lamentamos la forma cómo la mayoría de la Comisión despachó el proyecto, el que, tal como se aprobó, impide, en alguna forma, regular la situación de la Administración Pública, anhelo tantas veces expresado en el Congreso.

En segundo lugar, me alegra que la Comisión haya aprobado la idea del reajuste automático como principio aplicable en el futuro, aunque la disposición debe sufrir muchísimas modificaciones. Es evidente, como en la discusión general lo hicieron ver los Honorables señores Sepúlveda, Bossay y el que habla, que, este es un tema y una materia que habrá de resolverse de manera definitiva en el curso de este año, con el fin de que problemas como los planteados en este reajuste, de mucha similitud con los del proyecto de presupuestos en épocas anteriores, no se repitan.

Por último, deseo destacar que el 7, 5 %, porcentaje complementario del 12, 5%, debe pagarse a partir del mes de abril. Esta situación fue lo que precisamente movió a aprobar tal disposición, ya que su financiamiento era así posible, pues se pagaría sólo durante nueve meses del año y no durante doce. Es decir, no se cancelarían doce doceavos, sino nueve doceavos. Por consiguiente repito, el Gobierno podía afrontar el costo de la iniciativa.

Ese fue uno de los aspectos en que la posición del Honorable señor Luego difirió más de la adoptada en definitiva.

Además, vale la pena destacar, como asunto importante, que, de acuerdo con la proposición del Honorable señor Rodríguez y con lo que en definitiva representó el espíritu de la Comisión, el 7, 5% no constituye renta para ningún efecto, ni es imponible, porque, si lo fuera, implicaría gastos que en este momento no están financiados y respecto de los cuales tampoco se formuló indicación alguna para financiarlos.

Es necesario hacer presente en forma categórica esta situación, a fin de que este 7, 5% no influya en aquellos sectores que, por tener reajustes especiales, se rigen por ellos, aparte la disposición genérica consagrada en el inciso primero del artículo 1º de este proyecto de ley.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, obligado como estoy a limitar mis observaciones al tiempo acordado, debo empezar por lo más urgente e indispensable: renovar en la Sala la indicación que formulé en las Comisiones unidas con el objeto de que en el inciso tercero del artículo 1º no se haga mención alguna de la situación de los profesores, regida por la ley 16. 617.

En realidad, esa legislación concedió un reajuste automático a dicho gremio en virtud del acuerdo o Convenio Magisterial, y todo cuanto aquí se diga respecto de ese régimen especial tiende a debilitar la posición de los maestros y a introducir ideas confusas, que no debemos mantener.

Por eso, pido a la Mesa tomar votación separada, a fin de excluir, en el inciso tercero del artículo 1º, la parte en que se expresa, a contar de la letra "o", la siguiente referencia a los profesores: "o en los artículos 25 y 26 de la ley Nº 16. 617"; y, en el mismo inciso, la frase que empieza diciendo: "lo dispuesto en los citados artículos de la ley Nº 16. 617, los ascensos que se produjeren como consecuencia de dichas reestructuraciones".

Formulo esta solicitud de votación separada respaldado por la comunicación que nos ha hecho llegar la Federación de Educadores de Chile, que con seguridad todos los señores Senadores tienen en su poder. Creo, por lo tanto, que la Sala no tendrá dificultad para acoger la indicación que sugiero.

En seguida, debo ocuparme del problema global que se trata de resolver mediante los cinco primeros artículos del proyecto.

No existe duda alguna de que el propósito inicial del Gobierno, que pretendía dar a más de un tercio de la Administración Pública un reajuste limitado a sólo 12, 5%, resultó insostenible ante la realidad que vivía ese sector. Porque el alza del costo de la vida experimentada en 1967 excede con mucho a la resultante de los índices oficiales. Por lo tanto, era imposible yo diría moral y físicamente reducir el nivel de vida de más de 140 mil funcionarios, en términos que sólo pudieran recibir un reajuste de sólo 12, 5%.

Lo anterior me conduce a entender que en las negociaciones entre el Partido Nacional y el de Gobierno, determinantes del acuerdo ya conocido de la opinión pública, no se hizo sino llegar a una rectificación indispensable, que no podía dejar de hacerse.

Los Senadores socialistas populares también actuamos en el mismo sentido. Pero nos pareció que las mismas razones que abonaban la exigencia de que desapareciera la congelación del 7, 5% de sueldos y salarios, mediante el sistema de las cuotas de ahorro, servía también para considerar inaceptable dejar de cumplir los compromisos contraídos con algunos sectores de trabajadores.

En nuestro sentir, esta última parte del asunto planteado se encuentra pendiente. En el proyecto en debate, las cosas no han podido resolverse en forma directa. Por lo tanto, los socialistas populares sostenemos que la iniciativa, tal como se empieza a despachar, deja en la nebulosa la situación de los empleados o funcionarios estatales en la rama de la educación pública y de Correos y Telégrafos, quienes no tendrán otro arreglo que el que logren mediante la fuerza impuesta con su disciplina en la lucha.

Pensamos necesitamos reiterarlo que al respecto no existe un problema económico, como lo presenta el Partido Nacional, sino un problema fundamentalmente político: el Gobierno y los sectores que lo apoyan carecen de voluntad para romper los limitas que están ahogando la economía nacional mediante un sistema de franquicias, ventajas, contratos-leyes y otras exenciones que impiden al pueblo de Chile alcanzar su desarrollo.

Entendemos que la disposición incorporada al artículo 3° del proyecto, en cuanto faculta al Presidente de la República, para reajustar anualmente, a partir del 1º de enero de 1969, los sueldos y salarios del sector público en el 100% del alza que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor en el año inmediatamente anterior, es el primer paso, tímido y vacilante, porque se trata de una mera facultad, además incompleta, pues vendría a surtir efecto una vez vencido el año, pero que alguna vez habrá de tener eficacia en Chile por la fuerza de los trabajadores. Se trata de la escala móvil de salarios.

Los socialistas populares no comprendemos que nadie pueda tener una posición limpia frente a la mayoría de la población, al sector activo, que gana el sustento merced a su trabajo, si se le niega el derecho de ir compensando la desvalorización monetaria a medida que ésta se produce.

En los pueblos avanzados pienso en la Europa Occidental, que aún vive bajo el régimen capitalista, es norma conquistada por los trabajadores la de que cada vez que experimenta un alza del costo de la vida, medida en dos o tres puntos, a los trabajadores asiste el derecho de obtener, mediante la escala móvil, el reajuste automático de sus remuneraciones. Es inconcebible que ellos, los creadores de la riqueza, sean los llamados a soportar las consecuencias de la inflación y a generar un beneficio adicional en favor del sector empresarial.

Sostenemos que en Chile, en la medida en que se organicen los obreros y empleados que tienen el coraje de presentar sus peticiones reivindicatorias por medio de una lucha que ahora sólo se manifiesta en algunos sectores, será inevitable alcanzar esa meta.

Por tales razones, damos nuestro apoyo a los artículos de que he hecho mención, que forman parte del primer grupo de la iniciativa, sometidos a la consideración del Senado, con las expresas reservas ya formuladas: en primer término insisto, pidiendo • votación separada respecto del inciso tercero del artículo 1°, y en segundo lugar, señalando que aún no se ha resuelto el problema básico que nos impidió dar nuestros votos favorables a la idea de legislar sobre la materia que nos ocupa.

El señor RODRIGUEZ.-

Señor Presidente, al intervenir sobre el primer rubro, relativo al reajuste general para el sector público, los Senadores socialistas no podemos menos que recordar la muy definida, clara y tajante posición sustentada desde un comienzo por nuestro partido acerca de esta mal llamada iniciativa sobre reajustes. Creo que, con mucha rapidez, el tiempo está dando plena razón a nuestra negativa de legislar sobre la materia.

El cuadro social chileno, caracterizado por una serie de hechos acusadores respecto del Gobierno y su política, así lo está demostrando. Y vale la pena traer a la memoria cómo esta Administración ofreció, al comienzo de su gestión, ya no sólo ante el país, sino frente a América latina y el mundo entero, la imagen de un Gobierno realizador, prometedor de cambios profundos, transformador de la vida económica y social del país.

Pero han bastado escasos tres años para dejar al descubierto cuál ha sido, en esencia, el contenido de la política sostenida por el grupo dominante del poder democratacristiano y las terribles y duras enseñanzas que ello representa para el movimiento gremial de obreros y empleados, para todos los que viven de un sueldo o salario.

Cuando el Senado se aboca a la discusión particular del proyecto de reajustes, vemos que la imagen real del país es expresada por medio de una combatiente movilización de los sectores afectados por la política laboral del Gobierno.

Los maestros, en porcentaje de 90%, mantienen una huelga muy activa. En ella son acompañados, con fervor, por la gran mayoría de la comunidad nacional, centros de padres y estudiantes, quienes, para reforzar solidariamente la actitud de protesta del Magisterio, ocupan los establecimientos educacionales. En diversas calles y lugares de Santiago, se han formado ollas comunes, organizadas como elementos acusadores contra el Gobierno, donde los profesores, ante la faz pública, están paliando su hambre y poniendo de relieve el cinismo de un Ejecutivo que no quiso respetar el Acta Magisterial.

La represión policial desatada contra esos mismos maestros, funcionarios de Correos y Telégrafos y estudiantes; los procesos incoados en contra de los dirigentes nacionales de la Central Única de Trabajadores según informaciones entregadas en el curso de ayer, serían condenados a un año de prisión su presidente y su secretario general; mujeres que llegan hasta el recinto del Congreso Nacional a declararse en huelga de hambre, que también con su actitud expresan acusadoramente su presencia de angustia contra la política del Gobierno; por vez primera, en la historia de este país, un Senador es encarcelado: el camarada Carlos Altamirano; existe una cesantía pavorosa; mujeres desesperadas muchas de ellas votaron esperanzadamente por el Gobierno de la "revolución en libertad" el año 1964 acuden hasta La Moneda a pedir al Presidente de la República que haga justicia frente a los conflictos.

No cabe duda de que todos estos hechos acusadores, en un sentido u otro, han ido comprobando la justicia previsora con que el Partido Socialista se negó a aceptar que, por la vía de legislar sobre reajustes, se diera sanción legal a todo el contenido regresivo de la. política económica y financiera del Gobierno, sometido sumisamente a les dictados del imperialismo yanqui.

En efecto, toda la legislación laboral propuesta en el proyecto de reajustes no es sino una de las últimas expresiones de los categóricos mandatos del Fondo Monetario Internacional, gran dictador de nuestra política monetaria, gran dictador de nuestra política cambiaría, de créditos, de remuneraciones. La verdad es que el Gobierno del señor Frei no ha escapado como no escaparon los gobiernos reaccionarios del pasado de ser un verdadero prisionero de los dictados del Fondo Monetario Internacional.

Por eso, ahora, cuando la caldera social....

El señor CURTI.-

¡La caldera del diablo... !

El señor RODRIGUEZ.-

..., está hirviendo en las calles con los gremios rebeldes, con la voz acusadora de cientos de mujeres, de estudiantes, de maestros y de elementos de Correos y Telégrafos, la actitud del Partido Socialista queda claramente en evidencia como una política consecuente, justa y previsora.

El proyecto en debate, como ya lo dijimos más de una vez, no resuelve sino subsidiariamente una demanda de reajuste. En el fondo y en definitiva, luego de estudiar sus disposiciones y del intercambio de análisis hechos en las Comisiones unidas, quedó en evidencia, fundamentalmente, que esta iniciativa legal da al Gobierno un desahogo en el orden del déficit fiscal y le permite apuntalar la ley de presupuestos, pues en su gran rubro financiero tiende, precisamente, a resolver las imprevisiones del actual Gobierno, que el año pasado no fue capaz o no tuvo la competencia necesaria ni la previsión suficiente para resolver esos problemas al presentar la ley da presupuestos.

En la discusión general, hicimos presente nuestra voluntad de no legislar sobre esas materias, y nuestra lucha se dirigió, en forma fundamental, a suprimir el sistema llamado "ahorro forzoso", ideado como el medio para financiar un sistema de capitalización que, como es indudable, está todo dentro de las concepciones reformistas y de las recetas "kennedianas" de la Alianza para el Progreso.

De allí que en las Comisiones unidas hicimos esfuerzos para reemplazar el sistema de "bonos Corvi" por el reajuste en dinero. Y yo diría que la indicación del Honorable señor Bossay viene a ser el resumen de las tentativas que hicimos, junto al Honorable señor Luengo y nuestros Honorables colegas del Partido Radical, para transformar el mecanismo de los "bonos Corvi" y establecer uno de pago directo en dinero. Dicho propósito se logró en gran medida, y, como mal menor, aceptaremos aprobar, en esta parte, esa legislación.

También estamos conformes con el mecanismo propuesto sobre reajuste automático de remuneraciones, que regiría, para lo futuro. Ello no significa algo nuevo, pues el año pasado el Honorable señor Allende, en nombre de nuestro partido, sugirió establecer para el sector público un sistema parecido al que ahora se propone.

En seguida, planteo la necesidad de que en el inciso segundo, tal como lo propuso el Honorable señor Chadwick, se divida la votación. En estos instantes he recibido una comunicación oficial de la Federación de Educadores de Chile, en la cual piden que eliminemos las disposiciones que alcanzan a la ley 16. 617, las que, a juicio de dicha Federación, alteran y malogran lo que habían conquistado mediante el Acta Magisterial.

Por eso, sin perjuicio de que intervengamos respecto de los otros grandes rubros del proyecto, ajusfándonos al procedimiento acordado por los Comités para la discusión particular, termino expresando que votaremos favorablemente, en virtud de haberse mejorado el sistema de pago de remuneraciones, aun cuando, a nuestro juicio, siga siendo insuficiente el trato dado a los empleados y obreros del sector público.

Eso es todo, por ahora.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, ante todo, deseo manifestar que con esta exposición ratifico la que hice cuando el Senado discutió en general el proyecto de ley que hoy nos ocupa.

No obstante, quiero aprovechar esta ocasión para referirme a algunos puntos especiales contenidos en el párrafo que se ha sometido a debate, concerniente al reajuste de remuneraciones del sector público.

Con relación a la enmienda al inciso segundo del artículo 1º propuesto por el Ejecutivo, dejo constancia de que, oportunamente, el Gobierno hizo ver la improcedencia de las indicaciones presentadas por los Honorables señores Luengo y Rodríguez y que también discutió la procedencia de la indicación formulada por el Honorable señor Bossay. Pienso que la argumentación dada podría aceptarse en el sentido de que sólo constituye un cambio de modalidad relativo al pago del 7, 5%, pero creo que en el debate de este punto aquí, en la Sala, ha quedado en claro que, al aceptar la discusión de la enmienda propuesta por el Honorable señor Bossay, se accedió en el bien entendido de que la asignación de 7, 5% pagadera en doce cuotas mensuales, a contar del mes de abril, era una asignación de orden transitorio, que ella regiría sólo durante dicho lapso y no habría de ser considerada renta ni sueldo para ningún efecto legal, ya sea en el orden tributario o en el previsional.

Respecto del artículo 3º, en el cual se consigna el reajuste automático en la forma propuesta por el informe, el Ejecutivo puede manifestar que, si bien la idea es interesante y merece ser estudiada, estima que dicha modalidad de reajuste, sancionada mediante una disposición legal, en lo futuro podría causar rigidez en el manejo presupuestario, pues los ingresos fiscales no son seguros, sino susceptibles de variaciones, de tal modo que, aun cuando puedan producirse menores ingresos, el Gobierno, al analizar el presupuesto de cada año, deberá consignar entre los egresos los recursos suficientes para atender el pago del reajuste automático.

Sobre esta última materia, deseo recalcar lo que expondré en seguida. Durante los dos últimos años del actual Gobierno y tal vez, por vez primera en nuestra historia se ha incluido en la ley de Presupuestos un ítem que es una provisión para reajustes, con el objeto de señalar los recursos necesarios para subvenir al gasto que se produzca por dicho concepto. Ello, en definitiva, implica la aceptación tácita de que la ley de Presupuestos debe consignar tales recursos, y de que, en lo posible, el correspondiente proyecto de ley sobre reajustes al sector público que presente el Gobierno otorgue una compensación equivalente al ciento por ciento del alza habida en el índice de precios al consumidor.

Deseo hacer hincapié en cuanto a que en los últimos tres años, las cuatro leyes de reajustes presentadas por la actual Administración han cumplido con el planteamiento básico consistente en otorgar al sector público reajustes del ciento por ciento del alza del costo de la vida. Lo que sí ha ocurrido es que la distribución no ha sido uniforme. Me explico. Si los fondos destinados a pagar reajustes al sector público se distribuyeran en forma pareja, "per cápita", a cada funcionario habría correspondido un reajuste de 23 por ciento. Sin embargo, como estimamos que existen sectores más postergados que otros, aceptamos determinados convenios especiales, los cuales estamos cumpliendo en su integridad.

Aquí se han mencionado el Acuerdo Magisterial y el caso de Correos y Telégrafos. En la exposición que me escuchó el Senado con motivo de la discusión general del proyecto, hice toda una argumentación para demostrar que, en cuanto al Magisterio, el reajuste propuesto se ciñe a los términos del acuerdo correspondiente. Han surgido problemas de interpretación que han llevado al Magisterio a sostener que no estamos cumpliendo lo pactado. Pienso, sin embargo, que si analizamos en forma tranquila el texto literal del acuerdo suscrito por el Gobierno con la FEDECH, podremos ver claramente que en él se dice que el reajuste del Magisterio será el acordado para cada año en la escala fijada por los artículos 26 y 27 de la ley 16. 617, más el reajuste general que se otorgue a la Administración Pública. Recién ayer, el Ministerio de Educación Pública publicó en la prensa un resumen de los porcentajes que ha recibido el Magisterio. Allí se puede observar que los profesores tuvieron reajustes que van del 57% al 27% de sus remuneraciones, con relación a las que percibían en diciembre de 1967. Respecto del personal de Correos y Telégrafos, los artículos propuestos en el proyecto corresponden precisamente a los textos ya convenidos.

Las materias que discuten los actuales funcionarios de Correos y Telégrafos * que no están en funciones son materias en las cuales no se llegó a acuerdo o convenio con ellos.

También se ha hecho caudal aquí del problema del gasto público, y se ha dicho que la iniciativa legal en discusión procura paliar o remediar un olvido en que se incurrió al despachar la ley de Presupuestos, en la cual no fueron incluidos en su totalidad los recursos para financiarla. Quiero volver a recordar lo expresado por mí ante el Senado en el sentido de que precisamente los recursos que se están pidiendo para la CORVI y la CORFO, son los mismos que se consignaron en el anterior proyecto sobre reajustes, que fue rechazado en general por esta Honorable Corporación. Tales recursos sumaban 400 millones de escudos y la partida para cancelar la deuda que tienen algunos organismos con diversas instituciones internacionales de crédito, alcanzaba a 122 millones de escudos. Esta última tampoco fue incluida en la ley de Presupuestos, pues normalmente tales deudas se pueden renegociar con las entidades acreedoras. Sin embargo, en las actuales condiciones existentes en el mundo respecto del crédito externo, ha sido imposible obtener un refinanciamiento. Por eso debimos consignar también los recursos necesarios para cancelar las amortizaciones de tales compromisos.

Se ha dicho, por otra parte, que el gasto público se ha exagerado en términos pocas veces visto en nuestro país. Pienso que el gasto público debe ser medido con relación a las obras que realiza un gobierno y a los cambios que pretende hacer. Sin recursos fiscales no puede haber reforma agraria, no es posible construir más viviendas, no se puede hacer la reforma educacional ni industrializar al país. O sea, no se puede obtener el desarrollo social y económico propuesto si no se otorgan los recursos necesarios para financiar dichas iniciativas. Tales han sido las causas de que el presupuesto fiscal haya llegado a los términos conocidos por la opinión pública. Pero, en la ocasión que lo estime conveniente, el Gobierno puede comprobar ante el Congreso Nacional y ante la opinión pública que la totalidad de los recursos otorgados en las leyes de Presupuestos ha sido invertida, precisamente, en este rubro, que ha contribuido al avance y al progreso del país. Esto significa no detenerse ni estancarse, sino por el contrario cambiar profundamente la estructura nacional, como ha sido reconocido, no sólo por la opinión pública de nuestro país, sino también en el extranjero, sin distingo de colores políticos.

Creo que el proyecto de reajustes propuesto, si bien...

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Lamentablemente, ha terminado el tiempo de Su Señoría. Cerrado el debate. En votación.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

El señor Presidente pone en votación el artículo 1º del proyecto, con las modificaciones propuestas por las Comisiones.

En este artículo, se ha solicitado dividir la votación del inciso tercero en cuanto a la frase que dice "o en los artículos 25 y 26 de la ley Nº 16. 617" y en la otra parte que estipula que "lo dispuesto en los citados artículos de la ley Nº 16. 617, los ascensos que se produjeron como consecuencia de dichas reestructuraciones... ". Se ha solicitado rechazar estas frases, contenidas en el inciso en votación.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Si le parece a la Sala, se daría por aprobado el artículo en aquella parte no observada. De acuerdo con las resoluciones adoptadas por los Comités, si un señor Senador desea hacer uso de la palabra, puede hacerlo durante cinco minutos.

Tiene la palabra el Honorable señor Bossay.

En votación.

(Durante la votación).

El señor BOSSAY.-

Deseo plantear los puntos de vista de los Senadores radicales respecto del artículo 1º, indicado por Su Señoría.

Nosotros lo votaremos favorablemente, pero también nuestro Comité concuerda con la petición y la hace suya de dividir la votación respecto del inciso tercero, a fin de eliminar aquellos términos referentes a los artículos 25 y 26 de la ley 16. 617; y, en su oportunidad, rechazaremos las frases indicadas por Su Señoría.

Pero al plantear nuestros puntos de vista durante la votación, deseamos expresar claramente que en las Comisiones unidas participamos del criterio mayoritario que estimó que la asignación de que trata el inciso segundo del artículo 1º es imponible. Como puede apreciarse en la página 17 del informe, se produjo un debate en las Comisiones tras el cual la mayoría de sus miembros estimó que se trata de una asignación imponible. Participó de este mismo criterio el señor Briones, Superintendente del Departamento de Seguridad Social, y se pronunciaron contra esta interpretación los Senadores democratacristianos y el Honorable señor Bulnes; es decir, estimaron que la asignación no es imponible.

Para la historia de la ley, deseo afirmar que en las Comisiones unidas quedó claramente establecido como puede advertirse en la página 17 del informe que la asignación es imponible.

Nosotros ya hemos dado a conocer nuestra opinión general sobre este artículo, que votaremos favorablemente. Igual predicamento adoptaremos en cuanto a la división de la votación respecto del inciso segundo, y rechazaremos las frases indicadas por Su Señoría.

Votamos afirmativamente.

El señor MUSALEM.-

Antes de referirme al artículo en debate, deseo hacer algunas reflexiones de carácter general.

El Honorable señor Contreras Labarca afirmó que el proyecto había quedado reducido a un número menor que el de la Cámara de Diputados, con lo cual, sencillamente, quedan rechazadas las aseveraciones de que hubiéramos hecho...

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Su Señoría me interpretó mal.

El señor MUSALEM.-

... 1. 200 indicaciones. Al respecto, debo decir que el proyecto ha quedado comprimido, pues hay artículos, como el Nº 43, por ejemplo, donde se han incluido materias que nada tienen que ver con esa disposición, pues ella se refiere a las restricciones de las plantas de determinados servicios. Pues bien, allí se han incluido materias referentes al fuero sindical, además de otras. Es decir, en un artículo se han refundido cuatro disposiciones. De esa manera se ha legislado.

En cuanto al artículo 1º, debo afirmar que es inconstitucional, y explicaré por qué razón fue sometido a discusión y votación por el Honorable señor Bulnes, a pesar de serlo, en mi concepto.

Las indicaciones formuladas por los Honorables señores Luengo y Rodríguez, como ha sido planteado en la Sala, son inconstitucionales por representar ellas mayores gastos. El Honorable señor Bossay presentó una indicación que no significaba mayor gasto durante 1968. En ella se entendió claramente, y así se planteó por los señores Senadores, que el 7, 5% es una bonificación no imponible como explicaron el señor Ministro y el Honorable señor Bulnes y, por lo tanto, no representaba mayores gastos. De ese modo se cumple lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Constitución Política. Por ello, el Honorable señor Bulnes la sometió a discusión; de otra manera, con el mismo criterio con que declaró inconstitucional las indicaciones de los Honorables señores Rodríguez y Luengo, habría declarado, como Su Señoría lo expresó, inconstitucional la indicación del Honorable señor Bossay.

Se ha dicho aquí que el proyecto del Ejecutivo hace imponible el 7, 5%. Ello es absolutamente imposible, porque ese porcentaje estaba planteado en cuotas de ahorro CORVI; por lo tanto, no puede considerarse remuneración. Por lo mismo, no era necesario establecer expresamente de que no es imponible, pues, al no ser remuneración, sencillamente, no puede tener ese carácter.

Por tales consideraciones, esta disposición es inconstitucional; pero con la división de la votación que se ha pedido en la Sala con el propósito de no incluir a los profesores en el inciso segundo, también se estaría incurriendo, si la Mesa lo somete a votación, en otro atropello a la Constitución. Ello, en razón de que no incluir al Magisterio en el inciso segundo significa que, además de la remuneración promedio, superior a 33%, tendrán 7, 5%, que no cuenta con financiamiento. Es decir, se estarían transgrediendo los artículos 44 y 45 de la Constitución, que e! Honorable señor Bulnes leyó hace un instante. Por lo tanto, creo que no puede ser sometida a votación la proposición del Honorable señor Chadwick.

Nosotros votaremos favorablemente esta disposición en el entendido de que los mecanismos constitucionales permitirán, en los trámites posteriores, dejar aclarado en la letra de la disposición las normas que establezcan que esa bonificación de 7, 5% no es imponible. Asimismo, votaremos favorablemente en el entendido da que el Ejecutivo más adelante podrá aceptar esta disposición con la aclaración de que ese porcentaje no es imponible.

Voto que sí.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Como se ha aludido a la declaración de inadmisibilidad hecha por el presidente de las Comisiones unidas respecto de la indicación del Honorable señor Bossay, deseo aclarar los hechos tal como yo los recuerdo.

El artículo 2º del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados establecía una asignación que no se pagaba en dinero, sino en bonos CORVI. Expresamente se disponía que esa asignación no sería imponible. No está tan claro que una asignación pagada en bonos, si no se establece lo contrario, no sea imponible.

La indicación presentada por el señor Ministro al inciso segundo del artículo 1º establecía también una asignación especial, sin especificar que no sería imponible. El señor Zaldívar había presentado una indicación a otro artículo, me parece que al 103, en donde declaraba la no imponibilidad de esa asignación.

La indicación del Honorable señor Bossay no altera en parte sustancial la del señor Ministro, porque se refiere al inciso segundo del artículo 1º, el cual se limita a establecer, como expliqué denantes, que esa asignación se pagaría en bonos a quienes lo solicitaran expresamente y, a falta de solicitud expresa, en 12 cuotas a contar desde abril. Se altera el orden, pues la indicación del señor Ministro establecía lo contrario: la asignación se pagaría en bonos, a menos de solicitar expresamente el pago en 12 cuotas. No contenía ninguna referencia a la imponibilidad o no imponibilidad de la asignación, como tampoco la contenía la indicación del señor Ministro que entonces teníamos a la vista con relación al artículo 1º. Por lo tanto, no había razón para declararla inadmisible.

De lo despachado por las Comisiones ha quedado la duda respecto de si la asignación es o no imponible. Yo estimo que por el hecho de calificarse como especial, tal palabra quería significar que la asignación no sería imponible.

Por último, al discutirse el artículo 103 se vino a promover la cuestión de si en el inciso segundo del artículo 1º habíamos aprobado una asignación imponible o no imponible. Yo manifesté que, a mi juicio, ella no era imponible, por considerar que la palabra "especial" le da tal carácter. En todo caso, la cuestión es dudosa. Yo no me atrevería a decir en estos momentos en forma categórica que este artículo establezca, tal como está ahora, una asignación imponible; pero quiero dejar constancia que la indicación del Honorable señor Bossay, aprobada por las Comisiones, sigue la misma línea de la del señor Ministro, que también hablaba de una asignación especial y no declaraba expresamente que no fuera imponible.

Voto afirmativamente.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Los Senadores comunistas ya hemos anunciado nuestro voto favorable respecto de este artículo.

Deseo expresar, además, que como todos los demás señores Senadores, hemos recibido una comunicación del Consejo Directivo de la FEDECH para sustentar ante la Sala la idea de dividir la votación respecto de este artículo y suprimir la frase a la que el señor Presidente del Senado se refirió. Por estas circunstancias, votaremos favorablemente el artículo 1º.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Hay acuerdo unánime.

El señor RODRIGUEZ.-

Con relación al carácter de imponible o no imponible de la asignación establecida en el inciso segundo, quiero dejar expresa constancia de que, a nuestro juicio, tiene el carácter de imponible. En primer lugar, porque el proyecto, tal como venía de la Cámara, no declaraba renta la asignación del bono CORVI. En tal sentido, la hacía imponible. Tan así es que el Ejecutivo se vio obligado en las Comisiones unidas a formular una indicación para darle el carácter de renta, indicación que fue rechazada por las Comisiones.

Por último, el funcionario de la Superintendencia de Seguridad Social le atribuyó también el carácter de imponible.

En consecuencia, a los socialistas, por la misma historia del mecanismo de tramitación de la ley, no nos cabe duda alguna de que la asignación a que se refiere el inciso segundo es imponible.

Voto que sí.

El señor CHADWICK.-

Voto favorablemente esta disposición, en la clara inteligencia de que el inciso segundo del artículo 1° confiere una asignación imponible.

Lo digo así porque la necesidad de esta asignación es, por encima de todo eufemismo, una parte del reajuste. Esta asignación obedece al imperativo de dar a los trabajadores del sector público una compensación por la desvalorización monetaria, fijada en 21, 9%, y resulta como un complemento, que el Gobierno no ha podido negar después de los hechos sociales que se han manifestado en el último tiempo. En el primer proyecto, se pensó capitalizar en un ahorro forzoso el 7, 5 %; después, se buscó una solución intermedia, que era postergar el pago de este reajuste mediante los bonos CORVI, y finalmente se tuvo que aceptar la realidad social que obliga a entregar este reajuste en dinero efectivo, sin más modalidad, en los hechos, que un atraso del primer cuadrimestre, que se enterará en el año siguiente.

De modo que, consustancialmente, este inciso segundo trata, de un complemento del reajuste. Debido a ello, formulé una proposición que se incorporó después al proyecto, para decir en el inciso primero que el reajuste de 12, 5% se pagará necesariamente en dinero, mientras la segunda parte del reajuste, el 7, 5% se cancelará en efectivo o, para aquellos escasos funcionarios que lo deseen, en cuotas CORVI.

Esto conduce a la conclusión de que se trata de una asignación imponible.

En seguida, nadie puede creer seriamente que este 7, 5% va a regir solamente por un año. Aunque lo diga así la. disposición, por encima de las palabras y de las manifestaciones de voluntad están los hechos, superiores, que nos obligan a admitir, desde luego, que el 7 y medio por ciento se incorpora a las remuneraciones del sector público.

Finalmente, las observaciones del Honorable señor Musalem, que miran a la constitucionalidad de la votación separada del inciso tercero, a mi juicio, carecen

de todo fundamento, porque, si se examina bien el propósito que perseguía originariamente la redacción que pretendo modificar, se concluirá que no es otro que disponer que todos los funcionarios no incluidos en el párrafo segundo tendrán de todas maneras un reajuste de 20% si por cualquier motivo no llegaran a ese límite. Los profesores no están incluidos en el inciso segundo y, en todo caso, tendrían un reajuste superior a 20%. Por lo tanto, las argumentaciones del Honorable señor Musalem, según mi parecer, no tienen fundamento.

Voto que sí.

El señor BARROS.-

Votaré favorablemente el artículo 1º, pero también participo de la petición de la Federación de Educadores de Chile en el sentido de ser excluidos del proyecto en debate, a fin de que se mantenga vigente la ley 16. 617, solicitud suscrita por el presidente de esa organización, don Humberto Elgueta, y por su secretario, don Franklin Recabarren. O sea, comparto la idea de eliminar del inciso tercero las frases a que ha dado lectura el señor Secretario.

En esta forma defiendo al profesorado, que, como aquí se ha expuesto, ha sido apaleado, mojado y vejado por las fuerzas represivas del Gobierno, junto con los estudiantes que han sido capaces de adherir a las justas demandas del Magisterio.

Por otra parte, considero perfectamente constitucional la indicación del Honorable señor Luengo. En efecto, el Superintendente de Seguridad Social opinó que el 7, 5% era imponible. Así lo dice el informe: "Posteriormente, al tratarse el artículo 103 del proyecto de la Cámara de Diputados, se suscitó la cuestión de si la asignación de 7, 5% que se consulta en el inciso segundo del artículo 1? del proyecto era o no imponible. Varios señores Senadores opinaron en el primer sentido y en igual forma lo hizo el señor Superintendente de Seguridad Social".

Por lo tanto, creo que no cabe la crítica de inconstitucionalidad que ha hecho el Honorable señor Bulnes.

Voto afirmativamente, salvo en cuanto a la reserva que ha solicitado la Federación de Educadores de Chile.

El señor MUSALEM.-

El señor Ministro ha pedido la palabra.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Estamos en votación, señor Senador. Se aprueba el artículo 1º, con excepción del inciso tercero (36 votos por la afirmativa y 2 pareos).

El señor MUSALEM.-

Antes de que se vote el inciso tercero con la indicación formulada por el Honorable señor Chadwick, deseo plantear su improcedencia por inconstitucionalidad.

Ello significa dar al profesorado un 7 y medio por ciento más de renta, lo que no está financiado en el proyecto, en circunstancias de que, de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución, podemos únicamente aceptar, rechazar o disminuir los gastos propuestos por el Ejecutivo. Además, el artículo 44 de la Carta Política nos. impone el deber de despachar leyes financiadas.

No podemos aceptar este gasto. El proyecto despachado por las Comisiones no consigna ningún financiamiento para él.

Planteo, pues, la indicación de improcedencia.

El señor CHADWICK.-

Pido la palabra.

El señor RODRIGUEZ.-

Votemos.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

A juicio de la Mesa, es constitucional, porque no significa aumento de rentas.

En votación la modificación del inciso tercero.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

La Mesa pone en votación, en el inciso tercero, las siguientes frases: "o en los artículos 25 y 26 de la ley Nº 16. 617" y "lo dispuesto en los citados artículos de la ley Nº 16. 617, los ascensos que se produjeren como consecuencia de dichas reestructuraciones".

¿Se aprueban o no estas frases?

(Durante la votación).

El señor ALESSANDRI (don Fernando).-

En mi opinión, no pueden suprimirse, porque ello es manifiestamente contrario al texto constitucional.

Voto que sí;

El señor BULNES SANFUENTES.-

El reajuste de los profesores para el presente año, desde el 1° de enero, está fijado en la ley de reajustes dictada el año pasado.

Este proyecto no legisla sobre los profesores.

El señor CHADWICK.-

Así es.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Hay una diferencia de interpretación entre el Gobierno y el Magisterio respecto de los alcances de las disposiciones que se dictaron el año pasado para regular el reajuste de 1968. A nuestro juicio, esa diferencia de interpretación debe ser resuelta por la Contraloría General de la República y, eventualmente, por los tribunales de justicia. No consideramos que corresponda resolverla en la ley, porque obedece a un convenio: a la llamada. Acta Magisterial.

Temo en realidad, no he podido percatarme bien del alcance de la indicación que, eliminando las referencias que el Honorable señor Chadwick propone suprimir, se resuelva, por el Senado lo que debe ser solucionado por la Contraloría.

En ese entendido, votamos en contra de la indicación, o sea, por la permanencia de las palabras que se propone suprimir.

El señor CHADWICK.-

Debo insistir en lo que ya alcancé a anticipar en el debate general.

En verdad, se trata aquí de eliminar un factor de perturbación en la interpretación de la ley 16. 617, que incorpora al régimen jurídico el Convenio Magisterial.

Entendemos, siguiendo incluso la interpretación que dio el Presidente de la República en su Mensaje del 21 de mayo de 1967, que las disposiciones sobre reajuste del Magisterio, contenidas en la ley recién citada, crearon un sistema autónomo, independiente, llamado a regir hasta 1970. Por consiguiente, cuando eliminamos las menciones que el inciso tercero hace a esa ley, no creamos un gasto público, no modificamos situación alguna: sólo impedimos que se cree un argumento sobre la base de citas que no tienen razón de ser.

Por tal motivo he propuesto la eliminación que se vota. Por igual razón, antes de que llegara la comunicación de la Federación de Educadores de Chile, en las Comisiones unidas me opuse a que se hiciera mención al régimen del Magisterio, convencido legítimamente, con sinceridad, después de estudiar la ley especial 16. 617, que debemos abstenernos de hacer cualquier clase de modificaciones al régimen conquistado con sacrificio por el profesorado. Porque en 1966 debía dárseles un aumento real de 280 millones de escudos, y los profesores aceptaron postergar esta reivindicación para que se les fuera entregando aquella suma por parcialidades.

Un criterio distinto es infringir la Constitución, porque también se la infringe cuando se atropellan los derechos de los trabajadores, y no sólo cuando se pueda atentar a los derechos de los grupos poderosos, de los que hacen valer su voz aquí en el Senado en forma más o menos engolada cuando se trata de tocarlos siquiera en alguno de sus intereses.

Por eso, estamos por la supresión de estas menciones, que no conducen a nada y que sólo confunden la recta interpretación de la ley 16. 617. Además, esta eliminación no significa mayor gasto.

El señor JULIET.-

La Democracia Cristiana ha objetado la constitucionalidad de suprimir estas frases, porque significa mayor gasto.

El propósito de los Senadores radicales es eliminar del proyecto el reajuste de los profesores. Ello no significa gasto alguno, de manera que carece de asidero la objeción que se formula.

Este procedimiento se aviene íntegramente con la finalidad que el constituyente tuvo al establecer la disposición sobre iniciativa en materia de gastos.

Por eso, votamos en contra de las frases en cuestión.

El señor JARAMILLO LYON.-

Sólo deseo anunciar que los Senadores nacionales rectificaremos nuestros votos.

En este instante voto que sí, pero el Honorable señor Bulnes Sanfuentes desea dar una explicación.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Ya dije denantes que no alcanzábamos a captar bien el alcance de la indicación.

En realidad, parece que mantener estas palabras significaría resolver en la ley el litigio que existe entre el Gobierno y el Magisterio, y que su eliminación permitiría resolverlo a la Contraloría General de la República o a los tribunales de justicia.

Nosotros, como ya exprese, somos partidarios de dar a los profesores el reajuste establecido en el Convenio Magisterial y que el problema sea resuelto por los organismos señalados. En tal sentido, para solucionarlo en esa forma, rectificamos nuestros votos y apoyamos la indicación.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

¿Se rectifica el voto de todos los Senadores nacionales?

El señor BULNES SANFUENTES.-

Sí, señor Secretario.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Resultado de la votación: 26 votos por la negativa, 9 por la, afirmativa, 1 abstención y 2 pareos.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Quedan rechazadas las dos frases del inciso tercero.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Respecto del artículo 2º, las Comisiones unidas proponen las siguientes enmiendas:

Redactar el inciso primero en los siguientes términos:

"Las sumas correspondientes al aporte en cuotas de ahorro para la vivienda que deba hacer el Estado a nombre de cada funcionario que opte por recibir dichas cuotas de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo anterior, deberán acreditarse individualmente en las cuentas de ahorro para la vivienda a que se refiere el decreto supremo Nº 121, de 24 de febrero de 1967, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo".

En el inciso segundo, suprimir la frase "con excepción de lo dispuesto en el artículo 30, letra a)".

Además, suprimir los incisos tercero y cuarto.

En el inciso quinto, que ha pasado a ser tercero, sustituir el punto final de la letra a) por ", y", y en la letra b) del mismo inciso, suprimir las palabras ", de acuerdo con las normas que al respecto dicte el Presidente de la República".

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Hay acuerdo.

Se aprueba el informe.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

En seguida, la Comisión propone agregar, como artículo 3º, nuevo, el que aparece en el informe.

El señor CHADWICK.-

Con la rectificación ya observada.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Sí, señor Senador. El original dice:

"Facúltase al Presidente de la República para reajustar, anualmente, a partir del 1º de enero de 1969, en el 100% como mínimo, del alza que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor en el año inmediatamente anterior,... ".

El señor CHADWICK.-

Conforme.

El señor ALLENDE ( Presidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará esta parte del informe.

El señor PALMA.-

Pido la palabra para fundar el voto, señor Presidente.

Deseo repetir que la idea del reajuste automático parece ser unánimemente aceptada. Pero, al pronunciarnos a favor de esta disposición, no estamos votando por ella concretamente, sino por el principio que sustenta.

Sin embargo, deseo aprovechar la redacción del inciso primero de este artículo para referirme a un asunto que, a mi juicio, ha quedado oscuro en el debate anterior.

El precepto en referencia faculta al Presidente de la República para reajustar en ciento por ciento del alza que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor en el año inmediatamente anterior, las remuneraciones y asignaciones imponibles y no imponibles que perciban al 31 de diciembre de cada año los empleados y obreros del sector público. Es decir, este artículo viene a confirmar una práctica que ha sido totalmente usual en numerosas disposiciones legales, al incluir, junto con los sueldos, a las asignaciones especiales no imponibles, como también lo establece el proyecto en debate en su artículo 1°, inciso segundo.

Deseo insistir en este aspecto, porque en la discusión que se ha producido en la Sala, se ha tratado de establecer que el 7, 5 por ciento que se otorgaría a ciertos sectores, como al profesorado, constituye parte del sueldo. Pero la verdad de las cosas es que no se trata de sueldo. Por eso mismo se dio al inciso tercero del artículo 1º la redacción aceptada por las Comisiones, por cuanto no se quería incluir en la frase los artículos 25 y 26 de la ley Nº 16. 617 y las demás referencias a ellos. No se quería resolver por la vía de la ley un problema sobre el cual debe pronunciarse la Contraloría General de la República. Pero al tratar de eliminar las referencias que también aparecen en el inciso primero del artículo 3º, se quiere dejar la impresión de que se ha resuelto el problema. Mas, la verdad de las cosas es que, en nuestro concepto, la incorporación de esos preceptos aclara que la asignación especial no es sueldo. Por lo tanto, el artículo no resuelve el problema pendiente.

Voto que sí.

El señor BOSSAY.-

Debemos hacer presente que la argumentación expuesta por el Honorable señor Palma, al fundar el voto de su partido respecto del artículo 3º, no corresponde en absoluto a las ideas contenidas en dicho precepto.

El señor CHADWICK.-

Exacto.

El señor BOSSAY.-