?3.-MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Con fecha 19 de mayo de 1965 se dictó la Ley Nº 16.253 que tiene por objeto autorizar el establecimiento de Bancos de Fomento, los que dentro de sus facultades están en situación de otorgar préstamos de capitalización de carácter reajustable para financiar la elaboración y ejecución de proyectos o la inversión en bienes de capital que tienden al desarrollo de las actividades económicas del país y la prestación de asistencia técnica para dichos proyectos.

A pesar de la dictación de esta ley, el Departamento de Fomento del Banco del Estado de Chile, que estaba autorizado para efectuar operaciones de Bancos de Fomento, no pudo funcionar debido a que su facultad para otorgar préstamos reajustables estaba supeditada a la dictación de un reglamento que determinara la forma y condiciones de los préstamos reajustables.

El reglamento de los préstamos reajustables se dictó con fecha 2 de enero de 1967 y se publicó en el Diario Oficial de 20 de enero del mismo año; existiendo entre ambas fechas un lapso de inoperancia por falta de disposiciones reglamentarias.

No obstante lo anterior, en ese intertanto el Banco del Estado de Chile procedió a otorgar préstamos que cumplían con las finalidades de las operaciones de los Bancos de Fomento, pactándose estas operaciones en las condiciones normales de préstamos bancarios en cuanto a interés, plazo y demás modalidades.

Estas operaciones que se cursaron entre el 19 de mayo de 1965 y el 20 de enero de 1967, se realizaron con la intención de asimilarlas al sistema de préstamos que se autorizaba para los Bancos de Fomento.

Sin embargo, el reglamento de operaciones reajustables de los Bancos de Fomento no consideró esta situación, siendo ahora necesario solucionar las dificultades que se han presentado a los usuarios de los créditos, que se han visto constreñidos a amortizar sus créditos a plazos cortos y que atendiendo sus fines de inversión no pueden financiarse.

Por las razones expuestas, y teniendo en consideración que el reglamento de los préstamos reajustables, dictado el 2 de enero de 1967, se encuentra incorporado a la ley, sin que pueda ser modificado por vía administrativa, se propone en el proyecto de ley cuyo articulado se señala más adelante, autorizar la conversión de los créditos otorgados en obligaciones reajustables de fomento (artículo 1° del proyecto).

Además se propone agregar un nuevo artículo a la Ley Nº 16.253, antes referida, con el objeto de determinar el procedimiento aplicable en el cobro judicial de los préstamos reajustables otorgados pellos Bancos de Fomento (artículo 2º del proyecto).

Por otra parte, la Ley Nº 16.407, publicada en el Diario Oficial de 10 de enero de 1966, estableció la reajustabilidad de las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, en un porcentaje no inferior al 75% ni superior al 100% de promedio de variación que anualmente experimenten los índices de precios al consumidor y de sueldos y salarios del Departamento de Santiago, que determina la Dirección General de Estadística y Censos.

En el inciso penúltimo del artículo 1º de la ley indicada se estableció que las cantidades que gozarán de reajuste devengarían un interés de hasta un 4% anual y que sobre el saldo no reajustado se abonaría el interés normal del depósito a plazo en cuenta de ahorros.

Es del caso que, por una parte, el Banco del Estado de Chile, desde la iniciación del sistema, ha reajustado las cuentas de ahorro a plazo en el porcentaje del 100% del índice de precios al consumidor, quedando dentro del promedio señalado en la ley, y que, por otro lado, existen otros sistemas de ahorro que están autorizados legalmente para pagar un interés superior a un 4% anual a pesar que se encuentran facultados asimismo para reajustar los saldos depositados. Aún más, estas fuentes de captación de ahorros no están limitadas en la suma a reajustar, mientras que la Ley Nº 16.407 sólo autoriza al Banco del Estado de Chile para otorgar un reajuste sobre los depósitos que no excedan de 1 y 1/2 sueldos vitales anuales del Departamento de Santiago.

Como consecuencia de estas situaciones, el Banco del Estado de Chile presenta la imagen de reajustar en un menor porcentaje sus cuentas de ahorro a plazo, aunque siempre las ha reajustado en el 100% del índice de precios al consumidor, y a su vez se encuentra en una situación desventajosa con respecto a aquellas fuentes de captación de ahorros que tienen o proporcionan un mejor incentivo para ahorrar.

Estas situaciones desventajosas del Banco del Estado de Chile pueden ser solucionadas estableciéndose que el reajuste de las cuentas de ahorros a plazo será del 100% del promedio de variación que experimente el índice de precios al consumidor que determine la Dirección de Estadísticas y Censos, (artículo 2° del proyecto) y dejando al Banco en libertad para fijar las tasas de interés que se paguen a las cuentas de ahorros reajustables, libertad de fijación que en todo caso quedaría entregada a una determinación por parte del Directorio de ese Banco (artículo 3° del proyecto) y a un pronunciamiento previo de la Comisión Nacional del Ahorro (artículo 8°).

Por otra parte, la Ley Nº 16.407 antes aludida, se encuentra reglamentada por el Decreto 405 del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de 15 de febrero de 1966, el que dispone entre otras materias que sólo tienen derecho a reajuste las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile que se hallen vigentes al 31 de diciembre de cada año y que no registren más de dos giros en el año calendario.

La limitación de girar sólo dos veces en el año, si bien concuerda con la reglamentación normal de las cuentas de ahorro a plazo del Banco del Estado de Chile, representa una injusticia por el hecho que normalmente el imponentes de ahorros gira los beneficios de intereses y reajuste que ha devengado su cuenta de ahorros con lo que de inmediato limita sus posibilidades de girar a una sola oportunidad.

Por estas razones, se considera necesario modificar el artículo 1º del reglamento sobre Cuentas de Ahorros, permitiendo que el imponente pueda girar de acuerdo a las normas que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile (artículo 59 del proyecto).

Con todo, estas medidas que se proponen y que tienden a otorgar mayores beneficios a los imponentes de las cuentas de ahorros a plazo del Banco del Estado de Chile deben estar relacionadas con los beneficios que se obtienen de una cuenta de ahorros.

Actualmente el Banco del Estado de, Chile otorga préstamos hipotecarios a sus ahorrantes que cumplan con las exigencias que ha determinado un reglamento de operaciones hipotecarias dictado por el propio Banco. Dentro de este reglamento se consideran las condiciones de antigüedad y promedio de saldos que debe reunir el interesado, pero para la determinación de los intereses que devengarán estos préstamos hipotecarios existe la limitación contemplada en el inciso 2º del artículo 14, letra k) del DFL. Nº 251, de 1960, Orgánico del Banco del Estado de Chile, que establece que la tasa de interés para estos préstamos no podrá ser superior al término medio de interés bancario fijado por la Superintendencia de Bancos por el semestre anterior.

Mediante la referida limitación, resulta que los préstamos hipotecarios, que son a largo plazo y no reajustables, devengan un interés inferior al común de las operaciones bancarias.

En efecto, el Banco del Estado de Chile está facultado en las operaciones bancarias para fijar tasas de interés que correspondan al término medio del interés bancario fijado por el Banco Central de Chile más un 20%, mientras que para estos préstamos hipotecarios no existe este margen de aumento del 20%.

En consecuencia, y dadas las mayores ventajas que se proporcionarán a los imponentes de ahorro y para evitar que los usuarios de préstamos hipotecarios a largo plazo paguen intereses inferiores a los que corresponden normalmente a operaciones bancarias, se propone la supresión del inciso 2° del artículo 14, letra k) del DFL. Nº 251, de 1960, para dejar al Directorio del Banco del Estado de Chile en libertad para fijar los intereses que devengarán estos préstamos hipotecarios (artículo 5º del proyecto).

A su vez, se ha estimado necesario introducir un nuevo inciso al artículo 235 de la Ley Nº 16.617, de 31 de enero de 1967 que estableció un impuesto único a los intereses, primas u otras remuneraciones que perciben los bancos comerciales, Banco del Estado de Chile y Banco Central de Chile en razón de los préstamos u operaciones de crédito no reajustables que otorguen en moneda corriente, en atención a que por interpretación de la citada disposición se ha concluido que los préstamos hipotecarios y controlados que otorga el Banco del Estado de Chile se encuentran exentos del referido gravamen.

En efecto, con el objeto de crear un sistema de financiamiento adecuado para reajustar las cuentas de ahorros a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile y para evitar que este reajuste grave al Fisco en la participación que a éste corresponde en las utilidades del Banco Central de Chile, se propone establecer que los intereses y comisiones que perciba el Banco del Estado de Chile en razón de los nuevos préstamos hipotecarios y controlados que otorgue a sus ahorrantes estarán afectos al impuesto establecido en el artículo 235 de la Ley Nº 16.617, impuesto que sería depositado en una Cuenta Especial en el mismo Banco del Estado de Chile, y que éste determinará para reajustar las cuentas de ahorros a plazo de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Nº 16.407.

Por último, es necesario dejar establecido por ley el procedimiento ya puesto en práctica en todos los casos de modificaciones de cualquier índole que se introduzcan a los sistemas de ahorro vigentes, en el sentido de que deben contar con la aprobación previa de la Comisión Nacional de Ahorro, creada por el Decreto de Hacienda Nº 2.590, publicado en el Diario Oficial 26.651 del 25 de enero de 1967. En esta Comisión está representadas todas las instituciones relacionadas con la captación de ahorro y su misión fundamental es precisamente establecer la debida coordinación y regulación de los diversos sistemas, a fin de que no se produzcan distorsiones entre los mismos.

Las consideraciones expuestas precedentemente, guardan concordancia con la preocupación permanente del Gobierno en el sentido de adoptar todas las medidas necesarias para estimular el ahorro nacional, ya que es su convencimiento que sin un aumento significativo de la tasa de ahorro será imposible superar los males crónicos que afectan a nuestro proceso económico.

Un aspecto de su acción en tal sentido ha sido el de vigorizar los canales de ahorro actualmente existente y la creación de nuevos mecanismos de captación, especialmente dirigidos a motivar y estimular el ahorro de las personas. Es así como, estableció un sistema de reajustabilidad para los depósitos de ahorro a plazo del Banco del Estado que ahora se propone perfeccionar, creó el certificado de ahorro reajustable del Banco Central y el bono reajustable de la Caja Central de Ahorro y Préstamo para la Vivienda. Ha autorizado también recientemente la emisión de bonos reajustables del Banco Hipotecario de Valparaíso, y se propone seguir estudiando otras iniciativas destinadas a mejorar los instrumentos de ahorro existentes como asimismo a abrir nuevos cauces que recojan con mayor amplitud las diversas motivaciones del público ahorrante.

Entre esas iniciativas está la de adecuar la actual ley sobre emisión de bonos por Sociedades Anónimas Nº 4.657, que data del año 1929, a las necesidades de la época, ya que actualmente la rigidez de sus disposiciones, especialmente la falta de normas que permitan la reajustabilidad del empréstito, impiden que este sistema de financiamiento sea realmente operable.

La posibilidad de dar un impulso a las emisiones de debentures por las Sociedades se aviene con el propósito del Gobierno de disminuir la presión por créditos en el sector bancario ya que las empresas podrán acudir directamente al público en forma regulada y controlada, en demanda de recursos financieros a mediano y largo plazo. Por otra parte, ésta será una nueva forma de ahorro que puede tener un significativo impacto en el crecimiento global de la tasa.

Por las razones expuestas, someto a la aprobación del Honorable Congreso Nacional, para ser tratado en el actual período de sesiones y con el carácter de urgente el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- El Banco del Estado de Chile podrá convenir la conversión de los créditos otorgados desde la vigencia de la Ley Nº 16.253 en créditos reajustables de fomento, siempre que el objeto de aquellos haya cumplido con las finalidades contempladas en ella.

Artículo 2º.- Agrégase a continuación del artículo 6º de la Ley Nº 16.253, como artículo 6º bis, el siguiente: En tocios los juicios de cobro de las operaciones comprendidas en el artículo 6º de la presente ley, incluso en los juicios de quiebras, el pago se hará en moneda nacional, liquidándose el crédito por el valor que tengan las unidades de fomento a la fecha de dicho pago, de acuerdo con los artículos 3° y 4º del Decreto Nº 40 del Ministerio de Hacienda, de fecha 2 de enero de 1967.

Si el juicio fuere ejecutivo, no será necesaria la avaluación previa del artículo 438 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 3°.- Reemplázase el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 16.407, por el siguiente: Las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, se reajustarán anualmente en el porcentaje del 100% de variación que en dicho período experimente el índice de precios al consumidor del Departamento de Santiago, que determine la Dirección General de Estadística y Censos.

Artículo 4º.- Reemplázase el inciso penúltimo del artículo 1º de la Ley 16.407, por el siguiente: Las cantidades que gocen de reajuste en conformidad a lo dispuesto en este artículo devengarán el interés que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 8º de esta ley. Sobre el saldo del depósito no reajustado se abonará el interés normal del depósito.

Artículo 5º.- Reemplázase el artículo 1º del Reglamento Nº 405, de cuentas de ahorro a plazo del Banco del Estado de Chile, publicado en el Diario Oficial de 15 de febrero de 1966, por e] siguiente: Tienen derecho a reajuste las cuentas de ahorro abiertas en el Banco del Estado de Chile, bajo dicha denominación, que se hallen vigentes al 31 de diciembre de cada año y que no registren en el año calendario un número superior de giros al que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile.

Artículo 6°.- Suprímese el inciso 2º de la letra k) del artículo 14 del DFL. Nº 251, de 1960.

Artículo 7º.- Agrégase el siguiente inciso al artículo 235 de la Ley Nº 16.617: Los préstamos controlados e hipotecarios que el Banco del Estado de Chile otorgue a sus imponentes de ahorros estarán afectos al impuesto establecido en este artículo, y su producto se depositará en una cuenta especial en el Banco del Estado de Chile, quien le administrará y destinará exclusivamente a completar el aporte que el Fisco debe efectuar a dicho Banco de conformidad a las disposiciones de la Ley Nº 16.407. Este impuesto afectará a los préstamos que se otorguen a contar del 1? de julio de 1968.

Artículo 8º.- Las condiciones, plazos y modalidades de las emisiones o debentures a que se refieren el artículo 11 de la Ley Nº 13.908 y las que se fijen en el futuro para los sistemas de ahorro a que se refiere el artículo 39, letra j) del DFL. 247 de 1960, el DFL. Nº 205 de 1960, y el Decreto Supremo de Hacienda 11.429 del mismo año, el DFL. 251 de 1960 y la Ley Nº 16.407, la Ley Nº 16.253 y el Decreto Supremo de Hacienda 40 de enero de 1967, y el RRA 20 de 1963, deberán contar previamente con el informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro creada por Decreto Supremo 2.590, publicado en el Diario Oficial 26.651, del 25 de enero de 1967.

Artículo 9º.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la Ley Nº 4.657:

1º.- Intercalar en el Nº 6 del artículo 6º entre la palabra "interés", después de la "coma" que la sigue, y las palabras "la forma" las palabras "la forma de reajuste del empréstito".

2º.- Sustituir en el artículo 7º las palabras "la escritura de emisión será publicada íntegramente y" por las palabras "un extracto de la escritura de emisión aprobado por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio será publicado"; y reemplazar las palabras "inscrita" y "anotada" por las palabras "inscrito" y "anotado".

3º.- Intercalar en el Nº 7º del artículo 9º entre la palabra "interés" después de la "coma" que la sigue y las palabras "la forma", las palabras "la forma de reajuste del empréstito".

4º.- Sustituir el inciso primero del artículo 10 por el siguiente: "El valor nominal inicial de cada bono no podrá ser inferior a cien escudos ni superior a cinco mil escudos".

5º.- Suprimir el párrafo segundo del inciso primero del artículo 12 y en el segundo inciso de este artículo agregar después de la palabra "valor" las palabras "o la forma de determinarlo".

6º.- Sustituir el artículo 18, por el siguiente:

Artículo 18.- Podrán emitirse bonos reajustables y/o a prima, fijando en este último caso para su suscripción una suma inferior a su valor nominal. Para la aplicación de las disposiciones legales que limitan el interés convencional se considerará en los bonos reajustables y/o a prima sólo la tasa de interés calculada sobre el valor nominal inicial del bono más el reajuste en su caso. Tanto el reajuste como la prima no se considerarán interés ni renta para ningún efecto legal para quien se beneficie con ellos. De la misma manera, la diferencia que obtenga el tenedor de bonos entre el precio de suscripción o adquisición y el de rescate o transferencia tampoco se considerará como renta para ningún efecto legal salvo que el beneficiario haga de estas operaciones su profesión habitual en los términos contemplados en el número 9 del artículo 17 de la Ley de Impuesto a la Renta.

7º.- Agregar en el artículo 20 después de la palabra "interés" las palabras "y reajuste".

8º.- Sustituir en el artículo 22 las palabras "no podrá hacer uso alguno del dinero pagado por los suscriptores de los bonos", por las palabras "sólo podrá destinar el dinero pagado por los suscriptores de bonos a inversiones o bienes de fácil liquidación".

9º.- Agregar en el artículo 23 después de la palabra "intereses" las palabras "y reajuste".

10.- Agregar en el artículo 25 después de la palabra "bonos" las palabras "o a quién éstos indiquen".

11.- Suprimir en el artículo 29 la frase "con autorización de la junta de tenedores de bonos".

12.- Suprimir en el artículo 32 las palabras "por medio de sorteo de los títulos respectivos y sólo".

13.- Sustituir en el primer párrafo del inciso primero del artículo 33 las palabras "El sorteo de los bonos" por las palabras "En el caso que la amortización se efectúe por sorteo éste".

14.- Agregar en los artículos 35 y 41 después de la palabra "nominal" las palabras "más el reajuste en su caso".

15.- Agregar entre los párrafos 6 y 7 un párrafo nuevo con el título "autorizaciones especiales" y con el siguiente artículo nuevo:

Artículo...- Para emitir bonos con reajuste será necesario que la sociedad emisora obtenga previamente una autorización especial para cada emisión de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, previo informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile y de la Comisión Nacional del Ahorro creada por Decreto de Hacienda Nº 2.590, de 24 de diciembre de 1966.

Las Sociedades Anónimas que deseen emitir bonos con reajuste deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar que el empréstito tiene por objeto obtener del público los capitales de explotación o de inversión necesarios para el desarrollo de sus actividades;

b) Que el monto del empréstito guarda relación con el volumen de los negocios de la sociedad y los ingresos provenientes de sus operaciones. Sin perjuicio de que deba acreditarse esta circunstancia, estos empréstitos en todo caso deberán tener garantía colateral debidamente calificada por la Superintendencia al autorizar la emisión;

c) Que el bono mediante el cual se colocará el empréstito cumple los requisitos de forma y fondo que establezca la Superintendencia;

d) Ofrecer una fórmula de reajuste equitativa que tenga por objeto preservar el valor adquisitivo inicial del empréstito para quien lo cubra.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia, en la resolución que pronuncie aprobando la emisión del empréstito, podrá fijar las condiciones de la emisión y de la colocación respectiva con las más amplias facultades. Dicha resolución se protocolizará ante Notario Público, se inscribirá en el Registro de Comercio correspondiente, y se anotará al margen de la inscripción de la sociedad en el mismo Registro.

16.- Sustituir el artículo 75, por el siguiente:

"Artículo 75.- Los representantes de los tenedores de bonos y las empresas que se encarguen de la colocación de los documentos mercantiles a que se refiere esta ley, responderán de la culpa y negligencia en el cumplimiento de esta ley y de la viciación de cualquiera de sus deberes que su carácter los imponga".

(Fdo.): Eduardo Frei Montalva.- Andrés Zaldivar Larraín."

24.-INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley, con urgencia calificada de "simple", iniciado en un Mensaje, que autoriza al Banco del Estado de Chile para convenir la conversión de los préstamos otorgados en virtud de la ley 16.253 en créditos de fomento, consulta medidas para el reajuste de las cuotas, de ahorro abiertas en el mismo Banco, facilita la emisión de debentures por parte de las sociedades anónimas y dispone otras medidas de orden financiero.

Para el estudio de la iniciativa la Comisión contó con la colaboración del Subsecretario de Haciendadon Florencio Guzmán y del Fiscal del Banco del Estado de Chile, don Jorge Mandujano.

El proyecto en examen permite regular la situación de un determinado grupo de créditos otorgados por el Banco del Estado de Chile en conformidad a la ley 16.254; modifica el sistema de reajuste e intereses de las cuotas de ahorro abiertas en el Banco del Estado de Chile, de los préstamos hipotecarios y de los créditos no reajustabas otorgados en moneda corriente y, finalmente, establece un régimen de reajustabilidad de los empréstitos obtenidos a través de emisión de debentures por parte de las sociedades anónimas.

Estima el Gobierno que con todas estas medidas vigoriza "los canales de ahorro actualmente existentes" y crea "nuevos mecanismos de captación, especialmente dirigidos a motivar y estimular el ahorro de las personas". De acuerdo con este propósito ya "estableció un sistema de reajustabilidad para los depósitos de ahorro a plazo del Banco del Estado", "creó el certificado de ahorro reajustable del Banco Central y el bono reajustable de la Caja Central de Ahorros y Préstamos para la Vivienda".

Con fecha 19 de mayo de 1965 se publicó la ley Nº 16.253, que creó los bancos de fomento. En su artículo 6° les otorgó la facultad de conceder préstamos reajustables en las condiciones que se fijarían en un Reglamento dictado por el Presidente de la República. Este Reglamento que lleva el número 40 fue publicado en el Diario Oficial el 20 de enero de 1967.

En el lapso comprendido entre el 19 de mayo de 1965 y la vigencia del decreto reglamentario Nº 40, el Banco del Estado de Chile otorgó préstamos asimilados al sistema autorizado para los Bancos del Fomento no consideró esta situación, con las condiciones corrientes de los préstamos bancarios. Como el Reglamento de operaciones reajustables de los Bancos de Fomento no consideró esta situación corresponde ahora resolver la modalidad a que se sujetará este grupo de créditos otorgados entre ambas fechas, es decir, el 19 de mayo de 1965 y el 2 de enero de 1967, fecha de dictación del Reglamento. La proposición del Ejecutivo permite la conversión de estos créditos en préstamos de fomento y, por lo tanto, los incorpora al régimen de la ley Nº 16.253.

Las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile se reajustan anualmente en un porcentaje que oscila entre el 75% y el 100% del promedio de variación que experimente el índice de precios al consumidor y de sueldos y salarios del departamento de Santiago, determinado por la Dirección General de Estadística y Censos. Este sistema fue creado por la ley Nº 16.407, de enero de 1966.

La misma ley señaló que las cantidades sujetas a reajuste devengarían un interés de hasta un 4% anual.

El Banco del Estado desde el año 1966 ha reajustado las cuentas de ahorro en un 100%; sin embargo, el hecho de estar fijado en la ley porcentajes mínimos y máximos hace aparecer al Banco en condiciones potenciales de reajustar en un porcentaje inferior al alza del índice de precios señalado por la Dirección de Estadística y Censos. Como en su aplicación la ley ha creado una situación que difiere de los términos contenidos en su texto escrito, se quiere regular el sistema de acuerdo a esta modalidad.

Además, otros sistemas de ahorro pagan un interés que normalmente llega al 7% en vez del 4% autorizado para estas cuentas de ahorro, razón por la cual se encuentran en condiciones desventajosas con respecto a aquellas que procuran mayores incentivos para ahorrar.

Con el objeto de colocar en un mismo plano de igualdad los intereses que se paguen a estas cuentas se propone que ellos sean determinados por el Directorio del Banco.

En cumplimiento del propósito de mejorar el sistema ideado por la ley Nº 16.407, se entrega al Directorio del Banco la facultad para, dictar las normas por las cuales podrán girar los depositantes de estas cuentas de ahorro.

El proyecto resuelve también el problema creado al Banco del Estado por la aplicación del inciso segundo del artículo 14, letra k) del D.F.L. 251, orgánico de dicha institución, al señalar que la tasa de interés para los préstamos hipotecarios no puede ser superior al término medio del interés bancario fijado por la Superintendencia de Bancos por el semestre anterior. El Banco del Estado tiene facultad para fijar en las operaciones de su clase tasas de interés equivalente al término medio del interés bancario más un 20% de recargo. Por la limitación indicada estos préstamos pagan un interés inferior al resto de las operaciones bancarias, en circunstancias que ellos son a largo plazo y no reajustables. Se quiere que el Directorio del Banco fije libremente los intereses de estos préstamos hipotecarios.

Por otra parte, debido a una interpretación en la aplicación del artículo 235 de la ley Nº 16.617, del año 1967, estos préstamos hipotecarios han quedado exentos de pagar el impuesto único fijado en dicho artículo.

La mencionada disposición fijó una tasa de 50% que afecta a los intereses, primas u otras remuneraciones percibidas por los bancos comerciales, Banco del Estado de Chile y Banco Central de Chile en razón de los préstamos u operaciones de crédito no reajustables, otorgados en moneda corriente, cualquiera sea su naturaleza, objeto o finalidad.

Con el propósito de procurar recursos adecuados para reajustar las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Esta se propone que estos préstamos hipotecarios queden afectos al impuestos establecido en el artículo 235 de la ley 16.617.

Finalmente, como una manera de "disminuir la presión por créditos en el sector bancario", se introducen una serie de modificaciones en la ley sobre emisión de bonos por las sociedades anónimas, con el objeto de crear un sistema de reajustabilidad de los empréstitos y puedan las empresas acudir directamente al público en demanda de recursos financieros.

La Comisión de Hacienda compartió en todas sus partes la iniciativa en informe y le prestó su aprobación por unanimidad, introduciendo algunas enmiendas de redacción que la perfeccionan o complementan.

El artículo 1º permite la conversión de los créditos concedidos por el Banco del Estado en el lapso comprendido entre la vigencia de la ley 16.253 y el decreto sobre Operaciones Reajustables de los Bancos de Fomento.

El artículo 2º complementa la ley sobre Bancos de Fomento al determinar el procedimiento aplicable en el cobro judicial de los préstamos reajustables.

Los artículos 3º, 4º y 5º corresponden al mejoramiento del sistema aplicable al reajuste e intereses de las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado. Se establece el reajusta anual del 100% de variación del índice de precios al consumidor, se radica en una resolución del Directorio del Banco la fijación de la tasa de interés que se pagará a dichas cuentas como asimismo el número de giros que podrán registrar dichas cuentas para tener derecho a reajuste.

Con el objeto de permitir que el Directorio del Banco del Estado fije la tasa de interés que deben pagar los préstamos hipotecarios, el artículo 6° propone la supresión de la letra k) del artículo 14 del D.F.L. 251, de 1960, orgánico del Banco del Estado.

El artículo 7° incorpora en el gravamen consultado en la ley 16.617 a los préstamos controlados e hipotecarios, destinándose estos recursos a completar el aporte del Fisco a dicho Banco para que efectúe el reajuste de las cuentas de ahorro a plazo.

El artículo 8° obliga a contar con la aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro a todas las modificaciones que se introduzcan en los sistemas de ahorro vigentes. Esta Comisión, creada por decreto 2.590, de 25 de enero de 1967, tiene por misión coordinar y regular los diversos sistemas de ahorro.

El artículo 9º, como se ha dicho anteriormente, adecúa la ley sobre emisión de bonos a un sistema de reajustabilidad del empréstito con el fin de permitir que las sociedades anónimas recurran directamente al público en demanda de dinero.

El artículo 10, introducido en la Comisión, permite a estas empresas realizar tales operaciones sin la intervención de las sociedades colocadoras como lo establece la ley 16.394, pero sujetándose, en lo demás a las disposiciones de dicha ley.

Por las consideraciones expuestas la Comisión de Hacienda recomienda a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- El Banco del Estado de Chile podrá convenir la conversión de los créditos otorgados desde la vigencia de la ley Nº 16.253 en créditos reajustables de fomento, siempre que el objeto de aquellos haya cumplido con las finalidades contempladas en ella.

Artículo 2º.- Agrégase a continuación del artículo 6º de la ley Nº 16.253, como artículo 6º bis, el siguiente: "En todos los juicios de cobro de las operaciones comprendidas en el artículo 6° de la presente ley, incluso en los juicios de quiebras, el pago se hará en moneda nacional, liquidándose el crédito por el valor que tengan las unidades de fomento a la fecha de dicho pago, de acuerdo con los artículos 3° y 4° del decreto Nº 40 del Ministerio de Hacienda, de fecha 2 de enero de 1967.

Si el juicio fuere ejecutivo, no será necesaria la avaluación previa del artículo 438 del Código de Procedimiento Civil. "

Artículo 3º.- Reemplázase el inciso primero del artículo 1º de la ley Nº 16.407, por el siguiente: "Las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, se reajustarán anualmente en el porcentaje del 100% de variación que en dicho período experimente el índice de precios al consumidor del departamento de Santiago, que determine la Dirección General de Estadística y Censos. "

Artículo 4º.- Reemplázase el inciso penúltimo del artículo 1º de la ley Nº 16.407, por el siguiente: "Las cantidades que gocen de reajuste en conformidad a lo dispuesto en este artículo devengarán el interés que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 8° de esta ley. Sobre el saldo del depósito no reajustado se abonará el interés normal del depósito. "

Artículo 5º.- Reemplázase el artículo 1º del Reglamento Nº 405 de cuentas de ahorro a plazo del Banco del Estado de Chile, publicado en el Diario Oficial de 15 de febrero de 1966, por el siguiente: "Tienen derecho a reajuste las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, bajo denominación, que se hallen vigentes al 31 de diciembre de cada año y que no registren en el año calendario un número superior de giros al que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro.

Artículo 6º.- Suprímese el inciso segundo de la letra k) del artículo 1º del D.F.L. Nº 251, de 1960.

Artículo 7º.- Agrégase el siguiente inciso al artículo 235 de la ley Nº 16.617: "Los préstamos controlados e hipotecarios que Banco del Estado de Chile otorgue a sus imponentes de ahorres estarán afectos al impuesto establecido en este artículo, y su producto se depositará en una cuenta especial en el Banco del Estado de Chile, quien lo administrará y destinará exclusivamente a completar el aporte que el Fisco debe efectuar a dicho Banco de conformidad a las disposiciones de la ley Nº 16.407. Este impuesto afectará a los préstamos que se otorguen a contar del 1º de julio de 1968. "

Artículo 8º.- Las condiciones, plazos y modalidades de las emisiones o debentu-res a que se refiere el artículo 11 de la ley Nº 13.908 y las que se fijen en el futuro para los sistemas de ahorro a que se refiere el artículo 39, letra j), del D.F.L. 247, de 1960; el D.F.L. 205, de 1960, y el decreto supremo de Hacienda Nº 11.429, del mismo año; el D.F.L. 251, de 1960, y la ley Nº 16.407, la ley Nº 16.253 y el decreto supremo de Hacienda Nº 40, de enero de 1967, y el RRA. Nº 20, de 1963, deberán contar previamente con el informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro creada por decreto supremo Nº 2.590, publicado en el Diario Oficial 26.651, del 25 de enero de 1967.

Artículo 9º.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley Nº 4.657:

1º.- Intercalar en el Nº 6 del artículo 6º, entre la palabra "interés" después de la "coma" que la sigue, y las palabras "la forma" las palabras "la forma de reajuste del empréstito".

2º.- Sustituir en el artículo 7º las palabras "la escritura de emisión será publicada íntegramente y" por las palabras "un extracto de la escritura de emisión aprobado por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio será publicado"; y reemplazar las palabras "inscrita" y "anotada" por las palabras "inscrito" y "anotado".

3º.- Intercalar en el Nº 7 del artículo 9°, entre la palabra "interés" después de la "coma" que la sigue y las palabras "la forma", las palabras "la forma de reajuste del empréstito".

4º.- Sustituir el inciso primero del artículo 10 por el siguiente: "El valor nominal inicial de cada bono no podrá ser inferior a cien escudos ni superior a cinco mil escudos".

5º.- Sustituir en el párrafo 2º del inciso primero del artículo 12 la palabra "Segunda" por la palabra "Primera", y en el segundo inciso de este artículo agregar, después de la palabra "valor", las palabras "o la forma de determinarlo".

6º.- Sustituir el artículo 18 por el siguiente:

"Artículo 18. - Podrán emitirse bonos reajustables o a prima, fijando en este último caso para su suscripción una suma inferior a su valor nominal. Para la aplicación de las disposiciones legales que limitan el interés convencional se considerará en los bonos reajustables o a prima sólo la tasa de interés calculada sobre el valor nominal inicial del bono más el reajuste en su caso. Tanto el reajuste como la prima no se considerarán interés ni renta para ningún efecto legal para quien se beneficie con ellos. De la misma manera, la diferencia que obtenga el tenedor de bonos entre el precio de subscripción o adquisición y el de rescate o transferencia tampoco se considerará como renta para ningún efecto legal. "

7º.- Agregar en el artículo 20, después de la palabra "interés", las palabras "y reajuste".

8º.- Sustituir en el artículo 22 las palabras "no podrá hacer uso alguno del dinero pagado por los suscriptores de los bonos", por las palabras "sólo podrá destinar el dinero pagado por los suscriptores de bonos a inversiones o bienes de fácil liquidación".

9º.- Agregar en el artículo 23, después de la palabra "intereses", las palabras "y reajuste".

10.- Agregar en el artículo 25, después de la palabra "bonos", las palabras "o a quién éstos indiquen".

11.- Suprimir en el artículo 29 la frase "con autorización de la junta de tenedores de bonos".

12.- Suprimir en el artículo 32 las palabras "por medio de sorteo de los títulos respectivos y sólo".

13.- Sustituir en el primer párrafo del inciso primero del artículo 33 las palabras "El sorteo de los bonos" por las palabras "En el caso que la amortización se efectúe por sorteo éste".

14.- Agregar en los artículos 35 y 41, después de la palabra "nominal", las palabras "más el reajuste en su caso".

15.- Agregar entre los párrafos sexto y séptimo un párrafo nuevo con el título "Autorizaciones especiales" y con el siguiente artículo nuevo:

"Artículo...- Para emitir bonos con reajuste será necesario que la sociedad emisora obtenga previamente una autorización especial para cada emisión de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, previo informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile y de la Comisión Nacional del Ahorro creada por decreto de Hacienda Nº 2.590, de 24 de diciembre de 1966.

Las Sociedades Anónimas que deseen emitir bonos con reajuste deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar que el empréstito tiene por objeto obtener los capitales de explotación o de inversión necesarios para el desarrollo de sus actividades;

b) Que el monto del empréstito guarde relación con el volumen de los negocios de la sociedad solicitante y que se encuentra Suficientemente garantizado con el capital propio de la sociedad y los ingresos provenientes de sus operaciones. Sin perjuicio de que deba acreditarse esta circunstancia, estos empréstitos en todo caso deberán tener garantía debidamente calificada por la Superintendencia al autorizar la emisión;

c) Que el bono mediante el cual se colocará el empréstito cumple los requisitos de forma y fondo que establezca la Superintendencia, y

d) Ofrecer una fórmula de reajuste equitativa que tenga por objeto preservar el valor adquisitivo inicial del empréstito para quien lo cubra.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia, en la resolución que pronuncie aprobando la emisión del empréstito, podrá fijar las condiciones de la emisión y de la colocación respectiva con las más amplias facultades. Dicha resolución se protocolizará ante Notario Público, se inscribirá en el Registro de Comercio correspondiente, y se anotará al margen de la inscripción de la sociedad en el mismo Registro. "

16.- Sustituir el artículo 75 por el siguiente:

"Artículo 75. - Los representantes de los tenedores de bonos y las empresas que se encarguen de la colocación de los documentos mercantiles a que se refiere esta ley, responderán de la culpa y negligencia en el cumplimiento de esta ley y de la violación de cualquiera de sus deberes que su carácter les imponga. "

Artículo 10.- Agrégase al inciso segundo del artículo lº de la ley Nº 16.394 el siguiente párrafo: "Estas mismas sociedades podrán también colocar en el público, en igual forma directa, bonos o debentures de su propia emisión, sujetándose a las disposiciones de la presente ley".

(Fdo. ): Mario Sánchez Latorre, Secretario."

CONVERSIÓN DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS POR EL BANCO DEL ESTADO DESDE LA VIGENCIA DE LA LEY 16.253, EN CREDITOS DE FOMENTO

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Entrando a la Tabla del Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto de ley, informado por la Comisión de Hacienda y con trámite de urgencia calificada de "simple", que establece que el Banco del Estado de Chile podrá convenir la conversión de los créditos otorgados desde la vigencia de la ley Nº 16.253.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda, es el señor Daiber.

-El proyecto, impreso en el boletín Nº 10.996, es el siguiente:

"Artículo 1º.- El Banco del Estado de Chile podrá convenir la conversión de los créditos otorgados desde la vigencia de la ley Nº 16.253 en créditos reajustables de fomento, siempre que el objeto de aquellos haya cumplido con las finalidades contempladas en ella.

Artículo 2º.- Agrégase a continuación del artículo 6º de la ley Nº 16.253, como artículo 6º bis, el siguiente: "En todos los juicios de cobro de las operaciones comprendidas en el artículo 6º de la presente ley, incluso en los juicios de quiebras, el pago se hará en moneda nacional, liquidándose el crédito por el valor que tengan las unidades de fomento a la fecha de dicho pago de acuerdo con los artículos 3° y 4º del Decreto Nº 40 del Ministerio de Hacienda, de fecha 2 de enero de 1967.

Si el juicio fuere ejecutivo, no será necesaria la avaluación previa del artículo 438 del Código de Procedimiento Civil."

Artículo 3º.- Reemplázase el inciso primero del artículo 1º de la ley Nº 16.407, por el siguiente: "Las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, se reajustarán anualmente en el porcentaje del 100% de variación que en dicho período experimente el índice de precios al consumidor del Departamento de Santiago, que determine la Dirección General de Estadística y Censos."

Artículo 4º.- Reemplázase el inciso penúltimo del artículo 1º de la ley 16.407, por el siguiente: "Las cantidades que gocen de reajuste en conformidad a lo dispuesto en este artículo devengarán el interés que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 8º de esta ley Sobre el saldo del depósito no reajustado se abonará el interés normal del depósito."

Artículo 5º.- Reemplázase el artículo 1° del Reglamento Nº 405 de cuentas de ahorro a plazo del Banco del Estado de Chile, publicado en el Diario Oficial de 15 de febrero de 1966, por el siguiente: "Tienen derecho a reajuste las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile bajo dicha denominación, que se hallen vigentes al 31 de diciembre de cada año y que no registren en el año calendario un número superior de giros al que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro.

Artículo 6º.- Suprímese el inciso segundo de la letra k) del artículo 14 del D.F.L. Nº 251 de 1960.

Artículo 7º.- Agrégase el siguiente inciso al artículo 235 de la ley Nº 16.617: "Los préstamos controlados e hipotecarios que el Banco del Estado de Chile otorgue a sus imponentes de ahorros estarán afectos al impuesto establecido en este artículo, y su producto se depositará en una cuenta especial en el Banco del Estado de Chile, quien lo administrará y destinará exclusivamente a completar el aporte que el Fisco debe efectuar a dicho Banco de conformidad a las disposiciones de la ley Nº 16.407. Este impuesto afectará a los préstamos que se otorguen a contar del 1º de julio de 1968."

Artículo 8º.- Las condiciones, plazos y modalidades de las emisiones o debentures a que se refiere el artículo 11 de la ley Nº 13.908 y las que se fijen en el futuro para los sistemas de ahorro a que se refiere el artículo 39, letra j) del D.F.L. 247 de 1960, el D.F.L. 205 de 1960, y el Decreto Supremo de Hacienda 11.429 del mismo año, el D.F.L. 251 de 1960 y la ley Nº 16.407, la ley Nº 16.253 y el Decreto Supremo de Hacienda 40, de enero de 1967, y el RRA. 20, de 1963, deberán contar previamente con el informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro creada por Decreto Supremo 2590, publicado en el Diario Oficial 26.651 del 25 de enero de 1967.

Artículo 9º.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley Nº 4.657:

1º.- Intercalar en el Nº 6 del artículo 6º entre la palabra "interés", después de la "coma" que la sigue, y las palabras "la forma" las palabras "la forma de reajuste del empréstito".

2º.- Sustituir en el artículo 7º las palabras "la escritura de emisión será publicada íntegramente y" por las palabras "un extracto de la escritura de emisión aprobado por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio será publicado"; y reemplazar las palabras "inscrita" y "anotada" por las palabras "inscrito" y "anotado".

3º.- Intercalar en el Nº 7 del artículo 9º entre la palabra "interés" después de la "coma" que la sigue y las palabras "la forma", las palabras "la forma de reajuste del empréstito".

4º.- Sustituir el inciso primero del artículo 10 por el siguiente: "El valor nominal inicial de cada bono no podrá ser inferior a cien escudos ni superior a cinco mil escudos".

5°.- Sustituir en el párrafo 2º del inciso primero del artículo 12 la palabra "Segunda" por la palabra "Primera", y en el segundo inciso de este artículo agregar después de la palabra "valor" las palabras "o la forma de determinarlo".

6º.- Sustituir el artículo 18 por el siguiente:

"Artículo 18.- Podrán emitirse bonos reajustables o a prima, fijando en este último caso para su suscripción una suma inferior a su valor nominal. Para la aplicación de las disposiciones legales que limitan el interés convencional se considerará en los bonos reajustables o a prima sólo la tasa de interés calculada sobre el valor nominal inicial del bono más el reajuste en su caso. Tanto el reajuste como la prima no se considerarán interés ni renta para ningún efecto legal para quien se beneficie con ellos. De la misma manera, la diferencia que obtenga el tenedor de bonos entre el precio de subscripción o adquisición y el de rescate o transferencia tampoco se considerará como renta para ningún efecto legal.

7º.- Agregar en el artículo 20 después de la palabra "interés" las palabras "y reajuste".

8º.- Sustituir en el artículo 22 las palabras "no podrá hacer uso alguno del dinero pagado por los suscriptores de los bonos", por las palabras "sólo podrá destinar el dinero pagado por los suscriptores de bonos a inversiones o bienes de fácil liquidación".

9º.- Agregar en el artículo 23 después de la palabra "intereses" las palabras "y reajuste".

10.- Agregar en el artículo 25 después de la palabra "bonos" las palabras "o a quien éstos indiquen".

11.- Suprimir en el artículo 29 la frase "con autorización de la junta de tenedores de bonos".

12.- Suprimir en el artículo 32 las palabras "por medio de sorteo de los títulos respectivos y sólo".

13.- Sustituir en el primer párrafo del inciso primero del artículo 33 las palabras "El sorteo de los bonos" por las palabras "En el caso que la amortización se efectúe: por sorteo éste".

14.- Agregar en los artículos 35 y 41 después de la palabra "nominal" las palabras "más el reajuste en su caso".

15.- Agregar entre los párrafos sexto y séptimo un párrafo nuevo con el título "Autorizaciones especiales" y con el siguiente artículo nuevo:

"Artículo….-Para emitir bonos con reajuste será necesario que la sociedad emisora obtenga previamente una autorización especial para cada emisión de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, previo informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile y de la Comisión Nacional del Ahorro creada por Decreto de Hacienda Nº 2590 de 24 de diciembre de 1966.

Las Sociedades Anónimas que deseen emitir bonos con reajuste deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar que el empréstito tiene por objeto obtener los capitales de explotación o de inversión necesarios para el desarrollo de sus actividades.

b) Que el monto del empréstito guarde relación con el volumen de los negocios de la sociedad solicitante y que se encuentre suficientemente garantizado con el capital propio de la sociedad y los ingresos provenientes de sus operaciones. Sin perjuicio de que deba acreditarse esta circunstancia, estos empréstitos en todo caso deberán tener garantía debidamente calificada por la Superintendencia al autorizar la emisión

c) Que el bono mediante el cual se colocará el empréstito cumple los requisitos de forma y fondo que establezca la Superintendencia.

d) Ofrecer una fórmula de reajuste equitativa que tenga por objeto preservar el valor adquisitivo inicial del empréstito para quien lo cubra.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia, en la resolución que pronuncie aprobando la emisión del empréstito, podrá fijar las condiciones de la emisión y de la colocación respectiva con las más amplias facultades. Dicha resolución se protocolizará ante Notario Público, se inscribirá en el Registro de Comercio correspondiente, y se anotará al margen de la inscripción de la sociedad en el mismo Registro."

16.- Sustituir el artículo 75 por el siguiente:

"Artículo 75.- Los representantes de los tenedores de bonos y las empresas que se encarguen de la colocación de los documentos mercantiles a que se refiere esta ley, responderán de la culpa y negligencia en el cumplimiento de esta ley y de la violación de cualquiera de sus deberes que su carácter les imponga."

Artículo 10.- Agrégase al inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 16.394 el siguiente párrafo: "Estas mismas sociedades podrán también colocar en el público, en igual forma directa, bonos o deben-tures de su propia emisión, sujetándose a las disposiciones de la presente ley".

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

En discusión general el proyecto.

El señor DAIBER.-

Pido la palabra.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado informante, don Alberto Daiber.

El señor DAIBER.-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley, con urgencia calificada de "simple", iniciado en un mensaje, que autoriza al Banco del Estado de Chile para convenir la conversión de los préstamos otorgados en virtud de la ley 16.253 en créditos de fomento, consulta medidas para el reajuste de las cuotas de ahorro abiertas en el mismo Banco, facilitar la emisión de "debentures" por parte de las sociedades anónimas y dispone otras medidas de orden financiero.

A la discusión del proyecto en el seno de la Comisión de Hacienda asistieron el Subsecretario de Hacienda, don Florencio Guzmán, y el Fiscal del Banco del Estado de Chile, don Jorge Mandujano, quienes dieron la información requerida por sus miembros para comprender, justamente, el alcance de cada una de las disposiciones contempladas en el proyecto.

Las medidas en él contenidas permiten regular la situación de un determinado grupo de créditos otorgados por el Banco del Estado de Chile en conformidad a la ley 16.253; modifican el sistema de reajuste e intereses de las cuotas de ahorro abiertas en el Banco del Estado de Chile, de los préstamos hipotecarios y de los créditos no reajustables otorgados en moneda corriente, y finalmente establecen también un régimen de reajustabilidad de los empréstitos obtenidos a través de emisión de "debentures" por parte de las sociedades anónimas.

Estima el Gobierno que con todas estas medidas se vigorizarán "los canales de ahorro actualmente existentes" y se crearán "nuevos mecanismos de captación, especialmente dirigidos a motivar y estimular el ahorro de las personas".

Con fecha 19 de mayo de 1965, se dictó la ley Nº 16.253, que tiene por objeto autorizar el establecimiento de los bancos de fomento, los que, dentro de sus facultades, están en situación de otorgar préstamos de capitalización de carácter reajustable para financiar la elaboración y ejecución de proyectos o la inversión en bienes de capital que tiendan al desarrollo de las actividades económicas del país y la prestación de asistencia técnica para dichos proyectos.

A pesar de la dictación de esta ley, el Departamento de Fomento del Banco del Estado de Chile, que estaba autorizado para efectuar operaciones de fomento, no pudo funcionar, debido a que su facultad para otorgar préstamos reajustables estaba supeditada a la dictación de un reglamento que determinara la forma y condiciones de los préstamos reajustables.

No obstante lo anterior, en ese entretanto, el Banco del Estado de Chile procedió a otorgar préstamos que cumplían con las finalidades de las operaciones de los bancos de fomento. Estas operaciones se pactaron en las condiciones normales de los préstamos bancarios en cuanto a interés, plazo y demás modalidades. Se cursaron entre el 19 de mayo de 1965 y el 20 de enero de 1967, y se realizaron con la intención de asimilarlas al sistema de préstamos que se autorizaba para los bancos de fomento.

Sin embargo, el reglamento de operaciones reajustables de los bancos de fomento no consideró esta situación por lo que ahora es necesario solucionar las dificultades que se han presentado a los usuarios de los créditos, que se han visto constreñidos a amortizarlos a corto plazo. Además, atendidos sus fines de inversión, no pueden financiarse.

Por las razones expuestas, y teniendo en consideración que el reglamento de los préstamos reajustables dictado el 2 de enero de 1967, se encuentra incorporado a la ley, sin que pueda ser modificado por vía administrativa, el Ejecutivo propone en el artículo 1º de este proyecto, autorizar la conversión de los créditos otorgados en obligaciones reajustables de fomento, según lo soliciten los usuarios.

Además, a través del artículo 2º propone agregar un nuevo artículo a la ley 16.253 antes referida, con el objeto de determinar el procedimiento aplicable en el cobro judicial de los préstamos reajustables otorgados por los bancos de fomento.

Por otra parte, la ley 16.407, publicada en el "Diario Oficial" del 10 de enero de 1966, estableció la reajustabilidad de las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile en un porcentaje no inferior al 75% ni superior al 100% del promedio de variación que anualmente experimenten los índices de precios al consumidor y de sueldos y salarios del departamento de Santiago, que determina la Dirección General de Estadística y Censos.

En el inciso penúltimo del artículo 1º de la ley indicada, se estableció que las cantidades que gozaran de reajuste devengarían un interés de hasta un 4% anual y que sobre el saldo no reajustado se abonaría el interés normal del depósito a plazo en cuenta de ahorro.

Es del caso que, por una parte, el Banco del Estado de Chile desde la iniciación del sistema, ha reajustado las cuentas de ahorro a plazo en el 100% del índice de precios al consumidor, quedando dentro del promedio señalado en la ley, y que, por otro lado, existen otros sistemas de ahorro autorizados legalmente para pagar un interés superior al 4% anual, a pesar de que se encuentran facultados asimismo para reajustar los saldos depositados. Aún más, estas otras fuentes de captación de ahorro no están limitadas en la suma a reajustar, mientras que la ley 16.407 sólo autoriza al Banco del Estado para otorgar reajuste sobre los depósitos que no excedan de uno y medio sueldos vitales anuales del departamento de Santiago.

Como consecuencia de todo esto, de acuerdo a lo expresado por el señor Subsecretario de Hacienda, el Banco del Estado de Chile da la imagen de reajustar sus cuentas de ahorro en menor porcentaje, aunque siempre lo ha hecho en un 100%. A su vez, se encuentra también en situación desventajosa frente a otras instituciones de ahorro. En vista de esta situación desventajosa para el Banco del Estado de Chile, se propone que el reajuste de las cuentas de ahorro a plazo sea del 100% del promedio de variación que experimente el índice de precios al consumidor.

Por otra parte, en su artículo 3°, el proyecto deja al Banco en libertad para fijar las tasas de interés que se pagan a las cuentas de ahorro reajustables, libertad de fijación que, en todo caso, quedará entregada a una determinación por parte del Directorio del Banco, así como a un pronunciamiento previo de la Comisión Nacional del Ahorro.

Con todo, estas medidas, que tienden a otorgar mayores beneficios a los imponentes en cuentas de ahorro a plazo del Banco del Estado de Chile, deben estar relacionadas con los beneficios que se obtengan de una cuenta de ahorro. Actualmente el Banco del Estado de Chile otorga préstamos hipotecarios a sus ahorrantes que cumplan con las exigencias que ha determinado un reglamento de operaciones hipotecarias dictado por el propio Banco. Dentro de este reglamento, se consideran las condiciones de antigüedad y promedio de saldos que debe reunir el interesado. Pero para la determinación de los intereses que devengarán estos préstamos hipotecarios, existe la limitación contemplada en el inciso segundo del artículo 14, letra k), del D.F.L. 251, de 1960. Mediante la referida limitación, resulta que los préstamos hipotecarios, que son a largo plazo y no son reajustables, devengan un interés inferior al común de las operaciones bancarias.

En efecto el Banco del Estado de Chile está facultado, en las operaciones bancarias para establecer tasas de interés correspondientes al término medio del interés bancario fijado por el Banco Central más un 20%, mientras que para estos préstamos hipotecarios no existe este margen de aumento del 20%. En consecuencia, dadas las mayores ventajas que se proporcionarán a los imponentes de ahorro y para evitar que los usuarios de préstamos hipotecarios a largo plazo paguen un interés inferior al que corresponde normalmente a las operaciones bancarias, el Ejecutivo propone la supresión del inciso segundo del artículo 14, letra k), del D.F.L. Nº 251, de 1960, que deja al Directorio del Banco del Estado en libertad para fijar los intereses que devenguen estos préstamos.

A la vez, se ha estimado necesario introducir un nuevo inciso al artículo 235 de la ley Nº 16.617, del año 1967, que establece un impuesto único a los intereses, primas u otras remuneraciones percibidas por los bancos comerciales, Banco del Estado de Chile y Banco Central de Chile en razón de los préstamos u operaciones de crédito no reajustables que otorgan en moneda corriente. Con el objeto de crear un sistema de financiamiento adecuado para reajustar las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile y para evitar que este reajuste grave al Fisco en la participación que a éste corresponde en las utilidades del Banco Central, se propone establecer que los intereses y comisiones que perciba el Banco del Estado en razón de los nuevos préstamos hipotecarios y controlados que otorgue a sus ahorrantes estarán afectos al impuesto establecido en el artículo 235 de la ley Nº 16.617. El producto de este impuesto será depositado en una cuenta especial en el mismo Banco del Estado y que lo administrará y destinará a reajustar las cuencas de ahorro a plazo, en conformidad con las disposiciones contenidas en la mencionada ley.

Por último es necesario dejar establecido por ley el procedimiento ya puesto en práctica en otros casos, de que todas las modificaciones de cualquier índole que se introduzcan al sistema de ahorro vigente deben contar con la aprobación previa de la Comisión Nacional del Ahorro, creada por decreto de Hacienda Nº 2.590, publicado en el año 1967. En esta comisión están representadas todas las instituciones relacionadas con la captación del ahorro y su misión fundamental es, precisamente, establecer la debida coordinación y regulación de los diversos sistemas.

Las consideraciones expuestas precedentemente guardan concordancia con la preocupación permanente que "ha habido en el sentido de adoptar todas las medidas necesarias para estimular el ahorro nacional, ya que es convencimiento del Gobierno que, sin un aumento significativo de la tasa de ahorro, será imposible superar los males crónicos que afectan a nuestro país. Un aspecto de su acción en tal sentido ha sido la vigorización de los canales de ahorro existentes y la creación de nuevos mecanismos de captación, especialmente dirigidos a motivar y estimular el ahorro de las personas.

Entre estas iniciativas está justamente la de adecuar la actual ley Nº 4.657, de 1929, sobre emisión de bonos de sociedades anónimas a las necesidades de nuestra época, ya que sus disposiciones, especialmente la falta de normas que permitan la reajustabilidad de los créditos y préstamos, impiden que este sistema de financiamiento pueda realmente operar. La posibilidad de dar un impulso a las emisiones y "debentures" por las sociedades se aviene con el propósito expresado por el Gobierno de disminuir la presión por créditos en el sector bancario, ya que las empresas podrán acudir así directamente al público, en forma regulada y controlada, en demanda de recursos financieros a mediano y largo plazo.

Por otra parte ésta será una nueva forma de ahorro que puede tener un significativo impacto en el crecimiento global de la nación.

Por todas las observaciones formuladas, por todo lo escuchado en la Comisión de Hacienda, sus miembros tuvieron a bien dar aprobación unánime a este proyecto y así recomendarlo a la Honorable Cámara.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor CADEMARTORI.-

Pido la palabra.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

El Diputado señor Cademártori tiene la palabra.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, el proyecto que está considerando la Cámara trata, en general, de algunas medidas de reforma destinadas a hacer más operante y efectivo el sistema de reajustabilidad de los depósitos de ahorro. Sobre todo, se trata de hacer operar en mejor forma la ley ya dictada sobre esta materia, en la cual también se contempló una iniciativa nuestra con el objeto de que los depósito de ahorro de personas de modestos recursos, a través de cuentas de ahorro a plazo del Banco del Estado, no fueran perjudicados a raíz de la devaluación constante de la moneda.

Esa ley fue despachada, pero en ella se estableció que el porcentaje de reajuste en las cuentas sería sólo del 75%, y llegaría hasta un máximo de 100%, de la variación que experimentara el índice de precios al consumidor de la Dirección General de Estadísticas.

Ahora se trata de que estas cuentas de ahorro sean reajustadas anualmente en el ciento por ciento de la variación que experimente el mismo índice de precios al consumidor de la Dirección General de Estadísticas.

Los Diputados comunistas nos manifestamos favorables a que se legisle sobre esta materia, ya que es de toda justicia que estos modestos ahorrantes, en su mayoría empleados, obreros, estudiantes, jubilados, pensionados, pequeños comerciantes, pequeños industriales, puedan estar protegidos del deterioro del poder adquisitivo de sus ahorros. Para eso, el mecanismo más indicado es el reajuste de dichos valores de acuerdo con el índice del costo de la vida.

Sin embargo, señor Presidente, aparte de esta materia se han introducido otras en el proyecto, que guardan relación también con el problema del ahorro, pero que le dan un sentido completamente diferente.

El artículo 9º de este proyecto propone un total de 16 modificaciones a la ley Nº 4.657, que rige las sociedades anónimas en el país, por medio de las cuales se las autoriza para emitir bonos o "debentures" reajustables. Es decir, también podrán pagar un reajuste de acuerdo con los índices correspondientes de devaluación a los adquirentes de estos bonos o documentos de las empresas o sociedades anónimas.

Además, en estas modificaciones se establece que los reajustes así percibidos por los tenedores de estos bonos quedan eximidos, para los efectos de la tributación, del pago del impuesto a la renta; o sea, no se consideran como ingresos.

A nuestro parecer, estas disposiciones ya no tienen nada que ver con un criterio de justicia para los sectores populares, para los sectores modestos; se trata de dar una facultad, una atribución a las sociedades anónimas para que, a través de este mecanismo, creen un nuevo negocio que, sin duda, beneficiará a muy pocas personas, a los más ricos, a los más poderosos, que son quienes operan en las sociedades anónimas con grandes capitales, ya sea con acciones o con estos bonos que van a ser reajustables.

El Gobierno con estas disposiciones no hace más que confirmar una permanente línea de otorgar toda clase de facilidades al gran capital nacional y extranjero. Las modificaciones del artículo 9° tienen ese carácter y con ello no se favorece el ahorro nacional, como se ha pretendido, ni tampoco a las personas modestas, a los pequeños ahorrantes. Lo que se hace, repito, es crear condiciones para que, a través de la liberación de tributos, se beneficien determinadas personas.

Esto nos hace recordar el tristemente célebre negociado de los bonos-dólares. Con el pretexto de atraer capital del exterior, con el pretexto de permitir al Estado obtener ingresos para solventar gastos públicos indispensables y no hacerlo a través del sistema de emisiones, se creó toda una legislación, en la ley 13.305, que favoreció a un grupo de personeros -entre los cuales había, incluso, Ministros de Estado- quienes, en conocimiento pleno de este negocio, hicieron para sí grandes fortunas, a costa del interés nacional. No pagaban impuestos; trajeron capitales que estaban, seguramente, mal habidos, porque se los llevaron al exterior y no dieron cuenta al país por ningún lado. Ellos aprovecharon, entonces, las franquicias que obtuvieron estos bonos- dólares a través de la ley 13.305.

Aquí en el artículo 9º hay algo que si no es igual es parecido. Puede prestarse también para que estos bonos reajustables que van a emitir las sociedades anónimas gocen ahora, o disfruten en el futuro, de franquicias tributarias. Pero mañana les darán otras facilidades, así, inocentemente, en una ley o en otra. De esa manera, volveremos a crear todo un sistema de negociados para una minoría, en perjuicio de la inmensa mayoría nacional.

Por tal motivo, nosotros vamos a votar en contra de esta disposición y vamos a pedir que se vote separadamente el artículo 9°.

Estamos de acuerdo en que se legisle para favorecer a los depositantes, a los poseedores de libretas de ahorro del Banco del Estado; en que se resguarden los beneficios que se otorgan en la ley, pero que esto sólo sea para los que tienen ahorros hasta cierta cantidad, no para todo el mundo.

Es distinto el caso, repito, del artículo 9º. Aquí no se trata de sectores modestos, sino de grandes financistas, de grandes capitalistas. Las sociedades anónimas en Chile, prácticamente, a pesar de ser muy pocas, poseen del 50% del capital comercial e industrial del país. A su vez, dentro de las sociedades anónimas, no pasan del uno por ciento los accionistas que controlan verdaderamente estas sociedades.

Son los que hacen toda clase de operaciones aprovechando sus cargos en los directorios de estas sociedades.

El señor GARAY.-

¿Me permite una interrupción?

El señor CADEMARTORI.-

Aprovechan que son directores en bancos, en compañías de seguros, en sociedades industriales, y de esa manera trasladan dinero de un lado para otro, y todo en beneficio personal.

El señor GARAY.-

Señor Presidente, le solicito una interrupción al señor Cademártori.

El señor CADEMARTORI.-

Le voy a dar una interrupción al señor Garay, señor Presidente.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Garay.

El señor GARAY.-

Señor Presidente, estoy escuchando las palabras del señor Cademártori respecto de los miembros de los consejos de las sociedades anónimas.

Pues bien, quiero recordar al señor Cademártori y a la Cámara que hace cerca de dos años despachamos un proyecto de reforma de las sociedades anónimas, en el cual se establecen incompatibilidades en el ejercicio simultáneo del poder político y del poder económico. Este proyecto, que terminará con muchos de los abusos de las personas a quienes está criticando tan justamente el señor Cademártori sin embargo, duerme en el Senado desde hace dos años. Como allá nosotros no tenemos mayoría, yo le pediría al señor Cademártori que hable con representantes del Partido Comunista, del FRAP -lo mismo les digo a los amigos radicales- para que muevan este proyecto, que terminará con una serie de abusos.

El señor RODRIGUEZ (don Juan).-

Pídanle urgencia, nada más.

El señor GARAY.-

Es necesario, señor Presidente, que, de una vez por todas, nos preocupemos de sacar este proyecto, que nosotros despachamos hace ya cerca de tres años y que todavía duerme en el Senado, donde parece que hay una especie de contubernio entre la Izquierda y la Derecha, entre los más avanzados y los más retardados de la sociedad.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Puede continuar el señor Cademártori.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, el señor Garay ha querido hacer un aprovechamiento político de la denuncia que estoy haciendo. Porque éste es un proyecto del Gobierno, un Mensaje del Ejecutivo, el cual contiene una disposición que favorece a los grandes poseedores de la mayoría de las acciones de las sociedades anónimas del país.

Espero que el señor Garay, consecuente con lo que ha dicho esta tarde, votará también en contra el artículo 9º que acabo de señalar.

En cuanto al proyecto mismo de reforma de las sociedades anónimas, quiero recordar que él fue apoyado, en su oportunidad, por los parlamentarios comunistas, aunque sabemos que no es una gran cosa, porque no va a suprimir los abusos que hay en las sociedades anónimas. Sin embargo, por ser un paso positivo, fue apoyado aquí, en su mayoría. El proyecto ahora está en el Senado, donde no ha avanzado mayormente, sólo porque el Ejecutivo, el Gobierno, no le ha exigido la urgencia correspondiente.

El señor ROSALES.-

¡Exacto!

El señor CADEMARTORI.-

Más aún, ha preferido darle urgencia a otros proyectos. En este mismo momento, la Comisión de Hacienda del Senado -debe saberlo el señor Garay- está ocupada en el despacho del proyectó sobre franquicias tributarias, remitido por la Cámara. Mal puede, por lo tanto, tratar el de reforma de las sociedades anónimas.

Por lo tanto, si el señor Diputado está de acuerdo -espero que así lo esté- solicito que, en nombre de la Cámara, se envíe oficio al Ejecutivo, pidiéndole que requiera la urgencia para el despacho del proyecto de ley que reforma las sociedades anónimas.

El señor MORALES (don Carlos).-

¡Muy bien!

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

¿Terminó Su Señoría?

El señor CADEMARTORI.-

No.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Solicito el asentimiento unánime de la Cámara para enviar el oficio en los términos referidos por el Diputado señor Cademártori.

Un señor DIPUTADO.-

No hay acuerdo.

El señor CADEMARTORI.-

Por lo menos, que sea en nombre de los Diputados de estos bancos.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Se necesitaría asentimiento unánime para hacerlo. Sólo en la Hora de Incidentes puede pedirse el envío del oficio en nombre de Sus Señorías.

El señor CADEMARTORI.-

Es natural que el Partido Nacional se oponga al envío de este oficio, porque defiende a los monopolios y a las grandes sociedades anónimas.

El señor PHILLIPS.-

En la hora de Incidentes…

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, quiero que quede constancia de que, por lo menos de parte nuestra, existe esta petición para que el Ejecutivo solicite la urgencia para el despacho de este proyecto de reforma a las sociedades anónimas. De manera que si no lo hace, tendremos que entender que es un compromiso que tiene con el Partido Nacional.

En cuanto al proyecto que estamos analizando, quiero terminar reiterando lo ya dicho. Votaremos favorablemente en general el proyecto; pero lo haremos en contra del artículo 9º, que otorga a las sociedades anónimas esta ventaja de poder emitir bonos reajustables.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Puede usar de la palabra la Diputada señorita Lacoste.

La señorita LACOSTE.-

Señor Presidente, ahora solamente conozco este proyecto. Y al leerlo, siento mucho el que en las reformas que se han programado para el Banco del Estado no se haya mencionado aquélla que se refiere al monto de los depósitos de ahorro que tienen reajustes completos.

A mi juicio, todas las cantidades que se entreguen al Banco en depósitos de ahorro debieran tener reajuste completo. Así el Banco podría contar con mayor cantidad de fondos depositados para emplearlos en sus objetivos y ampliar sus fines. En otros términos, podría nivelarsele con las Asociaciones de Ahorro y Préstamos, que tienen facultad para otorgar reajustes completos a todo el dinero que se le han entregado en depósitos de ahorro.

Quiero dejar constancia ele esto, señor Presidente, porque se me ha manifestado que ya no sería posible presentar indicaciones.

Nada más, señor Presidente.

El señor PHILLIPS.-

Pido la palabra.

El señor VALENZELUA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Phillips.

El señor PHILLIPS.-

Es muy breve. Creo que la señorita Lacoste tiene toda la razón en el planteamiento que ha hecho, porque hay otras instituciones, como el Banco Central ele Chile, que en el caso de los certificados de ahorro reajustable concede la totalidad del reajuste correspondiente al deterioro de la moneda, más un porcentaje que viene a ser como un dividendo sobre el depósito, que tienen esta atribución. No se ve la razón de por qué otra institución estatal, como es el Banco del Estado, no pueda tener esta facultad, que otro organismo del Estado ya la tiene. De aquí que actualmente sea más beneficioso para las personas que quieren depositar, hacerlo mediante el sistema del CAR y no en el Banco del Estado. En consecuencia, el planteamiento hecho por la señorita Lacoste es de toda justicia, pues pone en situación similar a dos instituciones del sector público.

Referente a la reforma de las sociedades anónimas a que se refería el señor Garay, habría sido conveniente que mi colega viera qué parlamentarios son directores de sociedades anónimas antes de hacer su discurso. Asimismo, debiera conocer el Reglamento del Senado, con el objeto de saber cómo opera el sistema de convocatoria y de urgencia, para que no "dispare a la bandada"; y comprender que el Ejecutivo tiene en su mano las facultades necesarias para hacer operantes los proyectos que estime convenientes.

En consecuencia, no se trata de contubernio. Es muy gracioso. En esta Cámara, cada vez que se vota de acuerdo con una fórmula u otra, tiene que existir "un contubernio". Yo creo que cada uno vota de acuerdo con sus ideas y principios; por eso, hay veces en que se forma una mayoría ocasional en determinados proyectos de ley, y en otros no. Esto no significa que haya contubernio en una materia.

Vuelvo a decir que sería conveniente que el señor Garay averiguara qué Diputados de esta Cámara son o no consejeros de sociedades anónimas…

El señor ACEVEDO.-

Como sucedió en la Comisión Mixta de Presupuestos. …

El señor PHILLIPS.-

En lo referente a lo que usted quiere insinuar acerca de la Comisión Mixta de Presupuestos, si hubo otra cosa, Su Señoría lo conoce a fondo.

El señor ACEVEDO.-

¡El contubernio!

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Señor Acevedo, le ruego no interrumpir.

El señor PHILLIPS.-

Y espero que tenga buena memoria, porque usted es de los que tienen mala memoria en este Congreso acerca de lo que ocurrió el año pasado. Si lo recuerda, a lo mejor quedaría más negro de lo que es. Nada más, señor Presidente.

El señor GARAY.- Pido la palabra.

El señor STARK (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Garay.

El señor GARAY.-

Muy cortito, señor Presidente. Creo que no vale la pena insistir en el problema de la reforma de las sociedades anónimas, porque cuando se discutió este proyecto, se dijeron muchas cosas que no vale la pena repetir en este momento, porque todos las conocen...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Ruego a los señores Diputados guardar silencio.

El señor GARAY.-

Pero, en todo caso, responde a un problema de fondo, de tipo doctrinario, y esto es lo que a mí me interesa. Cuántos parlamentarios puedan ser o no ser miembros de consejos de sociedades anónimas, me tiene sin cuidado. Lo que, doctrinariamente, me interesa es que de una vez por todas arreglemos este problema y establezcamos las incompatibilidades entre el ejercicio del poder económico y el del poder político; porque creo que en un país como el nuestro no se deben ejercer, en ningún momento, estos poderes por una misma persona.

Nada más, señor Presidente.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación general el proyecto.

Si le parece a la Cámara, se aprobará.

Aprobado.

Se han formulado diversas indicaciones sobre este proyecto.

La Mesa se permite proponer que ellas sean insertadas en la versión, para que puedan ser consideradas en la Comisión en su segundo informe; y, también, fijar plazo hasta las 24 horas del jueves de la presente semana para la presentación de indicaciones por parte de los señores Diputados.

Si le parece a la Honorable Cámara, así se procederá.

Acordado.

-Las indicaciones cuya inserción se acordó, son las siguientes:

Artículo 1º

1) De la señorita Lacoste y señora Paluz:

Para suprimir el inciso tercero.

2) De las mismas señoras Diputadas:

Para suprimir el inciso sexto.

Artículo 2º

3) Del señor Valenzuela, don Renato:

Para suprimir el inciso final.

Artículo 7º

4) Del señor Sotomayor:

Para suprimir la expresión "1º de julio de 1968" por "30 días después de promulgada la ley".

5) Del señor Daiber:

Para sustituir la expresión "1° de julio de 1968" por "1º de enero de 1969".

Artículos nuevos

6) Del señor Valenzuela, don Héctor:

Para consultar el siguiente:

Artículo...- Modifícase el artículo 54 de la ley Nº 11.704 en el siguiente sentido:

"Colócase un punto a continuación de la palabra "negocio" y suprímese a continuación la frase: "hasta un límite de 200 sueldos vitales mensuales en el pago total en el año" y sustitúyese la expresión "Eº 500" por la siguiente "un sueldo vital anual clase A. del Departamento de Santiago".

7) Del mismo señor Diputado:

Para agregar lo siguiente

Articulo…- Agréganse los siguientes incisos finales al artículo 54 de la ley Nº 11.704:

"Declárase que el 5 por mil de recargo que establece el artículo 54 de la ley Nº 11.704 sobre Rentas Municipales, debe aplicarse sobre el capital efectivo con que gire el negocio cada año. Dicho capital deberá ser igualmente considerado para los efectos de la aplicación de las patentes mínimas que establece el mencionado artículo".

"A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, los contribuyentes afectos al pago de patentes, de las señaladas en el inciso 1º del presente artículo, deberán presentar una declaración anual sobre el monto del capital con que operan ante la Municipalidad de la Comuna respectiva, acompañando copia del Balance presentado ante Impuestos Internos".

"La presente disposición no afectará, en ningún caso, la validez de los pagos que hubieren efectuado los contribuyentes en un sentido diverso, con anterioridad a la vigencia de la presente ley".

"El 50 % de los fondos que obtengan las Municipalidades por concepto de recargo de capital, será destinado a incrementar el ítem de Obras de Adelanto Local de cada Comuna".

8) Del señor Ministro de Hacienda:

Para consultar el siguiente:

Artículo...- Se autoriza al Presidente de la República para dictar disposiciones que permitan el establecimiento de organismos privados con personalidad jurídica, destinados a recibir ahorros y otorgar préstamos reajustables o no, para la adquisición de vehículos motorizados, los que estarán sometidos a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos.

En uso de estas facultades, podrá establecer normas relativas a la constitución, organización, funcionamiento, disolución y liquidación, capital con que deben constituirse y funcionar tales organismos, garantías que deben rendirse, procedimiento a que deben ceñirse y multas que deban pagarse. Podrá, además, dictar las disposiciones legales tendientes a regular las operaciones en general, créditos y depósitos y a fijar sus plazos, tasas de interés y formas de reajuste; colocaciones e inversiones que puedan realizar y encajes que deban mantener y las limitaciones o prohibiciones a que queden sujetos tales organismos.

Asimismo, el Presidente de la República queda autorizado para otorgar a las personas que se acojan al sistema de ahorro indicado en el inciso 1º, las siguientes franquicias:

a) Los reajustes de depósitos o instrumentos de ahorro, no se considerarán renta;

b) Los intereses repartidos a los ahorrantes estarán exentos del impuesto de Primera Categoría de la Ley de la Renta, pero afectos al impuesto Global Complementario;

c) Los intereses repartidos a los ahorrantes estarán exentos del impuesto a los servicios; y

d) No formarán parte del Activo del Patrimonio del ahorrante, los ahorros en estas instituciones y sus reajustes.

Los textos que se dicten en uso de las facultades conferidas por este artículo podrán ser modificados por el Presidente de la República dentro de los dos años siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

9) De los señores Valenzuela, don Héctor ; Pareto, Valenzuela, don Renato; Cademártori, Monckeberg, Morales, don Carlos, y Sanhueza:

Para introducir el siguiente:

Artículo…- Modifícase el artículo 54 de la ley Nº 11.704 en el siguiente sentido:

"Colócase un punto a continuación de la palabra "negocio" y suprímese a continuación la frase: "hasta un límite de 200 sueldos vitales mensuales en el pago total en el año" y sustitúyese la expresión "Eº 500" por la siguiente: "un sueldo vital anual clase A. del Departamento de Santiago".

10) De los mismos señores Diputados: Para consultar el siguiente:

Artículo…- Agréganse los siguientes incisos finales al artículo 54 de la ley Nº 11.704:

"El recargo que establece este artículo se aplicará sobre el capital efectivo con que gire el negocio cada año. Dicho capital deberá ser igualmente considerado para los efectos de la aplicación de las patentes mínimas que esta disposición establece".

"A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, los contribuyentes afectos al pago de patentes, de las señaladas en el inciso 1º de este artículo, deberán presentar una declaración anual sobre el monto del capital con que operan ante la Municipalidad de la Comuna respectiva, acompañando copia del Balance presentado ante Impuestos íntertemos".

"El 50 % de los fondos que obtengan las Municipalidades por concepto de recargo de capital, será destinado a incrementar el ítem de Obras de Adelanto Local de cada Comuna".

11) De los mismos señores Diputados: Para agregar el siguiente:

Artículo...- Las modificaciones que la presente ley introduce al artículo 54 de la Ley Nº 11.704, no afectarán, en ningún caso, la validez de los pagos que hubieren efectuado los contribuyentes en un sentido diverso, con anterioridad a su vigencia".

?28.-INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley, iniciado en un Mensaje, con urgencia calificada de "simple", en segundo trámite reglamentario, que autoriza al Banco del Estado de Chile para convenir la conversión de los préstamos otorgados en virtud de la ley 16.253 en créditos de fomento; consulta medidas para el reajuste de las cuotas de ahorro abiertas en el mismo Banco; facilita la emisión de debentures por parte de las sociedades anónimas y dispone otras medidas de orden financiero.

En esta oportunidad la Comisión contó con la colaboración del Subsecretario de Hacienda don Florencio Guzmán y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Automotriz don Alberto Varela.

Las disposiciones contenidas en el texto sometido a la consideración de la Sala en el primer informe, no experimentaron en este trámite variaciones, salvo la modificación aceptada en el artículo 7º.

Dicha disposición incorpora a los préstamos hipotecarios y controlados en el gravamen establecido por el artículo 235 de la ley 16.617 para las operaciones de crédito no reajustables, otorgados en moneda corriente por los bancos comerciales, Banco del Estado de Chile y Banco Central de Chile. Se fijaba como fecha de vigencia de este tributo el 1º de julio de 1968. Se aceptó la idea de hacerlo regir 30 días después de la promulgación de la ley en proyecto con el fin de no complicar el régimen existente.

Aceptó, además, la Comisión algunos artículos nuevos presentados en la discusión general en la Sala y durante el estudio en su propio seno.

El artículo 11 nuevo permite el establecimiento de organismos privados destinados a recibir ahorros y otorgar préstamos reajustables o no reajustables para la adquisición de vehículos motorizados.

Asimismo, concede franquicias de carácter tributario a las personas que se acojan a este sistema. Los reajustes no se consideran rentas, los intereses no pagan el impuesto de primera categoría, el impuesto a los servicios, no forman parte del activo del patrimonio del ahorrante.

La ampliación de mercados de la industria automotriz exige un mecanismo permanente de financiamiento.

Durante el año en curso el volumen de transacciones en este sector alcanza a ochocientos millones de escudos. Un 20% de estas ventas se efectúa al contado y el 80% restante se realiza con créditos de 6 a 18 meses, además de una cuota inicial. Aproximadamente unos cuatrocientos millones de escudos corresponden, en consecuencia, a créditos que operan sin estar sometidos a control de ningún orden.

Esta industria ha fabricado vehículos en las siguientes cantidades, a partir del año 1966:

1966.. .. .. .. .. ..4.600

1967.. .. .. .. .. ..9.000

1968.. .. .. .. .. .18.000

Se espera producir en el año 1969 veinte mil unidades.

En el año 1963 la integración de piezas nacionales llegaba al 23%. Actualmente llegan al 53%.

En el curso de estos años se ha logrado la concentración de la industria en un pequeño número de firmas, para impedir su dispersión y el consiguiente encarecimiento de la unidad. Así, de los veinte mil vehículos proyectados fabricar el año venidero, quince mil los harán cinco firmas.

La etapa del establecimiento de la industria se encuentra prácticamente consolidada. Ahora se requiere poner en marcha diversos mecanismos para obtener la ampliación del mercado y darle una sólida base de sustentación.

Se espera con estas disposiciones disponer de un mecanismo estable de financiamiento donde puedan hacer sustanciales aportes las empresas fabricantes de vehículos y lograr de este modo la disminución en su precio de costo.

Se ha estimado conveniente dar una facultad por el plazo de dos años para que el Presidente de la República dicte las disposiciones o pueda modificar las mismas con el fin de facilitar una definición suficiente de la fórmula que se adopte.

Los artículos 12, 13 y transitorio, modifican el artículo 54 de la ley 11.704 de rentas municipales.

El artículo 54 de dicha ley grava las patentes de las fábricas, establecimientos industriales, comerciales y de bebidas alcohólicas, con un recargo porcentual en relación con el capital del negocio.

La aplicación de esta norma se ha hecho considerando el capital efectivo del establecimiento y no el capital inicial. Esta interpretación ha sido objetada.

Con las modificaciones propuestas se quiere mantener la forma vigente de aplicación del tributo. De este modo las municipalidades podrán disponer de recursos para obras de adelanto comunal, ya que consulta la obligación de destinar el 50% de esta recaudación al ítem pertinente del presupuesto de cada comuna.

Además estas normas no afectarán los pagos efectuados por los contribuyentes de acuerdo a un criterio diverso del establecido en esta iniciativa.

Finalmente, el artículo 14 hace extensivo al personal de la Corporación de la Reforma Agraria el artículo 110 de la ley 16.840.

La referida disposición incluyó en el régimen de previsión de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas a los personales del Servicio Agrícola y Ganadero y del Instituto de Desarrollo Apropecuario. Por una omisión no se consideró al que presta servicios en la Corporación de la Reforma Agraria.

Con este artículo se resuelve una situación evidentemente injusta.

I) Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones:

1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º y 10.

II) Artículos modificados.

El 7°.

III) Artículos nuevos introducidos.

En esta situación se encuentran los artículos 11, 12, 13 y 14 y artículo transitorio.

IV) Indicaciones rechazadas por la Comisión:

Las siguientes:

Artículo 2º

1) Del señor Valenzuela, don Renato:

Para suprimir el inciso final.

Artículo 7º

2) del señor Daiber:

Para sustituir la expresión "1º de julio de 1968" por "1º de enero de 1969".

Artículos nuevos

3) Del señor Valenzuela, don Héctor:

Para consultar el siguiente:

"Artículo...- Modifícase el artículo 54 de la ley Nº 11.704 en el siguiente sentido:

"Colócase un punto a continuación de la palabra "negocio" y suprímese a continuación la frase: "hasta un límite de 200 sueldos vitales mensuales en el pago total en el año" y sustitúyese la expresión "Eº 500" por la siguiente "un sueldo vital anual clase A del Departamento de Santiago"."

4) Del mismo señor Diputado:

Para agregar el siguiente:

"Artículo...- Agréganse los siguientes incisos finales al artículo 54 de la ley Nº 11.704:

"Declárase que el 5 por mil de recargo que establece el artículo 54 de la ley Nº 11.704 sobre Rentas Municipales, debe aplicarse sobre el capital efectivo con que gire el negocio cada año. Dicho capital deberá ser igualmente considerado para los efectos de la aplicación de las patentes mínimas que establece el mencionado artículo.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, los contribuyentes afectos al pago de patentes, de las señaladas en el inciso primero del presente artículo, deberán presentar una declaración anual sobre el monto del capital con que operan ante la Municipalidad de la Comuna respectiva, acompañando copia del Balance presentado ante Impuestos Internos.

La presente disposición no afectará, en ningún caso, la validez de los pagos que hubieren efectuado los contribuyentes en un sentido diverso, con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

El 50% de los fondos que obtengan las Municiplidades por concepto de recargo de capital, será destinado a incrementar el ítem de Obras de Adelanto Local de cada Comuna".

V) Las resoluciones consignadas en los rubros II y III anteriores, son las siguientes:

Artículos 7° y 12 acuerdo unánime.

Artículos 11, 13 y 14 y artículo transitorio el acuerdo se produjo por mayoría de votos.

Por las consideraciones expuestas la Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación del proyecto en los siguientes términos

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- El Banco del Estado de Chile podrá convenir la conversión de los créditos otorgados desde la vigencia de la ley Nº 16.254 en créditos reajustables siempre que el objeto de aquéllos haya cumplido con las finalidades contempladas en ella.

Artículo 2º.- Agrégase a continuación: del artículo 6º de la ley Nº 16.253, como artículo 6º bis, el siguiente: "En todos los juicios de cobro de las operaciones comprendidas en el artículo 6º de la presente ley, incluso en los juicios de quiebras, el pago se hará en moneda nacional, liquidándose el crédito por el valor que tengan las unidades de fomento a la fecha de dicho pago, de acuerdo con los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 40 del Ministerio de Hacienda, de fecha 2 de enero de 1967.

Si el juicio fuere ejecutivo, no será necesaria la avaluación previa del artículo 438 del Código de Procedimiento Civil."

Artículo 3º.- Reemplázase el inciso primero del artículo 1º de la ley Nº 16.407, por el siguiente: "Las cuentas de ahorra a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, se reajustarán anualmente en el porcentaje del 100% de variación que en dicho período experimente el, índice de precios al consumidor del Departamento de Santiago, que determine la Dirección General de Estadística y Censos."

Artículo 4º.- Reemplázase el inciso penúltimo del artículo 1º de la ley 16.407 por el siguiente: "Las cantidades que gocen de reajuste en conformidad a lo dispuesto en este artículo devengarán el interés que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 8º de esta ley Sobre el saldo del depósito no reajustado se abonará el interés normal del depósito."

Artículo 5º.- Reemplázase el artículo 1º del Reglamento Nº 405 de cuentas de ahorro a plazo del Banco del Estado de Chile, publicado en el Diario Oficial de 15 de febrero de 1966, por el siguiente: "Tienen derecho a reajuste las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, bajo dicha denominación, que se hallen vigentes al 31 de diciembre de cada año y que no registren en el año calendario un número superior de giros al que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro.

Artículo 6º.- Suprímese el inciso segundo de la letra k) del artículo 12 del D.F.L. Nº 251 de 1960.

Artículo 7º.- Agrégase el siguiente inciso al artículo 235 de la ley Nº 16.617: "Los préstamos controlados e hipotecarios que el Banco del Estado de Chile otorgue a sus imponentes de ahorros estarán afectos al impuesto establecido en este artículo, y su producto se depositará en una cuenta especial en el Banco del Estado de Chile, quien lo administrará y destinará exclusivamente a completar el aporte que el Fisco debe efectuar a dicho Banco de conformidad a las disposiciones de la ley Nº 16.407. Este impuesto afectará a los préstamos que se otorguen a contar de 30 días después de promulgada la presente ley".

Artículo 8º.- Las condiciones, plazos y modalidades de las emisiones o debentures a que se refiere el artículo 11 de la ley Nº 13.908 y las que se fijen en el futuro para los sistemas de ahorro a que se refiere el artículo 39, letra j) del D.F.L. 247 de 1960, el D.F.L. 205 de 1960, y el Decreto Supremo de Hacienda 11.429 del mismo año, el D.F.L. 251 de 1960 y la ley Nº 16.407, la ley Nº 16.253 y el Decreto Supremo de Hacienda 40 de enero de 1967, y el REA. 20 de 1963, deberán contar previamente con el informe favorable de la Comisión Nacional de Ahorro creada por Decreto Supremo 2.590, publicado en el Diario Oficial 26.651 del 25 de enero de 1967.

Artículo 9º.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley Nº 4.657:

1º.- Intercalar en el Nº 6 del artículo 6° entre la palabra "interés", después de la "coma" que la sigue, y las palabras "la forma" las palabras "la forma de reajuste del empréstito".

2º.- Sustituir en el artículo 7º las palabras "la escritura de emisión será publicada íntegramente y" por las palabras un "extracto de la escritura de emisión aprobado por la Superintendencia de Compañía de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio será publicado" ; y reemplazar las palabras "inscrita" y "anotada" por las palabras "inscrito" y "anotado".

3º.- Intercalar en el Nº 7 del artículo 9º entre la palabra "interés" después de la "coma" que la sigue y las palabras "la forma", las palabras "la forma de reajuste del empréstito".

4º.- Sustituir el inciso primero del artículo 10 por el siguiente: "El valor nominal inicial de cada bono no podrá ser inferior a cien escudos ni superior a cinco mil escudos".

5º.- Sustituir en el párrafo 2º del inciso primero del artículo 12 la palabra "Segunda" por la palabra "Primera", y en el segundo inciso de este artículo agregar después de la palabra "valor" las palabras "o la forma de determinarlo".

6º.- Sustituir el artículo 18 por el siguiente:

"Artículo 18.- Podrán emitirse bonos reajustables o a prima, fijando en este último caso para su suscripción una suma inferior a su valor nominal. Para la aplicación de las disposiciones legales que limitan el interés convencional se considerará en ios bonos reajustables o a prima sólo la tasa de interés calculada sobre el valor nominal inicial del bono más el reajuste en su caso. Tanto el reajuste como la prima no se considerarán interés ni renta para ningún efecto legal para quien se beneficie con ellos. De la misma manera, la diferencia que obtenga el tenedor de bonos entre el precio de subscripción o adquisición y el de rescate o transferencia tampoco se considerará como renta para ningún efecto legal.

7º.- Agregar en el artículo 20 después de la palabra "interés" las palabras "y reajuste".

8º.- Sustituir en el artículo 22 las palabras "no podrá hacer uso alguno del dinero pagado por los suscriptores de los bonos", por las palabras "sólo podrá destinar el dinero pagado por los suscriptores de bonos a inversiones o bienes de fácil liquidación".

9º.- Agregar en el artículo 23 después de la palabra "intereses" las palabras "y reajustes".

10.- Agregar en el artículo 25 después de la palabra "bonos" las palabras "o a quién éstos indiquen".

11.- Suprimir en el artículo 29 la frase "con autorización de la junta de tenedores de bonos".

12.- Suprimir en el artículo 32 las palabras "por medio de sorteo de los títulos respectivos y sólo".

13.- Sustituir en el primer párrafo del inciso primero del artículo 33 las palabras "El sorteo de los bonos" por las palabras "En el caso que la amortización se efectúe por sorteo éste".

14.- Agregar en los artículos 35 y 41 después de la palabra "nominal" las palabras "más el reajuste en su caso".

15.- Agregar entre los párrafos sexto y séptimo un párrafo nuevo con el título "Autorizaciones especiales" y con el siguiente artículo nuevo:

"Artículo...- Para emitir bonos con reajuste será necesario que la sociedad emisora obtenga previamente una autorización especial para cada emisión de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, previo informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile y de la Comisión Nacional del Ahorro creada por Decreto de Hacienda Nº 2.590 de 24 de diciembre de 1966.

Las Sociedades Anónimas que deseen emitir bonos con reajuste deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar que el empréstito tiene por objeto obtener los capitales de explotación o de inversión necesarios para el desarrollo de sus actividades.

b) Que el monto del empréstito guarde relación con el volumen de los negocios de la sociedad solicitante y que se encuentra suficientemente garantizado con el capital propio de la sociedad y los ingresos provenientes de sus operaciones. Sin perjuicio de que deba acreditarse esta circunstancia, estos empréstitos en todo caso deberán tener garantía debidamente calificada por la Superintendencia al autorizar la emisión.

c) Que el bono mediante el cual se colocará el empréstito cumple los requisitos de forma y fondo que establezca la Superintendencia.

d) Ofrecer una fórmula de reajuste equitativa que tenga por objeto preservar el valor adquisitivo inicial del empréstito para quien lo cubra.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia, en la resolución que pronuncie aprobando la emisión del empréstito, podrá fijar las condiciones de la emisión y de la colocación respectiva con las más amplias facultades. Dicha resolución se protocolizará ante Notario Público, se inscribirá en el Registro de Comercio correspondiente, y se anotará al margen de la inscripción de la sociedad en el mismo Registro."

16.- Sustituir el artículo 75 por el siguiente:

"Artículo 75.- Los representantes de los tenedores de bonos y las empresas que se encarguen de la colocación de los documentos mercantiles a que se refiere esta ley, responderán de la culpa y negligencia en el cumplimiento de esta ley y de la violación de cualquiera de sus deberes que su carácter les imponga."

Artículo 10.- Agrégase al inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 16.394 el siguiente párrafo: "Estas mismas sociedades podrán también colocar en el público, en igual forma directa, bonos o debentures de su propia emisión, sujetándose a las disposiciones de la presente ley".

Artículo 11.- Se autoriza al Presidente de la República para dictar disposiciones que permitan el establecimiento de organismo privados con personalidad jurídica, destinados a recibir ahorros y otorgar préstamos reajustables o no, para la adquisición de vehículos motorizados, los que estarán sometidos a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos.

En uso de estas facultades, podrá establecer normas relativas a la constitución, organización, funcionamiento, disolución y liquidación, capital con que deben constituirse y funcionar tales organismos, garantías que deben rendirse, procedimiento a que deben ceñirse y multas que deban pagarse. Podrá, además, dictar las disposiciones legales tendientes a regular las operaciones en general, créditos y depósitos y a fijar sus plazos, tasas de interés y formas de reajuste; colocaciones e inversiones que puedan realizar y encajes que deben mantener y las limitaciones o prohibiciones a que queden sujetos tales organismos.

Asimismo, el Presidente de la República queda autorizado para otorgar a las personas que se acojan al sistema de ahorro indicado en el inciso 1º, las siguientes franquicias:

a) Los reajustes de depósitos o instrumentos de ahorro, no se considerarán renta;

b) Los intereses repartidos a los ahorrantes estarán exentos del impuesto de Primera Categoría de la Ley de la Renta, pero afectos al impuesto Global Complementario;

c) Los intereses repartidos a los ahorrantes, estarán exentos del impuesto a los servicios, y

d) No formarán parte del Activo del Patrimonio del ahorrante, los ahorros en estas instituciones y sus reajustes.

Los textos que se dicten en uso de las facultades conferidas por este artículo podrán ser modificadas por el Presidente de la República dentro de los dos años siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 12.- Modifícase el artículo 54 de la ley Nº 11.704 en el siguiente sentido:

"Colócase un punto a continuación de la palabra "negocio" y suprímese a continuación la frase: "hasta un límite de 200 sueldos vitales mensuales en el pago total en el año" y sustitúyese la expresión "Eº 500" por la siguiente: "un sueldo vital anual clase A) del Departamento de Santiago".

Artículo 13.- Agréganse los siguientes incisos finales al artículo 54 de la ley Nº 11.704:

"El recargo que establece este artículo se aplicará sobre el capital efectivo con que gire el negocio cada año. Dicho capital deberá ser igualmente considerado para los efectos de la aplicación de las patentes mínimas que esta disposición establece".

"A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, los contribuyentes afectos al pago de patentes, de las señaladas en el inciso 1º de este artículo, deberán presentar una declaración anual sobre el monto del capital con que operan ante la Municipalidad de la Comuna respectiva, acompañando copia del Balance presentado ante Impuestos Internos".

"El 50% de los fondos que obtengan las Municipalidades por concepto de recargo de capital, será destinado a incrementar el ítem de Obras de Adelanto Local de cada Comuna".

Artículo 14.- Aplícase también al personal de la Corporación de la Reforma Agraria lo dispuesto en el artículo 110 de la ley 16.840.

Artículo transitorio.- Las modificaciones que la presente ley introduce al artículo 54 de la ley Nº 11.704, no afectarán, en ningún caso, la validez de los pagos que hubieren efectuado los contribuyentes en un sentido diverso, con anterioridad a su vigencia.

(Fdo) : Mario Sánchez Latorre, Secretario."

CONVERSION DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS POR EL BANCO DEL ESTADO DE CHILE DESDE LA VIGENCIA DE LA LEY 16.253 EN CREDITOS DE FOMENTO

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Entrando en la Tabla del Orden del Día, corresponde la discusión particular del proyecto de ley, de origen en un Mensaje, con urgencia calificada de "simple", informada en segundo trámite reglamentario por la Comisión de Hacienda, que autoriza al Banco del Estado de Chile para convenir la conversión de los préstamos otorgados en virtud de la ley 16.253 en créditos de fomento; consulta medidas para el reajuste de las cuotas de ahorro abiertas en el mismo Banco; facilita la emisión de "debentures" por parte de las sociedades anónimas, y dispone otras medidas de orden financiero.

-El proyecto de ley, en segundo informe, impreso en el boletín Nº 10.996-A, es el siguiente:

"Articulo 1º.- El Banco del Estado de Chile podrá convenir la conversión de los créditos otorgados desde la vigencia de la ley Nº 16.253 en créditos reajustables de fomento, siempre que el objeto de aquellos haya cumplido con las finalidades contempladas en ella.

Artículo 2º.- Agrégase a continuación del artículo 6º de la ley Nº 16.253, como artículo 6º bis, el siguiente: "En todos los juicios de cobro de las operaciones comprendidas en el artículo 6º de la presente ley, incluso en los juicios de quiebras, el pago se hará en moneda nacional, liquidándose el crédito por el valor que tengan las unidades de fomento a la fecha de dicho pago, de acuerdo con los artículos 3º y 4? del Decreto Nº 40 del Ministerio de Hacienda, de fecha 2 de enero de 1967.

Si el juicio fuere ejecutivo, no será necesaria la avaluación previa del artículo 438 del Código de Procedimiento Civil".

Artículo 3º.- Reemplázase el inciso primero del artículo 1º de la ley Nº 16.407, por el siguiente: "Las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, se reajustarán anualmente en el porcentaje del 100% de variación que en dicho período experimente el índice de precios al consumidor del departamento de Santiago, que determine la Dirección General de Estadística y Censos".

Artículo 4º.- Reemplázase el inciso penúltimo del artículo 1º de la ley 16.407, por el siguiente: "Las cantidades que gocen de reajuste en conformidad a lo dispuesto en este artículo devengarán el interés que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 8º de esta ley. Sobre el saldo del depósito no reajustado se abonará el interés normal del depósito".

Artículo 5º.- Reemplázase el artículo 1º del Reglamento Nº 405 de cuentas de ahorro a plazo del Banco del Estado de Chile, publicado en el Diario Oficial de 15 de febrero de 1966, por el siguiente: "Tienen derecho a reajuste las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, bajo dicha denominación, que se hallen vigentes al 31 de diciembre de cada año y que no registren en el año calendario un número superior de giros al que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro.

Articulo 6º.- Suprímese el inciso segundo de la letra k) del artículo 14 del D.F.L. Nº 251 de 1960.

Artículo 7º.- Agrégase el siguiente inciso al artículo 235 de la ley Nº 16.617: "Los préstamos controlados e hipotecarios que el Banco del Estado de Chile otorgue a sus imponentes de ahorros estarán afectos al impuesto establecido en este artículo, y su producto se depositará en una cuenta especial en el Banco del Estado de Chile, quien lo administrará y destinará exclusivamente a completar el aporte que el Fisco debe efectuar a dicho Banco de conformidad a las disposiciones de la ley Nº 16.407. Este impuesto afectará a los préstamos que se otorguen a contar de 30 días después de promulgada la presente ley''.

Artículo 8º.- Las condiciones, plazos y modalidades de las emisiones o debentures a que se refiere el artículo 11 de la ley Nº 13.908 y las que se fijen en el futuro para los sistemas de ahorro a que se refiere el artículo 39, letra j) del DFL. 247 de 1960, el DFL. 205 de 1960, y el Decreto Supremo de Hacienda 11.429 del mismo año, el DFL. 251 de 1960 y la ley Nº 16.407, la ley Nº 16.253 y el Decreto Supremo de Hacienda 40, de enero de 1967, y el RRA., de 20 de 1963, deberán contar previamente con el informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro creada por Decreto Supremo 2.590, publicado en el Diario Oficial 26.651, del 25 de enero de 1967.

Artículo 9º.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley Nº 4.657:

1º.- Intercalar en el Nº 6 del artículo 6º entre la palabra "interés", después de la "coma" que la sigue, y las palabras "la forma" las palabras "la forma de reajuste del empréstito".

2º.- Sustituir en el artículo 7º las palabras "la escritura de emisión será publicada íntegramente y" por las palabras "un extracto de la escritura de emisión aprobado por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio será publicado"; y reemplazar las palabras "inscrita" y "anotada" por las palabras "inscrito" y "anotado".

3º.- Intercalar en el Nº 7 del artículo 9º entre la palabra "interés" después de la "coma" que la sigue y las palabras "la forma", las palabras "la forma de reajuste del empréstito".

4º.- Sustituir el inciso primero del artículo 10 por el siguiente: "El valor nominal inicial de cada bono no podrá ser inferior a cien escudos ni superior a cinco mil escudos".

5º.- Sustituir en el párrafo 2º del inciso primero del artículo 12 la palabra "Segunda" por la palabra "Primera", y en el segundo inciso de este artículo agregar después de la palabra "valor" las palabras "o la forma de determinarlo".

6º.- Sustituir el artículo 18 por el siguiente:

"Artículo 18.- Podrán emitirse bonos reajustables o a prima, fijando en este último caso para su suscripción una suma inferior a su valor nominal. Para la aplicación de las disposiciones legales que limitan el interés convencional se considerará en los bonos reajustables o a prima sólo la tasa de interés calculada sobre el valor nominal inicial del bono más el reajuste en su caso. Tanto el reajuste como la prima no se considerarán interés ni renta para ningún efecto legal para quien se beneficie con ellos. De la misma manera, la diferencia que obtenga el tenedor de bonos entre el precio de subscripción o adquisición y el de rescate o transferencia tampoco se considerará como renta para ningún efecto legal.

7º.- Agregar en el artículo 20 después de la palabra "interés" las palabras "y reajuste".

8º.- Sustituir en el artículo 22 las palabras "no podrá hacer uso alguno del dinero pagado por los suscriptores de los bonos", por las palabras "sólo podrá destinar el dinero pagado por los suscriptores de bonos a inversiones o bienes de fácil liquidación".

9º.- Agregar en el artículo 23 después de la palabra "intereses" las palabras "y reajuste".

10.- Agregar en el artículo 25 después de la palabra "bonos" las palabras "o a quien éstos indiquen".

11.- Suprimir en el artículo 29 la frase "con autorización de la junta de tenedores de bonos".

12.- Suprimir en el artículo 32 las palabras "por medio de sorteo de los títulos respectivos y sólo".

13.- Sustituir en el primer párrafo del inciso primero del artículo 33 las palabras "El sorteo de los bonos" por las palabras "En el caso que la amortización se efectúe por sorteo éste".

14.- Agregar en los artículos 35 y 41 después de la palabra "nominal" las palabras "más el reajuste en su caso".

15.- Agregar entre los párrafos sexto y séptimo un párrafo nuevo con el título "Autorizaciones especiales" y con el siguiente artículo nuevo:

"Artículo…- Para emitir bonos con reajuste será necesario que la sociedad emisora obtenga previamente una autorización especial para cada emisión de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, previo informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile y de la Comisión Nacional del Ahorro creada por Decreto de Hacienda Nº 2.590 de 24 de diciembre de 1966.

Las Sociedades Anónimas que deseen emitir bonos con reajuste deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar que el empréstito tiene por objeto obtener los capitales de explotación o de inversión necesarios para el desarrollo de sus actividades.

b) Que el monto del empréstito guarde relación con el volumen de los negocios de la sociedad solicitante y que se encuentra suficientemente garantizado con el capital propio de la sociedad y los ingresos provenientes de sus operaciones. Sin perjuicio de que deba acreditarse esta circunstancia, estos empréstitos en todo caso deberán tener garantía debidamente calificada por la Superintendencia al autorizar la emisión.

c) Que el bono mediante el cual se colocará el empréstito cumple los requisitos de forma y fondo que establezca la Superintendencia.

d) Ofrecer una fórmula de reajuste equitativa que tenga por objeto preservar el valor adquisitivo inicial del empréstito para quien lo cubra.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia, en la resolución que pronuncie aprobando la emisión del empréstito, podrá fijar las condiciones de la emisión y de la colocación respectiva con las más amplias facultades. Dicha resolución se protocolizará ante Notario Público, se inscribirá en el Registro de Comercio correspondiente, y se anotará al margen de la inscripción de la sociedad en el mismo Registro."

16.- Sustituir el artículo 75 por el siguiente:

"Artículo 75.- Los representantes de los tenedores de bonos y las empresas que se encarguen de la colocación de los documentos mercantiles a que se refiere esta ley, responderán de la culpa y negligencia en el cumplimiento de esta ley y de la violación de cualquiera de sus deberes que su carácter les imponga."

Artículo 10.- Agrégase al inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 16.394 el siguiente párrafo: "Estas mismas sociedades podrán también colocar en el público, en igual forma directa, bonos o debentures de su propia emisión, sujetándose a las disposiciones de la presente ley".

Artículo 11.- Se autoriza al Presidente de la República para dictar disposiciones que permitan el establecimiento de organismos privados con personalidad jurídica, destinados a recibir ahorros y otorgar préstamos reajustables o no, para la adquisición de vehículos motorizados, los que estarán sometidos a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos.

En uso de estas facultades, podrá establecer normas relativas a la constitución, organización, funcionamiento, disolución y liquidación, capital con que deben constituirse y funcionar tales organismos, garantías que deben rendirse, procedimiento a que deben ceñirse y multas que deban pagarse. Podrá, además, dictar las disposiciones legales tendientes a regular las operaciones en general, créditos y depósitos y a fijar sus plazos, tasas de interés y formas de reajuste; colocaciones e inversiones que puedan realizar y encajes que deban mantener y las limitaciones o prohibiciones a que queden sujetos tales organismos.

Asimismo, el Presidente de la República queda autorizado para otorgar a las personas que se acojan al sistema de ahorro indicado en el inciso 1º, las siguientes franquicias:

a) Los reajustes de depósitos o instrumentos de ahorro, no se considerarán renta;

b) Los intereses repartidos a los ahorrantes estarán exentos del impuesto de Primera Categoría de la Ley de la Renta, pero afectos al impuesto Global Complementario;

c) Los intereses repartidos a los ahorrantes, estarán exentos del impuesto a los servicios, y

d) No formarán parte del activo del patrimonio del ahorrante, los ahorros en estas instituciones y sus reajustes.

Los textos que se dicten en uso de las facultades conferidas por este artículo podrán ser modificadas por el Presidente de la República dentro de los dos años siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 12.- Modifícase el artículo 54 de la ley Nº 11.704 en el siguiente sentido:

"Colócase un punto a continuación de la palabra "negocio" y suprímese a continuación la frase: "hasta un límite de 200 sueldos vitales mensuales en el pago total en el año" y sustitúyese la expresión "Eº 500" por la siguiente: "un sueldo vital anual clase A. del Departamento de Santiago".

Artículo 13.- Agréganse los siguientes incisos finales al artículo 54 de la ley Nº 11.704:

"El recargo que establece este artículo se aplicará sobre el capital efectivo con que gire el negocio cada año. Dicho capital deberá ser igualmente considerado para los efectos de la aplicación de las patentes mínimas que esta disposición establece".

"A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, los contribuyentes afectos al pago de patentes, de las señaladas en el inciso 1º de este artículo, deberán presentar una declaración anual sobre el monto del capital con que operan ante la Municipalidad de la Comuna respectiva, acompañando copia del balance presentado ante Impuestos Internos".

"El 50% de los fondos que obtengan las Municipalidades por concepto de recargo de capital, será destinado a incrementar el ítem de Obras de Adelanto Local de cada Comuna".

Artículo 14.- Aplícase también al personal de la Corporación de la Reforma lo dispuesto en el artículo 110 de la ley 16.840.

Artículo transitorio.- Las modificaciones que la presente ley introduce al artículo 54 de la ley Nº 11.704 no afectarán, en ningún caso, la validez de los pagos que hubieren efectuado los contribuyentes en un sentido diverso, con anterioridad a su vigencia."

El señor STARK ( Vicepresidente).-

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, se declaran aprobados, por no haber sido objeto de modificaciones en la discusión del primer informe ni de modificaciones en el segundo, los siguientes artículos: 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º y 10.

En discusión el artículo 2º.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, no hubo quórum.

El señor KAEMPFE ( Secretario).-

No hay quórum. Sólo han votado 24 señores Diputados.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Se va a repetir la votación.

Ruego a los señores Diputados no abstenerse.

-Repetida la votación en forma económica, no hubo quórum.

El señor KAEMPFE ( Secretario).-

Ha vuelto a producirse la ineficacia de la votación, por falta de quórum.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Se va a repetir la votación por el sistema de sentados y de pie.

-Repetida la votación en forma económica, por el sistema de pie y sentados, dio el siguiente resultando: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 1 voto.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Aprobado el artículo 2º.

Sobre el artículo 7º.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, no hubo quórum.

El señor KAEMPFE ( Secretario).-

No hay quórum de votación; sólo votaron veintisiete señores Diputados.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Se va a repetir la votación. Ruego a los señores Diputados no abstenerse.

-Repetida la votación en forma económica, no hubo quórum.

El señor KAEMPFE ( Secretario).-

Nuevamente ha sido ineficaz la votación; sólo votaron veintiocho señores Diputados.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Se va a repetir la votación por el sistema de sentados y de pie.

-Repetida la votación en forma económica, por el sistema de pie y sentados, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Aprobado el artículo 1º.

Sobre el artículo 11, ofrezco la palabra.

El señor CADEMARTORI.-

Pido la palabra.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

El señor Cademártori, don José, puede hacer uso de la palabra para referirse al artículo 11.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, el artículo 11, nuevo, introducido en la Comisión de Hacienda mediante una indicación del Ejecutivo, permite el establecimiento de organismos privados destinados a recibir ahorros y a otorgar préstamos reajustables o no reajustables para la adquisición de vehículos motorizados.

En este mismo artículo se conceden franquicias de carácter tributario a las personas que se acojan a este sistema. Los reajustes no se consideran rentas; los intereses no pagan el impuesto de primera categoría ni el impuesto a los servicios; los ahorros no forman parte del activo del patrimonio del ahorrante.

Este artículo resulta ser una desagradable sorpresa con que nos encontramos en este proyecto de ley. Se trata, sin lugar a dudas, de crear un sistema preferencial, sujeto a una serie de privilegios tributarios, para el financiamiento de las operaciones que dicen relación con la compraventa de automóviles. En los mismos momentos en que en el Senado de la República se está debatiendo un proyecto de ley para eliminar o reducir franquicias tributarias, el propio Ministro de Hacienda, en representación del Ejecutivo, introduce en la Cámara, en este proyecto de ley, una disposición tendiente a barrenar, a contradecir el propósito que da a conocer en el Senado sobre la racionalización de franquicias tributarias.

Parece que hubiera dos Ministros de Hacienda. Uno está reconociendo ante el país que se ha llegado a toda clase de abusos en materia de tributación, de privilegios y de discriminaciones y que ha llegado la hora de racionalizar o, por lo menos, de reducir estas franquicias, que no son otra cosa que formas de evasión que favorecen al gran capital nacional y extranjero. En cambio, "otro" Ministro de Hacienda ha introducido aquí, en la Cámara, en el proyecto que estamos tratando, un artículo que está destinado a crear nuevas franquicias, nuevos privilegios tributarios, que, del mismo modo, van a favorecer a aquellos capitalistas que depositen sus fondos en el negocio del financiamiento de la compraventa de automóviles.

Señor Presidente, resulta, como digo, una verdadera ironía lo que está sucediendo con este Gobierno. Y este proyecto tiene trámite de urgencia. Se está tratando hoy, aquí en la Cámara, con preferencia a numerosos vetos que esperan ser despachados por el Parlamento y en que se trata de materias que benefician a uno u otro sector de trabajadores. Se postergan materias legislativas destinadas a resolver graves problemas de orden social pendientes en el país y problemas económicos, como, por ejemplo, el del sector de jubilados y montepiadas del país, que hoy en la mañana han tenido una concentración pública para protestar enérgicamente por la "tramitación" de que son objeto por parte de este Gobierno y de sus autoridades en el reajuste de las pensiones. Naturalmente que en esta concentración de los jubilados no estaba ningún parlamentario de la Democracia Cristiana. No hubo ninguno que fuera a defender al Gobierno. No hubo nadie que fuera a recoger los problemas y las inquietudes de 60 mil jubilados….

El señor PARETO.-

¡Estábamos en la sesión del Congreso Pleno!

El señor STARK ( Vicepresidente).-

¡Señor Pareto, don Luis, le ruego no interrumpir!

El señor CADEMARTORI.-

….que están indignados, con razón, por la "tramitación" a que han sido sometidos por parte de este Gobierno, que no sólo no les reajusta sus pensiones como corresponde,. . .

El señor ESCORZA.-

¡Falso!

El señor CADEMARTORI.-

…sino que, encima de todo, tampoco les paga las pensiones cuyo reajuste ya ha sido establecido por ley de la República. El señor Diputado no puede decir que esto es falso, porque, como ex ferroviario, debiera saber que, justamente, la Caja de Retiro de los Ferrocarriles del Estado es una de las cajas en donde no se pagan las pensiones a tiempo, y las mujeres montepiadas de Santiago tuvieron que hacer un paro…

El señor STARK ( Vicepresidente).-

¿Me permite, señor Diputado Cademártori? Rogaría a Su Señoría referirse a la materia en debate.

El señor CADEMARTORI.-

Sí, señor.

Las mujeres montepiadas tuvieron que arrojarse a la línea del tren en la Estación Central para que les pagaran los reajustes adeudados.

El señor ESCORZA.-

Está equivocado.

El señor CADEMARTORI.-

Por eso, yo protesto por este artículo 11 que aquí se ha introducido a la mala, se podría decir, y todavía protesto más porque lo ha hecho el propio Ministro Zaldívar. Cuando en el Senado se está tratando un proyecto para eliminar franquicias tributarias, aquí nos inventan un nuevo sistema de franquicias tributarias. Esto rebasa ya todo límite, en cuanto a lo que es seriedad, a lo que es responsabilidad de gobierno. Aquí no hay ningún funcionario del Estado, no está ningún Ministro para explicar esta inconsecuencia, esta incongruencia de legislar en forma contradictoria, en un proyecto en un sentido y en otro proyecto en otro sentido.

De tal manera que yo solicito que este proyecto sea retirado en este instante del tratamiento de la Cámara, hasta que no venga el señor Ministro de Hacienda a explicar a qué se debe esta tremenda contradicción que se está produciendo.

El señor ROSALES.-

¡Muy bien!

El señor STARK ( Vicepresidente).-

¿Ha terminado Su Señoría?

El señor CADEMARTORI.-

He hecho una solicitud, señor Presidente, y le rogaría que la formulara.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para acceder a lo solicitado por el señor Cademártori, don José.

No hay acuerdo.

Puede continuar Su Señoría.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, no me extraña que el Diputado señor Marino Penna, de la Democracia Cristiana, se oponga a este tratamiento, que me parece el único lógico, racional y decente, y que se esté sonriendo, porque cree haber hecho una gracia a! obligar a que la Cámara despache una monstruosidad, como es este artículo 11.

Aquí hay un verdadero negociado, un negociado que favorece a unas cuantas firmas dedicadas a la armaduría de automóviles.

El señor ROSALES.-

¡Sí, señor!

El señor CADEMARTORI.-

Este es el fondo del problema: se quieren concentrar recursos financieros, se quieren otorgar franquicias para beneficiar a unas cuantas empresas, a fin de abrirles el mercado, a fin de facilitarles la colocación de sus productos. En un momento en que hay baja de la producción industrial, en que no se coloca la producción de los artículos de consumo esencial, en que no hay crédito para la industria, para el pequeño industrial, se pretende concentrar recursos financieros enormes en beneficio de unas cuantas empresas armadoras de automóviles.

El señor ROSALES.-

¡Sospechoso!

El señor CADEMARTORI.-

Por eso considero un verdadero negociado este artículo que vamos a votar esta tarde. Anuncio que los Diputados comunistas vamos a votar en contra de él y a denunciarlo enérgicamente.

El señor DAIBER.-

Pido la palabra.

El señor TUMA.-

Pido la palabra.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

El señor Daiber, don Alberto, puede usar de la palabra.

El señor DAIBER.-

Señor Presidente, como Diputado informante de la Comisión de Hacienda, quiero hacer algunas aclaraciones a las palabras vertidas por el colega Cademártori en cuanto a los verdaderos alcances de este artículo.

Como él lo dijo, este artículo permite el establecimiento de organismos privados destinados a recibir ahorros y otorgar préstamos reajustables o no reajustables para la adquisición de vehículos motorizados.

En cierta medida, yo comprendo la posición del señor Cademártori, porque ya cuando se discutió un proyecto, que tengo entendido está en el Senado, relativo a la industria automotriz, él y su partido tuvieron una posición absolutamente contraria al despacho de esa iniciativa.

Pues bien, el hecho es que en este momento, a la vuelta de tres años de una industria automotriz creciente y pujante, como la tenemos en el país, hay serias dificultades en la colocación de vehículos motorizados. Esto no puede quedar estancado en este momento, puesto que no solamente se trata de intereses de grupos capitalistas, sino que están interesados en este crecimiento automotor del país una infinidad de pequeñas industrias de partes y piezas, que, por supuesto, sufrirían si este crecimiento no pudiera continuar, se estancara o disminuyera.

Por otra parte, como se hizo ver en el seno de la Comisión, es indiscutible que para llegar a una disminución paulatina de los precios y a un acercamiento al valor internacional de los coches fabricados o armados en Chile, tiene que producirse una cantidad apreciablemente mayor. Parecería, por todos los datos que obran en nuestro poder, que estuviéramos recientemente, alcanzando ese máximo, y que si de ahora en adelante aumentara esta producción y si disminuyera, como parece ser la tendencia, el número de empresas, de grupos que se dedican a la fabricación de automóviles, pudiera, efectivamente, a la vuelta de algunos meses, producirse un descenso en los precios y un acercamiento al valor internacional de los automóviles.

Señor Presidente, ante todo, ya que mucho se habla del lujo de tener un automóvil, quiero dejar bien establecido que tener un coche para movilizarse, un camión, un camioneta, no es un lujo en la segunda mitad del siglo XX. Toda persona que trabaja necesita un vehículo; antes necesitaba un caballo; ahora éste se ha visto desplazado por el vehículo. Todo médico, ingeniero o empleado, debiera poseer un vehículo, porque es la única forma de llegar a tiempo al lugar de trabajo, de cumplir con las labores propias y, los fines de semana, tener las distracciones que todo individuo requiere.

El señor ACEVEDO.-

¿Me permite una interrupción?

El señor STARK ( Vicepresidente).-

¿Me permite, señor Daiber? El señor Acevedo le solicita una interrupción.

El señor DAIBER.-

Con mucho gusto.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Acevedo.

El señor ACEVEDO.-

La verdad es que la razón que el colega Daiber está entregando a la Sala para justificar el artículo 11 es aquella precaución destinada a qué las empresas armadoras, los fabricantes de piezas, de conjuntos, de partes para vehículos de integración nacional, no tengan dificultades en el desenvolvimiento industrial.

Sobre esta materia, la Cámara conoció el informe de la Comisión Automotriz y, durante los años que la Comisión estuvo funcionando, hubo una permanente lamentación por no poderse contar con los antecedentes que justificaran, sobre todo, el precio de los vehículos. Esta fue una materia que la Comisión insistentemente trató de investigar ante la llamada Comisión Automotriz de la CORFO y ante la Dirección de Industria y Comercio.

En reiteradas oportunidades fue solicitada la presencia del actual Subsecretario de Economía y Comercio, señor Hernán Lacalle, para que entregara este tipo de antecedentes a la Comisión, y la verdad es que él nunca pudo contar con la totalidad de ellos. Y se presentaron casos tan exagerados como, por ejemplo, aquel de que entre un coche "Peugeot" armado en Europa y un coche "Citroen" armado en Chile había una diferencia del orden de los 70 dólares. Nunca se pudo establecer por qué los automóviles armados en Chile llegan a ese precio inmensamente alto, que en realidad no está al alcance de aquellas personas que los requieren para desarrollar sus actividades, como dice el "reclame", como una herramienta de trabajo. No han podido jamás estar al alcance del médico, del constructor, del ingeniero, del comerciante, etcétera, porque los precios oscilan entre 3 mil, 4 mil, 5 mil y 7 mil dólares.

Actualmente, el coche llamado Dodge Dart -la Cámara acaba de comprar uno para cambiar el de la Primera Vicepresidencia, pues el automóvil Chevrolet que tenía estaba en muy malas condiciones, con el tren delantero muy estropeado, y hubo que adquirir uno nuevo- tiene un valor de 70 mil escudos, vale decir, 7 mil dólares.

¿Es que vale 7 mil dólares un Dodge Dart en Estados Unidos? Es evidente que no los vale.

Por otra parte, nunca logramos aclarar un problema que se presentó en relación con algunas empresas. En determinada época, el Gobierno, mediante su política económica, restringió los créditos y, en coincidencia con dicha restricción, surgieron una serie de empresas en Chile que, por la calidad de sus productos, están recibiendo permanentemente dineros, los cuales, en vez de depositarlos en sus cuentas, los depositan en cuentas de otras firmas y sirven como préstamos. En la práctica son créditos que se han estado y se están otorgando con este tipo de armadurías de automóviles.

Les puedo indicar un caso y por eso….

El señor STARK ( Vicepresidente).-

¿Me excusa? Reglamentariamente Su Señoría ha hecho uso de la interrupción ya hasta por cinco minutos. Por lo tanto, puede continuar el señor Daiber, don Alberto.

El señor ACEVEDO.-

Quería referirme también a Cemento "El Melón". Después pediré la palabra para entregar algunos antecedentes.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Puede continuar el señor Daiber.

El señor DAIBER.-

El señor Pareto me ha solicitado una interrupción.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Pareto.

El señor PARETO.-

Señor Presidente, será muy breve, para no quitarle tiempo al colega y ajusfarme al Reglamento.

Quiero comenzar rechazando categóricamente los conceptos vertidos por el Diputado comunista respecto de este artículo, en el sentido de que favorecería los negociados. Y los rechazo categóricamente, porque los considero una insolencia. El señor Cademártori no tiene derecho a calificar un artículo del Gobierno en la forma en que lo ha hecho.

El señor ACEVEDO.-

Yo podría probar eso.

El señor PARETO.-

Esto está muy claro...

El señor ACEVEDO.-

Eso es lo que quería probar.

El señor PARETO.-

No hay ningún inconveniente en que pruebe, después, todas las cosas que quiera. Cuando se hace una afirmación, es conveniente confirmarla y demostrarla.

El señor ACEVEDO.-

Tengo nombres...

El señor PARETO.-

Señor Presidente, en los planteamientos formulados por el Subsecretario de Hacienda sobre esta indicación del Ejecutivo, se sostuvo que la industria automotriz -y es evidente lo de los precios y comparto plenamente lo que se ha dicho sobre el particular, porque este asunto lo consideramos larga y latamente en la Comisión investigadora y creo que hay una distorsión muy clara, de manera especial en la proporción de la integración nacional- necesitaba ser sometida a una profunda revisión.

El señor ROSALES.-

¿Y eso cómo se llama?

El señor PARETO.-

Estamos de acuerdo en que existe una distorsión. Este fue el precio que se tuvo que pagar cuando existían 24 industrias en la zona liberada de Arica. Entonces hubo muchos Diputados que defendieron a estas industrias. Baste sólo recordar y revisar las actas de la época, en las cuales consta con qué pasión, con qué interés algunos Diputados de la zona defendían a las industrias automotrices "callampas" que había en Arica, que no eran industrias: eran -eso sí- negociados. En ellas había hombres, y contadores, muy prominentes de la política nacional.

La verdad es que con este artículo queremos materializar un anhelo de un gran sector de la clase media de la población. Para conocimiento de los Diputados señores Cademártori y Juan Acevedo, debo informar que, en particular en los minerales de cobre de Chuquicamata y Sewell, en el norte, hay gran interés por parte de los trabajadores, en tener la posibilidad de comprar un vehículo, grande o pequeño, a 5 ó 6 años plazo. Hoy no está a su alcance, primero, porque los plazos son sumamente reducidos. En la actualidad, un hombre de la clase media, un trabajador perfeccionado, no tiene acceso a comprar un vehículo.

Por eso sería conveniente que estableciéramos si el automóvil es o no un elemento de lujo. Yo declaro enfáticamente que para muchos sectores de trabajadores el automóvil no constituye un elemento de lujo. Aquí hay muchos señores Diputados que poseen vehículos, y a quienes se les haría mucho más difícil el desempeño de sus funciones si no lo tuvieran.

Estimamos que podernos estar discrepando en la forma de hacerlo y que, en lugar de crear este tipo de financiamiento, bien podríamos entregar a las Asociaciones de Ahorro y Préstamos, que tienen un control directo por parte de los organismos estatales, la posibilidad de recoger los ahorros de quienes se interesen por adquirir un vehículo. Si una persona desea hacer hoy día un ahorro y quiere canalizar su ahorro a un fin determinado, nadie le puede negar ese derecho. Hoy día cualquier persona va al Banco Central y adquiere un Certificado de Ahorro, va al Banco del Estado y efectúa un ahorro. Pues bien, ese ahorro va a incrementar los fondos del instituto bancario, el que después los destina a hacer prestaciones a la producción. El ahorrante no es dueño de su dinero, sino que, en definitiva, el que le da destino es el banco.

Ahora, con esta iniciativa se da la posibilidad, a quien se interese por realizar este tipo de ahorro con un fin determinado, de gozar de la misma garantía que rige para el que quiere comprar una casa, ya sea por intermedio de la CORVI o de una Asociación de Ahorro y Préstamos. Así, grandes sectores de trabajadores tendrán esa oportunidad. Por ejemplo, hoy día están interesados los trabajadores del cobre; mañana lo estarán los empleados "bancarios, los profesionales, los pequeños comerciantes e industriales en adquirir un vehículo. De esta manera ellos tienen la posibilidad de ahorrar con el fin determinado que desean, de comprar un vehículo a cinco o seis años plazo, que hoy no poseen, porque las deudas y los saldos insolutos que tienen que pagar por los vehículos no está al alcance de su situación económica.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Puede continuar el Diputado informante, don Alberto Daiber.

El señor DAIBER.-

Señor Presidente, lo que dijo el colega Acevedo en cuanto al precio excesivo de los automóviles, que está muy por encima del internacional, lo compartimos todos los sectores. Pero no cabe la menor duda de que industrias de esta magnitud exigen inversiones extraordinariamente altas para disponer de maquinarias que no existían en el país y que recientemente, hace pocos meses, se han podido instalar, como las forjas estampas, que permitirán que, a la larga, se produzca un abaratamiento en el costo del vehículo y una mejor calidad del producto, ya sea en los niquelados, en los detalles, etcétera, lo que, a la postre, conducirá también a un mejor intercambio con los demás países de la ALALC. Es decir, en la medida en que podamos producir más y, por lo tanto, vender más vehículos en el mercado interno y, posteriormente, en el intercambio ALALC, sólo en esa medida podremos ir bajando los costos.

Pero si es muy simple. En este momento nos extrañamos del precio de los vehículos. Yo les pregunto a los Honorables colegas: ¿por qué no se permite la libre exportación de "fittings", por ejemplo, que el país está fabricando desde hace unos 40 ó 50 años? Pues bien, la industria nacional, incluso en esta materia tan sencilla, no ha podido lograr las calidades y los precios necesarios como para competir con las mercaderías importadas del mismo rubro.

Por eso, creo que es un cargo relativamente barato el que ha hecho el colega, sobre todo frente a los muchos antecedentes que hemos ido recogiendo quienes hemos estado interesados en este problema.

Sin embargo, es otro asunto el que quiero anotar. En este instante, el volumen de transacciones que hay en todo el sector alcanza a 800 millones de escudos y sólo un 20% de estas ventas se efectúa al contado; todo el resto, el 80%, es a plazo, mediano o largo. De modo que hay, aproximadamente, unos 400 millones de escudos que deben estar presentes en el mercado, en el movimiento de compra y venta de vehículos, que actualmente no está regido por ninguna disposición legal. Por eso, nos parece de toda cordura el que haya disposiciones claras y precisas, para que no aparezcan -y esto puede suceder muy pronto- ciertas firmas financieras que hagan el gran negocio y el día de mañana desaparezcan del país, dejando a mucha gente con sus cuentas, con sus ahorros hechos y "con los crespos hechos".

El señor STARK ( Vicepresidente).-

¿Me excusa, señor Diputado? El señor Ricardo Valenzuela le solicita una interrupción.

El señor DAIBER.-

Con el mayor gusto.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Con la venia de Su Señoría y hasta por cinco minutos, puede hacer uso de la palabra el señor Ricardo Valenzuela.

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

Señor Presidente, en forma muy breve quiero referirme a este problema, porque en verdad me parece que, considerando la idea planteada en representación de los Diputados democratacristianos, por el jefe de nuestro Comité, Diputado Pareto, en el sentido de que estas organizaciones pudieran ser sobre la base de las Asociaciones de Ahorro y Préstamos, se va a lograr una solución del problema de la adquisición de automóvil para grandes sectores de nuestro país.

Precisamente, desde hace algún tiempo, he estado en conversaciones con muchos trabajadores del mineral "El Teniente", quienes, con motivo del plan para su expansión, en virtud del cual ya se está haciendo el camino desde Rancagua hasta el mineral, desean adquirir automóviles, y señalan el caso de la industria FIAT, que está allí mismo, en Rancagua, con la cual podrían realizar alguna operación.

Esta idea la comparto con el Diputadosocialista, don Héctor Olivares. En efecto, el colega manifestó que podríamos conversar, para ver cómo se podría materializar, con el Presidente de la sociedad, don Eduardo Simián; pero reconocía que, en realidad, no veía cómo concretarla, con el objeto de dar satisfacción a estas aspiraciones de los trabajadores del cobre del mineral "El Teniente".

Ahora, por medio de esta iniciativa del Ejecutivo, contenida en el artículo 11, existe esta posibilidad. Yo creo que es susceptible de perfeccionarla. Y como se autoriza al Presidente de la República para dictar disposiciones, naturalmente, sobre la base de la discusión parlamentaria y de todo lo que se pudiere considerar en esta materia, el Jefe del Estado podrá hacerlo en el orden más restrictivo posible, con el objeto de evitar cualquiera situación que no fuere la más conveniente para el interés del país. Pero, así se da una satisfacción muy grande a este anhelo que tienen grandes sectores de nuestra ciudadanía.

Yo quería hacer presente esto, porque, en verdad, para mí y para el Diputado Olivares, era una situación insoluble. Mas ahora vemos que se nos presenta una oportunidad de dar satisfacción a las aspiraciones de los compañeros trabajadores de "El Teniente". No he hablado con el colega Olivares, porque, desgraciadamente, no se encuentra en la Sala en estos momentos; pero, como es mi tradición en la Cámara, me gusta ser extraordinariamente leal y no apropiarme de las ideas de otros colegas. Y si las compartimos, siempre reconozco quien tiene una idea similar. Por eso, con la mayor lealtad hacia mi colega Diputado Olivares, he expresado esa opinión en la Sala durante esta sesión.

Nada más, señor Presidente.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Puede continuar el señor Diputado informante.

El señor PENNA.-

¿Me concede una interrupción?

El señor STARK ( Vicepresidente).-

¿Me excusa, señor Daiber? El señor Penna le solicita una interrupción.

El señor DAIBER.-

Con el mayor gusto.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Con la venia de Su Señoría, puede hacer uso de la palabra el señor Penna hasta por cinco minutos.

El señor PENNA.-

Señor Presidente, la verdad es que las palabras del señor Cademártori son bien poco justas, ya que todos sabemos lo que significan los créditos para los interesados en comprar automóviles. ¿Cómo no va a ser mejor encauzar esto a través de una organización controlada por la Superintendencia de Bancos, cuando sabemos, como bien lo dijo el Diputado Daiber, que de los Eº 800.000.000 que hoy día representan las transacciones, de automóviles en Chile, solamente Eº 160.000.000 son al contado, en tanto que los Eº 640.000.000 restantes son en créditos a mediano y largo plazo, sumas que están en manos de capitalistas particulares que trabajan "sin Dios ni ley", que no tienen normas, que piden el interés que quieren y que dan o no dan documentos, de manera que si una letra no es pagada, mandan un abogado al otro día y, prácticamente, le quitan al comprador el automóvil y lo que ha pagado por él? ¿Cómo no va a ser mejor modificar este sistema por el de instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos, para que la gente modesta pueda adquirir así sus vehículos?

Creo que esta disposición es bastante buena y podrá encauzar la adquisición de vehículos motorizados por parte de un amplio sector de la población, que hoy no lo puede tener, a pesar de que la producción va en aumento creciente. Así lo vemos en el informe, según el cual en 1966 se fabricaron 4.600 vehículos; en 1967, 9.000; 18.000 en 1968; y sobre 20.000 en 1969. Por lo tanto, los precios se podrán abaratar los costos, ya que hoy día el en producción de una fábrica, de automóviles en este caso, muchísimo más se pueden abaratar los costos, ya que hoy día el empleo de las máquinas inmensas que se necesitan para hacer piezas en serie, como prensas, etcétera, requieren contar con un gran mercado de ventas, con el objeto de bajar los costos; de modo que con un mercado restringido es imposible que esto suceda.

Con este sistema, al mismo tiempo, se logra canalizar la obtención de automóviles por parte de una masa de la población.

Por todo, esto creo que es ésta una buena disposición.

Nada más, señor Presidente.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Puede continuar el señor Diputado informante.

El señor DAIBER.-

Señor Presidente, mi deber es informar y lamento que pueda extenderme un poco en ello.

Quiero dar algunas cifras, que pueden mover a los señores Diputados a calificar esta iniciativa del Ejecutivo como excelente.

Existen los siguientes datos: en el año 1966, la industria nacional produjo 7.096 vehículos; en el año 1967, 13.157; en el año en curso, ya ha producido alrededor de 18.000; y a fines de año, debe haber producido, según los cálculos que se han hecho, 21.320 vehículos. Es decir, partiendo en el año 1966 con un índice de 100, tenemos para este año un índice de 300 en materia de producción. Lo mismo se refleja en materia de ahorro de divisas, porque con un índice de 100 en el año 1966, este ahorro de divisas alcanza a 396 en el presente año.

Pero hay algo que puede hacer meditar más a los colegas que han estado en contra de esta iniciativa. Se ha hablado de que son muy pocas las firmas que están produciendo partes y piezas. Efectivamente, eran muy pocas. En el año 1964, por ejemplo, había solamente 79 empresas encargadas de la construcción de partes y piezas para automóviles; en el año 1966, ya habían subido a 169; y, en el momento actual, son 234 las firmas que están proveyendo de partes y piezas a la industria nacional.

Esta medida viene, en el fondo, a dar franquicias y ciertas liberaciones tributarias al ahorrante -a aquel modesto ciudadano que quiere comprar un vehículo, para lo cual abre una cuenta de ahorro especial-, dándole la posibilidad de ver su dinero transformado en dinero duro con intereses adecuados y, además, liberándolo del correspondiente impuesto de primera categoría. Porque no hay duda de que deben incentivarse las ventas de vehículos, para que, efectivamente, a la vuelta de dos o tres años, ahora que se está logrando la consolidación de las empresas que han hecho grandes inversiones para subir el porcentaje de integración del 20 por ciento al 53 por ciento -posiblemente, en los próximos años, se alcanzará al 75 por ciento- se consiga que se produzcan muchísimos más vehículos en el país.

Señor Presidente, para terminar, quiero decirle a la Honorable Cámara que en el último inciso de esta disposición justa-mente se faculta al Presidente de la República para que, a la vuelta de dos años y de acuerdo con las circunstancias, la operabilidad y la respuesta que tenga esta disposición legal, la modifique en uno u otro sentido.

Por eso, nosotros, miembros de la Comisión de Hacienda y del Partido Demócrata Cristiano, hemos estado absolutamente de acuerdo en darle nuestra aprobación a ella.

Es cuanto puedo informar.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Para referirse al artículo 11, puede hacer uso de la palabra el señor Turna, don Juan.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, a nosotros nos parece extraño que se quiera crear nuevos organismos para los efectos del sistema que establece el artículo 11, con el objeto de facilitar la adquisición de vehículos.

Si no se le ha permitido a los profesionales adquirir un bien raíz para oficina, mediante las Asociaciones de Ahorro y Préstamos; ni al pequeño propietario agrícola comprar acciones y derechos de una sucesión, para evitar la subdivisión de la tierra; no entendemos cómo ahora, para favorecer a empresarios que están especulando con el precio de los automóviles, se quiere crear organismos con el objeto de que den facilidades para la adquisición de esos vehículos.

A nosotros nos parece que no es necesaria la creación de nuevos organismos. Si este artículo 11 fuera aprobado, la finalidad que con él se persigue debiera alcanzarse mediante los organismos ya existentes, como las Asociaciones de Ahorro y Préstamos, para no aumentar más la burocracia y los gastos que significa la constitución de estos organismos.

Habríamos visto con sumo agrado que esta disposición no estuviera limitada sólo a la adquisición de un automóvil, sino que se ampliara para que los ahorrantes que sean profesionales puedan adquirir también un bien raíz que no sea una vivienda, sino una oficina donde los médicos, abogados, agrónomos y demás profesionales que recientemente egresan de las Universidades y que no tienen los medios para adquirirla, puedan trabajar.

No entendemos por qué no existe una disposición como éstas en nuestras leyes y por qué esta finalidad se limita simplemente al problema de la vivienda.

Nosotros comprendemos que la industria de automotrices es importante para el país; pero también creemos que la industria de la construcción lo es mucho más. ¡Y cuánto más trabajo habría para muchos obreros chilenos si esa posibilidad se ampliara! Porque así como hay empresas que fabrican piezas y partes para complementar la armaduría de un automóvil, también hay empresas que están fabricando piezas y partes para armar edificios; por ejemplo, las fabricas de cemento, de vidrio, de acero.

Hemos visto que en un balance de la CAP se dice que este año ella ha perdido plata, aun cuando yo tomo con beneficio de inventario estas pérdidas que ha tenido la CAP. Pero aun suponiendo que así fuera, ustedes ven que estas pérdidas se derivan, seguramente, de la falta de consumo de los materiales de construcción que ella fabrica, lo cual afecta también a otras industrias que producen otros materiales.

Por eso, señor Presidente, nosotros creemos que este artículo 11 encierra algo que va en beneficio de determinados sectores, de determinadas empresas. Quizás el señor Cademártori, al decir que había un negociado aquí, quiso, tal vez, expresar que se estaba favoreciendo a determinadas empresas. Pero, mi estimado amigo señor Pareto estima que es una insolencia cuando la Oposición hace una observación de esta naturaleza.

El señor VALENZUELA LABBE, don Renato.-

¡No dijo eso!

El señor TUMA.-

Cuando se ve que se está favoreciendo a un sector determinado, a mí me parece que se podría, tal vez, hablar que ése es un negociado; pero si se viera que se está legislando, en primer lugar, para todos los sectores, que este artículo se amplía para que los ahorrantes puedan adquirir también oficinas o pequeñas propiedades agrícolas que estén, digamos, dentro de las exigencias de la ley de Reforma Agraria, nosotros estaríamos de acuerdo, por lo menos, con aceptar este artículo 11, sobre todo si se tratara de los organismos ya existentes y no de crear otros nuevos. Como digo, estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por el señor Pareto respecto a la conveniencia de no crear nuevos organismos. Eso queríamos explicar.

Ojalá, señor Presidente, que se tomen en consideración nuestras observaciones, en el sentido de que este artículo se amplíe para que los profesionales puedan adquirir un bien raíz, ya sea una oficina donde ellos puedan trabajar también. Porque la oficina es tan necesaria e importante como el automóvil no sólo para el profesional que está ejerciendo, sino también para el recién egresado de la universidad.

Eso es lo que queríamos exponer, señor Presidente.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Para referirse al artículo 11, tiene la palabra el señor Fuentealba, don Clemente.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, hace algunos días, la Cámara conoció, en el primer trámite reglamentario, el proyecto que autoriza al Banco del Estado para convenir la conversión de los créditos otorgados de acuerdo con la ley Nº 16.253. En aquella ocasión, no se había establecido este artículo 11 que, sorpresivamente, se incorporó en el proyecto durante su segundo trámite reglamentario en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, no hubo tiempo en ella para realizar un debate amplio y preciso sobre materia tan importante.

Este artículo autoriza "al Presidente de la República para dictar disposiciones que permitan el establecimiento de organismos privados con personalidad jurídica, destinados a recibir ahorros y otorgar préstamos, reajustables o no, para la adquisición de vehículos motorizados."

Evidentemente, nadie puede dudar de la importancia de la industria automotriz, sobre todo hoy día, en que todo el mundo anda sobre ruedas; en que el tránsito por las carreteras ha absorbido, indudablemente, todo lo que antes se transportaba por ferrocarril y por el cabotaje que hacían nuestros barcos.

Es evidente la importancia que tienen tanto el transporte de carga, por ejemplo, de la que se traslada del sur al norte y viceversa, como también el movimiento extraordinario de pasajeros que hay a través de todo el país. Pero debemos considerar las posibilidades de compra que existen en el mercado interno; porque no debemos desconocer tampoco que la producción de maquinaria automotriz tiene dos fases bien marcadas: primera, la producción de maquinaria útil para la producción; y, segunda, la producción de automóviles de lujo.

En la primera, están precisamente los tractores, las maquinarias agrícolas, los camiones, las camionetas, los furgones de carga, los buses, los microbuses y, también, los automóviles para médicos y otros profesionales de los servicios públicos y de empresas privadas. Pero, copadas estas necesidades, los automóviles que después pueden producirse se han de considerar, precisamente, de lujo.

El señor Alberto Varela, Secretario Ejecutivo de la Comisión Automotriz, expresó que, hasta octubre de este año, se han producido doce mil vehículos, de los cuales solamente 1.900 son camiones y 480 camionetas, es decir, 2.380 vehículos. En cambio, se han fabricado 9.700 automóviles. Esto significa que para el trabajo de transporte se ha producido solamente un 25%.

Con esta disposición, se quiere crear condiciones favorables para aumentar el mercado del automóvil. Como no hay exportación, serán precisamente los chilenos los que deberán comprar la mayor producción de automóviles. Pero, ¿se ha estudiado la capacidad de las personas que tendrán que adquirir estos vehículos, vale decir, de los empleados públicos, profesores, pequeños y medianos empresarios?

El señor Daiber decía que todos, hoy día, deben poseer un automóvil, porque la verdad es que vivimos en la época en que todo el mundo tiene que andar sobre ruedas. Pero la posibilidad de adquirir estos automóviles no la tienen todos los funcionarios públicos, que son los empleados y obreros en general.

En una exposición que el Senador Juliet hizo en 1967, en el Senado, expresaba que, según sus cálculos, un empleado que gana dos mil escudos al mes paga por concepto de arriendo, consumo de gas, de energía eléctrica, agua, teléfono, lavado de ropa, locomoción, impuestos y previsión social, 1.390 escudos; y le quedan solamente 610 escudos para comer, para vestirse, para médico, botica y colegio. ¿Puede un empleado público o un empleado particular, que gana una cifra semejante, pensar en adquirir un vehículo que costará 60 ó 70 millones de pesos? Indudablemente, son muy pocos los empleados que perciben una renta superior a esta cifra de dos mil escudos.

Se ha dicho, en la Comisión, que la necesidad de adquirir un automóvil se ha extendido, en todos los países, hasta los sectores populares. Pero no debemos ignorar que en esas naciones, como Norteamérica, por ejemplo, el ingreso "per cápita" es superior a los 3 mil dólares al año; en cambio, en Chile no pasa de los 500. El procedimiento que se quiere emplear en esta ocasión es el mismo que se aplica para adquirir una casa; es decir, hacer un ahorro para, después, recibir préstamos reajustables a largo plazo, con el objeto de que las personas puedan favorecerse con ellos. En verdad, no es lo mismo adquirir un vehículo que comprar una casa. Indudablemente, son muchos los empleados que tienen necesidad de un automóvil, sobre todo los que viven lejos del lugar de su trabajo, en casas muy retiradas, y pueden adquirirlo porque tienen las entradas suficientes para ello. Hay obreros y empleados muy calificados que, sin duda alguna, pueden comprar un automóvil o una camioneta, sobre todo aquéllos que trabajan en las minas; pero no se ha pensado en que su precio es prohibitivo y ficticio. Evidentemente, hay que abaratar el precio de estos vehículos, porque no es posible, por ejemplo, que una camioneta de 500 kilos, que en Estados Unidos vale 1.100 dólares, se estén cobrando aquí 70 mil escudos; no es posible que por un automóvil de cualquier marca, que allá vale 2 mil dólares, aquí se pida sobre los 70 mil o sobre los 80 mil escudos.

El señor SOTA.-

¿Me permite una interrupción?

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Señor Diputado, el señor Sota le solicita una interrupción.

El señor FUENTEALBA.-

Con mucho gusto se la concedo.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Sota.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, entiendo que nuestro colega no está haciendo ningún cargo a la industria nacional de vehículos motorizados por el costo de fabricación; que está señalando únicamente que el número de unidades que se están fabricando en Chile, en total, es del orden de los 20 mil vehículos motorizados al año; en realidad, la economía de mercado exige que, por lo menos, se fabriquen 600 mil unidades para competir en el mercado internacional. Esa es la razón por la cual los precios son tan altos, como los que ha señalado; de tal manera que la comparación que está haciendo entre el precio de un vehículo importado y el nacional refleja precisamente el hecho de que la economía de mercado determina precios que son extraordinariamente altos.

Esa era la observación.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Puede continuar el señor Fuentealba.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, la observación que acaba de formular el señor Sota es útil, porque acontece que el precio de los automóviles importados es igual a los que se hacen aquí; de tal manera que aquí, en aquellas fábricas cuya producción es del orden de las 600 mil unidades, según ha expresado

Su Señoría, por ejemplo, una camioneta vale 1.100 dólares y en nuestro país se vende a 70 o a 80 mil escudos.

Precisamente, entiendo que lo que hay que corregir es el precio excesivo y prohibitivo de los vehículos motorizados, especialmente el de los automóviles. Es eso lo que el Gobierno tiene que ver.

El señor ACEVEDO.-

¿Me permite una pequeña interrupción?

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Señor Fuentealba, ha terminado el tiempo de su primer discurso. Su Señoría puede continuar en el de su segundo discurso.

El señor Acevedo don Juan.-

, le ha solicitado una interrupción. ¿La concede Su Señoría?

El señor FUENTEALBA.-

Sí, señor Presidente.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Acevedo.

El señor ACEVEDO.-

Señor Presidente, sólo es con el objeto de que no quede flotando en la Sala la información que ha entregado el colega Sota. El precio del vehículo a que él se refería, corresponde a un número de 600 mil unidades armadas en un tiempo determinado. . .

El señor SOTA.-

Como mínimo.

El señor ACEVEDO.-

…y el precio, en Chile, corresponde a un número muy inferior de unidades. Por ello, el valor es mucho más alto.

El señor SOTA.-

No he dicho eso.

El señor ACEVEDO.-

La verdad es que -si me excusa, colega- las partes, piezas y conjuntos que se internan, tienen aquí el mismo precio con que se venden en el extranjero, donde se fabrica un número determinado de vehículos, y se arman.

El señor SOTA.-

Su Señoría no me entendió bien.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Señor Sota, don Vicente, ruégole guardar silencio.

El señor ACEVEDO.-

En consecuencia, el valor de un vehículo armado en Chile, resulta exactamente igual al de un vehículo armado en Francia, en Italia, en los Estados Unidos de Norteamérica, en Venezuela, en Brasil y en Argentina.

Eso es todo.

Muchas gracias.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Puede continuar el señor Fuentealba.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, termino expresando que los Diputados radicales votaremos en contra del artículo 11; porque, en verdad, él es inconsecuente con el proyecto, que se está estudiando en este momento en el Senado, que racionaliza las franquicias tributarias, pues, precisamente, en las letras a), b), c) y d) de esta disposición se conceden franquicias tributarias para aquellos que realicen estas actividades. Nosotros no podemos concebir esta inconsecuencia; y por las razones que hemos expuesto, votaremos en contra de este proyecto.

Concedo una interrupción al señor Clavel.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Clavel.

El señor CLAVEL.-

Señor Presidente, toda la atención se ha concentrado en el artículo 11 del proyecto en debate.

Me parece que el señor Cademártori fue quien manifestó que este artículo es un negociado. Si ha caído mal la palabra "negociado", se podría reemplazar fácilmente por "preferencia", ya que en el artículo 11 se la da a una industria.

El señor ACEVEDO.-

Exacto.

El señor CLAVEL.-

No nos podríamos oponer, de ninguna manera, a que estos organismos recibieran ahorros y que otorgaran préstamos reajustables. Nosotros consideramos que los organismos que existen actualmente están capacitados para otorgar préstamos reajustables.

Lo que falta en nuestro país son elementos de trabajo, especialmente herramientas, tornos, cientos de implementos que los hombres que desean laborar necesitan para desenvolverse y producir. Por ello, ¿no habría sido mucho más consecuente con la realidad económica que está viviendo el país, el facultar, a través de un proyecto de esta naturaleza, a los organismos que están actuando, ayudar a toda persona que desee ahorrar con el propósito de incrementar la actividad de su industria, al pequeño artesano, al abogado, al médico, al dentista, o sea, a todos los hombres que laboran por el bienestar de la patria? Pero es un escándalo otorgar franquicias de esta clase, permitiendo con ello vaciar la economía en una sola industria. ¿Quién nos dice a nosotros que lo que se traen bajo el poncho no sea favorecer a determinada industria nacional? Es muy posible que ella sea casualmente la que está instalada en Rancagua, la cual, en un momento determinado, puede producir cientos y miles de automóviles y, así, hacer su gran "negocio" en Chile.

El señor Ricardo Valenzuela manifestaba que los empleados y obreros del mineral "El Teniente" estaban muy interesados en este proyecto de ley.

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

No he dicho eso.

El señor CLAVEL.-

Nosotros conocemos el mineral de "El Teniente". ¿Dónde circulan automóviles en Sewell? Para que puedan transitar coches por la nueva carretera van a pasar muchos años y, por lo demás, hay problemas más urgentes en Rancagua y en todo Chile.

Este es un nuevo escándalo de la Democracia Cristiana, porque se pretende favorecer a una determinada industria.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

¿Terminó Su Señoría?

El señor CLAVEL.-

Sí, señor Presidente.

El señor ACEVEDO.-

Pido la palabra.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.

El señor BARRIONUEVO.-

Yo había pedido la palabra oportunamente, señor Presidente.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Su Señoría está inscrito a continuación.

El señor ROSALES.-

Me inscribe a mí también, señor Presidente.

El señor ACEVEDO.-

Señor Presidente, algunos colegas han hecho notar que el sistema que se crea en este proyecto, en virtud de! artículo que faculta al Presidente de la República para dictar disposiciones que permitan establecer organismos privados destinados a otorgar créditos para la adquisición de vehículos motorizados, es algo similar al de las asociaciones de ahorro y préstamo.

La verdad es que dichas asociaciones han sido creadas con la finalidad de resolver el problema de la vivienda. Por eso, al operar con ellas existen algunas limitaciones. Así, por ejemplo, el que vende una propiedad construida a una persona que ha obtenido un préstamo en alguna de ellas, tiene la obligación de invertir la parte correspondiente del valor del inmueble en una asociación. En consecuencia, no puede hacer otro tipo de inversión que no sea sino del giro habitacional. Por lo demás, las asociaciones de ahorro y préstamo han sido creadas para resolver un importante problema de la familia chilena: el de la vivienda; es decir, un problema realmente social. Y ese problema no se ha solucionado integralmente en Chile.

Por lo tanto, quienes aprecian la función que cumplen las asociaciones de ahorro y préstamo no podrán pretender que los pocos chilenos en condiciones de ahorrar, y que lo hacen generalmente con el objeto de resolver su problema habitacional, desvíen sus posibilidades económicas hacia otro fin, como es, en este caso, la adquisición de un vehículo. Puede que la aspiración de cualquier grupo familiar sea tener uno o que algunos vacilen entre resolver primero el problema de la vivienda o tener un automóvil. Pero las disponibilidades económicas de quienes viven de un sueldo o salario no están dadas en Chile como para poder darse el lujo de ahorrar para cualquier giro de inversiones sin resolver primero el problema de la casa propia.

Ahora bien, la idea contenida en este artículo tiende, precisamente, a entorpecer o a disminuir los depósitos que se efectúan en las asociaciones de ahorro y préstamo. Prácticamente es un atentado en contra de ellas. Eso hay que reconocerlo. Y, en consecuencia, es un atentado a todo lo que significa, resolver el problema de la vivienda en Chile.

El señor PENNA.-

¿Y los que ya tienen casa?

El señor ACEVEDO.-

¿Y los que tienen casa? Me extraña la pregunta, como si el colega no conociera el procedimiento. Aquel que no tiene casa deposita en una asociación de ahorro y préstamo.

El señor PENNA.-

¡Tiene que pagar arriendo!

El señor ACEVEDO.-

¡Excúseme, colega!

Cuando la ha adquirido, no sigue depositando….

El señor PENNA.-

Tiene que pagar dividendos.

El señor ACEVEDO.-

Sí, pero, además de los dividendos, tiene que pagar el saldo reajustado, el que le resulta de un monto muy superior al del préstamo original.

En estas condiciones pretender adquirir también un automóvil es forjarse una ilusión.

El señor PENNA.-

¿Y si quiere tener un automóvil?

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Señor Penna, ruego a Su Señoría no interrumpir al señor Acevedo.

El señor ACEVEDO.-

Comprendo la inquietud del señor Penna por haber alcanzado esa altura física, pero no haber sido premiado con una parecida madurez intelectual….

El señor PENNA.-

¡Que habilidoso!

El señor ACEVEDO.-

Señor Presidente, cuando le pedí una interrupción al colega Daiber, me referí al caso de algunas empresas que reciben dinero a diario. Cuando el Ejecutivo restringió los créditos, esas empresas desviaron parte de esos dineros, precisamente hacia el otorgamiento de determinados créditos. Es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre con la armaduría Citroen. Su producción la adquiere totalmente Cemento Melón. Cemento Melón le concede créditos y tiene el derecho de adquirir su producción, y hace un año y medio por cada máquina recibía un tercio de su valor, a modo de comisión de distribuidor.

El señor GARAY.-

Está equivocado Su Señoría.

El señor ACEVEDO.-

Al señor Garay, que me dice que estoy equivocado, le puedo manifestar que….

El señor GARAY.-

Es el 14%.

El señor ACEVEDO.-

….el dato lo entregó el señor Hernán Lacalle, cuando trajo a la Comisión Automotriz los originales de los formularios de los contratos, que los firma el señor Ernesto Pinto Lagarrigue, ex Ministro de Obras Públicas del señor Jorge Alessandri.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Ruego a Su Señoría referirse al artículo 11.

El señor ACEVEDO.-

Aquí cada colega sale con una "sabiduría" que espanta y que obliga a entregar antecedentes que no corresponden a la materia en debate.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Ruego a Su Señoría evitar los diálogos.

El señor ACEVEDO.-

En este instante lo sostengo con la Mesa, con gran honor, por lo demás.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Muchas gracias.

El señor GARAY.-

Es el 14%. Y no me interesa desmentir al señor Pinto Lagarrigue.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Señor Félix Garay, ruego a Su Señoría no interrumpir al señor Acevedo.

El señor ACEVEDO.-

Señor Presidente, a nuestro juicio, el sistema no es tan sencillo como lo plantean los colegas. ¿Qué significa otorgar créditos a cuatro años de plazo? ¿Cuánto resiste un motor? Como lo saben los señores Diputados, después de cierto tiempo, después de una determinada cantidad de kilómetros recorridos, hay que destaparlo, hay que revisarlo. Entonces, no significa nada otorgar cuatro o seis años de plazo.

Más aún, el precio de los vehículos adquiridos a través de este sistema comprenderá otros rubros, fuera, naturalmente, del valor de la máquina, de los intereses, etcétera. Actualmente incluye el valor del vehículo, los intereses y las comisiones. Pues, en este caso, en que se va a invertir dinero que es propiedad de todos los ahorrantes, habrá, además, otros gastos.

Saben los colegas que las casas que se venden por intermedio de las asociaciones de ahorro y préstamo o a través de las Cajas de Previsión deben contar, necesariamente, con seguro de desgravamen y con seguro contra incendio. Los automóviles que vendan estos organismos, ¿serán tan privilegiados que no estarán expuestos a ser chocados o a sufrir un incendio? Evidentemente que no. Tendrán que tener seguros, y muy altos, como alto será, asimismo, su precio para poder reponer ese dinero sacado de los bolsillos de quienes ahorraron en esos organismos. Ello va a encarecer su valor.

Después vienen los gastos de tipo administrativo. Empresas tan grandes como éstas, sin duda, van a necesitar de un equipo administrativo similar al de las asociaciones de ahorro y préstamo. Si los colegas han hecho alguna operación o han tenido que secundar a alguien esa diligencia, tendrán que saber que las asociaciones en cada oportunidad, cobran los gastos administrativos, los que, en la compra de una casa de 60, 70 u 80 mil escudos, oscilan entre 3 y 7 mil escudos. Son los gastos de escritura, de revisión de títulos, en fin. Lo mismo va a pasar en este caso. Si es una inversión, hay que asegurar esa inversión; hay que tomar medidas proteccionistas para que esos dineros, provenientes del ahorro de los demás, no vayan a ser, de la noche a la mañana, despilfarrados. . .

El señor STARK ( Vicepresidente).-

¿Me excusa, señor Diputado? Ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar Su Señoría en el tiempo de su segundo discurso.

El señor ACEVEDO.-

Señor Presidente, reservaré el resto de mi tiempo para que después no se me impida, por la vía reglamentaria contestar a algún colega.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Puede usar de la palabra el señor Barrionuevo, don Raúl.

El señor BARRIONUEVO.-

Señor Presidente, yo tengo alguna experiencia, y muy desagradable, por lo demás, en estos vehículos motorizados armados en el país.

Desde que comenzó la integración en Chile de camionetas, automóviles, camiones, etcétera; es decir, desde el día en que se dictaron los respectivos decretos, en tiempos del Ministro de Economía señor Escobar, que el país calificó de "decretos brujos" -yo no vengo a calificar a nadie de mala administración- los chilenos hemos estado comprando verdaderos "tarros con motor". Este es un hecho irrefutable. Si algún señor Diputado quiere discutir este punto, se lo acepto con mucho gusto.

Hemos visto que a los radiadores se les pudre la tapa, y digo que se pudre, porque la tapa, se deshace a los seis meses de uso,...

El señor ACEVEDO.-

¡Se desintegran!

El señor BARRIONUEVO.-

….con el tremendo peligro de que cuando se salte la tapa en el camino y se cae el agua, se puede fundir el motor.

Los niquelados se oxidan a corto plazo. Yo tengo un coche de estos que se arman en el país, cuyos accesorios se olvidaron al poco tiempo de haberlo comprado. No sé qué hacer. Creo que tengo que niquelar todo de nuevo. Las puertas se sueltan rápidamente. Los niquelados parecen pegados con estampillas, porque se sueltan en el primer viaje. Un coche importado tiene menos ruido a los diez años de uso que los que tienen a los seis meses los coches que se integran en Arica, a los que, con un poco de uso, se le sueltan los niquelados y los demás accesorios.

Además, los vidrios son muy delgados; lo mismo que los parachoques. La tapicería es de mala calidad. Con un poco de uso, los resortes de los asientos se vencen y uno queda sentado prácticamente en el piso del coche, con el volante arriba. Creo que en esto debe haber un responsable.

El señor Fuentealba dio a conocer con mucha exactitud el valor de las camionetas. Yo estoy por adquirir una, y, efectivamente, cuestan -Su Señoría se equivocó en mil escudos- 71 mil escudos, 71 millones de pesos. Un amigo acaba de importar una camioneta acogiéndose a la ley que favorece a la minería del norte en 16 mil escudos, 16 millones de pesos. ¿Quién se queda en Chile con la diferencia?

Yo no califico a nadie de ladrón. Yo soy honrado, pero eso no me da derecho a creer que los demás sean ladrones. ¡En esto algo anda mal, muy mal!

Todo el país, cualquiera persona bien nacida, estará de acuerdo en que deben emplearse vidrios nacionales para dar trabajo a las fábricas chilenas y que deben emplearse neumáticos INSA para dar trabajo a obreros chilenos. También estamos de acuerdo en que la tapicería sea chilena, para que las fábricas de tapices den trabajo a los chilenos y todo esto entre en la integración. Pero esta diferencia de precios es inaceptable. Yo hablo con mucha experiencia, porque en la provincia que represento está vigente una ley que favorece a la minería y que permite importar permanentemente estos vehículos a 16 millones de pesos y no a 71 millones. Además, estoy en antecedentes, porque soy Presidente de la Comisión de Minería de la Cámara, de que está por autorizarse un alza de 12% sobre estos 71 mil escudos….

El señor GUASTAVINO.-

¡Un escándalo más!

El señor BARRIONUEVO.-

Entonces, yo he hecho algunas averiguaciones, y cuando le he preguntado al gerente de la "Ford Motor", por ejemplo: "¿Cómo es posible que ustedes desprestigien una marca de fama mundial?", éste ha movido la cabeza y me ha respondido: "Señor, a nosotros nos han obligado a tener socios chilenos, que no se conforman con las utilidades que se perciben en Estados Unidos y que son muy pequeñas".

El señor ESCORZA.-

¡Hay que denunciarlo!

El señor ACEVEDO.-

¿Y qué está haciendo?

El señor BARRIONUEVO.-

Señor Presidente, los Diputados del norte -a quienes respeto mucho, porque yo también represento a esa zona y muchas veces he tenido que salir en su defensa porque, evidentemente, el centralismo la tiene muy abandonada- nos plantearon que el Perú se nos venía encima, y que había que cuidar y vigilar esa zona.

Pero hay una tremenda contradicción, inconcebible en un país en que se manejen las cosas con inteligencia. Desde aquí se llevan todos los parachoques, los vidrios, los neumáticos, a Arica, a la punta del país, y de allí se vuelve a pagar flete para retornarlos al centro. ¿Quién paga esto? Nosotros, el pueblo, el país.

Alguien decía denantes que se han fabricado miles de automóviles. ¿A costa de cuántos sacrificios? Esto lo ha tenido que pagar gente de clase media o pudiente, que ha debido comprar un vehículo por necesidad, para trasladarse cíe un punto a otro, por razones de trabajo.

Sé que la FIAT va a construir una armaduría en la provincia de Rancagua. Entonces, que haya control, que alguien se responsabilice de que los vehículos que la FIAT va a armar allí tengan las especificaciones que corresponden; que no coloquen y esto es muy importante- tapas de lata a los radiadores, sino que de cobre, como las que traen los vehículos importados desde Estados Unidos. De esa manera se evitará que se rompan en seis meses y que haya que estar comprando en tan corto tiempo una etapa nueva, o que se sufra un accidente y se funda el motor del coche.

A estos vehículos se les olvidan, vuelvo a repetir, los niquelados, y se caen; los vidrios son más delgados; en fin, hay una irresponsabilidad extraordinaria de quienes están metidos en este negocio.

Los vidrios deben tener la calidad que corresponde; los neumáticos tienen que tener las telas y demás especificaciones adecuadas.

Es conveniente que un país procure industrializarse; pero no recargando en esta forma los precios. Como he dicho, una camioneta bien construida, bien hecha, con buena especificaciones, vale, en el extranjero, 16 mil escudos. En cambio, aquí, un tarro con motor cuesta 71 mil escudos. ¡Y todavía tienen la desvergüenza de estar tramitando un decreto para subir los precios en un 12%!

El señor TUMA.-

Más un 3% de interés.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Señor Turna, ruego a Su Señoría no interrumpir.

El señor BARRIONUEVO.-

No quiero responsabilizar a. nadie, repito. Estos decretos sobre la industria automotriz fueron dictados en la época en que el señor Escobar era Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción. Tengo entendido que él procedió de buena fe; que él quería que se integraran los vehículos con productos nacionales. No sé quién se avivó y se aprovechó de esto. Me parece que esos hechos deben investigarse'.

Quiero dejar formulada esta protesta, para que al legislar, en el futuro, se establezca un mayor control, una mayor fiscalización. ¡Que al llegar a Chile un vehículo se integre con artículos nacionales, en buena hora, todos lo celebramos! Pero es inexplicable que exista una diferencia en el precio de 16 mil escudos a 71 mil escudos, el que todavía se pretende subir en un 12%.

Nada más.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Para referirse al artículo 11, puede usar de la palabra el señor Sota.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, varios señores Diputados han destacado la importancia que tiene para el país fabricar y armar vehículos motorizados. Pero, en realidad, en ningún aparte del artículo en discusión se menciona que los organismos privados, cuyo establecimiento podrá autorizar el Presidente de la República, estarán facultados para recibir ahorros para la adquisición de vehículos fabricados en Chile.

Si he leído bien, el inciso primero del artículo 11 se refiere a la adquisición de vehículos motorizados en general.

El Diputado informante nos podría ilustrar sobre esta materia, porque el inciso primero no deja las cosas claras.

De modo que los señores Diputados que desean defender legítimamente la industria armadora de vehículos del norte de Chile no tienen, en este instante, razones para asilarse en el texto de este artículo.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Señor Sota, el señor Daiber le solicita una interrupción.

El señor SOTA.-

Cómo no.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Daiber.

El señor DAIBER.-

Señor Presidente, en el seno de la. Comisión de Hacienda no se hizo esta aguda observación que ha formulado el colega.

Efectivamente, en el artículo aprobado por la Comisión no se habla de vehículos armados en el país, pero fluye del texto mismo que ése es el espíritu de la disposición. En todo caso, me alegro de que se haya, hecho este alcance. Creo que está en el ánimo de todos los parlamentarios que aprobamos esta iniciativa, que la franquicia que se establece en este artículo sea exclusivamente para vehículos armados en Chile y no para, permitirle a cualquier ahorrante adquirir un vehículo importado.

Por otra parte, deseo refutar lo que se ha dicho sobre la mala producción nacional. Esto no sólo vale para la armaduría de vehículos, industria muy compleja y nueva en nuestro país. Podríamos también preguntarnos: ¿el país está en condiciones de producir relojes o agujas, que es una de las cosas más sencillas? ¿Este país está en condiciones de proporcionar a la dueña de casa un buen par de tijeras para cortar? No las hay. Nuestra industria está en un estado extraordinariamente primitivo y todos los países que se han industrializado han tenido que pagar altos precios por sus productos nacionales.

El señor CANTERO.-

Pero no tan altos.

El señor DAIBER.-

Señor Presidente, yo no voy a entrar al detalle, porque, en este momento, no estamos fiscalizando los precios, sino que discutimos otra materia.

Por eso, sólo deseo señalar que la crítica respecto a la mala calidad de nuestros productos industriales puede hacerse extensiva a todos y cada uno de nosotros. En los próximos años, todos deberemos entregar un esfuerzo mayor para que nuestro país, poco industrializado, pueda, efectivamente, en uno o dos decenios, adquirir la técnica que toda nación desarrollada posee. Tendremos que fomentar la investigación; sólo cuando ésta alcance un alto nivel, seremos dueños de nuestra propia técnica.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

El señor Sota desea recuperar su derecho.

El señor DAIBER.-

Con el mayor gusto.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Puede continuar el señor Sota.

El señor SOTA.-

No obstante la observación que hace nuestro estimado amigo el señor Daiber, debo declarar que la redacción de este artículo no me satisface, porque, en realidad, creo que las razones de tipo económico y social que aquí han recordado algunos colegas son valederas. Me consta -y haría muy mal en no decirlo- que las autoridades ejecutivas de la Caja Central de Ahorro y Préstamo estiman que este artículo, tal como está redactado, va a restar fondos para la construcción de habitaciones,. . .

El señor CLAVEL.-

Naturalmente, pues, colega.

El señor SOTA.-

….que debe tener prioridad. La adquisición de un vehículo es un deseo legítimo, pero primero está la construcción de la casa propia.

Por último, una apreciación de detalle. Cuando el señor Fuentealba me concedió la interrupción, me referí sólo al hecho de que parte de la extraordinaria diferencia que se produce entre el costo de los vehículos armados en Chile y el de los que se fabrican en el exterior, obedece a que no es lo mismo armar en Chile, en total, entre distintas industrias, 20 mil vehículos, que construir en una sola fábrica 600 mil o un millón de unidades, como es lo que sucede en los mercados norteamericano, europeo e incluso soviético.

Esas eran todas las observaciones que quería hacer.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Gustavo Ramírez.

El señor CADEMARTORI.-

Pido la palabra.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

En seguida está anotado Su Señoría. En el orden en que han pedido la palabra, se ha ido inscribiendo a los señores Diputados.

El señor CADEMARTORI.-

Puros democratacristianos. ¿Cuándo hablaré yo?

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Su Señoría está inscrito. No. hay preferencia para nadie aquí.

La señora LAZO.-

¿Y yo?

El señor STARK ( Vicepresidente).-

También Su Señoría.

El señor RAMIREZ.-

Señor Presidente, no me parecen bastante satisfactorias las razones que se han dado por diversos colegas, las que tienen que hacernos pensar si es o no conveniente que aprobemos este artículo.

Es cierto también que ha aumentado la producción de la industria automotriz del país, pero, por otra parte -y hay que decirlo-, los precios han subido en forma exagerada, sin ninguna relación con los verdaderos costos.

Creo que lo primero que tenemos que saber, y esto nunca se puede conocer, es el costo real de la industria automotriz chilena. Cada vez que se plantea este problema, nadie está en condiciones de informar. En la industria automotriz de la CORFO, por ejemplo, todo es nebulosa. Nadie tiene datos concretos de los costos.

Una vez le pregunté al señor Sáez, cuando él era Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, cuál era la razón de esto, no me contestó absolutamente nada. En nuestro país siempre se están proponiendo alzas de toda clase de artículos.

Los colegas acaban de plantear que el precio de los automóviles subirá en un 12%. Pero nadie puede explicar a qué se deben estas alzas. No hay ninguna razón concreta para ello. No hay ninguna relación entre el precio de los automóviles y el costo real de ellos.

El señor GUASTAVINO.-

Se debe a los intereses creados.

El señor RAMIREZ.-

La verdad es que hay que llegar a la conclusión. . .

El señor GUASTAVINO.-

Son intereses creados.

El señor RAMIREZ.-

….que se debe a intereses creados muy poderosos.

El señor GUASTAVINO.-

Exactamente.

El señor RAMIREZ.-

Pero esto no puede seguir sucediendo.

Hace algún tiempo, intervine en la Cámara sobre el tema de la comercialización de la industria de automóviles en el país, y demostré con datos concretos el tremendo negociado que significaba. Sin embargo, me costó más de diez meses analizar en parte este problema, y hasta la fecha nunca he podido lograr que se me indique cuál es el costo real de la industria automotriz.

Antes de votar este artículo, que yo voy a rechazar, tendrían que decirme cuánto vale un automóvil en Chile, cuál es su valor real, cuál es la razón de que tenga un precio tan elevado y por qué el precio de una modesta Citroneta es de 30 mil escudos, en circunstancias que su costo es de 3 a 6 mil escudos.

El señor CANTERO.-

¡Es un escándalo!

El señor RAMIREZ.-

Esto constituye realmente un escándalo y, por este motivo, no daré mi voto favorable a este artículo.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

¿Me excusa, señor Diputado? Ha llegado la hora de término del Orden del Día.

Queda con la palabra para la próxima sesión el señor Ramírez, don Gustavo. A continuación, figuran inscritos el señor Rosales, don Carlos; la señora Carmen Lazo y los señores Sanhueza, don Fernando; y Cademártori, don José.

El señor CADEMARTORI.-

¿No se va a votar ahora, señor Presidente?

El señor STARK ( Vicepresidente).-

No, señor Diputado.

CONVERSION DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS POR EL BANCO DEL ESTADO DE CHILE DESDE LA VIGENCIA DE LA LEY Nº 16.253 EN CREDITOS DE FOMENTO.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Corresponde continuar discutiendo el proyecto que figura en el primer lugar de la Tabla, que faculta al Banco del Estado de Chile para convenir la conversión de los créditos otorgados en virtud de la ley Nº 16.253 en créditos de fomento.

El proyecto figura impreso en el Boletín Nº 10.996-A.

Diputado informante es el señor Daiber.

Estaba con el uso de la palabra el señor Ramírez, a quien le quedaban seis minutos.

A continuación está inscrito el señor Rosales.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ROSALES.-

Señor Presidente, del largo debate que se efectuó en la sesión de ayer, quedó bien en claro un asunto con respecto a este artículo 11º.

De ese debate se desprende que esta disposición tiene un nombre y ese nombre es FIAT. Porque con este artículo se trata de solucionar un problema de producción y de venta que tiene la empresa FIAT en su armaduría de Rancagua. Este es un hecho que no se puede ocultar, porque está a la vista. Toda persona que viaje a lo largo de la Carretera Panamericana y pase frente al edificio de COR-FIAT en Rancagua, podrá percatarse de que los patios de esa empresa están abarrotados de vehículos que no tienen salida ni venta; y ya no sólo se están acumulando en los patios, sino también a la orilla del camino. De manera que éste es el fondo del problema; y sabemos muy bien que detrás de la FIAT está la Ford Motor Company.

Ahora bien, en mi condición de Diputado por O'Higgins, quiero decir esta tarde, y en relación con esta materia, que durante muchos años la ciudad de Rancagua y toda la provincia de O'Higgins lucharon por la instalación de una industria que significara, desde luego, trabajo para absorber la cesantía existente en la zona, así como adelanto y progreso para la provincia y para la región.

Esta fue una lucha muy larga, que comenzó hace ya más de una década. Y, con el propósito de satisfacer esas demandas durante el Gobierno del señor Ibáñez, se construyó en Rancagua un edificio, cuya realización fue el fruto de un convenio a que llegó la CORFO con la FIAT. Siempre se dijo que ésa debía ser una industria destinada a fabricar elementos para la agricultura, especialmente tractores, camiones, arados, rastras, etcétera, tomando en consideración el hecho de que se iba a iniciar en el país un proceso de reforma agraria.

Entonces, estaba plenamente justificada la petición de la ciudadanía de O'Higgins en el sentido de que en ese edificio, construido a gran costo con dineros provenientes de la Ley del Cobre, se instalara una industria de este carácter. No se logró esto durante el Gobierno del señor Ibáñez ni se consiguió tampoco en la Administración del señor Alessandri; pero la lucha continuó, y el actual Gobierno de la República se comprometió ante la ciudadanía a instalar allí una industria como la señalada. Pero las esperanzas de la ciudadanía de O'Higgins fueron defraudadas, porque no se instaló allí ninguna industria nueva, sino que, simplemente, el Gobierno del Presidente Frei creyó cumplir con la palabra empeñada trasladando una industria que funcionaba en Arica a la ciudad de Rancagua.

El señor ARANCIBIA.-

Pero era nueva para Rancagua….

El señor ROSALES.-

Es decir, no se trataba de crear una industria nueva, sino de permitir que una armaduría que funcionaba en Arica lo hiciera ahora en Rancagua.

En primer lugar, no se cumplió con aquello de dar trabajo, porque siempre se habló de que en esta nueva industria podrían encontrar ocupación 4 mil obreros. En la armaduría que funciona en Rancagua trabajan, en estos momentos, 200 personas. Hay bastante diferencia de 200 personas a 4 mil trabajadores.

En segundo lugar, no se fabrican elementos para la agricultura, o sea, para impulsar el proceso de la reforma agraria, como tractores, camiones, rastras, arados, etcétera. Sólo se arman allí automóviles, con partes y piezas fabricadas en otros países.

En resumen, ni la ciudad de Rancagua, ni la provincia de O'Higgins, ni la zona, están recibiendo ningún beneficio de esta industria; absolutamente ninguno, aparte de la patente que paga la FIAT, entiendo que en la Municipalidad de Rancagua, si es que paga patente.

Pero hay un hecho sobre el cual quiero llamar la atención. La FIAT recibió una serie de beneficios extraordinarios. Se le pagaron hasta las ganas para que trasladara su armaduría desde Arica a Rancagua. Se le entregó un flamante edificio, construido especialmente para el funcionamiento de una industria nueva, de un costo superior a los 10 mil millones de pesos, a los 10 millones de escudos, por sólo 500 mil escudos. ¡Y con facilidades de pago!

El señor CLAVEL.-

Es un robo.

El señor ROSALES.-

Se comprometió, con esto, el patrimonio de la provincia de O'Higgins, porque ese edificio fue construido y levantado con fondos pertenecientes a ella.

De manera que la decisión del Gobierno, en el sentido de enajenar este edificio por una suma ridícula, representa un atentado a los intereses de la provincia y de la zona.

¿Qué queda en Rancagua o qué queda en la provincia donde funciona esta armaduría? Como he dicho, no queda nada, aparte de los salarios miserables que paga la FIAT en Rancagua; salarios que son del orden de los diez y doce escudos para personal calificado, para técnicos especializados.

Además, la FIAT trasladó desde Arica a Rancagua a personal técnico con promesa de darle habitación y una bonificación especial, lo que tampoco ha cumplido.

Quiero aprovechar esta oportunidad para denunciar, aquí, esta tarde, que el artículo en discusión no tiene otro objeto que el de arreglar la situación que se le ha creado a la FIAT con su armaduría, lo que no habría ocurrido si en Rancagua se hubiese instalado una industria, como la que reclamó durante tantos años la ciudadanía de esa provincia y que exigimos con insistencia los parlamentarios populares. Nosotros denunciamos, en más de una ocasión, las maniobras que se tejieron para desnaturalizar la intención de que se instalara allí una industria nueva, que significara progreso, que significara trabajo, que significara avance social, que significara avance técnico, que representara una expectativa para los muchachos que estudian, por ejemplo, en la Escuela Industrial de Rancagua, y que una vez que egresan de ese establecimiento no tienen donde laborar.

Deseo que mis palabras representen una denuncia en contra de la política que se ha seguido allí, con la armaduría que trasladó desde Arica la empresa FIAT. Insisto en que detrás de la FIAT están los capitales poderosos de la Fort Motor. De manera que con este artículo se está legislando en favor de estos poderosos monopolios internacionales.

El colega señor Acevedo me ha pedido una interrupción que se la concedo.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Con la venia de Su Señoría, puede hacer uso de la palabra el señor Juan Acevedo.

El señor ACEVEDO.-

Señor Presidente, en la sesión de ayer, durante la discusión de este artículo que tiende a crear un sistema parecido al de las asociaciones de ahorro y préstamo hicimos resaltar que estos nuevos organismos iban a operar en la misma órbita en que lo hacen las mencionadas asociaciones.

El señor STARK ( Vicepresidente).-

¿Me excusa, señor Diputado? Ha llegado el término del tiempo del primer discurso del señor Rosales. Puede continuar en el tiempo de su segundo discurso.

El señor ACEVEDO.-

Decía que iban a operar en la misma órbita de las asociaciones de ahorro y préstamo, y estas instituciones no pueden tener otro lugar de colocación de sus libretas de ahorro sino entre aquellas personas, entre aquellos trabajadores que viven de una renta fija, sean del sector público o privado, entre los profesionales, pequeños comerciantes e industriales. En otras palabras, es un sector numéricamente muy limitado, ya que, para los efectos de otorgar los préstamos, debe, naturalmente, considerarse la renta de aquellos a quienes se concede este beneficio. Crear un nuevo organismo, paralelo a este tipo de asociaciones que tienden a resolver el problema habitacional en el país, significa realmente cambiar las reglas del juego y hacerles una mala pasada.

En estos instantes, no podemos pensar en una cosa así, ya que a través de leyes especiales, tradicionalmente en Chile se han ido mejorando las rentas de los trabajadores, tanto del sector público como privado, en el caso del reajuste imperante durante el presente año, en un 12,5% en dinero y un 7,5% en cuotas CORVI.

Esto está revelando que no hay posibilidad, aun cuando en el sentimiento de muchos colegas e incluso de gente del Ejecutivo, existe el sano propósito de que cada chileno pueda tener un vehículo. Es natural y es un deseo muy plausible, pero muy difícil de llevarlo a la práctica.

Sabemos que los sectores de trabajadores están económicamente estrechos y que para resolver problemas básicos, como el vestuario, por ejemplo, deben recurrir a créditos. Y no se trata solamente del sector de trabajadores con rentas bajas; es el caso incluso de los propios parlamentarios que se visten a través de la Cooperativa del Servicio de Bienestar, o sea, se visten con ternos que se pagan a 8 ó 10 meses plazo; compran camisas a 4 meses plazo; adquieren zapatos a 5 meses plazo….

El señor ARANCIBIA.-

A 4 meses.

El señor ACEVEDO.-

….o a 4 meses, como me anota el colega Arancibia. El valor de los artículos alimenticios deben descontarse dentro de los 30 días del mes en que se adquieren.

Entonces, ¿cómo podemos hacernos la ilusión de que realmente los trabajadores, la gente que necesita un medio de locomoción, -nos imaginamos aquellos funcionarios de la Administración Pública o empleados particulares que viven en el barrio alto, por ejemplo-, puedan disponer de automóvil?

El señor CLAVEL.-

¿Me concede una interrupción?

El señor ACEVEDO.-

Yo estoy haciendo uso de una interrupción y, reglamentariamente, no puedo concedérsela.

¡Cómo desearíamos nosotros que ellos pudieran disponer de automóvil! Ayer un colega nos citaba el caso de la gente que trabaja en el Cobre, en Chuquicamata, por ejemplo; la del Salitre, de "Pedro de Valdivia" y de "María Elena". Pero, ¡cómo!, si el personal de empleados de estas oficinas ha debido declarar una huelga para que no exoneraran a un número mayor de empleados, y éstos debieron ser apoyados por los trabajadores, por los obreros, para poder impedir la cesantía. En consecuencia, no se ve posibilidad alguna de que puedan adquirir esos vehículos.

Ahora bien, hay otros rubros en el núcleo familiar que también requieren inversiones, por ejemplo, la adquisición de un televisor. Saben los señores Diputados que se van a establecer estaciones retransmisoras de televisión a través de algunas ciudades del país, que se va a instalar un nuevo canal en Punta Arenas, o sea, en Magallanes y se va a mejorar el canal de Antofagasta. En consecuencia, muchos empleados y obreros también deberán entrar en algunas economías para poder reunir los Eº 3.000 que vale un aparato de televisión.

Entonces, señor Presidente, tenemos que llegar a la conclusión de que los sectores que viven de una renta fija, sean activos o pasivos, no están en condiciones de ser beneficiados por esta disposición y que este artículo 11º sólo pretende hacerle una mala jugada a las asociaciones de ahorro y préstamo. Los que podrían estar interesados en hacer inversiones de este nuevo tipo serían aquellas personas que realmente tienen recursos y sería por lo que hacía notar el colega Cademártori el día de ayer, de que los reajustes de depósitos o instrumentos de ahorro no se consideran renta. Para estos efectos, le conviene a la gente que tiene dinero, que trabaja especulando y que hace...

El señor STARK ( Vicepresidente).-

¿Me excusa señor Diputado? Ha llegado la hora de término del Orden del Día.

El señor ACEVEDO.-

¿No es posible prorrogarla, señor Presidente?

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Solamente por unanimidad, señor Diputado.

No hay acuerdo.

Queda pendiente el despacho de este proyecto, desde el artículo 11º adelante, y queda también con la palabra el señor Acevedo, en la interrupción que le concedió el señor Rosales, don Carlos.

El señor SANHUEZA.-

¿Se respetarán las inscripciones para usar de la palabra, señor Presidente?

El señor STARK ( Vicepresidente).-

Sí, señor Diputado.

CONVERSIÓN DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS POR EL BANCO DEL ESTADO DE CHILE DESDE LA VIGENCIA DE LA LEY Nº 16.253 EN CREDITOS DE FOMENTO.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Corresponde, ahora y según el acuerdo de la Sala, continuar tratando el proyecto que establece que el Banco del Estado de Chile podrá convenir la conversión de los créditos otorgados desde la vigencia de la ley 16.253.

El proyecto está impreso en el boletín Nº 10.996-A.

La Sala acordó otorgar al señor Ministro de Hacienda el tiempo necesario para que se refiera a algunas de las disposiciones de este proyecto.

Está pendiente la discusión del artículo 11.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Pido la palabra.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, el artículo pendiente tiene por objeto crear, en el país, un sistema financiero para dar acceso, en lo referente a la compra de vehículos motorizados, a sectores que, hoy día, difícilmente pueden tenerlo, en razón de los plazos o condiciones que fijan, en la actualidad, las sociedades dedicadas a la distribución de los vehículos.

Mediante el sistema propuesto, se tiende a los siguientes objetivos: en primer término, incrementar el ahorro encauzado por los intereses directamente a la compra de vehículos. En ningún caso, se otorgarán franquicias para el ahorro puro que pudieran hacer personas que no quisieran adquirir vehículos, sino que utilizar el sistema como una forma de ahorro. Ello en razón de que creemos que, en materia de incentivo al ahorro puro que pueden hacer otras personas en un sistema distinto, deben favorecerse con mecanismos diferentes, como son los mecanismos de ahorro y préstamo para la vivienda, como el sistema financiero creado por el Banco Central de Chile, a través de los certificados de ahorro reajustables.

En segundo lugar, se pretende, mediante esta disposición, crear financieras con responsabilidad económica y con responsabilidad, también, frente a los adquirentes. Hoy día, se ha buscado como mecanismo la creación de financieras que, realmente, no están sujetas a ningún control, ni tampoco se les exige ningún respaldo económico.

Mediante el sistema que propone crear el Ejecutivo, se exigirá a las empresas productoras, a través de sus casas matrices, traer capitales frescos, de manera que esos capitales frescos puedan financiar el mayor plazo que se otorgaría a los adquirentes de vehículos.

Se sujetará este sistema de financieras al control de la Superintendencia de Bancos y previo informe de los organismos técnicos que, por el Gobierno, dirigen toda la política automotriz.

Es necesario crear estos sistemas. En todos los países donde se ha dado nacimiento a la industria automotriz ha sido preciso, para incrementar el mercado y dar acceso a mayor número de personas, crear sistemas similares, ya que, en caso contrario, se produce un estancamiento en el desarrollo de la industria automotriz y el número de unidades tiende a estabilizarse, lo cual significa mantener el alto costo del producto.

Si nosotros tenemos capacidad para hacer acceder a un mayor número de personas, indiscutiblemente podremos facilitar el desarrollo de la industria automotriz. Esto no significa que se van a permitir ganancias fuera de las normales.

Muy por el contrario. Los organismos técnicos, como la Corporación de Fomento de la Producción, en lo que se refiere a política automotriz, y la Superintendencia de Bancos, en materia financiera, tendrán a su cargo la regulación del mercado, la seriedad del financiamiento y la seguridad para las personas que deseen ahorrar para este tipo de adquisiciones, en el sentido de que lo hieran sin estar en la inestabilidad que puede producirse de mantenerse el actual sistema, en el cual no existe, como decía, control alguno por parte de ningún organismo técnico del Estado o sus controles son mínimos.

Entiendo que en la Cámara se ha criticado este sistema, porque, a través de él se incentivaría el consumo de vehículos. Creo que en Chile, como en cualquier país que realmente quiere salir de su condición de subdesarrollo, es preciso incentivar este tipo de industrias, puesto que son ellas las más estratégicas en el desarrollo, tanto por el monto del capital que mueven como por la actividad que da a las industrias subsidiarias, derivadas de la automotriz, como también por el número de plazas de trabajo que crean.

Puedo expresar que cuando el Gobierno se hizo cargo de la Administración, el número de vehículos que se producía en el país, cuyo aumento se pretende favorecer con este tipo de disposiciones, era del orden de los cinco mil. En el presente año, según los programas que hay, se tiende a una producción del orden de los veinte mil; y si queremos seguir incrementando las posibilidades de producción de estas empresas y las posibilidades de adquisición por parte de los sectores medios y de mayores ingresos que hoy día no tienen acceso a vehículos, es absolutamente necesario crear estos sistemas financieros, con diferenciaciones, como he dicho, en relación a los otros sistemas financieros de ahorro, de manera que no choquen entre sí o se hagan juego.

En ningún caso pretendemos perjudicar el ahorro en vivienda. Queremos sólo incentivar el ahorro directo que haga una persona para adquirir un vehículo; de modo que tenga la seguridad de que su economía va a ir directamente a la adquisición del vehículo y que va a tener la seguridad de que se le va a entregar una vez celebrado su convenio; y, además, deseamos que las empresas productoras, a través de sus casas matrices, puedan traer capitales frescos que hoy día no están en el país.

Esas son las razones que han movido al Gobierno a proponer esta disposición.

Nosotros estamos llanos, en los trámites parlamentarios que restan, a introducir las modificaciones que sean necesarias, con el objeto de aclarar los alcances de la norma que he explicado en estas pocas palabras.

Nada más, señor Presidente.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Según el acuerdo, los Comités disponen de hasta cinco minutos para aclarar este asunto desde sus respectivos puntos de vista.

El señor PHILLIPS.-

Pido la palabra.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PHILLIPS.-

Señor Presidente, tal vez una de las personas a que se refería el Ministro haya sido el que habla. Le pediría que…

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Señor Phillips, Su Señoría está con la palabra.

El señor PHILLIPS.-

Estaba esperando que terminaran de conversar.

Decía, señor Presidente, que, seguramente, a quien se refería el Ministro en sus observaciones era a mí, pues en la Comisión hice algunos alcances a esta disposición.

Afortunadamente, el Ejecutivo, a través del Ministro, ha cambiado, ha ampliado su criterio frente a esta disposición.

Indiscutiblemente, es distinta la explicación dada por el Ministro, pues ha dicho que los armadores de vehículos tendrán que aportar capitales frescos a estas financieras. De otra forma, el sistema propuesto no tendría ningún valor.

En seguida, otra de las afirmaciones que yo hice se refirió al precio de los vehículos, materia que no corresponde al Ministro señor Zaldívar. Porque, es indiscutible, que una camioneta que hoy día, digo ayer, valía 69 millones y medio de escudos, y hoy amanece a 74 millones, con el tipo de reajuste que estas financieras le impondrán, va a pasar de los 100 millones de escudos.

El señor MORALES (don Carlos).-

¡Quinientos millones!

El señor PHILLIPS.-

Así que no sé qué tipo de disposición -creo que no es el momento de hacerlo- se podría colocar para atajar este precio especulativo que tienen los vehículos. Como digo, en este momento, una camioneta que no vale más de 1.100 dólares, cuesta en Chile alrededor de 74 mil escudos, lo que es excesivo.

Frente a esto, en la Comisión le planteaba al Subsecretario el problema que se presenta por los intereses que se pagan en la Corporación de Fomento de la Producción por la maquinaria agrícola. Naturalmente, no es cosa de su Ministerio, pero es asunto de la política general del Gobierno. Por ocho meses, la CORFO cobra un interés altísimo, en circunstancias que una ley de la República, iniciada en una moción del que habla y del señor Lavandero, establece que no puede pagarse más de tres veces el valor del vehículo. Yo creo que el Gobierno debería buscar una solución a este problema, porque incide en la producción, que tanto necesita el país.

Me alegro que el alcance de la disposición respecto de las financieras sea otro, es decir que éstos se creen con aportes de capitales frescos; pero, al mismo tiempo, insinúo que el titular de la Cartera de Economía arbitre medidas para que los precios de los vehículos no suban en la forma que he indicado. Como dije, ayer una vulgar camioneta costaba Eº 69.500 y hoy día Eº 74.000, un vehículo que no vale más de 1.100 dólares. Con el reajuste, que tendrá que ser del ciento por ciento del alza del costo de la vida, los vehículos alcanzarán precios prohibitivos, fabulosos, sobre todo considerando que se pretende entregarlos a los estratos de más bajos recursos.

Nada más.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Está inscrito a continuación el señor Acevedo. Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.

El señor ACEVEDO.-

Señor Presidente, durante la discusión del artículo 11 en las sesiones anteriores, hicimos notar el hecho de que la mayoría de los chilenos sólo puede adquirir algún bien raíz a través de alguna economía, porque los que tienen suficientes disponibilidades, naturalmente, lo hacen en forma directa y, en consecuencia, no requieren créditos.

El sistema de asociaciones de ahorro que ahora se plantea para los efectos de adquirir automóviles es similar al que está en práctica para la adquisición de viviendas, problema éste que aún no se ha resuelto en el país. En consecuencia, quienes han adquirido cuotas de ahorro, tanto en Asociaciones de Ahorro y Préstamo como en la Corporación de la Vivienda, no han entregado lo suficiente como para poder ser definitivamente propietarios de una vivienda, y gran parte de los recursos para financiar estas asociaciones se han obtenido a través de empréstitos con el aval del Estado.

Por lo tanto, el artículo 11, en sí mismo, significa un engaño en cuanto a crear un incentivo en la gente. Estamos conscientes de que hay muchos que, evidentemente, desean tener un automóvil; pero es posible que en la esperanza de que les concedan un préstamo para financiar la parte que les falta para cubrir los altos precios que tienen los vehículos, los jefes de hogar, los empleados del sector público, del sector privado, vayan a distraer recursos que podrían ser destinados a fines más útiles en el hogar.

Este artículo tiende a beneficiar a las empresas armadoras de automóviles, a impedir que tengan que soportar lentitud en las ventas y a que se produzca atocha-miento en las armadurías. Pero por este camino están creando ilusiones; no es el más constructivo.

Más aún, en este problema no sólo hay que considerar el precio de venta del automóvil, que es excepcionalmente caro, porque una citroneta, que comúnmente se está vendiendo a 12 meses plazo, vale 30 mil escudos, y un Dodge 70.000 escudos. Esos precios no están al alcance de un empleado particular, aunque gane 4, 5 u 8 sueldos vitales. A todo esto hay que agregar los fuertes intereses que se cobran.

Los distribuidores dan facilidades como se darían, también a través de este tipo de asociación, pero ellas tienen un recargo del orden del 3% mensual, vale decir, del 36% al año.

En la sesión anterior, algunos de los colegas que defendieron el artículo 11 manifestaron que los plazos de venta podrían ser hasta de tres o cuatro años. Es decir, este vehículo, a los tres o cuatro años, va a estar muy deteriorado, porque los neumáticos se gastan con mucha facilidad y el motor no es eterno. De modo que su mantenimiento exigirá, naturalmente, a su dueño tener una buena renta. Aquel que está ahorrando para adquirir un vehículo, que tiene que seguir ahorrando para servir la deuda del vehículo que adquirió, no va a tener con qué mantenerlo. Esta es la verdad. Cuando al correr del tiempo consuma los neumáticos y, evidentemente, agote el motor, no tendrá coche. De suerte que es una ilusión lo que decía el señor Ministro, porque si bien ello va a permitir que las empresas armadoras traigan capitales frescos con el objeto de entonar la producción, significará para los chilenos un esfuerzo demasiado duro.

En consecuencia, nosotros vamos a votar en contra del artículo 11, porque estimamos que es un engaño, una ilusión.

El señor SANHUEZA.-

Pido la palabra.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Tiene la palabra el señor Sanhueza.

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, yo pienso que en un mercado sano automotriz, la medida que contempla el artículo 11 sería factible. Pero, desgraciadamente, estamos muy lejos de esa realidad. La Honorable Cámara debe recordar las conclusiones de la Comisión investigadora que tuvo a su cargo el proceso del estudio de la comercialización de automóviles, y la verdad es que desde esa fecha hasta ahora muy pocas cosas se han hecho para poner fin a la especulación que ha existido y existe en la actualidad, especialmente en el precio de los automóviles…

El señor PALESTRO.-

¡Así es!

El señor SANHUEZA.-

Pienso que sería difícil, a pesar que nosotros tratemos de crear incentivos para comprar automóviles a través de un proceso de ahorro, bajar los precios que tienen los vehículos y dejarlos al alcance de los sectores de la clase media y de los trabajadores que los necesitan como instrumento de trabajo, porque, por mucho que se dé plazo, las cuota-; mensuales no serían inferiores a 800 o 900 escudos mensuales, lo que, evidentemente, sería muy difícil resolver dentro del presupuesto familiar que tenemos en la actualidad.

Ahora bien, la Comisión en esa oportunidad y, posteriormente, varios Diputados hemos planteado ciertas políticas que se deben seguir, que, desgraciadamente, la Comisión Automotriz de la CORFO no ha escuchado. Por eso, en la medida que se siga aumentando el porcentaje de integración de piezas y partes nacionales - que ya en este instante es de un 53 por ciento-, vamos a seguir encareciendo el automóvil. Al mismo tiempo, debido a la baja producción, la calidad de esas piezas y partes va a tener un grado de ineficiencia bastante grande, como es la que ahora existe en muchos casos y que deben sufrir los compradores. Además, de acuerdo incluso con informes de organismos del Estado, una manera de resolver el problema y bajar el precio de los automóviles sería la mayor producción de las diferentes industrias que existen. En este momento, ninguna ha alcanzado una capacidad de producción superior a las 5 mil unidades. Con esta cifra podríamos obtener una rebaja de hasta el 20 por ciento del costo.

Eso no lo digo yo, sino los organismos oficiales del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Por eso, resulta también inexplicable que, lejos de ir disminuyendo el número de firmas que fabrican automóviles -que en un momento fueron 22 y que hoy son 6 ó 7- se piense incluso en instalar industrias nuevas. Creo que, si bien es cierto que eso resuelve otro tipo de problemas, el abaratamiento de los costos sólo logrará resolverse cuando existan en el país dos o tres firmas que tengan capacidad para armar automóviles de acuerdo a las necesidades del país, que puede ser en un momento una cifra de 30 mil automóviles al año.

Por eso, en este caso quiero salvar mi responsabilidad sobre esta materia, ya que pienso que para vender automóviles no es la solución organizar un sistema que, prácticamente, haga ilusionarse a la gente y endeudarse más, porque la falla fundamental está en el precio de los vehículos. Mientras ese precio no sea controlado con medidas como las que me he permitido indicar, sin perjuicio de que se apliquen otras, no va a haber capacidad económica suficiente, cualquiera que sea la fórmula que se emplee, para poder adquirirlos.

Creo que este procedimiento es bueno en un mercado sano; pero, como decía al iniciar mis palabras, estamos muy lejos de tenerlo. Por lo tanto, me voy a abstener en esta votación.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación el artículo 11.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 14 votos.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Aprobado el artículo.

En votación el artículo 12.

- Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Aprobado el artículo.

En votación el artículo 13.

- Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor ( Presidente).-

Aprobado el artículo.

En votación el artículo 14.

Si les parece a los señores Diputados se dará por aprobado.

Aprobado.

En votación el artículo transitorio.

Si le parece a los señores Diputados se aprobará.

Aprobado.

Terminada la discusión del proyecto.

PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA AL BANCO DEL ESTADO DE CHILE PARA CONVENIR LA CONVERSIÓN DE CRÉDITOS OTORGADOS DESDE LA VIGENCIA DE LA LEY 16.253.

Con motivo del Mensaje, informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de Vuestra Excelencia, la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1°.- El Banco del Estado de Chile podrá convenir la conversión de los créditos otorgados desde la vigencia de la ley Nº 16.253 en créditos reajustables de fomento, siempre que el objeto de aquéllos haya cumplido con las finalidades contempladas en ella.

Artículo 2°.- Agrégase a continuación del artículo 6ª de la ley Nº 16.253, como artículo 6º bis, el siguiente:

"Artículo 6º bis.- En todos los juicios de cobro de las operaciones comprendidas en el artículo 6º de la presente ley, incluso en los juicios de quiebras, el pago se hará en moneda nacional, liquidándose el crédito por el valor que tengan las unidades de fomento a la fecha de dicho pago, de acuerdo con los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 40 del Ministerio de Hacienda, de fecha 2 de enero de 1967.

Si el juicio fuere ejecutivo, no será necesaria la avaluación previa del artículo 438 del Código de Procedimiento Civil.".

Artículo 3°.- Reemplázase el inciso primero del artículo 1º de la ley Nº 16.407, por el siguiente:

"Las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, se reajustarán anualmente en el porcentaje del 100% de variación que en dichos período experimente el índice de precios al consumidor del Departamento de Santiago, que determine la Dirección General de Estadística y Censos.".

Artículo 4°.- Reemplázase el inciso penúltimo del artículo 1º de la ley Nº 16.407, por el siguiente:

"Las cantidades que gocen de reajuste en conformidad a lo dispuesto en este artículo devengarán el interés que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro creada por Decreto Supremo Nº 2.590, publicado en el Diario Oficial Nº 26.651, de 25 de enero de 1967. Sobre el saldo del depósito no reajustado se abonará el interés normal del depósito.".

Artículo 5°.- Reemplázase el artículo 1º del Reglamento Nº 405 de cuentas de ahorro a plazo del Banco del Estado de Chile, publicado en el Diario Oficial de 15 de febrero de 1966, por el siguiente:

"Artículo 1°.- Tienen derecho a reajuste las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, bajo dicha denominación, que se hallen vigentes al 31 de diciembre de cada año y que no registren en el año calendario un número superior de giros al que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro.".

Artículo 6°.- Suprímese el inciso segundo de la letra k) del artículo 14 del D.F.L. Nº 251, de 1960.

Artículo 7°.- Agrégase el siguiente inciso al artículo 235 de la ley Nº 16.617:

"Los préstamos controlados e hipotecarios que el Banco del Estado de Chile otorgue a sus imponentes de ahorros estarán afectos al impuesto establecido en este artículo, y su producto se depositará en una cuenta especial en el Banco del Estado de Chile, quien lo administrará y destinará exclusivamente a completar el aporte que el Fisco debe efectuar a dicho Banco de conformidad a las disposiciones de la ley Nº 16.407. Este impuesto afectará a los préstamos que se otorguen a contar de treinta días después de promulgada la presente ley.".

Artículo 8°.- Las condiciones, plazos y modalidades de las emisiones o debentures a que se refiere el artículo 11 de la ley Nº 13.908 y las que se fijen en el futuro para los sistemas de ahorro a que se refiere el artículo 39, letra j) del D.F.L. Nº 247, de 1960, el D.F.L. Nº 205, de 1960, y el Decreto Supremo de Hacienda Nº 11.429 del mismo año, el D.F.L. Nº 251, de 1960, y la ley Nº 16.407, la ley Nº 16.253 y el Decreto Supremo de Hacienda Nº 40, de enero de 1967, y el RRA. Nº 20, de 1963, deberán contar previamente con el informe favorable de la Comisión Nacional de Ahorro creada por Decreto Supremo Nº 2590, publicado en el Diario Oficial 26.651, de 25 de enero de 1967.

Artículo 9°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 4.657:

1°.- Intercálase en el Nº 6 del artículo 6° entre la palabra "interés", después de la coma (,) que la sigue, y las palabras "la forma" las siguientes "la forma de reajuste del empréstito".

2°.- Sustituir en el artículo 7° las palabras "la escritura de emisión será publicada íntegramente y" por las siguientes: "un extracto de la escritura de emisión aprobado por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio será publicado"; y reemplazar las palabras "inscrita" y "anotada" por las palabras "inscrito" y "anotado".

3°.- Intercalar en el Nº 7 del artículo 9º entre la palabra "interés" después de la coma (,) que la sigue y las palabras "la forma", las siguientes: "la forma de reajuste del empréstito".

4°.- Sustituir el inciso primero del artículo 10 por el siguiente:

"El valor nominal inicial de cada bono no podrá ser inferior a cien escudos ni superior a cinco mil escudos.".

5°.- Sustituir en el párarafo 2º del inciso primero del artículo 12 la palabra "Segunda" por la siguiente: "Primera", y en el segundo inciso de este artículo agregar después de la palabra "valor" las palabras "o la forma de determinarlo".

6°.- Sustituir el artículo 18 por el siguiente:

"Artículo 18.- Podrán emitirse bonos reajustables o a prima, fijando en este último caso para su suscripción una suma inferior a su valor nominal. Para la aplicación de las disposiciones legales que limitan el interés convencional se considerará en los bonos reajustables o a prima sólo la tasa de interés calculada sobre el valor nominal inicial del bono más el reajuste en su caso. Tanto el reajuste como la prima no se considerarán interés ni renta para ningún efecto legal para quien se beneficie con ellos. De la misma manera, la diferencia que obtenga el tenedor de bonos entre el precio de suscripción o adquisición y el de rescate o transferencia tampoco se considerará como renta para ningún efecto legal.".

7°.- Agregar en el artículo 20 después de la palabra "interés" las siguientes "y reajuste".

8°.- Sustituir en el artículo 22 las palabras "no podrá hacer uso alguno del dinero pagado por los suscriptores de los bonos", por las siguientes: "sólo podrá destinar el dinero pagado por los suscriptores de bonos a inversiones o bienes de fácil liquidación".

9°.- Agregar en el artículo 23 después de la palabra "intereses" lo siguiente: "y reajuste".

10.- Agregar en el artículo 25 después de la palabra "bonos" las siguientes: "o a quien éstos indiquen".

11.- Suprimir en el artículo 29 la frase "con autorización de la junta de tenedores de bonos".

12.- Suprimir en el artículo 32 las palabras "por medio de sorteo de los títulos respectivos y sólo".

13.- Sustituir en el primer párrafo del inciso primero del artículo 33 las palabras "El sorteo de los bonos" por las siguientes: "En el caso que la amortización se efectúe por sorteo éste".

14.- Agregar en los artículos 35 y 41 después de la palabra "nominal" lo siguiente: "más el reajuste en su caso".

15.- Agregar entre los párrafos sexto y séptimo un párrafo nuevo con el título "Autorizaciones especiales" y con el siguiente artículo nuevo:

"Artículo...- Para emitir bonos con reajuste será necesario que la sociedad emisora obtenga previamente una autorización especial para cada emisión de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, previo informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile y de la Comisión Nacional del Ahorro creada por Decreto de Hacienda Nº 2590, de 24 de diciembre de 1966.

Las Sociedades Anónimas que deseen emitir bonos con reajuste deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar que el empréstito tiene por objeto obtener los capitales de explotación o de inversión necesarios para el desarrollo de sus actividades.

b) Que el monto del empréstito guarde relación con el volumen de los negocios de la sociedad solicitante y que se encuentra suficientemente garantizado con el capital propio de la sociedad y los ingresos provenientes de sus operaciones. Sin perjuicio de que deba acreditarse esta circunstancia, estos empréstitos en todo caso deberán tener garantía debidamente calificada por la Superintendencia al autorizar la emisión.

c) Que el bono mediante el cual se colocará el empréstito cumple los requisitos de forma y fondo que establezca la Superintendencia.

d) Ofrecer una fórmula de reajuste equitativa que tenga por objeto preservar el valor adquisitivo inicial del empréstito para quien lo cubra.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia, en la resolución que pronuncie aprobando la emisión del empréstito, podrá fijar las condiciones de la emisión y de la colocación respectiva con las más amplias facultades. Dicha resolución se protocolizará ante Notario Público, se inscribirá en el Registro de Comercio correspondiente, y se anotará al margen de la inscripción de la sociedad en el mismo Registro.".

16.- Sustituir el artículo 75 por el siguiente:

"Artículo 75.- Los representantes de los tenedores de bonos y las empresas que se encarguen de la colocación de los documentos mercantiles a que se refiere esta ley, responderán de la culpa y negligencia en el cumplimiento de esta ley y de violación de cualquiera de sus deberes que su carácter les imponga.".

Artículo 10.- Agrégase al inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 16.394 el siguiente párrafo: "Estas mismas sociedades podrán también colocar en el público, en igual forma directa, bonos o debentures de su propia emisión, sujetándose a las disposiciones de la presente ley.".

Artículo 11.- Se autoriza al Presidente de la República para dictar disposiciones que permitan el establecimiento de organismos privados con personalidad jurídica, destinados a recibir ahorros y otorgar préstamos reajustables o no, para la adquisición de vehículos motorizados, los que estarán sometidos a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos.

En uso de estas facultades, podrá establecer normas relativas a la constitución, organización, funcionamiento, disolución y liquidación, capital con que deben constituirse y funcionar tales organismos, garantías que deben rendirse, procedimiento a que deben ceñirse y multas que deban pagarse. Podrá, además, dictar las disposiciones legales tendientes a regular las operaciones en general, créditos y depósitos y a fijar sus plazos, tasas de interés y formas de reajuste; colocaciones e inversiones que puedan realizar y encajes que deban mantener y las limitaciones o prohibiciones a que queden sujetos tales organismos.

Asimismo, el Presidente de la República queda autorizado para otorgar a las personas que se acojan al sistema de ahorro indicado en el inciso primero, las siguientes franquicias:

a) Los reajustes de depósitos o instrumentos de ahorro, no se considerarán renta;

b) Los intereses repartidos a los ahorrantes estarán exentos del impuesto de Primera Categoría de la Ley de la Renta, pero afectos al impuesto Global Complementario;

c) Los intereses repartidos a los ahorrantes, estarán exentos del impuesto a los servicios, y

d) No formarán parte del Activo del Patrimonio del ahorrante, los ahorros en estas instituciones y sus reajustes.

Los textos que se dicten en uso de las facultades conferidas por este artículo podrán ser modificadas por el Presidente de la República dentro de los dos años siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 12.- Modifícase el artículo 54 de la ley Nº 11.704 en el siguiente sentido:

"Colócase un punto a continuación de la palabra "negocio" y suprímese a continuación la frase: "hasta un límite de 200 sueldos vitales mensuales en el pago total en el año" y sustitúyese la expresión "Eº 500" por la siguiente: "un sueldo vital anual clase A. del Departamento de Santiago".

Artículo 13.- Agréganse los siguientes incisos finales al artículo 54 de la ley Nº 11.704:

"El recargo que establece este artículo se aplicará sobre el capital efectivo con que gire el negocio cada año. Dicho capital deberá ser igualmente considerado para los efectos de la aplicación de las patentes mínimas que esta disposición establece.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, los contribuyentes afectos al pago de patentes, de las señaladas en el inciso primero de este artículo, deberán presentar una declaración anual sobre el monto del capital con que operan ante la Municipalidad de la Comuna respectiva, acompañando copia del Balance presentado ante Impuestos Internos.

El 50% de los fondos que obtengan las Municipalidades por concepto de recargo de capital, será destinado a incrementar el ítem de Obras de Adelanto Local de cada comuna.".

Artículo 14.- Aplicase también al personal de la Corporación de la Reforma Agraria lo dispuesto en el artículo 110 de la ley Nº 16.840.

Artículo transitorio.- Las modificaciones que la presente ley introduce al artículo 54 de la ley Nº 11.704, no afectarán, en ningún caso, la validez de los pagos que hubieren efectuado los contribuyentes en un sentido diverso, con anterioridad a su vigencia.".

Dios guarde a Vuestra Excelencia.- (Fdo.) : Héctor Valenzuela Valderrama.- Arnoldo Kaempfe Bordalí.

?6.- INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA AL BANCO DEL ESTADO DE CHILE PARA CONVENIR LA CONVERSION DE CREDITOS OTORGADOS DESDE LA VIGENCIA DE LA LEY 16.253.

"Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Hacienda ha estudiado el proyecto de ley, originado en la Honorable Cámara de Diputados, que autoriza al Banco del Estado de Chile para convenir la conversión de créditos otorgados desde la vigencia de la ley 16.253.

A las sesiones celebradas por vuestra Comisión concurrieron, además de sus miembros, el Honorable Senador señor Castro, el señor Ministro de la Vivienda, don Andrés Donoso, el señor Subsecretario de Economía, don Hernán Lacalle, el señor Subsecretario de Hacienda, don José Florencio Guzmán, el señor Subsecretario de la Vivienda, don César Díaz-Muñoz, el Presidente del Banco del Estado de Chile, don Alvaro García, el Fiscal de la misma institución, don Jorge Mandujano, el Presidente de la Caja Central de Ahorros y Préstamos, don Enrique Straub, el Jefe de la División de Industrias del Ministerio de Economía, don Oscar Morel, y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Automotriz de la Corporación de Fomento de la Producción, don Juan Nestler.

Asimismo, efectuaron exposiciones los señores José Florencio Infante, Martín García y Hernán Lavanderos, por la Federación Nacional de Asociaciones de Ahorro y Préstamo; Carlos Torretti, Carlos Pose y Eduardo Dagnino, por la Confederación de la Producción y del Comercio; Luis Escobar Urrutia, Francisco Giovine, John Nielsen y Eduardo Valdés, por la Asociación de Importadores de Automóviles; Carlos Lagos, por la Cámara Chilena de la Construcción, y Hernán Becerra Mücke y Mario Po-blete, por la Agrupación Nacional de Empleados Semifiscales.

Aprobación General

La iniciativa de ley en informe legisla sobre diversas materias que analizaremos separadamente en los párrafos siguientes.

Vuestra Comisión aprobó en general el proyecto con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Báltra, Noemi y von Mühlenbrock, y la abstención del Honorable Senador señor Altamirano.

El Honorable Senador señor Baltra fundamentó su voto en que la mayor parte de las materias reguladas por el proyecto requerían de legislación, y que si bien disentía de algunas de sus disposiciones, especialmente la relativa a la creación de asociaciones de ahorro y préstamos para la adquisición de automóviles, el voto en general en contra impedía dictar normas sobre los asuntos antes referidos.

El Honorable Senador señor Von Mühlenbrock' fundó su voto en que concuerda con la idea de legislar en materia de conversión de créditos y en lo referente a la emisión de debentures reajustables por las sociedades anónimas; y anunció, por otra parte, que votaría en contra de los textos de los artículos 11 y 12 aprobados por la Honorable Cámara de Diputados, sin perjuicio de lo cual esperaría las indicaciones del Ejecutivo sobre estos últimos puntos con el objeto de tomar una posición definitiva frente a ellos.

El Honorable Senador señor Noemi hizo presente que el proyecto contenía disposiciones sumamente importantes. Agregó que las indicaciones del Ejecutivo relativas al financiamiento de la Adquisición de automóviles y a patentes municipales salvarían las objeciones que los actuales textos le merecen a algunos miembros de la Comisión.

El Honorable Senador señor Altamirano reservó su opinión y la de su Partido para la discusión particular del proyecto.

Artículo 1º (Conversión de créditos del Banco del Estado).

El precepto en informe autoriza al Banco del Estado de Chile para convenir la conversión de los créditos otorgados desde la fecha de vigencia de la ley Nº 16.253, sobre Bancos de Fomento, en créditos reajustables de fomento, siempre que el objeto de aquellos haya cumplido con las finalidades de estos últimos.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la ley de Bancos de Fomento fue publicada el 19 de mayo de 1965, y que su artículo 6º los facultó para conceder préstamos reajustables en las condiciones que fijaría un Reglamento. Pues bien, este último fue publicado sólo el 20 de enero de 1967.

Durante el lapso comprendido entre ambas fechas, el Banco del Estado de Chile, que fue autorizado por la ley referida para actuar como Banco de Fomento, otorgó diversos préstamos que cumplían con las finalidades del mencionado cuerpo legal, pero por no haberse dictado el Reglamento, en las condiciones ordinarias de los préstamos bancarios.

Ahora bien, el precepto soluciona esta situación permitiendo la conversión de los créditos.

El Honorable Senador señor Baltra manifestó su acuerdo respecto de la disposición, porque permite transformar créditos comerciales en de producción, pero agregó que preferiría que la conversión fuera un derecho de los interesados en lugar de una facultad del Banco.

El señor Fiscal del Banco del Estado manifestó su acuerdo con la proposición del Honorable Senador señor Baltra. Dijo, además, que en todo caso la institución deberá verificar la inversión del crédito que se pretende transformar en de fomento. Por último, expresó que sería conveniente limitar la obligatoriedad de la conversión sólo a los créditos ya concedidos, porque al solicitarse uno nuevo el interesado puede escoger el sistema de préstamos reajustables.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó el artículo con las enmiendas propuestas por el H. Senador señor Baltra y el señor Fiscal del Banco del Estado de Chile.

Artículo 2º (reajustabilidad de los créditos de fomento en caso de juicios de cobro).

La disposición en informe establece que, en los juicios de cobro de los préstamos reajustables de fomento, el pago se hará en moneda corriente; liquidándose el crédito por el valor que tengan las unidades de fomento a la fecha de dicho pago.

El señor Fiscal del Banco del Estado manifestó que, según la legislación vigente, la solicitud de mandamiento de ejecución y embargo debe hacerse por un monto determinado; y que, de igual manera, debe precederse al verificarse los créditos en un juicio de quiebra. Es decir, en dichos momentos, los créditos reajustables dejan de serlo. Como los procedimientos judiciales duran algún tiempo, agregó el señor Fiscal, el ejecutado o fallido queda en una situación de privilegio frente a los otros deudores de créditos reajustables, que por cumplir puntualmente sus obligaciones con el Banco deben pagar el reajuste por todo el plazo del crédito.

El Honorable Senador señor Altamirano manifestó que su Partido siempre se ha opuesto a los sistemas reajustables, que han permitido crear múltiples monedas en Chile.

El señor Subsecretario de Hacienda dijo que en la práctica va a haber una sola moneda en materia de instrumentos de ahorro, que también se aplica a las unidades de servicio de las deudas, pues todos se reajustan de acuerdo al índice de precios al consumidor.

Vuestra Comisión, con el voto en contra del Honorable Senador señor Altamirano, aprobó el artículo.

Artículo 3º (reajuste de las cuentas de ahorro a plazo en el Banco del Estado de Chile).

La norma en informe establece que las referidas cuentas se reajustarán anualmente en el 100% de la variación que en el mismo período experimente el índice de precios al consumidor.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la legislación vigente faculta al Directorio del Banco para otorgar del 75 al 100% de reajuste a dichas cuentas. Agregó que el precepto tiende a igualar este sistema de ahorro con los demás, al darle seguridad al ahorrante de que su dinero se reajustará de acuerdo a la variación total que experimente el índice de precios al consumidor.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó el artículo.

Artículo 4º (intereses de los depósitos de ahorro a plazo en el Banco del Estado).

El precepto en informe establece que los depósitos de ahorro en el Banco del Estado de Chile devengarán el interés qué determine el Directorio de dicha institución, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que esta regla tenía por objeto igualar el interés de este sistema de ahorro con los demás existentes.

Agregó que la legislación vigente fija un tope de 4% a dicho interés, a pesar de que otros instrumentos de ahorro tienen un interés de un 7%.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó el artículo.

Artículo 5º (pérdida de la reajustabilidad por giros en las cuentas de ahorro a plazo del Banco del Estado).

Esta disposición faculta al Directorio del Banco para determinar el número de giros en las cuentas de ahorro a plazo que hacen perder el reajuste.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la norma actualmente vigente es muy rígida y no considera las diversas situaciones particulares que pueden producirse. En efecto, se pierde el reajuste cuando se gira más de dos veces en el período de un año.

El Honorable Senador señor Pablo expresó que la pérdida del reajuste debería también estar relacionada con el monto de las cantidades giradas.

Vuestra, Comisión, tácitamente, aprobó el artículo con la 'enmienda propuesta por el Honorable Senador señor Pablo, modificada en su redacción por los Honorables Senadores señores Altamirano y Baltra.

Artículos 6º y 7º (tasa de interés aplicable a los préstamos hipotecarios no reajustables del Banco del Estado).

El artículo 6º suprime la norma vigente que limita la tasa de interés a los préstamos hipotecarios no reajustables del Banco del Estado al término medio del interés bancario fijado por el Banco Central de Chile. En consecuencia, los mencionados créditos quedan sujetos a las normas generales que permiten recargar dicho interés en un 20%.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la derogación beneficiaba a los ahorrantes porque permite aumentar las operaciones hipotecarias establecidas en su favor. Agregó que la tasa aumentaba del 19,08% 1 22,9%.

El Honorable señor Baltra expresó que los argumentos del Gobierno no lo convencían, al menos por el momento, especialmente porque las personas beneficiadas han ahorrado durante largo tiempo y tienen ingresos medianos o bajos.

El Honorable Senador señor Pablo dijo que este tipo de operaciones, es más conveniente para el ahorrante que las de la Corporación de la Vivienda o de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Por otra parte, dejó expresa constancia que en su opinión estos créditos deberían otorgarse a las personas que no tuvieran vivienda.

Vuestra Comisión, con el voto favorable del Honorable Senador señor Pablo, y los votos negativos de los Honorables Senadores señores Altamirano, Baltra, Contreras Labarca y Von Mühlenbrock, rechazó el precepto.

El artículo 7º aplica a los intereses de los préstamos controlados e hipotecarios del Banco del Estado de Chile el impuesto variable establecido en el artículo 235 de la ley 16.617. La tasa de dicho tributo es fijada de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor, y su producido se destina en parte a financiar el reajuste que se otorga a los ahorrantes del mismo Banco.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que era justo aplicar un gravamen a los créditos no reajustables, porque en caso contrario el Fisco debe soportar la pérdida que sufre el Banco. Agregó que el número de préstamos hipotecarios, era muy pequeño porque en la práctica constituyen un verdadero subsidio para el prestario, dadas las excepcionales condiciones en que se conceden. Agregó que por ello era indispensable que el pequeño grupo de ahorrantes privilegiados financiaran siquiera en parte el costo del sistema para que otros pudieran gozar del mismo.

El Honorable Senador señor von Mühlenbrock manifestó su oposición al precepto porque a su juicio debe estimularse el ahorro y favorecerse a quienes lo generan.

El Honorable Senador señor Pablo dijo que estaba de acuerdo en aplicar el impuesto a los créditos para la vivienda, pero no a los que favorecían a la pequeña industria y al artesanado.

Vuestra Comisión, con la abstención del Honorable Senador señor Pablo, rechazó el artículo.

Artículo 8º (uniformación de las modalidades de los diversos sistemas de ahorro reajustables).

El precepto establece que las condiciones, plazos y modalidades de los referidos sistemas deberán contar con el informe favorable de la Comisión Nacional de Ahorro.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que la norma legaliza una situación existente. La mencionada Comisión fue creada por Decreto con el objeto de uniformar las condiciones de los diversos sistemas de ahorro. La disposición sólo eleva a ley la norma administrativa.

Agregó que las citas del artículo se refieren: la primera, a las emisiones de debentures autorizadas a la Corporación de Fomento; la segunda, a los certificados de ahorro reajustables del Banco Central; la tercera, las emisiones de la Caja Central de Ahorros y Préstamos y los depósitos de ahorro en las Asociaciones de Ahorro y Préstamo; la siguiente es para las emisiones de bonos del Banco del Estado y los depósitos de ahorro del mismo instituto; la penúltima es para las emisiones de los Bancos de Fomento; y la última es para las emisiones reajustables que hagan las cooperativas.

El Honorable Senador señor Baltra manifestó que dada la importancia de las funciones de la Comisión Nacional del Ahorro debía creársela por ley y no sólo legalizarla como lo hace el artículo.

El Honorable Senador señor Altamirano concordó con la referida idea y agregó que el Senado debía pronunciarse sobre la composición de la mencionada Comisión.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el artículo. Asimismo, acordó dejar para el trámite, del segundo informe el estudio de la composición de la Comisión Nacional del Ahorro, de acuerdo a las indicaciones que presenten los señores Senadores.

Artículo 9º (emisión de debentures reajustables por las sociedades anónimas).

Nº 1º

Este número autoriza a las sociedades anónimas para emitir debentures reajustables.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que las disposiciones de la ley de emisión de debentures son escasamente aplicadas por la carencia de reajuste de dichos valores y el exceso de formalidades que dicho cuerpo legal exige para la emisión de ellos. Agregó que, al permitirse la emisión de debentures reajustables y al eliminarse algunas formalidades, disminuirá, la presión de las sociedades anónimas sobre los créditos bancarios, debido a que por dicho medio muchas grandes empresas podrán obtener recursos de parte del público.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la disposición.

Nº 2º

Este precepto sustituye el requisito de publicación íntegra de la escritura de emisión por la de un extracto de dicha escritura aprobado por la Superintendencia respectiva.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que el requisito vigente sólo significa un encarecimiento innecesario de la colocación, por lo que se propone seguir a este respecto las formalidades exigidas para la publicación de las escrituras de constitución o modificación de sociedades anónimas.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó este número.

Nº 3º

Esta disposición establece que entre las menciones que deberán contener los títulos de los debentures reajustables se encuentra la de la forma de reajuste del empréstito.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó este precepto.

Nº 4º

Este número actualiza el valor nominal mínimo y máximo de bonos, que no ha sido modificado desde 1929.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la disposición.

Nº 5º

Este precepto, en primer término, actualiza la referencia hecha en la ley a la ex 2ª Categoría dé la ley de impuesto a la renta por otra a la 1ª Categoría. En segundo lugar, establece que los cupones de los bonos deberán contener la forma de determinar su valor en el caso de que se trate de debentures reajustables.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó el numerando.

Nº 6º

Esta disposición sustituye el artículo 18 de la ley 4.657, que permite la emisión de bonos "a prima", o sea, fijando para su suscripción una suma inferior a su valor nominal, para permitir que se emitan debentures en forma reajustable o a prima.

El Ejecutivo formuló indicaciones para dejar afecta a los impuestos a la renta de categoría y global complementario a la prima o rebaja de precio sobre el valor nominal que obtenga el adquirente de los debentures.

El Subsecretario de Hacienda explicó que podría ocurrir que la sociedad emisora, en vez de fijar un interés al debenture, resolviera pactar un descuento sobre el valor nominal por el equivalente de ese interés, caso en el cual estaría eludiéndose el impuesto global complementario que grava el interés del bono. De ahí que se haya formulado la indicación para evitar que se pacte el interés por la vía de la prima.

Respondiendo una consulta del Honorable Senador señor Altamirano, reconoció que la frase final del nuevo artículo 18, que se propone por este numerando, podría desvirtuar la supresión de la exención tributaria que favorecía a las primas, y propuso se agregara como frase final una que dejara fuera del beneficio de no ser considerada como renta para ningún efecto legal la diferencia correspondiente a la prima con que haya podido colocarse el debenture.

El Honorable Senador señor Altamirano opinó que todo el sistema de reajustabilidad que aquí se propone, así como los demás que existen en el país, tiende a favorecer al ahorrante y al inversionista, cosa que él no considera negativa, pero que no se procede de igual modo respecto del que vende su fuerza de trabajo. Por el contrario, la mayor parte de los Gobiernos han sostenido que es el reajuste de sueldos y salarios lo que produce fundamentalmente el proceso inflacionario.

El señor Subsecretario de Hacienda respondió que las franquicias que se conceden no se refieren a las rentas de las empresas, sino que benefician a los ahorrantes que utilizan los diversos sistemas reajustables, todos los cuales tienden a desarrollar actividades económicas fundamentales para el país.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó el precepto, con las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.

Esta enmienda, que es de mera redacción, fue aprobada por vuestra Comisión, con la sola modificación de sustituir la palabra "interés" por "intereses".

Nº 8º

Este precepto autoriza la utilización del dinero pagado por los suscriptores de los bonos en bienes de fácil liquidación antes de la colocación total del empréstito.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la sociedad emisora de debentures debe devolver el dinero pagado por los suscriptores cuando no se coloca íntegramente el empréstito. Por ello, la ley vigente impide la utilización de dichos dineros. Agregó que, sin embargo, es absurdo no utilizar este dinero, especialmente si se tiene en consideración que deberá ser devuelto reajustado si no se coloca toda la emisión. Por tal motivo, se propone que pueda ser invertido en bienes de fácil liquidación. Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó el precepto.

Nº 9º

Esta enmienda, que es de mera redacción, fue aprobada tácitamente por vuestra Comisión.

Nº 10

Esta disposición autoriza que, cuando fuere necesario, para el perfeccionamiento de la prenda que garantiza la emisión, la entrega de la cosa empeñada, ésta podrá hacerse no sólo a los representantes de los tenedores de los bonos sino también a quienes éstos indiquen.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó el precepto.

Nº 11

Este número suprime el requisito de la autorización de la junta de tenedores de bonos para que los representantes de éstos acepten la sustitución de las garantías constituidas o su alzamiento parcial.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que el mencionado requisito era engorroso y sumamente difícil de cumplir por las dificultades que presenta la reunión de la referida junta.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la, enmienda.

Nº 12

Esta disposición suprime el sorteo como medio general de efectuar las amortizaciones ordinarias o extraordinarias de los bonos, dejando entregadas las fechas y condiciones en que se realizarán dichas operaciones a la escritura de emisión.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó el precepto.

Nº 13

Este número propone una modificación de concordancia con la aprobada precedentemente, pues establece que las disposiciones formales relativas al sorteo de los bonos sólo serán aplicables en los casos que la amortización se efectúe mediante tal procedimiento.

El señor Subsecretario de Hacienda señaló que la norma general será en lo sucesivo que no haya sorteos, sino amortizaciones prefijadas en la emisión para los bonos que se lancen al mercado.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la enmienda con una modificación de redacción propuesta por el Honorable Senador señor Contreras Labarca.

Nº 14

Este precepto, que es de mera concordancia, fue aprobado tácitamente por vuestra Comisión.

Nº 15

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la disposición, en primer lugar, determina el control que deberá ejercer el organismo de supervigilancia de las sociedades anónimas, que es la Superintendencia del ramo, sobre los debentures reajustables. En efecto, dijo, el precepto en análisis exige una autorización especial de dicha entidad para cada emisión de estos valores, la cual se otorgará previo informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile y de la Comisión Nacional del Ahorro, el cual constituye un segundo mecanismo contralor de las referidas operaciones.

Respondiendo a una consulta del Honorable Senador señor Altamirano, referente al motivo de la inclusión del Comité Ejecutivo del Banco Central en este precepto, indicó que ello era por la implicancia que tiene el monto de las emisiones que puedan hacerse dentro del nivel del circulante. Puntualizó que este requisito se exige, además, en las emisiones de bonos de los Bancos Hipotecarios.

Ante la crítica a la duplicación de exámenes por parte del Banco Central hecha por el Honorable Senador señor Baltra, dentro de la Comisión Nacional del Ahorro y como institución independiente, concordó en que era innecesaria la actuación específica del Banco, razón por la cual vuestra Comisión acordó, unánimemente, suprimirla aprobando tácitamente el Nº 15.

El Ejecutivo, en seguida, formuló indicación para suprimir la obligatoriedad de garantía especial para emitir debentures reajustables.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que tal garantía era innecesaria en los casos en que los emisores son grandes empresas, ya que el crédito se encontraba suficientemente garantizado por el capital propio de dichas sociedades y por los ingresos que éstas perciben. Agregó que la aplicación indiscriminada de éste requisito sólo encarecería la colocación del empréstito.

La mayoría de vuestra Comisión, formada por los Honorables Senadores señores Altamirano, Baltra, Contreras Labarca y Von Mühlenbrock, con la oposición del Honorable Senador señor Noemi, estimó indispensable mantener las garantías especiales para todos los casos, tanto para asegurar a los inversionistas como para colocar a todas las sociedades emisoras en igualdad respecto del costo de los préstamos.

En consecuencia, vuestra Comisión, con la referida votación, rechazó la enmienda mencionada al Nº 15.

Nº 16

Este número extiende a las empresas que se encargan de la colocación de los bonos la responsabilidad que actualmente tienen los representantes de los tenedores de dichos documentos mercantiles.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la disposición.

Artículo 10 (colocación directa de los debentures por las empresas emisoras).

Este precepto autoriza a las sociedades que emitan debentures para colocarlos directamente al público.

Según la legislación vigente, las sociedades anónimas pueden colocar directamente sus acciones, pero los debentures están sujetos a la regla general de colocación de títulos o valores de inversión, es decir,, deben ser ofrecidos exclusivamente por sociedades que se dediquen únicamente a dicha finalidad.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que era absurdo establecer sistemas distintos para la colocación de acciones y bonos de las sociedades anónimas. Agregó que la norma vigente en este punto era uno de los motivos por los cuales no se utilizaba adecuadamente este canal de crédito.

Por último, dijo que la obligación referida sólo encarecería el costo de la colocación.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la disposición en informe.

Artículo 11 (autoriza al Presidente de la República para dictar disposiciones que permitan el establecimiento de organismos privados con personalidad jurídica destinados a recibir ahorros y otorgar préstamos para la adquisición de vehículos motorizados).

El Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Ahorro y Préstamo señaló que la institución a su cargo ve con profunda preocupación la proliferación de sistemas financieros reajustables que pudieren afectar al Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos, cuya eficacia es manifiesta.

La Federación, dijo, comprende la importancia que tiene la industria automotriz para el desarrollo del país, por lo que concuerda en la necesidad de buscar una apertura del mercado.

Para obviar la eventual competencia entre las industrias de la Vivienda y la Automotriz, podría incluirse el financiamiento de la comercialización de vehículos motorizados a través de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, que tienen experiencia y capacidad instalada.

Otro factor inquietante es la posibilidad de circulación de prendas reajustables más atractivas para el inversionista que las hipotecas del Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos.

La finalidad de lucro de las organizaciones financieras de adquisición de vehículos motorizados, por otra parte, contrasta con el carácter mutual de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, y podría encarecer los automóviles.

El Vicepresidente de la misma entidad agregó que la mayor parte de los giros de fondos en las Asociaciones de Ahorro y Préstamo para la Vivienda ha sido con el objeto de adquirir automóviles, y que si se le entregara a ellas la comercialización de éstos se podría eliminar al intermediario, como ha ocurrido con la vivienda.

El señor Presidente de la Asociación de Importadores de Automóviles manifestó que la industria automotriz nacional -que data de siete años- está en una etapa de despegue tanto por el aumento de la producción, como por la progresiva inclusión de piezas y partes nacionales.

Puntualizó que se trata de una industria fundamental para el desarrollo del país por su efecto multiplicador en otras industrias, su avanzada tecnología y los elevados tributos que paga al erario nacional.

Hay sí un grave problema de comercialización, que se solucionaría con un sistema como el propuesto en el proyecto. Agregó que habría capital-semilla en el exterior interesado en poner en marcha el sistema.

El señor Francisco Giovine, representante de Fiat, señaló que la industria automotriz no hace cuestión del sistema que en definitiva se apruebe, que es una materia que depende del Gobierno y de los legisladores.

Señaló que han proliferado organizaciones para la venta, de automóviles a plazo que parecen carecer de la debida solidez financiera, hecho que ha impulsado a los productores de automóviles a solicitar una legislación sobre la materia que disponga el control sobre estas actividades, ya que la situación de tales empresas causa preocupación a los fabricantes que necesitan poder de compra.

Las financieras automotrices deben ser independientes del ahorro y préstamo para la vivienda para que sirvan a la industria automotriz y no a otras actividades.

Lo que interesa para mantener el desarrollo de la industria automotriz en una solución rápida, que permita que capitales extranjeros sean canalizados en un sistema que dé garantías que ellos beneficiarán a quien los trajo y no a un competidor.

El Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción reconoció la necesidad de reglamentar la comercialización de automóviles, dada la falta de garantía para el ahorrante que muestran los sistemas existentes. Todo nuevo sistema de ahorro y financiamiento que se cree, dijo, debe reconocer la prioridad de la vivienda, de modo tal que no perjudique el sistema de ahorro y préstamo de éstas.

Hizo presente las conclusiones del último Congreso Nacional de la entidad que preside la relación a esta materia, que son las siguientes:

a) No debe mezclarse el sistema de financiamiento de otros bienes con el de la vivienda;

b) Se rechaza el empleo para otros sistemas de la denominación de "Ahorro y Préstamo", la cual está indeleblemente asociada a la vivienda, y

c) No debe otorgarse a otros sistemas de comercialización iguales franquicias o estímulos que a los de la vivienda.

Agregó que la entidad que preside, sintiendo disentir de la opinión de algunos de sus asociados, ciertas Asociaciones de Ahorro y Préstamo, no todas, se oponía a que la comercialización de automóviles se entregara a dichas organizaciones porque:

1.- La falta de control sobre el capital semilla a aportarse haría difícil que los interesados lo trajeran;

2.- Las Asociaciones de Ahorro y Préstamo para la Vivienda dependen del Ministerio de la Vivienda. La Comercialización automotriz no podría estar sujeta a las mismas normas y otro organismo debería controlar su desenvolvimiento. Dicha doble fiscalización en una misma institución es absurda, y

3.- Veintidós Asociaciones de Ahorro y Préstamo para la Vivienda comercializan de seiscientos a ochocientos millones de escudos anualmente. Veinte mil vehículos, a cincuenta mil escudos de precio promedio, representan un volumen de comercialización de mil millones de escudos. En consecuencia, es perfectamente posible la existencia de un nuevo sistema.

Agregó que debería imponerse las siguientes limitaciones a las financieras automotrices:

- No deberían tener ahorro puro;

- Las prendas no podrían comercializarse;

- El adquirente de automóviles a través de este sistema debería acreditar que tiene donde vivir, sea con su familia o en casa propia.

El señor Ministro de la Vivienda manifestó que el sistema establecido, en el artículo 11 podría mejorarse para darle la debida prioridad a la vivienda, de acuerdo con las siguientes directrices:

- Eliminar la posibilidad de que las financieras automotrices otorguen préstamos no reajustables, y

- La prioridad para la vivienda se establecería exigiendo que, para acogerse al mecanismo especial de adquisición de automóviles que se cree, el interesado deberá acreditar que ha satisfecho su necesidad de vivienda.

Agregó que estima inconveniente la comercialización de automóviles a través de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, pues se prestaría para una competencia indeseable entre ambas actividades dentro de dichas instituciones, razón por la que prefiere la existencia de organismos independientes.

El señor Subsecretario de la Vivienda añadió a lo anterior que sólo pudiera ser utilizado el mecanismo nuevo de comercialización automotriz por las personas naturales, y el señor Presidente de la Caja Central de Ahorros y Préstamos que debería impedirse la circulación de las prendas reajustables de los automóviles.

El señor Subsecretario de Economía señaló que los fundamentos económicos de la instalación de la industria automotriz en nuestro país residen en que ella implica avances tecnológicos, de capacidad empresarial y de adiestramiento de mano de obra.

Estos progresos significan un mayor costo que se carga a un artículo no esencial, el automóvil, y permiten abordar otras industrias fundamentales a costos razonables, con lo que su utilidad social queda de manifiesto.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Automotriz de la Corporación de Fomento de la Producción hizo presente que el problema básico de la industria automotriz reside en que la capacidad instalada de producción es mayor que la demanda de vehículos que se ha estimado para el futuro, la cual se concentra en los automóviles de tipo más barato.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que el ahorro para automóviles existe en la actualidad y que sólo se requiere un canal de comercialización que permita desarrollar el plan de expansión de la industria automotriz, y, en consecuencia, de las demás industrias anexas. No se pretender crear en ningún caso una inversión de ahorro competitiva de otras existentes.

La situación actual de ventas a plazo, sin ningún tipo de controles, es sumamente peligrosa para el ahorrante, que no tiene ninguna garantía efectiva de la entrega de los automóviles.

Indicó que el financiamiento para poner en marcha el sistema sería dinero fresco aportado por los armadores, sea mediante la suscripción de capitales de las financieras automotrices, sea tomando bonos o deben-tures emitidos por ellas o sea adquiriendo las prendas de los automóviles vendidos.

Las empresas interesadas en aportar capitales para estas financieras automotrices, agregó, son las Compañías Ford, Chrysler, General Motors y Fiat.

Dijo, en seguida, que con las indicaciones propuestas por el señor Ministro de la Vivienda se concede prioridad efectiva al ahorro para viviendas, y puntualizó que él .agregaría, otra limitación a las ya señaladas, que consistiría en otorgar derecho a reajuste sólo a aquellos ahorrantes que materialicen operaciones de adquisición, lo que desalentaría a los ahorrantes puros, quienes tienen muchos otros sistemas de ahorro más atractivos.

Si no se establece un sistema adecuado de financiamiento de las ventas a plazo de automóviles, puede ocurrir que la oferta de vehículos se reduzca en un cierto porcentaje dado el retraimiento de los compradores por la falta de seguridad que muestran los sistemas actuales, lo que llevaría a poner en peligro los planes; de expansión de la industria automotriz nacional.

El Honorable Senador señor Von Muhlenbrock expresó que la vivienda es un problema social, y que no lo es en el mismo grado el consumo de automóviles, por lo que debe dársele prioridad a la primera.

En efecto, en el país existe un elevado déficit de vivienda. Esta actividad tiene un enorme poder multiplicador en otras industrias, y ocupa una gran cantidad de mano de obra. Además, agregó, el ahorro e inversión para la vivienda se produce en todo el territorio nacional, en tanto que las financieras automotrices absorberían para el centro de éste el ahorro de las provincias, lo que agravaría la desocupación existente en ellas.

Las referidas entidades, tal como están concebidas en el proyecto, ponen en peligro la actividad constructora, cuya paralización detendría el desarrollo del país, y aumentaría el elevado número de cesantes que existe en la zona que representa.

Las indicaciones propuestas por el Ejecutivo no solucionan el problema, porque no resguardan efectivamente la vivienda y la construcción.

En consecuencia, anunció su voto en contra mientras se mantuvieran criterios lesivos para actividades que considera fundamentales.

El Honorable Senador señor Baltra manifestó que el ahorro nacional es un todo común, que se muestra como una constante a lo largo del tiempo, por lo cual teme un desplazamiento de él hacia actividades de importancia social relativa como es la adquisición de automóviles.

La vivienda tiene primera prioridad social, y posee un efecto multiplicador superior a cualquiera otra industria.

Citó una declaración del Presidente del Partido Demócrata Cristiano en la que expresa dudas acerca de la conveniencia de la implantación de un sistema como el propuesto en este proyecto de ley, dudas que le resultan especialmente significativas, pues no comparte, como aquél, el criterio político del Gobierno.

Señaló que podría modificar su opinión contraria a la creación de estos organismos, si el Ejecutivo propusiera un sistema de comercialización de vehículos motorizados que no ponga en peligro la vivienda, aunque dadas las condiciones de nuestro país, debe haber otras actividades con prioridad a la industria automotriz.

El Honorable Senador señor Noemi concordó en que la vivienda tiene prioridad indiscutible sobre toda otra actividad.

Sin embargo, dijo, existe actualmente un importante volumen de ahorro destinado a la adquisición de automóviles, pero los sistemas actuales no ofrecen las debidas garantías a los ahorrantes, quienes están sufriendo serios riesgos; y, como es de conocimiento de los señores Senadores, ya ha habido fracasos en esta materia que podrían acarrear una crisis en la industria automotriz que a nadie beneficiaría.

Por lo demás las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, agregó, no han actuado consecuentemente frente a este problema de la comercialización automotriz. Aceptaron en principio las indicaciones del Ejecutivo, porque consideraban que las protegían, pero al parecer las desestimaron más adelante. Tampoco se opusieron al sistema en sí mismo, sino que quieren que sea incorporado a ellas.

El hecho de que la Cámara Chilena de la Construcción no se oponga al mecanismo propuesto por el Ejecutivo para la comercialización de vehículos motorizados, y sí se muestra contraria a que las Asociaciones de Ahorro y Préstamos para la Vivienda se ocupan de financiar la venta a plazo de otros bienes que aquellos para los cuales fueron instituidas, le resulta especialmente significativo. Si se considera además que las indicaciones para proteger al sistema de ahorro y préstamos para la vivienda propuestas por el Gobierno son realmente importantes y útiles, y que el Ejecutivo ha estado abierto a toda clase de sugerencias que mejoren el sistema planteado, estima justo aprobar en general la disposición, sin perjuicio de que pueda analizarse con mayor profundidad en el segundo informe.

El Honorable Senador señor Contreras Labarca dijo que el artículo 11 era manifiestamente contrario al interés social, por lo que anunció su oposición al precepto.

El Honorable Senador señor Altamirano manifestó que el argumento de la situación de hecho: el peligro a que se encontrarían expuestos los ahorrantes dé los actuales sistemas de venta a plazo de automóviles, hecha presente por los representantes del Ejecutivo, no es válido como principio legislativo, atendida la importancia de las consecuencias que podría acarrear para la economía nacional la aprobación de un sistema como el propuesto en la disposición que se está discutiendo.

Agregó que, a su juicio, el Gobierno considera necesario que se consuman más automóviles, y ha enfrentado al ahorro para automóviles con el de la vivienda, disyuntiva que no entiende, porque perfectamente podría considerarse el ahorro para maquinaria industrial o para implementos agrícolas o mineros, que son más necesarios que los mencionados para el desarrollo del país.

Por otra parte, la facultad de reglamentar que se entrega al Jefe del Estado es tan amplia que permite financiar la adquisición de automóviles de cualquier valor o procedencia, sean nuevos o usados, nacionales o extranjeros, lo que resulta manifiestamente inconveniente.

Además, indicó que las disposiciones sobre reajustabilidad le parecían confusas.

En consecuencia, anticipó su opinión contraria al artículo.

El señor Subsecretario de la Vivienda, contestando las palabras del Honorable Senador señor Altamirano expresó que entendía que su papel no es hacer un enjuiciamiento político cuando viene a informar sobre un proyecto, pero que deseaba aclarar, con serenidad, que al Gobierno no le interesa especialmente estimular el consumo de automóviles, sino que existe un hecho económico concreto, que ayuda el desarrollo del país, cual es el interés de inversionistas extranjeros en traer capitales para esta industria específicamente.

El señor Subsecretario de Hacienda, por su parte, expresó que quería dejar constancia para la historia de la ley que el sistema que se propone sólo podría emplearse para la adquisición de vehículos motorizados nacionales.

Artículos 12, 13 y transitorio.

Según la legislación vigente, las patentes industriales y comerciales y las de expendio de bebidas alcohólicas se recargan en un cinco por mil sobre el capital del negocio. Sin embargo, el monto de la patente más el recargo tienen un límite de 200 sueldos vitales mensuales y se aplican a los negocios que tienen un capital superior a Eº 500.

El proyecto de la Cámara de Diputados suprime el límite y eleva el capital mínimo exento a un sueldo vital anual.

El Ejecutivo formuló indicación para mantener el límite y fijar en tres sueldos vitales mensuales el capital mínimo para ser gravado por el recargo.

Los representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio manifestaron su desacuerdo por la supresión del límite, porque algunas empresas van a tener que pagar cinco o seis veces más por concepto de patente municipal.

Agregaron que en el año 1968 una empresa con Eº 16.000.000 de capital debe pagar Eº 80.000 por concepto de recargo, pero que dicho pago está limitado a dicha cantidad aunque el capital de la empresa sea mayor. Si se suprime el límite las empresas con capitales de Eº 100.000.000 o Eº 200.000.000 van a pasar a pagar sumas de Eº 1.500.000 y Eº 2.000.000 a las Municipalidades, lo que va a significar un enorme aumento de ingresos a las que tienen como territorio jurisdiccional las grandes ciudades.

Hicieron presente que estimaban injustificado el pago de tan cuantiosas sumas a los referidos organismos, especialmente si se tiene en consideración los servicios que prestan las Municipalidades y la disminución de los recursos que percibe el Fisco por concepto de impuesto a la renta. Agregaron que también serían perjudicados los trabajadores de las empresas, que verían disminuir sus ingresos calculados en relación a las utilidades, y la Corporación de la Vivienda.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que la indicación del Ejecutivo sólo enmendaba el sistema vigente en la parte relativa al monto del capital de los contribuyentes exentos.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación del Ejecutivo, aumentando el monto del capital exento a seis sueldos vitales mensuales.

El artículo 13 estatuye que el capital gravado por el recargo será el efectivo y que los afectados deberán efectuar una declaración anual sobre esta materia.

Los señores representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio expresaron que la locución "capital efectivo" no tenía definición legal.

El señor Subsecretario de Hacienda dijo que la indicación del Ejecutivo era más clara que el precepto aprobado por la Cámara de Diputados.

En primer lugar, se propone que se grave con el recargo a los capitales propios del contribuyente, cuyo concepto está definido en la ley de impuesto a la renta.

En segundo término, se aumenta el límite de exención a tres sueldos vitales mensuales.

La unanimidad de los miembros de vuestra Comisión aprobó la proposición del Ejecutivo, concordándola con lo aprobado en el artículo anterior.

El artículo transitorio regula la vigencia de las disposiciones citadas.

Vuestra Comisión, tácitamente, lo aprobó.

Artículo 14 (beneficios al personal de la Corporación de la Reforma Agraria).

Este precepto incluye al referido personal en el régimen de previsión de empleados públicos, estableciendo normas excepcionales respecto de las pensiones .reajustables.

El Honorable Senador señor Noemi y el señor Subsecretario de Hacienda manifestaron que la disposición era inconstitucional debido a que no tenía el patrocinio del Ejecutivo, ya que significaba un mayor gasto no financiado.

El señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Altamirano, manifestó qué por tratarse de una disposición aprobada por la Honorable Cámara de Diputados no procedía pronunciarse sobre su constitucionalidad.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Altamirano, Baltra y Contreras Labarca, la oposición del Honorable Senador señor Noemi y la abstención del Honorable Senador señor Von Mühlenbrock aprobó la disposición.

En seguida, se discutió una indicación de los Honorables Senadores señores Duran, Jaramillo, Miranda y Palma, para proceder en igual forma respecto del personal de la Empresa de Comercio Agrícola.

Promovida la cuestión de la constitucionalidad de la indicación, el señor Presidente la declaró procedente debido a que no está limitada la iniciativa legal del Congreso en materia previsional.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Altamirano, Baltra y Contreras Labarca, aprobó la indicación. Votó en contra el Honorable Senador señor Noemi.

Derecho al sueldo del grado superior del personal semifiscal.

A continuación, se discutió una indicación de los Honorables Senadores señores Aguirre, Baltra y Gumucio, para que el personal semifiscal que gozaba del sueldo del grado superior al 31 de diciembre del año pasado continúe con el referido beneficio.

Los señores representantes de la Agrupación Nacional de Empleados Semifiscales manifestaron que esta indicación interpreta el verdadero sentido de la ley 17.015, que tuvo su origen en un acuerdo entre el gremio y el Partido Demócrata Cristiano.

En efecto, el referido cuerpo legal reemplazó el sistema de aumentos cada cinco años para el personal que no asciende, por un aumento del 2 % anual para todo el personal. El reemplazo de un sistema por otro, a su juicio, no podía significar la pérdida de los derechos ya adquiridos por parte del personal. Sin embargo, la Contraloría General de la República ha interpretado la referida ley en este último sentido, lo que ha significado una disminución de las remuneraciones del orden del 20% de los funcionarios semifiscales.

El señor Subsecretario de Hacienda, sin pronunciarse sobre el fondo del problema, dijo que la indicación debería remitirse al Ejecutivo, porque significa aumentar los sueldos de ese personal.

El Honorable Senador señor Baltra expresó que el Congreso tenía facultades para iniciar un precepto legal como el que está en discusión, porque el legislador podía interpretar las leyes, especialmente en los casos en que interpretaciones de organismos no judiciales afectaban derechos ya adquiridos.

El señor Presidente de la Comisión manifestó que el Congreso tenía iniciativa para dictar leyes declarativas. En el presente caso no se está debatiendo un aumento de sueldos, sino simplemente si la Contraloría ha determinado correctamente el sentido y alcance de una disposición dictada por el órgano legislativo. Otra interpretación sería absurda porque llevaría a la conclusión de que la Contraloría podría desvirtuar resoluciones de órganos superiores y tendría aún mayores atribuciones que éstos para decidir sobre materias que significan aumentos o disminuciones de gastos.

Vuestra Comisión, con' los votos de los Honorables Senadores señores Altamirano, Baltra y Contreras Labarca, y la oposición del Honorable Senador señor Noemi, aprobó la indicación.

Remisión a Cajas de Previsión de retenciones efectuadas a sus empleados por las Municipalidades de Santiago y Valparaíso.

Vuestra Comisión, con la abstención del Honorable Senador señor Noemi, aprobó una indicación del Honorable Senador señor Luengo, que fija un plazo de 30 días a los Tesoreros de las Municipalidades de Santiago y Valparaíso para integrar en las Cajas de Previsión respectivas las retenciones y descuentos de carácter previsional que efectúen a sus empleados, como también, los aportes que deban efectuar a los organismos de previsión dichas Municipalidades.

Exención del recargo a beneficio fiscal de las primeras patentes de automóviles.

Luego, vuestra Comisión, por unanimidad, rechazó una indicación de los Honorables Senadores señores Palma y Von Mühlenbrock que exime del recargo a beneficio fiscal a las primeras patentes de automóviles fabricados o armados en el país y cuyo precio de venta sea inferior a seis sueldos vitales anuales.

Traspaso al Fisco de terreno de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado:

A continuación, vuestra Comisión aprobó una indicación de los Honorables Senadores señores Aguirre, Noemi y Von Mühlenbrock que faculta a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para transferir al Fisco un terreno en Santiago, para que éste construya edificios para el Servicio de Correos y para la Empresa cedente.

Sobretasa adicional a objetos de correspondencia.

Seguidamente, vuestra Comisión, con el voto en contra del Honorable Senador señor Contreras Labarca, aprobó una indicación de los Honorables Senadores señores Aguirre, Noemi y Von Mühlenbrock que establece una sobretasa adicional de Eº 0,50 a todos los objetos de correspondencia que el Servicio de Correos y Telégrafos curse en el interior del país, destinando su producto al equipamiento del mencionado Servicio.

Comercialización de especies filatélicas y de monedas de oro y plata.

En seguida, se discutieron conjuntamente dos indicaciones. La primera de ellas, de los Honorables Senadores señores Baltra y Noemi, que faculta al Presidente de la República para dictar un Reglamento para que el Servicio de Correos y Telégrafos organice la comercialización de las especies filatélicas nacionales y todos los aspectos relativos a su elaboración, distribución, circulación, conservación y venta en el mercado nacional e internacional. La segunda, del Honorable Senador señor Altamirano, que reserva al Banco Central de Chile la comercialización de monedas y medallas conmemorativas de oro y plata.

El Honorable Senador señor Altamirano manifestó que la ley 16.724 facultó al Presidente de la República, también, para dictar un reglamento que regule la acuñación de monedas de oro y plata.

En uso de tal atribución una sola empresa extranjera tuvo el privilegio de celebrar una operación con el Estado de Chile que le significó una ganancia de cuatro a cinco millones de dólares, aprovechando la garantía y sello del Estado y el valor numismático de las monedas, que fueron acuñadas en número limitado. La utilidad obtenida por esta empresa fue el equivalente al 60% del capital invertido.

A su juicio, este acto es un uso indebido de la referida facultad, especialmente porque se le entregó a la referida empresa el monopolio de la comercialización de las mencionadas monedas.

Por lo expuesto, estima inconveniente dar una facultad tan amplia en materia de especies filatélicas y propuso que la indicación respectiva fuera enmendada en el sentido de que sea el Servicio de Correos y Telégrafos quien comercialice directamente y sin intermediarios las especies filatélicas nacionales.

El señor Subsecretario de Hacienda, manifestó que la operación a que se refiere el Honorable Senador señor Altamirano es completamente normal en el mercado mundial. Agregó que la comercialización de monedas responde a un ramo de alta especialización y que la firma que había efectuado la comercialización ha operado prácticamente con todos los países del mundo.

Dijo, en seguida, que la aprobación de indicaciones limitativas de especies filatéticas y de monedas podía significar de hecho impedir su comercialización.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la primera indicación, y la enmienda propuesta por el Honorable Senador señor Altamirano, con los votos de su autor y de los Honorables Senadores señores Baltra y Contreras Labarca y la abstención del Honorable Senador señor Noemi.

Con esta última votación aprobó, también, la segunda indicación;

Asignación suplementaria a la Sede de Temuco de la Universidad de Chile.

Seguidamente, se discutió una indicación del Honorable Senador señor Baltra, que concede una asignación suplementaria de Eº 1.400.000, a la Sede de Temuco de la Universidad de Chile, con cargo a la regalía que el Fisco recibe del Banco Central de Chile.

El Honorable Senador autor de la indicación señaló que la Sedé de Temuco tiene uno de los presupuestos más bajos de la Universidad: Eº 1.8000 por alumno, frente al de otras Sedes en que varía entre Eº 3.300 y Eº 4.000. Por ello, su situación es tan grave que sólo dispone de fondos para desarrollar sus actividades hasta el mes de julio del presente año.

Agregó que la fuente de recursos indicada era apropiada porque la mencionada regalía no tiene un destino específico en su totalidad.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la regalía del Banco Central es un ingreso presupuestario, cuya única característica especial es que su monto puede variar.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Altamirano, Baltra y Contreras Labarca y la oposición del Honorable Senador señor Noemi, aprobó la indicación.

Condonación de la obligación de reintegrar al Fisco por parte de las Municipalidades de las comunas cupríferas 'de devoluciones por rebajas de avalúos.

Finalmente, se consideró una indicación del Honorable Senador señor Castro que libera a las Municipalidades de las Comunas en que se encuentran los establecimientos de las Empresas de la Gran Minería del Cobre, de la obligación de reintegrar al Fisco las sumas correspondientes a ingresos municipales que debieron, devolverse a las mencionadas Empresas con motivo a las rebajas de avalúos con posterioridad a la retasación de la ley 15.021.

El señor Subsecretario de Hacienda explicó que las tasaciones efectuadas a los predios de las Empresas de la Gran Minería del Cobre fueron disminuidas después de ser revisadas por el Servicio de Impuestos Internos. Como el proceso de rectificación duró algún tiempo, las Municipalidades percibieron ingresos calculados sobre los avalúos primitivos.

Agregó que le parecía justa la indicación porque las Municipalidades respectivas invirtieron lo recibido sin estar en conocimiento de la anomalía de los avalúos.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación.

Anexo a este informe se acompaña un memorándum del señor Presidente del Banco del Estado, en el que señala los guarismos más significativos de la política crediticia de dicha institución.

En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto de ley en informe, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

Agregar como inciso segundo, nuevo, el siguiente:

"Respecto de los créditos concedidos con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley, la conversión será obligatoria para el Banco cuando lo soliciten los deudores interesados.".

Artículo 2º

En el párrafo segundo, suprimir la palabra "todos" que antecede a "los juicios de cobro" y sustituir la palabra "nacional" que va a continuación de la frase "el pago se hará en moneda", por la voz "corriente".

Artículo 5º

En el párrafo segundo, intercalar las palabras "o cantidades" entre las frases "un número superior de giros" y "al que determine el Directorio".

Artículo 6º

Suprimirlo.

Artículo 7º

Suprimirlo.

Artículo 8º

Pasa a ser artículo 6º, con la sola modificación de reemplazar la referencia al artículo 11 de la ley Nº 13.908, por otra al artículo 10 de la ley Nº 16.813.

Artículo 9º

Pasa a ser artículo 7º, con las siguientes enmiendas:

En el número 6º, sustituir el párrafo tercero del artículo 18, que comienza así: "Tanto el reajuste como la prima", por el siguiente: "El reajuste no se considerará interés ni renta para ningún efecto legal para quien se beneficie con él.", y agregar al final de este número, a continuación de la frase "para ningún efecto legal", cambiando el punto aparte por coma (,) y suprimiendo las comillas ("), lo siguiente: "a menos que se trate de la diferencia correspondiente a la prima con que haya podido colocarse el bono".".

En el número 7º, sustituir la palabra "interés" por "intereses".

En el número 13, agregar una coma (,) a continuación de "se efectúe por sorteo".

En el número 15, párrafo segundo, suprimir a continuación de las palabras "previo informe favorable", lo siguiente: "del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile y".

En el número 16, párrafo segundo, reemplazar los términos "esta ley" que van a continuación de "en el cumplimiento de", por la palabra "ella"; sustituir el vocablo "deberes" que va a continuación de "cualquiera de sus" por la voz "obligaciones", y cambiar el término "carácter" que precede a "les imponga" por la palabra "función".

Artículo 10

Pasa a ser artículo 8º sin otra modificación.

Artículo 11

Suprimirlo.

Artículo 12

Pasa a ser artículo 9º, con la siguiente modificación: Reemplazar el párrafo segundo, que comienza "Colócase un punto", por el siguiente: "Sustituyese en el primer inciso la expresión "Eº 500", por la siguiente: "Tres sueldos vitales mensuales clase A del Departamento de Santiago".".

Artículo 13

Pasa a ser artículo 10, con la siguiente modificación:

Reemplázanse los tres incisos del párrafo segundo, por los siguientes:

"El recargo que establece este artículo se aplicará sobre el capital propio del contribuyente, definido en el artículo 35 de la ley Nº 15.564 sobre Impuesto a la Renta. Dicho capital deberá ser igualmente considerado para los efectos de la aplicación de las patentes mínimas que esta disposición establece.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, los contribuyentes afectos al pago de patentes, de las señaladas en el inciso primero de este artículo, deberán presentar una declaración anual en el mes de marzo de cada año, sobre el monto del capital con que operan ante la Municipalidad respectiva, acompañando copia del Balance y del cálculo del capital propio presentados ante Impuestos Internos.

El 20% de los fondos que obtengan las Municipalidades por concepto de recargo de capital, será destinado a incrementar el ítem de Obras de Adelanto Local de cada comuna.".

Artículo 14

Pasa a ser artículo ll, con la sola enmienda de agregar, a continuación de "Corporación de la Reforma Agraria", lo siguiente: "y al personal de la Empresa de Comercio Agrícola".

A continuación, consultar los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 12.- Declárase que el inciso cuarto del artículo 1º de la ley Nº 17.015, de 31 de octubre de 1968, se limitó a derogar el Párrafo 4º del Título II del D.F.L. Nº 338, de 1960 y el artículo 20 de la ley Nº 7.295, respecto de los servicios enumerados en el mismo precepto, y sólo a contar desde el 1° de enero de 1969. En consecuencia, los funcionarios que adquirieron antes de esta fecha alguno de los beneficios establecidos en el referido párrafo o en el artículo citado, lo han conservado con posterioridad a ella.

Artículo 13.- Los Tesoreros de las Municipalidades de Santiago y Valparaíso estarán obligados a retener mensualmente del sueldo de los empleados municipales las imposiciones que a éstos les corresponden en virtud de los Estatutos Orgánicos de sus respectivas Cajas de Previsión y los demás descuentos que ordenen estas Instituciones.

Dichas retenciones y descuentos, como asimismo los aportes municipales a las expresadas Cajas de Previsión, deberá el Tesorero respectivo remitirlas a aquéllas dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiere efectuado el pago de los sueldos a los empleados.

Artículo 14.- Facúltase a la Empresa de Ferrocarriles del Estado para transferir al Fisco un terreno de 4.800 metros cuadrados ubicado en el recinto de la Estación Alameda, de 160 metros de frente a la Avenida Exposición medidos entre los 170 y los 330 metros desde el actual límite Norte de dicha Estación con la Avenida Bernardo O'Higgins, por 30 metros de fondo medidos desde la actual línea oficial de edificación fijada para la Avenida Exposición, que se destinará a la construcción de la Central Clasificadora y dependencias del Servicio de Correos y Telégrafos. A cambio de lo anterior y como única prestación equivalente, el Fisco se obliga a su vez a transferir en dicha construcción, a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, una superficie edificada en el extremo Norte del inmueble, de 3.300 metros cuadrados aproximadamente, para la instalación de oficinas y bodegas de dicha Empresa. Tal superficie edificada se entregará en tres niveles, contiguos e inmediatos de modo que formen una unidad independiente dentro de la construcción total, con accesos y servicios propios que se distribuirán entre el primer subterráneo y el primer y segundo pisos, conforme a las estipulaciones del Convenio que celebren sobre este particular la Empresa de Ferrocarriles del Estado y el Servicio de Correos y Telégrafos.

Estas transferencias estarán exentas de todo derecho, impuestos y gravámenes fiscales y municipales.

Artículo 15.- Establécese a contar desde la publicación de la presente ley, una sobretasa adicional de Eº 0,05 a todos los objetos de correspondencia que el Servicio de Correos y Telégrafos curse en el interior del país, cuyo producido se destinará a los pagos derivados de la adquisición, compra o expropiación de inmuebles; a la construcción, reparación y alhajamiento de edificios para esta repartición y a la adquisición de equipos de transporte, equipos normalizados de explotación, mobiliario funcional y material postal.

Esta sobretasa se reajustará en el primer trimestre de cada año, a partir de 1970, en un porcentaje igual al alza que experimente el índice de precios al consumidor determinado por la Dirección General de Estadística y Censos, correspondiente al año anterior. Si con motivo de la aplicación de esta norma resultaren cifras de aumento inferiores a cinco centesimos o a múltiplos de cinco centesimos, la tasa se alzará hasta alcanzar dicha cantidad o el múltiplo más cercano.

Estos fondos serán depositados en una cuenta especial y sobre ella podrá girar el Director Nacional de Correos y Telégrafos para cumplir con los objetivos del inciso primero.

Artículo 16.- Facúltase al Presidente de la República para dictar, dentro de un año, contado desde la publicación de la presente ley, un Reglamento para que el Servicio de Correos y Telégrafos organice directamente y sin intermediarios la comercialización de los sellos o estampillas postales y demás especies filatélicas nacionales y todos los aspectos relativos a su elaboración, distribución, circulación, conservación y venta en el mercado nacional e internacional.

Dicho Reglamento establecerá las condiciones, modalidades, características y limitaciones de la adquisición, distribución y venta de los sellos postales, e indicará las atribuciones que se entregarán a la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos para la administración, ejecución y control de estas actividades.

No regirá para la Dirección Nacional nombrada y para los fines previsto en esta disposición, la prohibición contenida en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Correos y Telégrafos, D.F.L. Nº 171, de 1960. Tampoco regirá dicha prohibición en los casos en que el Director Nacional estime conveniente exceptuar de conformidad al Reglamento.

Los fondos provenientes de esta comercialización de sellos y demás especies postales, ingresarán a una cuenta única especial que se abrirá en el Banco del Estado de Chile a nombre de la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos y sobre la cual sólo podrá girarse para atender los gastos y adquisiciones que demande la promoción, funcionamiento, mantención y desarrollo de la comercialización filatéfica y de los servicios postales.

La presente disposición y el Reglamento que en virtud de la misma se dicte no tendrá atingencia con la actividad filatética que desarrollen los particulares entre sí.

Artículo 17.- Agregar el siguiente inciso al artículo 17 de la ley Nº 16.724:

"Sólo el Banco Central de Chile podrá comercializar las monedas acuñadas en virtud de esta disposición, sin intermediarios de ninguna especie y las utilidades derivadas de ella ingresarán a Fondos Generales de la Nación. Esta disposición regirá desde su publicación en el Diario Oficial.".

Artículo 18.- Concédese a la Universidad de Chile, Sede de Temuco, una asignación suplementaria de Eº 1.400.000 con cargo a la regalía que el Fisco recibe del Banco Central de Chile.

Artículo 19.- Libérase a las Municipalidades a cuyo territorio jurisdiccional pertenezcan los predios de las Empresas de la Gran Minería del Cobre y cuyos avalúos fijados para la retasación de la ley Nº 15.021, fueron objeto de revisión y rectificación por el Servicio de Impuestos Internos, de la obligación de reintegrar al Fisco las sumas correspondientes a ingresos municipales, con motivo de las devoluciones a que dieron origen las rebajas de avalúos respectivos.".

En mérito de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- El Banco del Estado de Chile podrá convenir la conversión de los créditos otorgados desde la vigencia de la ley Nº 16.253 en créditos reajustables de fomento, siempre que el objeto de aquéllos haya cumplido con las finalidades contempladas en ella.

Respecto de los créditos concedidos con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley, la conversión será obligatoria para el Banco cuando lo soliciten los deudores interesados.

Artículo 2º.- Agrégase a continuación del artículo 6º de la ley Nº 16.253, como artículo 6º bis, el siguiente:

"Artículo 6º bis.- En los juicios de cobro de las operaciones comprendidas en el artículo 6º de la presente ley, incluso en los juicios de quiebras, el pago se hará en moneda corriente, liquidándose el crédito por el valor que tengan las unidades de fomento a la fecha de dicho pago, de acuerdo con los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 40 del Ministerio de Hacienda, de fecha 2 de enero de 1967.

Si el juicio fuere ejecutivo, no será necesaria la avaluación previa del artículo 438 del Código de Procedimiento Civil.".

Artículo 3º.- Reemplázase el inciso primero del artículo 1° de la ley Nº 16.407, por el siguiente:

"Las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, se reajustarán anualmente en el porcentaje del 100% de variación que en dicho período experimente el índice de precios al consumidor del Departamento de Santiago, que determine la Dirección General de Estadística y Censos.".

Artículo 4º.- Reemplázase el inciso penúltimo del artículo 1º de la ley Nº 16.407, por el siguiente:

"Las cantidades que gocen de reajuste en conformidad a lo dispuesto en este artículo devengarán el interés que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro creada por Decreto Supremo Nº 2.590, publicado en el Diario Oficial Nº 26.651, de 25 de enero de 1967. Sobre el Saldo del depósito no reajustado se abonará el interés normal del depósito.".

Artículo 5º.- Reemplázase el artículo 1º del Reglamento Nº 405 de cuentas de ahorro a plazo del Banco del Estado de Chile, publicado en el Diario Oficial de 15 de febrero de 1966, por el siguiente:

"Artículo 1º.- Tienen derecho a reajuste las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, bajo dicha denominación, que se hallen vigentes al 31 de diciembre de cada año y que no registren en el año calendario un número superior de giros o cantidades al que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro.".

Artículo 6º.- Las condiciones, plazos y modalidades dé las emisiones o debentures a que se refiere el artículo 10 de la ley Nº 16.813 y las que se fijen en el futuro para los sistemas de ahorro a que se refiere el artículo 39, letra j) del D.F.L. Nº 247, de 1960, el D.F.L. Nº 205, de 1960, y el Decreto Supremo de Hacienda Nº 11.429 del mismo año, el D.F.L. Nº 251, de 1960, y la ley Nº 16.407, la ley Nº 16.253 y el Decreto Supremo de Hacienda Nº 40, de enero de 1967, y el RRA. Nº 20, de 1963, deberán contar previamente con el informe favorable de la Comisión Nacional de Ahorro creada por Decreto Supremo Nº 2.590, publicado en el Diario Oficial Nº 26.651, de 25 de enero de 1967.

Artículo 7º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 4.657:

1º.- Intercálase en el Nº 6 del artículo 6º entre la palabra "interés", después de la coma (,) que la sigue, y las palabras "la forma" las siguientes "la forma de reajuste del empréstito".

2º.- Sustituir en el artículo 7º las palabras "la escritura de emisión será publicada íntegramente y" por las siguientes: "un extracto de la escritura de emisión aprobado por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio será publicado"; y reemplazar las palabras "inscrita" y "anotada" por las palabras "inscrito" y "anotado".

3º.- Intercalar en el Nº 7 del artículo 9º entre la palabra "interés" después de la coma (,) que la sigue y las palabras "la forma", las siguientes: "la forma de reajuste del empréstito".

4º.- Sustituir el inciso primero del artículo 10 por el siguiente:

"El valor nominal inicial de cada bono no podrá ser inferior a cien escudos ni superior a cinco mil escudos.".

5º.- Sustituir en el párrafo 2º del inciso primero del artículo 12 la palabra "Segunda" por la siguiente: "Primera", y en el segundo inciso de este artículo agregar después de la palabra "valor" las palabras "o la forma de determinarlo".

6º.- Sustituir el artículo 18 por el siguiente:

"Artículo 18.- Podrán emitirse bonos reajustable o a prima, fijando en este último caso para su suscripción una suma inferior a su valor nominal. Para la aplicación de las disposiciones legales que limitan el interés convencional se considerará en los bonos reajustabes o a prima sólo la tasa de interés calculada sobre el valor nominal inicial del bono más el reajuste en su caso. El reajuste no se considerará interés ni renta para ningún efecto legal para quien se beneficie con él. De la misma manera, la diferencia que obtenga el tenedor de bonos entre el precio de suscripción o adquisición y el de rescate o transferencia tampoco se considerará como renta para ningún efecto legal, a menos que se trate de la diferencia correspondiente a la prima con que haya podido colocarse el bono.".

7º.- Agregar en el artículo 20 después de la palabra "intereses" las siguientes "y reajuste".

8º.- Sustituir en el artículo 22 las palabras "no podrá hacer uso alguno del dinero pagado por los suscriptores de los bonos", por las siguientes: "sólo podrá destinar el dinero pagado por los suscriptores de bonos a inversiones o bienes de fácil liquidación".

9º.- Agregar en el artículo 23 después de la palabra "intereses" lo siguiente: "y reajuste".

10.- Agregar en el artículo 25 después de la palabra "bonos" las siguientes: "o a quien éstos indiquen".

11.- Suprimir en el artículo 29 la frase "con autorización de la junta de tenedores de bonos".

12.- Suprimir en el artículo 32 las palabras "por medio de sorteo de los títulos respectivos y sólo".

13.- Sustituir en el primer párrafo del inciso primero del artículo 33 las palabras "El sorteo de los bonos" por las siguientes:' "En el caso que la amortización se efectúe por sorteo, éste".

14.- Agregar en los artículos 35 y 41 después de la palabra "nominal" lo siguiente: "más el reajuste en su caso".

15.- Agregar entre los párrafos sexto y séptimo un párrafo nuevo con el título "Autorizaciones especiales" y con el siguiente artículo nuevo:

"Articulo...- Para emitir bonos con reajuste será necesario que la sociedad emisora obtenga previamente una autorización especial para cada emisión de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro creada por Decreto de Hacienda Nº 2.590, de 24 de diciembre de 1966.

Las Sociedades Anónimas que deseen emitir bonos con reajuste deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar que el empréstito tiene por objeto obtener los capitales de explotación o de inversión necesarios para el desarrollo de sus actividades;

b) Que el monto del empréstito guarde relación con el volumen de los negocios de la sociedad solicitante y que se encuentra suficientemente garantizado con el capital propio de la sociedad y los ingresos provenientes de sus operaciones. Sin perjuicio de que deba acreditarse esta circunstancia, estos empréstitos en todo caso deberán tener garantía debidamente calificada por la Superintendencia al autorizar la emisión;

c) Que el bono mediante el cual se colocará el empréstito cumple los requisitos de forma y fondo que establezca la Superintendencia, y

d) Ofrecer una fórmula de reajuste equitativa que tenga por objeto preservar el valor adquisitivo inicial del empréstito para quien lo cubra.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia, en la resolución que pronuncie aprobando la emisión del empréstito, podrá fijar las condiciones de la emisión y de la colocación respectiva con las más amplias facultades. Dicha resolución se protocolizará ante Notario Público, se inscribirá en el Registro de Comerció correspondiente, y se anotará al margen de la inscripción de la sociedad en el mismo Registro.".

16.- Sustituir el artículo 75 por el siguiente:

"Artículo 75.- Los representantes de los tenedores de bonos y las empresas que se encarguen de la colocación de los documentos mercantiles a que se refiere esta ley, responderán de la culpa y negligencia en el cumplimiento de ella y de la violación de cualquiera de sus obligaciones que su función les imponga.".

Artículo 8º.- Agrégase al inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 16.394 el siguiente párrafo: "Estas mismas sociedades podrán también colocar en el público, en igual forma directa, bonos o debentures de su propia emisión, sujetándose a las disposiciones de la presente ley.".

Artículo 9º.- Modifícase el artículo 54 de la ley Nº 11.704 en el siguiente sentido:

"Sustituyese en el primer inciso la expresión "Eº 500", por la siguiente: "Tres sueldos vitales mensuales clase A del Departamento de Santiago".".

Artículo 10.- Agréganse los siguientes incisos finales al artículo 54 de la ley Nº 11.704:

"El recargo que establece este artículo se aplicará sobre el capital propio del contribuyente, definido en el artículo 35 de la ley N° 15.564 sobre Impuesto a la Renta. Dicho capital deberá ser igualmente considerado para los efectos de la aplicación de las patentes mínimas que esta disposición establece.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, los contribuyentes afectos al pago de patentes, de las señaladas en el inciso primero de este artículo, deberán presentar una declaración anual en el mes de marzo de cada año, sobre el monto del capital con que operan ante la Municipalidad respectiva, acompañando copia del Balance y del cálculo del capital propio presentados ante Impuestos Internos.

El 20% de los fondos que obtengan las Municipalidades por concepto de recargo de capital, será destinado a incrementar el ítem de Obras de Adelanto Local de cada comuna.".

Artículo 11.- Aplícase también al personal de la Corporación de la Reforma Agraria y al personal de la Empresa de Comercio Agrícola lo dispuesto en el artículo 110 de la ley Nº 16.840.

Artículo 12.- Declárase que el inciso cuarto del artículo 1º de la ley Nº 17.015, de 31 de octubre de 1968, se limitó a derogar el Párrafo 4º del Título II del D.F.L. Nº 338, de 1960 y el artículo 20 de la ley Nº 7.295, respecto de los servicios enumerados en el mismo precepto, y sólo a contar desde el 1º de enero de 1969. En consecuencia, los funcionarios que adquirieron antes de esta fecha alguno de los beneficios establecidos en el referido párrafo o en el artículo citado, lo han conservado con posterioridad a ella.

Artículo 13.- Los Tesoreros de las Municipalidades de Santiago y Valparaíso estarán obligados a retener mensualmente del sueldo de los empleados municipales las imposiciones que a éstos les corresponden en virtud de los Estatutos Orgánicos de sus respectivas Cajas de Previsión y los demás descuentos que ordenen estas Instituciones.

Dichas retenciones y descuentos, como asimismo los aportes municipales a las expresadas Cajas de Previsión, deberá el Tesorero respectivo remitirlas a aquéllas dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiere efectuado el pago de los sueldos a los empleados.

Artículo 14.- Facúltase a la Empresa de Ferrocarriles del Estado para transferir al Fisco un terreno de 4.800 metros cuadrados ubicado en el recinto de la Estación Alameda, de 160 metros de frente a la Avenida Exposición medidos entre los 170 y los 330 metros desde el actual límite Norte de dicha Estación' con la Avenida Bernardo O'Higgins, por 30 metros de fondo medidos desde la actual línea oficial de edificación fijada para la Avenida Exposición, que se destinará a la construcción de la Central Clasificadora y dependencias del Servicio de Correos y Telégrafos. A cambio de lo anterior y como única prestación equivalente, el Fisco se obliga a su vez a transferir en dicha construcción, a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, una superficie edificada en el extremo Norte del inmueble, de 3.300 metros cuadrados aproximadamente, para la instalación de oficinas y bodegas de dicha Empresa. Tal superficie edificada se entregará en tres niveles, contiguos e inmediatos de modo que formen una unidad independiente dentro de la construcción total, con accesos y servicios propios que se distribuirán entre el primer Subterráneo y el primer y segundo pisos, conforme a las; estipulaciones del Convenio que celebren sobre este particular la Empresa de Ferrocarriles del Estado y el Servicio de Correos y Telégrafos.

Estas transferencias estarán exentas de todo derecho, impuestos y gravámenes fiscales y municipales.

Artículo 15.- Establécese a contar desde la publicación de la presente ley, una sobretasa adicional de Eº 0,05 a todos los objetos de correspondencia que el Servicio de Correos' y Telégrafos curse en el interior del país, cuyo producto se destinará a los pagos derivados de la adquisición, compra o expropiación de inmuebles; a la construcción, reparación y alhajamiento de edificios para esta repartición y a la adquisición de equipos de transporte, equipos normalizados de explotación, mobiliario funcional y material postal.

Esta sobretasa se reajustará en el primer trimestre de cada año, a partir de 1970, en un porcentaje igual al alza que experimente el índice de precios al consumidor determinado por la Dirección General de Estadística y Censos, correspondiente al año anterior. Si con motivo de la aplicación de esta norma resultaren cifras de aumento inferiores a cinco centesimos o a múltiplos de cinco centesimos, la tasa se alzará hasta alcanzar dicha cantidad o el múltiplo más cercano.

Estos fondos serán depositados en una cuenta especial y sobre ella podrá girar el Director Nacional de Correos y Telégrafos para cumplir con los objetivos del inciso primero.

Artículo 16.- Facúltase al Presidente de la República para dictar, dentro de un año, contado desde la publicación de la presente ley, un Reglamento para que el Servicio de Correos y Telégrafos organice directamente y sin intermediarios la comercialización de los sellos o estampillas postales y demás especies filatélicas nacionales y todos los aspectos relativos a su elaboración, distribución, circulación, conservación y venta en el mercado nacional e internacional.

Dicho Reglamento establecerá las condiciones, modalidades, características y limitaciones de la adquisición, distribución y venta de los sellos postales, e indicará las atribuciones que se entregarán a la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos para la administración, ejecución y control de estas actividades.

No regirá para la Dirección Nacional nombrada y para los fines previstos en esta disposición, la prohibición contenida en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Correos y Telégrafos, D.F.L. Nº 171, de 1960. Tampoco regirá dicha prohibición en los casos en que el Director Nacional estime conveniente exceptuar de conformidad al Reglamento.

Los fondos provenientes de esta comercialización de sellos y demás especies postales, ingresarán a una cuenta única especial que se abrirá en el Banco del Estado de Chile a nombre de la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos y sobre la cual sólo podrá girarse para atender los gastos y adquisiciones que demande la promoción, funcionamiento, mantención y desarrollo de la comercialización filatélica y de los servicios postales.

La presente disposición y el Reglamento que en virtud de la misma se dicte no tendrá atingencia con la actividad filatélica que desarrollen los particulares entre sí.

Artículo 17.- Agregar el siguiente inciso al artículo 17 de la ley Nº 16.724:

"Sólo el Banco Central de Chile podrá comercializar las monedas acuñadas en virtud de esta disposición, sin intermediarios de ninguna especie y las utilidades derivadas de ella ingresarán a Fondos Generales de la Nación. Esta disposición regirá desde su publicación en el Diario Oficial.".

Artículo 18.- Concédese a la Universidad de Chile, Sede de Temuco, una asignación suplementaria de Eº 1.400.000 con cargo a la regalía que el Fisco recibe del Banco Central de Chile.

Artículo 19.- Libérase a las Municipalidades a cuyo territorio jurisdiccional pertenezcan los predios de las Empresas de la Gran Minería del Cobre y cuyos avalúos fijados para la retasación de la ley Nº 15.021, fueron objeto de revisión y rectificación por el Servicio de Impuestos Internos, de la obligación de reintegrar al Fisco las sumas correspondientes a ingresos municipales, con motivo de las devoluciones a que dieron origen las rebajas de avalúos respectivos.

Artículo transitorio.- Las modificaciones que la presente ley introduce al artículo 54 de la ley Nº 11.704, no afectarán, en ningún caso, la validez de los pagos que hubieren efectuado los contribuyentes en un sentido diverso, con anterioridad a su vigencia.".

Sala de la Comisión, a 5 de mayo de 1969.

Acordado en sesiones de fechas 11 y 17 de diciembre de 1968, y 8, 9, 15, 22, 29 y 30 de abril de 1969, bajo la presidencia del Honorable Senador señor Altamirano (señora Carrera), y con asistencia de los Honorables Senadores señores Baltra (Miranda), Contreras Labarca, Noemi (Pablo) y Von Mühlenbrock.

(Fdo.) : Iván Auger Labarca, Secretario.

CONVERSION DE CREDITOS OTORGADOS POR EL BANCO DEL ESTADO.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Corresponde ocuparse en el proyecto de la Cámara de Diputados que autoriza al Banco del Estado de Chile para convenir la conversión de créditos otorgados desde la vigencia de la ley 16.253, informado por la Comisión de Hacienda.

La Comisión de Hacienda, que sesionó bajo la presidencia de la Honorable señora Carrera y del Honorable señor Altamirano, con asistencia de los Honorables señores Baltra, Miranda, Contreras Labarca, Noemi, Pablo y Von Mühlenbrock, recomienda a la Sala aprobar el proyecto con las enmiendas contenidas en su informe.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los 'Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 20ª, en 3 de diciembre de 1968.

Informe de Comisión de:

Hacienda, sesión 54ª, en 6 de mayo de 1969.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

En discusión general el proyecto.

Ofrezco la palabra.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, nos corresponde esta tarde ocuparnos en un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que autoriza al Banco del Estado para la conversión de los créditos otorgados desde la vigencia de la ley 16.253, o sea, la que permitió la creación de bancos de fomento en todo el país.

Dichos bancos tendrían como misión impulsar el desarrollo de las distintas actividades productoras mediante préstamos en moneda nacional y extranjera, reajustables y a un plazo no inferior a tres años.

El reglamento de esta interesantísima ley, promulgada el 19 de mayo de 1965, sólo vino a dictarse en enero de 1967.

El único organismo autorizado hasta ahora para actuar como banco de fomento es el Banco del Estado de Chile.

Mientras se dictaba el reglamento, el Banco del Estado otorgó diversos préstamos reajustables destinados a inversiones de fomento, y ahora se quiere amparar esos créditos, que son a corto plazo, convirtiéndolos en préstamos a largo plazo y reajustables según el alza del costo de la vida.

La Comisión de Hacienda tuvo el criterio de variar la redacción del artículo 1º, en el sentido de hacerlo aplicable a los deudores que reúnan claramente los requisitos del crédito de fomento y hacer imperativo para el Banco del Estado aceptar la conversión. De esta manera se garantiza la imparcialidad y se vela por los intereses legítimos de la producción nacional, acreedora a este beneficio. La indicación respectiva fue presentada por el Honorable señor Baltra.

Es lamentable que no se haya autorizado la creación de mayor número de bancos de fomento en el país para estimular la iniciativa privada, para crear nuevas fuentes de empleo y para atraer capitales que hoy se ocultan, permanecen inactivos o lisa y llanamente se destinan a actividades de carácter especulativo. La situación de crisis que vive el país podría haberse resuelto si se hubiera tenido esta formidable herramienta de desarrollo.

Chile, que educa a su pueblo, carece de empleos para su juventud, y nuestros técnicos emigran por falta de horizontes. En la zona sur, esta emigración en busca de trabajo ha llegado a tal extremo que hoy se encuentran trescientos mil ciudadanos chilenos radicados en la Patagonia argentina.

Por lo beneficioso de la idea central, la Comisión de Hacienda aprobó en general la idea de legislar y los artículos relativos al Banco del Estado, entre los cuales figura el tercero, que permite reajustar, en el ciento por ciento de la variación que experimente el alza del costo de la vida, los depósitos de ahorro a plazo en ese banco, que hasta ahora sólo han sido reajustados en parte.

El artículo 4º del proyecto alude a la Comisión Nacional del Ahorro, creada por decreto supremo, que debe autorizar el tipo de interés de los depósitos de ahorro del Banco del Estado. La Comisión de Hacienda estimó que no era lógico reconocer por ley a una institución creada por decreto, y triunfó la tesis, que será cristalizada en el segundo informe, de legalizarla por la ley. Eso sí, esperamos conocer el criterio del Ejecutivo sobre el particular, y en el segundo informe, los miembros de la Comisión y demás señores Senadores que se interesen por la materia presentarán las indicaciones del caso. De todos modos, nuestro propósito es mejorar la indicación de la Comisión, dando mayor participación en especial a los ahorrantes y a las asociaciones de ahorro y préstamo. Repito que en el segundo informe se tratará de mejorar lo relativo a la Comisión Nacional del Ahorro, después de conocer el criterio del Ejecutivo.

Con pleno espíritu de justicia social, la Comisión rechazó los artículos 6º y 7º, pues se opuso a aplicar impuestos a los créditos que el Banco del Estado otorgue a sus ahorrantes. En la actualidad, las cuentas de ahorro superan el millón, y representan más de mil doscientos millones dé escudos.

Los artículos 9º y 10 del proyecto contienen útiles iniciativas y actualizan las disposiciones de la ley 4.657, que autoriza a las sociedades anónimas para emitir bonos, a fin de permitirles reunir nuevos capitales para ampliarse, mejorar sus instalaciones y competir en los mercados. Dichos artículos reglamentan en debida forma la emisión de bonos o "debentures". A nuestro juicio, esta modernización de la ley 4.657 es un paso importante a favor del desarrollo de las actividades económicas nacionales.

Los artículos 12 y 13, que se refieren a los recargos en el valor de las patentes municipales del comercio y la industria, fueron mejorados notablemente por la Comisión, de acuerdo con el Ejecutivo. En efecto, se evitó recargar de manera injustificada las actividades productoras, pues primitivamente se dejaba sin tope el recargo de las patentes, lo que permitía elevar su valor hasta el infinito.

Puede decirse, entonces, que en general los objetivos y las materias de este proyecto, debidamente perfeccionados por la Comisión de Hacienda en numerosas y prolongadas sesiones, son positivos y dignos de transformarse en disposiciones legales.

Pero en el proyecto que nos llegó aprobado por la Cámara de Diputados hay un artículo que indudablemente provocará intenso debate en esta Sala, y a él deseo referirme muy en especial. Se trata del artículo 11, sobre el cual ya hablé en el Senado en sesión de 17 de diciembre de 1968. En dicha oportunidad, señalé a esta Corporación y al país las gravísimas consecuencias que se derivarían en caso de ser aprobado dicho precepto en la forma y condiciones propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por la mayoría de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la trascendencia de este artículo? ¿Por qué mi alarma y mi inquietud? ¿Y por qué la Comisión de Hacienda destinó numerosas sesiones a su estudio y escuchó a todas las empresas e instituciones interesadas en su aprobación o rechazo? Es muy sencillo explicarlo. En efecto, el artículo 11 legisla sobre la industria automotriz chilena y trata de resolver sus problemas, que, indudablemente, en estos momentos son de extrema gravedad y urgencia.

La industria automotriz nacional, que empezó con 27 planeas de armaduría, a la fecha está reducida a 10 fábricas, que producen automóviles, camiones y camionetas. La producción de vehículos, según datos proporcionados a la Comisión de Hacienda, ha sido la siguiente: 1962, 6,615 vehículos; 1963, 7.939; 1964, 7.797; 1965, 8.570; 1966, 7.096; 1967, 13.157, y 1968, 18.042.

La producción de 1968 se descompone como sigue: 12.756 automóviles y "stations wagons", 915 furgones, 1.536 camionetas y 2.835 camiones.

Según el Secretario Ejecutivo de la Comisión Automotriz de la Corporación de Fomento de la Producción, el problema básico de la industria automotriz reside en que la capacidad instalada de producción es mayor que la demanda de vehículos estimada para el futuro. A juicio del mismo Secretario Ejecutivo, existen inversiones* por 27 millones de escudos, y la producción en 1970 será de 20.000 automóviles y 5 mil camiones.

El Subsecretario de Hacienda, don Florencio Guzmán, informó a la Comisión que en 1968 hubo necesidad de financiamiento para 16.000 vehículos. De ellos, 30% se pagó al contado, y el 87% restante, con facilidades. El 37% del saldo" también fue pagado al contado. Considerando un precio promedio de 44 mil escudos por vehículo, resulta una necesidad de financiamiento del orden de los 700 millones de escudos. De esa cantidad, 55% corresponde a financiamiento a plazo. En otras palabras, 400 millones de escudos están siendo financiados por organismos no sujetos 'al control del Estado ni de ninguna otra especie.

La situación de 1968, con un financiamiento de 700 millones de escudos, se agravará en 1969, pues este año se producirán 5.000 vehículos más, o sea, se necesitarán alrededor de 924 millones de escudos, y en 1970, cuando se produzcan 25.000 vehículos, se requerirá un financiamiento cercano a 1.200 millones de escudos. Es decir, la suerte de la industria automotriz se encuentra gravemente amenazada, ya que no hay financiamiento para ella.

Fórmula para resolver el problema.

Ahora bien, frente a tan serio asunto, ¿qué ha ideado el Gobierno como solución? A mi juicio, algo que no resuelve el problema y que constituye un gravísimo error, pues ha presentado una iniciativa que redundará en desatar una crisis peor y más trágica que la que se desea remediar. De ahí mi alarma; de ahí mi discurso del 17 de diciembre de 1968; de ahí mi oposición constante en la Comisión de Hacienda a aprobar el artículo 11 del proyecto que nos envió la Cámara y que, por fortuna, ha sido rechazado, en primer informe, por cuatro votos contra uno.

Análisis del artículo 11.

Corresponde al Senado pronunciarse sobre el artículo 11 del proyecto, despachado favorablemente por la Cámara de Diputados, que propone medidas tendientes a modificar los cauces del ahorro nacional. Entre otras disposiciones y de acuerdo con lo propuesto por el artículo mencionado, se autorizaría al Presidente de la República "para dictar disposiciones que permitan el establecimiento de organismos privados, con personalidad jurídica, destinados a recibir ahorros y otorgar préstamos reajustables para la adquisición de vehículos motorizados producidos o armados en el país", los que estarían sometidos a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos.

Observe la Corporación que en ningún momento se habla o se califica si los automóviles serán nuevos ó usados.

Al iniciar el proyecto su segundo trámite constitucional, la Comisión de Hacienda del Senado encontró dificultades para desempeñar su cometido respecto del artículo 11, como consecuencia de la falta total de informaciones, antecedentes y proyecciones relacionadas con un plan de esta naturaleza.

Posiblemente, por falta de un estudio sobre la materia, los personeros del Gobierno que concurrieron a las reuniones del organismo técnico de estudio no pudieron llenar ese vacío, lo cual retardó el despacho de la iniciativa durante varios meses. Sólo en fecha reciente la Comisión de Hacienda acordó recomendar el rechazo del artículo 11. Tal decisión se adoptó, como he dicho, por la mayoría absoluta de cuatro votos contra uno.

Debo dejar constancia de que las duras observaciones a este precepto, formuladas en la Comisión por el Senador que habla y otros colegas, encontraron comprensión en el Ejecutivo, que no ha insistido sobre el particular y ha dado plazo para debatir el tema. Inclusive retiró la urgencia, a fin de permitir que la Comisión se formara un juicio más amplio respecto de la gravedad del asunto en discusión.

El 17 de diciembre de 1968 manifesté en esta Sala que, a mi juicio, la industria automotriz merece y necesita ser estimulada, y para ello debe crearse un poder comprador. No obstante, no puede correrse el riesgo de desviar descontroladamente el ahorro nacional para el fomento desproporcionado de una sola actividad, perjudicando gravemente a ramas y complejos económicos de importancia tan fundamental como la edificación de viviendas económicas. Para evitar ese peligro, sin oponerse en principio a la aplicación del sistema de ahorros y préstamos para favorecer el desarrollo de la industria automotriz, sostuve la conveniencia de ampliar a dicho ramo la actual operatoria del sistema nacional de ahorros y préstamos, lo cual permitiría regular el volumen de los recursos destinados al financiamiento de los planes habitacionales y al fomento automotriz, de acuerdo con la orientación de la política económica de la nación.

Al tocar el aspecto de la regulación de recursos financieros con fines de desarrollo y de fomento, deseo hacer un alcance. Con ligereza inexcusable, no ha faltado en este caso la voz de los teóricos que se oponen "por principio" a toda forma de regulación. Según esos caballeros, si el pueblo quiere autos o quiere circo, hay que darle circo y autos, aun cuando los hijos de los flamantes automovilistas deban dormir a la intemperie. Las actuales asociaciones de ahorro y préstamo -dicen- deberían afrontar la competencia del sistema en proyecto, mejorando sus tasas de interés por los fondos que reciben en depósito; la competencia es sumamente sana -agregan- y los ahorrantes se beneficiarían. A] expresarse en tales términos, olvidan que las asociaciones de ahorro y préstamo son instituciones privadas mutualistas que no persiguen fines de lucro, y que los mayores intereses que exigiese toda acción competitiva recaerían inevitablemente sobre los adquirentes de viviendas. Frente a esos teorizantes de la libertad económica, mi posición es clara e incontrovertible: soy partidario de la libre empresa y estimo que el Estado no debe coartar o perturbar su desarrollo. Respetando este principio, el Estado puede y debe estimular y fomentar las actividades vitales de la nación, lo cual significa aplicar una política reguladora que es la esencia misma del arte de gobernar, y que si llegase a desaparecer significaría caer en el desgobierno y la anarquía.

Al formular mi pensamiento, debo puntualizar que no pretendo defender a las asociaciones de ahorro y préstamo de un riesgo de competencia, sino a las actividades primordiales que ellas están impulsando en beneficio del país y de su población.

Existiendo en nuestro territorio 22 asociaciones de esa índole, muchas con sucursales y oficinas que multiplican su capacidad de acción; teniendo esas entidades funcionarios especializados en todos los aspectos técnicos del ahorro reajustable; contando con mecanismos de seguridad y fiscalización; disponiendo de importantes recursos y reservas, administrados con la confianza de la población; y siendo la esencia misma de estas instituciones de índole regionalista, de modo que se sabe que los capitales reunidos se invierten en cada zona, no puede ser razonable estructurar otro sistema para los vehículos motorizados. Sin elevar sus costos de modo sustancial, las asociaciones de ahorro y préstamo están capacitadas para recibir depósitos y otorgar préstamos para cualquier finalidad, y basta para ello que la ley lo permita.

Repito: no defiendo a las asociaciones de ahorro y préstamo. Igual que todas las instituciones, no me interesan en sí mismas, sino en cuanto a la finalidad o función que desarrollan. Si se llegara a crear un nuevo canal de ahorro reajustable, competidor de los actuales, las asociaciones de ahorro y préstamo y el Banco del Estado, que reúnen el 75% del ahorro nacional, recibirían un menor volumen de depósitos, pero no dejarían por ello de ser organizaciones financieras de primera importancia. Prestarían, sí, menos dinero, y seguramente habría que autorizarlas para hacerlo con mayores tasas de interés, para equipararlas con las del ahorro para vehículos motorizados. Es esto lo que me preocupa, porque se construirían menos casas para hacer frente a una necesidad siempre creciente y se restringirían los créditos que precisan las actividades productoras, ocasionando una desviación des-controlada de recursos financieros desde los canales que alimentan producciones ciento por ciento nacionales, para fomentar en forma irracional y desproporcionada a una industria que. no es ciento por ciento chilena.

Como sucedió en la Comisión de Hacienda, la forma como está redactado por el Ejecutivo el artículo 11 ya citado, no permite debatirlo con la extensión y la profundidad indispensables. En verdad, el Gobierno no ha estimado oportuno someter a la consideración del Poder Legislativo un verdadero proyecto sobre un asunto de tanta trascendencia, sino que solicita facultades extraordinarias para resolver lo que quiera a este respecto, olvidando las normas constitucionales que señalan quién debe legislar y quién debe ejecutar y administrar.

Habría sido necesario e importantísimo debatir el asunto en toda su amplitud, dadas las proyecciones que tiene para el país, tanto en lo referente al fomento de la industria automotriz como a la formulación de una política de ahorro nacional. El proyecto del Gobierno, no obstante, propone una delegación de facultades que nos impide examinar los antecedentes primordiales, lo cual hace imposible emitir nuestro pronunciamiento con conocimiento cabal de causa.

El ahorro nacional es un importante patrimonio que debe ser canalizado cuidadosamente, de modo de servir en forma armónica las necesidades vitales de la nación. Hasta hoy se carece, desafortunadamente, de una planificación efectiva de -nuestro ahorro nacional, siendo imposible precisar, por ello, el grado de importancia que dentro de una orientación racional de estos recursos correspondería asignar a la industria automotriz. Hay cifras indicadoras, sin embargo, que mueven a reflexionar. El Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos, que está contribuyendo a la solución de un problema de índole fundamental, ha logrado hasta ahora un promedio de 7.000 casas por año, con un valor medio aproximado de 50 mil escudos por vivienda, equivalente al precio de un automóvil popular.

Según se ha dado a conocer, la industria automotriz pretende movilizar ahorros para financiar la compraventa inicial de 20.000 vehículos en el curso del primer año, con un incremento anual considerable. La realización de ese plan significaría la utilización de recursos tomados del ahorro popular que triplicaría los movilizados para la vivienda. ¿De dónde provendrán y cómo se reunirán? ¿Los podrá colectar una campaña montada con los más costosos medios de publicidad, para conseguir el efecto de retiros masivos de fondos reunidos por todos los canales del ahorro nacional -en muchos casos, economizados por centenares de personas de condición humilde-, entre ellos el Banco del Estado, el Banco Central de Chile, las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, las Cooperativas de Ahorro, los Bancos Hipotecarios y la Caja Central de Ahorros y Préstamos? ¿Quién y cómo podría corregir, más adelante, los efectos nocivos de este desajuste para otras ramas de la producción?

Se dice que la industria automotriz contribuiría a la formación del capital básico de las entidades financieras en proyecto, con un aporte de recursos provenientes del exterior del orden de los 10 millones de dólares. Si el precio de venta medio de los vehículos durante el próximo año fuese de 50 mil escudos, tal aporte alcanzaría para financiar un máximo de 2.000 unidades, lo que representaría sólo 10% de la producción programada para el primer año. ¿Puede contribuir el país con el 90% restante? Y aun cuando pudiese, ¿se atrevería alguien a decir en voz alta que sería sensato realizar un esfuerzo tan desproporcionado, posponiéndose la atención de necesidades primordiales del desarrollo nacional?

Aún hay otras preguntas: ¿Cuál sería el estatuto y régimen legal de las entidades en proyecto? ¿Quién tendrá predominio para administrarlas y qué rol asumirá la Corporación de Fomento de la Producción, con cuyos capitales también parece que se contaría? ¿Estarán representados los intereses de los ahorrantes, que harían indudablemente el aporte principal? ¿Cómo se explica, entonces, que el proyecto consulte castigar a los ahorrantes que precisen retirar sus fondos, privándolos de los reajustes compensatorios del deterioro monetario? ¿Quiénes obtendrán provecho de tan injusta medida? ¿Qué exigencias han hecho las empresas extranjeras interesadas en participar, para concretar sus aportes y asegurar su posterior retorno? ¿Por qué se insiste en independizar la financiación automotriz de la habitacional? ¿No resulta evidente que es porque las asociaciones de ahorro y préstamo son organizaciones mutualistas que no persiguen fines de lucro y que distribuyen sus beneficios entre los ahorrantes?

En declaración a la prensa, la institución que agrupa a los fabricantes de automóviles ha manifestado textualmente que "las industrias terminales chilenas no podrían traer capitales del exterior para entregar esos fondos a organizaciones sobre las cuales no tendrían ningún control".

A cambio de un aporte de dinero, ¿puede haber conveniencia nacional en concentrar en una misma mano los factores producción, distribución y financiamiento, creándose un monopolio manejado desde el exterior? ¿Cómo podría realizarse, en tales condiciones, un plan de regulación y control de producción, precios y calidades, rectificando, por ejemplo, la preferencia de los productores por los vehículos livianos o de agrado, sin atender a la necesidad urgente que tienen las provincias de máquinas de trabajo?

Como representante de una zona de esfuerzo tesonero, que labora en forma silenciosa e infatigable por el progreso de la nación, señalo la necesidad de las provincias en orden a que se produzca suficiente número de tractores, camiones y camionetas, con prioridad a la satisfacción de la demanda de otra clase de vehículos.

La sola enunciación de los interrogantes planteados demuestra la necesidad de estudios serios y completos sobre los antecedentes, proyecciones y efectos indirectos del proyecto automotriz. La ausencia de informaciones completas nos priva de las condiciones básicas indispensables para un pronunciamiento responsable, como corresponde a la jerarquía y dignidad de esta Corporación. Aprobar en tales condiciones un proyecto de tanta trascendencia y de tan variados alcances, sería actuar, como legisladores, con censurable ligereza.

El potencial de ahorro del país es uno solo, aun cuando la creación de un estímulo nuevo pueda representar algún grado de incremento subsidiario. De este hecho se desprende que todo nuevo medio de ahorro reajustable se traduciría en la desviación de recursos ya canalizados, con el daño consiguiente, no para los sistemas en operación, sino para las actividades productoras que éstos están atendiendo con sus créditos. El nuevo sistema financiero que desea crear el Poder Ejecutivo sin la intervención directa del Congreso Nacional, mediante un proyecto en que pide facultades para organizarlo, estaría llamado a ejercer un efecto deprimente sobre todos los canales del ahorro nacional, y en forma muy especial sobre el Banco del Estado y las asociaciones de ahorro y préstamo, cuyos depósitos representaban al 31 de diciembre de 1968, como ya se ha dicho, el 75 % de los ahorros de la población.

Las consideraciones que anteceden harían recomendable concordar con el criterio de la Honorable Comisión de Hacienda, en cuanto a rechazar el artículo 11 del proyecto del Ejecutivo que analizamos.

Deseo demostrar, no obstante, que no soy un Senador adverso al desarrollo de la industria automotriz, y por ello formulo indicación para que se sustituya el texto de ese artículo por el siguiente:

"Artículo 11.- Agrégase a la ley 16.807, de 20 de julio de 1968, el siguiente artículo:

"Artículo 91.- Las Asociaciones de Ahorro y Préstamo podrán otorgar préstamos reajustables para la adquisición de vehículos motorizados producidos o armados en el país, de acuerdo con las normas que establezca el reglamento.

"Se autoriza al Presidente de la República para que en dicho reglamento dicte normas relativas a las garantías que deben rendirse y a los seguros que deban contratarse, así como a los procedimientos que deban seguir las asociaciones en el otorgamiento de los créditos a que este artículo se refiere. Podrá, además, dictar disposiciones legales tendientes a regular las operaciones de crédito y fijar sus plazos, tasas de interés, comisiones y formas de reajuste; colocaciones e inversiones que puedan realizar las asociaciones en esta clase de créditos, y las limitaciones o prohibiciones a que queden sujetas."

La indicación que presento, señor Presidente, tiende a encauzar este debate por un camino positivo, dando solución al problema planteado. Resguarda el interés de la nación, contrario a los monopolios; resguarda el interés de todas las. actividades servidas en la actualidad por los sistemas de ahorro reajustable en operación; resguarda el interés de los ahorrantes que no consigan realizar la ilusión del automóvil propio, a quienes no sería equitativo privar de su derecho a reajustes; resguarda el interés de todos, al propender a que el Ejecutivo lleve a cabo una verdadera política económica, regulando los recursos que se movilizan para contribuir al desarrollo orgánico de la producción nacional ; resguarda, por último, el interés de la propia industria automotriz, pues pone a su servicio el canal más importante del ahorro reajustable.

La industria automotriz es respetable. Chile la necesita para resolver sus problemas de transportes e, inclusive, de defensa nacional. Conozco el poder multiplicador de esta rama industrial. Sé que genera múltiples actividades de precisión y alta técnica y que ocupa numerosa mano de obra. Pero es preciso establecer claramente las prioridades. Tenemos que colocar, en un lado de la balanza, la compra de automóviles, y en el otro, el cruel y doloroso problema de la escasez de viviendas, que afecta a centenares de miles de familias chilenas, fundamentalmente al pueblo y a la clase media.

El SINAP -Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos- está constituido por 23 asociaciones reguladas, dirigidas y controladas por un admirable organismo, cual" es la Caja Central de Ahorros y Préstamos, que me atrevo a definir como la "CORVI" de la clase media chilena, porque la CORVI estatal se preocupa directamente del sector humilde. Aquí debemos entrar a considerar que los estratos medios de la población no han sido considerados como corresponde, no obstante ser ésta la nación del continente americano con mayor madurez política, de mejores formas de derecho y que cultiva la democracia como pocos países del mundo lo han hecho. A mi juicio, esta virtud de Chile, la razón de ser de nuestro" estado de derecho, radica en la circunstancia de que somos la primera nación americana gobernada por la clase media, que ha creado valores espirituales que, para nosotros, son un orgullo. Sin embargo, esta clase media es la más golpeada y abandonada en nuestro país. En los últimos años, la protección del Estado ha ido directamente a los estratos más bajos. Aquélla, sin embargo, se encuentra sin destino, desorientada, entregada a su suerte, golpeada por la falta de ocupación, de horizontes. A este respecto, cabe mencionar los efectos de la reforma educacional, que en otras oportunidades he analizado.

Pues bien, mediante el artículo 11 del proyecto de ley en debate, se asesta otro golpe de muerte a esa clase social.

Me permito atraer la atención del Honorable Senado hacia este problema, pues no es posible comparar el poder multiplicador de la industria automotriz -respetable, admirable, indispensable o necesaria para Chile- con el de la construcción de viviendas, es decir, del acero, cemento, ladrillos, artículos sanitarios, industria maderera, casas prefabricadas, manufactura de muebles, menaje en general, pintura, y mano de obra, desde la más humilde: desde el camionero, el carpintero, el hombre que trabaja en el alcantarillado, hasta el técnico, ingeniero o arquitecto, que calculan y diseñan los detalles necesarios para construir una población.

¿Qué ocurriría en nuestro país si quiebra el SINAP? Chile es un país que carece de la reciedumbre que caracteriza a naciones milenarias. Indudablemente, nuestro pueblo es imprevisor. Podría decirse que es una chicharra alegre, que pasa cantando el largo verano y que no ahorra para el riguroso invierno de la vida. ¿Qué sucederá el día que se tiente al pueblo, que tiene sed de vehículos? Tienen ansias de poseer su automóvil la dueña de casa, el empleado particular, el modesto empleado público, para- ir al mercado, para llevar a sus hijos a la escuela, para salir el día domingo a reponer energías; las tienen también el pequeño productor y el pequeño industrial, pero de una camioneta, especialmente, para transportar sus productos al mercado. Si se les presenta a todos ellos la posibilidad de satisfacer esta necesidad mediante un pequeño depósito de ahorro previo, con un modesto dividendo a su alcance, destinarán los ahorros que hasta hoy día juntaron para construir una casa, para llegar a tener un hogar, a la compra de un bien que podría Considerarse prescindible o suntuario, como es el automóvil respecto de un problema de profunda gravedad social, cual es el de la vivienda.

Creo que jamás podría este Senado aprobar el artículo 11 referido, pues así terminaríamos con el Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos y con la construcción de viviendas para la clase media. ¿Cuáles serían las consecuencias? Cesantía y paralización de actividades, agravamiento de los problemas sociales. En efecto, estudiemos los guarismos, veamos las cifras.

En 1968, Chile ahorró un total de 2.882,8 millones de escudos. De ellos, el Banco del Estado, considerando la totalidad de los depósitos de ahorro a plazo y a la vista, ascendentes a 1.231,3 millones de escudos, captó 42,7%. El Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos -SINAP- percibió 33,2% del ahorro total, es decir, 954 millones de escudos... La Corporación de la Vivienda tuvo 3,7% del ahorro total, o sea, 108 millones de escudos. Los depósitos a plazo del sistema bancario privado ascendieron a 451,8 millones de escudos, vale decir, 15,7%. En otras palabras, los ahorros acumulados por el Banco del Estado, la principal entidad bancaria del país; por SINAP, la "CORVI" de la clase media; por la CORVI, o sea, por el Estado que construye para los sectores humildes, y por los bancos particulares, suman 2.735 millones de escudos, los cuales, restados a los 2.882 millones de escudos que componen el ahorro total del país, dan un remanente de apenas 147 millones de escudos. Estos recursos son los que, lógica y normalmente, deberían desplazarse hacia la compra de automóviles: o sea, prácticamente nada.

Me permito solicitar la inserción en el texto de mi discurso del cuadro que contiene los guarismos señalados, explicativos de la posición que fundamento.

-El documento cuya inserción se acuerda más adelante es del tenor siguiente:

El señor VON MÜHLENBROCK.-

No se ha pensado que este sistema competitivo ideado para la industria automotriz entraña no sólo un golpe de muerte para el SINAP, o sea, para la construcción de viviendas, sino también para el Banco del Estado, que presta a sus humildes ahorrantes una proporción ínfima de sus depósitos de ahorro, ascendentes a 1.231 millones de escudos; ni que la inmensa masa de casi mil millones de escudos permite los préstamos a la industria, la agricultura, la minería, etcétera.

Tampoco se ha pensado en el golpe que para la propia CORVI y para los bancos privados envuelve el traspaso de los ahorros del país, con toda clase de franquicias, reajustables, a la compra de automóviles, mientras se secan los canales que llevan vivificante agua a la industria, la agricultura, la pesca, la minería, etcétera, a raíz de lo cual estas actividades disminuirán sus colocaciones. Ello tendría de inmediato su réplica: restricción del crédito -en estos momentos las colocaciones del Banco del Estado han disminuido en 50% respecto de los niveles alcanzados en 1968- tanto para la industria como para la agricultura, la minería y la pesca; paralización en la construcción, es decir, menor consumo de acero, cemento, maderas, artículos sanitarios, pinturas, quincallería, muebles y menaje, etcétera. Como secuela de ello, sobrevendría una ola de cesantía en la actividad que mueve mayor cantidad de brazos en la república.

¡No, señor Presidente! Este artículo no puede ser aprobado en la forma como ha sido concebido y redactado por el Ejecutivo. Yo busqué incesantemente su modificación. Solicité la asistencia de los señores Ministros y Subsecretarios de Hacienda y de Economía, de representantes de la CORFO, de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, a las Comisiones de Hacienda y de Economía de esta Corporación.

El Ejecutivo reconoció hidalgamente la prioridad de la vivienda frente a la industria automotriz, inclusive, personeros de esta última actividad fueron honestos y aceptaron que debía darse preferencia al problema habitacional. Sin embargo, no recibimos de parte del Ejecutivo indicación alguna tendiente a desanimar la compra de vehículos, sino, simplemente, proposiciones que, luego, por la vía de la potestad reglamentaria o del subterfugio práctico, harán de esto un escarnio. Así, por ejemplo, se presentó una indicación, estimada fundamental, según la cual bastaría probar que se ha satisfecho la necesidad de vivienda para poder acogerse al sistema de ahorros y préstamos reajustables para la compra de automóviles. En tal caso, sería suficiente arrendar una propiedad o ser recibido gratuitamente en una vivienda para tener derecho a optar a la compra de un vehículo por este medio. Subterfugios de esta naturaleza nos impresionaron en la Comisión de Hacienda. De allí el rechazo, por cuatro votos contra uno, que propone en su informe.

Yo no soy enemigo -repito- de la industria automotriz. La deseo para mi país; pero creo que ha sido mal planteada en la realidad económica de Chile. Se la ha orientado hacia los automóviles y no hacia la fabricación de maquinaria agrícola o industrial, imprescindible para el desarrollo económico. No se realizaron en el pasado ni ahora estudios serios de mercado. Estoy de acuerdo en que se ayude a esta actividad industrial. Pero el problema no puede plantearse así, pues su defensa pierde solvencia moral. Es un trágico error hacer ahorrar a un pueblo subdesarrollado como Chile, que necesita industrializarse, para gastar luego los escasos recursos acumulados en automóviles, en circunstancias de que nuestras principales fuentes de riqueza permanecen improductivas y de que el más grave problema social, cual es el de la vivienda., se agudiza cada día más. Bien conocemos el déficit habitacional del país.

Deseo dar un ejemplo muy claro de la forma como responde el pueblo a las campañas de ahorro que no se fundamentan en la vivienda. Chile ha demostrado seriedad y madurez para ahorrar con el objeto de fomentar la construcción habitacional. Lo han demostrado especialmente los sectores humildes, mediante sus ahorros en el Banco del Estado y en las asociaciones de ahorro y préstamo. Me refiero a esa laudable iniciativa del Poder Ejecutivo, más tarde convertida en ley, que autorizó al Banco Central para emitir certificados de ahorro reajustables. A pesar de la campaña de propaganda desarrollada por ese organismo y de que ellos estaban destinados a financiar los más nobles fines de fomento de la producción y avalados por garantías tales como la liquidez inmediata, el más alto interés, etcétera, sólo se captaron 101,9 millones de escudos, o sea, 3,5% del ahorro nacional de 1968, que alcanzó a 2.882,8 millones de escudos.

El pueblo chileno, la clase media chilena, ahorran para la vivienda. No cabe duda. Ha quedado comprobado. Pero si se la tienta, si se la explota en su imprevisión innata, si el mismo Estado le pide que compre automóviles y no construya casas, ¿qué ocurriría? ¿Cuál sería el resultado? Como el ahorro de un país es uno solo, la parte destinada a la adquisición de automóviles se desplazaría desde la vivienda, lo cual desencadenaría una crisis en toda la nación.

He sido elegido Senador en representación de las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue. Debo decir que mi zona soporta una tremenda recesión económica, contra la cual muchas veces he reaccionado. Son las secuelas del terremoto de 1960 y de la orientación económica, que han dejado a esas provincias convertidas en isla, en la cual apenas sobresale la industria IANSA de Rapaco, que se construye lentamente desde hace ya cuatro años. En ellas hay veinticinco mil cesantes. Los cinturones de miseria rodean a Valdivia, Osorno y Puerto Montt. El éxodo humano hacia la República Argentina a través de Aisén es trágico. Ya se nos han ido trescientos mil trabajadores. Basta y sobra con recordar la última explosión social de Puerto Montt, para darse cuenta de que la miseria, la recesión económica, la desesperación y la angustia han colmado toda medida en el sur de Chile, al extremo de que me permito calificar a la zona como un volcán.

Deseo dar a conocer al Senado dos cifras, cuales son las del ahorro en Valdivia, Osorno y Llanquihue, y las del ahorro en las provincias de más al sur. Las primeras, con casi 700 mil habitantes, ahorraron en 1968 diecinueve millones de escudos, en tanto que Chiloé, Aisén y Magallanes, con 250 mil habitantes, destinaron al mismo fin 22 millones de escudos.

El señor GORMAZ.-

¡Y todavía quieren tener casino!

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Esto significa falta de poder de compra y aumento de la cesantía y de la recesión económica.

En el sur de Chile se hace indispensable la implantación de una política que permita el desarrollo de todas sus actividades económicas. Desde luego, cabe destacar que innumerables aspectos de estas últimas están relacionados con la industria automotriz. Sobre el particular, tengo a la mano un cuadro que resulta de gran interés, donde es posible apreciar la gravedad que ocasionará en el urbanismo chileno el crecimiento progresivo de los automóviles.

De acuerdo con las cifras que en dicho cuadro se señalan, en 1960 Chile tenía 57 mil automóviles, y en 1968 ya bordea los cien mil; o sea, en diez años ha duplicado el número de sus vehículos, en circunstancias de que ninguna ciudad chilena se ha ampliado ni modernizado para ponerse a la altura de ese progreso, como ocurre especialmente con Santiago.

Los señores Senadores pueden apreciar a diario, en nuestra ciudad, la gravedad que reviste el problema del tránsito, con su secuela de accidentes y congestión de vehículos. Es fácil imaginar lo que sucederá si se triplica el número de automóviles.

Ruego al señor Presidente solicitar el asentimiento de la Sala, a fin de insertar en el texto de mi discurso el cuadro en referencia.

-El documento cuya inserción se acuerda más adelante es el siguiente:

El señor VON MÜHLENBROCK.-

No deseo extenderme más en mis observaciones, pues ya he cumplido la finalidad fundamental de mi intervención: llamar la atención del Senado respecto de la profunda gravedad que implica, el artículo 11.

La participación porcentual del Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos en el financiamiento de viviendas, en 1968, llegó a representar el 82% en las construcciones del sector privado. Al desplazarse el ahorro a la industria automotriz, este elevado porcentaje caerá, y las consecuencias de ello serán la crisis, la cesantía y la paralización de la construcción, aparte el agravamiento del duro problema social que significa la vivienda.

Para una mejor comprensión de la tesis que estoy defendiendo, ruego a la Mesa solicitar el asentimiento de la Sala para insertar en la versión de mis observaciones dos cuadros que tengo a la mano y que se relacionan directamente con el problema en examen.

-Los documentos cuya inserción se acuerda más adelante son los siguientes:

El señor VON MÜHLENBROCK.-

En seguida, deseo expresar que en general el proyecto de ley que nos preocupa contiene ideas claras y precisas de beneficio, como el reajuste en ciento por ciento de las cuentas de ahorro de los pequeños ahorrantes del Banco del Estado; facultar a las sociedades anónimas para colocar bonos y "debentures" que les permitan ampliar sus instalaciones, y autorizar al Banco del Estado para convertir los créditos de fomento a corto plazo en créditos a largo plazo.

Pero la idea matriz de la iniciativa es crear, con relación al sistema de ahorros y préstamos, un mecanismo competitivo que destruye el D.F.L. 2, que barre con el SINAP, que termina con una acción social admirable.

Como miembro de la Comisión de Hacienda y representante del Partido Nacional, agrupación política que busca precisamente el desarrollo de la economía por canales de libertad y reconoce que debe prevalecer, por sobre todo, el interés de las mayorías, de la colectividad, ruego al Senado preocuparse en detalle de este gravísimo aspecto, a fin de que en el segundo informe podamos buscar la verdadera solución: aquella que, sin destruir el sistema del SINAP, nos permita poseer una industria automotriz eficiente y orientada al desarrollo económico de Chile. Porque son dos los aspectos que están pesando en la balanza: primero, con una prioridad que es necesario admitir, el progreso social; segundo, lo prescindible y suntuario.

Termino mis observaciones rogando a los señores Senadores me excusen por el largo tiempo que he ocupado en exponerlas. Pero, como sólo somos cinco los miembros de la Comisión de Hacienda y es tan vasta la trascendencia que reviste la norma consignada en el artículo 11, he querido que mis Honorables colegas conozcan a fondo la razón de mi intervención y la gravedad de la crisis que puede amenazar al país.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se insertarán en el texto del discurso del Honorable señor Von Mühlenbrock los cuadros estadísticos a que se refirió.

Acordado.

Tiene la palabra el Honorable señor Altamirano.

El señor ALTAMIRANO.-

Señor Presidente, el Partido Socialista votará favorablemente, en general, el proyecto en debate, no tanto por las disposiciones primitivas que él contiene, cuanto por las indicaciones que se han formulado y que favorecen a diversos grupos de empleados y obreros de los sectores público y privado.

No estimo pertinente referirme al artículo consignado en esta iniciativa que faculta al Presidente de la República para crear asociaciones de ahorros y préstamos destinadas a la adquisición de automóviles. Ya lo hizo con latitud el Honorable señor Von Mühlenbrock.

El Partido Socialista, en términos generales, concuerda con lo que el señor Senador expresó, pues ya manifestamos también nuestra oposición a ese precepto. Por eso, en particular, deseo referirme a. una indicación que, en nombre de nuestro partido, formulamos al proyecto y que tiene atinencia con la acuñación de monedas de oro y de plata.

Como saben los señores Senadores, el Presidente de la República, en virtud del artículo 17 de la ley 16.724, está autorizado para "ordenar la acuñación de monedas de oro y plata de curso legal, fijando su cantidad, peso, ley, valor, tipo y denominación de ellas". En virtud de esta facultad que la ley otorga al Jefe del Estado, se ha realizado, tal vez, el negocio más fabuloso que se conoce en la historia de Chile, pues él asciende a una suma aproximada a los 20 millones de dólares. Vale decir, 200 millones de escudos, o sea, 200 mil millones de pesos.

Se trata de un contrato celebrado entre el Banco Central y una firma particular extranjera por la cantidad -repito- de 200 mil millones de pesos. En virtud de esta facultad legal, el Presidente de la República dictó un decreto que entregó en monopolio la comercialización de 247 mil monedas de oro a una firma extranjera llamada Italcambio, cuyo representante en Chile es el señor Juan Goñi.

Como saben Sus Señorías, la realización de cualquier obra pública, como la construcción de un camino por valor de un millón o dos millones de escudos, por ejemplo -por cifras superiores, con mayor razón-, necesita de propuesta pública. En cambio, aquí se ha entregado a una firma extranjera el monopolio para comercializar monedas por una suma equivalente a 200 mil millones de pesos.

Debo hacer notar que un funcionario del Banco Central que se opuso a dicha negociación fue despedido. Nosotros, al estudiarse el segundo informe, pretendemos que se cite a ese funcionario, para que dé las razones por las cuales se opuso a la disposición pertinente.

Como he dicho, en conformidad al artículo 17 de la ley 16.724, el Presidente de la República está facultado para ordenar la acuñación de monedas de oro y plata, y en virtud de tal autorización dictó el decreto de Hacienda Nº 1, con fecha 10 de febrero de 1968, en el cual se establece "que el Supremo Gobierno ha creído conveniente rememorar diversos acontecimientos históricos que tuvieron lugar en los primeros años de nuestra República, todos ellos de trascendental importancia.

"Que para este efecto ha creído también conveniente ordenar una acuñación especial de monedas de oro y plata de curso legal.

"Vistos y teniendo presente la autorización otorgada a Su Excelencia el Presidente de la República por el Honorable Congreso Nacional en el artículo 17 de la ley Nº 16.724, vengo en dictar el siguiente decreto con fuerza de ley:

"Acúñense por el Banco Central de Chile monedas de oro y plata, de curso legal y pleno poder liberatorio de obligaciones públicas y privadas, cuyas características y cantidades son las que a continuación se señalan"... Se indican, a continuación, las características que tendrán esas monedas, las cuales sólo podrán ser comercializadas por la firma Italcambio, organización venezolana subsidiaria, a su vez, de una firma italiana.

Como se puede apreciar, el Supremo Gobierno creyó conveniente rememorar acontecimientos históricos, y para ello decidió entregar un monopolio fabuloso a una firma extranjera para negociar monedas de oro. Con este objeto, el Banco Central celebró un convenio con la firma mencionada, con domicilio en Caracas, Venezuela, En dicho contrato se establece que "el Banco encargará a la Casa de Moneda de Chile, de acuerdo con el decreto dictado por el Presidente de la República y el artículo 17 de la ley 16.724, la acuñación de monedas de oro y plata que señala más adelante. Las órdenes de acuñación se harán conforme a las peticiones de la empresa, por cantidades espaciadas, hasta completar el total de meses, en un período aproximado de 36 meses". De manera que aquí se ha establecido, por primera vez en la historia de Chile, el precedente de que la Casa de Moneda y el Estado chileno prestan su respaldo para que, a pedido del consumidor -del mismo modo que una persona puede, el día de mañana, ordenar a un sastre que le haga un traje-, se le confeccionen, de acuerdo con su personal petición, monedas por un valor aproximado a los 20 millones de dólares, o sea, 200 millones de escudos. Con este objeto -insisto- se dictó un decreto.

Pero el contrato celebrado por el Banco Central tiene fecha anterior al decreto. El convenio celebrado por aquél con la firma Italcambio tiene fecha 17 de enero, y el decreto, fecha 10 de febrero del mismo año. Por consiguiente, primero la firma Italcambio celebró el contrato con el Banco Central y, a continuación, los gestores del negocio fueron donde el Presidente de la República y le solicitaron que dictara un decreto con nombre y apellido, puesto que sólo la firma venezolana puede realizar esta gigantesca operación comercial.

El artículo 7º del convenio establece lo siguiente: "El Banco Central no podrá hacer entrega de ninguna cantidad de las monedas acuñadas, de acuerdo con lo dispuesto en el presente convenio, a otra persona o entidad que no sea esta empresa".

Como ya lo he expresado, en virtud de lo dispuesto en el convenio, el Banco Central sólo puede entregar las monedas, y por un valor tan extraordinario en la historia de nuestro país, a la empresa mencionada.

De acuerdo con el convenio, se deberán acuñar monedas por valor de 9 millones 995 mil dólares, es decir, en cifras redondas, 10 millones de dólares, para lo cual la empresa extranjera Italcambio entrega 8 millones 39 mil dólares y fracción. Y en esta operación se paga al Banco Central, a título de comisión, la suma de un millón seiscientos mil dólares. Este, en el fondo, ha sido el anzuelo que en parte ha permitido fructificar ese colosal negocio.

Nosotros nos preguntamos ¿por qué el Banco Central no negocia directamente estas monedas? ¿Por qué esa institución bancaria entrega a una sola firma la posibilidad de negociar dichas monedas?

He dicho que el contrato establece un valor total de 10 millones de dólares. Pero como la paridad considerada para este objeto, entre el dólar y el oro, es la oficial de 35 dólares la onza, y el convenio consigna la posibilidad de que el oro tenga un valor superior en el mercado internacional, como efectivamente lo tiene -los señores Senadores deben de saber que en el mercado libre el oro se cotiza a 47,88 dólares la onza, y no a 35 dólares, que es la paridad oficial establecida por Estados Unidos para el oro-, los diez millones de dólares, a la paridad libre o negra, se transforman en una cantidad cercana a 14 millones de dólares; Y, según informes fidedignos, tales monedas, por el hecho de haberse acuñado y por el valor numismático que adquieren, importan una utilidad de 50% a 60%, aproximadamente, es decir de 7 millones a 8 millones de dólares, lo que significa que el contrato, de acuerdo con su valor comercial, asciende a 22 millones de dólares.

Insisto: una firma, "Italcambio", venderá monedas, en el mercado internacional, por un valor aproximado de 22 millones de dólares. El Banco Central, teóricamente, gana entre 1 millón 600 mil a 2 millones de dólares; pero ¿cuánto obtiene la firma que ha intervenido en el negocio? ¿Cuánto los gestores que participaron en esta operación de monto sideral? La denomino así por estimar que nunca se ha celebrado en Chile un contrato por doscientos mil millones de pesos.

El Ministro de Hacienda, señor Zaldívar, en carta dirigida al diario "Las Noticias de Ultima Hora" -ese periódico y la revista "Punto Final" han sido los únicos medios informativos que se han preocupado de este negocio colosal, realizado por primera vez en nuestra historia-, dice en uno de sus párrafos:

"La acuñación decretada produce un beneficio o utilidad líquida de 1 millón 600 mil dólares, lo que permitirá equipar, modernizar y ampliar la Casa de Moneda, cuya maquinaria e implementos de acuñación son muy antiguos y antieconómicos. Quedará, además, un importante remanente a beneficio fiscal".

Un millón seiscientos mil dólares, o algo más, ganará el Banco Central. Pero nuestra pregunta es: ¿Cuánto ganará la firma que ha intervenido en este asunto? Lo hemos dicho: sobre 60%. Y también preguntamos por qué se cede a una firma el monopolio del negocio, en circunstancias de que si mañana cualquiera de nosotros, Senadores, va al Banco Central y pide que le acuñe oro, la respuesta será negativa.- ¿ Por qué se acuña oro para la empresa venezolana "Italcambio" y no se hace para cualquier ciudadano chileno? ¿Por qué no se les acuña a los productores de oro chilenos? Estos podrían colocar su oro en el mercado internacional, acuñado en monedas, con un sobreprecio extraordinario, por el valor numismático que ellas adquieren; podrían vender su producto en la equivalencia de 70 u 80 dólares la onza y no a la mitad de este precio, como lo entregan hoy día..

El señor NOEMI.-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor ALTAMIRANO.-

En seguida se la concederé, señor Senador.

Por lo tanto, bajo la apariencia de un importante beneficio para el Banco Central, la Casa de Moneda y el Fisco, se ha entregado una utilidad increíble a las personas y firmas que han intervenido en la operación.

Le concedo una interrupción al Honorable señor Noemi.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

Puede hacer uso de ella el señor Senador.

El señor NOEMI.-

Seré muy breve. En su oportunidad contestaré con más detenimiento la intervención del Honorable señor Altamirano. Por ahora, quiero hacer unas observaciones muy concretas.

En primer lugar, deseo dejar establecido algo que el señor Senador no ha dicho: que el oro a que se ha referido el Honorable colega no es chileno. Se trae de afuera y sale del país una vez acuñado.

En segundo término: el Honorable Senador ha aseverado que la onza troy vale 35 dólares. Es efectivo. Ese es el precio internacional del oro. Pero en el mercado negro ese oro se cotiza hasta en 47 dólares la onza.

El señor CHADWICK.-

En el mercado abierto, no oficial.

El señor NOEMI.-

Exactamente.

El valor oficial es de 35 dólares la onza troy, pero el precio en el mercado negro es de 47 dólares, acuñado o no acuñado.

Ese es el precio del oro en barras, su valor intrínseco. No es necesario -repito- que el metal haya sido acuñado para venderlo a 47 dólares la onza troy. Ese es el precio que se paga en el mercado negro y no tiene nada que ver con la acuñación que, en el caso que nos preocupa, se haría en Chile.

El señor ALTAMIRANO.-

Agradezco las observaciones del Honorable señor Noemi, porque me permiten esclarecer más aún el tremendo negocio que se ha permitido realizar a los que intervienen en esta operación.

En buenas cuentas, el Honorable señor Noemi se pregunta dónde está el negocio, si la onza de oro, que, de acuerdo con la paridad oficial, vale 35 dólares, en el mercado libre se cotiza a 47 y 48. El negocio está, señor Senador, en que, si bien es efectivo que la onza de oro cuesta 48 dólares en el mercado internacional, no lo es menos que, acuñado en forma de moneda, ese oro tiene una cotización superior, entre otros motivos, porque ninguna persona recibe mineral de oro, pues no conoce su ley ni sus otras condiciones; en cambio, sí recibe una moneda, ya. que en ella está grabado el sello de un país, que implica la responsabilidad y el respaldo del mismo.

Pero no sólo aumenta el valor del oro por el hecho de haber sido acuñado en moneda, sino que -aún más- ésta adquiere un valor especial para los numismáticos, para quienes coleccionan monedas, como lo reconoce el Ministro en su carta, de la cual leeré los párrafos respectivos. De manera que el oro, que se paga a 48 dólares, eleva aún su precio por el hecho de haber sido acuñado en monedas, y en virtud del valor especial que éstas adquieren, llega a valer 70 u 80 dólares la onza o más.

Así las cosas, se obtiene una utilidad asombrosa, extraordinaria. Y cualquier chileno, cualquiera de nosotros podría realizar un negocio absolutamente garantido si se le entregara un kilo de oro -en el caso que me preocupa, se trata de cuatro toneladas- y lo transformara en monedas. Ese kilo de oro, comprado en una suma X, significaría automáticamente dos o tres veces X. No hay manera de perder dinero. Está totalmente garantido el valor del oro, ya no sólo por el respaldo - vuelvo a decirlo- que entrega el Estado en la acuñación -en este caso, el Estado chileno-, sino, además, por el valor especial que adquieren esas monedas.

Nosotros nos preguntamos por qué se entregó a una firma, por primera vez en la historia de Chile, el monopolio de la' venta de monedas, y ello por valor de más de veinte millones de dólares. Y para tal objeto el Presidente de la República dicta un decreto específico en el cual establece que se acuñarán tales monedas y que ellas se venderán sólo en esa forma.

Es cierto lo que ha dicho el Honorable señor Noemi: el oro lo aportó del exterior la firma en cuestión. Pero ello no significa que la operación no importe una tremenda utilidad, utilidad que también podrían obtener los mineros chilenos por su producción de oro o cualquier persona a quien se entregara el tan extraordinario privilegio de acuñarle -y sólo para ella- monedas de oro y plata. Tan así es que, como decía, el señor Ministro de Hacienda, en la carta contestación al diario "Las Noticias de Ultima Hora", agrega:

"Numerosos países autorizan periódica o anualmente la acuñación de monedas de oro y/o plata para obtener los beneficios que produce su venta a mayor precio que el costo de su elaboración".

El señor Ministro está reconociendo que la venta de esas monedas se hace' a mayor precio que el costo de elaboración. Pero lo que el señor Zaldívar no dice es en qué condiciones se realiza la comercialización del oro en los países que él indica: Inglaterra, Austria, Perú, Hungría, Méjico, Albania, etcétera. En su oportunidad pediremos los contratos celebrados por esas naciones -que seguramente no llegarán-, para saber si la utilidad se la lleva una firma extranjera -sobre la cual, en nuestro caso, no existen mayores antecedentes- o si queda en manos del banco estatal del respectivo país.

Dice más adelante el señor Ministro:

"El poder comprador de estas monedas, en cuya acuñación se cuida de obtener la mejor calidad técnica y la mayor belleza artística, lo constituyen los coleccionistas y numismáticos, principalmente europeos y norteamericanos, quienes adquieren las monedas de calidad óptima y pagan un precio que está por encima del valor intrínseco".

El señor Zaldívar insiste en el negocio importante que significa la entrega de este monopolio. Sobre tal punto, puedo adelantar a los señores Senadores que, según se me ha informado, existiría una doble irregularidad, pues por casualidad la acuñación de esas monedas ha experimentado deterioros o defectos. Podría pensarse que ello perjudica a la firma que ha de comercializarlas. Todo lo contrario: el hecho de que las monedas tengan defectos les da mayor valor. Y en este caso se ha incurrido en una serie de errores y, al parecer, se han omitido algunas cifras, ciertas características que debieran tener las monedas conforme al decreto. Se está haciendo una investigación al respecto.

Por otra parte, a nuestro juicio, el decreto no es legal, porque en él se establece que las monedas que se emitan tendrán curso forzoso; vale decir, tienen poder liberatorio y curso forzoso, pero no las recibe cualquier persona: las recibe una sola firma en el mundo, una empresa extranjera, llamada "Italcambio", y ella tiene -repito- la posibilidad de obtener cuantiosas utilidades, por las razones que he dado.

De ahí que nosotros hayamos formulado una indicación destinada a que, desde la fecha de publicación de la ley en debate, el Banco Central comercialice directamente y por medio de licitación pública las monedas, para que no vuelva a ocurrir que determinada persona tenga el privilegio de obtener una ganancia absolutamente garantizada, de alrededor de 60%. Y 60% de 14 millones de dólares son, aproximadamente, 8 millones de dólares, ochenta millones de escudos. ¡80 mil millones de pesos!

¿Quién percibe los 80 mil millones? ¿Sólo la firma extranjera "Italcambio"? ¿Por qué se dictó el decreto exclusivamente para esa firma? ¿Por qué el Banco Central celebró, por primera vez en la historia de Chile, un contrato como el que he estado comentando y respecto del cual daré más detalles con posterioridad? ¿Por qué el funcionario que intervino en este asunto y que se opuso a la celebración del contrato fue despedido de esa institución bancaria? ¿Por qué después el Banco Central, frente a las dudas surgidas, pidió una especie de ratificación jurídica a la Superintendencia de Bancos?

Todo demuestra que en este orden de cosas existe un negocio nunca visto en otras Administraciones. ¿Por qué una facultad entregada al Presidente de la República para acuñar monedas de curso legal -que pueden ser adquiridas por cualquiera persona- o para confeccionar medallas recordatorias, como las que se entregan a los propios Senadores, se transforma en una facultad que permite acuñar cuatro toneladas de oro, lo que dejará una utilidad de siete a ocho millones de dólares?

Esta Corporación ordena confeccionar una medalla para entregarla a los Senadores al iniciarse cada período legislativo. Entonces, ¿por qué no dar 50 u 80 de ellas a cada uno de nosotros? En esa forma, podríamos quedarnos con solo una y vender el resto, lo cual nos permitiría obtener una extraordinaria y asombrosa ganancia: mientras más reducido es el número, mayor es la utilidad; mientras más especiales sean sus características, superior será su valor. Pero esto sería inaceptable.

Por todas estas consideraciones, estimamos una inmoralidad lo que se ha hecho, la mayor y más grande en el aspecto particular, que viene a poner un broche de oro a las múltiples inmoralidades del actual Gobierno. Desde luego, consideramos que los Convenios del Cobre son una aberración para Chile, pero ellos ya tienen otra jerarquía, otro nivel.

Este hecho, denunciado públicamente, primero por la revista "Punto Final" y, con posterioridad, por "Ultima Hora", debió ser comentado también por el resto de la prensa, ya que no tiene precedentes en nuestra historia.

Insistiremos respecto de esta materia en la discusión particular del proyecto, una vez que hayamos oído la opinión del funcionario despedido y la del Contralor General de la República. Pediré citar a este último, a fin de conocer la razón que se tuvo para dar curso a un decreto que, a nuestro juicio, es ilegal. Igualmente solicitaré escuchar la opinión de personeros de la Sociedad Nacional de Minería y de los productores de oro, con el objeto de saber su criterio respecto de una operación de esta naturaleza que significa obtener una utilidad de 60%, en circunstancias de que todos conocemos muy bien -en especial, el Honorable señor Noe-mi- las dificultades y problemas por que atraviesa la pequeña minería en este rubro.

En el resto de las disposiciones contenidas en el proyecto, nos ocuparemos cuando se discuta éste en particular. Como he dicho, no es una iniciativa de mucha trascendencia, salvo en lo concerniente a las indicaciones que favorecen a distintos sectores de asalariados y que fueron introducidas por la Comisión.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Noemi.

El señor NOEMI.-

¿De cuántos minutos dispongo, señor Presidente?

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

De diez, señor Senador, porque hay un acuerdo de Comités para despachar en los últimos cinco minutos del Orden del Día algunos ascensos militares.

El señor NOEMI.-

Pero en caso de no terminar ahora con mis observaciones, ¿quedaría con el uso de la palabra?

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

Sí, señor Senador.

El señor NOEMI-

El artículo 1º del proyecto, como lo hizo notar el Honorable señor Von Mühlenbrock, autoriza al Banco del Estado de Chile para convenir la conversión de los créditos otorgados desde la vigencia de la ley Nº 16.253 en créditos reajustables de fomento. Esta materia está muy claramente consignada en el informe de la Comisión de Hacienda. No me voy a referir a ella, pues aparte ese concepto tan importante, la iniciativa en debate contiene otros objetivos que estimo fundamentales.

En primer lugar, a mi juicio, es de suma importancia efectuar modificaciones en los sistemas del Banco del Estado y en el de las empresas, con el objeto de vigorizar esos canales de ahorro. Es así como en el caso del ahorro efectuado por los depositantes en las cuentas del Banco del Estado, se establece la reajustabilidad de dicho depósito en ciento por ciento del alza de precios al consumidor. Hasta ahora sólo se otorgaba una compensación que fluctuaba entre 75% y 100%.

Por otra parte, se permite elevar el interés que se paga a los depositantes, equiparándolo con el otorgado en otras instituciones de ahorro, como es el caso de CAR, Asociaciones de Ahorro y Préstamo, hipotecas y pagarés, Caja Central, etcétera. Actualmente en el Banco se paga un interés de 4%, y se pretende elevar -repito- ese porcentaje a 7%, a fin de nivelarlo a todos los otros sistemas.

Se establece, asimismo, que los ahorrantes no dejarán de percibir el reajuste cuando efectúen más de dos giros en su cuenta, pues en la actualidad lo pierden.

En el caso de las empresas, se agiliza el sistema de emisión de "debentures", establecido por una ley que data del año 1929. Se elimina la rigidez de muchas de las disposiciones de ese cuerpo legal que dificultan las emisiones y se fijan normas claras respecto de las condiciones en que será posible emitir "debentures" con reajustes. De esta manera podrá aliviarse considerablemente la presión que las empresas ejercen sobre el crédito, ya que éstas estarán en situación de obtener financiamiento directo. Actualmente esos documentos se pueden emitir a primas, vale decir, con un descuento sobre su valor nominal; pero mediante estas disposiciones serán reajustados.

Vale la pena destacar que cada emisión de "debentures" con reajustes estará controlada por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Ahorro, creada por decreto de Hacienda número 2.590, de 24 de diciembre de 1966.

Mediante este proyecto, el Ejecutivo pretende resolver también la situación de hecho creada en relación con el financiamiento de la compra de vehículos. Respecto de esta materia, quiero referirme a título muy personal, porque mi voto fue favorable a ella.

A mi juicio -así quedó establecido en la Comisión-, el crecimiento de la industria automotriz ha creado, de hecho, un sistema de financiamiento al margen de todo control estatal. Ello es una realidad concreta. En la Comisión se dejó establecido que en 1968, considerando los plazos que se otorgan para la venta de vehículos, ese financiamiento fue de alrededor de 400 millones de escudos, cantidad correspondiente, en forma aproximada, a la venta de 16 mil automóviles que, con un precio de 44 mil escudos por unidad, tienen un valor total de 704 millones de escudos. Esa compra se financia con 55%, vale decir con 385 millones de escudos. Por eso he dicho que hubo un financiamiento de 400 millones de escudos.

Este sistema era aplicado por medio de ciertas entidades que facilitaban los créditos sin ningún control. De ahí que la situación aflictiva en que se encontraban muchos ahorrantes derivaba de los problemas de financiamiento de algunas empresas. Ahora se pretende establecer un mecanismo para que el ahorro sea controlado por el Estado, a fin de evitar el riesgo que hoy corren los ahorrantes en la adquisición de automóviles. Al respecto, debo dejar constancia de que todos los miembros de la Comisión estuvieron contestes en que la vivienda tiene prioridad indiscutible. Ninguno de los Senadores que estudiaron el proyecto ni tampoco las personas que fueron citadas a la Comisión sostuvieron un criterio distinto. Por tal causa, el Ejecutivo formuló indicaciones al artículo 11 -rechazado por la Comisión-, a fin de impedir el traslado del ahorro a otros sectores. Además establecen un reglamento que permite a la Caja Central de Ahorros y Préstamos -organismo que tiene el control del sistema de ahorro para la vivienda- dictar normas en virtud de las cuales sólo podrían tener derecho a financiamiento para la compra de vehículos mediante este sistema quienes acrediten contar con vivienda. El Honorable señor Von Mühlenbrock sostuvo que ello podría ser un subterfugio.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Y lo es.

El señor NOEMI.-

A mi juicio, más lógico habría sido redactar la indicación en el sentido de que tendrían derecho a adquirir automóvil sólo las personas que ya sean dueñas de vivienda. Tal posibilidad no puede negarse, sobre todo si se establece la prioridad de la vivienda, como lo sostuvo en la Comisión un miembro de las asociaciones de ahorro y préstamos. En efecto, tal idea no sólo serviría para la adquisición de automóviles, sino que, incluso, es positiva para esas organizaciones, porque al obligar al ahorrante a adquirir vivienda antes de comprar automóvil, se le incentiva para lo primero y, con posterioridad, para lo segundo. Este sistema puede aplicarse a los médicos y a quienes quieran tener su automóvil, que es un elemento de trabajo. Si han ahorrado y comprado sus viviendas, ¿por qué impedirles que puedan adquirir un vehículo si cumplen, naturalmente, con ciertos requisitos? A mi juicio, es posible aplicar tal sistema por medio de un organismo controlado por el Estado, y no libremente por instituciones ajenas a toda fiscalización, que aceptan, inclusive, a personas que ni siquiera tienen capacidad de ahorro. Desde luego, deberían imponerse normas adecuadas para ahorrar de acuerdo con la capacidad económica de la persona, con el monto de la cuota de ahorro, etcétera. Ello sería mucho más beneficioso, sobre todo si consideramos que ya existió financiamiento para la compra de automóviles en 1968.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

Queda pendiente la discusión del proyecto, y con el uso de la palabra, el Honorable señor Noemi.

CONVERSION DE CREDITOS OTORGADOS POR EL BANCO DEL ESTADO.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Corresponde continuar la discusión general del proyecto de ley de la Cámara de Diputados que autoriza al Banco del Estado de Chile para convenir la conversión de créditos otorgados desde la vigencia de la ley Nº 16.253.

-Los antecedentes, sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 20ª, en 3 de diciembre de 1969.

Informes de Comisión:

Hacienda, sesión 54ª, en 6 de mayo de 1969.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Este proyecto, informado por la Comisión de Hacienda, se empezó a discutir en la sesión del 7 del presente.

Quedó con la palabra el Honorable señor Noemi.

El señor LUENGO ( Vicepresidente). -

Puede continuar el señor Senador.

El señor NOEMI.-

Como dije en la sesión anterior, el proyecto en debate también establece la participación de la Comisión Nacional del Ahorro en la regulación de todos los sistemas de ahorro. En dicho organismo están representadas todas las instituciones facultadas para emitir instrumentos de ahorro y que tienen vinculación directa con el mercado de capitales. Con el asentimiento del Ejecutivo, la Comisión de Hacienda acordó legalizar expresamente la composición y facultades de aquel organismo, que actualmente funciona en virtud del decreto 2.590, de 25 de enero de 1967, y sus modificaciones posteriores.

También se han incorporado al proyecto algunas modificaciones relativas a la Ley Orgánica del Banco del Estado; a los montos y forma de cálculo de las patentes municipales para la industria y el comercio; al establecimiento de una Central Clasificadora de Correos, y a normas que permitan al Servicio de Correos y Telégrafos la comercialización de sellos y estampillas y demás especies filatélicas.

Se hacía indispensable la aprobación de las indicaciones tendientes al establecimiento de la Central Clasificadora de Correos. Vale la pena conocer los antecedentes que las fundamentan. Nuestro país, hace 50 años, bordeaba los 4 millones de habitantes, y Santiago se empinaba al medio millón. Un cálculo estimativo permite señalar que el movimiento de correspondencia en todo el territorio no sobrepasaba los 30 millones de unidades anuales. Sin embargo, ahora que nuestra población alcanza a los 10 millones de habitantes y que las comunas del Gran Santiago albergan casi un tercio de esa cifra, el movimiento postal, de acuerdo con las estadísticas más recientes, asciende a 360 millones de unidades; o sea, mientras la población ha aumentado en 2,5 veces, el movimiento de correspondencia lo ha hecho en 12 veces. Por ello era indispensable el funcionamiento de esta .Central Clasificadora, a fin de absorber el aumento de la correspondencia.

He querido dejar para el último lo referente a las observaciones formuladas en la sesión anterior por el Honorable señor Altamirano.

La Comisión de Hacienda aprobó como artículo 17 una indicación del señor Senador para que sólo el Banco Central de Chile pueda comercializar las monedas acuñadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 16.724, sin intermediarios de ninguna especie, y para que las utilidades derivadas de esa operación ingresen a fondos generales de la nación, a contar desde la fecha de la publicación de esta ley en el Diario Oficial. A propósito de tal precepto, el Honorable colega realizó una extensa intervención para referirse al contrato entre el Banco Central de Chile y la firma Italcambio. He creído de mi deber contestar sus observaciones, para lo cual he tratado de obtener el máximo de antecedentes, aparte realizar todas las consultas del caso.

En primer lugar, conviene precisar exactamente, la extensión de la materia en debate, ya que el Senador Altamirano, en el curso de sus observaciones, se preocupó "-yo diría que en forma muy especial- de abultar el problema en términos numéricos, olvidando que en el hecho todo el contrato está concebido en valores estables, y que lógicamente a ellos debe hacerse toda referencia.

El señor ALTAMIRANO.-

¿Me permite una interrupción Honorable colega?

Su Señoría está en un error, pues el contrato no está referido en la forma que señala, sino a la paridad oficial existente entre el oro y el dólar, que es de 35 dólares la onza de oro Precisamente, establece que ese valor variará de acuerdo con el cambio que experimente la paridad oficial en el mercado libre. De manera tal que no hay en ese contrato una referencia a términos precisos.

El señor NOEMI.-

A mi juicio, se puede precisar con exactitud.

El Honorable señor Altamirano, en sus observaciones, dio cifras que estimó en determinado valor. Sin embargo, el contrato citado es una venta de monedas de oro y plata que realiza el Banco Central de Chile a Italcambio, cuyo precio total asciende a US$ 9.995.290,70, cantidad que se descompone como sigue: US$ 351.905, que es él costo de la acuñación que debe pagarse a la Casa de Moneda; US$ 1.603.629,13, que es el sobreprecio a favor del Banco Central de Chile, y US$ 8.039.756,57, que se pagan al Banco en pro fino y plata. Esta partida constituye la totalidad de los metales necesarios para efectuar la acuñación. De manera que se trata de una suma muy concreta.

El señor ALTAMIRANO.-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor NOEMI.-

Con todo gusto

El señor ALTAMIRANO.-

Pero esas cifras concretas señaladas por Su Señoría resultan tales si se estima la paridad oficial entre el oro y el dólar conforme-al convenio de Bretton Woods, que es de 35 dólares la onza; pero como el mismo contrato acepta que las monedas se vendan no a esa paridad, sino al cambio libre, más el valor numismático, la cifra es notablemente superior a las dadas por Su Señoría.

El señor NOEMI.-

En todo caso, hay que tomar como punto de referencia determinadas cifras. Si Su Señoría considera un mayor valor de las monedas sobre la base del cambio libre bancario, ello en nada afecta al Banco Central.

El señor CHADWICK.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

En verdad, no conozco sino muy someramente el contrato en referencia; pero creo haber retenido en mi mente una estipulación muy esencial de él, que le da una característica propia: el precio no se paga en moneda -ni siquiera en dólares-, sino en una traducción a oro. De manera que la alteración del precio del dólar expresada en oro no afectaría al cumplimiento del contrato.

Según mis recuerdos, se dice que el precio deberá pagarse en una cantidad precisa de oro, lo que da al contrato un sentido de permuta. Ya ni siquiera hay precio, pues éste de acuerdo con la definición del Código Civil, es la cantidad de dinero que se paga por la cosa que recibe el comprador. En este caso, en cambio, sería una permuta, pues se entrega una cantidad física de oro, cualquiera que sea su valor monetario, y se recibe una cantidad fija de algo que se llama -a mi juicio, con bastante impropiedad- moneda, porque son valores acuñados por la Casa de Moneda que carecen de poder liberatorio y no tienen ninguna posibilidad de circular en Chile. De modo que ese contrato, bajo la apariencia de una compraventa de monedas, es en realidad una permuta en que el valor principal agregado al oró es el sello del Estado, el prestigio del Estado chileno, que permitirá a los tenedores de esas piezas metálicas comerciar en los mercados exteriores, al margen del área oficial regida por los acuerdos de Bretton Woods, y obtener las utilidades que el Honorable señor Altamirano ha mencionado en forma genérica.

El señor NOEMI.-

El Honorable señor Altamirano hizo gran caudal del aumento de precio experimentado por el oro en el mercado libre mundial. Como lo hice presente en una interrupción que el señor Senador me concedió, tal incremento carece totalmente de importancia en el caso que nos ocupa, ya que, como he expresado, el oro es íntegramente proporcionado por la firma compradora. En consecuencia, cualquier incremento de precio no afecta al Banco Central de Chile, como no sea para su beneficio, ya que, como dice el contrato, el sobreprecio que obtiene equivale a un 20% del contenido en oro o plata de las monedas vendidas, por lo cual, a mayor valor en dólares de esos metales, mayor cantidad obtiene el instituto emisor. Eso establece -repito- el contrato.

De manera que, en el hecho, el contrato sólo representa una determinada cantidad de oro y plata, íntegramente proporcionada por Italcambio, un costo fijo de acuñación que se paga a la Casa de Moneda y un sobreprecio de 20% del valor de los metales a favor del Banco Central de Chile.

En sus observaciones, el Honorable señor Altamirano pretende que un funcionario del Balco Central, que se opuso a la negociación, fue despedido. Indudablemente se refiere al ex Revisor GeneralFernando Ruiz Tagle, quien ha sido señalado en publicaciones de prensa como víctima de la operación. La verdad es muy diferente.

En primer lugar, el retiro del señor Ruiz Tagle había sido decidido con mucha antelación y, naturalmente, sin estar vinculado en forma alguna con el contrato de acuñación.

En segundo término, el informe del Revisor General, de fecha 6 de enero de 1969, se limitaba a hacer suyo el informe del entonces Inspector Sergio Urrutia, actual Subgerente Administrativo del Banco, el cual incide sólo en la forma de contabilizar la diferencia de precio obtenida por la institución y en la de ingresar de los metales destinados a la acuñación. Por último, estas observaciones de carácter administrativo fueron acogidas en el informe de fiscalía Nº 136, de 11 de abril pasado.

El señor ALTAMIRANO.-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

No. puedo certificar en absoluto lo que está diciendo Su Señoría, pero basta-que él lo diga para pensar que es así. En todo caso, tal circunstancia deja en peor situación al Banco Central, pues quiere decir que no existió un solo funcionario qué velara por la corrección y seriedad de la operación.

Vuelvo a repetir qué éste es uno de los negocios más fabulosos que se han hecho en la historia de Chile: el Banco Central celebró un convenio con particulares y sus representantes en Chile, que dejará una utilidad de 60 a 70 mil millones de pesos.

¿Por qué -hasta ahora nadie me contesta- el Banco Central dio la posibilidad de que una firma extranjera se ganara esa cifra sideral, no obstante la gigantesca inflación que afecta a Chile, que en los primeros cuatro meses de ese año es de 18%? ¡60 ó 70 mil millones de pesos de utilidad es una cifra sideral en cualquier país de la tierra!

El señor NOEMI.-

Lo afirmado por Su Señoría se contradice totalmente con lo que estoy informando. He manifestado que un inspector hizo el informe. Lo hizo suyo el señor Ruiz Tagle y, posteriormente, la Fiscalía del Banco. Más aún, se puso en práctica el sistema de contabilidad recomendado por el señor Ruiz Tagle. En consecuencia, sé acogió y puso en práctica lo propuesto, y hubo alguien que informó.

Creo útil destacar, para los efectos de la interpretación. ..

El señor ALTAMIRANO.-

Durante la discusión particular, veremos qué ha pasado.

El señor NOEMI.-

...que pueda darse a la salida del funcionario del Banco Central que elaboró el informe, que el autor material de éste fue el entonces inspector don Sergio Urrutia, quien fue ascendido posteriormente y en la actualidad ocupa el cargo de Subgerente Administrativo de la Institución. De manera que no sólo se acogió ese informe, sino que su autor fue ascendido, y la Fiscalía, mediante el decreto Nº 136, lo puso en práctica.

El Honorable señor Altamirano se pregunta en su intervención por qué el Banco Central no negocia directamente estas monedas y entrega a una sola firma la posibilidad de realizar la operación.

La respuesta; a mi juicio, es simple: el transporte, la propaganda, la distribución y la adecuación de monedas para su colocación entre los numismáticos constituyen una especialización absolutamente ajena a las funciones de un Banco Central y envuelven riesgos de tipo comercial que un organismo de esta especie, en mi opinión, no tiene por qué asumir.

El señor ALTAMIRANO.-

Podría haberlo hecho el Banco del Estado.

El señor NOEMI.

En la práctica, existen muy pocas instituciones dedicadas a esta operación. Italcambio, por ejemplo -que cuenta con muy buenos informes bancarios-., trabaja con bancos y casas de cambio que representan 40 mil oficinas distribuidas en todo el mundo, lo que supone celebración de convenios y estudio de antecedentes, tareas imposibles de llevar a cabo para una sola operación.

Por eso, normalmente, los países que realizan acuñaciones especiales venden las monedas resultantes a alguna de estas empresas, la que se encarga de hacerlas llegar al mercado numismático. Rusia, por ejemplo, efectúa esas operaciones por medio de Numismática Italiana; Albania lo hace mediante Italcambio; Colombia distribuyó hace muy poco tiempo una acuñación conmemorativa por medio de Numismática Italiana; Yugoslavia está negociando actualmente una acuñación con Italcambio. O sea, es un sistema usual.

El señor ALTAMIRANO.-

Esa fue la explicación que dio el señor Ministro de Hacienda, quien está presente en la Sala y puede ratificar lo expresado por el Gobierno en su carta a "Las Noticias de Ultima Hora".

Sin embargo, insisto en lo que dije en oportunidad anterior: mis informaciones son distintas de las que obran en poder del Honorable señor Noemi. Por eso, espero que tanto el señor Ministro de Hacienda como el Honorable colega que hace tal aseveración traigan los contratos para efectuar las comparaciones del caso con el documento leonino que suscribió el Banco Central de Chile. Porque, así como así, no creo que los países señalados hayan convenido utilidades tan fabulosas a favor de estas firmas tan especializadas que se dedican a distribuir y a comercializar monedas en un negocio ciento por ciento seguro.

Eso es todo, y muchas gracias por la interrupción, Honorable colega.

El señor NOEMI.-

El señor Senador Insiste en que Italcambio obtendrá en la referida operación, que adjetiva como "sideral", una utilidad de 7 a 8 millones de dolares. Ello no pasa de ser una mera estimación, carente de base sólida, pues, para determinar la utilidad, será preciso conocer el resultado final de la distribución de las monedas por parte de la firma compradora, lo cual, probablemente, ocurrirá dentro de muchos años. Y ello queda demostrado por el hecho de que, en los catálogos tenidos a la vista en su oportunidad, figuran acuñaciones que datan dé siete u ocho años y de las cuales aún existen disponibilidades, lo que supone una enorme inmovilización de capitales. En consecuencia, los resultados no se obtienen de un día para otro.

Por lo demás, la eventual ganancia de Italcambio dependerá de un factor imprevisible: la acogida que las monedas tengan entre los numismáticos. Si ellos están dispuestos a adquirir la totalidad de las disponibilidades a un precio muy superior al valor intrínseco, la firma, como es evidente, obtendrá apreciables ganancias. En caso contrario, éstas pueden ser bastante reducidas.

Conviene recordar al respecto, Honorable señor Altamirano, que esta empresa adquiere las monedas con un recargo de aproximadamente 24% sobre su contenido en oro, sobreprecio al cual habría que agregar los costos de transporte, seguros, comisiones de bancos o casas de cambio, intereses, propaganda y valor de los estuches especiales en que se venden las monedas. Todo lo anterior tiene gran incidencia en el costo y, por ende, en las utilidades.

El señor ALTAMIRANO.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador? - El señor NOEMI.- Con mucho gusto.

El señor ALTAMIRANO.-

Agradezco la gentileza de Su Señoría.

A mi juicio, debemos tratar, más que de pronunciar discursos, de establecer la verdad sobre el referido negocio, que yo he calificado de "fabuloso".

El señor NOEMI.-

Por eso le he concedido interrupciones, señor Senador.

El señor ALTAMIRANO.-

Por la misma razón se las agradezco, Honorable colega.

Tan sólo me remito a lo que ya expresaron el señor Ministro de Hacienda y el representante de esa firma extranjera en Chile, don Juan Goñi. Este último, en sendas cartas dirigidas a "Las Noticias de Ultima Hora", reconoce que existe una importante diferencia entre la barra oro y la moneda acuñada,

El señor NOEMI.-

Evidente.

El señor ALTAMIRANO.-

El Honorable señor Noemi sostuvo, con razón, que la utilidad es variable y que depende de una serie de factores. En todo caso, según informaciones de personas dedicadas a labores de esta índole, nunca puede ser inferior a 20% ó 30%. Pero es factible que sea superior a 100%, 200%, 300% ó 1.000%.

Por ejemplo, se sabe -ya lo confirmó el Banco Central- que, en razón de lo que tal vez pueda calificarse de "error involuntario", se acuñó cierto número de monedas defectuosas. Si ellas hubieran salido a circulación -no nos consta si salieron o no-, pasarían a tener un valor notablemente superior: 200%, 300% ó 1.000%.

Sobre el particular, recordaré uno de los poquísimos errores cometidos por la Casa de Moneda norteamericana, cuando algunas de las monedas acuñadas para conmemorar el asesinato del Presidente Lincoln, resultaron defectuosas: ahora, cada una de ellas vale millones de millones de pesos. Lo mismo puede suceder en nuestro país. El Banco Central ya suspendió la entrega de ciertas monedas defectuosas; pero si algunas hubieran salido a circulación -hecho que no me consta-, la utilidad no será la que suponía -30% ó 40% vale decir, de 70 mil millones de pesos-, sino de: a 200 mil millones, porque, como bien dijo él Honorable señor Noemi, ella dependerá en último término de la acogida que las monedas tengan entre los numismáticos.

Además, quiero destacar que una serie de ésas monedas fueron acuñadas con características especiales, como nunca se había hecho en Chile. De ello se deduce que su valor corriente, sobre el intrínseco -30 % ó 40%, que es el sobreprecio corriente obtenido en la acuñación de cualquier moneda de 50 ó de 100 pesos oro, será superior.

Repito: por primera vez se acuñan monedas de 200 y 500 pesos oro, con una serie de características especiales. De ello se desprende que, desde el punto de vista numismático, su valor es muy superior al corriente. Por lo tanto, lo dicho por el Honorable señor Noemi es efectivo: la utilidad dependerá en definitiva de la acogida que encuentren tales monedas. Pero sí puedo sostener que en ningún caso esa acogida entregará una utilidad inferior a 30 %. Es muy posible que alcance a 50%, 80% ó 200%,. Dependerá de las circunstancias y condiciones que se presenten.

Muchas gracias por la interrupción, señor Senador.

El señor NOEMI.-

Puedo adelantar a Su Señoría que, en realidad, no se producirá tal diferencia por el error cometido en la acuñación. En el decreto respectivo se determinan las características de la moneda. Si se cometiera el error señalado por Su Señoría, se habría acuñado una moneda diferente de la especificada en el texto legal pertinente. Entonces deberá procederse a enmendar el decreto para que todas las monedas queden iguales. En el decreto se establecen las características de la acuñación; si en ésta se cometen errores, debe modificarse aquel texto, a fin de que todas las monedas resultan iguales y no existan diferencias que eleven el precio.

El señor ALTAMIRANO.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

No se hasta qué punto los Honorables colegas habrán considerado la enorme importancia que reviste la afirmación del Honorable señor Noemi, que es muy clara: no se trata de que la moneda acuñada se adapte al decreto que dicta el Presidente de la República, sino de que -ese cuerpo legal se ajuste al tipo de moneda fabricado, en definitiva.

El señor NOEMI.-

No es así, señor Senador.

El señor ALTAMIRANO.-

Bien original y poco corriente el sistema. ¡A gusto del consumidor! Ya el decreto se dictó a gusto del consumidor, pero ahora tendrá variaciones, según los errores cometidos en la acuñación. Mientras más errores ha-ya en la acuñación, más decretos habrá que dictar, para que exista concordancia.

El señor NOEMI.-

No es así, señor Senador. He sostenido algo muy claro. Por lo demás, no pretendo hacer discursos, sino precisar los conceptos.

En el decreto puede haberse cometido el error, al especificarse las características del cuño, de colocar mal una cifra o haber puesto "milésimos" en vez de "centesimos". Entonces, para que todas las monedas acuñadas queden iguales, se modifica el decreto estableciéndose exactamente los detalles del caso.

El señor ALTAMIRANO.-

Ese error ya se cometió en un decreto.

El señor NOEMI.-

En consecuencia, ésa es la dificultad que se pretende salvar, para que no ocurra lo que teme el señor Senador.

El señor ALTAMIRANO.-

Ese error ya se cometió en un decreto y se subsanó mediante otro. Pero ahora hay otro tipo de error, que no es el mencionado por Su Señoría. De manera que ésta es una operación provista de un cúmulo muy casual y sorprendente de errores.

El señor NOEMI.-

Por eso me referí al decreto señalado por el señor Senador.

Insisto: si al hacer la especificación de la moneda en un decreto se comete un error, debe enmendarse ese texto legal, para que aquélla se ajuste a éste.

El señor RODRIGUEZ.-

¡El decreto se modifica de acuerdo con la moneda...!

El señor NOEMI.-

Creo que deseamos entendernos, señores Senadores.

El señor ALTAMIRANO.-

La moneda se fabrica de acuerdo con las características del decreto.

El señor NOEMI.-

En el texto legal respectivo se especifican las características del cuño que tendrá la moneda. Si se comete un error -por ejemplo, puede haber equivocación al ponerse una coma-, debe dictarse un decreto modificatorio, para que exista concordancia entre el cuerpo legal y la moneda acuñada.

El señor ALTAMIRANO.-

El señor Ministro de Hacienda, que está al lado del Honorable señor Noemi, podría decirnos qué error se cometió en esas monedas mal acuñadas y cuya entrega suspendió el Banco Central.

El señor RODRÍGUEZ.-

¡El señor Ministro, en vez de estar "soplando", podría usar de la palabra...!

El señor NOEMI.-

Deseo terminar mis observaciones. El señor Zaldívar tendrá oportunidad de intervenir más adelante. Por lo demás, es muy poco lo que me resta por decir.

El Honorable señor Altamirano se pregunta por qué estas acuñaciones no se hacen a favor de los productores de oro chilenos, quienes, entonces obtendrían un sobreprecio sobre la basé del valor numismático que las monedas adquirirían.

Fuera de que el pretendido valor numismático no depende de la voluntad de quien ordena una acuñación, conviene recordar que el oro producido anualmente en Chile es insuficiente para atender las necesidades del país, en lo que al uso industrial o dental se refiere. De modo que, como es obvio, no existe margen disponible para tales propósitos. Además, debe tenerse presente que, desde hace mucho tiempo, el Banco Central vende el oro a los usuarios obteniendo una importante diferencia con relación al precio de compra, la cual está íntegramente destinada al fomento de la minería del oro; o sea, vuelve a los productores, quienes consiguen así por el metal un precio superior al del mercado internacional.

El señor ALTAMIRANO.-

Su Señoría conoce mejor que yo este problema. Por eso, debe saber que el precio obtenido por los productores es bastante inferior al del mercado internacional.

El señor NOEMI.-

No, señor Senador. Le explicaré.

En la actualidad, el Banco Central no puede comprar el oro a un precio superior a 35 dólares la onza; puede venderlo, sí, a un precio superior. De manera que en este momento vende ese metal a los usuarios -joyeros, dentistas, etcétera- a un precio aproximado de 50 dólares la onza.

El señor ALTAMIRANO.-

Así es.

El señor NOEMI.-

Los 15 dólares por onza de oro que se, pagan dé menos al minero, se devuelven a aquéllos, en virtud de una ley aprobada por el Congreso para que contribuyan al desarrollo de la minería aurífera.

Eso es lo que ocurre actualmente.

El señor ALTAMIRANO.-

Es inferior.

El señor NOEMI.-

Sostengo que, no obstante esa medida, la producción no ha aumentado, porque los costos de explotación y tratamiento del metal son más altos que el valor obtenido por los mineros. Eso es efectivo. En otras palabras, la industria extractiva del oro no se ha desarrollado, a pesar de habérsele concedido esa diferencia en cuanto al precio de compra. El fomento de esta actividad minera es insuficiente, porque sus costos son siempre más altos que el valor recibido por su producto.

No quepa duda al señor Senador que cualquiera medida tendiente a proporcionar a los mineros chilenos un incentivo para aumentar la producción aurífera, que ahora es inferior a dos mil kilos -en tiempos pasados alcanzó a siete toneladas gracias a la dictación de una ley que protegía su extracción-, no sólo contará con mi voto, sino con mi total apoyo.

Reitero: quien fabrica un anillo o una pulsera obtiene una utilidad, y es lógico que la obtenga el que realiza esa labor. En cambio, el minero, que realiza la tarea de extracción del metal, no consigue utilidad alguna.

Insisto en que no puede prescindirse de las ganancias de la firma distribuidora y en que la distribución no puede entregarse a cualquiera entidad, sino a una institución que disponga de una organización mundial del tipo a que me referí. ¡Ojalá los mineros chilenos contaran con una institución de esa índole! Pero éste no es el caso.

La exclusividad a favor de Italcambio, que se infiere del contrato celebrado entre dicha firma y el Banco Central de Chile, se explica por dos razones muy sencillas. En efecto, la negociación fue sugerida por aquélla al Ministerio de Hacienda, para lo cual aportó numerosos antecedentes, necesarios para su adecuado estudio. Ninguna otra entidad competidora demostró interés en participar en una operación que requirió de una ley especial para materializarse.

El señor ALTAMIRANO.-

¿Se puso en conocimiento de otras empresas que Chile pensaba realizar tal negociación de cuatro toneladas de oro y ascendente a veinte millones de dólares?

El señor NOEMI.-

No estoy en condiciones de contestar, señor Senador.

El señor ALTAMIRANO.-

El señor

Ministro de Hacienda, que está a su lado, puede hacerlo.

El señor NOEMI.-

Lo que sí puedo afirmar es que. Italcambio proporcionó todos los antecedentes. Además, no hubo ningún otro interesado.

Por otra parte, es necesario recordar que aquella firma proporciona los metales requeridos para la acuñación y paga el costo de la misma. Por ello, no podría pretenderse que consintiera en la intervención posterior de otras empresas que no han efectuado la cuantiosa inversión que la elaboración de monedas supone. Es decir, si Italcambio se ha obligado a proporcionar el oro mediante un contrato, sería ilógico que entregara a otras el metal ya acuñado para, que lo comercializaran.

El Honorable señor Altamirano cree ver en este negocio una doble irregularidad: la primera, que si por casualidad hubo deterioros o defectos de ciertas características en la acuñación de las monedas, ello les daría mayor valor, y la segunda, que el decreto que determinó sus caracteres no sería legal, porque establece que las monedas tendrían poder liberatorio, a pesar de no recibirlas cualquier persona, sino sólo Italcambio.

Los defectos en que pudiera haberse incurrido deben ser rectificados, precisamente, para que no ocurra lo afirmado por el Honorable señor Altamirano, a fin de que todas las monedas sean iguales.

En cuanto a lo segundo, bien sabe Su Señoría que el curso legal de la moneda no impide que razones de interés nacional -que, sin duda, el Honorable señor Altamirano comparte- suspendan la libre disponibilidad de ellas. Es lo que actualmente ocurre con las monedas de oro„ tanto las de cien pesos, que podríamos llamar tradicionales y que se acuñan mensualmente, como las conmemorativas, a que hizo referencia el señor Senador. Las que recibe Italcambio son para venderlas en el exterior y no para su circulación en -el país, como quedó claramente establecido en el informe sobre el artículo 17 de la ley Nº 16.724, aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda -a ella asistieron los Honorables colegas seño-ras Contreras Tapia, Miranda, Pablo, Von Mühlenbrock y Altamirano, que la presidió-, y posteriormente, también en la Sala.

El señor ALTAMIRANO.-

La tramitación del proyecto en debate demuestra una vez más el gravísimo error en que incurrimos quienes, no obstante ser motejados en forma permanente de opositores y obstruccionistas por definición, concedimos de buena fe al Presidente de la República la facultad de acuñar monedas, sin precisar sus alcances, como dice Su Señoría. Procedimos de esa manera pencando que el Primer Mandatario jamás ejercería tal atribución para dictar un decreto que favorecería a determinados nombres y apellidos y permitiría que una firma perfectamente específica se ganara miles de millones de pesos.

Insisto: jamás creímos que se actuaría de esa manera. Pensamos, lógicamente, que se llamaría a propuestas públicas a la cual concurriría una serie de personas, como ocurre en los casos de construcción de un camino o de un puente. En este asunto no ha sucedido lo mismo. Simplemente, hubo un arreglo entre gallos y media noche, secreto y privado, entre una empresa y el Banco Central.

Por ello, procede bien Su Señoría al rebordarnos que no debimos otorgar esa facultad al Presidente de la República, ya que posteriormente la ha ejercido, a nuestro juicio, en forma poco correcta.

El señor NOEMI.-

Deseo destacar al Honorable colega que cuando se discutió la iniciativa en la Comisión de Hacienda, el entonces Subsecretario , de Hacienda, hoy Ministro del ramo, señor Zaldívar, expresó que el propósito de la legislación era la acuñación de monedas conmemorativas, por ejemplo, del Sesquicentenario de la Escuela Militar, de la bandera nacional y de otros hechos semejantes. Dio todas las razones al respecto, como el interés que las monedas despierten entre los numismáticos...

El señor ALTAMIRANO.-

No señaló todas las razones.

El señor NOEMI.-

el posible ingreso de divisas que ello implicaría, etcétera. Es decir, se informó en todos los aspectos.

El señor ALTAMIRANO.-

Pero aquel Subsecretario, que hoy ejerce el alto cargo de Ministro de Hacienda, no nos advirtió que la acuñación, distribución y comercialización de las monedas en el mercado mundial se otorgaría a una sola firma y que ésta se denominaría Italcambio, circunstancia que, seguramente, no podía ignorar.

¿Se proporcionó ese antecedente o se olvidó presentarlo? ¿Se dio a entender o no -al igual que a los directores del Banco Central- que el procedimiento por seguir en el negocio sería la propuesta pública y que la acuñación de monedas era un proceso cotidiano, similar al de impresión de billetes y estampillas? En este asunto se ocultó la parte más importante; no se informó debidamente a la Comisión, al Senado ni al Consejo del Banco Central. He hablado con algunos directores de esa institución y me he impuesto de que ellos no estaban en conocimiento de cuál era la firma beneficiada ni de las condiciones en que se celebraría el convenio y, tampoco, del decreto en virtud del cual se estatuye que la comercialización de monedas acuñadas se concedería a la empresa en referencia. Por lo tanto, ni nosotros ni el resto de la opinión pública podíamos saber quién ganaría las inmensas utilidades derivadas del convenio y de ese decreto.

El señor NOEMI.- Concluyo mis observaciones recalcando que cualquiera que fuere el nombre de la firma encargada de la acuñación, el negocio ha resultado favorable para el país, puesto que el oro llegó a Chile y el costo del proceso de fabricación de monedas ha alcanzado 20 % de utilidad sobre el valor del metal, lo cual - repito- beneficia al país. En todo caso -reitero-, ese tipo de empresas son muy pocas.

Por las razones expuestas, no veo la irregularidad o la importancia del nombre de la empresa que efectúe ese trabajo. Estimo haber explicado el problema y, también, concedido todas las interrupciones que se me pidieron.

El señor ALTAMIRANO.-

Las agradezco.

El señor NOEMI.-

Intervine en esta materia por considerar conveniente aclarar él problema, a fin de que no se le atribuya la magnitud señalada por el Honorable señor Altamirano mediante cifras y valores que -sigo pensando- son sólo suposiciones de Su Señoría.

El señor ALTAMIRANO.-

¿Cuál es su suposición? ¿Cuánto supone que esa firma ganará?

El señor NOEMI.-

No supongo nada. Sostengo que el negocio puede ser favorable para la empresa, pero ello se sabrá, como dije, después de ocho años. Es decir, por las razones que di, el valor de la utilidad puede ser alto o más bajo.

El señor ALTAMIRANO.-

Pero diga cuánto.

El señor NOEMI.-

Hay que suponerlo. A mi juicio, las aseveraciones relativas a las utilidades y valores que obtendrá la firma son meras suposiciones.

El señor CHADWICK.-

Reitero que participo en este debate sin más información que la que han podido recoger los Honorables colegas en el transcurso de las intervenciones de los Honorables señores Altamirano y Noemi. Anticipadamente, doy excusas a la Corporación por los errores que pudiera cometer por esta circunstancia.

Estimo imposible mantenerme en silencio cuando- abrigo la convicción moral de que estamos en presencia de uno de aquellos negocios que, en jerga común, se denominan "negociados". En el fondo, no puede ocultarse que el Estado de Chile, mediante órganos propios -uno emisor, el Banco Central, y otro de carácter industrial, la Casa de Moneda, que fabrica materialmente la moneda de curso legal en Chile-, ha realizado una operación destinada a que un particular obtuviera lucro, sin acudir al único procedimiento que garantiza la imparcialidad de la administración y la honestidad en el manejo de los intereses públicos.

No comprendo ni diviso la razón que movió al Estado chileno a realizar una emisión de moneda no destinada a la circulación, sino a venderse en el mercado extranjero, en forma de monopolio, y no haya abierto propuestas públicas para este negocio. A mi juicio, no existe buena práctica administrativa compatible con este procedimiento que beneficia y asegura utilidades a un particular en desmedro del Estado. Digo "en desmedro del Estado", porque, tratándose de una operación lucrativa originada en el monopolio estatal para acuñar moneda, es de toda evidencia que, al no solicitarse propuestas públicas, el único interesado favorecido por la operación estará en condiciones de obtener un lucro mayor que el que resultaría de la participación de varios interesados en la licitación. Este mayor lucro se obtiene en perjuicio del Estado. Esto, en cuanto al aspecto directamente pecuniario o patrimonial.

Me pregunto, ¿no hay también un tremendo perjuicio moral en sembrar la duda, en alentar toda clase de rumores, en dar pábulo a los cálculos que privadamente pueden hacerse sobre gigantescas utilidades por gozar del beneficio de la amistad, del privilegio de ser bien recibido en las oficinas públicas o de tener la simpatía, la anticipada disposición de ánimo de celebrar el negocio con una determinada persona, sin dar cabida, a ninguna otra, que pudiera ofrecer condiciones más ventajosas? Grave daño me parece que se causa a la moral ciudadana, a ese concepto público que necesariamente debe rodear el desempeño de las elevadas funciones del Estado, que a veces son ingratas e imponen sacrificios duros a quienes deben cumplir sus resoluciones y que exigen, en un mundo de cierta cultura al cual aspiramos pertenecer, la seguridad de que ese sacrificio es compartido y que de ninguna manera pasa, a ser una carga insoportable, cuando ellas se ejercen para que otros obtengan beneficios, se enriquezcan y lucren a costa de la función pública que desempeñan o, gracias a ella, por amistad o favoritismo.

A mi juicio, el examen del asunto traído a debate por el Honorable señor Altamirano no puede dejar sino la más penosa impresión, y espero que el Honorable Senado tenga la suficiente independencia como para aceptar el precepto introducido por la Comisión de Hacienda tendiente a impedir que se continúe con este negocio.

Deseo hacer una última observación, señor Presidente.

No parece buena práctica que el poder emisor del Estado sea desfigurado hasta el extremo de permitirle emitir piezas que carecen de la función propia, característica, que define a las monedas: su poder liberatorio. El Honorable señor Noemi ha recordado un informe del Banco Central en que se sostiene que son cosas distintas la libre disponibilidad de la moneda y su poder liberatorio. Yo llego a aceptar en principio que una moneda tenga un poder liberatorio restringido, limitado a ciertas obligaciones, para desempeñar su papel propio en un área reducida. Pero me parece del todo inaceptable que se entienda como moneda lo que con toda evidencia no es ni puede serlo, porque nunca podrá darse ningún poder liberatorio propio a estas piezas acuñadas por la Casa de Moneda.

Es cierto que, en general, en Chile se acuñan monedas de oro que tienen una función muy limitada: aquellas que no se pueden entregar a los particulares para permitirles pagar obligaciones en dinero, pero que se pueden utilizar en el encaje bancario y en el pago de las obligaciones del Banco Central de Chile con otras instituciones en el extranjero que estén en el circuito correspondiente del sector público, como medio de pago internacional. En tal sentido, se puede decir que todavía Chile emite monedas de oro; que pone en circulación, aunque restringida, ese tipo de signos monetarios. La ley se refiere indudablemente a ellos cuando autoriza su acuñación.

Pero celebrar un contrato de permuta entre cantidades de oro físico y cantidades de esas piezas acuñadas por el Banco Central con el objeto de producir en el extranjero la falsa impresión de que corresponden a monedas chilenas, me parece que es menospreciar el buen nombre del país, el prestigio de sus instituciones y la honestidad con que se manejan los recursos financieros.

El señor NOEMI.-

Yo había dicho que esto ocurre en muchos países, no sólo en Chile. Inclusive se practica en Rusia.

El señor CHADWICK.-

La afirmación de que lo hacen otros países, ha sido realmente escuchada en esta sesión del Senado. Pero antes de aceptarla con la intención con que se formula, quisiera tener a la vista los antecedentes más fidedignos, para poder examinar si realmente se trata de monedas o de piezas conmemorativas que no llevan el sello del Estado, que representa determinado valor.

En el fondo, hay un punto incuestionable, al cual me referí en la primera parte de mis observaciones. Aquí se ha hecho un negocio de extraordinaria importancia, de una cuantía poco común, en que se ha comprometido el Estado para favorecer a una firma particular extranjera representada por un político chileno, sin pedir propuestas públicas, de modo de que no se ha resguardado el interés nacional en forma alguna. Eso es incuestionable.

Lo segundo depende, indudablemente, de los antecedentes que se nos proporcionen.

El señor FONCEA.-

¿Para qué está opinando Su Señoría, si no tiene los antecedentes?

El señor CHADWICK.-

AI Honorable señor Foncea le digo que, al dar mis opiniones, generalmente cuido de no extralimitarme. Además, le expreso que, a mi juicio, el segundo punto es a todas luces incorrecto.

Se obtuvo del Congreso una disposición legal que autoriza al Presidente de la República para emitir moneda y, en uso de esa facultad dada por el legislador, se han emitido piezas conmemorativas que tienen la apariencia exterior de la moneda, pero que carecen del atributo característico que la define como tal: la posibilidad de circular en Chile. En efecto, está convenido contractualmente entre el banco emisor y la firma particular extranjera, que esas piezas deberán exportarse al extranjero y no venderse en forma alguna en nuestro país. En consecuencia, jamás tendrán la característica propia de la moneda, a pesar de llevar el sello del Estado. De este modo, se induce al comprador extranjero al error de creer que está comprando moneda, cuando está adquiriendo piezas conmemorativas ajenas a la función de aquélla.

He querido agregar esto último, ya que el Honorable señor Foncea me estimula a decir algo más.

Es muy lamentable que hayamos comprometido el buen nombre de Chile para procurar utilidades a una empresa particular extranjera en un negocio que no es limpio, en un negocio sucio, pues se efectúa sobre la base de violar las leyes monetarias de determinados países y asegura un margen considerable de ganancias a quienes .mantienen en su poder pequeñas cantidades de oro sellado. Cualquier señor Senador puede observar que las barras de oro tienen un valor muy «distinto del de esas monedas.

El señor NOEMI.-

Dije al Honorable señor Altamirano que esta emisión tiene valor numismático.

El señor CHADWICK.-

Perdone, señor Senador, pero aquí se trata de otra cosa. No interviene sólo el valor numismático. Sucede que el oro tiene en Londres cierto precio, en París otro -me referiré a los mercados europeos más próximos geográficamente-, y en Ginebra, Zurich o cualquiera gran ciudad suiza, un tercer precio. ¿A qué se debe esto? No es debido a los costos del transporte, sino al hecho de que, por razones conocidas de los señores Senadores, hay mercados clausurados que no permiten la libre entrada y salida del oro, pero que son penetrados por los contrabandistas de monedas de oro que las pueden portar o hacer llevar por otro, con la seguridad de que el sello del Estado de Chile está garantizando la ley y el peso de cada una de estas piezas.

¿Cómo puede ser una posición digna, una posición que nos coloque en el plano de los países que merecen la confianza internacional, el hecho de facilitar estos negocios, el hacer posible, por ejemplo, que lleguen a Francia, donde ya ha desaparecido el napoleón, que era la pieza nacional acuñada en oro, los contrabandistas con sus bolsas cargadas con la falsa moneda de oro chilena, que aquí no puede circular y que, en cambio, la vendemos para el extranjero, a fin de que otros lucren con este negocio irregular? Yo me pregunto: ¿Da o no da lugar todo esto a meditaciones muy serias? ¿Es conveniente que el Banco Central de Chile, sin pedir propuestas de ninguna especie, sin consultar a nadie, concierte esta clase de negocios con firmas extranjeras apadrinadas en Chile por determinado personaje que todos individualizamos, pues inclusive fue director del diario de Gobierno, sin menoscabarse el concepto público de la autoridad, sin perjudicarse el crédito que como país responsable debemos mantener en el exterior y sin producirse cierta rebeldía en el hombre común acosado por los impuestos, por las gabelas, por la carestía de la vida, por la cesantía, etcétera?

A mi juicio, el Honorable señor Altamirano ha hecho muy bien en traer este asunto al seno de la Corporación, para que, por lo menos, el Supremo Gobierno comprenda que los negocios del Estado no se pueden ventilar entre amigos; que, cuando hay de por medio una ganancia conocida del que utiliza los recursos que el Gobierno administra o que están en el ámbito de sus facultades, la norma de la propuesta pública no puede ser quebrantada; que, además, no es conveniente para el interés superior de la nación que se lucre con todo: con el recuerdo de la Escuela Militar, de la Escuela Naval, de la Escuadra Libertadora, y que no se puede poner el sello del país como etiqueta de una mercadería vil que sólo interesa a los traficantes, pero que nada significa para el sentido de la dignidad nacional.

Nada más, señor Presidente.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Pido la palabra.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, en realidad, me referiré en forma sucinta a la materia, pues el debate público habido sobre el particular ha proporcionado todos los antecedentes necesarios como para que la opinión pública se forme un juicio. Sólo quiero recordar algunos hechos. Lo puedo hacer pues me tocó intervenir desde el inicio de las gestiones que terminaron en esta negociación.

Recuerdo haber asistido a la Comisión de Hacienda del Senado cuando se trataba un proyecto de ley y el Ejecutivo formuló indicación acerca de este asunto. El Honorable señor Noemi ha expuesto detalles de dicha sesión. Personalmente, di todos los antecedentes que estaban a la mano para hacer ver la conveniencia de la indicación presentada por el Gobierno.

El Honorable señor Altamirano se pregunta: ¿por qué el Subsecretario no expuso que el negocio o contratación se haría con una firma determinada, los términos del contrato, la utilidad que ellos percibirían, etcétera?

Si se me hubiera preguntado en aquella oportunidad, la respuesta habría sido la misma que di en la Comisión, en el sentido de que el mecanismo para emitir monedas de tipo conmemorativo y numismastico era utilizado por un sinnúmero de países de distintas ideologías, aprovechando el comercio creado por la numismática, con el fin de obtener recursos. En aquella oportunidad, precisamente, sostuve que la operación se pretendía hacer, en forma muy especial, para mejorar y equipar nuestra Casa de Moneda, cuyas maquinarias y elementos databan de muy antiguo y era necesario modernizar.

El precepto se aprobó sin oposición de ninguna especie. Luego, su aplicación se radicó en los organismos competentes.

En Chile existen instituciones que, como tales, en cuanto a su honorabilidad y a la seriedad con que protegen los intereses del país, al menos personalmente no me merecen ni la menor duda.

Recuerdo haber enviado los antecedentes al Banco Central y a la Casa de Moneda, que son precisamente las entidades a las cuales corresponde intervenir en este tipo de asuntos, de modo que pudieran iniciar las conversaciones pertinentes y celebrar los contratos necesarios, previo estudio de la materia, para que Chile pudiera llevar adelante la operación y obtener los beneficios correspondientes.

Según el informe que obra en poder del Ministerio, ambas instituciones manifestaron su conformidad con esta operación. Todo ello se realizó a la luz pública. Nadie ha escondido ni ocultado nada.

El Banco Central, por medio de la Fiscalía, estudió la proposición hecha por una de las firmas dedicadas a este ramo, pues la distribución de monedas, normalmente, no la realizan en forma directa los países. Como decía el Honorable señor Noemi, es demasiado riesgoso para una nación afrontar los costos que significa una negociación de este tipo, por la inmovilización de recursos consiguientes; por la publicidad que debe hacerse; por la necesidad de tener representantes en todos los países del mundo en los cuales se quiere realizar la venta; por los fletes, seguros y otros aspectos.

El señor ALTAMIRANO.-

No concuerdo en absoluto con sus informaciones, señor Ministro. Las mías son diametralmente opuestas.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Cuando a Su Señoría le corresponda intervenir podrá entregar las que posee. En este momento, estoy dando las mías.

El señor ALTAMIRANO.-

Formulo el planteamiento para que, cuando la opinión pública lea este debate, sepa que hay dos informaciones al respecto. La suya es autorizada, y yo doy la mía para hacer ver que hay dos opiniones.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

A mi juicio, la mía es la que corresponde.

El señor ALTAMIRANO.-

La suya es la que corresponde y rinde gran utilidad a una empresa.'

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Demostraré lo contrario, señor Senador.

Como decía, el problema reside en que la nación no puede arriesgarse. A ello se debe que los diferentes países en los cuales se efectúa este tipo de emisiones, recurran a diversas organizaciones, con las cuales contratan, para los efectos de la distribución y de la confección de las monedas. Así sucede en Israel, Inglaterra, Méjico, Hungría, Canadá, Albania, Colombia, etcétera.

El señor ALTAMIRANO.-

Pero no tenemos los contratos.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

También mostraré antecedentes, señor Senador. No se altere tanto.

Todas las cosas se pueden aclarar con tiempo. Lo malo es presumir con anticipación.

El señor ALTAMIRANO.-

Aceptaré con tranquilidad su consejo.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

En el caso de Colombia, la distribución la hace la empresa Numismática Italiana; en el de Hungría y Checoslovaquia, Coins International; en el de Albania, Italcambio; en el de Israel, la firma National Trade Commissioners.

Se me pregunta por los contratos. En realidad, los compromisos que puedan haber celebrado los Bancos Centrales de otros países no me los van a facilitar; pero sí puedo proporcionar algunos datos e indicar dónde pueden encontrarlos: aparecen en las diversas revistas numismáticas en las" cuales se anuncia la emisión y venta de estas monedas. Estos documentos no los he falsificado.

Por ejemplo, Méjico, con ocasión de la última Olimpíada, hizo una emisión de monedas de oro y plata,...

El señor CHADWICK.-

Pero de libre circulación.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

...conmemorativas de esa competencia, en las cuales aparece la llama olímpica.

El señor CHADWICK.-

El señor Ministro sabe que la legislación de Méjico es distinta de la de Chile. En ese país hay libre circulación.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Por la seriedad del tema, ruego a los señores Senadores no interrumpirme. Aquí se está diciendo que en Chile, al parecer, todas las instituciones son deshonestas. A mí, como Ministro de Hacienda, me corresponde defender la honestidad de dos de ellas: el Banco Central y la Casa de Moneda de Chile. A mi juicio, mal se podría entregar esto a un debate poco serio.

El señor ALTAMIRANO.-

Poco seria es la emisión de monedas, no el debate.

El señor CHADWICK.-

Con la venia de la Mesa, pido una interrupción al señor Ministro.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

No he concedido interrupciones, señor Senador.

El señor LUENGO ( Vicepresidente). -

El señor Ministro no desea ser interrumpido.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Las concederé después de mostrar los documentos que tengo a la mano.

En el caso de Méjico, la distribución de las monedas que corresponden a la Olimpíada la hizo la empresa Colonial Coins.

Panamá también efectuó una emisión de este tipo de moneda y su distribución la realizó la firma Trend Coin. Las publicaciones están a disposición de cualqúíér comprador o numismático, los cuales pueden adquirir las monedas en las oficinas que señala la revista.

Colombia, con ocasión de la visita del Papa, efectuó una emisión de monedas que fue distribuida por la Numismática Italiana.

Rusia también realizó una emisión, y publica todo lo concerniente a ella y a las condiciones en que las monedas se pueden adquirir.

El señor CHADWICK.-

¿Quién comercia?

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

En las publicaciones aparecen Austria, Colombia, Finlandia, Yemén, Alemania, Suiza, Mali y otros. No quise traer la revista completa; sólo traje recortes.

El señor CHADWICK. -

¿Eso era lo serio, señor Ministro?

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Se trata de publicaciones oficiales que pueden ser consultadas por cualquier señor Senador.

En cuanto a los contratos, no puedo traerlos, ya que tendría que pedírselos a los diferentes bancos centrales o instituciones encargadas de esta materia en otros países. No tengo inconveniente, si el Senado así lo estima, en solicitar los contratos, por si estuvieren dispuestos a facilitarlos. Creo que no lo harán, pues normalmente las condiciones de la emisión y del negocio son de tipo privado y no se quiere que sean conocidos por otros países que realizan emisiones semejantes.

¿Qué hizo el Banco Central? Reunió todos los antecedentes y determinó las mejores condiciones de la emisión y el tipo de firma que podría dar mayores garantías. Para esa entidad, resultó ser la firma Italcambio. Es posible que para algunos Senadores no sea la más" seria. En tal caso, creo que sería conveniente dar los antecedentes de por qué la firma Italcambio es objetada como no sería en este rubro.

El señor ALTAMIRANO.-

¿Por qué los antecedentes que podría dar otra firma no son serios?

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

El compromiso celebrado con el Banco Central es un contrato público, en el sentido de que puede ser revisado y está a disposición de los señores Senadores. En él se establecen todas las garantías necesarias para el Estado chileno.

El señor ALTAMIRANO.-

Ninguna.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Inclusive, para prevenir cualquier problema en cuanto a su interpretación -y esto fue exigencia del Ministerio de Hacienda-, se designó arbitro al señor Presidente del Banco Central. De ese modo queda en resguardo la correcta interpretación del contrato. Además, en él se consigna, el beneficio del país, que es el 30% sobre el valor de las monedas, sobre el oro utilizado en la confección de ellas, lo cual representa para el Banco una utilidad neta de un millón seiscientos mil dólares, en una emisión, del orden de los ocho millones de dólares.

Por otra parte, la Casa de Moneda, que también informó sobre la materia, dijo que la negociación era normal y corriente en otras naciones y que los términos en que ella se celebraba eran convenientes y sin riesgos para el país, ya que el oro y la plata no serían puestos por Chile, sino por la firma extranjera, de modo que ni siquiera íbamos a arriesgar en este rubro. Para la Casa de Moneda significó una utilidad, un "royalty" del orden de los cuatrocientos mil dólares.

Personalmente, creo que todos estos antecedentes obligan a meditar. Al parecer, en Chile todos somos propensos a presumir que todo acto de cada funcionario o particular es doloso. Esto es demasiado grave. Estimo que si se hace una afirmación de esta naturaleza, lo correcto sería señalar nombres y apellidos, cifras y documentos: "Señores, el Banco Central, don Fulano y don Zutano, están comprometidos en este negocio, porque han recibido tanto y porque aquí están los documentos que lo prueban".

El señor ALTAMIRANO.-

Aquí están esas pruebas, señor Ministro.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

"La Casa de Moneda, su director y sus funcionarios, están corrompidos".

Sin embargo, sólo se plantean suposiciones.

El señor CHADWICK.-

No se escude en la Gasa de Moneda, señor Ministro.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Se dice: "En este negocio se van a ganar 80 mil ó 500 mil millones". Puede ser mucho más...

El señor CHADWICK.-

Efectivamente, señor Ministro. Puede ser más.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Mal se puede entrar a presumir el rendimiento de la operación para el intermediario cuando recientemente se están entregando las monedas para su venta en el extranjero.

El señor ALTAMIRANO.-

Tiene toda la razón, señor Ministro.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

¿No sería más conveniente, tal vez, que los señores Senadores que impugnan la operación consultaran en el extranjero, en las casas de cambio o en los Bancos Centrales, cuál es el valor de la moneda? Creo que esto no les resultaría muy difícil. Ahí está la lista -la dio el propio señor Goñi en su contestación a "Ultima Hora"- de las instituciones que podrán vender moneda chilena. Envíen un cable y así podrán comprobar si la utilidad, una vez deducidos los costos de la operación, es desmesurada o no lo es.

Lo que me interesa -y por eso vengo a esta Sala-, desde el punto de vista nacional, es dejar en claro que no se puede poner en duda la honestidad de los funcionarios del Banco Central y de la Casa de Moneda. Su corrección debe ser dejada a salvo, pues es muy grave poner en tela de juicio la honorabilidad de esos servidores públicos. Mal podría decirse algo del Presidente del Banco Central -persona honrada a carta cabal-, de su Vicepresidente, de su Comité Ejecutivo o de su Directorio, que han participado en esta negociación. Mal podría decirse que el Director de la Casa de Moneda o sus funcionarios están comprometidos en este negocio.

El señor CHADWICK.-

Nada tiene que ver eso con el problema en discusión.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

O si acaso se pretende decir, más directamente, que está comprometido el Ministro de Hacienda, que se diga de una vez en forma clara y específica. Asumamos nuestras responsabilidades y así podremos determinar quién ha faltado a la honorabilidad o quién ha dañado el interés del país.

El señor ALTAMIRANO.-

Le solicito una interrupción para dejar en claro este punto, señor Ministro.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Ese es el primer aspecto que deseaba establecer.

El señor ALTAMIRANO.- Yo también deseo especificar mi planteamiento.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

En segundo término, debo manifestar que esta campaña se inició por una denuncia formulada por la Sociedad Numismática. Cuando ya estaba aprobada la negociación, dicha entidad envió una carta, que tengo a la mano, criticándola no por las razones señaladas por el Honorable señor Altamirano, sino por estimarla inconveniente para el prestigio del país desde el punto de vista de la numismática universal; pues hasta el momento Chile se había caracterizado por mantener estable y "standard" un tipo de moneda, cual es la de cien pesos oro. Sostenía la sociedad -sus argumentos pueden ser muy razonables- que emisiones de moneda diferentes de las conocidas históricamente por los numismáticos, acarrearían desprestigio para Chile. Llamé a los señores GARCIA Burr y Avila, de la Sociedad Numismática, quienes "concurrieron a mi despacho en más de tres oportunidades. Escuché sus planteamientos. Les solicité antecedentes tanto a ellos como al Banco Central y a la Casa de Moneda, con el objeto de averiguar si habíamos cometido algún error que pudiera perjudicar a la numismática nacional en los términos señalados. A la luz de las informaciones, concluí que la emisión se ajustaba perfectamente a las leyes; que no había negociado alguno en ella y se había formulado en términos honorables; que ni el Banco Central ni la Casa de Moneda habían procedido incorrectamente, y que se la autorizaba en bien del interés de Chile.

Por tales motivos, reitero que toda imputación que se haga en esta Sala debe estar avalada por documentos concretos y con la clara mención de quiénes son los culpables, a fin de que ellos asuman sus responsabilidades.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

¿Me permite, señor Ministro?

Ha terminado el Orden -del Día. Queda pendiente la discusión del proyecto. En la sesión de mañana podrá continuar con la palabra Su Señoría.

CONVERSION DE CREDITOS OTORGADOS POR EL BANCO DEL ESTADO. OFICIO.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Corresponde continuar la discusión general del proyecto de ley de la Cámara de Diputados, informado por la Comisión de Hacienda, que autoriza al Banco del Estado de Chile para convenir la conversión de créditos otorgados desde la vigencia de la ley Nº 16.253.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 20ª, en 3 de diciembre de 1968.

Informe de Comisión:

Hacienda, sesión 54ª, en 6 de mayo de 1969.

Discusión:

Sesiones 55ª, en 7 de mayo; 56ª, en 13 de mayo de 1969.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

La indicación está respaldada por el Comité Radical.

El señor ALTAMIRANO.-

Pido agregar el nombre del Comité Socialista.

El señor BARROS.-

Y también el del nuestro.

La señora CAMPUSANO.-

Solicito agregar, asimismo, el del Comité Comunista.

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

Continúa la discusión general del proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Baltra.

El señor BALTRA.-

Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos considerando en segundo trámite constitucional comprende diversas materias. Los Senadores radicales nos pronunciaremos favorablemente en cuanto a la idea de legislar, y ello por las razones que di a conocer en la Comisión de Hacienda al fundar mi voto. En esa oportunidad, dije que la mayor parte de las materias a que se refería el proyecto requerían que se legislara y que, si bien disentía de algunas de sus disposiciones, en especial de la relativa a la creación de asociaciones de ahorro y préstamos para la adquisición de automóviles, ello no podía conducir a negarnos a legislar sobre aquellas otras.

En primer término, esta iniciativa legisla sobre la conversión de los créditos concedidos por el Banco del Estado desde la vigencia de la ley número 16.253, que creó los bancos de fomento. Dicha ley se publicó el 19 de mayo de 1965, y su artículo 6º dispuso que los créditos reajustables que se otorgan deberían sujetarse a lo dispuesto en el reglamento que se dictaría. Pero el reglamento sólo se promulgó el 20 de enero de 1967. Durante el lapso comprendido entre ambas fechas, el Banco del Estado, en su calidad de banco de fomento, otorgó diversos préstamos, pero en las condiciones ordinarias de los créditos bancarios. La iniciativa en debate soluciona esta situación permitiendo la conversión de los créditos. Como lo recordó aquí nuestro estimado colega, el Honorable señor Von Mühlenbrock, a indicación mía se estableció que ése debía ser un derecho de los beneficiados y no una facultad del Banco. Para tal efecto, se agregó al artículo 1º un inciso que dice: "Respecto de los créditos concedidos con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley, la conversión será obligatoria para el Banco cuando lo soliciten los deudores interesados". Me parece útil hacer presente que el Fiscal del Banco del Estado, señor Mandujano, coincidió en estimar ventajoso el introducir esa modificación. En otra de las disposiciones se establecen nuevas normas para el reajuste de las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado. Según la reglamentación vigente, el Directorio de la institución tiene facultad para conceder un reajuste que puede fluctuar entre 75% y 100% del alza del costo de la vida. Para dar seguridad al ahorrante y uniformar los diversos sistemas de ahorro, ahora se dispone imperativamente que el reajuste anual debe ser igual a 100% de la variación que experimente el índice de precios al consumidor del departamento de Santiago de acuerdo con los cálculos que elabora la Dirección General de Estadística. Se dispone, también, que el interés devengado por el dinero que se deposite en esas cuentas ganará el interés que fije el Directorio del Banco. En la actualidad, la ley señala un interés máximo de 4%, en circunstancias de que otros instrumentos de ahorro gozan de un interés de 7%. Mediante la facultad consagrada por este artículo, podrá llegarse a la igualdad en las tasas del interés, subsanando la inferioridad en que hoy se encuentra el ahorrante del Banco del Estado.

El artículo 6º tiende a uniformar las modalidades de los diversos sistemas de ahorro reajustable y, para tal objeto, dispone que las condiciones, plazos y modalidades de las emisiones o "debentures" a que se refieren las diversas leyes que allí se enumeran deberán contar previamente con el informe favorable de la Comisión Nacional de Ahorro. Esta Comisión, como se sabe, fue creada en virtud de un decreto del año 1967. El Senador que habla propuso que se le diera, directamente, existencia legal, en vez de legalizarla por medio de una referencia, ya que se trata de una institución de conveniencia e importancia evidentes. La idea fue acogida por la Comisión, la cual acordó pedir al Gobierno que, en el segundo trámite, presente un indicación con el objeto arriba mencionado.

En seguida, el proyecto contiene diversas disposiciones tendientes a actualizar la legislación sobre "debentures", pues ocurre que estos instrumentos de crédito son de escasa aplicación en Chile, debido a que carecen de reajuste y están sujetos a un exceso de formalidades administrativas. Se piensa que, al permitirse la emisión de "debentures" reajustables y eliminarse algunas formalidades, las sociedades anónimas podrán recurrir mayormente a su uso y tal vez disminuya la presión de esas entidades sobre el crédito bancario, ya que por este medio es posible que las empresas obtengan del público parte, al menos, de los recursos que necesitan para el desarrollo de sus actividades. En las economías sometidas a un proceso de inflación tan fuerte y acelerado como es el caso de Chile, el reajuste de las diversas categorías de valores, incluyendo el ahorro, se transforma en una necesidad. Así puede comprobarse entre nosotros, donde distintas leyes han consagrado el reajuste automático. Pero hay un tipo de valores que se ha ido dejando sistemáticamente al margen del sistema, aun cuando poderosas razones humanas, sociales y económicas justifican sobradamente que se los incluya entre los valores sujetos a reajuste automático compensa-torio del alza de los precios. Me refiero a la remuneración del trabajo. Los sueldos los jornales, las pensiones y los montepíos, que constituyen el ingreso del que vive la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, requieren, cada día con mayor urgencia, de un mecanismo que automáticamente les vaya restituyendo la pérdida de poder adquisitivo que deriva del alza constante y creciente de los precios. El sistema de la reajustabilidad automática debe extenderse a la remuneración del trabajo así como se está implantando para otros tipos de rentas, remuneraciones e ingresos; y así lo propuso respecto de los servidores públicos el Honorable señor Bossay al tratarse el proyecto de reajustes para el año 1967.

En el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados figuraba el artículo 11, que concedía autorización "al Presidente de la República para dictar disposiciones que permitan el establecimiento de organismos privados con personalidad jurídica, destinados a recibir ahorros y otorgar préstamos reajustables o no, para la adquisición de vehículos motorizados, los que estarán sometidos a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos". No insistiré en los vacíos y deficiencias del texto, que no precisa si se trata de vehículos nuevos o usados ni tampoco si sólo se aplica a los procedentes de armadurías nacionales o si también, por ejemplo, comprende vehículos importados, como son los que se internan en los puertos libres. Dejando de lado estos aspectos formales del texto, quiero referirme a las consideraciones de fondo que nos movieron a votar en contra del mencionado artículo 11. En primer término, las series estadísticas muestran que, en Chile, el ahorro nacional es casi una constante, de tal suerte que, presumiblemente, al crearse un sistema, con respaldo oficial, que acopie ahorros destinados a la compra de automóviles, lo más probable es que una parte del ahorro que ahora se encauza hacia la adquisición de viviendas se coloque en el sistema de compra de esos vehículos. Pensamos que tal hecho sería perjudicial y contrario a la prioridad social de que debe gozar la habitación. Creemos que es altamente indeseable alterar lo que debe ser una adecuada escala de valores y facilitar la satisfacción de necesidades que de ninguna manera pueden estimarse en un mismo nivel que la vivienda, sobre todo en países subdesarrollados como el nuestro. Por otra parte, nadie puede desconocer que la construcción tiene un alto efecto multiplicador, en el sentido de que son muchas las industrias nacionales que, directa o indirectamente, se encuentran ligadas a la actividad constructora; de tal modo que cuando la construcción aumenta o disminuye su ritmo, el efecto de ello repercute multiplicadamente sobre el resto de la economía chilena. No es indiferente, pues, adoptar una medida que pueda conducir a una baja de la construcción, sobre todo si se considera que, en 1967, ya esa actividad sufrió una disminución de 6,6% y en 1968 volvió a bajar en 3,5%, y que el efecto multiplicador de la industria automotriz es manifiestamente inferior al de la construcción. Por esta causa, colocados en la alternativa de promover el ahorro hacia una u otra actividad, no nos asiste duda de que social y económicamente hay ventaja colectiva en dirigirlo hacia la construcción de viviendas. Pero aun en la hipótesis de que las necesidades de vivienda estuvieren satisfechas, lo que se encuentra, por cierto, muy lejos de nuestra realidad, no nos parece que sea, precisamente, el automóvil el bien cuya compra deba estimularse de preferencia. ¿Por qué no podría serlo la maquinaria industrial o agrícola? ¿Por qué no el equipo profesional? Pareciera que entre el automóvil y la vivienda hay toda una gama de otras necesidades cuya satisfacción iría directamente en provecho del desarrollo económico que el país requiere.

Además, hay una última consideración. El ahorro se acumula a lo largo y ancho de todo Chile. Por ejemplo, al 1º de noviembre de 1968, el ahorro neto acumulado en las provincias de Malleco, Cautín y Bío-Bío, mediante el sistema de ahorro y préstamo para viviendas, alcanzaba a 19 millones de escudos. Con ese ahorro se construye en esas provincias. En ellas se genera, así, empleo, a la vez que se contribuye a satisfacer la necesidad de habitación. ¿Qué sucedería si el ahorro de esas provincias se canalizara, aunque en parte, hacia la compra de automóviles? Primero, que se construiría menos y, en consecuencia, habría aún menores oportunidades de trabajo que hoy, y el problema de la vivienda tendería a agravarse todavía más. Segundo, que parte del ahorro acumulado en Cautín, Malleco y Bío-Bío dinamizaría la economía de las provincias donde está instalada la industria automotriz, pero con evidente perjuicio para el desarrollo económico y social de las que generaron el ahorro:

Creemos, en suma, que la idea contenida en el artículo 11 aprobado por la Cámara presenta numerosos inconvenientes de diversa índole. Por ello lo votamos en contra, y así opinó también la mayoría de la Comisión, lo que motivó su rechazo.

En el proyecto se legisla también acerca de las patentes industriales, comerciales y de expendio de bebidas alcohólicas, con el objeto de procurar mayores ingresos a las municipalidades y resolver, en alguna medida, el grave problema financiero que las afecta. Según el proyecto de la Cámara, se establecía respecto de esas patentes un recargo de cinco por mil sobre el capital del negocio, suprimiendo el límite de 200 sueldos vitales mensuales, que rige actualmente, y elevando el capital exento a un sueldo vital anual. Después de un debate en que se analizaron detenidamente las consecuencias de la supresión del mencionado límite, la Comisión, por unanimidad, aprobó una indicación del Ejecutivo, que mantiene el límite; aumenta el montó del capital exento a tres sueldos vitales mensuales, y establece que el capital gravado por el recargo será el capital propio del contribuyente, tal como lo define el artículo 35 de la ley de Impuesto a la Renta. Por último, se dispone que 20% de los fondos que obtengan las municipalidades por concepto de recargo de capital, deberá destinarse a incrementar el ítem de obras para el adelanto local de cada comuna.

El proyecto en estudio contiene diversas otras disposiciones que, si es necesario, examinaremos al tratar el segundo informe. Por ahora, y finalmente, voy a referirme sólo a la indicación presentada por el Honorable señor Altamirano para agregar un inciso al artículo 17 de la ley Nº 16.724, de 16 de diciembre de 1967. Ese artículo autorizó al Presidente de la República para ordenar la acuñación de monedas de oro y plata de curso legal, fijando su cantidad, peso, ley, valor, tipo y denominación. Haciendo uso de esta autorización, se dictó el decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial el 10 de febrero de 1968. Este texto dispuso que el Banco Central hiciera "una acuñación especial de monedas de oro y plata de curso legal", con el objeto de "rememorar diversos acontecimientos históricos que tuvieron lugar en los primeros años de nuestra República".

El Honorable señor Altamirano hizo presente en la Comisión, como posteriormente en la Sala, que mediante un convenio entre el Banco Central y un particular, se había entregado a éste la comercialización exclusiva de la referida acuñación, lo que significa, en el hecho, favorecerlo con un monopolio ventajoso desde todo punto de vista. La indicación propuesta dispone que "sólo el Banco Central de Chile podrá comercializar las monedas acuñadas en virtud de esta disposición, sin intermediarios de ninguna especie, y las utilidades derivadas de ella ingresarán a fondos generales de la Nación". Dicha indicación tiende, pues, a impedir que, en lo futuro, se repita el hecho de esta comercialización entregada a un solo particular, en vez de hacerlo, por ejemplo, en subasta pública o utilizando cualquier otro procedimiento por el cual se asegure que los beneficios de la acuñación serán para el Fisco.

Por último, solicitamos oficiar, en nombre del Comité Radical, al Contralor General de la República, a fin de que ordene realizar una investigación sobre este asunto que estimamos de singular gravedad y que debe ser esclarecido.

El señor LUENGO ( Vicepresidente)'.-

Se enviará el oficio, en nombré de los Comités que lo han solicitado.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si no se pide votación, se dará por aprobado en general el proyecto.

Acordado.

Propongo fijar plazo para presentar indicaciones hasta el 28 del presente mes, a las 20.

El señor VON MUHLENBROCK.-

¡Muy bien!

El señor LUENGO ( Vicepresidente).-

Acordado.

3

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA AL BANCO DEL ESTADO DE CHILE PARA CONVENIR LA CONVERSIÓN DE CRÉDITOS OTORGADOS DESDE LA VIGENCIA DE LA LEY 16.253, Y SOBRE FOMENTO DEL AHORRO.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Hacienda ha estudiado en el trámite de segundo informe el proyecto de ley, originado en la Honorable Cámara de Diputados, que autoriza al Banco del Estado de Chile para convenir la conversión de ciertos créditos y que regula diversas materias relativas al ahorro.

I.- INTRODUCCIÓN.

1.- Asistencia.

A las sesiones que vuestra Comisión destinó a esta materia concurrieron, además de sus miembros, el señor Subsecretario de Hacienda, don José Florencio Guzmán; el Jefe de Compraventas del Servicio de Impuestos Internos, don Guillermo Maturana; el Fiscal del Banco del Estado, don Jorge Mandujano; el Abogado del Banco Central, don Héctor Bórquez, y el funcionario de la Dirección de Presupuestos, señor Lee Ward.

Además, se escucharon exposiciones del señor Fiscal de la Dirección de Industria y Comercio, don Jorge Arancibia; del Jefe del Departamento de Desarrollo Cooperativo del Servicio de Cooperación Técnica, señor Lutfi Giadach; del Jefe de la División de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Fuad Rafide; del Presidente de la Confederación del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria, señor Jorge Cristi; del representante de la Cámara Central de Comercio, señor Eduardo Dagnino, y del Gerente de la Federación Nacional de Cooperativas de Consumo, señor Guillermo Rondfelt.

2.- Constancias reglamentarías.

Para los efectos de lo establecido en el artículo 106 del Reglamento, dejamos constancia de lo siguiente:

I.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: 4º (que pasa a ser Nº 4 del artículo 3º con enmiendas de mera redacción), 6° (que pasa a ser artículo 16 con enmiendas de concordancia), 8º (que pasa a ser artículo 18), 14 (que pasa a ser artículo 6º transitorio) y artículo transitorio (que pasa a ser artículo 5º transitorio).

II.- Artículos que sólo fueron objeto de indicaciones rechazadas: 2°, 9° (que pasa a ser Nº 1 del artículo 22 con enmiendas de concordancia), 12 (que pasa a ser artículo 32), 16 (que pasa a ser artículo 36), y 17 (que pasa a ser artículo 37).

III.- Artículos modificados: 1º (cuyo segundo inciso pasa a ser artículo 1° transitorio), 3º (que pasa a ser Nº 1 del artículo 3º), 5º (que pasa a ser Nº 1 del artículo 4º), 7º que pasa a ser artículo 17), 10 (que pasa a ser Nº 2 del artículo 22), 11 (que pasa a ser artículo 31), 13 (que pasa a ser artículo 34) y 18 (que se suprime).

IV.- Indicaciones rechazadas o aprobadas parcialmente:

1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 53, 55, 66, 57, 58, 59, 60 y 61 del Boletín Nº 24.536.

En consecuencia corresponde dar por aprobados los artículos indicados en el grupo I, y los del grupo II si no se renuevan oportunamente las indicaciones respectivas.

II.- PARTE EXPOSITIVA

1.- Conversión de créditos del Banco del Estado de Chile.

La indicación Nº 1, del Honorable Senador señor Castro, propone la supresión del artículo 1º.

El referido precepto, en primer término, autoriza al Banco del Estado para convenir la conversión de los créditos otorgados desde la vigencia de la ley Nº 16.253, sobre Bancos de Fomento, en créditos reajustables de fomento, siempre que dichos préstamos hayan cumplido con las finalidades establecidas en la mencionada ley.

En segundo lugar, estatuye que la convertibilidad de los créditos otorgados con anterioridad a la fecha de vigencia del proyecto en informe, será obligatoria para el Banco, cuando lo solicite el deudor.

La disposición pretende solucionar dos tipos de situaciones: permitir la conversión de préstamos ordinarios en de fomento, por no haberse podido otorgar aquéllos con el régimen de éstos al no haberse dictado oportunamente el reglamento respectivo, período que cubre 2 años, y autorizar al Banco, de manera permanente, para efectuar la referida operación cuando la naturaleza de la inversión o el deseo de aumentarla justifiquen la transformación de los primeros en los segundos.

Estas normas se fundamentan en que es injusto dar el tratamiento de crédito ordinario a préstamos de fomento que no pudieron concederse como tales por la no dictación de un reglamento, y en que es aconsejable que el Banco del Estado pueda convertir créditos ordinarios en de fomento cuando aquéllos se utilizan en las mismas finalidades que éstos.

Al respecto hay que tener presente que la legislación aplicable a los préstamos de fomento es más beneficiosa que la que regula los créditos ordinarios, como lo demuestra el cuadro siguiente:

CREDITOS

Asimismo, para evitar cualquiera discriminación, se hace obligatoria la conversión, cuando lo pida el deudor, para aquellos créditos otorgados antes de la publicación del proyecto en informe.

También es necesario considerar que la dictación de la norma en informe es indispensable para el cumplimiento de sus finalidades, debido a que el Banco está impedido de novar la obligación préstamo ordinario por la obligación préstamo de fomento, ya que estos últimos no pueden otorgarse para pagar las primeras.

Después de un largo debate, vuestra Comisión, por unanimidad, rechazó la indicación, por estimar útil la norma contenida en el artículo.

Sin embargo, consideró que su texto no reproducía exactamente las ideas que se habían tenido presente al aprobarlo en el primer informe, es decir, autorizar al Banco del Estado para que, desde la fecha de vigencia de la ley de Bancos de Fomento y hasta que se dicte un nuevo precepto sobre la materia, pueda convertir préstamos ordinarios en créditos de fomento, siempre que aquéllos cumplan con las finalidades de éstos, como también, hacer obligatoria la conversión de los mismos créditos para el Banco, cuando lo solicite el deudor, respecto de aquéllos otorgados con anterioridad a la fecha de vigencia del proyecto, para impedir discriminaciones con las personas que no pudieron acogerse a los beneficios de los Bancos de Fomento por las razones ya expuestas.

Al mismo tiempo, se resolvió fijar un plazo de 180 días para el último caso señalado, con el objeto de que no penda sobre el Banco la referida obligación indefinidamente, ya que tal hecho puede afectar su política de colocaciones.

Por otra parte, se acordó dejar constancia que, en las dos situaciones ya referidas, es requisito fundamental para la conversión, que la inversión del préstamo ordinario cumpla con las finalidades exigidas por la ley de Bancos de Fomento, y los deudores, con los requisitos que ésta establece.

Por último, se resolvió modificar el texto del precepto en el sentido de que la conversión sólo afecta al saldo del crédito, es decir, a las cantidades adeudadas al Banco, con el objeto de evitar que la norma se interprete en orden a que las personas que se acojan a estos beneficios pueden solicitar la conversión total del crédito inicial.

2.- Reajustabilidad de los créditos de fomento en los casos de juicios de cobro.

La indicación Nº 2, del Honorable Senador señor Castro, propone la supresión del artículo 2° del proyecto, que dispone que en los juicios de cobro de los préstamos reajustables de fomento, el crédito se, liquidará por el valor que tengan las unidades de fomento a la fecha del pago, y que si el juicio fuere ejecutivo no será necesaria la avaluación previa de la obligación.

Como dijimos en nuestro primer informe, este precepto se fundamenta en que, de acuerdo a la legislación vigente, el monto del préstamo queda fijado en el momento de solicitar el mandamiento de ejecución y embargo o al procederse a la verificación del crédito en los juicios de quiebra. Como transcurre algún tiempo entre dichos instantes y el pago, los créditos dejan de ser reajustables por dicho lapso, concediéndose así un beneficio extraordinario al deudor moroso respecto del que cumple sus obligaciones.

Vuestra Comisión, por unanimidad rechazó la indicación por concordar con la fundamentación del artículo.

3.- Reajuste de las cuentas de ahorro del Banco del Estado de Chile y pago de intereses a los ahorrantes.

En seguida, se discutieron en conjunto las indicaciones número 17, 18, 30 y 31, del señor Ministro de Hacienda, y 19, de los Honorables Senadores señores Contreras Tapia y Von Mühlenbrock, que, junto con los artículos 3º 4º y 5º del proyecto de nuestro primer informe, modifican la legislación vigente relativa al reajuste de las cuentas de ahorro del Banco del Estado de Chile y al pago de intereses a los ahorrantes.

Según la ley N° 16.407 y su reglamento, que no puede ser modificado por el Presidente de la República, las cuentas de ahorro a plazo en el Banco del Estado de Chile vigentes al 31 de diciembre de cada año, se reajustan en dicha fecha, en un porcentaje no inferior al 75% ni superior al 100% del promedio de variación que tengan los índices de precios al consumidor y de sueldos y salarios del departamento de Santiago entre los meses de noviembre del año anterior y octubre del año en que se efectúe la capitalización, siempre que no registren más de dos giros en el año calendario.

El reajuste se calcula sobre los saldos diarios de las cuentas respectivas y con un límite de los mismos de uno y medio sueldo vital anual del departamento de Santiago.

Para los efectos del referido límite se consideran, en conjunto, todas las cuentas de ahorro a plazo que tenga una persona natural o jurídica.

El porcentaje de reajuste es fijado por el Directorio del Banco del Estado de Chile en el mes de diciembre de cada año, según el monto de los recursos disponibles en el Fondo respectivo, que se forma con un 0,5% anual de interés sobre las operaciones de crédito de los Bancos comerciales y del Banco del Estado, que el Fisco traspasa a la referida institución en el mes de diciembre de cada año.

En caso de no ser suficientes dichos recursos para el pago del porcentaje máximo de reajuste, la diferencia es cubierta con fondos que al efecto destina el Banco del Estado de Chile, según el mecanismo establecido en el artículo 2º de la ley Nº 16.407.

El monto del reajuste adiciona el saldo de la cuenta respectiva y con él se abren los libros para el período siguiente, o sea, el que se inicia el 1ºde enero de cada año.

Las cantidades que gozan de reajuste devengan un interés de hasta un 4% anual, que se suma a las cuentas en la misma fecha antes indicada. En igual oportunidad, se aplican los intereses que corresponden a las cantidades no sujetas a reajuste de los depósitos de ahorro a plazo y de los efectuados a la vista o bajo condición.

El proyecto de nuestro primer informe introduce las siguientes modificaciones a las normas explicadas:

a) El reajuste de las cuentas de ahorro a plazo será equivalente al 100% de la variación que tenga el índice de precios al consumidor del departamento de Santiago entre los meses de noviembre del año anterior y octubre del año en que corresponda efectuar la capitalización, siempre que no registren en el año calendario un número de giros o retiro de cantidades superiores a los que determine el Directorio del Banco con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro.

En consecuencia, el reajuste no variará entre el 75% y el 100% del promedio de variación que, en el período respectivo, experimenten los índices de precios al consumidor y de sueldos y salarios y no se perderá el reajuste por el solo hecho que se registren más de dos giros en el año correspondiente, sino que el Directorio del Banco queda autorizado para determinar la pérdida del beneficio teniendo en consideración el número de giros o las cantidades que se retiren.

b) El monto del interés de las cantidades reajustadas será el que determine el Directorio del Banco del Estado, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro, es decir, se suprime el límite de 4% que éste tenía.

Las indicaciones del Ejecutivo enmiendan el sistema expuesto en el sentido de que el reajuste y su capitalización en la cuenta respectiva se realizarán en la forma, condiciones y plazos que determine el Directorio del Banco y no como establece la ley vigente que tales operaciones se deben efectuar en el mes de diciembre de cada año, aplicando la variación de los índices de precios al consumidor y de los sueldos y salarios, o sólo al primero como dispone nuestro proyecto del primer informe, entre los meses de noviembre del año anterior y octubre del año en que se efectúe la capitalización.

Para ello, se establece que tendrán derecho a reajuste las cuentas de ahorro a plazo que se hallen vigentes al día anterior a aquél en que deba efectuarse el cálculo del reajuste, y no las existentes al 31 de diciembre, .como estatuye la ley vigente.

En seguida, se propone que el porcentaje de reajuste sea fijado en las épocas que determine el Directorio del Banco; que el fondo que lo financia sea traspasado por el Fisco a la referida institución dentro del mes anterior al que corresponde efectuar los reajustes, y que se suprima la norma que establece que se abrirán los libros para el período siguiente con los saldos reajustados de las cuentas respectivas.

Por otra parte, se propone que el beneficio se pierda cuando las cuentas registren, en el año, un número superior de giros al que determine el Directorio del Banco con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro. Según la ley vigente, dicho beneficio se pierde cuando se registran más de dos giros en el año calendario y, de acuerdo con nuestro primer informe, cuando tengan giros o retiros de cantidades superiores a los que determine dicho Directorio con aprobación de la misma Comisión.

Asimismo, proponen que los intereses de los depósitos de ahorro del Banco del Estado de Chile, cualquiera sea su naturaleza, se liquiden en las épocas que determine su Directorio, capitalizándose en las mismas los intereses devengados.

Por otra parte, proponen que el Presidente de la República pueda modificar el reglamento para la aplicación de los reajustes de las cuentas de ahorro a plazo, abiertas en el Banco del Estado de Chile, previo informe de la Comisión Nacional del Ahorro y de la Superintendencia de Bancos, facultad que no tiene en la actualidad.

A su vez, la indicación de los Honorables Senadores Contreras Tapia y Von Mühlenbrock propone la supresión del límite de 1 1/2 sueldo vital anual en los saldos de las cuentas de ahorro a plazo que tienen derecho a reajuste.

En primer término, se debatieron las disposiciones que facultan al Banco para determinar la época en que se reajustarán las cuentas de ahorro a plazo y en que se devengarán y capitalizarán los intereses de los depósitos de ahorro en la mencionada institución.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que el objetivo de las indicaciones es evitar que, en un solo día de cada año, aumenten por reajustes todas las cuentas de ahorro, como lo establece el sistema vigente, debido a que tal norma abulta sólo en dicha oportunidad el monto de los depósitos, hecho que consecuencialmente genera una distorsión de los mismos, con todas las consecuencia que esto tiene en relación con las líneas de crédito que opera el Banco. Por ello, se solicita que la mencionada institución pueda distribuir en el curso del año las diversas épocas de capitalización.

El señor Fiscal del Banco del Estado manifestó que el sistema vigente perjudica al Banco, porque todos los 31 de diciembre suben en apreciable medida y de manera artificial los montos de los depósitos por concepto de intereses y reajustes.

Agregó que el establecimiento del nuevo procedimiento para determinar las épocas en que se concederán los reajustes e intereses para las diferentes cuentas de ahorro, producirá como efecto, al fijarse por primera vez, que la capitalización respectiva se produzca por períodos superiores o inferiores a un año, pero cualquiera sea el caso, los ahorrantes recibirán los reajustes e intereses por el período completo.

Posteriormente, el pago de intereses y reajustes se regularizará, para cada cuenta, en períodos de doce meses.

El Honorable Senador señor Ballesteros puntualizó que concordaba con las proposiciones del Ejecutivo, pero que le parecía indispensable establecer en el texto de la ley que el pago de los reajustes e intereses se hará sólo una vez en cada año para cada cuenta.

El Honorable Senador señor Bossay manifestó que le parecía inconveniente establecer un sistema que permitiera al Directorio del Banco establecer que las cuentas no fueran reajustadas y capitalizados los intereses correspondientes cada doce meses.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, GARCIA y Palma y la oposición del Honorable Senador señor Bossay, acordó que los intereses de los depósitos de ahorro en el Banco del Estado se liquidarán una vez al año, en las épocas que determine el Directorio de la institución.

Asimismo, tácitamente, resolvió establecer igual norma respecto de los reajustes de las cuentas de ahorro a plazo.

En seguida, se discutió la indicación relativa a la pérdida del beneficio de reajuste de las cuentas de ahorro por registrar en el año un número superior de giros al que determine el Directorio del Banco.

El señor Fiscal del Banco del Estado expresó que la ley vigente es perjudicial para los ahorrantes, debido a que basta que efectúen dos giros en el año para que pierdan el derecho al reajuste. Por ello, el Ejecutivo propone dar mayor flexibilidad a la norma, entregando al Directorio del Banco la determinación del número de giros que produzca el efecto antes indicado.

El Honorable Senador señor Bossay dijo que la ley, sin perjuicio de establecer la referida facultad, debería contener una norma que fijara el número de giros que hace perder el beneficio.

El Honorable Senador señor Ballesteros sostuvo, además, que la facultad que el Banco tenga en esta materia debe ser ejercida de manera general y no para cada cuenta especial.

El Honorable Senador señor Palma manifestó que debía conservarse la norma contenida en el primer informe: que la pérdida de reajuste puede ser producida, además, por el retiro de determinadas cantidades de la cuenta respectiva.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó las indicaciones recaídas en esta materia con las enmiendas propuestas por los Honorables Senadores recién indicados.

Luego, tácitamente, vuestra Comisión aprobó las demás indicaciones complementarias del acuerdo ya relatado.

Seguidamente, se discutió la indicación que faculta al Presidente de la República para modificar permanentemente el reglamento sobre reajuste de cuentas de ahorro a plazo.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que esta indicación daba mayor flexibilidad a las normas reglamentarias relativas a esta materia y que, en todo caso, estaba limitada por el texto de la ley respectiva.

El Honorable Senador señor Bossay sostuvo que era inconveniente dejar entregada a la potestad reglamentaria, de una manera permanente, la regulación de una materia tan importante como es la reajustabilidad de las cuentas de ahorro a plazo.

Agregó que, sin embargo, podría facultarse al Presidente de la República para modificar, por una sola vez, el referido reglamento, para que coordine sus disposiciones con los nuevos textos legales.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación con las enmiendas propuestas por el Honorable Senador señor Bossay.,

Por último, se estudió la indicación que suprime los límites de depósitos con derecho a reajuste en las cuentas de ahorro a plazo.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que la disposición en debate desnaturaliza lo que ha sido desde un principio la esencia del sistema de ahorros del Banco del Estado: limitar los depósitos con derecho a reajuste con el fin de que se beneficien con el sistema personas de recursos modestos y medios.

El señor Fiscal del Banco del Estado dijo que, en esta materia, había que tener presente, también, que el sistema de reajuste de estas cuentas está desfinanciado, ya que, con los límites actuales, el Fisco tuvo que aportar Eº 88.000.000 para cubrir el gasto, suma que se elevaría enormemente si se suprime el referido tope.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Garcia y Palma, la oposición del Honorable Senador señor Silva Ulloa y la abstención del Honorable Senador señor Bossay, rechazó la indicación.

4.- Préstamos a imponentes de ahorro del Banco del Estado

En seguida, se discutieron las indicaciones números 20, de los Honorables Senadores señores Contreras Tapia y Von Mühlenbrock, 25 y 45, del señor Ministro de Hacienda, que se refieren a la materia indicada.

La indicación Nº 20, propone agregar una disposición que establezca que el Banco del Estado deberá destinar a préstamos para sus imponentes de ahorro el 25% de los depósitos de ahorro a la vista y a plazo, a lo menos.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la indicación distorsiona todo el mecanismo de distribución de crédito del Banco, dándole gran rigidez a sus operaciones, lo que en el hecho le impediría funcionar normalmente.

Vuestra Comisión, por unanimidad, la rechazó. La indicación Nº 25, propone agregar una disposición que haga aplicables a los préstamos controlados e hipotecarios que el Banco del Estado otorga a sus imponentes de ahorro, el impuesto a los intereses, destinando su producto a financiar el reajuste de las cuentas de ahorro a plazo.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que los préstamos controlados e hipotecarios no son reajustables y que, en consecuencia, era justo que pagaran el impuesto al igual que todos los créditos de dicha naturaleza.

La justicia del precepto es aún más evidente si se tiene en consideración que los préstamos hipotecarios que se otorgan a los imponentes de ahorro son sin reajuste y a largo plazo.

El Honorable Senador señor Ballesteros dijo que estaba de acuerdo con la idea contenida en la indicación, pero no con su texto, que permite a una institución autónoma del Estado administrar el producto del impuesto y que otorga un plazo de gracia para la aplicación del mismo.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación con las enmiendas propuestas.

La indicación N° 45, deroga el inciso segundo de la letra k) del artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco del Estado, que dispone que la tasa de interés para los préstamos hipotecarios que la referida institución otorgue a los depositantes de ahorro no podrá ser superior al término medio del interés bancario fijado por la Superintendencia de Bancos para el semestre anterior.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la indicación tenía por finalidad equiparar la tasa de interés de estos préstamos a los de las operaciones corrientes del Banco. Agregó que esta enmienda se justificaba, especialmente, porque los préstamos hipotecarios son por plazos de hasta 10 años y no reajustables. Por ello, le parecía justo que, personas beneficiadas con préstamos concedidos en condiciones tan excepcionales, pagaran por lo menos el interés normal que cobra el Banco.

Los Honorables Senadores señores Bossay y Silva Ulloa manifestaron su oposición a la indicación, debido a que los préstamos hipotecarios beneficiaban a gente modesta; sólo constituían una pequeña ayuda para la adquisición de vivienda, y, para su otorgamiento, se exige el cumplimiento de muchos requisitos.

El Honorable Senador señor GARCIA sostuvo que ser beneficiado con un crédito no reajustable y a largo plazo constituía un verdadero privilegio, que es financiado por todos los depositantes de ahorro que no tuvieron tal suerte. Por tal motivo, dijo que le parecía mínimo que tales imponentes pagaran los intereses de las operaciones normales del Banco.

El Honorable Senador señor Palma, hizo presente que los referidos imponentes, cuando eran ahorrantes, percibían reajustes; en cambio, cuando eran deudores, pagaban los créditos con moneda desvalorizada, por lo que era totalmente justo aplicarles los intereses corrientes.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Garcia y Palma y la oposición de los Honorables Senadores señores Bossay y Silva Ulloa, aprobó la indicación.

5.- Comercialización de diversos elementos por el Banco del Estado, exención de impuesto de timbres por sus importaciones y requisitos paira la celebración de sus contratos.

La indicación Nº 16, del señor Ministro de Hacienda, propone agregar un artículo nuevo, que autoriza al Banco del Estado de Chile para adquirir, importar y enajenar bienes muebles de equipamiento del hogar, maquinaria, herramientas y demás elementos de trabajo para sus imponentes de ahorro, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de éstos y de fomentar las cooperativas y organizaciones comunitarias, y las pequeñas industrias y talleres artesanales que éstas formen o desarrollen.

En esta materia, vuestra Comisión escuchó al señor Presidente de la Confederación Nacional del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria establecida, a un representante de la Cámara Central de Comercio y al Gerente de la Federación Nacional de Cooperativas de Consumo.

El señor Cristi, Presidente de la mencionada Confederación, manifestó que la aprobación de la indicación significaba la desaparición del comercio detallista, al concentrarse un enorme poder vendedor al detalle en el Banco del Estado de Chile.

Agregó que la pretendida comercialización trae como consecuencia inmediata, también, la disminución de los ingresos del Fisco por concepto de impuesto a las compraventas, timbres, a la renta y CORVI.

Por último, expresó que la disposición en debate agrega una nueva traba al desarrollo de la iniciativa particular en el comercio.

El señor Dagnino, representante de la Cámara antes nombrada, manifestó su oposición a la indicación, porque ella transforma al Banco del Estado en un competidor privilegiado frente al comercio privado, porque no paga impuesto a las compraventas por las transferencias que efectúa, está exento de la obligación de hacer depósitos previos para sus importaciones, y está exento de los impuestos de timbres y a la renta.

Agregó que el comercio de las referidas especies representa el 75% del que se efectúa dentro del país. Por ello, la aprobación del precepto significa la desaparición de un considerable número de empresas, con la consiguiente disminución del empleo para amplios sectores de la clase media.

Por último, dijo que dar esta atribución al Banco del Estado desvirtúa la función para la cual fue creado.

El señor Ronfeldt, Gerente de la indicada Federación, manifestó que el movimiento cooperativista tenía una amarga experiencia con las organizaciones estatales dedicadas a la comercialización de artículos, debido a que, por el volumen de sus adquisiciones, los recursos ilimitados que tienen y las exenciones tributarias de que gozan, constituyen competidores insuperables para las cooperativas.

Por tales razones, pidió el rechazo de la indicación.

El señor Fiscal del Banco del Estado expresó que las personas atendidas por dicha institución por las operaciones que se propone agregar, son modestos imponentes de ahorro a los que se les exige, además de tal calidad, una antigüedad determinada y un saldo de depósito en relación con el préstamo.

Agregó que serían beneficiadas las siguientes personas:

Monto de ahorros Número de imponentes

Eº 1 a Eº 600

Eº 601 a Eº 750

E° 751 a Eº 1.000

Eº 1.001 a Eº 2.000

Eº 2.001 a Eº 3.000

749.595 28.000 24.960 59.892 26.800

En cada uno de los tramos de Eº 3.000 a Eº 12.000 menos de 20.000 imponentes, y sobre Eº 12.001, sólo 11.370 cuentas.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que sólo se pretendía efectuar, con mayor expedición, operaciones que en parte efectúa el Banco, y que esta mayor expedición se fundamentaba en que el aumento extraordinario de los ahorros y del número de los imponentes, había significado que el Banco del Estado adquiriera el compromiso de atenderlos adecuadamente y de ayudarlos a elevar su nivel de vida.

En efecto, el Banco concede muchos préstamos para la adquisición de la mencionada clase de artefactos que los imponentes utilizan en el comercio, el que suele recargar sus precios alegando la demora con que se pagan, que es muy moderada y fácilmente explicable desde el punto de vista administrativo.

Asimismo, el Banco ha convenido con algunos productores que le extiendan un mandato, para que éste facture por cuenta del mandante y cobre una comisión. Respecto de estas últimas, ha habido algunas dudas en la Dirección de Impuestos Internos sobre si les afecta o no la exención de que goza el Banco en materia de impuesto a los servicios, dudas que| han entrabado las operaciones, que se efectuaban de la manera descrita, y que las indicaciones pretenden resolver.

Hizo presente, además, que si se otorgaba la facultad pedida al Banco del Estado, los imponentes de ahorro se iban a beneficiar por la baja en el costo del producto, ya que obviamente al adquirirlos aquél en grandes* cantidades, podía obtener mejores precios.

En consecuencia, lo que se pretende es transformar el mandato en una adquisición directa, y en sustituir el sistema de compra en el comercio particular con préstamos del Banco por compras directas.

El Honorable Senador señor Bossay expresó que no es contrario a la indicación propuesta, pero que hay que corregir su texto para que el Banco no pueda comprar privadamente, sino por medio de propuestas públicas, con el objeto de garantizar la corrección de las operaciones.

El Honorable Senador señor GARCIA manifestó su oposición a la indicación porque suprime la iniciativa privada en el comercio, aumenta la cesantía al hacer desaparecer empresas y socializa prácticamente todo el comercio detallista.

Agregó, que si se aprobaba, también disminuirían los ingresos fiscales, y que una vez desaparecida la competencia privada, bajaría la calidad de los productos, con grave perjuicio para los consumidores.

El Honorable Senador señor Ballesteros expresó que concordaba con la indicación, pero que era necesario modificarla en el sentido de exigir el trámite de propuestas públicas o privadas para la adquisición por el Banco de las mercaderías.

Vuestra Comisión, en primer término, votó la idea de legislar sobre la materia, la que fue aprobada con los votos de los Honorables Senadores Ballesteros, Bossay, Palma y Silva Ulloa, y la oposición del Honorable Senador señor GARCIA.

En seguida, resolvió dividir el precepto. Una disposición regulará la facultad respecto de la venta de elementos de trabajo para los imponentes de ahorro, y otra las transferencias a las cooperativas y organizaciones comunitarias.

El primer precepto, que se refiere a bienes muebles de equipamiento del hogar y elementos de trabajo para los imponentes de ahorro, fue aprobado con la misma votación antes indicada, suprimiéndose la frase que establece que dichas operaciones tendrán por finalidad el mejoramiento de las condiciones de vida de los imponentes, con los votos de los Honorables Senadores señores Bossay, Garcia y Silva Ulloa, y la oposición de los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma.

La segunda norma, relativa a la adquisición de herramientas para las organizaciones comunitarias y sus socios, fue aprobada con la misma votación. Por otra parte, en esta materia, se rechazó una proposición del Honorable Senador señor Palma para que el Banco adquiera bienes de equipamiento del hogar con el objeto de transferirlos a dichas entidades y sus socios. Votaron por el rechazo los Honorables Senadores señores Bossay, Garcia y Silva Ulloa, y a favor de la proposición, los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma.

Por unanimidad, se resolvió que los referidos bienes deberán ser adquiridos por propuestas públicas, con o sin garantía, y que su importación sólo podrá ser autorizada siempre y cuando figuren en la lista de mercaderías de importación permitida del Banco Central de Chile.

En seguida, se discutió la indicación N° 21, del Honorable Senador señor Pablo, para agregar un artículo nuevo que declara que el Banco del Estado se encuentra incluido entre las instituciones eximidas en sus operaciones de importación, del impuesto que grava los documentos necesarios para efectuarlas.

El Honorable Senador señor Bossay declaró que era partidario de conceder este beneficio al Banco, pero sólo respecto de las mercaderías que interne para su propio uso, porque si se le da para todos los elementos que importe, pasaría a ser un competidor privilegiado frente a los comerciantes particulares, afectando también el ingreso fiscal por la disminución de los recursos que percibe por las aduanas.

El señor Subsecretario de Hacienda concordó con la proposición anterior y agregó que hasta ahora el Banco no había pagado tales tributos, pese a que la situación legal era discutible, por lo cual se proponía el precepto.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación, con la enmienda relatada.

A continuación, se discutió la indicación N° 23, del Honorable Senador señor Chadwick, para agregar un artículo nuevo que establezca que los Bancos Central y del Estado no podrán celebrar contratos sin previa propuesta pública, salvo aquéllos que se ofrezcan al público conforme a estipulaciones preestablecidas por los Consejos respectivos; o que correspondan a operaciones ordinarias que se celebren en virtud del reglamento que fija sus modalidades esenciales, o que sólo puedan convenirse con una determinada persona o institución.

El señor Fiscal del Banco del Estado sostuvo que la entidad que representa se opone a la indicación, porque entorpece su funcionamiento.

En efecto, si bien es cierto que sus adquisiciones de bienes muebles las efectúa a través de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, las que recaen en bienes inmuebles deben realizarse teniendo en consideración la competencia con los Bancos particulares.

El señor Bórquez, abogado del Banco Central, manifestó que la aprobación del artículo en informe produciría trastornos en el funcionamiento de la mencionada institución.

Agregó que, además, la propia disposición contiene tantas excepciones que prácticamente la hacen inaplicable, salvo para aquellas operaciones autorizadas expresamente por leyes especiales.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa estimó que, precisamente, por el carácter excepcional del precepto, éste sirve de resguardo al interés del Banco.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, GARCIA y Palma, y la oposición del Honorable Senador señor Silva Ulloa, rechazó la indicación.

6.- Pago de las diferencias producidas entre los índices de reajustes de préstamos del Banco del Estado y del Instituto de Financiamiento Cooperativo y el valor del cambio por créditos financiados con préstamos en dólares, e impuesto a los intereses de préstamos otorgados a agricultores afectados por la sequía.

Seguidamente, se discutió la indicación Nº 22, del señor Ministro de Hacienda, para agregar un artículo nuevo que declara que la diferencia que se produzca contra el Banco del Estado de Chile con motivo de los préstamos de fomento que otorgue a los agricultores de las provincias comprendidas entre Coquimbo y Arauco, con cargo al préstamo de US$ 9.575.000 suscrito con el BID, y que provengan del mayor valor del tipo de cambio en relación con la variación del índice de precios al consumidor, que determina el valor de las unidades de fomento, será de cargo del Fisco, financiándose el gasto con las utilidades que éste percibe del Banco Central.

El Honorable Senador señor Palma propuso idéntica norma respecto de las diferencias que se produzcan contra el Instituto de Financiamiento Cooperativo con motivo de los préstamos reajustables que haya otorgado u otorgue a las cooperativas, con cargo al préstamo por US$ 3.650.000 otorgado por la Agencia Internacional de Desarrollo, y que provengan del mayor valor del tipo de cambio en relación a la variación del índice que determina el reajuste de los préstamos.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que habitualmente el índice de precios aumentaba en proporciones similares al valor del cambio, pero que, en algunos períodos, se producían desajustes. Pues bien, en los casos de préstamos de fomento otorgados a agricultores de la zona afectada por la sequía, como también, de créditos reajustables al movimiento cooperativo, financiados con cargo a préstamos en dólares, no era justo que las instituciones que conceden los créditos se hagan cargo de las diferencias referidas en los mencionados períodos, como tampoco, los beneficiarios, porque en tal caso el fin perseguido con su concesión desaparece, ya que éstos no estarían en condiciones de cumplirlos normalmente.

Hizo presente, además, que el gasto era relativamente pequeño, porque ambos índices, históricamente, han aumentado en porcentajes similares.

Respecto al caso específico de las cooperativas, dijo que el Fisco había llegado a tal compromiso con el Instituto de Financiamiento de Cooperativas en el momento de contratarse el préstamo con la Agencia Internacional de Desarrollo.

Por último, expresó que era imposible hacer una proyección del gasto que significa la aprobación de la indicación, porque ello implicaba fijar la política monetaria a veinte años plazo.

El señor Giadach, Jefe del Departamento de Desarrollo Cooperativo del Servicio de Cooperación Técnica, manifestó que el Instituto es un banco de fomento de cooperativas, al cual se asocian libremente aquellas cooperativas que quieren gozar de sus beneficios.

Agregó que el IFICOOP se financiaba, siempre que se dedujera de sus gastos la diferencia motivada por los diferentes aumentos de los índices ya referidos, que en la actualidad llega a Eº 1.000.000.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Garcia, Palma y Silva Ulloa y la abstención del Honorable Senador señor Ballesteros, aprobó la indicación, con la enmienda propuesta por el Honorable Senador señor Palma.

A continuación se discutió la indicación Nº 24, del señor Ministro de Hacienda, para agregar un artículo nuevo que establece que el Banco del Estado de Chile devolverá a los agricultores afectados por la sequía que hubieren efectuado operaciones con la línea de créditos que en tal sentido creó dicha institución, la diferencia entre el impuesto a los intereses que pagaron y la suma que les habría correspondido satisfacer si hubiere estado vigente el decreto que rebajó dicho impuesto para las referidas operaciones.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que mientras se tramitaba el mencionado decreto, se efectuaron 49 operaciones por un total de Eº 956.000 en la mencionada línea de crédito. Agregó que dichos deudores no fueron beneficiados por la rebaja del impuesto y que es lógico darles tal beneficio, dado que también han sido afectados por la sequía, al igual que los deudores que gozan de él.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación.

7.- Determinación del interés convencional y de la tasa de impuesto a los intereses.

La indicación Nº 26, del señor Ministro de Hacienda, propone suprimir la obligación del Banco Central de fijar semestralmente la tasa del interés máximo convencional, según el procedimiento y limitaciones establecidos en la ley. En consecuencia, si se aprueba la indicación, el Banco podrá determinar la tasa en períodos mayores o menores al indicado.

El señor Subsecretario de Hacienda explicó que sólo se modifica la oportunidad en que se fija la mencionada tasa, y que ello es necesario porqué seis meses es un período muy largo para mantenerla sin reactualizar, especialmente si se tiene en consideración la gran incidencia que tiene sobre el costo real del crédito.

Vuestra Comisión, con la sola abstención del Honorable Senador señor GARCIA, rechazó la indicación, por estimar altamente inconveniente que la tasa de interés se establezca por cortos períodos, debido a que provoca inestabilidad en los negocios, y a que su continuo aumento es un factor que fomenta la inflación.

Seguidamente se discutió la indicación Nº 29, del señor Ministro de Hacienda, para agregar un artículo nuevo que modifica la disposición que establece el impuesto a los intereses en el sentido de que su tasa no podrá exceder los porcentajes en ellos indicados, y no que será de los montos en ella establecidos.

Al respecto, hay que tener presente que la legislación vigente establece los montos máximos de dichas tasas, rebajándolos según sea la variación del índice de precios al consumidor, y facultando al Presidente de la República para rebajarlas y reponerlas, con las limitaciones máximas ya referidas.

Asimismo, que es el Banco Central el que determina las normas, según las cuales se aplican las rebajas de los topes máximos por las variaciones del índice de precios al consumidor.

El señor Bórquez, abogado del Banco Central, expresó que la indicación tiene por objeto solucionar problemas de expedición en cuanto a la determinación de la tasa del impuesto que afecta a los intereses.

En efecto, el Comité Ejecutivo del Banco Central, que determina los límites máximos según la variación del índice de precios al consumidor, de acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley, no puede rebajarlos a otras proporciones cuando lo estima conveniente, ya que ello sólo puede ser efectuado por el Presidente de la República.

Ahora bien, por muy expeditas que sean las relaciones entre el Comité Ejecutivo del Banco y el Presidente de la República, entre el momento en que aquél solicita la rebaja y éste lo resuelve y comunica, se produce un lapso de quince o más días.

Por tanto, la indicación pretende que el Comité Ejecutivo pueda fijar la tasa respectiva, sin perjuicio de que mantenga al misma facultad el Presidente de la República.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que el Ejecutivo había presentado la indicación porque estimaba que el Comité Ejecutivo del Banco Central podía también rebajar las tasas del impuesto. En el hecho, agregó, el Presidente de la República siempre ha procedido en esta materia de acuerdo con lo propuesto por el Banco Central.

El Honorable Senador señor Ballesteros manifestó su oposición a la indicación, debido a que estima inconveniente entregar a un organismo que carece de responsabilidad política la fijación de tasas de impuesto.

El Honorable Senador señor Bossay dijo que, incluso, consideraba inconveniente que el Presidente de la República pudiera rebajar tasas de impuesto, y que le parecía absurdo que tal facultad se entregara a un organismo autónomo de la administración del Estado.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Bossay, GARCIA y Silva Ulloa, y la abstención del Honorable Senador señor Palma, rechazó la indicación.

8.- Comisión Nacional de Ahorro.

A continuación, se discutieron las indicaciones números 33 a 40, del Honorable Senador señor Von Mühlenbrock, que crean la Comisión Nacional del Ahorro.

En la actualidad, por un decreto supremo, existe la referida Comisión que ejerce funciones de coordinación.

Durante la discusión del artículo 6º de nuestro primer informe, que entrega atribuciones a dicha entidad, vuestra Comisión estimó necesaria su creación legal dadas las facultades que se le otorgan, y por ello el Ejecutivo formuló las indicaciones en informe.

Estas proponen la agregación de diversos preceptos que, en primer término, crean la Comisión Nacional del Ahorro, encargada de planificar, supervigilar, coordinar, regular y estimular el funcionamiento y organización de los sistemas de ahorro de los servicios de la Administración del Estado o de entidades privadas que tengan relación con la captación y el desarrollo del ahorro nacional. Asimismo, disponen que tendrá por finalidad coordinar una política nacional del ahorro; estructurar y dirigir una campaña nacional destinada a su fomento, y coordinar las actividades relacionadas con el ahorro, especialmente en lo relativo a sus aspectos técnicos, financieros, educativos y de control.

Para el cumplimiento de los objetivos señalados, corresponderá a la Comisión realizar estudios e investigaciones sobre el estado actual y los planes de desarrollo y funcionamiento de los diversos tipos de instituciones que captan ahorro; planificar a nivel nacional una campaña de ahorro; adoptar las medidas necesarias para la debida regulación, coordinación y supervigilancia de las diversas formas de captación de los ahorros; llevar a cabo campañas de educación, promoción y difusión del ahorro en el público; proponer la más adecuada distribución de los presupuestos para fomento del ahorro del sector público; coordinar la acción de los organismos públicos y privados del fomento y desarrollo del ahorro; promover la uniformación y coordinación de la legislación respectiva; fomentar la formación de centros de estudio y adiestramiento de dirigentes y técnicos en sistemas de ahorro, y desarrollar las demás actividades necesarias para dar cumplimiento a las finalidades para las cuales se crea.

Por otra parte, se faculta a las instituciones del sector público, previa aprobación de la Dirección del Presupuesto cuando fuere procedente, para destinar hasta un 25% de sus presupuestos de publicidad, difusión o promoción, al financiamiento de la Comisión Nacional del Ahorro, la que deberá rendir cuenta anualmente de los recursos que reciba a la Superintendencia de Bancos.

La Comisión se integrará por el Ministro de Hacienda, que la presidirá; los presidentes de los Bancos Central y del Estado, de la Caja Central de Ahorros y Préstamos y de la Caja de Amortización; el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción; el Superintendente de Compañas de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio; un representante del sistema cooperativo, otro de la Confederación Nacional de la Producción y del Comercio y otro de los trabajadores.

Respecto de las autoridades y funcionarios antes indicados, se establece que podrán designar personas que los subroguen. El nombramiento del representante del sistema cooperativo se entrega a la propia Comisión, que elegirá de una terna que presentará cada dos años la Comisión Nacional Coordinadora de Cooperativas, y el de los trabajadores, a las normas que establezca la Dirección del Trabajo.

Por otra parte, se autoriza a la Comisión para constituir Comités Provinciales o Regionales.

Asimismo, se crea una Secretaría Ejecutiva, encargada de ejecutar sus acuerdos y servir de nexo y coordinador entre las diferentes entidades de ahorro y la Comisión.

Además, se estatuye que podrá solicitar a las autoridades correspondientes el personal necesario para el desarrollo de sus actividades, en comisión de servicios.

Por último, se establece que sesionará mensualmente y que tendrá potestad reglamentaria interna.

Por su parte, la indicación del Honorable Senador señor Von Mühlenbrock, propone que la Comisión se integre, además, por un representante de la Federación Nacional de Asociaciones de Ahorro y Préstamos. El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que era absolutamente indispensable la creación de un organismo que coordine la política de promoción de los diversos instrumentos de ahorro. Por ello, el Ejecutivo dictó el decreto Nº 2.590, de 25 de enero de 1967, formando la Comisión Nacional del Ahorro, pero que ésta, por la fuente jurídica de su creación, no podía desempeñar con máxima eficiencia las funciones que se le entregaron.

La necesidad de creación de la misma agregó, puede apreciarse con la sola observación de la competencia existente entre los diversos instrumentos que crean, cada día, mejores condiciones para su colocación en el público, tales como mayores intereses, mejores condiciones de reajustabilidad o de liquidez, propagandas más efectivas, etcétera. Este hecho puede producir una distorsión de las condiciones económicas en que los referidos instrumentos se emiten.

Seguidamente, manifestó que se estaba produciendo una competencia desleal entre ellos, incluso cuando eran emitidos por diversos organismos del Estado.

Al mismo tiempo, dijo, existe una presión constante para crear nuevos instrumentos de ahorro, que de aceptarse, puede producir un aumento del costo de éstos.

La creación de la Comisión por decreto supremo puso bastante orden en la materia, al dictar dicha entidad normas que han dado regularidad a los mecanismos de reajustes y de intereses y que han prohibido la alteración de los beneficios para el ahorrante sin un debate previo entre todos los organismos representados en ella.

Desgraciadamente, las atribuciones de la Comisión no son legales, por lo que no pueden ejercerse con toda la eficacia necesaria, especialmente si se tiene en consideración que existen instrumentos de ahorro de carácter privado, situación que será más grave aún por el establecimiento de un nuevo sistema de debentures reajustables de sociedades anónimas.

El funcionamiento de la Comisión, agregó, que se perfecciona si se aprueban las indicaciones, permite una planificación de la política de ahorro del Estado que suprimirá los gastos innecesarios en la promoción de cada instrumento.

Por otra parte, podrá aplicarse con mayor rapidez el convenio a que ha llegado la Comisión con el Ministerio de Educación para difundir el ahorro entre los estudiantes.

Por último, manifestó que su composición en la forma propuesta por el Ejecutivo, es suficiente garantía de que en el ejercicio de sus funciones sólo se considerará el interés general y no tendrá por objeto promover campañas con fines distintos a los señalados.

El Honorable Senador señor Bossay hizo presente que las indicaciones en debate podían entregar una poderosa arma política al Gobierno, al centralizar en un solo organismo, dominado por éste, los recursos que las diversas instituciones de la Administración del Estado gastan en propaganda y que, en consecuencia, pueden ser utilizados para presionar a los medios de difusión.

Agregó, además, que no estaba de acuerdo en crear una entidad de la Administración Pública facultada para establecer por sí misma su planta burocrática, porque al ejercerla puede crear cargos que exceden sus necesidades y desvirtúen sus fines.

En seguida, vuestra Comisión estudió separadamente cada una de las indicaciones.

La primera de ellas, crea la Comisión Nacional de Ahorro y establece sus finalidades generales.

El Honorable Senador señor GARCIA expresó que era necesaria la existencia de un organismo coordinador de los instrumentos de ahorro, pero que éste no puede estar facultado para "estructurar y dirigir una campaña nacional destinada a su fomento", porque es inconveniente la existencia de una entidad que monopolice la publicidad del sector público.

El señor Subsecretario de Hacienda contestó la referida observación, manifestando que las campañas nacionales de fomento del ahorro tienen sólo por objeto difundirlo en todos los niveles y orientar a la opinión pública entre las diversas posibilidades de inversiones. Agregó que la Comisión no tiene intención de efectuar una campaña de carácter propagandístico, sino ocupar parte de los presupuestos de las instituciones hoy existentes para coordinar la propaganda, principalmente a nivel educacional.

El Honorable señor Palma, sostuvo que la Comisión no podría ejercer presión sobre los medios de difusión, ya que sólo va a utilizar para el desarrollo general del ahorro parte de los recursos que hoy se destinan para fomentar determinados instrumentos de éste.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa manifestó que es indispensable restringir las facultades que la indicación concede a la Comisión, para evitar que se haga mal uso del organismo que se crea.

El Honorable Senador señor GARCIA sostuvo que la aprobación del artículo, sin la norma relativa a la campaña nacional de fomento del ahorro es suficientemente restrictiva, porque la Comisión sólo tendría por finalidad coordinar y regular el funcionamiento y organización de los sistemas de ahorro, y no efectuar la propaganda y publicidad, contratar empleados o realizar otros actos similares.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, GARCIA y Palma, la oposición del Honorable Senador señor Silva Ulloa y la abstención del Honorable Senador señor Bossay, aprobó el artículo, suprimiendo la frase indicada por el Honorable Senador GARCIA, con la sola abstención del Honorable Senador señor Palma.

En seguida, se discutieron cada una de las atribuciones específicas de la Comisión.

La primera de ellas, que dispone que podrá realizar estudios sobre el estado actual y sobre los planes de desarrollo y funcionamiento de los diversos sistemas de ahorro, y sobre la base de ellos dictar las medidas necesarias para el adecuado cumplimiento de sus finalidades, fue aprobada con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, GARCIA y la oposición del Honorable Senador señor Silva Ulloa y la abstención del Honorable Senador señor Bossay.

La segunda, que le permite planificar una campaña nacional del ahorro, fue rechazada, con la sola abstención del Honorable Senador señor Palma.

La tercera, le permite dictar medidas para la debida regulación, coordinación y supervigilancia de las diversas formas de captación de los ahorros.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa hizo presente que la disposición era innecesaria por estar contenida esta facultad en las normas ya aprobadas por la Comisión.

El Honorable Senador señor Ballesteros manifestó que las leyes orgánicas contenían normas específicas sobre atribuciones que estaban incluidas, naturalmente, en las finalidades generales del organismo.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, GARCIA y Palma, la oposición del Honorable Senador señor Silva Ulloa y la abstención del Honorable Senador señor Bossay, aprobó el precepto.

La cuarta, la faculta para llevar a cabo campañas de educación, difusión y promoción de] ahorro en el público.

Vuestra Comisión, con la abstención del Honorable Senador señor Bossay, aprobó esta atribución, enmendándola en el sentido de que la entidad que se crea planificará, pero no llevará a cabo dichas campañas, debido a que sus finalidades propias son las de planificación.

La quinta, la autoriza para proponer la más adecuada distribución de los presupuestos de fomento del ahorro de las instituciones del sector público.

El Honorable Senador señor Ballesteros expresó que para que la Comisión cumpla adecuadamente sus finalidades, sería necesario que aprobara los mencionados presupuestos, porque si sólo se limita a proponer la más adecuada distribución de éstos, carecería de facultades resolutivas, y las instituciones del sector público podrían o no acoger dichas proposiciones.

El Honorable Senador señor Bossay, sostuvo que la entidad que se crea sólo podía tener facultades respecto de los presupuestos globales de los organismos del sector público, ya que si así no fuera, se estarían concentrando en la referida institución la mayor parte de los gastos de publicidad del Estado, concentración que estima peligrosa por el uso que pueda hacerse de ella.

El Honorable Senador señor GARCIA hizo presente que si la Comisión no tenía facultades resolutivas, estaría impedida para limitar el exceso de gastos de publicidad en que han incurrido las instituciones de captación de ahorro del sector público.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la letra en informe, pero enmendándola para que la atribución sea la de aprobar los presupuestos globales respectivos.

En seguida, tácitamente, se aprobó que la Comisión Nacional del Ahorro coordinará la acción de los organismos públicos y privados que se ocupan del fomento y desarrollo del ahorro; que promoverá la uniformaron y coordinación de las disposiciones legales y administrativas relacionadas con las instituciones e instrumentos de ahorro, y que fomentará la formación de Centros de estudio y adiestramiento de dirigentes y técnicos en mecanismos de ahorro.

Por último, y también tácitamente, se rechazó la disposición que establece que la entidad que se crea puede desarrollar todas las actividades que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades para las cuales se establece.

A continuación, se debatió la indicación Nº 33, que financia la Comisión Nacional del Ahorro con aportes de diversas instituciones del sector público, por montos equivalentes hasta el 25% de los recursos que dispongan para gastos de publicidad, difusión o promoción.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que la Comisión se había financiado con aportes de las diversas instituciones que participan en ella.

Luego propuso, que de acuerdo al carácter que vuestra Comisión ha dado al organismo que se crea, se reduzca el aporte hasta un 15% de los mencionados presupuestos.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la indicación con la enmienda indicada.

A continuación, se discutió la composición de la Comisión.

Se aprobó, tácitamente, y sin debate, que integraran la entidad los funcionarios del Estado propuestos en la indicación, suprimiéndose de entre ellos al Presidente de la Caja de Amortización.

Asimismo, con la abstención del Honorable Senador señor Silva Ulloa, se acordó incluir en ella a un representante de la Federación Nacional de Asociaciones de Ahorro y Préstamos.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Palma propuso aumentar de uno a dos el número de representantes de los trabajadores, de modo que hubiera uno de los obreros y otro de los empleados, con el objeto de hacer participar en su seno a la gran masa, a la que precisamente van dirigidas las campañas de ahorro.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó dicho aumento.

El Honorable Senador señor Bossay sostuvo que los representantes de los trabajadores debían ser directamente designados por éstos y propuso que uno lo fuera por la Confederación de Empleados Particulares de Chile y otro por la Central Unica de Trabajadores.

El Honorable Senador señor GARCIA sostuvo que si se desea una real representación de los trabajadores no debe monopolizarse la designación de sus delegados en algunas confederaciones gremiales, que aunque pueden agrupar a un número apreciable de personas, representan a una minoría dentro de la masa laboral total del país.

Por ello, propuso que el representante de los obreros sea designado por los diez sindicatos industriales más numerosos.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa manifestó que los representantes de los trabajadores debían ser designados directamente por sus organizaciones más representativas, al igual que el representante de los empleadores, como establecen las indicaciones respecto de los factores o empleadores.

Vuestra Comisión, por unanimidad, resolvió que el representante de los empleados sea designado por la Confederación de Empleados Particulares de Chile, y el de los obreros, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, GARCIA y Palma y la oposición de los Honorables Senadores señores Bossay y Silva Ulloa, por los. diez sindicatos más numerosos. La minoría de vuestra Comisión sostuvo que el representante obrero debía ser designado por la Central Unica de Trabajadores.

En seguida, tácitamente, se aprobó que la entidad que se crea pueda constituir Comités Provinciales y Regionales.

A continuación, se discutió la indicación Nº 38, que crea la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional del Ahorro.

El Honorable señor Bossay manifetsó que debía establecerse en la ley el número máximo de funcionarios que integrarán dicha Secretaría, porque en caso contrario podían nombrarse numerosas personas, desnaturalizando así el carácter de la Comisión.

El Honorable Senador señor Palma propuso que éstos pudieran ser hasta cinco.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación con dicha enmienda.

Luego se rechazó, por unanimidad, la indicación Nº 39, que autoriza a la Comisión para solicitar funcionarios en comisión de servicios, por estimarla absolutamente innecesaria, ya que el Presidente de la República tiene dicha facultad.

Por último, tácitamente, se aprobó la indicación N° 40, que estatuye que la Comisión sesionará mensualmente, suprimiéndose la frase que le da expresamente potestad reglamentaria interna, por ser ella de la esencia de esta clase de organismos y, en consecuencia, su mantención es una redundancia.

9.- Bonos, debentures y balances de las sociedades anónimas.

En primer término, se discutió la indicación Nº 3, del señor Ministro de Hacienda, para suprimir en la letra b) del inciso segundo del artículo nuevo, que el número 15 del artículo 10 del proyecto agrega a la ley Nº 4.657, la obligación de que las emisiones de bonos reajustables por las sociedades anónimas deban tener garantía debidamente calificada por la Superintendencia respectiva.

Según el texto de nuestro primer informe, las sociedades anónimas que deseen emitir bonos con reajuste deben cumplir con determinados requisitos, entre los cuales está que el monto del empréstito guarde relación con el volumen de sus negocios; que se encuentre suficientemente garantizada la emisión con el capital propio de la sociedad y los ingresos provenientes de sus operaciones, y que tengan, también, la garantía que el Ejecutivo propone que sea facultativa, de acuerdo a la calificación que practique la Superintendencia.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la indicación tiene por objeto disminuir el costo de las emisiones que efectúen las empresas que por su solo patrimonio ofrecen suficiente, garantía para aquéllas, dejándose entregada a la calificación de la Superintendencia el establecimiento de garantías especiales.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación.

Luego, se estudió la indicación Nº 4, del Honorable Senador señor Bulnes, para agregar una frase final al inciso primero del citado artículo nuevo, para que la Comisión Nacional del Ahorro emita, en el plazo de sesenta días, contado desde la fecha en que la Superintendencia lo solicite, el informe que dicha disposición exige para que se autorice la emisión de bonos reajustables por las sociedades anónimas.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación.

Seguidamente, se consideró la indicación Nº 27, del Honorable Senador señor Garcia, que declara que los intereses y primas que perciban los suscriptores y tenedores de bonos y debentures emitidos por las sociedades anónimas, están exentos del impuesto a los servicios.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que los intereses y primas que perciben por dichos bonos los comerciantes e industriales, están afectos al impuesto a los servicios. En cambio, cuando son percibidos por los agricultores y demás particulares que no reúnan las calidades antes señaladas, están exentos de él.

El Honorable Senador señor GARCIA sostuvo que su indicación pretendía equiparar la situación de los tenedores y suscriptores de bonos o debentures, debido a que no existe razón alguna para distinguir entre ellos, para los efectos del impuesto a los servicios, por la actividad que ejercen.

Agregó que la aprobación de su indicación significaba, también, aumentar la posibilidad de colocación de los referidos bonos.

Los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma manifestaron que concordaban con la norma contenida en la indicación, pero que se oponían a que ésta fuera declarativa, porque al darle tal carácter tendría efecto retroactivo, y no se sabe qué efectos pueda producir hacia el pasado.

Vuestra Comisión, con la sola abstención del Honorable Senador señor Bossay, aprobó la indicación, suprimiendo su carácter declarativo.

En seguida, se discutieron las indicaciones números 28, del Honorable Senador señor GARCIA,, y 47, del señor Ministro de Hacienda.

La primera parte de la indicación Nº 28 y la del Ejecutivo, proponen que los documentos que acrediten la cesión y enajenación a cualquier título de bonos y debentures de las sociedades anónimas, se graven con una tasa de 0,25%, es decir, en la misma proporción que los documentos que acreditan los mismos actos jurídicos respecto de las acciones de las sociedades anónimas o en comanditas.

El señor Subsecretario de Hacienda sostuvo que las indicaciones tenían por objeto aplicar el mismo gravamen establecido por la ley de Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado a los documentos de cesión o enajenación de los bonos o debentures de las sociedades anónimas y a los de las acciones de éstas, debido a que la legislación vigente, por falta de concordancia, grava a los documentos que acreditan la cesión o enajenación de los primeros con una tasa superior: 1,5%, distinción que carece de fundamentos.

El Honorable Senador señor Palma sostuvo que un tratamiento similar debían tener los bonos hipotecarios en general. En la actualidad, los mencionados bonos, cuando son cedidos o transferidos, pagan un impuesto con una tasa del 1,5%. Agregó que esta situación es nueva, porque los bonos que emitían los Bancos Hipotecarios eran al portador, y por tanto su cesión estaba exenta de impuestos. Cuando se autorizó a dichas instituciones a emitir bonos reajustables, los documentos que acreditan su cesión o transferencia pasaron a pagar una tasa del 1,5%.

Manifestó, seguidamente, que no había razón alguna para que estos instrumentos pagaran tasas superiores a las de las acciones y debentures de las sociedades anónimas.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó las indicaciones con la enmienda propuesta por el Honorable Senador señor Palma.

Luego, con la sola abstención del Honorable Senador señor Ballesteros, se aprobó la segunda parte de la indicación Nº 28, que establece que los títulos o promesas de debentures pagarán la misma tasa de impuesto de timbres que los títulos o promesas de acciones.

Seguidamente, vuestra Comisión, con la sola oposición del Honorable Senador señor Garcia, rechazó la indicación Nº 49, del Honorable Senador señor Bulnes.

Finalmente, se discutió la indicación Nº 46, del señor Ministro de Hacienda, que establece un procedimiento para que las sociedades anónimas que practican sus balances en fechas distintas al 30 de junio o al 31 de diciembre, reformen sus estatutos para efectuar dichos actos en una de las dos fechas mencionadas.

Para ello, se dispone que la modificación de los estatutos deberá efectuarse antes del 1° de enero de 1970, sin que sea necesaria la autorización del Servicio de Impuestos Internos; que aquéllos deberán establecer como época de celebración de la Junta General de Accionistas el cuatrimestre siguiente a la fecha del balance anual; que la reforma comenzará a regir desde el 1º de marzo de 1970; que los administradores de dichas sociedades podrán solicitar la aprobación de las mencionadas enmiendas sin que sea necesaria la intervención de la Junta de Accionistas, y que las escrituras públicas en que se efectúen estas modificaciones estarán libres de impuestos.

El señor Subsecretario de Hacienda dijo que el problema relativo a la fecha de los balances de las sociedades anónimas se debatió durante la discusión de la ley Nº 17.073, y que la indicación en informe sólo tenía por finalidad simplificar los procedimientos de las reformas que deben introducirse a los estatutos de las mencionadas sociedades para cumplir con las disposiciones de la citada ley.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la indicación.

10.- Financieras automotrices.

A continuación, se estudiaron las indicaciones números 41, del señor Ministro de Hacienda, y 43, del Honorable Senador señor Von Mühlenbrock, que establecen diversos sistemas de ahorros y préstamos para la adquisición de vehículos motorizados.

La primera de ellas, autoriza al Presidente de la República para dictar disposiciones que permitan el establecimiento de organismos privados destinados a recibir ahorros y a otorgar préstamos reajustables para adquirir vehículos producidos en el país, bajo la fiscalización de la Superintendencia de Bancos.

En uso de estas facultades podrán dictarse normas sobre su constitución, funcionamiento, disolución; capital con que deben constituirse; garantías que deben rendir; operaciones que pueden efectuar; colocaciones e inversiones que pueden realizar; encajes que deben mantener, y limitaciones y prohibiciones a que queden sujetos.

Asimismo, se autoriza al Presidente de la República para otorgar a las personas que se acojan al sistema de ahorro que se crea, las siguientes franquicias: que los reajustes de los depósitos no se consideren rentas; que los intereses que correspondan a los ahorrantes estén exentos de impuesto de primera categoría, y que los depósitos respectivos no constituyan parte del activo del patrimonio del ahorrante.

Por otra parte, establece que los mencionados depósitos que no se empleen en la adquisición de vehículos podrán ser retirados sin reajustes ni intereses; que podrán acogerse al sistema sólo las personas que hubieren satisfecho sus necesidades de vivienda, requisito que reglamentará el Presidente de la República, previo informe de la Caja Central de Ahorro y Préstamos y de la Superintendencia de Bancos, y que los textos que se dicten en uso de estas facultades podrán ser modificados por el Presidente de la República dentro de los dos años siguientes a su publicación.

La indicación Nº 43, propone la agregación de un artículo nuevo, que estatuye que las Asociaciones de Ahorro y Préstamos para la vivienda podrán otorgar préstamos reajustables para la adquisición de vehículos motorizados producidos en el país, autorizándose al Presidente de la República para dictar normas al respecto.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que era indispensable incluir en el proyecto una disposición sobre la materia, ya que según la legislación vigente pueden establecerse empresas que financien la adquisición de vehículos mediante el ahorro previo de los interesados, sin control permanente del Estado.

Asimismo, que los organismos que en tal sentido se han formado, incentivan artificialmente el mercado, extendiendo en tal grado las facilidades para la compra de vehículos, que aumenta la demanda de automóviles, incluso, por parte de sectores económicos que no están en condiciones de adquirirlos.

En seguida, expresó que es útil para el país que el capital semilla de las financieras automotrices sea aportado por los propios productores, por lo que estos organismos deben ser independientes de otros sistemas de ahorro existentes.

Agregó que el Ejecutivo va a dictar normas que establezcan sistemas de control similares a los existentes en las Asociaciones de Ahorro y Préstamos para la vivienda, tales como, determinar ciertos porcentajes de renta para pretender a un determinado préstamo y la exigencia de un ahorro previo durante cierto tiempo para tener derecho a él.

Seguidamente, dijo que la indicación propuesta por el Ejecutivo contenía los preceptos necesarios para evitar que se traspasen recursos de los sistemas de ahorro para la vivienda a las financieras automotrices.

El Honorable Senador señor Bossay manifestó ser contrario al sistema que se propone, porque la capacidad de ahorro del país es estable, aproximadamente un 14% del producto nacional. Por ello, al establecerse un nuevo sistema de ahorro, parte de los recursos que se destinan a la promoción de industrias más importantes, como es la de la construcción, pasarán a él.

Agregó que el problema que se ha presentado respecto a las actuales empresas que financian la adquisición de vehículos motorizados puede solucionarse por otras vías, como por ejemplo, prohibir su existencia o someterlas a una reglamentación específica.

Dijo, en seguida, que su oposición a la indicación estaba también fundamentada en que la proposición del Ejecutivo constituía una delegación de atribuciones del Congreso Nacional, ya que, en ella, ni siquiera se establecían las normas que según el señor Subsecretario de Hacienda inspiraban la política del Gobierno en esta materia.

El Honorable Senador señor Palma manifestó que la industria automotriz es un factor tanto o más dinámico que la industria de la construcción en el desarrollo económico.

A su juicio, es una industria multiplicadora de servicios, de altos niveles de especializaciones y de remuneraciones, como también repetidora de consumos, porque trae aparejada una gran cantidad de industrias anexas.

Por ello, agregó, es indispensable estimularla en forma activa, y una forma de hacerlo es crear instituciones que financien la colocación de los vehículos en el público por medio de ahorros y préstamos reajustables.

El Honorable Senador señor Ballesteros dijo que no estaba totalmente de acuerdo con la idea de legislar sobre la materia, pero que dado que el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados contiene una disposición muy vaga en este aspecto, le parece necesario que el Senado intente aprobar un texto más completo, ya que de no hacerlo, se corre el riesgo que la Cámara de origen imponga su criterio.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la industria automotriz es vital para el país. Su activo inmovilizado es de aproximadamente Eº 40.000.000. El monto de las inversiones comprometidas por las industrias proveedoras de piezas y partes para los años 19681969 es de US$ 20.000.000. Según los estudios de la Comisión Automotriz relativos a los valores agregados estimados para 1968, en la industria terminal, es de Eº 163.000.000, y en la proveedora, de Eº 196.000.000.

Además, ocupa alrededor de 20.000 personas.

Por otra parte, la experiencia histórica demuestra que la industria automotriz es un paso fundamental para el desarrollo económico y tecnológico y, en especial, para la creación de la industria que fabrica elementos para la agricultura.

Seguidamente, dijo que si bien el ahorro se ha mantenido estable en un 14% del producto nacional, ha habido un aumento explosivo de la capacidad de consumo en materia de bienes durables, que no se contabiliza como ahorro, lo que significa un esfuerzo considerable para mantener estable el referido porcentaje no obstante la elevación del nivel de vida.

Puntualizó, luego, que ya existen comprometidos Eº 387.000.000 en ahorro para automóviles, que están sometidos a los riesgos ya expresados.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa expresó que es contrario a la creación de las financieras automotrices, tanto porque perjudica a la industria de la construcción, como porque permite a las firmas armadoras financiar sus negocios con el ahorro del público.

Hizo presente, además, su desacuerdo con la norma que dispone que los depósitos se retirarán sin reajustes ni intereses, debido a que ello significa un beneficio más para las financieras, ya que los depositantes que por cualquier motivo no puedan adquirir vehículos perderán parte de su dinero.

Por último, expresó que si estas entidades se crean, los intereses que den a los ahorrantes deben quedar gravados con el impuesto a la renta, y que debe solucionarse expresamente el problema creado por los actuales organismos de comercialización.

El Honorable Senador señor Bossay sostuvo que si se aprueba la indicación deben establecerse los debidos resguardos para no perjudicar al ahorro para la vivienda y para evitar que el público financie a las empresas armadoras.

El Honorable Senador señor GARCIA dijo que era necesario legislar para solucionar la situación existente, asegurando a las personas que ahorran para adquirir vehículos que sus recursos están debidamente protegidos.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, GARCIA y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Bossay y Silva Ulloa, aprobó la idea de legislar sobre la comercialización y financiamiento de la industria automotriz.

A continuación, el señor Subsecretario de Hacienda presentó una redacción sustitutiva de la indicación en informe.

El nuevo texto, expresó el señor Guzmán, contiene diversas nuevas ideas que fueron sugeridas durante la discusión, que principalmente son las siguientes:

1.- Diferencia de denominación. Se propone que las entidades que se crean se denominen "Financieras Automotrices", para evitar toda confusión entre ellas y las Asociaciones de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, como asimismo, entre los valores que emitan unas y otras.

2.- Exclusividad en la realización del negocio. Se estatuye que sólo a través de los referidos organismos podrá financiarse mediante ahorros previos y préstamos reajustables, la adquisición a plazo de vehículos nuevos o armados en el país, dejando libre la comercialización del resto de los vehículos, y la colocación de todos ellos por otros sistemas.

3.- Supresión de las franquicias a los depositantes. Se establece como única franquicia que el reajuste de depósitos no constituirá renta.

4.- Destino de los reajustes e intereses perdidos por los ahorrantes al retirar sus depósitos sin haber adquirido un vehículo. Se estatuye que los fondos que se acumulen por tal motivo bonificarán el precio de los vehículos que se vendan a quienes terminen sus operaciones.

Los Honorables Senadores señores Bossay y Silva Ulloa manifestaron que participarían en la discusión del nuevo texto, aunque mantenían su oposición en general a la disposición.

En seguida, vuestra Comisión acordó discutir aquellas normas que fueran objetadas por sus miembros.

En primer término, el Honorable Senador señor Silva Ulloa sostuvo que la disposición relativa a las normas que se dictarán en uso de las facultades, debe ser redactada de manera imperativa, porque en caso contrario se dejaba al solo arbitrio del Presidente de la República su promulgación.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la enmienda referida.

A continuación, el Honorable Senador señor Silva Ulloa sostuvo que la indicación no solucionaba el problema que presentan los actuales organismos de comercialización de los vehículos motorizados.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que la referida objeción podía salvarse agregando entre las normas que deberá dictar el Presidente de la República, disposiciones que establezcan que las personas que a la fecha de publicación del proyecto estén realizando las operaciones reguladas por este precepto, deberán adaptarse a las reglas que se dicten o proceder a su disolución.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa sostuvo que tal norma no tendría efectos prácticos si el proyecto no establecía una sanción a quienes no cumplieran con ellas.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la proposición del señor Subsecretario de Hacienda, adicionándola en el sentido de que los dueños y administradores de las referidas entidades que no cumplan con las mencionadas obligaciones serán considerados autores del delito de estafa.

Luego, el Honorable Senador señor GARCIA manifestó su oposición al precepto que estatuye que se pierden los reajustes e intereses correspondientes a las personas que retiren los depósitos sin adquirir vehículos, cualquiera sea el destino que se les dé a aquéllos.

Fundamentó su posición en que es injusto sancionar a los ahorrantes que por enfermedad, accidente, muerte, etc., no puedan cumplir con la finalidad que tuvieron al hacer sus depósitos, beneficiando a su cargo a quienes no tuvieron las mencionadas emergencias.

Agregó que, por lo demás, nadie iba a depositar ahorro puro en las financieras automotrices, porque carecían de franquicias tributarias los intereses que otorgaran.

Vuestra Comisión, tácitamente, resolvió que los depósitos correspondientes podrán ser retirados total o parcialmente, con sus reajustes e intereses, por los ahorrantes respectivos.

En seguida, el Honorable Senador señor Bossay manifestó su oposición a la autorización que se concede al Presidente de la República para modificar, durante el plazo de dos años, contado desde las fechas de sus publicaciones, los textos que dicte en virtud de las facultades que se le conceden, por estimar que las mencionadas atribuciones van a producir inseguridad en los inversionistas y ahorrantes del sistema que se crea.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa sostuvo que debía fijarse un plazo al Presidente de la República para que ejerza las facultades que se le dan, y otro más para que modifique los decretos con fuerza de ley respectivos.

Vuestra Comisión, tácitamente, acordó proponeros que las facultades que se concedan al Presidente de la República deben ser ejercidas dentro de los seis meses siguientes a la publicación del proycto, y que las modificaciones de los textos respectivos que estime pertinentes, deberán ser efectuadas dentro del plazo de seis meses contado desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Las demás disposiciones propuestas por el Ejecutivo en esta materia fueron aprobadas tácitamente.

Como consecuencia de los acuerdos anteriores, se rechazó la indicación Nº 43.

11.- Patentes Municipales.

En primer término, se discutieron las indicaciones números 5, de los Honorables Senadores señores Chadwick, Rodríguez y Tarud, y 6, del Honorable Senador señor Contreras Tapia, para sustituir el artículo 9º de nuestro primer informe por el artículo 12 del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados.

Según la legislación vigente, las patentes industriales y comerciales y las de expendio de bebidas alcohólicas se recargan en un cinco por mil calculado sobre el capital del negocio. Sin embargo, el monto de aquéllas más el de éste, no puede ser superior a 200 sueldos vitales mensuales, y se aplican a las empresas que tienen un capital superior a Eº 500.

En el proyecto de nuestro primer informe, se aumenta la exención del recargo a los negocios que tengan un capital de hasta seis sueldos vitales mensuales del departamento de Santiago.

Las indicaciones proponen suprimir el límite máximo (200 sueldos vitales mensuales), y fijar la exención en un sueldo vital anual.

Vuestra Comisión, por unanimidad, rechazó las indicaciones, por las razones que expusimos en nuestro primer informe.

En seguida, se discutió la indicación Nº 7, de los Honorables Senadores señores Contreras, Chadwick, Rodríguez y Tarud, para sustituir el primer inciso que el artículo 10 del proyecto de nuestro primer informe agrega al artículo 54 de la ley Nº 11.704.

Según la legislación vigente, el recargo a las patentes a que hemos hecho recién referencia se aplica sobre el capital del negocio, sin definir qué se entiende por tal.

El artículo 10 del proyecto de nuestro primer informe establecía que dicho capital será el "capital propio del contribuyente, definido por el artículo 35 de la ley N° 15.564 sobre Impuesto a la Renta".

El citado precepto legal establece que "se entenderá por capital propio del contribuyente, el patrimonio líquido que resulte a su favor como diferencia entre el activo y el pasivo exigible en el balance respectivo, sin tomar en cuenta las utilidades o pérdidas del ejercicio, debiendo rebajarse previamente del activo los valores mobiliarios, como asimismo los valores intangibles, nominales, transitorios y de orden y otros que determine la Dirección Regional y que no representen inversiones efectivas".

La indicación propone que el recargo se aplique sobre el capital efectivo con que gire el negocio de cada año, concepto definido por el Nº 12 del artículo 2º de la ley de impuesto a la renta.

El precepto citado define al capital efectivo como "el total del activo con exclusión de aquellos valores que no representen inversiones efectivas, tales como valores intangibles, nominales, transitorios y de orden".

Un precepto similar contenía el artículo 13 del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados.

La proposición de enmienda consiste, esencialmente, en establecer un concepto de capital que aumenta los recursos que lo constituyen, para que sobre él se aplique el recargo a la patente.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó su oposición a la indicación, debido a que en el concepto de capital efectivo del contribuyente se incluyen rubros financiados con créditos.

En consecuencia, a su juicio, resulta injusto aplicar una patente sobre bienes que en el fondo no pertenecen al afectado.

Vuestra Comisión, por unanimidad, rechazó la indicación.

Luego, se estudió la indicación Nº 8, de los mismos señores Senadores recién nombrados, que aumenta de un 20% a un 50% el porcentaje que, de los mayores recursos que obtengan las Municipalidades por concepto de la modificación de la legislación sobre patentes, dichas Corporaciones deberán destinar a incrementar el ítem de obras de adelanto local de cada comuna.

El mayor ingreso se produce debido a que la aclaración del concepto de "capital del negocio" impedirá en el futuro que algunos contribuyentes paguen el recargo a la patente sobre su capital nominal, lo que implica una disminución de la base de su cálculo, como también, de que las declaraciones sobre el capital propio se efectuarán anualmente y no cada cinco años como establece la legislación vigente.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación.

A continuación se discutió la indicación N° 15, de los Honorables Senadores señores Contreras, Chadwick, Rodríguez y Tarud, para agregar un artículo transitorio nuevo que establezca que el monto del recargo de las patentes que resulte de aplicar las modificaciones contenidas en el proyecto, no podrá ser inferior, en ningún caso, al determinado por las Municipalidades de acuerdo a la legislación vigente.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la indicación conserva en la práctica los diversos criterios que han tenido las Municipalidades para determinar la base de cálculo del recargo a las patentes, que la Comisión solucionó en la forma antes indicada.

Agregó que no era lógico mantener diferentes interpretaciones de la ley correspondiente para la aplicación de un gravamen, especialmente si se considera que el litigio se resuelve por el proyecto.

El Honorable Senador señor GARCIA sostuvo que la indicación conservaba el injusto sistema que rige en la actualidad, según el cual se paga más o menos patente según sea el criterio de la Municipalidad respectiva.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, GARCIA y Palma y la abstención del Honorable Senador señor Bossay, rechazó la indicación.

Por último, se debatió la indicación Nº 57, del Honorable Senador señor Bulnes, relativa a patentes municipales, y que contiene dos ideas fundamentales.

La primera de ellas, establece que para el pago de las mencionadas patentes, en los casos en que el contribuyente no pudiere acreditar su capital en forma fehaciente por no llevar contabilidad, la estimación la hará el Servicio de Impuestos Internos.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que era útil establecer un procedimiento para determinar el capital del contribuyente en el caso indicado y para los referidos efectos, pero que el Servicio de Impuestos

Internos carecía de la posibilidad material para establecer la estimación respectiva, por lo que propuso que ésta fuera efectuada por la respectiva Municipalidad.

El Honorable Senador señor Bossay manifestó su acuerdo con la proposición del señor Subsecretario, siempre que se estableciera que el contribuyente pudiera reclamar de la resolución de la Municipalidad ante el Director Regional de Impuestos Internos respectivo.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la parte en informe de la indicación, con las enmiendas relatadas.

La segunda idea contenida en la indicación propone que el capital propio sobre el cual se calcula la patente, se descuente aquella parte que se encuentre invertida en otras empresas que también pagan patente municipal.

El señor Subsecretario de Hacienda dijo que la idea propuesta es justa, porque impide que se pague dos veces patente municipal por un mismo capital.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la indicación.

12.- Modificaciones a la Ley General de Cooperativas.

A continuación, se discutió la indicación Nº 51, del señor Ministro de Hacienda, que introduce diversas modificaciones a la Ley General de Cooperativas, contenida en el D.F.L./R.R.A. Nº 20, de 1963, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. Nº 326, de 1960.

Dicha indicación se refiere, en su primera parte, al sistema general aplicable a las diversas clases de cooperativas, y en la segunda, al régimen particular de las cooperativas de ahorro y crédito.

I.- Modificaciones al sistema general aplicable a las diversas clases de cooperativas.

En primer lugar se consideraron las letras a) a e) de la indicación precedentemente referida, que sustituyen a las "acciones" como expresión de la participación de los socios en el capital social de las cooperativas por "aportes de capital".

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que el concepto que hoy día existe de acción, con un valor nominal fijo, no corresponde a la naturaleza de los aportes que se efectúan a las cooperativas, que son por cantidades de dinero o bienes, las que tienen que acomodarse artificialmente a un determinado número de acciones.

El valor nominal fijo se modifica anualmente con la revalorización, pero la rigidez que el sistema envuelve no se concilia con la naturaleza de la cooperativa.

Señaló que la modificación que introducen las letras en análisis de esta indicación, carecía de efectos en materia tributaria, pues las cooperativas gozan de amplias exenciones que se conservan. Añadió que existe un informe favorable del Servicio de Impuestos Internos respecto del cambio de denominación que se propone.

La letra a) reemplaza la palabra "acciones" en diversos artículos de la Ley General de Cooperativas por la expresión "aportes de capital", que son los siguientes:

Artículo 25.- Esta disposición se refiere a la facultad de los socios para retirarse de la cooperativa cuando lo estimen conveniente, y las limitaciones que la afectan. La norma que se modifica dice relación con el carácter facultativo que para las cooperativas tiene el condicionar la restitución de los aportes a la existencia de saldo suficiente en el fondo de devolución de acciones" de que trata el artículo 49, que pasa a llamarse fondo de devolución de "aportes de capital";

Artículo 26.- Este artículo establece las características del capital de las cooperativas, señalando que será variable e ilimitado, a partir del mínimo que fijen los estatutos y se formará con las sumas que paguen los socios por la suscripción de sus acciones. La modificación que se introduce consiste en la sola sustitución de la palabra "acciones" por "aportes de capital" como denominación de dicha suscripción;

Artículo 49.- El precepto que se modifica establece la destinación del remanente que se produzca en las cooperativas en diversos fondos determinados. Uno de dichos fondos, como se expresara precedentemente, llamado de "devolución de acciones", en virtud de esta modificación pasa a ser de "devolución de aportes de capital";

Artículo 56.- La presente norma exime del impuesto a la renta de la ex segunda categoría, hoy primera categoría, al interés que los socios reciban sobre sus acciones y cuotas de ahorro. La modificación que se introduce sustituye la referencia a las "acciones" por la que se hace a los "aportes de capital".

Artículo 59.- Este artículo obliga a los habilitados del sector público y a los pagadores de instituciones y empresas particulares a efectuar descuentos en las planillas de pago a favor de las cooperativas de consumo y de vivienda, los cuales podrán referirse a la suscripción de acciones, cuotas de ahorro y adquisición de mercaderías, según corresponda. La modificación que se introduce tiene por objeto sustituir la referencia a la suscripción de "acciones" por la de "aportes de capital".

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la letra a).

La letra b) modifica el artículo 33, que establece que la Dirección de Industria y Comercio fijará los porcentajes máximos que se permitirá aceptar a cada cooperativa en cuotas de ahorro en relación con "las acciones pagadas", sustituyendo la referencia que a éstas se hace por otra a "los aportes de capital efectuados".

Al respecto hay que tener presente que el artículo 26 de la ley general de cooperativas distingue entre el "capital" y el "patrimonio" de dichas entidades, señalando que el primero se formará con las sumas que paguen los socios por la suscripción de sus aportes de capital, y el último estará constituido por el capital, las cuotas de ahorro, los fondos de reserva, los fondos colectivos y los excedentes no distribuidos.

Las cuotas de ahorro de las cooperativas, en consecuencia, tienen un carácter financiero muy especial, ya que por una parte son créditos del socio en contra de la cooperativa, que usando un símil un tanto impropio podrían compararse con los debentures o bonos, y por otro, integran el patrimonio de la institución emisora en forma activa, en lugar de considerarse dentro del pasivo exigible.

Estas cuotas de ahorro que pueden ser emitidas por diversas clases de cooperativas ganan reajuste e intereses, de acuerdo con los artículos 33 y 34 de la ley, y no deben confundirse con los depósitos de ahorro en las cooperativas de ahorro y crédito, que constituyen aportes de capital y no créditos.

Como la emisión de estas cuotas puede afectar la capacidad económica de las cooperativas, se entrega a la Dirección de Industria y Comercio la fijación de los porcentajes máximos que puede emitir cada cooperativa en relación, ahora, con los aportes de capital pagados.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la letra b).

La letra c) reemplaza las palabras "las acciones" por la expresión "los aportes de capital" en los siguientes artículos de la Ley General de Cooperativas:

Artículo 35.- Esta disposición consulta un título ejecutivo especial para el cobro judicial de saldos insolutos de "las acciones", expresión que se sustituye por "los aportes de capital";

Artículo 57.- Este artículo contempla la liberación de todo impuesto por el aumento del valor nominal de "las acciones" y cuotas de ahorro, la revalorización del capital propio y la devolución de excedentes, sustituyéndose la mención de las primeras por otras a "los aportes de capital".

Esta exención total de impuestos debe entenderse sin perjuicio de las excepciones establecidas en el artículo 1º de la ley 17.073 respecto del impuesto global complementario;

Artículo 80.- Esta disposición, incluida dentro del título III de la ley, relativa a las cooperativas campesinas, establece que las personas naturales o jurídicas dueñas o arrendatarias de los predios en que las cooperativas campesinas desarrollen sus actividades que pueden ser sodas de las cooperativas referidas no podrán gozar de los beneficios y servicios que aquéllas otorguen a sus socios, salvo algunas prerrogativas económicas, dentro de las cuales se encuentra la devolución del valor de "las acciones", que corresponden a "los aportes de capital", designación que las sustituye;

Artículo 4º transitorio.- Este artículo dispuso una revalorización del capital propio de las cooperativas existentes a la fecha de publicación de la ley, que se expresaría en una variación del valor nominal de "las acciones", que son reemplazadas por "los aportes de capital".

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la letra c).

La letra d) modifica el artículo 62 de la ley, que faculta a las instituciones de previsión de empleados y obreros que proporcionan préstamos a sus imponentes, para facilitarlos con el fin de que éstos adquieran acciones de las cooperativas de consumo y vivienda que sean formadas exclusivamente por imponentes de la Caja respectiva, sustituyendo la mención a la adquisición de acciones, por otra a que efectúen aportes de capital.

La letra e) modifica el artículo 98 de la ley, que establece ciertos requisitos de aporte mínimo en acciones y cuotas de ahorro para los socios de cooperativas de vivienda en orden a la realización de sus finalidades, sustituyendo la referencia a un aporte mínimo "en acciones" por otra a uno "de capital".

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó ambas letras.

La letra f) sustituye el artículo 30 de la ley, que establece las características de las acciones de las cooperativas, disponiendo que ellas serán nominativas e indivisibles, y su transferencia, que debe ser aprobada por el Consejo de Administración, no podrá hacerse a un precio superior al de su valor nominal, y prohibe la existencia de acciones liberadas y privilegiadas a ningún título.

El señor Subsecretario de Hacienda explicó que la disposición que se propone tiene las siguientes diferencias con las normas actuales:

-por razones de concordancia, se reemplaza la expresión "acciones" por "aportes de capital";

-en cuanto a la divisibilidad de los aportes, la norma vigente establece la indivisibilidad de las acciones, dado que son partes alícuotas del capital social. Sin embargo, al transformarse éstas en aportes de capital, los cuales podrán tener montos diversos, desaparece la razón de la indivisibilidad;

-finalmente, en lo que respecta a la transferencia de las acciones o aportes de capital, señaló que en la actualidad, al producirse una transferencia o rescate de acciones, se paga el valor nominal, que se va modificando anualmente con las revalorizaciones que se incorporan necesariamente a él. Al desaparecer el valor nominal, el valor de rescate o transferencia va a ser el valor depositado más las revalorizaciones que le correspondan, descontándose las cuotas de las eventuales pérdidas que existan, lo que no se decía en la ley actual y que es de estricta lógica.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la letra f).

La letra g) sustituye los incisos segundo tercero del artículo 31 de la ley, que disponen que la revalorización del capital propio de las cooperativas se expresará en una variación del valor nominal de sus acciones, y que para los efectos de la determinación de dicho capital no se computarán reservas y excedentes.

El señor Subsecretario de Hacienda explicó que el precepto sustitutivo dispone que la revalorización se suma al capital aportado, y no al valor nominal que ahora desaparece. Además, que dicha operación se efectuará de acuerdo con las normas que dicte la División de Cooperativas, centralizándose en ella actuaciones que se dividían entre la Dirección de Industria y Comercio y el Servicio de Impuestos Internos, y que se fija una norma de permanencia en los aportes de los socios hasta el cierre del ejercicio anual para que tengan derecho a la revalorización.

Agregó que en relación con el cálculo del capital propio, hasta ahora no se computaban las reservas de las cooperativas, que la indicación incluye por pertenecer efectivamente a éstas, quedando excluidos solamente los excedentes, porque pertenecen al socio.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la letra g).

La letra h) modifica el artículo 33 de la ley, que como ya se expresara, establece que la Dirección de Industria y Comercio fijará los porcentajes que se permitirá aceptar a cada cooperativa en cuotas de ahorro en relación a los aportes de capital efectuados; dictará las normas generales y obligatorias para cada clase de cooperativas respecto al reajuste anual de estas cuotas, que se determinará por la fluctuación del índice de precios al por mayor que fije la Dirección de Estadística y Censos, optando por el que sea más bajo, y vigilará que su destino se ajuste a los acuerdos de la Junta General de Socios.

El señor Subsecretario de Hacienda explicó que la indicación armoniza el sistema de cuotas de ahorro de las cooperativas con los demás existentes en el país, al disponer el informe favorable previo de la Comisión Nacional del Ahorro a la dictación por la Dirección de Industria y Comercio de las normas de reajuste de tales instrumentos. Asimismo, se suprimen las reglas específicas respecto a fluctuación de índices que contempla la ley actual, quedando la determinación de su reajuste al arbitrio del citado organismo.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la letra h).

La letra i) sustituye el artículo 34 de la ley, que contiene dos ideas:

1) Dispone que el interés que ganen las acciones y cuotas de ahorro no podrá ser superior a un 7% anual, y

2) Establece que dicho interés se calculará sobre la base del valor nominal reajustado que tengan las acciones y cuotas en el ejercicio con cargo al cual se distribuye el interés.

La indicación reemplaza, en la primera idea, la mención a las acciones por otra a los aportes de capital, y suprime la segunda.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que en su opinión la limitación del interés en un 7% anual resultaba arbitraria, ya que dicha tasa depende en definitiva de las condiciones del mercado de capitales, por lo que estima sería conveniente suprimir dicho tope, y dejar su fijación de acuerdo con las normas generales en manos de la División de Cooperativas, con informe de la Comisión Nacional de Ahorro.

El Honorable Senador señor Silva propuso que la tasa de interés fuera fijada por la División de Cooperativas, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro.

El Honorable Senador señor Ballesteros opinó que era inadecuado fijar por ley un interés rígido.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Bossay y Silva, la oposición del Honorable Senador señor Palma, y la abstención del Honorable Senador señor GARCIA, aprobó la enmienda propuesta por el Honorable Senador señor Silva. El Honorable Senador señor Palma fundó su voto en que era necesario establecer un límite máximo de interés, atendidos los sectores que sirven las cooperativas y, en consecuencia, se manifestó partidario de mantener la indicación en esta parte.

Seguidamente, se consideró una indicación del Honorable Senador señor Pablo, que prescribe la renovación completa de los Directorios o Consejos de Administración de las sociedades cooperativas, y de las Confederaciones, Uniones, Federaciones y sociedades auxiliares de cooperativas.

El señor Subsecretario de Hacienda dijo que en el hecho todas las sociedades anónimas tienen sistemas de renovación completa de sus Directorios.

El Honorable Senador señor GARCIA expresó que dicha norma había sido de efectos beneficiosos en materia de representación de sectores para las cooperativas e instituciones anexas.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la indicación.

II.- Modificaciones al sistema particular de las cooperativas de ahorro y crédito.

Las letras j) y k) de la indicación 51 modifican el régimen general de las cooperativas de ahorro y crédito.

La primera de ellas sustituye el artículo 106 de la ley, que establece que se denominan cooperativas de ahorro y crédito las cooperativas de servicio que tengan por finalidad recibir ahorros y depósitos, realizando en beneficio de sus socios operaciones de préstamos. Asimismo, que un reglamento dictado por el Presidente de la República determinará la forma y requisitos con que puedan recibir depósitos de personas que no sean socios.

La indicación omite a la recepción de depósitos de la mención relativa a la finalidad de estas cooperativas, y contempla la posibilidad de que los préstamos que concedan sean reajustables o no.

Además, condiciona el reglamento que dicte el Presidente de la República al informe favorable previo de la Comisión Nacional del Ahorro, y extiende su ámbito no solamente a la determinación de la forma y requisitos con que puedan recibir los depósitos de personas que no sean socios, sino también a la regulación de la recepción y otorgamiento de dichos ahorros y préstamos.

El señor Subsecretario de Hacienda explicó que mediante esta letra se pretende regularizar el sistema de ahorro y crédito cooperativo, otorgándole condiciones de reajustabilidad favorables, que permitan su expansión y desarrollo.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la letra j).

La letra k) sustituye el artículo 110 de la ley, que estatuye que el interés máximo que las cooperativas de ahorro y crédito pueden exigir sobre los préstamos es del 1% mensual y el interés máximo que pueden pagar sobre los depósitos de ahorro es del 7% anual, y que tales intereses están exentos de los impuestos que les sean aplicables; además, que la Dirección de Industria y Comercio puede autorizar un aumento de estos porcentajes, y que en estas cooperativas la distribución de excedentes se calcula sobre las operaciones de crédito realizadas con los socios.

La indicación, por su parte, agrega los conceptos de reajustes y revalorizaciones al de interés máximo quelas cooperativas de ahorro y crédito podrán exigir sobre sus préstamos o abonar sus aportes de capital y depósitos o cuotas de ahorro, y dispone que todos ellos serán fijados por la División de Cooperativas de la Dirección de Industria y Comercio, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro. Agrega, que tales intereses estarán exentos de los impuestos que les sean aplicables, con excepción del impuesto global complementario.

En consecuencia, suprime los límites de intereses actualmente en vigencia, y entrega su fijación a la Dirección de Cooperativas de la Dirección de Industrias y Comercio, en lugar de mantenerla en esta última, condicionándola sí al informe favorable previo de la Comisión Nacional del Ahorro.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la letra.

13.- Cheques y letras.

En seguida, se discutió la indicación Nº 32, del señor Ministro de Hacienda, que modifica la legislación vigente sobre cheques.

Primeramente, dispone que si se tachare cualquier mención impresa que contenga el cheque que no sean las cláusulas "a la orden" o "al portador", dicha tacha no producirá efecto alguno..

En consecuencia, si se borra la mención "Eº", la serie y número respectivo, él nombre del Banco, etcétera, de aprobarse la indicación, el cheque no se anulará.

El Honorable Senador señor GARCIA sostuvo que la indicación es sumamente útil, porque impide que se perjudique el portador legítimo de un cheque por defectos sin importancia en su giro.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la disposición en informe.

En segundo lugar, estatuye que si en el cheque no se indica el lugar del giro, se le presume extendido en la plaza en que funciona la oficina sobre la cual fue girado.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó el precepto.

Por último, faculta a los Bancos para autorizar a determinadas personas para estampar en sus cheques, por procedimientos mecánicos, la cantidad girada y la firma, siempre que a su juicio dichos procedimientos ofrezcan seguridad, y que se justifique su necesidad por el elevado número de cheques que deba firmar el librador.

El Honorable Senador señor GARCIA sostuvo que la norma propuesta constituye un gran adelanto en nuestra legislación, debido a que termina con la ficción a que deben recurrir instituciones y empresas de los sectores público y privado para girar cheques, cuando por sus actividades deben hacerlo en grandes cantidades: el nombramiento de un apoderado, que, no teniendo mayores responsabilidades dentro de la entidad respectiva, se dedica exclusivamente a firmar los referidos documentos.

Los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma sostuvieron que el texto debía contener los debidos resguardos para dar seriedad a los cheques que se giren según el mencionado procedimiento.

Para ello, propusieron que la calificación para autorizar el procedimiento mecánico correspondiera a la Superintendencia de Bancos.

El Honorable Senador señor Bossay, por su parte, sostuvo que la indicación, conjuntamente con la enmienda recién transcrita, moderniza nuestra legislación en la materia.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la regla en debate con la enmienda propuesta.

En seguida, tácitamente, aprobó la indicación Nº 52, del señor Ministro de Hacienda, para agregar una disposición al Código de Comercio que estatuya que los endosos de los documentos efectuados en favor de instituciones bancarias podrán hacerse estampando el nombre del cedente por procedimientos mecánicos, sin necesidad de firma.

Por último, se debatió la indicación Nº 44, del señor Ministro de Hacienda, para agregar un artículo nuevo que establezca que tendrán mérito ejecutivo las letras de cambio y los pagarés a la orden del Banco del Estado aceptados o suscritos por un analfabeto, cuya impresión digital haya sido autorizada por un Notario Público o por un Oficial de Registro Civil en las localidades donde aquél no exista.

La indicación enmienda la legislación vigente al permitir la aceptación de letras y la suscripción de pagarés a la orden del Banco del Estado por medio de la impresión digital del analfabeto en el documento respectivo, estableciendo como requisito de su validez la autorización de los referidos funcionarios. Al mismo tiempo, le da mérito ejecutivo a los mencionados documentos aceptados o suscritos en la forma indicada.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que la indicación tenía por objeto facilitar las operaciones del sector agrícola del Banco del Estado con los campesinos.

El Honorable señor Bossay propuso que la norma se extendiera a los referidos documentos que se acepten o suscriban a la orden de las instituciones bancarias en general y de las estatales de crédito, con el objeto de cumplir íntegramente con la finalidad expresada por el Gobierno.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la idea del Honorable Senador señor Bossay.

14.- Impuesto de Timbres a los contratos de compraventa a plazos con prenda de cosas muebles.

Luego, se estudió la indicación Nº 48, del Honorable Senador señor Bulnes, para agregar un artículo nuevo que modifica la forma en que se paga el impuesto con que la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado grava la extensión de los contratos de compraventa a plazo con prenda de cosas muebles.

Según la legislación vigente, dichos contratos deben extenderse en papel sellado de Eº 6,35. La indicación propone que también puedan ser extendidos en formularios en blanco que presenten los contribuyentes con un timbre fijo en cada hoja por la mencionada cantidad.

El señor Subsecretario de Hacienda explicó que la norma en debate es útil porque muchos comerciantes, en el momento en que se exigió que los referidos contratos se extendieran en papel sellado, tenían acumuladas grandes cantidades de formularios en blanco para dicho fin, que han quedado sin poder usarse por la referida exigencia.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la • indicación.

15.- Impuesto a la renta a, las utilidades que corresponden a los partícipes de fondos mutuos.

A continuación, se discutió la indicación Nº 50, del señor Ministro de Hacienda, que incluye entre los ingresos que no constituyen renta a las mencionadas utilidades que los partícipes inviertan en la adquisición de nuevas cuotas del mismo fondo, siempre que la inversión respectiva se mantengan ininterrumpidamente durante cinco años a contar de la fecha en que pueden retirarse las utilidades correspondientes.

Los rescates de cuotas del fondo que efectúen los partícipes se considerará que corresponden a las utilidades del año más antiguo que se hayan invertido en el mismo fondo para los efectos del impuesto a la renta.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la indicación tiene por objeto dar el mismo tratamiento tributario a las acciones liberadas que emiten las sociedades anónimas y a las utilidades que capitalizan los tenedores de cuotas de fondos mutuos en los mismos. Agregó que no existía razón de distinguir entre unos y otros debido a que los fondos mutuos invierten sus capitales principalmente en dichos valores.

Sostuvo, además, que los partícipes que retiren sus cuotas del fondo pierden el beneficio respecto de dichas cuotas, pero los saldos que dejan capitalizados en el fondo continúan gozando de él.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la indicación y acordó dejar constancia que la norma tiene el sentido indicado por el señor Subsecretario.

16.- Exención de los impuestos a los intereses a préstamos concedidos a los Cuerpos de Bomberos.

En seguida, se reabrió debate sobre la indicación Nº 29, para considerar una proposición del Honorable Senador señor Silva Ulloa que exime del impuesto a los intereses establecido por el artículo 235 de la ley 16.617, a los intereses de los préstamos concedidos o que conceda el Banco de Chile al Cuerpo de Bomberos de Santiago para la construcción de cuarteles.

El Honorable Senador autor de la indicación dijo que el Cuerpo de Bomberos de Santiago había obtenido un préstamo para los fines indicados, pero que no había podido hacer uso de él por carecer de recursos para pagar el referido impuesto.

Agregó que dada la naturaleza de los Cuerpos de Bomberos de Santiago y el objeto perseguido por el empréstito, le parecía justo que se le eximiera de la citada obligación.

Los demás señores Senadores miembros de vuestra Comisión estimaron que la exención debía establecerse en general para los Cuerpos de Bomberos, respecto de los empréstitos que obtengan del Banco del Estado para la construcción de cuarteles.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó su oposición a la ampliación del beneficio, porque no se conoce el alcance que pueda tener.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó esta indicación con la enmienda mencionada.

17.- Franquicias de internación para equipos de uso clínico para la medición de material radiactivo y de una ambulancia destinada al Rotary Club de Rancagua.

Primeramente se discutió la indicación Nº 54, del Honorable Senador señor Pablo, que modifica los artículos 25 y 26 de la ley Nº 11.791.

Los citados preceptos conceden franquicias de internación a equipos radiológicos de diagnóstico y tratamiento médico. Estatuyen, además, que estas liberaciones se concederán por Decreto del Ministerio de Hacienda y que sólo beneficiarán a las internaciones que efectúen el Servicio Nacional de Salud; los servicios asistenciales del sector público, y los profesionales dedicados exclusivamente a la radiología o la cancerología, que acrediten su calidad de tales por certificado del Colegio Médico 0 de la Sociedad Chilena de Cancerología, según el caso.

La indicación incluye en la franquicia a los equipos de uso clínico para la medición de material radiactivo, así como a sus accesorios y repuestos y a los isótopos radiactivos, y entre las personas autorizadas para realizar las internaciones, a los profesionales dedicados al uso clínico de radioisótopos, que acreditarán su calidad de tales con certificados del Colegio Médico.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la indicación.

A continuación, se estudió la indicación Nº 53, de los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan y Castro, que concede franquicias de internación a una ambulancia donada por los rotarios del Distrito 741 del Estado de Pensylvania, Estados Unidos de América, al Rotary Club de Rancagua, estableciendo las limitaciones a su enajenación que son habituales en esta clase de disposiciones.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que de la indicación debía suprimirse la exención de los derechos de almacenaje y de la tasa de despacho, porque lo que se pagaba por tales conceptos se hacía en retribución de un servicio prestado por el Estado.

El Honorable Senador señor Ballesteros sostuvo que respecto de los derechos de almacenaje debía extenderse sólo a aquéllos que estuvieren acumulados a la fecha de publicación del proyecto.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó, la indicación, con las modificaciones propuestas por el señor Subsecretario y enmendadas por el Honorable Senador señor Ballesteros.

18.- Régimen de previsión de empleados públicos para el personal de la Corporación de la Reforma Agraria y de la Empresa de Comercio Agrícola.

Luego, se discutió la indicación Nº 9, del señor Ministro de Hacienda, para suprimir el artículo 11, que establece que los empleados de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA) .tendrán el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas; que les serán aplicables las disposiciones del Estatuto Administrativo sobre desahucio y jubilación, y que, para los efectos del beneficio llamado "jubilación perseguidora", se considerará que tienen 5ª Categoría los funcionarios que tengan remuneraciones iguales o superiores a la 5ª Categoría de la Administración Pública.

El señor Subsecretario de Hacienda sostuvo que el Gobierno es contrario a continuar estableciendo regímenes excepcionales para pequeños grupos en el sistema previsional. Agregó que, por el contrario, es partidario de establecer regímenes previsionales uniformes, para lo cual estaba estudiando un proyecto.

Agregó, además, que no podía concederse el derecho al desahucio de los empleados públicos a personas que no han hecho las imposiciones correspondientes y que es inadmisible la extensión de la "jubilación perseguidora", que en teoría es atacada por todos.

El Honorable Senador señor Ballesteros sostuvo que era lógico uniformar el sistema previsional de los empleados de la Corporación de la Reforma Agraria y de la Empresa de Comercio Agrícola, dado que en la actualidad algunos están sujetos a una Caja y otros a otra, pero que se oponía a que se establecieran normas excepcionales respecto de las Hamadas "jubilaciones perseguidoras". Hizo presente, además, que mientras no se dictara una ley general de previsión, era lógico que por lo menos se tendiera a uniformar los regímenes previsionales de empleados que prestan sus funciones en un mismo Servicio.

El Honorable Senador señor GARCIA manifestó que debía dejarse expresa constancia que los beneficios que se conceden significan la sustitución de los que dichos empleados tienen en la actualidad, incluso aquéllos que tienen un fundamento común, tales como indemnizaciones por años de servicios, etcétera.

Vuestra Comisión, tácitamente, rechazó la indicación, aprobando las proposiciones de los Honorables Senadores señores Ballesteros y Garcia.

19.- Derecho al sueldo del grado superior de los empleados semifiscales.

A continuación, se discutió la indicación Nº 10, del señor Ministro de Hacienda, para suprimir el artículo 12.

La referida disposición interpreta la ley Nº 17.015, en el sentido de que sus normas no han derogado los sueldos del grado superior y los aumentos anuales y trienales establecidos por la ley Nº 7.295 de que estaban gozando determinados empleados semifiscales al 31 de diciembre del año recién pasado.

El señor Subsecretario de Hacienda dijo que el precepto era inconstitucional, por las siguientes razones:

1.- El artículo 1º de la ley Nº 17.015 sustituyó el derecho al sueldo del grado superior y los aumentos anuales y trienales establecidos por la ley Nº 7.295 de que gozaban los empleados semifiscales por una bonificación equivalente al 2% de las remuneraciones de dichos funcionarios por cada año de servicios.

En consecuencia, es absurdo pretender que se tiene derecho a tres beneficios por una misma causa: los mismos años de servicios.

2.- El inciso penúltimo del citado artículo dispuso que a contar del 1º de enero de 1969 quedará sin efecto el párrafo 4º del Título II del D.F.L. Nº 338 respecto de los servicios semifiscales; ni los personales de ellos tendrán derecho a los reajustes, establecidos por la ley Nº 7.295.

Es decir, expresamente se derogaron las referidas disposiciones legales respecto del personal semifiscal.

3.- El artículo 2º de dicha ley tuvo que estatuir, expresamente, que la aplicación del artículo 1º, que deroga el derecho al sueldo del grado superior, no podrá significar la pérdida del beneficio de "pensión perseguidora" para aquellos trabajadores que a la fecha de su vigencia estaban gozando del sueldo de la categoría o grado superior, y que por ello podrían acogerse al beneficio antes mencionado.

Por tanto, si la ley tuvo que mantener la vigencia expresa del referido beneficio para gozar de este derecho, es obvio que el legislador entendió derogarlo para todos los demás efectos.

4.- Refuerza la interpretación anterior, agregó, el artículo 4º transitorio, que dispuso que la aplicación de la citada ley no podrá significar en caso alguno disminución de remuneraciones.

Por las razones anteriores, el señor Subsecretario solicitó la declaración de inconstitucionalidad del precepto porque significa un aumento de sueldos sin iniciativa del Presidente de la República, y por tener un costo superior a los Eº 4.000.000, sin financiamiento.

Los Honorables Senadores señores Bossay y Silva sostuvieron que el artículo era constitucional, debido a que al legislador le correspondía interpretar la ley y, en consecuencia, si los órganos administrativos aplicaban mal una ley sobre remuneraciones del sector público, el Congreso Nacional tenía iniciativa piara interpretarla en su recto sentido.

En el presente caso, dijeron, se trata de una disposición declarativa que soluciona un conflicto sobre interpretación de una ley. Precisamente por haberse producido tal conflicto la ley no puede considerarse clara. Refuerza el argumento anterior, el hecho de que la Contraloría tuvo que intervenir interpretando la ley 17.015, y dicho organismo sólo emite pronunciamiento en los casos en que existen dudas acerca del alcance de un texto legal.

Por lo demás, manifestaron los mencionados señores Senadores, el legislador no tuvo la intención de suprimir derechos adquiridos al dictar la citada ley, como tampoco, rebajar el monto real de las remuneraciones de dichos empleados, porque si bien han mantenido su monto numérico, han disminuido, en la práctica, al ser reajustadas sus remuneraciones en porcentajes inferiores a los establecidos para el sector público por la ley de reajustes del año en curso.

El Honorable Senador señor GARCIA sostuvo que el Congreso Nacional tenía iniciativa para darle su verdadero sentido y alcance a las leyes que dicte, aunque sean de remuneraciones, pero para que tenga tal facultad es necesario que la ley haya sido mal interpretada o que su texto sea poco claro.

Agregó que en el caso en estudio no se presentaban las condiciones recién indicadas, debido a que la misma ley derogó los beneficios que se pretenden1 recuperar por medio de esta presunta interpretación, manteniéndolos expresamente para un solo derecho específico. En consecuencia, los beneficios mencionados fueron derogados respecto de todas las demás materias.

Puesta en votación la indicación para declarar inconstitucional el artículo fue rechazada después de un doble empate. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros y GARCIA, por la negativa los Honorables Senadores señores Bossay y Silva, y se abstuvo el Honorable Senador señor Palma.

En seguida, vuestra Comisión, tácitamente, rechazó la indicación para suprimir el artículo.

Por último, se acordó dejar expresa constancia de que el gasto se financiará con cargo a los recursos propios de las instituciones en que se desempeñan los funcionarios respectivos.

20.- Escalafón de Auxiliares del Senado.

En seguida, se discutió una indicación de diversos señores Senadores para agregar una disposición que crea el Escalafón Técnico de Auxiliares del Senado.

La mencionada indicación fue aprobada por la Comisión de Policía

Interior y su presentación autorizada por todos los Comités Parlamentarios.

Entre el personal del Senado existe un grupo de funcionarios que carecen de escalafón, situación que la indicación resuelve.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la indicación.

21.- Pago de imposiciones de los empleados municipales.

A continuación se discutió la indicación Nº 11, del Honorable Senador señor Luengo, para agregar un inciso nuevo al artículo 13.

El citado precepto establece que los Tesoreros de las Municipalidades de Santiago y Valparaíso retendrán mensualmente las imposiciones que correspondan a los sueldos de los empleados municipales, las que, conjuntamente con los aportes municipales respectivos, deberán remitir a las Cajas de Previsión dentro de los 30 días siguientes a la fecha de pago de los sueldos.

La indicación adiciona la mencionada disposición en el sentido de que, respecto a la remisión de los aportes municipales a las Cajas de Previsión, no será necesario decreto previo del Alcalde.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la disposición.

22.- Comercialización de especies postales y de monedas de oro y plata.

La indicación Nº 12, del señor Ministro de Hacienda, propone modificar el artículo 16 del proyecto de nuestro primer informe en el sentido de suprimir la disposición que establece que el Servicio de Correos y Telégrafos deberá organizar directamente y sin intermediarios la comercialización de los sellos y especies postales. En consecuencia, según el precepto del Ejecutivo, dicho Servicio podrá organizar la comercialización de las especies filatélicas nacionales en la forma que estime más conveniente.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la norma que se propone suprimir esteriliza la aplicación de la atribución que el artículo 16 entrega al Servicio de Correos y Telégrafos.

Agregó que en el comercio mundial de sellos se utiliza tanto la venta directa como la efectuada por uno o varios intermediarios, según las circunstancias.

En consecuencia, la mantención del precepto puede impedir al Servicio negociar los sellos en la forma que más convenga al interés del país.

Por último, manifestó que el Departamento de la Dirección de Correos destinado a la promoción y comercialización de sellos y especies filatélicas, carecía en la actualidad de medios para cumplir, de manera exclusiva, la atribución que le confería el precepto.

El Honorable Senador señor Bossay sostuvo que el Servicio de Correos podía perfectamente organizar la comercialización de los sellos, y que permitir la intermediación en esta clase de negocios es peligroso y contrario al interés nacional e incluso puede afectar el prestigio del Gobierno.

El Honorable Senador señor GARCIA manifestó su oposición al precepto en general, debido a que considera que ningún país puede negociar con sus sellos o especies postales. Agregó que, dado que no puede rechazarse la disposición en su totalidad, era contrario a la indicación, porque ella permitía aún más abusos que la norma aprobada en el primer informe de vuestra Comisión.

El Honorable Senador señor Ballesteros sostuvo que la indicación del Ejecutivo era susceptible de ser adicionada, en el sentido de que la intermediación podría otorgarse sólo mediante propuesta pública. Con ello, expresó, se establecería un sistema que comprende tanto el interés comercial como el prestigio de la negociación respectiva.

Vuestra Comisión, después de doble empate, rechazó la indicación. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma y por la negativa los Honorables Senadores señores Bossay y Garcia.

A continuación, se debatió la indicación Nº 13, del señor Ministro de Hacienda, que propone la supresión del artículo 17, que estatuye que sólo el Banco Central podrá comercializar las monedas de oro y plata, sin intermediarios de ninguna especie, y que las utilidades que se produzcan ingresarán a fondos generales de la Nación.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que la mantención del referido artículo deja sin efecto el precepto que autoriza la acuñación de las mencionadas monedas, debido a que el Banco Central carece de los medios necesarios para colocar dichas monedas. Por tanto, el rechazo de la indicación impide al Estado obtener los recursos correspondientes.

El Honorable Senador señor GARCIA manifestó oponerse a que el país negocie con monedas que, dice, tienen curso legal en Chile, a pesar de que la circulación está prohibida en su territorio, y que su valor oficial no tiene ninguna relación con su precio efectivo.

El Honorable Senador señor Ballesteros, sostuvo que nadie puede suponer que esas monedas cumplen la finalidad indicada por el Honorable Senador señor GARCIA, ya que se trata de emisiones conmemorativas de valor numismático.

En seguida, propuso que, para el otorgamiento de concesiones de intermediación, se modificase la legislación vigente en el sentido de exigir propuesta pública.

Vuestra Comisión, después de un doble empate, rechazó la indicación. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma, y por la negativa los Honorables Senadores señores Bossay y Garcia.

23.- Aporte a la Sede de Temuco de la Universidad de Chile.

Luego, se discutió la indicación Nº 14, del señor Ministro de Hacienda, para suprimir el artículo 18, que concede a la Sede de Temuco de la Universidad de Chile, una asignación suplementaria de Eº 1.400.000, con cargo a la regalía que el Fisco recibe del Banco Central de Chile.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que el gasto no estaba financiado, porque la mencionada regalía es un ingreso presupuestario.

El Honorable Senador señor Bossay sostuvo que el Gobierno, en vez de proponer la supresión del artículo por la razón indicada, debía haber ofrecido una solución sustitutiva.

El Honorable Senador señor Garcia dijo oponerse a otorgar nuevas subvenciones a las universidades mientras no cumplan con la obligación legal de efectuar balances.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Garcia y Palma y la oposición del Honorable Senador señor Bossay, aprobó la indicación.

24.- Fondos del cobre para la provincia de Colchagua.

En seguida, se discutió la indicación Nº 55, del Honorable Senador señor Castro, para agregar un artículo nuevo que establezca que, a contar del 1º de enero de 1970, se destinará a la provincia de Colchagua el 20% de los ingresos que le correspondan a las municipalidades y la provincia de O'Higgins, según lo dispuesto en los artículos 27 y 51 de la ley Nº 16.624.

Los mencionados recursos se distribuirán según las mismas normas contenidas en dichos preceptos, creándose al efecto el Consejo de Desarrollo de Colchagua.

El artículo en estudio, se fundamenta en que las provincias de O'Higgins y Colchagua forman una misma zona socioeconómica; en la falta de recursos que tiene esta última, y en que existe una norma similar respecto de las dos provincias del Norte Grande.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la indicación, rebajando los recursos destinados a la provincia de Colchagua a un 10% de los que corresponden a la de O'Higgins.

25.- Remuneración de los integrantes de la Junta Clasificadora de Patentes.

Seguidamente, se estudió la indicación Nº 56, de los Honorables Senadores señores Contreras y Valente, para agregar un artículo nuevo que sustituye las remuneraciones de los integrantes de las Juntas Clasificadoras de Patentes.

El nuevo precepto contiene dos enmiendas fundamentales a la legislación vigente: fija en porcentajes de sueldos vitales las remuneraciones de dichos integrantes y hace éstas imponibles.

Vuestra Comisión, por unanimidad, concordó con la sustitución del sistema de remuneraciones de los miembros de las Juntas Clasificadoras de Patentes, dado que, por la desvalorización monetaria, establecerlo en cantidades numéricas obliga a continuas modificaciones legales.

Sin embargo, consideró que dichos ingresos no tenían la naturaleza de remuneraciones, porque se perciben por asistencia a sesiones que se celebran con discontinuidad. Por ello, se estimó preferible que dichos ingresos fueran calificados como honorarios y, por tanto, no imponibles.

En consecuencia, resolvió recomendaros que aprobéis la indicación con las enmiendas relatadas.

26.- Asignación a empleados municipales administrativos.

A continuación, se estudió la indicación Nº 58, del Honorable Senador señor Rodríguez, para agregar un artículo nuevo, que establezca una asignación mensual equivalente al 25% de sus sueldos a los empleados administrativos de las municipalidades que operan con sistemas mecanizados de contabilidad; posean diplomas en faenas especializadas de pavimentación, o trabajen normalmente en estadística, imprenta, microfilms, reproducción de planos o fotografía.

El señor Subsecretario de Hacienda hizo presente que el beneficio carecía de financiamiento, por lo que agrava la crónica situación de déficit en los presupuestos municipales.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Garcia y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Bossay y Silva, rechazó la indicación.

27.- Beneficios previsionales para ex regidores y ex parlamentarios.

En seguida, se discutieron, en conjunto, las indicaciones números 59, 60 y 61, de los HH. Senadores señores Contreras y Valente, para agregar tres artículos nuevos que conceden beneficios a regidores, ex regidores y ex parlamentarios.

El primero de ellos, dispone que mientras la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas no cuente con el financiamiento adecuado para otorgar pensiones a los ex regidores, los otros institutos de previsión podrán recibir provisoriamente las imposiciones respectivas y otorgarles los beneficios que les correspondan.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Garcia y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Bossay y Silva, rechazó el artículo.

El segundo, otorga un nuevo plazo de sesenta días para que los ex regidores y ex parlamentarios puedan acogerse a los beneficios de jubilación o rejubiliación.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Garcia y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Bossay y Silva, rechazó el artículo.

El último de estos artículos estatuye que las Cajas de Previsión podrán otorgar préstamos a los regidores y ex regidores que adeuden imposiciones, a un plazo no superior a 36 meses, para que paguen éstas.

E] señor Subsecretario de Hacienda manifestó que existía el problema de que muchos ex regidores no han podido acogerse a las leyes previsionales que los benefician por carecer de los recursos necesarios para pagar de una sola vez las imposiciones que adeudan.

Agregó que el problema se ha producido por el alto monto que se le asigna a la renta sobre la cual se calculan sus pensiones: la del Secretario Municipal de Santiago.

Agregó que era partidario de modificar la ley de jubilación de los regidores y que aunque el Ejecutivo se oponía a mantener el sistema actual, si se aprobaba la idea contenida en el artículo en debate, más lógico sería establecer un sistema de compensaciones entre las imposiciones adeudadas y las pensiones acumuladas.

Vuestra Comisión, después de un doble empate, rechazó la indicación. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Bossay y Silva, por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma y se abstuvo el Honorable Senador señor Garcia.

III.- Modificaciones que se proponen al proyecto de nuestro primer informe.

Por las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto de su primer informe, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

Sustituir la redacción de su inciso primero, por la siguiente: "Artículo 1°.- El Banco del Estado de Chile podrá convenir la conversión de los saldos de los créditos otorgados desde la fecha de vigencia de la ley Nº 16.253, o que otorgue en el futuro, en créditos reajustables de fomento, siempre que su objeto haya cumplido o cumpla con las finalidades establecidas en el citado cuerpo legal.".

Su inciso segundo, pasa a ser artículo 1° transitorio con la redacción que se indicará en su oportunidad.

Artículos 3ºy 4º

El artículo 3º pasa a ser Nº 1 del mismo, sustituido por el siguiente:

"Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 1° de la ley Nº 16.407:

1.- Sustituir su inciso primero por el siguiente:

"Artículo 1º.- Las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, se reajustarán una vez al año en un porcentaje equivalente al 100% de la variación que tenga el índice de precios al consumidor del departamento de Santiago, que determina la Dirección General de Estadística y Censos, entre las fechas de su último reajuste anterior y el que corresponda efectuar.".".

En seguida, agregar a este artículo los siguientes números 2 y 3, nuevos:

"2.- Reemplazar su inciso segundo por el siguiente:

"El cálculo del reajuste y su capitalización en la cuenta respectiva se efectuará una vez al año en la forma, condiciones y plazos que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro.".".

"3.- En su inciso quinto, suprimir la frase: "y con él se abrirán los libros para el período siguiente".".

Luego, agregar como Nº 4 de este artículo, el artículo 4º del proyecto, sustituyendo su redacción por al siguiente:

"4.- Sustituir su inciso sexto por el siguiente:

"Las cantidades que gocen de reajuste según lo dispuesto en este artículo, devengarán el interés que determine el Directorio del Banco del

Estado de Chile con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro. Sobre el saldo del depósito no reajustado se abonará el interés normal del depósito.".".

Artículo 5º

-Pasa a ser Nº 1 del artículo 4º, sustituido por el siguiente:

"Artículo 4º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Reglamento Nº 405, sobre Cuentas de Ahorro a Plazo del Banco del Estado de Chile, publicado el 15 de febrero de 1966:

1.- Reemplazar el inciso primero de su artículo 1° por el siguiente:

"Artículo 1°.- Una vez al año tienen derecho a reajuste las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile bajo dicha denominación, que se hallen vigentes en el día anterior al que debe efectuar el cálculo del reajuste, siempre que no registren un número superior de giros o retiro de cantidades superiores a los que determine de un modo general el Directorio del Banco, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro, en el período comprendido entre las fechas del último reajuste anterior y del que corresponde efectuar. En todo caso, el número de giros que hará perder el reajuste deberá ser superior a dos en el lapso correspondiente.".".

Luego, agregar los siguientes números 2 y 3, nuevos, a este artículo.

"2.- Sustituir el inciso primero de su artículo 3º por el siguiente:

"Artículo 3°.- El porcentaje de reajuste será fijado una vez al año en las épocas que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile para cada grupo de cuentas.".

3.- Reemplazar su artículo 4º por el siguiente:

"Artículo 4º.- El Fisco traspasará al Banco del Estado de Chile los fondos acumulados en la referida cuenta, dentro del mes anterior al que corresponda efectuar el reajuste respectivo.".".

En seguida, agregar los siguientes artículos 5º, 6º (cuyo N° 1 reproduce el artículo 6º del proyecto de la H. Cámara de Diputados), 7º (que sustituye el artículo 7º del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados), 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, nuevos:

"Artículo 5º.- Reemplázase el artículo 46 del Reglamento Nº 6.331, publicado el 2 de mayo de 1961, por el siguiente:

"Artículo 46.- Los intereses de estas cuentas se liquidarán una vez al año en las fechas que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, capitalizándose en las fechas respectivas los intereses devengados.".

Artículo 6.- Introdúcense las siguientes modificaciones al D.F.L. Nº 251, de 1960:

1.- Suprimir el inciso segundo de la letra k) de su artículo 14.

2.- Agregar las siguientes letras e inciso final a su artículo 42:

"d) Adquirir, importar y enajenar, por cuenta propia o ajena, bienes muebles de equipamiento del hogar, maquinarias, herramientas y demás elementos de trabajo para sus imponentes de ahorro.

e) Adquirir, importar y enajenar, por cuenta propia o ajena, maquinarias, herramientas y demás elementos de trabajo para cooperativas y oganizaciones comunitarias regidas por la ley Nº 16.880, o sus miembros, siempre que éstos y aquellas sean imponentes de ahorro.

La adquisición de los bienes señalados en las letras d) y e) deberá ser efectuada por medio de propuestas públicas, con o sin garantía, y su importación sólo podrá ser autorizada siempre y cuando estos bienes figuren en la lista de mercaderías de importación permitida del Banco Central de Chile.".

Artículo 7º.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 235 de la ley Nº 16.617:

"Los préstamos controlados e hipotecarios que el Banco del Estado de Chile otorgue a sus imponentes de ahorro estarán afectos al impuesto establecido en este artículo. Estos recursos serán depositados mensualmente en la cuenta especial establecida en el inciso segundo del artículo 2º de la ley Nº 16.407 y se destinarán a las finalidades establecidas en la referida disposición.".

Artículo 8º.- Declárase que el Banco del Estado de Chile se encuentra incluido entre las instituciones eximidas en las operaciones de importación que realice de elementos destinados para su uso exclusivo, del impuesto establecido en el Nº 14 del artículo 1º de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.

Artículo 9º.- Créase a Comisión Nacional del Ahorro, encargada de planificar, supervigilar, coordinar, regular y estimular el funcionamiento y organización de los sistemas de ahorro de las entidades o servicios públicos o privados que tengan relación con la captación y el desarrollo del ahorro nacional. Tendrán también esta Comisión por finalidad formular una política nacional del ahorro y coordinar las actividades relacionadas con el ahorro, especialmente en lo relativo a sus aspectos técnicos, financieros, educativos y de control.

Artículo 10.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, corresponderá a la Comisión:

a) Realizar estudios e investigaciones sobre el estado actual y sobre los planes de desarrollo y funcionamiento de los diversos tipos de instituciones que capten ahorros, a fin de permitir, sobre la base de ellos, la adopción de las medidas requeridas para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior;

b) Adoptar medidas para la debida regulación, coordinación y supervigilancia de las diversas formas de captación de los ahorros;

c) Planificar campañas de educación, difusión y promoción del ahorro en el público;

d) Aprobar los presupuestos globales de gastos e inversión que digan relación con el fomento del ahorro de las instituciones fiscales, semifiscales y de administración autónoma y de empresas del Estado y en las que éste tenga participación, que digan relación con estos planes;

e) Efectuar la coordinación de la acción de los diversos organismos, instituciones y empresas, tanto del sector público como del privado, que se acupan del fomento y desarrollo del ahorro y de sus mecanismos de captación;

f) Promover la uniformación y coordinación de las disposiciones legales y administrativas relacionadas con las diversas instituciones e instrumentos de ahorro, y

g) Fomentar la formación de centros de estudios.y adiestramiento de dirigentes y técnicos en la creación, organización y administración de mecanismos de ahorro y difundir los principios y las técnicas sobre esta misma materia.

Artículo 11.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, facúltase a las instituciones fiscales, semifiscales, autónomas del Estado, empresas del Estado, Banco Central de Chile y Banco del Estado de Chile, para destinar, previa aprobación de la Dirección de Prespuestos cuando fuere procedente, hasta un 15% de los recursos de que dispongan para gastos de publicidad, difusión o promoción, al financiamiento de la Comisión Nacional del Ahorro.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior no regirán las limitaciones o prohibiciones establecidas en las leyes orgánicas de las respectivas instituciones u organismos.

La Comisión indicada deberá rendir cuentas anualmente de la inversión de los fondos que recibe a la Superintendencia de Banco.

Artículo 12.- La Comisión Nacional del Ahorro estará integrada por las siguientes personas:

a) El Ministro de Hacienda, que la presidirá;

b) El Presidente del Banco Central de Chile;

c) El Presidente del Banco del Estado de Chile;

d) El Presidente de la Caja Central de Ahorro y Préstamos;

e) El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción;

f) El Superintendente de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio;

g) Un representante del sistema cooperativo, designado por la Comisión Nacional del Ahorro de entre los componentes de una terna que formará la Comisión Nacional Coordinadora de Cooperativas;

h) Un representante del sector empresarial privado, designado por la Confederación Nacional de la Producción y del Comercio;

i) Un representante del sistema de ahorro y préstamos para la vivienda, designado por la Federación Nacional de Asociaciones de Ahorro y Préstamos;

j) Un representante de los empleados, designado por la Confederación de Empleados Particulares de Chile, y

k) Un representante de los obreros, designado por los diez sindicatos industriales con mayor número de asociados, elegidos según las normas que establezca la Dirección General del Trabajo.

Los consejeros de las letras a) a f) podrán designar personas que los subroguen en sus funciones.

Los consejeros de las letras g) a k) durarán dos años en sus cargos.

Artículo 13.- En la forma que determine la Comisión, podrán constituirse Comités Provinciales o Regionales que efectúen la labor de ésta en sus respectivas zonas.

Artículo 14.- Una Secretaría Ejecutiva de hasta cinco miembros, cuyos integrantes serán designados por la Comisión, se encargará de ejecutar los acuerdos de ésta, será responsable de la marcha de los programas aprobados y servirá de nexo y coordinador entre los diferentes sectores, empresas, instituciones, organismos, autoridades, y la Comisión.

Artículo 15.- La Comisión sesionará mensualmente en forma ordinaria, cuando sea convocada por su Presidente o por la Secretaría Ejecutiva."."

Artículo 6º

-Pasa a ser artículo 16.

Intercalar después del número "11.429" una coma (,) y suprimir la frase final que dice: "creada por Decreto Supremo Nº 2.590, publicado en el Diario Oficial Nº 26.651, de 25 de enero de 1967".

Artículo 7º

-Pasa a ser artículo 17.

En el Nº 1, intercalar comas (,) después de "artículo 6°" y "las palabras "la forma"".

En el Nº 2, intercalar comas (,) después de "íntegramente y"" y ""anotada"".

En el Nº 3, intercalar una coma (,) después de "9º".

En el Nº 4, intercalar una coma (,) después de "10".

En el Nº 5, intercalar una coma (,) después de ""valor"".

En el Nº 7, intercalar comas (,) después de "20" e ""intereses"", y dos puntos (:) después de "siguientes".

En el Nº 9, intercalar comas (,) después de "23" e ""intereses"".

En el Nº 10, intercalar comas (,) después de "25" y ""bonos"".

En el Nº 13, intercalar coma (,) después de "bonos"".

En el Nº 14, intercalar comas (,) después de "41" y ""nominal"".

En el inciso primero del artículo que agrega el Nº 15, suprimir las palabras "creada por Decreto de Hacienda Nº 2.590, de 24 de diciembre de 1966" y agregar la siguiente frase final: "Este informe deberá ser evacuado dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha en que la Superintendencia lo solicite, y transcurrido éste se podrá prescindir del mismo a solicitud de la sociedad interesada.".

En la letra b) del inciso segundo del artículo que agrega el Nº 15, reemplazar la frase, "en todo caso deberán tener garantía debidamente calificada por", por la siguiente: "podrán ser con o sin garantía según lo determine y califique".

Artículo 8º

-Pasa a ser artículo 18, sin otra modificación.

A continuación, agregar los siguientes artículos 19, 20 y 21 (que sustituye el artículo 11 del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados), nuevos:

"Artículo 19.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 1º de la ley Nº 16.272:

1.- Sustituir el inciso primero de su Nº 5 por el siguiente:

"5.- Cesión y, en general, enajenación a cualquier título de acciones y debentures de sociedades anónimas, de acciones de sociedades en comandita y de bonos hipotecarios, tasa de 0,25% sobre su valor, el cual no podrá ser inferior al señalado en el Nº 2 del artículo 4º.".

2.- Intercalar en su Nº 26, después de la palabra "acción", las siguientes: "y debentures".

Artículo 20.- Los intereses y primas que perciban los suscriptores y tenedores de bonos o debentures emitidos según las disposiciones de la ley Nº 4.657, están exentos del impuesto a los servicios establecido en el artículo 15 de la ley Nº 12.120.

Artículo 21.- Se autoriza al Presidente de la República para dictar disposiciones que permitan el establecimiento de organismos privados con personalidad jurídica que, bajo la denominación de "Financieras Automotrices", podrán recibir ahorros y otorgar préstamos reajustables para la adquisición de vehículos motorizados producidos o armados en el país. Estas entidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos.

Sólo a través de estos organismos podrá financiarse la adquisición a plazo de los vehículos motorizados nuevos producidos o armados en el país.

En uso de estas facultades, el. Presidente de la República deberá establecer normas relativas a la constitución, organización, funcionamiento, disolución y liquidación de los referidos organismos; capital con que deben constituirse y funcionar; garantías que deben rendir; procedimientos a que deben ceñirse, y multas que deban pagar. Deberá, además, dictar disposiciones tendientes a regular sus operaciones en general; reglar los depósitos que en ellos se efectúen y los créditos que otorguen, como sus plazos, tasas de interés y formas de reajuste; colocaciones e inversiones que puedan realizar, encajes que deban mantener, y las limitaciones y prohibiciones a que queden sujetos. Asimismo, deberá estudiar los preceptos necesarios para que las personas que realizan en la actualidad las operaciones a que se refiere este artículo se adapten a las normas que dicte o procedan a su disolución. Los dueños y administradores de estas entidades que no cumplan con los preceptos señalados en el párrafo anterior serán considerados autores del delito de estafa.

No se considerará renta el reajuste de los depósitos o instrumentos de ahorro que corresponda a las personas naturales que se acojan al sistema de ahorro indicado en el inciso primero.

Los depósitos de ahorro que no se empleen en la adquisición de un vehículo, podrán ser retirados total o parcialmente con sus intereses y reajustes.

Sólo tendrán derecho a adquirir vehículos por medio de los organismos que se establezcan en virtud de este artículo, las personas que acrediten que han satisfecho su necesidad de vivienda. El Presidente de la República reglamentará este requisito, previo informe de la Caja Central de Ahorro y Préstamos para la Vivienda y de la Superintendencia de Bancos.

Los textos que se dicten en uso de las facultades conferidas por este artículo, deberán publicarse en el plazo de seis meses, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, y podrán ser modificados por el Presidente de la República dentro de los seis meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.".

Artículos 9º y 10

-Pasan a ser Nºs. 1 y 2 del artículo 22, respectivamente, sustituyendo su redacción por la siguiente:

"Artículo 22.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 11.704, sobre Rentas Municipales:

1.- En el inciso primero de su artículo 54 sustituir la expresión "Eº 500", por la siguiente frase: "seis sueldos vitales mensuales clase a) del departamento de Santiago".

2.- Agregar los siguientes incisos finales a su artículo 54:

"El recargo que establece este artículo se aplicará sobre el capital propio del contribuyente, definido en el artículo 35 de la ley Nº 15.564, sobre Impuesto a la Renta. Dicho capital deberá ser igualmente considerado para los efectos de la aplicación de las patentes mínimas que esta disposición establece.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, los contribuyentes afectos al pago de patentes, de las señaladas en el inciso primero de este artículo, deberán presentar una declaración anual en el mes de marzo de cada año, sobre el monto del capital con que operan ante la Municipalidad respectiva, acompañando copia del Balance y del cálculo del capital propio presentados ante Impuestos Internos.

El 50% de los fondos que obtengan las Municipalidades por concepto de recargo de capital, será destinado a incrementar el ítem de Obras de Adelanto de cada comuna.".

A continuación, agregar los siguientes Nºs. 3 y 4, nuevos, a este artículo:

"3.- Agregar el siguiente artículo 54 bis:

"Artículo 54 bis.- Para los efectos de lo establecido en el artículo anterior, en los casos en que el contribuyente no pudiere acreditar su capital propio en forma fehaciente por no llevar contabilidad, la estimación la hará la Municipalidad respectiva. Dichas resoluciones podrán ser reclamadas por el afectado ante el Director Regional de Impuestos Internos que corresponda, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de su notificación.

Para el establecimiento del capital propio en el caso a que se refiere el artículo anterior, los contribuyentes podrán deducir aquella parte de dicho capital que se encuentre invertida en otras empresas que también paguen patente municipal.".

4.- Sustituir su artículo 71 por el siguiente:

"Artículo 71.- Los integrantes de la Junta Clasificadora de Patentes en las comunas de más de 150.000 habitantes tendrán derecho a un honorario equivalente al 25% del sueldo vital del departamento respectivo, por cada sesión a que asistan; en las comunas de más de 50.000 habitantes y menos de 150.000, a un honorario equivalente al 15% del sueldo vital del departamento respectivo, por cada sesión a que asistan, y en las demás comunas, a un honorario equivalente al 5% del sueldo vital del departamento respectivo, por cada sesión a que asistan. No podrán recibirse estos honorarios por asistencia a más de ocho sesiones mensuales.".".

En seguida, agregar los siguientes artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, nuevos:

"Artículo 23.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto RRA. Nº 20, de 1963:

a) En los artículos 25, 26, 49, 56 y 59 reemplazar la palabra "acciones" por las siguientes: "aportes de capital".

b) En el artículo 33 reemplazar las palabras "las acciones pagadas" por las siguientes: "los aportes de capital efectuados".

c) En los artículos 35, 57, 80 y 4º transitorio reemplazar las palabras "las acciones" por las siguientes: "los aportes de capital".

d) En el artículo 62 reemplazar las palabras "adquirir acciones de" por las siguientes: "efectuar aportes de capital a".

e) En el artículo 98 reemplazar las palabras "en acciones" por las siguientes: "de capital".

f) Sustituir el artículo 30 por el siguiente:

"Artículo 30.- Los aportes de capital a las cooperativas serán nominativos y su transferencia o rescate, que debe ser aprobado por el Consejo de Administración, no podrá hacerse a un valor superior al monto depositado, más las revalorizaciones que le correspondan y deducida su cuota en las eventuales pérdidas. No podrán existir aportes liberados o privilegiados a ningún título.".

g) Sustituir los incisos segundo y tercero del artículo 31 por los siguientes:

"La revalorización se efectuará de acuerdo con las normas que al respecto dictará la División de Cooperativas y afectará a los aportes de los socios que se mantengan hasta el cierre del ejercicio anual.

Para los efectos de la determinación del capital propio se computarán las reservas y se excluirán los excedentes.".

h) En el artículo 33 intercalar entre las palabras "dictará" y "las", la frase "previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro", y suprimir las expresiones siguientes: "que se determinará por la fluctuación del índice de precios al consumidor o del índice de precios al por mayor, que calcule la Dirección de Estadística y Censos, optando por el que sea más bajo,".

i) Sustituir el artículo 34 por el siguiente:

"Artículo 34.- El interés anual de los aportes de capital y de las cuotas de ahorro será fijado por la División de Cooperativas de la Dirección de Industrias y Comercio, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro.".

j) Sustitúyese la frase inicial del artículo 43, que dice: "El Consejo de Administración será elegido por la Junta General de Socios.", por las siguientes: "El Consejo de Administración será elegido en su totalidad y en un solo acto por la Junta General de Socios. El período de su mandato no podrá ser superior a tres años.".

k) Sustituir el artículo 106 por el siguiente:

"Artículo 106.- Se denominarán cooperativas de ahorro y crédito las cooperativas de servicio que tengan por finalidad recibir ahorros y otorgar préstamos a sus socios, reajustables o no. Un Reglamento dictado por el Presidente de la República, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro, determinará la forma y requisitos para recibir y otorgar dichos ahorros y préstamos, y para recibir depósitos de personas que no sean socios.".

I) Sustituir el artículo 110 por el siguiente:

"Artículo 110.- Los reajustes, las revalorizaciones y el interés máximo que las cooperativas de ahorro y crédito podrán exigir sobre los préstamos y que podrán abonar sobre los aportes de capital y depósitos o cuotas de ahorro, serán fijados por la División de Cooperativas de la Dirección de Industrias y Comercio previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro. Tales intereses estarán exentos de los impuestos que les sean aplicables, con excepción del impuesto global complementario.

En las cooperativas de ahorro y crédito, la distribución de excedentes se calculará sobre las operaciones de crédito realizadas con los socios.".

II) Agregar la siguiente frase final al inciso primero del artículo 118: "y a la designación de sus Directorios les será aplicable lo dispuesto en el artículo 43.".

m) Sustituir en el artículo 123 la frase que dice: "en la forma que se establezcan en los estatutos", por la siguiente: "en la misma forma y períodos establecida en el artículo 43".

Artículo 24.- Agréganse los siguientes incisos finales al artículo 13 de la ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques:

"Si se tachare cualquiera mención impresa que contenga el cheque, que no sean las cláusulas "a la orden" o "al portador", dicha tacha no producirá efecto alguno.

Si el cheque no indica lugar de giro, se le presume extendido en la plaza en que funciona la oficina sobre la cual fue girado.

Los bancos podrán autorizar a determinadas personas para estampar en sus cheques, mediante procedimientos mecánicos, la cantidad girada y la firma. Lo harán siempre que los procedimientos que se utilicen ofrezcan seguridad y que se justifique su necesidad por el elevado número de cheques que deba emitir el comitente, a juicio de la Superintendencia de Bancos. En tal caso bastará con que la cantidad se exprese en letras o en números.".

Artículo 25.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 655 del Código de Comercio:

"Los endosos de documentos efectuados en favor de instituciones bancarias podrán hacerse estampando el nombre del cedente por procedimientos mecánicos, sin necesidad de firma.".

"Artículo 26.- Las letras de cambio y los pagarés a la orden de instituciones bancarias y de entidades estatales de crédito, aceptadas o suscritos por un analfabeto, tendrán mérito ejecutivo por el solo hecho de haber sido autorizada la impresión digital del deudor por un Notario público o por un Oficial del Registro Civil en las localidades donde no exista Notario.".

Artículo 27.- Reemplázase en el inciso final del artículo 14 de la ley N° 16.272, las palabras "deberán extenderse en papel sellado de", por las siguientes: "deberán extenderse en papel sellado o en formularios en blanco que presenten los contribuyentes con un timbre fijo por hoja, de".

Artículo 28.- Agrégase al artículo 17 de la Ley sobre Impuesto a la Renta el siguiente número 28, asignándose el número 29 al actual número 28:

"28.- Las utilidades que corresponden a los partícipes de fondos mutuos y que ellos inviertan en la adquisición de nuevas cuotas del mismo fondo, siempre que dicha inversión se mantenga ininterrumpidamente por el plazo de 5 años contado desde la fecha en que los partícipes puedan disponer de sus utilidades. Los rescates de cuotas del fondo que efectúen los partícipes se considerará que corresponden a las utilidades del año más antiguo que se hayan invertido en el mismo fondo, para los fines de aplicar el impuesto a la renta, y así sucesivamente a los años posteriores, sin que el contribuyente pueda oponer prescripción alguna en contra del Fisco, excepto si la inversión se ha mantenido durante el referido plazo de 5 años.".

Artículo 29.- Exímese del impuesto establecido en el artículo 235 de la ley Nº 16.617 a los préstamos otorgados o que otorgue el Banco del Estado de Chile a los Cuerpos de Bomberos para la construcción de 3us cuarteles.

Artículo 30.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 11.791:

1.- En el artículo 25, sustituir el punto final (.) por un punto y coma (;) y agregar la siguiente frase: "equipo de uso clínico para la medición de material radioactivo, así como a sus accesorios y repuestos y a los isótopos radioactivos.".

2.- En el artículo 26, sustituir el punto final (.) por un punto y coma (;) y agregar la siguiente frase: "y a los profesionales dedicados al uso clínico de radioisótopos, según se certificará en cada caso por el Colegio Médico de Chile.".".

Artículo 11

-Pasa a ser artículo 31.

Sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 31.- Los personales de la Corporación de la Reforma Agraria y de la Empresa de Comercio Agrícola tendrán el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y se les aplicarán los Párrafos 18, 19 y 20 del Título II del D.F.L. Nº 338, de 1960, sin perjuicio de las demás disposiciones de los estatutos del personal respectivo.

Sin embargo, no podrán imputar un mismo acto o hecho futuro para gozar de un beneficio igual o similar a los que se les conceden por esta ley, tal como, tiempo servido para gozar de indemnización por años de servicios distinta del desahucio de los empleados públicos, sin perjuicio de que operen las normas generales sobre continuidad de la previsión.".

Artículo 12

-Pasa a ser artículo 32, sin otra modificación.

En seguida, agregar el siguiente artículo 33, nuevo: "Artículo 33.- Suprímense los seis cargos de "Auxiliares" fuera de Escalafón, creados por la letra b) del artículo 1º de la ley N° 13.609, y créase en la Planta del personal del Senado, el siguiente

"Escalafón Técnico de Auxiliares".

Cargo Sueldo unitario Nº Sueldo total

anual empleados anual

Auxiliares lªs 4.008 2 8.016

Auxiliares 2ªs 3.792 2 7.584

Auxiliares 3ªs 3.420 2 6.840

Las personas que actualmente ocupan los cargos de "Auxiliares" que se suprimen, deberán ser encasilladas, por orden de antigüedad, en los cargos del Escalafón que se crea en el presente artículo.

Este encasillamiento no se considerará como ascenso para los efectos del beneficio establecido en el artículo 7º de la ley N° 12.405 y sus modificaciones posteriores, debiendo considerarse el tiempo que ya han servido para el cómputo respectivo en relación con el nuevo Escalafón Técnico de Auxiliares.

El mayor gasto que demande la aplicación del presente artículo en el presente año, se imputará al ítem 02/01/01.003 "Sobresueldos", de la ley Nº 17.072, de Presupuestos para 1969.".

Artículo 13

Pasa a ser artículo 34.

Agregar el siguiente inciso final:

"Para los efectos del pago de los aportes municipales a que se refiere el inciso anterior, regirá lo establecido en el inciso segundo del artículo 85 de la ley N° 11.860, sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades.".

Artículo 14

Pasa a ser artículo 6° transitorio, sin otra modificación.

Artículos 15, 16 y 17

Pasan a ser artículos 35, 36 y 37, sin otras modificaciones.

Artículo 18

Suprimirlo.

Artículo 19

Pasa a ser artículo 7º transitorio, sin otra modificación.

A continuación, agregar el siguiente artículo 38, nuevo:

"Artículo 38.- A contar del 1º de enero de 1970, destínase a la provincia de Colchagua el 10% de los ingresos que le correspondan a las Municipalidades y a la provincia de O'Higgins por aplicación de lo dispuesto en los artículos 27 y 51 de la ley Nº 16.624 y sus modificaciones posteriores.

Dichos fondos serán distribuidos según las mismas normas que dichos artículos establecen para la provincia y a las Municipalidades de O'Higgins.

Para estos efectos, créase el Consejo de Desarrollo de Colchagua, que tendrá una composición análoga y las mismas atribuciones que el Consejo de Desarrollo de O'Higgins.".

Luego, agregar el siguiente epígrafe: "Artículos transitorios".

Seguidamente, agregar el inciso segundo del artículo 1°, como artículo 1º transitorio, sustituyendo su redacción por la siguiente:

"Artículo 1º.- Respecto de los saldos de los créditos a que se refiere el artículo 1°, concedidos con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley y siempre que cumplan con los requisitos señalados en el citado precepto, la conversión será obligatoria para el Banco del Estado de Chile cuando lo soliciten los deudores interesados dentro del plazo de 180 días, contado desde la fecha de vigencia de esta ley.".

A continuación, agregar los siguientes artículos 2º, 3º y 4º transitorios, nuevos:

"Artículo 2º.- El Presidente de la República podrá modificar, por una sola vez, el reglamento para la aplicación de los reajustes de las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro y de la Superintendencia de Bancos, para coordinar sus disposiciones con las modificaciones que esta ley introduce al sistema de cuentas de ahorro a plazo abiertas en el mencionado banco.

Artículo 3º.- Declárase que las diferencias que se produzcan contra el Banco del Estado de Chile con motivo de los préstamos en "Unidades de Fomento" que otorgue a los agricultores de las provincias comprendidas entre Coquimbo y Arauco, con cargo al préstamo por US$ 9.575.000 que recibe según convenio suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con fecha 14 de mayo de 1969, y que provengan del mayor valor del tipo de cambio en relación con la variación del índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos, que determina el valor de las indicadas Unidades de Fomento, será de cargo del Fisco de Chile.

Asimismo, serán de cargo del Fisco de Chile las diferencias que se produzcan contra el Instituto de Financiamiento Cooperativo (IFICOOP Ltda.), con motivo de los préstamos reajustables que haya otorgado u otorgue a las entidades regidas por la Ley General de Cooperativas, con cargo al préstamo por US$ 3.650.000 que recibe según convenio número 513-L-026 suscrito con la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), con fecha 21 de octubre de 1966, y que provengan del mayor valor del tipo de cambio en relación a la variación del índice que determine el reajuste de los préstamos.

Dichas diferencias se liquidarán anualmente y se pagarán directamente por el Banco Central de Chile con cargo a la participación que le corresponde al Fisco en las utilidades de dicho banco. Para tal objeto, el Banco Central de Chile quedará facultado para aprobar las liquidaciones que el Banco del Estado de Chile y el Instituto de Financiamiento Cooperativo IFICOOP Ltda, le presenten, sin necesidad de decreto supremo.

Artículo 4º.- El Banco del Estado de Chile devolverá a los agricultores afectados por la sequía, que hayan efectuado operaciones sujetas al acuerdo adoptado por el Directorio del Banco Central de Chile, en sesión Nº 2.175, con anterioridad al 23 de agosto de 1968, la diferencia entre el impuesto del artículo 235 de la ley Nº 16.617 que pagaron y la suma que habrían debido satisfacer si hubiera estado en vigencia el decreto Nº 1.483 del Ministerio de Hacienda que rebajó dicho impuesto para las referidas operaciones.

La citada institución queda facultada para rebajar las sumas que deba restituir por aplicación de este artículo de la cantidad que le corresponda enterar por concepto del impuesto en referencia, que se aplique a las operaciones que efectúe en el mes siguiente a la publicación de esta ley.".

Artículo transitorio

Pasa a ser artículo 5º transitorio, sin otra modificación.

En seguida, agregar como artículos 6º y 7° transitorios, los artículos 14 y 19, sin otra modificación.

Luego, agregar los siguientes artículos 8º y 9º transitorios, nuevos:

"Artículo 8°.- Autorízase la importación y libérase del pago de derechos de internación, de almacenaje acumulados a la fecha de publicación de esta ley, ad valorem y, en general, de todo derecho o contribución que se perciba por intermedio de las Aduanas y de la Empresa Portuaria de Chile, como asimismo de la obligación de hacer depósitos previos en el Banco Central de Chile, a una ambulancia marca Dodge, tipo unidad médica para atención médico rural, modelo W200 del año 1969, con tres puertas, color azul y blanco, chasis Nº 266003936, motor Nº D 225 R 2520108, de un peso aproximado de 7.220 libras (3.300 Kgs.), donada por los rotarios del Distrito 741 del Estado de Pennsylvania, Estados Unidos de América, al Rotary Club de Rancagua.

Sí dentro del plazo de cinco años, contado desde la vigencia de la presente ley, las especies que se internen en virtud de esta disposición fueren enajenadas a cualquier título o se les diere un destino distinto del específico, deberán integrarse en arcas fiscales los derechos e impuestos de los cuales este artículo libera, quedando solidariamente responsables de su integro, las personas o entidades que intervengan en los actos o contratos respectivos, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra e) del artículo 197 del D.F.L. Nº 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.

Artículo 9º.- Las sociedades anónimas que practiquen sus balances en fechas distintas del 30 de junio o 31 de diciembre, deberán reformar sus estatutos antes del 1° de enero de 1970, fijando como fecha de sus balances una de las dos fechas mencionadas sin que sea necesaria la autorización del Servicio de Impuestos Internos, y estableciendo como época de celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas el cuatrimestre siguiente a la fecha del balance anual.

La reforma de estatutos a que se refiere el inciso anterior deberá observarse desde el año calendario 1970, sin perjuicio de que las sociedades anónimas que practican sus balances al 31 de enero o 28 de febrero de 1969 lo hagan por última vez en dichas fechas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° transitorio de la ley N° 17.073.

Los administradores de las sociedades anónimas podrán solicitar la aprobación suprema de las reformas señaladas, sin que sea necesario la intervención de la Junta de Accionistas para dicha reforma.

Las escrituras públicas en que se haga la modificación de que habla el presente artículo estarán libre de impuesto, sin perjuicio de los impuestos que corresponda aplicar por otras estipulaciones que puedan contener dichas escrituras.".

IV.- Texto del proyecto.

Con las modificaciones anteriores, el texto del proyecto aprobado por vuestra Comisión de Hacienda en este trámite, es el siguiente:

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- El Banco del Estado de Chile podrá convenir la conversión de los saldos de los créditos otorgados desde la fecha de vigencia de la ley Nº 16.253, o que otorgue en el futuro, en créditos reajustables de fomento, siempre que su objeto haya cumplido o cumpla con las finalidades establecidas en el citado cuerpo legal.

Artículo 2º.- Agrégase a continuación del artículo 6º de la ley Nº 16.253, como artículo 6º bis, el siguiente:

"Artículo 6º bis.- En los juicios de cobro de las operaciones comprendidas en el artículo 6° de la presente ley, incluso en los juicios de quiebras, el pago se hará en moneda corriente, liquidándose el crédito por el valor que tengan las unidades de fomento a la fecha de dicho pago, de acuerdo con los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 40 del Ministerio de Hacienda, de fecha 2 de enero de 1967.

Si el juicio fuere ejecutivo, no será necesaria la avaluación previa del artículo 438 del Código de Procedimiento Civil.".

Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 1º de la ley Nº 16.407:

1.- Sustituir su inciso primero por el siguiente:

"Artículo 1°.- Las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, se reajustarán una vez al año en un porcentaje equivalente al 100% de la variación que tenga el índice de precios al consumidor del departamento de Santiago, que determina la Dirección General de Estadística y Censos, entre las fechas de su último reajuste anterior y el que corresponda efectuar.".

2.- Reemplazar su inciso segundo por el siguiente:

"El cálculo del reajuste y su capitalización en la cuenta respectiva se efectuará una vez al año en la forma, condiciones y plazos que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro.".

3.- En su inciso quinto, suprimir la frase: "y con él se abrirán los libros para el período siguiente".

4.- Sustituir su inciso sexto por el siguiente:

"Las cantidades que gocen de reajuste según lo dispuesto en este artículo, devengarán el interés que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile con aprobación de la Comisión Nacional de Ahorro. Sobre el saldo del depósito no reajustado se abonará el interés normal del depósito.".

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Reglamento Nº 405, sobre Cuentas de Ahorro a Plazo del Banco del Estado de Chile, publicado el 15 de febrero de 1966:

1.- Reemplazar el inciso primero de su artículo 1° por el siguiente:

"Artículo 1°.- Una vez al año tienen derecho a reajuste las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile bajo dicha denominación, que se hallen vigentes en el día anterior al que debe efectuarse el cálculo del reajuste, siempre que no registren un número superior de giros o retiro de cantidades superiores a los que determine de un modo general el Directorio del Banco, con aprobación de la Comisión. Nacional del Ahorro, en el período comprendido entre las fechas del último reajuste anterior y del que corresponde efectuar. En todo caso, el número de giros que Hará perder el reajuste deberá ser superior a dos en el lapso correspondiente.".

2.- Sustituir el inciso primero de su artículo 3º por el siguiente:

"Artículo 3º.- El porcentaje de reajuste será fijado una vez al año en las épocas que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile para cada grupo de cuentas.".

3.- Reemplazar su artículo 4º por el siguiente:

"Artículo 4º.- El Fisco traspasará al Banco del Estado de Chile los fondos acumulados en la referida cuenta, dentro del mes anterior al que corresponda efectuar el reajuste respectivo.".

Artículo 5º.- Reemplázase el artículo 46 del Reglamento Nº 6.331, publicado el 2 de mayo de 1961, por el siguiente:

"Artículo 46.Los intereses de estas cuentas se liquidarán una vez al año en las fechas que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, capitalizándose en las fechas respectivas los intereses devengados.".

Artículo 6º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al D.F.L. Nº 251, de 1960:

1.- Suprimir el inciso segundo de la letra k) de su artículo 14.

2.- Agregar las siguientes letras e inciso final a su artículo 42:

"d) Adquirir, importar y enajenar, por cuenta propia o ajena, bienes muebles de equipamiento del hogar, maquinarias, herramientas y demás elementos de trabajo para sus imponentes de ahorro.

e) Adquirir, importar y enajenar, por cuenta propia o ajena, maquinarias, herramientas y demás elementos de trabajo para cooperativas y organizaciones comunitarias regidas por la ley Nº 16.880, o sus miembros, siempre que éstos y aquellas sean imponentes de ahorro.

La adquisición de los bienes señalados en las letras d) y e) deberá ser efectuada por medio de propuestas públicas, con o sin garantía, y su importación sólo podrá ser autorizada siempre y cuando estos bienes figuren en la lista de mercaderías de importación permitida del Banco Central de Chile.".

Artículo 7º.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 235 de la ley Nº 16.617:

"Los préstamos controlados e hipotecarios que el Banco del Estado de Chile otorgue a sus imponentes de ahorro estarán afectos al impuesto establecido en este artículo. Estos recursos serán depositados mensualmente en la cuenta especial establecida en el inciso segundo del artículo 2º de la ley Nº 16.407 y se destinarán a las finalidades establecidas en la referida disposición.".

Artículo 8º.- Declárase que el Banco del Estado de Chile se encuentra incluido entre las instituciones eximidas en las operaciones de importación que realice de elementos destinados para su uso exclusivo, del impuesto establecido en el Nº 14 del artículo 1º de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.

Artículo 9º.- Créase la Comisión Nacional del Ahorro, encargada de planificar, supervigilar, coordinar, regular y estimular el funcionamiento y organización de los sistemas de ahorro de las entidades o servicios públicos o privados que tengan relación con la captación y el desarrollo del ahorro nacional. Tendrá también esta Comisión por finalidad formular una política nacional del ahorro y coordinar las actividades relacionadas con el ahorro, especialmente en lo relativo a sus aspectos técnicos, financieros, educativos y de control.

Artículo 10.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, corresponderá a la Comisión:

a) Realizar estudios e investigaciones sobre el estado actual y sobre los planes de desarrollo y funcionamiento de los diversos tipos de instituciones que capten ahorros, a fin de permitir, sobre la base de ellos, la adopción de las medidas requeridas para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior;

b) Adoptar medidas para la debida regulación, coordinación y supervigilancia de las diversas formas de captación de los ahorros;

c) Planificar campañas de educación, difusión y promoción del ahorro en el público;

d) Aprobar los presupuestos globales de gastos e inversión que digan relación con el fomento del ahorro de las instituciones fiscales, semifiscales y de administración autónoma y de empresas del Estado y en las que éste tenga participación, que digan relación con estos planes;

e) Efectuar la coordinación de la acción de los diversos organismos, instituciones y empresas, tanto del sector público como del privado, que se ocupan del fomento y desarrollo del ahorro y de sus mecanismos de captación;

f) Promover la uniformidad y coordinación de las disposiciones legales y administrativas relacionadas con las diversas instituciones e instrumentos de ahorro, y

g) Fomentar la formación de centros de estudios y adiestramiento de dirigentes y técnicos en la creación, organización y administración de mecanismos de ahorro y difundir los principios y las técnicas sobre esta misma materia.

Artículo 11.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, facúltase a las instituciones fiscales, semifiscales, autónomas del Estado, empresas del Estado, Banco Central de Chile y Banco del Estado de Chile, para destinar, previa aprobación de la Dirección de Presupuestos cuando fuere procedente, hasta un 15% de los recursos de que dispongan para gastos de publicidad, difusión o promoción, al financiamiento de la Comisión Nacional del Ahorro.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior no regirán las limitaciones o prohibiciones establecidas en las leyes orgánicas de las respectivas instituciones u organismos.

La Comisión indicada deberá rendir cuentas anualmente de la inversión de los fondos que recibe a la Superintendencia de Bancos.

Artículo 12.La Comisión Nacional del Ahorro estará integrada por las siguientes personas:

a) El Ministro de Hacienda, que la presidirá;

b) El Presidente del Banco Central de Chile;

c) El Presidente del Banco del Estado de Chile;

d) El Presidente de la Caja Central de Ahorros y Préstamos;

e) El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción;

f) El Superintendente de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio;

g) Un representante del sistema cooperativo, designado por la Comisión Nacional del Ahorro de entre los componentes de una terna que formará la Comisión Nacional Coordinadora de Cooperativas;

h) Un representante del sector empresarial privado, designado por la Confederación Nacional de la Producción y del Comercio;

i) Un representante del sistema de ahorro y préstamos para la vivienda, designado por la Federación Nacional de Asociaciones de Ahorro y Préstamos;

j) Un representante de los empleados, designado por la Confederación de Empleados Particulares de Chile, y

k) Un representante de los obreros, designados por los diez sindicatos industriales con mayor número de asociados, elegidos según las normas que establezca la Dirección General del Trabajo.

Los consejeros de las letras a) a f) podrán designar personas que los subroguen en sus funciones.

Los consejeros de las letras g) a k) durarán dos años en sus cargos.

Artículo 13.- En la forma que determine la Comisión, podrán constituirse Comités Provinciales o Regionales que efectúen la labor de ésta en sus respectivas zonas.

Artículo 14.- Una Secretaría Ejecutiva de hasta cinco miembros, cuyos integrantes serán designados por la Comisión, se encargará de ejecutar los acuerdos de ésta, será responsable de la marcha de los programas aprobados y servirá de nexo y coordinador entre los diferentes sectores, empresas, instituciones, organismos, autoridades, y la Comisión.

Artículo 15.- La Comisión sesionará mensualmente en forma ordinaria, cuando sea convocada por su Presidente o por la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 16.- Las condiciones, plazos y modalidades de las emisiones o debentures a que se refiere el artículo 10 de la ley Nº 16.813, y las que se fijen en el futuro para los sistemas de ahorro a que se refiere el artículo 39, letra j) del D.F.L. Nº 247, de 1960, el D.F.L. Nº 205, de 1960, y el Decreto Supremo de Hacienda Nº 11.429, del mismo año, el D.F.L. Nº 251, de 1960, y la ley Nº 16.407, la ley Nº 16.253 y el Decreto Supremo de Hacienda Nº 40, de enero de 1967, y el RRA. Nº 20, de 1963, deberán contar previamente con el informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro.

Artículo 17.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 4.657:

1.- Intercálase en el Nº 6 del artículo 6º, entre la palabra "interés", después de la coma (,) que la sigue, y las palabras "la forma", las siguientes: "la forma de reajuste del empréstito".

2.- Sustituir en el artículo 7º las palabras "la escritura de emisión será publicada íntegramente y", por las siguientes: "un extracto de la escritura de emisión aprobado por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio será publicado"; y reemplazar las palabras "inscrita" y "anotada", por las palabras "inscrito" y "aprobado".

3.- Intercalar en el Nº 7 del artículo 9º, entre la palabra "interés" después de la coma (,) que la sigue y las palabras "la forma", las siguientes: "la forma de reajuste del empréstito".

4.- Sustituir el inciso primero del artículo 10, por el siguiente:

"El valor nominal inicial de cada bono no podrá ser inferior a cien escudos ni superior a cinco mil escudos.".

5.- Sustituir en el párrafo 2º del inciso primero del artículo 12 la palabra "Segunda" por la siguiente: "Primera", y en el segundo inciso de este artículo agregar después de la palabra "valor", las palabras "o la forma de determinarlo".

6.- Sustituir el artículo 18 por el siguiente:

"Artículo 18.- Podrán emitirse bonos reajustables o a prima, fijando en este último caso para su suscripción una suma inferior a su valor nominal. Para la aplicación de las disposiciones legales que limitan el interés convencional se considerará en los bonos reajustables o a prima sólo la tasa de interés calculada sobre el valor nominal inicial del bono más el reajuste en su caso. El reajuste no se considerará interés ni renta para ningún efecto legal para quien se beneficie con él. De la misma manera, la diferencia que obtenga el tenedor de bonos entre el precio de suscripción o adquisición y el de rescate o transferencia tampoco se considerará como renta para ningún efecto legal, a menos que se trate de la diferencia correspondiente a la prima con que haya podido colocarse el bono.".

7.- Agregar en el artículo 20, después de la palabra "intereses", las siguientes: "y reajuste".

8.- Sustituir en el artículo 22 las palabras "no podrá hacer uso alguno del dinero pagado por los suscriptores de los bonos", por las siguientes: "sólo podrá destinar el dinero pagado por los suscriptores de bonos a inversiones o bienes de fácil liquidación".

9.- Agregar en el artículo 23, después de la palabra "intereses", lo siguiente: "y reajuste".

10.- Agregar en el artículo 25, después de la palabra "bonos", las siguientes: "o a quien éstos indiquen".

11.- Suprimir en el artículo 29 la frase "con autorización de la Junta de tenedores de bonos".

12.- Suprimir en el artículo 32 las palabras "por medio de sorteo de los títulos respectivos y sólo".

13.- Sustituir en el primer párrafo del inciso primero del artículo 33 las palabras "El sorteo de los bonos", por las siguientes: "En el caso que la amortización se efectúe por sorteo, éste".

14.- Agregar en los artículos 35 y 41, después de las palabras "nominal", lo siguiente: "más el reajuste en su caso".

15.- Agregar entre los párrafos sexto y séptimo un párrafo nuevo con el título "Autorizaciones especiales" y con el siguiente artículo nuevo:

"Artículo...- Para emitir bonos con reajuste será necesario que la sociedad emisora obtenga previamente una autorización especial para cada emisión de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro. Este informe deberá ser evacuado dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha en que la Superintendencia lo solicite, y transcurrido éste se podrá prescindir del mismo a solicitud de la sociedad interesada.

Las Sociedades Anónimas que deseen emitir bonos con reajuste deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar que el empréstito tiene por objeto obtener los capitales de explotación o de inversión necesarios para el desarrollo de sus actividades.

b) Que el monto del empréstito guarde relación con el volumen de los negocios de la sociedad solicitante y que se encuentra suficientemente garantizada con el capital propio de la sociedad y los ingresos provenientes de sus operaciones. Sin perjuicio de que deba acreditar esta circunstancia, estos empréstitos podrán ser con o sin garantía según lo determine y califique la Superintendencia al autorizar la emisión.

c) Que el bono mediante el cual se colocará el empréstito cumple los requisitos de forma y fondo que establezca la Superintendencia.

d) Ofrecer una fórmula de reajuste equitativa que tenga por objeto preservar el valor adquisitivo inicial del empréstito para quien lo cubra.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia, en la resolución que pronuncie aprobando la emisión del empréstito, podrá fijar las condiciones de la emisión y de la colocación respectiva con las más amplias facultades. Dicha resolución se protocolizará ante Notario Público, se inscribirá en el Registro de Comercio correspondiente, y se anotará al margen de la inscripción de la sociedad en el mismo Registro.".

16.- Sustituir el artículo 75 por el siguiente:

"Artículo 75.- Los representantes de los tenedores de bonos y las empresas que se encarguen de la colocación de los documentos mercantiles a que se refiere esta ley, responderán de la culpa y negligencia en el cumplimiento de ella y de la violación de cualquiera de sus obligaciones que su función les imponga.".

Artículo 18.- Agrégase al inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 16.394 el siguiente párrafo: "Estas mismas sociedades podrán también colocar en el público, en igual forma directa, bonos o debentures de su propia emisión, sujetándose a las disposiciones de la presente ley.".

Artículo 19.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 1º de la ley Nº 16.272:

1.- Sustituir el inciso primero de su Nº 5 por el siguiente:

"5. Cesión y, en general, enajenación a cualquier título de acciones y debentures de sociedades anónimas, de acciones de sociedades en comandita y de bonos hipotecarios, tasa de 0,25% sobre su valor, el cual no podrá ser inferior al señalado en el Nº 2 del artículo 4º.".

2.- Intercalar en su Nº 26, después de la palabra "acción", las siguientes: "y debentures".

Artículo 20.- Los intereses y primas que perciban los suscriptores y tenedores de bonos o debentures emitidos según las disposiciones de la ley Nº 4.657, están exentos del impuesto a los servicios establecidos en el artículo 15 de la ley Nº 12.120.

Artículo 21.- Se autoriza al Presidente de la República para dictar disposiciones que permitan el establecimiento de organismos privados con personalidad jurídica que, bajo la denominación de "Financieras Automotrices", podrán recibir ahorros y otorgar préstamos reajustables para la adquisición de vehículos motorizados producidos o armados en el país. Estas entidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendendencia de Bancos.

Sólo a través de estos organismos podrá financiarse la adquisición a plazo de los vehículos motorizados nuevos producidos o armados en el país.

En uso de estas facultades, el Presidente de la República deberá establecer normas relativas a la constitución, organización, funcionamiento, disolución y liquidación de los referidos organismos; capital con que deben constituirse y funcionar; garantías que deben rendir; procedimientos a que deben ceñirse, y multas que deban pagar. Deberá, además, dictar disposiciones tendientes a regular sus operaciones en general; reglar los depósitos que en ellos se efectúen y los créditos que otorguen, como sus plazos, tasas de interés y formas de reajustes; colocaciones que puedan realizar, encajes que deban mantener, y las limitaciones y prohibiciones a que queden sujetos. Asimismo, deberá estatuir los preceptos necesarios para que las personas que realizan en la actualidad las operaciones a que se refiere este artículo se adapten a las normas que dicte o procedan a su disolución. Los dueños y administradores de estas entidades que no cumplan con los preceptos señalados en el párrafo anterior serán considerados autores del delito de estafa.

No se considerará renta el reajuste de los depósitos o instrumentos de ahorro que corresponda a las personas naturales que se acojan al sistema de ahorro indicado en el inciso primero.

Los depósitos de ahorro que no se empleen en la adquisición de un vehículo, podrán ser retirados total o parcialmente con sus intereses y reajustes.

Sólo tendrán derecho a adquirir vehículos por medio de los organismos que se establezcan en virtud de este artículo, las personas que acrediten que han satisfecho su necesidad de vivienda. El Presidente de la República reglamentará este requisito, previo informe de la Caja Central de Ahorros, y Préstamos para la Vivienda y de la Superintendencia de Bancos.

Los textos que se dicten en uso de las facultades conferidas por este artículo, deberán publicarse en el plazo de seis meses, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, y podrán ser modificados por el Presidente de la República dentro de los seis meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 22.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 11.704, sobre Rentas Municipales:

1.- En el inciso primero de su artículo 54 sustituir la expresión "Eº 500", por la siguiente frase: "seis sueldos vitales mensuales clase a) del departamento de Santiago".

2.- Agregar los siguientes incisos finales a su artículo 54:

"El recargo que establece este artículo se aplicará sobre el capital propio del contribuyente, definido en el artículo 35 de la ley Nº 15.564, sobre Impuesto a la Renta. Dicho capital deberá ser igualmente considerado para los efectos de la publicación de las patentes mínimas que esta disposición establece.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, los contribuyentes afectos al pago de patentes, de las señaladas en el inciso primero de este artículo, deberán presentar una declaración anual en el mes de marzo de cada año, sobre el monto del capital con que operan ante la Municipalidad respectiva, acompañando copia del Balance y del cálculo del capital propio presentados ante Impuestos Internos.

El 50% de los fondos que obtengan las municipalidades por concepto de recargo de capital, será destinado a incrementar el ítem de Obras de Adelanto Local de cada comuna.".

3.- Agregar el siguiente artículo 54 bis:

"Artículo 54 bis.- Para los efectos de lo establecido en el artículo anterior, en los casos en que el contribuyente no pudiere acreditar su capital propio en forma fehaciente por no llevar contabilidad, la estimación la hará la Municipalidad respectiva. Dichas resoluciones podrán ser reclamadas por el afectado ante el Director Regional de Impuestos Internos que corresponda, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de su notificación.

Para el establecimiento del capital propio en el caso a que se refiere el artículo anterior, los contribuyentes podrán deducir aquella parte de dicho capital que se encuentre invertida en otras empresas que también paguen patente municipal.".

4.- Sustituir su artículo 71 por el siguiente:

"Artículo 71.- Los integrantes de la Junta Clasificadora de Patentes en las comunas de más de 150.000 habitantes tendrán derecho a un honorario equivalente al 25% del sueldo vital del departamento respectivo, por cada sesión a que asistan; en las comunas de más de 50.000 habitantes y menos de 150.000, a un honorario equivalente al 15% del sueldo vital del departamento respectivo, por cada sesión a que asistan, y en las demás comunas, a un honorario equivalente al 5% del sueldo vital del departamento respectivo, por cada sesión a que asistan. No podrán recibirse estos honorarios por asistencia a más de ocho sesiones mensuales.".

Artículo 23.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto RRA. Nº 20, de 1963:

a) En los artículos 25, 26, 49, 56 y 59, reemplazar la palabra "acciones" por las siguientes: "aportes de capital".

b) En el artículo 33 reemplazar las palabras "las acciones pagadas" por las siguientes: "los aportes de capital efectuados".

c) En los artículos 35, 57, 80 y 4º transitorio reemplazar las palabras "las acciones" por las siguientes: "los aportes de capital".

d) En el artículo 62 reemplazar las palabras "adquirir acciones de" por las siguientes: "efectuar aportes de capital a".

e) En el artículo 98 reemplazar las palabras "en acciones" por las siguientes: "de capital".

f) Sustituir el artículo 30 por el siguiente:

"Artículo 30.- Los aportes de capital a las cooperativas serán nominativos y su transferencia o rescate, que debe ser aprobado por el Consejo de Administración, no podrá hacerse a un valor superior al monto depositado, más las revalorizaciones que le correspondan y deducida su cuota en las eventuales pérdidas. No podrán existir aportes liberados privilegiados a ningún título.".

g) Sustituir los incisos segundo y tercero del artículo 31 por los siguientes:

"La revalorización se efectuará de acuerdo con las normas que al respecto dictará la División de Cooperativas y afectará a los aportes de los socios que se mantengan hasta el cierre del ejercicio anual.

Para los efectos de la determinación del capital propio se computarán las reservas y se excluirán los excedentes.".

h) En el artículo 33 intercalar entre las palabras "dictará" y "las", la frase "previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro", y suprimir las expresiones siguientes: "que se determinará por la fluctuación del índice de precios al consumidor o del índice de precios al por mayor, que calcule la Dirección de Estadística y Censos, optando por el que sea más bajo,".

i) Sustituir el artículo 34 por el siguiente:

"Artículo 34.- El interés anual de los aportes de capital y de las cuotas de ahorro será fijado por la División de Cooperativas de la Dirección de Industrias y Comercio, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro.".

j) Sustituyese la frase inicial del artículo 43, que dice: "El Consejo de Administración será elegido por la Junta General de Socios.", por las siguientes: "El Consejo de <http://Consejo.de> Administración será elegido en su totalidad y en un solo acto por la Junta General de Socios. El período de su mandato no podrá ser superior a tres años.".

k) Sustituir el artículo 106 por el siguiente:

"Artículo 106.- Se denominarán cooperativas de ahorro y crédito las cooperativas de servicio que tengan por finalidad recibir ahorros y otorgar préstamos a sus socios, reajustables o no. Un Reglamento dictado por el Presidente de la República, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro, determinará la forma y requisitos para recibir y otorgar dichos ahorros y préstamos, y para recibir depósitos de personas que no sean socios.".

l) Sustituir el artículo 110 por el siguiente:

"Artículo 110.- Los reajustes, las revalorizaciones y el interés máximo que las cooperativas de ahorro y crédito podrán exigir sobre los préstamos y que podrán abonar sobre los aportes de capital y depósitos o cuotas de ahorro, serán fijados por la División de Cooperativas de la Dirección de Industrias y Comercio previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro. Tales intereses estarán exentos de los impuestos que les sean aplicables, con excepción del impuesto global complementario.

En las cooperativas de ahorro y crédito la distribución de excedentes se calculará sobre las operaciones de crédito realizadas con los socios.".

ll) Agregar la siguiente frase final al inciso primero del artículo

118: "y a la designación de sus Directorios les será aplicable lo dispuesto en el artículo 43.".

m) Sustituir en el artículo 123 la frase que dice: "en la forma que se establezca en los estatutos", por la siguiente: "en la misma forma y períodos establecida en el artículo 43".

Artículo 24.- Agréganse los siguientes incisos finales al artículo 13 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques:

"Si se tachare cualquiera mención impresa que contenga el cheque, que no sean las cláusulas "a la orden" o "al portador", dicha tacha no producirá efecto alguno.

Si el cheque no indica lugar de giro, se le presume extendido en la plaza en que funciona la oficina sobre la cual fue girado.

Los bancos podrán autorizar a determinadas personas para estampar en sus cheques, mediante procedimientos mecánicos, la cantidad girada y la firma. Lo harán siempre que los procedimientos que se utilicen ofrezcan seguridad y que se justifique su necesidad por el elevado número de cheques que deba emitir el comitente, a juicio de la Superintendencia de Bancos. En tal caso bastará con que la cantidad se exprese en letras o en números.".

Artículo 25.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 655 de Código de Comercio:

"Los endosos de documentos efectuados en favor de instituciones bancarias podrán hacerse estampando el nombre del cedente por procedimiento mecánicos, sin necesidad de firma.".

Artículo 26.- Las letras de cambio y los pagarés a la orden de instituciones bancarias y de entidades estatales de crédito, aceptadas o suscritos por un analfabeto, tendrán mérito ejecutivo por el solo hecho de haber sido autorizada la impresión digital del deudor por un Notario público o por un Oficial del Registro Civil en las localidades donde no exista Notario.".

Artículo 27.- Reemplázase en el inciso final del artículo 14 de la ley Nº 16.272, las palabras "deberán extenderse en papel sellado de", por las siguientes: "deberán extenderse en papel sellado o en formularios en blanco que presenten los contribuyentes con un timbre fijo por hoja, de".

Artículo 28.- Agrégase al artículo 17 de la Ley sobre Impuesto a la Renta el siguiente número 28, asignándose el número 29 al actual número 28:

"28.- Las utilidades que corresponden a los partícipes de fondos mutuos y que ellos inviertan en la adquisición de nuevas cuotas del mismo fondo, siempre que dicha inversión se mantenga ininterrumpidamente por el plazo de 5 años contado desde la fecha en que los partícipes puedan disponer de sus utilidades. Los rescates de cuotas del fondo que efectúen los partícipes se considerará que corresponden a las utilidades del año más antiguo que se hayan invertido en el mismo fondo, para los fines de aplicar el impuesto a la renta, y así sucesivamente a los años posteriores, sin que el contribuyente pueda oponer prescripción alguna en contra del Fisco, excepto si la inversión se ha mantenido durante el referido plazo de 5 años.".

Artículo 29.- Exímese del impuesto establecido en el artículo 235 de la ley Nº 16.617 a los préstamos otorgados o que otorgue el Banco del Estado de Chile a los Cuerpos de Bomberos para la construcción de sus cuarteles.

Artículo 30.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 11.791:

1.- En el artículo 25, sustituir el punto final (.) por un punto y coma (;) y agregar la siguiente frase: "equipo de uso clínico para la medición de material radiactivo, así como a sus accesorios y repuestos y a los isótopos radiactivos.".

2.- En el artículo 26, sustituir el punto final (.) por un punto y coma (;) y agregar la siguiente frase: "y a los profesionales dedicados al uso clínico de radioisótopos, según se certificará en cada caso por el Colegio Médico de Chile.".

Artículo 31.- Los personales de la Corporación de la Reforma Agraria y de la Empresa de Comercio Agrícola tendrán el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y se les aplicarán los párrafos 18, 19 y 20 del Título II del D.F.L. Nº 338, de 1960, sin perjuicio de las demás disposiciones de los estatutos del personal respectivo.

Sin embargo, no podrán imputar un mismo acto o hecho futuro para gozar de un beneficio igual o similar a los que se les conceden por esta ley, tal como tiempo servido para gozar de indemnización por años de servicios distinta del desahucio de los empleados públicos, sin perjuicio de que operen las normas generales sobre continuidad de la previsión.

Artículo 32.- Declárase que el inciso cuarto del artículo 1° de la ley Nº 17.015, de 31 de octubre de 1968, se limitó a derogar el Párrafo 4 del Título II del D.F.L. Nº 338, de 1960 y el artículo 20 de la ley Nº 7.295, respecto de los servicios enumerados en el mismo precepto, y sólo a contar desde el 1° de enero de 1969. En consecuencia, los funcionarios que adquirieron antes de esta fecha alguno de los beneficios establecidos; en el referido párrafo o en el artículo citado, lo han conservado con posterioridad a ella.

Artículo 33.- Suprímense los seis cargos de "Auxiliares" fuera de Escalafón, creados por la letra b) del artículo 1° de la ley Nº 13.609, y créase en la Planta del personal del Senado, el siguiente

"Escalafón Técnico de Auxiliares".

Cargo Sueldo Sueldo unitario Nº EE. Sueldo

anual total anual

Auxiliares 1as. 4.008 2 8.016

Auxiliares 2as. 3.792 2 7.584

Auxiliares 3as. 3.420 2 6.840

Las personas que actualmente ocupan los cargos de "Auxiliares" que se suprimen, deberán ser encasilladas, por orden de antigüedad, en los cargos del Escalafón que se crea en el presente artículo.

Este encasillamiento no se considerará como ascenso para los efectos del beneficio establecido en el artículo 7º de la ley Nº 12.405 y sus modificaciones posteriores, debiendo considerarse el tiempo que ya han servido para el cómputo respectivo en relación con el nuevo Escalafón Técnico de Auxiliares.

El mayor gasto que demande la aplicación del presente artículo en el presente año, se imputará al ítem 02/01/01.003 "Sobresueldos", de la ley Nº 17.072, de Presupuestos para 1969.

Artículo 34.- Los Tesoreros de las Municipalidades de Santiago y Valparaíso estarán obligados a retener mensualmente del sueldo de los empleados municipales las imposiciones que a éstos les corresponden en virtud de los Estatutos Orgánicos de sus respectivas Cajas de Previsión y los demás descuentos que ordenen estas instituciones.

Dichas retenciones y descuentos, como asimismo los aportes municipales a las expresadas Cajas de Previsión, deberá el Tesorero respectivo remitirlas a aquéllas dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiere efectuado el pago de los sueldos a los empleados.

Para los efectos del pago de los aportes municipales a que se refiere el inciso anterior, regirá lo establecido en el inciso segundo del artículo 85 de la ley Nº 11.860, sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades.

Artículo 35.- Establécese a contar desde la publicación de la presente ley, una sobretasa adicional de Eº 0,05 a todos los objetos de correspondencia que el Servicio de Correos y Telégrafos curse en el interior del país, cuyo producido se destinará a los pagos derivados de la adquisición, compra o expropiación de inmuebles; a la construcción, reparación y alhajamiento de edificios para esta repartición y a la adquisición de equipos de transporte, equipos normalizados de explotación, mobiliario funcional y material postal.

Esta sobretasa se reajustará en el primer trimestre de cada año, a partir de 1970, en un porcentaje igual al alza que experimente el índice de precios al consumidor determinado por la Dirección General de Estadística y Censos, correspondiente al año anterior. Si con motivo de la aplicación de esta norma resultaren cifras de aumento inferiores a cinco centésimos o a múltiplos de cinco centésimos, la tasa se alzará hasta alcanzar dicha cantidad o el múltiplo más cercano.

Estos fondos serán depositados en una cuenta especial y sobre ella podrá girar el Director Nacional de Correos y Telégrafos para cumplir con los objetivos del inciso primero.

Artículo 36.- Facúltase al Presidente de la República para dictar, dentro de un año, contado desde la publicación de la presente ley, un Reglamento para que el Servicio de Correos y Telégrafos organice directamente y sin intermediarios la comercialización de los sellos o estampillas postales y demás especies filatélicas nacionales y todos los aspectos relativos a su elaboración, distribución, circulación, conservación y venta en el mercado nacional e internacional.

Dicho Reglamento establecerá las condiciones, modalidades, características y limitaciones de la adquisición, distribución y venta de los sellos postales, e indicará las atribuciones que se entregarán a la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos para la administración, ejecución y control de estas actividades.

No regirá para la Dirección Nacional nombrada y para los fines previstos en esta disposición, la prohibición contenida en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Correos y Telégrafos, D.F.L. Nº 171, de 1960. Tampoco regirá dicha prohibición en los casos en que el Director Nacional estime conveniente exceptuar de conformidad al Reglamento.

Los fondos provenientes de esta comercialización de sellos y demás especies postales, ingresarán a una cuenta única especial que se abrirá en el Banco del Estado de Chile a nombre de la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos y sobre la cual sólo podrá girarse para atender los gastos y adquisiciones que demanda la promoción, funcionamiento, mantención y desarrollo de la comercialización filatélica y de los servicios postales.

La presente disposición y el Reglamento que en virtud de la misma se dicte no tendrá atingencia con la actividad filatélica que desarrollen los particulares entre sí.

Artículo 37.- Agregar el siguiente inciso al artículo 17 de la ley Nº 16.724:

"Sólo el Banco Central de Chile podrá comercializar las monedas acuñadas en virtud de esta disposición, sin intermediarios de ninguna especie y las utilidades derivadas de ella ingresarán a Fondos Generales de la Nación. Esta disposición regirá desde su publicación en el Diario Oficial.".

Artículo 38.- A contar del 1° de enero de 1970, destínase a la provincia de Colchagua el 10% de los ingresos que le correspondan a las Municipalidades y a la provincia de O'Higgins por aplicación de lo dispuesto en los artículos 27 y 51 de la ley Nº 16.624 y sus modificaciones posteriores.

Dichos fondos serán distribuidos según las mismas normas que dichos artículos establecen para la provincia y las Municipalidades de O'Higgins.

Para estos efectos, créase el Consejo de Desarrollo de Colchagua, que tendrá una composición análoga y las mismas atribuciones que el Consejo de Desarrollo de O'Higgins.

Artículos transitorios.

Artículo 1°.- Respecto de los saldos de los créditos a que se refiere el artículo 1º, concedidos con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley y siempre que cumplan con los requisitos señalados en el citado precepto, la conversión será obligatoria para el Banco del Estado de Chile cuando lo soliciten los deudores interesados dentro del plazo de 180 días, contado desde la fecha de vigencia de esta ley.

Artículo 2º.- El Presidente de la República podrá modificar, por una sola vez, el reglamento para la aplicación de los reajustes de las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro y de la Superintendencia de Bancos, para coordinar sus disposiciones con las modificaciones que esta ley introduce al sistema de cuentas de ahorro a plazo abiertas en el mencionado Banco.

Artículo 3º.- Declárase que las diferencias que se produzcan contra el Banco del Estado de Chile con motivo de los préstamos en "Unidades de Fomento" que otorgue a los agricultores de las provincias comprendidas entre Coquimbo y Arauco, con cargo al préstamo por US$ 9.575.000 que recibe según convenio suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con fecha 14 de mayo de 1969, y que provengan del mayor valor del tipo de cambio en relación con la variación del índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos, que determina el valor de las indicadas Unidades de Fomento, será de cargo del Fisco de Chile.

Asimismo, serán de cargo del Fisco de Chile las diferencias que se produzcan contra el Instituto de Financiamiento Cooperativo (IFICOOP Ltda.) con motivo de los préstamos reajustables que haya otorgado u otorgue a las entidades regidas por la Ley General de Cooperativas, con cargo al préstamo por US$ 3.650.000 que recibe según convenio Nº 513-L-026 suscrito con la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) con fecha 21 de octubre de 1966, y que provengan del mayor valor del tipo de cambio en relación a la variación del índice que determine el reajuste de los préstamos.

Dichas diferencias se liquidarán anualmente y se pagarán directamente por el Banco Central de Chile con cargo a la participación que le corresponde al Fisco en las utilidades de dicho Banco. Para tal objeto, el Banco Central de Chile quedará facultado para aprobar las liquidaciones que el Banco del Estado de Chile y el Instituto de Financiamiento Cooperativo IFICOOP Ltda, le presenten, sin necesidad de Decreto Supremo.

Artículo 4º.- El Banco del Estado de Chile devolverá a los agricultores afectados por la sequía, que hayan efectuado operaciones sujetas al acuerdo adoptado por el Directorio del Banco Central de Chile, en sesión Nº 2.175, con anterioridad al 23 de agosto de 1968, la diferencia entre el impuesto del artículo 235 de la ley Nº 16.617 que pagaron y la suma que habrían debido satisfacer si hubiera estado en vigencia el Decreto Nº 1.483 del Ministerio de Hacienda que rebajó dicho impuesto para las referidas operaciones.

La citada institución queda facultada para rebajar las sumas que deba restituir por aplicación de este artículo de la cantidad que le corresponda enterar por concepto del impuesto en referencia, que se aplique a las operaciones que efectúe en el mes siguiente a la publicación de esta ley.

Artículo 5º.- Las modificaciones que la presente ley introduce al artículo 54 de la ley Nº 11.704, no afectarán, en ningún caso, la validez de los pagos que hubieren efectuado los contribuyentes en un sentido diverso, con anterioridad a su vigencia.

Artículo 6º.- Facúltase a la Empresa de Ferrocarriles del Estado para transferir al Fisco un terreno de 4.800 metros cuadrados ubicado en el recinto de la Estación Alameda, de 160 metros de frente a la Avenida Exposición medidos entre los 170 y los 330 metros desde el actual límite Norte de dicha Estación con la Avenida Bernardo O'Higgins, por 30 metros de fondo medidos desde la actual línea oficial de edificación fijada para la Avenida Exposición, que se destinará a la construcción de la Central Clasificadora y dependencias del Servicio de Correos y Telégrafos. A cambio de lo anterior y como única prestación equivalente, el Fisco se obliga a su vez a transferir en dicha construcción, a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, una superficie edificada en el extremo Norte del inmueble, de 3.300 metros cuadrados aproximadamente, para la instalación de oficinas y bodegas de dicha Empresa. Tal superficie edificada se entregará en tres niveles, contiguos e inmediatos de modo que formen una unidad independiente dentro de la construcción total, con accesos y servicios propios que se distribuirán entre el primer subterráneo y el primer y segundo pisos, conforme a las estipulaciones del Convenio que celebren sobre este particular la Empresa de Ferrocarriles del Estado y el Servicio de Correos y Telégrafos.

Estas transferencias estarán exentas de todo derecho, impuesto y gravámenes fiscales y municipales.

Artículo 7º.- Libérase a las Municipalidades a cuyo territorio jurisdiccional pertenezcan los predios de las Empresas de la Gran Minería del Cobre y cuyos avalúos fijados para la retasación de la ley Nº 15.021, fueron objeto de revisión y rectificación por el Servicio de Impuestos Internos, de la obligación de reintegrar al Fisco las sumas correspondientes a ingresos municipales, con motivo de las devoluciones a que dieron origen las rebajas de avalúos respectivos.

Artículo 8º.- Autorízase al importación y libérase del pago de derechos de internación, de almacenaje acumulados a la fecha de publicación de esta ley, ad valorem y, en general, de todo derecho o contribución que se perciba por intermedio de las Aduanas y de la Empresa Portuaria de Chile, como asimismo de la obligación de hacer depósitos previos en el Banco Central de Chile, a una ambulancia marca Dodge, tipo unidad médica para atención médico rural, modelo W200 del año 1969, con tres puertas, color azul y blanco, chassis Nº 266003926, motor Nº D 225 R 2520108, de un peso aproximado de 7.220 libras (3.300 Kg.), donada por los rotarios del Distrito 741 del Estado de Pennsylvania, Estados Unidos de América, al Rotary Club de Rancagua.

Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la vigencia de la presente ley, las especies que se internen en virtud de esta disposición fueren enajenadas a cualquier título o se les diere un destino distinto del específico, deberán integrarse en arcas fiscales los derechos e impuestos de los cuales este artículo libera, quedando solidariamente responsables de su integro, las personas o entidades que intervengan en los actos o contratos respectivos, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra e) del artículo 197 del D.F.L. Nº 313, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.

Artículo 9º.- Las sociedades anónimas que practiquen sus balances en fechas distintas del 30 de junio o 31 de diciembre, deberán reformar sus estatutos antes del 1° de enero de 1970, fijando como fecha de sus balances una de las dos fechas mencionadas sin que sea necesaria la autorización del Servicio de Impuestos Internos, y estableciendo como época de celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas el cuatrimestre siguiente a la fecha del balance anual.

La reforma de estatutos a que se refiere el inciso anterior deberá observarse desde el año calendario 1970, sin perjuicio de que las sociedades anónimas que practican sus balances al 31 de enero o 28 de febrero de 1969 lo hagan por última vez en dichas fechas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º transitorio de la ley Nº 17.073.

Los administradores de las sociedades anónimas podrán solicitar la aprobación suprema de las reformas señaladas, sin que sea necesaria la intervención de la Junta de Accionistas para dicha reforma.

Las escrituras públicas en que se haga la modificación de que habla el presente artículo estarán libres de impuesto, sin perjuicio de los impuestos que corresponda aplicar por otras estipulaciones que puedan contener dichas escrituras.".

Sala de la Comisión, a 28 de julio de 1969.

Acordado en sesiones de fechas 24 y 26 de junio, 1, 3, 8 10, 15 y 24 de julio de 1969, con asistencia de los Honorables Senadores señores Palma (Presidente), Ballesteros, Bossay, Garcia y Silva Ulloa.

(Fdo.): Iván Auger Labarca, Secretario.

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA AL BANCO DEL ESTADO DE CHILE PARA CONVENIR LA CONVERSION DE CREDITOS OTORGADOS DESDE LA VIGENCIA DE LA LEY 16.253, Y SOBRE FOMENTO DEL AHORRO.

Honorable Senado:Vuestra Comisión de Hacienda ha estudiado en el trámite de segundo informe el proyecto de ley, originado en la Honorable Cámara de Diputados, que autoriza al Banco del Estado de Chile para convenir la conversión de ciertos créditos y que regula diversas materias relativas al ahorro.

I.- INTRODUCCIÓN.

1.- Asistencia.

A las sesiones que vuestra Comisión destinó a esta materia concurrieron, además de sus miembros, el señor Subsecretario de Hacienda, don José Florencio Guzmán; el Jefe de Compraventas del Servicio de Impuestos Internos, don Guillermo Maturana; el Fiscal del Banco del Estado, don Jorge Mandujano; el Abogado del Banco Central, don Héctor Bórquez, y el funcionario de la Dirección de Presupuestos, señor Lee Ward.

Además, se escucharon exposiciones del señor Fiscal de la Dirección de Industria y Comercio, don Jorge Arancibia; del Jefe del Departamento de Desarrollo Cooperativo del Servicio de Cooperación Técnica, señor Lutfi Giadach; del Jefe de la División de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Fuad Rafide; del Presidente de la Confederación del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria, señor Jorge Cristi; del representante de la Cámara Central de Comercio, señor Eduardo Dagnino, y del Gerente de la Federación Nacional de Cooperativas de Consumo, señor Guillermo Rondfelt.

2.- Constancias reglamentarías.

Para los efectos de lo establecido en el artículo 106 del Reglamento, dejamos constancia de lo siguiente:

I.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: 4º (que pasa a ser Nº 4 del artículo 3º con enmiendas de mera redacción), 6° (que pasa a ser artículo 16 con enmiendas de concordancia), 8º (que pasa a ser artículo 18), 14 (que pasa a ser artículo 6º transitorio) y artículo transitorio (que pasa a ser artículo 5º transitorio).

II.- Artículos que sólo fueron objeto de indicaciones rechazadas: 2°, 9° (que pasa a ser Nº 1 del artículo 22 con enmiendas de concordancia), 12 (que pasa a ser artículo 32), 16 (que pasa a ser artículo 36), y 17 (que pasa a ser artículo 37).

III.- Artículos modificados: 1º (cuyo segundo inciso pasa a ser artículo 1° transitorio), 3º (que pasa a ser Nº 1 del artículo 3º), 5º (que pasa a ser Nº 1 del artículo 4º), 7º que pasa a ser artículo 17), 10 (que pasa a ser Nº 2 del artículo 22), 11 (que pasa a ser artículo 31), 13 (que pasa a ser artículo 34) y 18 (que se suprime).

IV.- Indicaciones rechazadas o aprobadas parcialmente:

1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 53, 55, 66, 57, 58, 59, 60 y 61 del Boletín Nº 24.536.

En consecuencia corresponde dar por aprobados los artículos indicados en el grupo I, y los del grupo II si no se renuevan oportunamente las indicaciones respectivas.

II.- PARTE EXPOSITIVA

1.- Conversión de créditos del Banco del Estado de Chile.

La indicación Nº 1, del Honorable Senador señor Castro, propone la supresión del artículo 1º.

El referido precepto, en primer término, autoriza al Banco del Estado para convenir la conversión de los créditos otorgados desde la vigencia de la ley Nº 16.253, sobre Bancos de Fomento, en créditos reajustables de fomento, siempre que dichos préstamos hayan cumplido con las finalidades establecidas en la mencionada ley.

En segundo lugar, estatuye que la convertibilidad de los créditos otorgados con anterioridad a la fecha de vigencia del proyecto en informe, será obligatoria para el Banco, cuando lo solicite el deudor.

La disposición pretende solucionar dos tipos de situaciones: permitir la conversión de préstamos ordinarios en de fomento, por no haberse podido otorgar aquéllos con el régimen de éstos al no haberse dictado oportunamente el reglamento respectivo, período que cubre 2 años, y autorizar al Banco, de manera permanente, para efectuar la referida operación cuando la naturaleza de la inversión o el deseo de aumentarla justifiquen la transformación de los primeros en los segundos.

Estas normas se fundamentan en que es injusto dar el tratamiento de crédito ordinario a préstamos de fomento que no pudieron concederse como tales por la no dictación de un reglamento, y en que es aconsejable que el Banco del Estado pueda convertir créditos ordinarios en de fomento cuando aquéllos se utilizan en las mismas finalidades que éstos.

Al respecto hay que tener presente que la legislación aplicable a los préstamos de fomento es más beneficiosa que la que regula los créditos ordinarios, como lo demuestra el cuadro siguiente:

Asimismo, para evitar cualquiera discriminación, se hace obligatoria la conversión, cuando lo pida el deudor, para aquellos créditos otorgados antes de la publicación del proyecto en informe.

También es necesario considerar que la dictación de la norma en informe es indispensable para el cumplimiento de sus finalidades, debido a que el Banco está impedido de novar la obligación préstamo ordinario por la obligación préstamo de fomento, ya que estos últimos no pueden otorgarse para pagar las primeras.

Después de un largo debate, vuestra Comisión, por unanimidad, rechazó la indicación, por estimar útil la norma contenida en el artículo.

Sin embargo, consideró que su texto no reproducía exactamente las ideas que se habían tenido presente al aprobarlo en el primer informe, es decir, autorizar al Banco del Estado para que, desde la fecha de vigencia de la ley de Bancos de Fomento y hasta que se dicte un nuevo precepto sobre la materia, pueda convertir préstamos ordinarios en créditos de fomento, siempre que aquéllos cumplan con las finalidades de éstos, como también, hacer obligatoria la conversión de los mismos créditos para el Banco, cuando lo solicite el deudor, respecto de aquéllos otorgados con anterioridad a la fecha de vigencia del proyecto, para impedir discriminaciones con las personas que no pudieron acogerse a los beneficios de los Bancos de Fomento por las razones ya expuestas.

Al mismo tiempo, se resolvió fijar un plazo de 180 días para el último caso señalado, con el objeto de que no penda sobre el Banco la referida obligación indefinidamente, ya que tal hecho puede afectar su política de colocaciones.

Por otra parte, se acordó dejar constancia que, en las dos situaciones ya referidas, es requisito fundamental para la conversión, que la inversión del préstamo ordinario cumpla con las finalidades exigidas por la ley de Bancos de Fomento, y los deudores, con los requisitos que ésta establece.

Por último, se resolvió modificar el texto del precepto en el sentido de que la conversión sólo afecta al saldo del crédito, es decir, a las cantidades adeudadas al Banco, con el objeto de evitar que la norma se interprete en orden a que las personas que se acojan a estos beneficios pueden solicitar la conversión total del crédito inicial.

2.- Reajustabilidad de los créditos de fomento en los casos de juicios de cobro.

La indicación Nº 2, del Honorable Senador señor Castro, propone la supresión del artículo 2° del proyecto, que dispone que en los juicios de cobro de los préstamos reajustables de fomento, el crédito se, liquidará por el valor que tengan las unidades de fomento a la fecha del pago, y que si el juicio fuere ejecutivo no será necesaria la avaluación previa de la obligación.

Como dijimos en nuestro primer informe, este precepto se fundamenta en que, de acuerdo a la legislación vigente, el monto del préstamo queda fijado en el momento de solicitar el mandamiento de ejecución y embargo o al procederse a la verificación del crédito en los juicios de quiebra. Como transcurre algún tiempo entre dichos instantes y el pago, los créditos dejan de ser reajustables por dicho lapso, concediéndose así un beneficio extraordinario al deudor moroso respecto del que cumple sus obligaciones.

Vuestra Comisión, por unanimidad rechazó la indicación por concordar con la fundamentación del artículo.

3.- Reajuste de las cuentas de ahorro del Banco del Estado de Chile y pago de intereses a los ahorrantes.

En seguida, se discutieron en conjunto las indicaciones número 17, 18, 30 y 31, del señor Ministro de Hacienda, y 19, de los Honorables Senadores señores Contreras Tapia y Von Mühlenbrock, que, junto con los artículos 3º 4º y 5º del proyecto de nuestro primer informe, modifican la legislación vigente relativa al reajuste de las cuentas de ahorro del Banco del Estado de Chile y al pago de intereses a los ahorrantes.

Según la ley N° 16.407 y su reglamento, que no puede ser modificado por el Presidente de la República, las cuentas de ahorro a plazo en el Banco del Estado de Chile vigentes al 31 de diciembre de cada año, se reajustan en dicha fecha, en un porcentaje no inferior al 75% ni superior al 100% del promedio de variación que tengan los índices de precios al consumidor y de sueldos y salarios del departamento de Santiago entre los meses de noviembre del año anterior y octubre del año en que se efectúe la capitalización, siempre que no registren más de dos giros en el año calendario.

El reajuste se calcula sobre los saldos diarios de las cuentas respectivas y con un límite de los mismos de uno y medio sueldo vital anual del departamento de Santiago.

Para los efectos del referido límite se consideran, en conjunto, todas las cuentas de ahorro a plazo que tenga una persona natural o jurídica.

El porcentaje de reajuste es fijado por el Directorio del Banco del Estado de Chile en el mes de diciembre de cada año, según el monto de los recursos disponibles en el Fondo respectivo, que se forma con un 0,5% anual de interés sobre las operaciones de crédito de los Bancos comerciales y del Banco del Estado, que el Fisco traspasa a la referida institución en el mes de diciembre de cada año.

En caso de no ser suficientes dichos recursos para el pago del porcentaje máximo de reajuste, la diferencia es cubierta con fondos que al efecto destina el Banco del Estado de Chile, según el mecanismo establecido en el artículo 2º de la ley Nº 16.407.

El monto del reajuste adiciona el saldo de la cuenta respectiva y con él se abren los libros para el período siguiente, o sea, el que se inicia el 1ºde enero de cada año.

Las cantidades que gozan de reajuste devengan un interés de hasta un 4% anual, que se suma a las cuentas en la misma fecha antes indicada. En igual oportunidad, se aplican los intereses que corresponden a las cantidades no sujetas a reajuste de los depósitos de ahorro a plazo y de los efectuados a la vista o bajo condición.

El proyecto de nuestro primer informe introduce las siguientes modificaciones a las normas explicadas:

a) El reajuste de las cuentas de ahorro a plazo será equivalente al 100% de la variación que tenga el índice de precios al consumidor del departamento de Santiago entre los meses de noviembre del año anterior y octubre del año en que corresponda efectuar la capitalización, siempre que no registren en el año calendario un número de giros o retiro de cantidades superiores a los que determine el Directorio del Banco con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro.

En consecuencia, el reajuste no variará entre el 75% y el 100% del promedio de variación que, en el período respectivo, experimenten los índices de precios al consumidor y de sueldos y salarios y no se perderá el reajuste por el solo hecho que se registren más de dos giros en el año correspondiente, sino que el Directorio del Banco queda autorizado para determinar la pérdida del beneficio teniendo en consideración el número de giros o las cantidades que se retiren.

b) El monto del interés de las cantidades reajustadas será el que determine el Directorio del Banco del Estado, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro, es decir, se suprime el límite de 4% que éste tenía.

Las indicaciones del Ejecutivo enmiendan el sistema expuesto en el sentido de que el reajuste y su capitalización en la cuenta respectiva se realizarán en la forma, condiciones y plazos que determine el Directorio del Banco y no como establece la ley vigente que tales operaciones se deben efectuar en el mes de diciembre de cada año, aplicando la variación de los índices de precios al consumidor y de los sueldos y salarios, o sólo al primero como dispone nuestro proyecto del primer informe, entre los meses de noviembre del año anterior y octubre del año en que se efectúe la capitalización.

Para ello, se establece que tendrán derecho a reajuste las cuentas de ahorro a plazo que se hallen vigentes al día anterior a aquél en que deba efectuarse el cálculo del reajuste, y no las existentes al 31 de diciembre, .como estatuye la ley vigente.

En seguida, se propone que el porcentaje de reajuste sea fijado en las épocas que determine el Directorio del Banco; que el fondo que lo financia sea traspasado por el Fisco a la referida institución dentro del mes anterior al que corresponde efectuar los reajustes, y que se suprima la norma que establece que se abrirán los libros para el período siguiente con los saldos reajustados de las cuentas respectivas.

Por otra parte, se propone que el beneficio se pierda cuando las cuentas registren, en el año, un número superior de giros al que determine el Directorio del Banco con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro. Según la ley vigente, dicho beneficio se pierde cuando se registran más de dos giros en el año calendario y, de acuerdo con nuestro primer informe, cuando tengan giros o retiros de cantidades superiores a los que determine dicho Directorio con aprobación de la misma Comisión.

Asimismo, proponen que los intereses de los depósitos de ahorro del Banco del Estado de Chile, cualquiera sea su naturaleza, se liquiden en las épocas que determine su Directorio, capitalizándose en las mismas los intereses devengados.

Por otra parte, proponen que el Presidente de la República pueda modificar el reglamento para la aplicación de los reajustes de las cuentas de ahorro a plazo, abiertas en el Banco del Estado de Chile, previo informe de la Comisión Nacional del Ahorro y de la Superintendencia de Bancos, facultad que no tiene en la actualidad.

A su vez, la indicación de los Honorables Senadores Contreras Tapia y Von Mühlenbrock propone la supresión del límite de 1 1/2 sueldo vital anual en los saldos de las cuentas de ahorro a plazo que tienen derecho a reajuste.

En primer término, se debatieron las disposiciones que facultan al Banco para determinar la época en que se reajustarán las cuentas de ahorro a plazo y en que se devengarán y capitalizarán los intereses de los depósitos de ahorro en la mencionada institución.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que el objetivo de las indicaciones es evitar que, en un solo día de cada año, aumenten por reajustes todas las cuentas de ahorro, como lo establece el sistema vigente, debido a que tal norma abulta sólo en dicha oportunidad el monto de los depósitos, hecho que consecuencialmente genera una distorsión de los mismos, con todas las consecuencia que esto tiene en relación con las líneas de crédito que opera el Banco. Por ello, se solicita que la mencionada institución pueda distribuir en el curso del año las diversas épocas de capitalización.

El señor Fiscal del Banco del Estado manifestó que el sistema vigente perjudica al Banco, porque todos los 31 de diciembre suben en apreciable medida y de manera artificial los montos de los depósitos por concepto de intereses y reajustes.

Agregó que el establecimiento del nuevo procedimiento para determinar las épocas en que se concederán los reajustes e intereses para las diferentes cuentas de ahorro, producirá como efecto, al fijarse por primera vez, que la capitalización respectiva se produzca por períodos superiores o inferiores a un año, pero cualquiera sea el caso, los ahorrantes recibirán los reajustes e intereses por el período completo.

Posteriormente, el pago de intereses y reajustes se regularizará, para cada cuenta, en períodos de doce meses.

El Honorable Senador señor Ballesteros puntualizó que concordaba con las proposiciones del Ejecutivo, pero que le parecía indispensable establecer en el texto de la ley que el pago de los reajustes e intereses se hará sólo una vez en cada año para cada cuenta.

El Honorable Senador señor Bossay manifestó que le parecía inconveniente establecer un sistema que permitiera al Directorio del Banco establecer que las cuentas no fueran reajustadas y capitalizados los intereses correspondientes cada doce meses.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, García y Palma y la oposición del Honorable Senador señor Bossay, acordó que los intereses de los depósitos de ahorro en el Banco del Estado se liquidarán una vez al año, en las épocas que determine el Directorio de la institución.

Asimismo, tácitamente, resolvió establecer igual norma respecto de los reajustes de las cuentas de ahorro a plazo.

En seguida, se discutió la indicación relativa a la pérdida del beneficio de reajuste de las cuentas de ahorro por registrar en el año un número superior de giros al que determine el Directorio del Banco.

El señor Fiscal del Banco del Estado expresó que la ley vigente es perjudicial para los ahorrantes, debido a que basta que efectúen dos giros en el año para que pierdan el derecho al reajuste. Por ello, el Ejecutivo propone dar mayor flexibilidad a la norma, entregando al Directorio del Banco la determinación del número de giros que produzca el efecto antes indicado.

El Honorable Senador señor Bossay dijo que la ley, sin perjuicio de establecer la referida facultad, debería contener una norma que fijara el número de giros que hace perder el beneficio.

El Honorable Senador señor Ballesteros sostuvo, además, que la facultad que el Banco tenga en esta materia debe ser ejercida de manera general y no para cada cuenta especial.

El Honorable Senador señor Palma manifestó que debía conservarse la norma contenida en el primer informe: que la pérdida de reajuste puede ser producida, además, por el retiro de determinadas cantidades de la cuenta respectiva.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó las indicaciones recaídas en esta materia con las enmiendas propuestas por los Honorables Senadores recién indicados.

Luego, tácitamente, vuestra Comisión aprobó las demás indicaciones complementarias del acuerdo ya relatado.

Seguidamente, se discutió la indicación que faculta al Presidente de la República para modificar permanentemente el reglamento sobre reajuste de cuentas de ahorro a plazo.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que esta indicación daba mayor flexibilidad a las normas reglamentarias relativas a esta materia y que, en todo caso, estaba limitada por el texto de la ley respectiva.

El Honorable Senador señor Bossay sostuvo que era inconveniente dejar entregada a la potestad reglamentaria, de una manera permanente, la regulación de una materia tan importante como es la reajustabilidad de las cuentas de ahorro a plazo.

Agregó que, sin embargo, podría facultarse al Presidente de la República para modificar, por una sola vez, el referido reglamento, para que coordine sus disposiciones con los nuevos textos legales.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación con las enmiendas propuestas por el Honorable Senador señor Bossay.,

Por último, se estudió la indicación que suprime los límites de depósitos con derecho a reajuste en las cuentas de ahorro a plazo.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que la disposición en debate desnaturaliza lo que ha sido desde un principio la esencia del sistema de ahorros del Banco del Estado: limitar los depósitos con derecho a reajuste con el fin de que se beneficien con el sistema personas de recursos modestos y medios.

El señor Fiscal del Banco del Estado dijo que, en esta materia, había que tener presente, también, que el sistema de reajuste de estas cuentas está desfinanciado, ya que, con los límites actuales, el Fisco tuvo que aportar Eº 88.000.000 para cubrir el gasto, suma que se elevaría enormemente si se suprime el referido tope.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Garcia y Palma, la oposición del Honorable Senador señor Silva Ulloa y la abstención del Honorable Senador señor Bossay, rechazó la indicación.

4.- Préstamos a imponentes de ahorro del Banco del Estado

En seguida, se discutieron las indicaciones números 20, de los Honorables Senadores señores Contreras Tapia y Von Mühlenbrock, 25 y 45, del señor Ministro de Hacienda, que se refieren a la materia indicada.

La indicación Nº 20, propone agregar una disposición que establezca que el Banco del Estado deberá destinar a préstamos para sus imponentes de ahorro el 25% de los depósitos de ahorro a la vista y a plazo, a lo menos.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la indicación distorsiona todo el mecanismo de distribución de crédito del Banco, dándole gran rigidez a sus operaciones, lo que en el hecho le impediría funcionar normalmente.

Vuestra Comisión, por unanimidad, la rechazó. La indicación Nº 25, propone agregar una disposición que haga aplicables a los préstamos controlados e hipotecarios que el Banco del Estado otorga a sus imponentes de ahorro, el impuesto a los intereses, destinando su producto a financiar el reajuste de las cuentas de ahorro a plazo.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que los préstamos controlados e hipotecarios no son reajustables y que, en consecuencia, era justo que pagaran el impuesto al igual que todos los créditos de dicha naturaleza.

La justicia del precepto es aún más evidente si se tiene en consideración que los préstamos hipotecarios que se otorgan a los imponentes de ahorro son sin reajuste y a largo plazo.

El Honorable Senador señor Ballesteros dijo que estaba de acuerdo con la idea contenida en la indicación, pero no con su texto, que permite a una institución autónoma del Estado administrar el producto del impuesto y que otorga un plazo de gracia para la aplicación del mismo.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación con las enmiendas propuestas.

La indicación N° 45, deroga el inciso segundo de la letra k) del artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco del Estado, que dispone que la tasa de interés para los préstamos hipotecarios que la referida institución otorgue a los depositantes de ahorro no podrá ser superior al término medio del interés bancario fijado por la Superintendencia de Bancos para el semestre anterior.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la indicación tenía por finalidad equiparar la tasa de interés de estos préstamos a los de las operaciones corrientes del Banco. Agregó que esta enmienda se justificaba, especialmente, porque los préstamos hipotecarios son por plazos de hasta 10 años y no reajustables. Por ello, le parecía justo que, personas beneficiadas con préstamos concedidos en condiciones tan excepcionales, pagaran por lo menos el interés normal que cobra el Banco.

Los Honorables Senadores señores Bossay y Silva Ulloa manifestaron su oposición a la indicación, debido a que los préstamos hipotecarios beneficiaban a gente modesta; sólo constituían una pequeña ayuda para la adquisición de vivienda, y, para su otorgamiento, se exige el cumplimiento de muchos requisitos.

El Honorable Senador señor García sostuvo que ser beneficiado con un crédito no reajustable y a largo plazo constituía un verdadero privilegio, que es financiado por todos los depositantes de ahorro que no tuvieron tal suerte. Por tal motivo, dijo que le parecía mínimo que tales imponentes pagaran los intereses de las operaciones normales del Banco.

El Honorable Senador señor Palma, hizo presente que los referidos imponentes, cuando eran ahorrantes, percibían reajustes; en cambio, cuando eran deudores, pagaban los créditos con moneda desvalorizada, por lo que era totalmente justo aplicarles los intereses corrientes.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, García y Palma y la oposición de los Honorables Senadores señores Bossay y Silva Ulloa, aprobó la indicación.

5.- Comercialización de diversos elementos por el Banco del Estado, exención de impuesto de timbres por sus importaciones y requisitos paira la celebración de sus contratos.

La indicación Nº 16, del señor Ministro de Hacienda, propone agregar un artículo nuevo, que autoriza al Banco del Estado de Chile para adquirir, importar y enajenar bienes muebles de equipamiento del hogar, maquinaria, herramientas y demás elementos de trabajo para sus imponentes de ahorro, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de éstos y de fomentar las cooperativas y organizaciones comunitarias, y las pequeñas industrias y talleres artesanales que éstas formen o desarrollen.

En esta materia, vuestra Comisión escuchó al señor Presidente de la Confederación Nacional del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria establecida, a un representante de la Cámara Central de Comercio y al Gerente de la Federación Nacional de Cooperativas de Consumo.

El señor Cristi, Presidente de la mencionada Confederación, manifestó que la aprobación de la indicación significaba la desaparición del comercio detallista, al concentrarse un enorme poder vendedor al detalle en el Banco del Estado de Chile.

Agregó que la pretendida comercialización trae como consecuencia inmediata, también, la disminución de los ingresos del Fisco por concepto de impuesto a las compraventas, timbres, a la renta y CORVI.

Por último, expresó que la disposición en debate agrega una nueva traba al desarrollo de la iniciativa particular en el comercio.

El señor Dagnino, representante de la Cámara antes nombrada, manifestó su oposición a la indicación, porque ella transforma al Banco del Estado en un competidor privilegiado frente al comercio privado, porque no paga impuesto a las compraventas por las transferencias que efectúa, está exento de la obligación de hacer depósitos previos para sus importaciones, y está exento de los impuestos de timbres y a la renta.

Agregó que el comercio de las referidas especies representa el 75% del que se efectúa dentro del país. Por ello, la aprobación del precepto significa la desaparición de un considerable número de empresas, con la consiguiente disminución del empleo para amplios sectores de la clase media.

Por último, dijo que dar esta atribución al Banco del Estado desvirtúa la función para la cual fue creado.

El señor Ronfeldt, Gerente de la indicada Federación, manifestó que el movimiento cooperativista tenía una amarga experiencia con las organizaciones estatales dedicadas a la comercialización de artículos, debido a que, por el volumen de sus adquisiciones, los recursos ilimitados que tienen y las exenciones tributarias de que gozan, constituyen competidores insuperables para las cooperativas.

Por tales razones, pidió el rechazo de la indicación.

El señor Fiscal del Banco del Estado expresó que las personas atendidas por dicha institución por las operaciones que se propone agregar, son modestos imponentes de ahorro a los que se les exige, además de tal calidad, una antigüedad determinada y un saldo de depósito en relación con el préstamo.

Agregó que serían beneficiadas las siguientes personas:

En cada uno de los tramos de Eº 3.000 a Eº 12.000 menos de 20.000 imponentes, y sobre Eº 12.001, sólo 11.370 cuentas.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que sólo se pretendía efectuar, con mayor expedición, operaciones que en parte efectúa el Banco, y que esta mayor expedición se fundamentaba en que el aumento extraordinario de los ahorros y del número de los imponentes, había significado que el Banco del Estado adquiriera el compromiso de atenderlos adecuadamente y de ayudarlos a elevar su nivel de vida.

En efecto, el Banco concede muchos préstamos para la adquisición de la mencionada clase de artefactos que los imponentes utilizan en el comercio, el que suele recargar sus precios alegando la demora con que se pagan, que es muy moderada y fácilmente explicable desde el punto de vista administrativo.

Asimismo, el Banco ha convenido con algunos productores que le extiendan un mandato, para que éste facture por cuenta del mandante y cobre una comisión. Respecto de estas últimas, ha habido algunas dudas en la Dirección de Impuestos Internos sobre si les afecta o no la exención de que goza el Banco en materia de impuesto a los servicios, dudas que han entrabado las operaciones, que se efectuaban de la manera descrita, y que las indicaciones pretenden resolver.

Hizo presente, además, que si se otorgaba la facultad pedida al Banco del Estado, los imponentes de ahorro se iban a beneficiar por la baja en el costo del producto, ya que obviamente al adquirirlos aquél en grandes cantidades, podía obtener mejores precios.

En consecuencia, lo que se pretende es transformar el mandato en una adquisición directa, y en sustituir el sistema de compra en el comercio particular con préstamos del Banco por compras directas.

El Honorable Senador señor Bossay expresó que no es contrario a la indicación propuesta, pero que hay que corregir su texto para que el Banco no pueda comprar privadamente, sino por medio de propuestas públicas, con el objeto de garantizar la corrección de las operaciones.

El Honorable Senador señor García manifestó su oposición a la indicación porque suprime la iniciativa privada en el comercio, aumenta la cesantía al hacer desaparecer empresas y socializa prácticamente todo el comercio detallista.

Agregó, que si se aprobaba, también disminuirían los ingresos fiscales, y que una vez desaparecida la competencia privada, bajaría la calidad de los productos, con grave perjuicio para los consumidores.

El Honorable Senador señor Ballesteros expresó que concordaba con la indicación, pero que era necesario modificarla en el sentido de exigir el trámite de propuestas públicas o privadas para la adquisición por el Banco de las mercaderías.

Vuestra Comisión, en primer término, votó la idea de legislar sobre la materia, la que fue aprobada con los votos de los Honorables Senadores Ballesteros, Bossay, Palma y Silva Ulloa, y la oposición del Honorable Senador señor García.

En seguida, resolvió dividir el precepto. Una disposición regulará la facultad respecto de la venta de elementos de trabajo para los imponentes de ahorro, y otra las transferencias a las cooperativas y organizaciones comunitarias.

El primer precepto, que se refiere a bienes muebles de equipamiento del hogar y elementos de trabajo para los imponentes de ahorro, fue aprobado con la misma votación antes indicada, suprimiéndose la frase que establece que dichas operaciones tendrán por finalidad el mejoramiento de las condiciones de vida de los imponentes, con los votos de los Honorables Senadores señores Bossay, García y Silva Ulloa, y la oposición de los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma.

La segunda norma, relativa a la adquisición de herramientas para las organizaciones comunitarias y sus socios, fue aprobada con la misma votación. Por otra parte, en esta materia, se rechazó una proposición del Honorable Senador señor Palma para que el Banco adquiera bienes de equipamiento del hogar con el objeto de transferirlos a dichas entidades y sus socios. Votaron por el rechazo los Honorables Senadores señores Bossay, Garcia y Silva Ulloa, y a favor de la proposición, los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma.

Por unanimidad, se resolvió que los referidos bienes deberán ser adquiridos por propuestas públicas, con o sin garantía, y que su importación sólo podrá ser autorizada siempre y cuando figuren en la lista de mercaderías de importación permitida del Banco Central de Chile.

En seguida, se discutió la indicación N° 21, del Honorable Senador señor Pablo, para agregar un artículo nuevo que declara que el Banco del Estado se encuentra incluido entre las instituciones eximidas en sus operaciones de importación, del impuesto que grava los documentos necesarios para efectuarlas.

El Honorable Senador señor Bossay declaró que era partidario de conceder este beneficio al Banco, pero sólo respecto de las mercaderías que interne para su propio uso, porque si se le da para todos los elementos que importe, pasaría a ser un competidor privilegiado frente a los comerciantes particulares, afectando también el ingreso fiscal por la disminución de los recursos que percibe por las aduanas.

El señor Subsecretario de Hacienda concordó con la proposición anterior y agregó que hasta ahora el Banco no había pagado tales tributos, pese a que la situación legal era discutible, por lo cual se proponía el precepto.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación, con la enmienda relatada.

A continuación, se discutió la indicación N° 23, del Honorable Senador señor Chadwick, para agregar un artículo nuevo que establezca que los Bancos Central y del Estado no podrán celebrar contratos sin previa propuesta pública, salvo aquéllos que se ofrezcan al público conforme a estipulaciones preestablecidas por los Consejos respectivos; o que correspondan a operaciones ordinarias que se celebren en virtud del reglamento que fija sus modalidades esenciales, o que sólo puedan convenirse con una determinada persona o institución.

El señor Fiscal del Banco del Estado sostuvo que la entidad que representa se opone a la indicación, porque entorpece su funcionamiento.

En efecto, si bien es cierto que sus adquisiciones de bienes muebles las efectúa a través de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, las que recaen en bienes inmuebles deben realizarse teniendo en consideración la competencia con los Bancos particulares.

El señor Bórquez, abogado del Banco Central, manifestó que la aprobación del artículo en informe produciría trastornos en el funcionamiento de la mencionada institución.

Agregó que, además, la propia disposición contiene tantas excepciones que prácticamente la hacen inaplicable, salvo para aquellas operaciones autorizadas expresamente por leyes especiales.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa estimó que, precisamente, por el carácter excepcional del precepto, éste sirve de resguardo al interés del Banco.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, García y Palma, y la oposición del Honorable Senador señor Silva Ulloa, rechazó la indicación.

6.- Pago de las diferencias producidas entre los índices de reajustes de préstamos del Banco del Estado y del Instituto de Financiamiento Cooperativo y el valor del cambio por créditos financiados con préstamos en dólares, e impuesto a los intereses de préstamos otorgados a agricultores afectados por la sequía.

Seguidamente, se discutió la indicación Nº 22, del señor Ministro de Hacienda, para agregar un artículo nuevo que declara que la diferencia que se produzca contra el Banco del Estado de Chile con motivo de los préstamos de fomento que otorgue a los agricultores de las provincias comprendidas entre Coquimbo y Arauco, con cargo al préstamo de US$ 9.575.000 suscrito con el BID, y que provengan del mayor valor del tipo de cambio en relación con la variación del índice de precios al consumidor, que determina el valor de las unidades de fomento, será de cargo del Fisco, financiándose el gasto con las utilidades que éste percibe del Banco Central.

El Honorable Senador señor Palma propuso idéntica norma respecto de las diferencias que se produzcan contra el Instituto de Financiamiento Cooperativo con motivo de los préstamos reajustables que haya otorgado u otorgue a las cooperativas, con cargo al préstamo por US$ 3.650.000 otorgado por la Agencia Internacional de Desarrollo, y que provengan del mayor valor del tipo de cambio en relación a la variación del índice que determina el reajuste de los préstamos.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que habitualmente el índice de precios aumentaba en proporciones similares al valor del cambio, pero que, en algunos períodos, se producían desajustes. Pues bien, en los casos de préstamos de fomento otorgados a agricultores de la zona afectada por la sequía, como también, de créditos reajustables al movimiento cooperativo, financiados con cargo a préstamos en dólares, no era justo que las instituciones que conceden los créditos se hagan cargo de las diferencias referidas en los mencionados períodos, como tampoco, los beneficiarios, porque en tal caso el fin perseguido con su concesión desaparece, ya que éstos no estarían en condiciones de cumplirlos normalmente.

Hizo presente, además, que el gasto era relativamente pequeño, porque ambos índices, históricamente, han aumentado en porcentajes similares.

Respecto al caso específico de las cooperativas, dijo que el Fisco había llegado a tal compromiso con el Instituto de Financiamiento de Cooperativas en el momento de contratarse el préstamo con la Agencia Internacional de Desarrollo.

Por último, expresó que era imposible hacer una proyección del gasto que significa la aprobación de la indicación, porque ello implicaba fijar la política monetaria a veinte años plazo.

El señor Giadach, Jefe del Departamento de Desarrollo Cooperativo del Servicio de Cooperación Técnica, manifestó que el Instituto es un banco de fomento de cooperativas, al cual se asocian libremente aquellas cooperativas que quieren gozar de sus beneficios.

Agregó que el IFICOOP se financiaba, siempre que se dedujera de sus gastos la diferencia motivada por los diferentes aumentos de los índices ya referidos, que en la actualidad llega a Eº 1.000.000.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Palma y Silva Ulloa y la abstención del Honorable Senador señor Ballesteros, aprobó la indicación, con la enmienda propuesta por el Honorable Senador señor Palma.

A continuación se discutió la indicación Nº 24, del señor Ministro de Hacienda, para agregar un artículo nuevo que establece que el Banco del Estado de Chile devolverá a los agricultores afectados por la sequía que hubieren efectuado operaciones con la línea de créditos que en tal sentido creó dicha institución, la diferencia entre el impuesto a los intereses que pagaron y la suma que les habría correspondido satisfacer si hubiere estado vigente el decreto que rebajó dicho impuesto para las referidas operaciones.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que mientras se tramitaba el mencionado decreto, se efectuaron 49 operaciones por un total de Eº 956.000 en la mencionada línea de crédito. Agregó que dichos deudores no fueron beneficiados por la rebaja del impuesto y que es lógico darles tal beneficio, dado que también han sido afectados por la sequía, al igual que los deudores que gozan de él.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación.

7.- Determinación del interés convencional y de la tasa de impuesto a los intereses.

La indicación Nº 26, del señor Ministro de Hacienda, propone suprimir la obligación del Banco Central de fijar semestralmente la tasa del interés máximo convencional, según el procedimiento y limitaciones establecidos en la ley. En consecuencia, si se aprueba la indicación, el Banco podrá determinar la tasa en períodos mayores o menores al indicado.

El señor Subsecretario de Hacienda explicó que sólo se modifica la oportunidad en que se fija la mencionada tasa, y que ello es necesario porqué seis meses es un período muy largo para mantenerla sin reactualizar, especialmente si se tiene en consideración la gran incidencia que tiene sobre el costo real del crédito.

Vuestra Comisión, con la sola abstención del Honorable Senador señor García, rechazó la indicación, por estimar altamente inconveniente que la tasa de interés se establezca por cortos períodos, debido a que provoca inestabilidad en los negocios, y a que su continuo aumento es un factor que fomenta la inflación.

Seguidamente se discutió la indicación Nº 29, del señor Ministro de Hacienda, para agregar un artículo nuevo que modifica la disposición que establece el impuesto a los intereses en el sentido de que su tasa no podrá exceder los porcentajes en ellos indicados, y no que será de los montos en ella establecidos.

Al respecto, hay que tener presente que la legislación vigente establece los montos máximos de dichas tasas, rebajándolos según sea la variación del índice de precios al consumidor, y facultando al Presidente de la República para rebajarlas y reponerlas, con las limitaciones máximas ya referidas.

Asimismo, que es el Banco Central el que determina las normas, según las cuales se aplican las rebajas de los topes máximos por las variaciones del índice de precios al consumidor.

El señor Bórquez, abogado del Banco Central, expresó que la indicación tiene por objeto solucionar problemas de expedición en cuanto a la determinación de la tasa del impuesto que afecta a los intereses.

En efecto, el Comité Ejecutivo del Banco Central, que determina los límites máximos según la variación del índice de precios al consumidor, de acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley, no puede rebajarlos a otras proporciones cuando lo estima conveniente, ya que ello sólo puede ser efectuado por el Presidente de la República.

Ahora bien, por muy expeditas que sean las relaciones entre el Comité Ejecutivo del Banco y el Presidente de la República, entre el momento en que aquél solicita la rebaja y éste lo resuelve y comunica, se produce un lapso de quince o más días.

Por tanto, la indicación pretende que el Comité Ejecutivo pueda fijar la tasa respectiva, sin perjuicio de que mantenga al misma facultad el Presidente de la República.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que el Ejecutivo había presentado la indicación porque estimaba que el Comité Ejecutivo del Banco Central podía también rebajar las tasas del impuesto. En el hecho, agregó, el Presidente de la República siempre ha procedido en esta materia de acuerdo con lo propuesto por el Banco Central.

El Honorable Senador señor Ballesteros manifestó su oposición a la indicación, debido a que estima inconveniente entregar a un organismo que carece de responsabilidad política la fijación de tasas de impuesto.

El Honorable Senador señor Bossay dijo que, incluso, consideraba inconveniente que el Presidente de la República pudiera rebajar tasas de impuesto, y que le parecía absurdo que tal facultad se entregara a un organismo autónomo de la administración del Estado.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Bossay, GARCIA y Silva Ulloa, y la abstención del Honorable Senador señor Palma, rechazó la indicación.

8.- Comisión Nacional de Ahorro.

A continuación, se discutieron las indicaciones números 33 a 40, del Honorable Senador señor Von Mühlenbrock, que crean la Comisión Nacional del Ahorro.

En la actualidad, por un decreto supremo, existe la referida Comisión que ejerce funciones de coordinación.

Durante la discusión del artículo 6º de nuestro primer informe, que entrega atribuciones a dicha entidad, vuestra Comisión estimó necesaria su creación legal dadas las facultades que se le otorgan, y por ello el Ejecutivo formuló las indicaciones en informe.

Estas proponen la agregación de diversos preceptos que, en primer término, crean la Comisión Nacional del Ahorro, encargada de planificar, supervigilar, coordinar, regular y estimular el funcionamiento y organización de los sistemas de ahorro de los servicios de la Administración del Estado o de entidades privadas que tengan relación con la captación y el desarrollo del ahorro nacional. Asimismo, disponen que tendrá por finalidad coordinar una política nacional del ahorro; estructurar y dirigir una campaña nacional destinada a su fomento, y coordinar las actividades relacionadas con el ahorro, especialmente en lo relativo a sus aspectos técnicos, financieros, educativos y de control.

Para el cumplimiento de los objetivos señalados, corresponderá a la Comisión realizar estudios e investigaciones sobre el estado actual y los planes de desarrollo y funcionamiento de los diversos tipos de instituciones que captan ahorro; planificar a nivel nacional una campaña de ahorro; adoptar las medidas necesarias para la debida regulación, coordinación y supervigilancia de las diversas formas de captación de los ahorros; llevar a cabo campañas de educación, promoción y difusión del ahorro en el público; proponer la más adecuada distribución de los presupuestos para fomento del ahorro del sector público; coordinar la acción de los organismos públicos y privados del fomento y desarrollo del ahorro; promover la uniformación y coordinación de la legislación respectiva; fomentar la formación de centros de estudio y adiestramiento de dirigentes y técnicos en sistemas de ahorro, y desarrollar las demás actividades necesarias para dar cumplimiento a las finalidades para las cuales se crea.

Por otra parte, se faculta a las instituciones del sector público, previa aprobación de la Dirección del Presupuesto cuando fuere procedente, para destinar hasta un 25% de sus presupuestos de publicidad, difusión o promoción, al financiamiento de la Comisión Nacional del Ahorro, la que deberá rendir cuenta anualmente de los recursos que reciba a la Superintendencia de Bancos.

La Comisión se integrará por el Ministro de Hacienda, que la presidirá; los presidentes de los Bancos Central y del Estado, de la Caja Central de Ahorros y Préstamos y de la Caja de Amortización; el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción; el Superintendente de Compañas de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio; un representante del sistema cooperativo, otro de la Confederación Nacional de la Producción y del Comercio y otro de los trabajadores.

Respecto de las autoridades y funcionarios antes indicados, se establece que podrán designar personas que los subroguen. El nombramiento del representante del sistema cooperativo se entrega a la propia Comisión, que elegirá de una terna que presentará cada dos años la Comisión Nacional Coordinadora de Cooperativas, y el de los trabajadores, a las normas que establezca la Dirección del Trabajo.

Por otra parte, se autoriza a la Comisión para constituir Comités Provinciales o Regionales.

Asimismo, se crea una Secretaría Ejecutiva, encargada de ejecutar sus acuerdos y servir de nexo y coordinador entre las diferentes entidades de ahorro y la Comisión.

Además, se estatuye que podrá solicitar a las autoridades correspondientes el personal necesario para el desarrollo de sus actividades, en comisión de servicios.

Por último, se establece que sesionará mensualmente y que tendrá potestad reglamentaria interna.

Por su parte, la indicación del Honorable Senador señor Von Mühlenbrock, propone que la Comisión se integre, además, por un representante de la Federación Nacional de Asociaciones de Ahorro y Préstamos. El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que era absolutamente indispensable la creación de un organismo que coordine la política de promoción de los diversos instrumentos de ahorro. Por ello, el Ejecutivo dictó el decreto Nº 2.590, de 25 de enero de 1967, formando la Comisión Nacional del Ahorro, pero que ésta, por la fuente jurídica de su creación, no podía desempeñar con máxima eficiencia las funciones que se le entregaron.

La necesidad de creación de la misma agregó, puede apreciarse con la sola observación de la competencia existente entre los diversos instrumentos que crean, cada día, mejores condiciones para su colocación en el público, tales como mayores intereses, mejores condiciones de reajustabilidad o de liquidez, propagandas más efectivas, etcétera. Este hecho puede producir una distorsión de las condiciones económicas en que los referidos instrumentos se emiten.

Seguidamente, manifestó que se estaba produciendo una competencia desleal entre ellos, incluso cuando eran emitidos por diversos organismos del Estado.

Al mismo tiempo, dijo, existe una presión constante para crear nuevos instrumentos de ahorro, que de aceptarse, puede producir un aumento del costo de éstos.

La creación de la Comisión por decreto supremo puso bastante orden en la materia, al dictar dicha entidad normas que han dado regularidad a los mecanismos de reajustes y de intereses y que han prohibido la alteración de los beneficios para el ahorrante sin un debate previo entre todos los organismos representados en ella.

Desgraciadamente, las atribuciones de la Comisión no son legales, por lo que no pueden ejercerse con toda la eficacia necesaria, especialmente si se tiene en consideración que existen instrumentos de ahorro de carácter privado, situación que será más grave aún por el establecimiento de un nuevo sistema de debentures reajustables de sociedades anónimas.

El funcionamiento de la Comisión, agregó, que se perfecciona si se aprueban las indicaciones, permite una planificación de la política de ahorro del Estado que suprimirá los gastos innecesarios en la promoción de cada instrumento.

Por otra parte, podrá aplicarse con mayor rapidez el convenio a que ha llegado la Comisión con el Ministerio de Educación para difundir el ahorro entre los estudiantes.

Por último, manifestó que su composición en la forma propuesta por el Ejecutivo, es suficiente garantía de que en el ejercicio de sus funciones sólo se considerará el interés general y no tendrá por objeto promover campañas con fines distintos a los señalados.

El Honorable Senador señor Bossay hizo presente que las indicaciones en debate podían entregar una poderosa arma política al Gobierno, al centralizar en un solo organismo, dominado por éste, los recursos que las diversas instituciones de la Administración del Estado gastan en propaganda y que, en consecuencia, pueden ser utilizados para presionar a los medios de difusión.

Agregó, además, que no estaba de acuerdo en crear una entidad de la Administración Pública facultada para establecer por sí misma su planta burocrática, porque al ejercerla puede crear cargos que exceden sus necesidades y desvirtúen sus fines.

En seguida, vuestra Comisión estudió separadamente cada una de las indicaciones.

La primera de ellas, crea la Comisión Nacional de Ahorro y establece sus finalidades generales.

El Honorable Senador señor GARCIA expresó que era necesaria la existencia de un organismo coordinador de los instrumentos de ahorro, pero que éste no puede estar facultado para "estructurar y dirigir una campaña nacional destinada a su fomento", porque es inconveniente la existencia de una entidad que monopolice la publicidad del sector público.

El señor Subsecretario de Hacienda contestó la referida observación, manifestando que las campañas nacionales de fomento del ahorro tienen sólo por objeto difundirlo en todos los niveles y orientar a la opinión pública entre las diversas posibilidades de inversiones. Agregó que la Comisión no tiene intención de efectuar una campaña de carácter propagandístico, sino ocupar parte de los presupuestos de las instituciones hoy existentes para coordinar la propaganda, principalmente a nivel educacional.

El Honorable señor Palma, sostuvo que la Comisión no podría ejercer presión sobre los medios de difusión, ya que sólo va a utilizar para el desarrollo general del ahorro parte de los recursos que hoy se destinan para fomentar determinados instrumentos de éste.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa manifestó que es indispensable restringir las facultades que la indicación concede a la Comisión, para evitar que se haga mal uso del organismo que se crea.

El Honorable Senador señor GARCIA sostuvo que la aprobación del artículo, sin la norma relativa a la campaña nacional de fomento del ahorro es suficientemente restrictiva, porque la Comisión sólo tendría por finalidad coordinar y regular el funcionamiento y organización de los sistemas de ahorro, y no efectuar la propaganda y publicidad, contratar empleados o realizar otros actos similares.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, García y Palma, la oposición del Honorable Senador señor Silva Ulloa y la abstención del Honorable Senador señor Bossay, aprobó el artículo, suprimiendo la frase indicada por el Honorable Senador García, con la sola abstención del Honorable Senador señor Palma.

En seguida, se discutieron cada una de las atribuciones específicas de la Comisión.

La primera de ellas, que dispone que podrá realizar estudios sobre el estado actual y sobre los planes de desarrollo y funcionamiento de los diversos sistemas de ahorro, y sobre la base de ellos dictar las medidas necesarias para el adecuado cumplimiento de sus finalidades, fue aprobada con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, GARCIA y la oposición del Honorable Senador señor Silva Ulloa y la abstención del Honorable Senador señor Bossay.

La segunda, que le permite planificar una campaña nacional del ahorro, fue rechazada, con la sola abstención del Honorable Senador señor Palma.

La tercera, le permite dictar medidas para la debida regulación, coordinación y supervigilancia de las diversas formas de captación de los ahorros.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa hizo presente que la disposición era innecesaria por estar contenida esta facultad en las normas ya aprobadas por la Comisión.

El Honorable Senador señor Ballesteros manifestó que las leyes orgánicas contenían normas específicas sobre atribuciones que estaban incluidas, naturalmente, en las finalidades generales del organismo.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, García y Palma, la oposición del Honorable Senador señor Silva Ulloa y la abstención del Honorable Senador señor Bossay, aprobó el precepto.

La cuarta, la faculta para llevar a cabo campañas de educación, difusión y promoción de] ahorro en el público.

Vuestra Comisión, con la abstención del Honorable Senador señor Bossay, aprobó esta atribución, enmendándola en el sentido de que la entidad que se crea planificará, pero no llevará a cabo dichas campañas, debido a que sus finalidades propias son las de planificación.

La quinta, la autoriza para proponer la más adecuada distribución de los presupuestos de fomento del ahorro de las instituciones del sector público.

El Honorable Senador señor Ballesteros expresó que para que la Comisión cumpla adecuadamente sus finalidades, sería necesario que aprobara los mencionados presupuestos, porque si sólo se limita a proponer la más adecuada distribución de éstos, carecería de facultades resolutivas, y las instituciones del sector público podrían o no acoger dichas proposiciones.

El Honorable Senador señor Bossay, sostuvo que la entidad que se crea sólo podía tener facultades respecto de los presupuestos globales de los organismos del sector público, ya que si así no fuera, se estarían concentrando en la referida institución la mayor parte de los gastos de publicidad del Estado, concentración que estima peligrosa por el uso que pueda hacerse de ella.

El Honorable Senador señor García hizo presente que si la Comisión no tenía facultades resolutivas, estaría impedida para limitar el exceso de gastos de publicidad en que han incurrido las instituciones de captación de ahorro del sector público.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la letra en informe, pero enmendándola para que la atribución sea la de aprobar los presupuestos globales respectivos.

En seguida, tácitamente, se aprobó que la Comisión Nacional del Ahorro coordinará la acción de los organismos públicos y privados que se ocupan del fomento y desarrollo del ahorro; que promoverá la uniformaron y coordinación de las disposiciones legales y administrativas relacionadas con las instituciones e instrumentos de ahorro, y que fomentará la formación de Centros de estudio y adiestramiento de dirigentes y técnicos en mecanismos de ahorro.

Por último, y también tácitamente, se rechazó la disposición que establece que la entidad que se crea puede desarrollar todas las actividades que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades para las cuales se establece.

A continuación, se debatió la indicación Nº 33, que financia la Comisión Nacional del Ahorro con aportes de diversas instituciones del sector público, por montos equivalentes hasta el 25% de los recursos que dispongan para gastos de publicidad, difusión o promoción.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que la Comisión se había financiado con aportes de las diversas instituciones que participan en ella.

Luego propuso, que de acuerdo al carácter que vuestra Comisión ha dado al organismo que se crea, se reduzca el aporte hasta un 15% de los mencionados presupuestos.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la indicación con la enmienda indicada.

A continuación, se discutió la composición de la Comisión.

Se aprobó, tácitamente, y sin debate, que integraran la entidad los funcionarios del Estado propuestos en la indicación, suprimiéndose de entre ellos al Presidente de la Caja de Amortización.

Asimismo, con la abstención del Honorable Senador señor Silva Ulloa, se acordó incluir en ella a un representante de la Federación Nacional de Asociaciones de Ahorro y Préstamos.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Palma propuso aumentar de uno a dos el número de representantes de los trabajadores, de modo que hubiera uno de los obreros y otro de los empleados, con el objeto de hacer participar en su seno a la gran masa, a la que precisamente van dirigidas las campañas de ahorro.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó dicho aumento.

El Honorable Senador señor Bossay sostuvo que los representantes de los trabajadores debían ser directamente designados por éstos y propuso que uno lo fuera por la Confederación de Empleados Particulares de Chile y otro por la Central Única de Trabajadores.

El Honorable Senador señor García sostuvo que si se desea una real representación de los trabajadores no debe monopolizarse la designación de sus delegados en algunas confederaciones gremiales, que aunque pueden agrupar a un número apreciable de personas, representan a una minoría dentro de la masa laboral total del país.

Por ello, propuso que el representante de los obreros sea designado por los diez sindicatos industriales más numerosos.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa manifestó que los representantes de los trabajadores debían ser designados directamente por sus organizaciones más representativas, al igual que el representante de los empleadores, como establecen las indicaciones respecto de los factores o empleadores.

Vuestra Comisión, por unanimidad, resolvió que el representante de los empleados sea designado por la Confederación de Empleados Particulares de Chile, y el de los obreros, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, García y Palma y la oposición de los Honorables Senadores señores Bossay y Silva Ulloa, por los. diez sindicatos más numerosos. La minoría de vuestra Comisión sostuvo que el representante obrero debía ser designado por la Central Única de Trabajadores.

En seguida, tácitamente, se aprobó que la entidad que se crea pueda constituir Comités Provinciales y Regionales.

A continuación, se discutió la indicación Nº 38, que crea la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional del Ahorro.

El Honorable señor Bossay manifestó que debía establecerse en la ley el número máximo de funcionarios que integrarán dicha Secretaría, porque en caso contrario podían nombrarse numerosas personas, desnaturalizando así el carácter de la Comisión.

El Honorable Senador señor Palma propuso que éstos pudieran ser hasta cinco.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación con dicha enmienda.

Luego se rechazó, por unanimidad, la indicación Nº 39, que autoriza a la Comisión para solicitar funcionarios en comisión de servicios, por estimarla absolutamente innecesaria, ya que el Presidente de la República tiene dicha facultad.

Por último, tácitamente, se aprobó la indicación N° 40, que estatuye que la Comisión sesionará mensualmente, suprimiéndose la frase que le da expresamente potestad reglamentaria interna, por ser ella de la esencia de esta clase de organismos y, en consecuencia, su mantención es una redundancia.

9.- Bonos, debentures y balances de las sociedades anónimas.

En primer término, se discutió la indicación Nº 3, del señor Ministro de Hacienda, para suprimir en la letra b) del inciso segundo del artículo nuevo, que el número 15 del artículo 10 del proyecto agrega a la ley Nº 4.657, la obligación de que las emisiones de bonos reajustables por las sociedades anónimas deban tener garantía debidamente calificada por la Superintendencia respectiva.

Según el texto de nuestro primer informe, las sociedades anónimas que deseen emitir bonos con reajuste deben cumplir con determinados requisitos, entre los cuales está que el monto del empréstito guarde relación con el volumen de sus negocios; que se encuentre suficientemente garantizada la emisión con el capital propio de la sociedad y los ingresos provenientes de sus operaciones, y que tengan, también, la garantía que el Ejecutivo propone que sea facultativa, de acuerdo a la calificación que practique la Superintendencia.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la indicación tiene por objeto disminuir el costo de las emisiones que efectúen las empresas que por su solo patrimonio ofrecen suficiente, garantía para aquéllas, dejándose entregada a la calificación de la Superintendencia el establecimiento de garantías especiales.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación.

Luego, se estudió la indicación Nº 4, del Honorable Senador señor Bulnes, para agregar una frase final al inciso primero del citado artículo nuevo, para que la Comisión Nacional del Ahorro emita, en el plazo de sesenta días, contado desde la fecha en que la Superintendencia lo solicite, el informe que dicha disposición exige para que se autorice la emisión de bonos reajustables por las sociedades anónimas.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación.

Seguidamente, se consideró la indicación Nº 27, del Honorable Senador señor Garcia, que declara que los intereses y primas que perciban los suscriptores y tenedores de bonos y debentures emitidos por las sociedades anónimas, están exentos del impuesto a los servicios.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que los intereses y primas que perciben por dichos bonos los comerciantes e industriales, están afectos al impuesto a los servicios. En cambio, cuando son percibidos por los agricultores y demás particulares que no reúnan las calidades antes señaladas, están exentos de él.

El Honorable Senador señor GARCIA sostuvo que su indicación pretendía equiparar la situación de los tenedores y suscriptores de bonos o debentures, debido a que no existe razón alguna para distinguir entre ellos, para los efectos del impuesto a los servicios, por la actividad que ejercen.

Agregó que la aprobación de su indicación significaba, también, aumentar la posibilidad de colocación de los referidos bonos.

Los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma manifestaron que concordaban con la norma contenida en la indicación, pero que se oponían a que ésta fuera declarativa, porque al darle tal carácter tendría efecto retroactivo, y no se sabe qué efectos pueda producir hacia el pasado.

Vuestra Comisión, con la sola abstención del Honorable Senador señor Bossay, aprobó la indicación, suprimiendo su carácter declarativo.

En seguida, se discutieron las indicaciones números 28, del Honorable Senador señor GARCIA,, y 47, del señor Ministro de Hacienda.

La primera parte de la indicación Nº 28 y la del Ejecutivo, proponen que los documentos que acrediten la cesión y enajenación a cualquier título de bonos y debentures de las sociedades anónimas, se graven con una tasa de 0,25%, es decir, en la misma proporción que los documentos que acreditan los mismos actos jurídicos respecto de las acciones de las sociedades anónimas o en comanditas.

El señor Subsecretario de Hacienda sostuvo que las indicaciones tenían por objeto aplicar el mismo gravamen establecido por la ley de Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado a los documentos de cesión o enajenación de los bonos o debentures de las sociedades anónimas y a los de las acciones de éstas, debido a que la legislación vigente, por falta de concordancia, grava a los documentos que acreditan la cesión o enajenación de los primeros con una tasa superior: 1,5%, distinción que carece de fundamentos.

El Honorable Senador señor Palma sostuvo que un tratamiento similar debían tener los bonos hipotecarios en general. En la actualidad, los mencionados bonos, cuando son cedidos o transferidos, pagan un impuesto con una tasa del 1,5%. Agregó que esta situación es nueva, porque los bonos que emitían los Bancos Hipotecarios eran al portador, y por tanto su cesión estaba exenta de impuestos. Cuando se autorizó a dichas instituciones a emitir bonos reajustables, los documentos que acreditan su cesión o transferencia pasaron a pagar una tasa del 1,5%.

Manifestó, seguidamente, que no había razón alguna para que estos instrumentos pagaran tasas superiores a las de las acciones y debentures de las sociedades anónimas.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó las indicaciones con la enmienda propuesta por el Honorable Senador señor Palma.

Luego, con la sola abstención del Honorable Senador señor Ballesteros, se aprobó la segunda parte de la indicación Nº 28, que establece que los títulos o promesas de debentures pagarán la misma tasa de impuesto de timbres que los títulos o promesas de acciones.

Seguidamente, vuestra Comisión, con la sola oposición del Honorable Senador señor Garcia, rechazó la indicación Nº 49, del Honorable Senador señor Bulnes.

Finalmente, se discutió la indicación Nº 46, del señor Ministro de Hacienda, que establece un procedimiento para que las sociedades anónimas que practican sus balances en fechas distintas al 30 de junio o al 31 de diciembre, reformen sus estatutos para efectuar dichos actos en una de las dos fechas mencionadas.

Para ello, se dispone que la modificación de los estatutos deberá efectuarse antes del 1° de enero de 1970, sin que sea necesaria la autorización del Servicio de Impuestos Internos; que aquéllos deberán establecer como época de celebración de la Junta General de Accionistas el cuatrimestre siguiente a la fecha del balance anual; que la reforma comenzará a regir desde el 1º de marzo de 1970; que los administradores de dichas sociedades podrán solicitar la aprobación de las mencionadas enmiendas sin que sea necesaria la intervención de la Junta de Accionistas, y que las escrituras públicas en que se efectúen estas modificaciones estarán libres de impuestos.

El señor Subsecretario de Hacienda dijo que el problema relativo a la fecha de los balances de las sociedades anónimas se debatió durante la discusión de la ley Nº 17.073, y que la indicación en informe sólo tenía por finalidad simplificar los procedimientos de las reformas que deben introducirse a los estatutos de las mencionadas sociedades para cumplir con las disposiciones de la citada ley.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la indicación.

10.- Financieras automotrices.

A continuación, se estudiaron las indicaciones números 41, del señor Ministro de Hacienda, y 43, del Honorable Senador señor Von Mühlenbrock, que establecen diversos sistemas de ahorros y préstamos para la adquisición de vehículos motorizados.

La primera de ellas, autoriza al Presidente de la República para dictar disposiciones que permitan el establecimiento de organismos privados destinados a recibir ahorros y a otorgar préstamos reajustables para adquirir vehículos producidos en el país, bajo la fiscalización de la Superintendencia de Bancos.

En uso de estas facultades podrán dictarse normas sobre su constitución, funcionamiento, disolución; capital con que deben constituirse; garantías que deben rendir; operaciones que pueden efectuar; colocaciones e inversiones que pueden realizar; encajes que deben mantener, y limitaciones y prohibiciones a que queden sujetos.

Asimismo, se autoriza al Presidente de la República para otorgar a las personas que se acojan al sistema de ahorro que se crea, las siguientes franquicias: que los reajustes de los depósitos no se consideren rentas; que los intereses que correspondan a los ahorrantes estén exentos de impuesto de primera categoría, y que los depósitos respectivos no constituyan parte del activo del patrimonio del ahorrante.

Por otra parte, establece que los mencionados depósitos que no se empleen en la adquisición de vehículos podrán ser retirados sin reajustes ni intereses; que podrán acogerse al sistema sólo las personas que hubieren satisfecho sus necesidades de vivienda, requisito que reglamentará el Presidente de la República, previo informe de la Caja Central de Ahorro y Préstamos y de la Superintendencia de Bancos, y que los textos que se dicten en uso de estas facultades podrán ser modificados por el Presidente de la República dentro de los dos años siguientes a su publicación.

La indicación Nº 43, propone la agregación de un artículo nuevo, que estatuye que las Asociaciones de Ahorro y Préstamos para la vivienda podrán otorgar préstamos reajustables para la adquisición de vehículos motorizados producidos en el país, autorizándose al Presidente de la República para dictar normas al respecto.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que era indispensable incluir en el proyecto una disposición sobre la materia, ya que según la legislación vigente pueden establecerse empresas que financien la adquisición de vehículos mediante el ahorro previo de los interesados, sin control permanente del Estado.

Asimismo, que los organismos que en tal sentido se han formado, incentivan artificialmente el mercado, extendiendo en tal grado las facilidades para la compra de vehículos, que aumenta la demanda de automóviles, incluso, por parte de sectores económicos que no están en condiciones de adquirirlos.

En seguida, expresó que es útil para el país que el capital semilla de las financieras automotrices sea aportado por los propios productores, por lo que estos organismos deben ser independientes de otros sistemas de ahorro existentes.

Agregó que el Ejecutivo va a dictar normas que establezcan sistemas de control similares a los existentes en las Asociaciones de Ahorro y Préstamos para la vivienda, tales como, determinar ciertos porcentajes de renta para pretender a un determinado préstamo y la exigencia de un ahorro previo durante cierto tiempo para tener derecho a él.

Seguidamente, dijo que la indicación propuesta por el Ejecutivo contenía los preceptos necesarios para evitar que se traspasen recursos de los sistemas de ahorro para la vivienda a las financieras automotrices.

El Honorable Senador señor Bossay manifestó ser contrario al sistema que se propone, porque la capacidad de ahorro del país es estable, aproximadamente un 14% del producto nacional. Por ello, al establecerse un nuevo sistema de ahorro, parte de los recursos que se destinan a la promoción de industrias más importantes, como es la de la construcción, pasarán a él.

Agregó que el problema que se ha presentado respecto a las actuales empresas que financian la adquisición de vehículos motorizados puede solucionarse por otras vías, como por ejemplo, prohibir su existencia o someterlas a una reglamentación específica.

Dijo, en seguida, que su oposición a la indicación estaba también fundamentada en que la proposición del Ejecutivo constituía una delegación de atribuciones del Congreso Nacional, ya que, en ella, ni siquiera se establecían las normas que según el señor Subsecretario de Hacienda inspiraban la política del Gobierno en esta materia.

El Honorable Senador señor Palma manifestó que la industria automotriz es un factor tanto o más dinámico que la industria de la construcción en el desarrollo económico.

A su juicio, es una industria multiplicadora de servicios, de altos niveles de especializaciones y de remuneraciones, como también repetidora de consumos, porque trae aparejada una gran cantidad de industrias anexas.

Por ello, agregó, es indispensable estimularla en forma activa, y una forma de hacerlo es crear instituciones que financien la colocación de los vehículos en el público por medio de ahorros y préstamos reajustables.

El Honorable Senador señor Ballesteros dijo que no estaba totalmente de acuerdo con la idea de legislar sobre la materia, pero que dado que el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados contiene una disposición muy vaga en este aspecto, le parece necesario que el Senado intente aprobar un texto más completo, ya que de no hacerlo, se corre el riesgo que la Cámara de origen imponga su criterio.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la industria automotriz es vital para el país. Su activo inmovilizado es de aproximadamente Eº 40.000.000. El monto de las inversiones comprometidas por las industrias proveedoras de piezas y partes para los años 19681969 es de US$ 20.000.000. Según los estudios de la Comisión Automotriz relativos a los valores agregados estimados para 1968, en la industria terminal, es de Eº 163.000.000, y en la proveedora, de Eº 196.000.000.

Además, ocupa alrededor de 20.000 personas.

Por otra parte, la experiencia histórica demuestra que la industria automotriz es un paso fundamental para el desarrollo económico y tecnológico y, en especial, para la creación de la industria que fabrica elementos para la agricultura.

Seguidamente, dijo que si bien el ahorro se ha mantenido estable en un 14% del producto nacional, ha habido un aumento explosivo de la capacidad de consumo en materia de bienes durables, que no se contabiliza como ahorro, lo que significa un esfuerzo considerable para mantener estable el referido porcentaje no obstante la elevación del nivel de vida.

Puntualizó, luego, que ya existen comprometidos Eº 387.000.000 en ahorro para automóviles, que están sometidos a los riesgos ya expresados.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa expresó que es contrario a la creación de las financieras automotrices, tanto porque perjudica a la industria de la construcción, como porque permite a las firmas armadoras financiar sus negocios con el ahorro del público.

Hizo presente, además, su desacuerdo con la norma que dispone que los depósitos se retirarán sin reajustes ni intereses, debido a que ello significa un beneficio más para las financieras, ya que los depositantes que por cualquier motivo no puedan adquirir vehículos perderán parte de su dinero.

Por último, expresó que si estas entidades se crean, los intereses que den a los ahorrantes deben quedar gravados con el impuesto a la renta, y que debe solucionarse expresamente el problema creado por los actuales organismos de comercialización.

El Honorable Senador señor Bossay sostuvo que si se aprueba la indicación deben establecerse los debidos resguardos para no perjudicar al ahorro para la vivienda y para evitar que el público financie a las empresas armadoras.

El Honorable Senador señor GARCIA dijo que era necesario legislar para solucionar la situación existente, asegurando a las personas que ahorran para adquirir vehículos que sus recursos están debidamente protegidos.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, García y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Bossay y Silva Ulloa, aprobó la idea de legislar sobre la comercialización y financiamiento de la industria automotriz.

A continuación, el señor Subsecretario de Hacienda presentó una redacción sustitutiva de la indicación en informe.

El nuevo texto, expresó el señor Guzmán, contiene diversas nuevas ideas que fueron sugeridas durante la discusión, que principalmente son las siguientes:

1.- Diferencia de denominación.- Se propone que las entidades que se crean se denominen "Financieras Automotrices", para evitar toda confusión entre ellas y las Asociaciones de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, como asimismo, entre los valores que emitan unas y otras.

2.- Exclusividad en la realización del negocio.- Se estatuye que sólo a través de los referidos organismos podrá financiarse mediante ahorros previos y préstamos reajustables, la adquisición a plazo de vehículos nuevos o armados en el país, dejando libre la comercialización del resto de los vehículos, y la colocación de todos ellos por otros sistemas.

3.- Supresión de las franquicias a los depositantes.- Se establece como única franquicia que el reajuste de depósitos no constituirá renta.

4.- Destino de los reajustes e intereses perdidos por los ahorrantes al retirar sus depósitos sin haber adquirido un vehículo.- Se estatuye que los fondos que se acumulen por tal motivo bonificarán el precio de los vehículos que se vendan a quienes terminen sus operaciones.

Los Honorables Senadores señores Bossay y Silva Ulloa manifestaron que participarían en la discusión del nuevo texto, aunque mantenían su oposición en general a la disposición.

En seguida, vuestra Comisión acordó discutir aquellas normas que fueran objetadas por sus miembros.

En primer término, el Honorable Senador señor Silva Ulloa sostuvo que la disposición relativa a las normas que se dictarán en uso de las facultades, debe ser redactada de manera imperativa, porque en caso contrario se dejaba al solo arbitrio del Presidente de la República su promulgación.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la enmienda referida.

A continuación, el Honorable Senador señor Silva Ulloa sostuvo que la indicación no solucionaba el problema que presentan los actuales organismos de comercialización de los vehículos motorizados.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que la referida objeción podía salvarse agregando entre las normas que deberá dictar el Presidente de la República, disposiciones que establezcan que las personas que a la fecha de publicación del proyecto estén realizando las operaciones reguladas por este precepto, deberán adaptarse a las reglas que se dicten o proceder a su disolución.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa sostuvo que tal norma no tendría efectos prácticos si el proyecto no establecía una sanción a quienes no cumplieran con ellas.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la proposición del señor Subsecretario de Hacienda, adicionándola en el sentido de que los dueños y administradores de las referidas entidades que no cumplan con las mencionadas obligaciones serán considerados autores del delito de estafa.

Luego, el Honorable Senador señor García manifestó su oposición al precepto que estatuye que se pierden los reajustes e intereses correspondientes a las personas que retiren los depósitos sin adquirir vehículos, cualquiera sea el destino que se les dé a aquéllos.

Fundamentó su posición en que es injusto sancionar a los ahorrantes que por enfermedad, accidente, muerte, etc., no puedan cumplir con la finalidad que tuvieron al hacer sus depósitos, beneficiando a su cargo a quienes no tuvieron las mencionadas emergencias.

Agregó que, por lo demás, nadie iba a depositar ahorro puro en las financieras automotrices, porque carecían de franquicias tributarias los intereses que otorgaran.

Vuestra Comisión, tácitamente, resolvió que los depósitos correspondientes podrán ser retirados total o parcialmente, con sus reajustes e intereses, por los ahorrantes respectivos.

En seguida, el Honorable Senador señor Bossay manifestó su oposición a la autorización que se concede al Presidente de la República para modificar, durante el plazo de dos años, contado desde las fechas de sus publicaciones, los textos que dicte en virtud de las facultades que se le conceden, por estimar que las mencionadas atribuciones van a producir inseguridad en los inversionistas y ahorrantes del sistema que se crea.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa sostuvo que debía fijarse un plazo al Presidente de la República para que ejerza las facultades que se le dan, y otro más para que modifique los decretos con fuerza de ley respectivos.

Vuestra Comisión, tácitamente, acordó proponeros que las facultades que se concedan al Presidente de la República deben ser ejercidas dentro de los seis meses siguientes a la publicación del proyecto, y que las modificaciones de los textos respectivos que estime pertinentes, deberán ser efectuadas dentro del plazo de seis meses contado desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Las demás disposiciones propuestas por el Ejecutivo en esta materia fueron aprobadas tácitamente.

Como consecuencia de los acuerdos anteriores, se rechazó la indicación Nº 43.

11.- Patentes Municipales.

En primer término, se discutieron las indicaciones números 5, de los Honorables Senadores señores Chadwick, Rodríguez y Tarud, y 6, del Honorable Senador señor Contreras Tapia, para sustituir el artículo 9º de nuestro primer informe por el artículo 12 del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados.

Según la legislación vigente, las patentes industriales y comerciales y las de expendio de bebidas alcohólicas se recargan en un cinco por mil calculado sobre el capital del negocio. Sin embargo, el monto de aquéllas más el de éste, no puede ser superior a 200 sueldos vitales mensuales, y se aplican a las empresas que tienen un capital superior a Eº 500.

En el proyecto de nuestro primer informe, se aumenta la exención del recargo a los negocios que tengan un capital de hasta seis sueldos vitales mensuales del departamento de Santiago.

Las indicaciones proponen suprimir el límite máximo (200 sueldos vitales mensuales), y fijar la exención en un sueldo vital anual.

Vuestra Comisión, por unanimidad, rechazó las indicaciones, por las razones que expusimos en nuestro primer informe.

En seguida, se discutió la indicación Nº 7, de los Honorables Senadores señores Contreras, Chadwick, Rodríguez y Tarud, para sustituir el primer inciso que el artículo 10 del proyecto de nuestro primer informe agrega al artículo 54 de la ley Nº 11.704.

Según la legislación vigente, el recargo a las patentes a que hemos hecho recién referencia se aplica sobre el capital del negocio, sin definir qué se entiende por tal.

El artículo 10 del proyecto de nuestro primer informe establecía que dicho capital será el "capital propio del contribuyente, definido por el artículo 35 de la ley N° 15.564 sobre Impuesto a la Renta".

El citado precepto legal establece que "se entenderá por capital propio del contribuyente, el patrimonio líquido que resulte a su favor como diferencia entre el activo y el pasivo exigible en el balance respectivo, sin tomar en cuenta las utilidades o pérdidas del ejercicio, debiendo rebajarse previamente del activo los valores mobiliarios, como asimismo los valores intangibles, nominales, transitorios y de orden y otros que determine la Dirección Regional y que no representen inversiones efectivas".

La indicación propone que el recargo se aplique sobre el capital efectivo con que gire el negocio de cada año, concepto definido por el Nº 12 del artículo 2º de la ley de impuesto a la renta.

El precepto citado define al capital efectivo como "el total del activo con exclusión de aquellos valores que no representen inversiones efectivas, tales como valores intangibles, nominales, transitorios y de orden".

Un precepto similar contenía el artículo 13 del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados.

La proposición de enmienda consiste, esencialmente, en establecer un concepto de capital que aumenta los recursos que lo constituyen, para que sobre él se aplique el recargo a la patente.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó su oposición a la indicación, debido a que en el concepto de capital efectivo del contribuyente se incluyen rubros financiados con créditos.

En consecuencia, a su juicio, resulta injusto aplicar una patente sobre bienes que en el fondo no pertenecen al afectado.

Vuestra Comisión, por unanimidad, rechazó la indicación.

Luego, se estudió la indicación Nº 8, de los mismos señores Senadores recién nombrados, que aumenta de un 20% a un 50% el porcentaje que, de los mayores recursos que obtengan las Municipalidades por concepto de la modificación de la legislación sobre patentes, dichas Corporaciones deberán destinar a incrementar el ítem de obras de adelanto local de cada comuna.

El mayor ingreso se produce debido a que la aclaración del concepto de "capital del negocio" impedirá en el futuro que algunos contribuyentes paguen el recargo a la patente sobre su capital nominal, lo que implica una disminución de la base de su cálculo, como también, de que las declaraciones sobre el capital propio se efectuarán anualmente y no cada cinco años como establece la legislación vigente.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación.

A continuación se discutió la indicación N° 15, de los Honorables Senadores señores Contreras, Chadwick, Rodríguez y Tarud, para agregar un artículo transitorio nuevo que establezca que el monto del recargo de las patentes que resulte de aplicar las modificaciones contenidas en el proyecto, no podrá ser inferior, en ningún caso, al determinado por las Municipalidades de acuerdo a la legislación vigente.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la indicación conserva en la práctica los diversos criterios que han tenido las Municipalidades para determinar la base de cálculo del recargo a las patentes, que la Comisión solucionó en la forma antes indicada.

Agregó que no era lógico mantener diferentes interpretaciones de la ley correspondiente para la aplicación de un gravamen, especialmente si se considera que el litigio se resuelve por el proyecto.

El Honorable Senador señor GARCIA sostuvo que la indicación conservaba el injusto sistema que rige en la actualidad, según el cual se paga más o menos patente según sea el criterio de la Municipalidad respectiva.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, GARCIA y Palma y la abstención del Honorable Senador señor Bossay, rechazó la indicación.

Por último, se debatió la indicación Nº 57, del Honorable Senador señor Bulnes, relativa a patentes municipales, y que contiene dos ideas fundamentales.

La primera de ellas, establece que para el pago de las mencionadas patentes, en los casos en que el contribuyente no pudiere acreditar su capital en forma fehaciente por no llevar contabilidad, la estimación la hará el Servicio de Impuestos Internos.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que era útil establecer un procedimiento para determinar el capital del contribuyente en el caso indicado y para los referidos efectos, pero que el Servicio de Impuestos Internos carecía de la posibilidad material para establecer la estimación respectiva, por lo que propuso que ésta fuera efectuada por la respectiva Municipalidad.

El Honorable Senador señor Bossay manifestó su acuerdo con la proposición del señor Subsecretario, siempre que se estableciera que el contribuyente pudiera reclamar de la resolución de la Municipalidad ante el Director Regional de Impuestos Internos respectivo.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la parte en informe de la indicación, con las enmiendas relatadas.

La segunda idea contenida en la indicación propone que el capital propio sobre el cual se calcula la patente, se descuente aquella parte que se encuentre invertida en otras empresas que también pagan patente municipal.

El señor Subsecretario de Hacienda dijo que la idea propuesta es justa, porque impide que se pague dos veces patente municipal por un mismo capital.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la indicación.

12.- Modificaciones a la Ley General de Cooperativas.

A continuación, se discutió la indicación Nº 51, del señor Ministro de Hacienda, que introduce diversas modificaciones a la Ley General de Cooperativas, contenida en el D.F.L./R.R.A. Nº 20, de 1963, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. Nº 326, de 1960.

Dicha indicación se refiere, en su primera parte, al sistema general aplicable a las diversas clases de cooperativas, y en la segunda, al régimen particular de las cooperativas de ahorro y crédito.

I.- Modificaciones al sistema general aplicable a las diversas clases de cooperativas.

En primer lugar se consideraron las letras a) a e) de la indicación precedentemente referida, que sustituyen a las "acciones" como expresión de la participación de los socios en el capital social de las cooperativas por "aportes de capital".

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que el concepto que hoy día existe de acción, con un valor nominal fijo, no corresponde a la naturaleza de los aportes que se efectúan a las cooperativas, que son por cantidades de dinero o bienes, las que tienen que acomodarse artificialmente a un determinado número de acciones.

El valor nominal fijo se modifica anualmente con la revalorización, pero la rigidez que el sistema envuelve no se concilia con la naturaleza de la cooperativa.

Señaló que la modificación que introducen las letras en análisis de esta indicación, carecía de efectos en materia tributaria, pues las cooperativas gozan de amplias exenciones que se conservan. Añadió que existe un informe favorable del Servicio de Impuestos Internos respecto del cambio de denominación que se propone.

La letra a) reemplaza la palabra "acciones" en diversos artículos de la Ley General de Cooperativas por la expresión "aportes de capital", que son los siguientes:

- Artículo 25.- Esta disposición se refiere a la facultad de los socios para retirarse de la cooperativa cuando lo estimen conveniente, y las limitaciones que la afectan. La norma que se modifica dice relación con el carácter facultativo que para las cooperativas tiene el condicionar la restitución de los aportes a la existencia de saldo suficiente en el fondo de devolución de "acciones" de que trata el artículo 49, que pasa a llamarse fondo de devolución de "aportes de capital";

- Artículo 26.- Este artículo establece las características del capital de las cooperativas, señalando que será variable e ilimitado, a partir del mínimo que fijen los estatutos y se formará con las sumas que paguen los socios por la suscripción de sus acciones. La modificación que se introduce consiste en la sola sustitución de la palabra "acciones" por "aportes de capital" como denominación de dicha suscripción;

- Artículo 49.- El precepto que se modifica establece la destinación del remanente que se produzca en las cooperativas en diversos fondos determinados. Uno de dichos fondos, como se expresara precedentemente, llamado de "devolución de acciones", en virtud de esta modificación pasa a ser de "devolución de aportes de capital";

- Artículo 56.- La presente norma exime del impuesto a la renta de la ex segunda categoría, hoy primera categoría, al interés que los socios reciban sobre sus acciones y cuotas de ahorro. La modificación que se introduce sustituye la referencia a las "acciones" por la que se hace a los "aportes de capital".

- Artículo 59.- Este artículo obliga a los habilitados del sector público y a los pagadores de instituciones y empresas particulares a efectuar descuentos en las planillas de pago a favor de las cooperativas de consumo y de vivienda, los cuales podrán referirse a la suscripción de acciones, cuotas de ahorro y adquisición de mercaderías, según corresponda. La modificación que se introduce tiene por objeto sustituir la referencia a la suscripción de "acciones" por la de "aportes de capital".

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la letra a).

La letra b) modifica el artículo 33, que establece que la Dirección de Industria y Comercio fijará los porcentajes máximos que se permitirá aceptar a cada cooperativa en cuotas de ahorro en relación con "las acciones pagadas", sustituyendo la referencia que a éstas se hace por otra a "los aportes de capital efectuados".

Al respecto hay que tener presente que el artículo 26 de la ley general de cooperativas distingue entre el "capital" y el "patrimonio" de dichas entidades, señalando que el primero se formará con las sumas que paguen los socios por la suscripción de sus aportes de capital, y el último estará constituido por el capital, las cuotas de ahorro, los fondos de reserva, los fondos colectivos y los excedentes no distribuidos.

Las cuotas de ahorro de las cooperativas, en consecuencia, tienen un carácter financiero muy especial, ya que por una parte son créditos del socio en contra de la cooperativa, que usando un símil un tanto impropio podrían compararse con los debentures o bonos, y por otro, integran el patrimonio de la institución emisora en forma activa, en lugar de considerarse dentro del pasivo exigible.

Estas cuotas de ahorro- que pueden ser emitidas por diversas clases de cooperativas- ganan reajuste e intereses, de acuerdo con los artículos 33 y 34 de la ley, y no deben confundirse con los depósitos de ahorro en las cooperativas de ahorro y crédito, que constituyen aportes de capital y no créditos.

Como la emisión de estas cuotas puede afectar la capacidad económica de las cooperativas, se entrega a la Dirección de Industria y Comercio la fijación de los porcentajes máximos que puede emitir cada cooperativa en relación, ahora, con los aportes de capital pagados.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la letra b).

La letra c) reemplaza las palabras "las acciones" por la expresión "los aportes de capital" en los siguientes artículos de la Ley General de Cooperativas:

- Artículo 35.- Esta disposición consulta un título ejecutivo especial para el cobro judicial de saldos insolutos de "las acciones", expresión que se sustituye por "los aportes de capital";

- Artículo 57.- Este artículo contempla la liberación de todo impuesto por el aumento del valor nominal de "las acciones" y cuotas de ahorro, la revalorización del capital propio y la devolución de excedentes, sustituyéndose la mención de las primeras por otras a "los aportes de capital".

Esta exención total de impuestos debe entenderse sin perjuicio de las excepciones establecidas en el artículo 1º de la ley 17.073 respecto del impuesto global complementario;

- Artículo 80.- Esta disposición, incluida dentro del título III de la ley, relativa a las cooperativas campesinas, establece que las personas naturales o jurídicas dueñas o arrendatarias de los predios en que las cooperativas campesinas desarrollen sus actividades que pueden ser sodas de las cooperativas referidas no podrán gozar de los beneficios y servicios que aquéllas otorguen a sus socios, salvo algunas prerrogativas económicas, dentro de las cuales se encuentra la devolución del valor de "las acciones", que corresponden a "los aportes de capital", designación que las sustituye;

- Artículo 4º transitorio.- Este artículo dispuso una revalorización del capital propio de las cooperativas existentes a la fecha de publicación de la ley, que se expresaría en una variación del valor nominal de "las acciones", que son reemplazadas por "los aportes de capital".

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la letra c).

La letra d) modifica el artículo 62 de la ley, que faculta a las instituciones de previsión de empleados y obreros que proporcionan préstamos a sus imponentes, para facilitarlos con el fin de que éstos adquieran acciones de las cooperativas de consumo y vivienda que sean formadas exclusivamente por imponentes de la Caja respectiva, sustituyendo la mención a la adquisición de acciones, por otra a que efectúen aportes de capital.

La letra e) modifica el artículo 98 de la ley, que establece ciertos requisitos de aporte mínimo en acciones y cuotas de ahorro para los socios de cooperativas de vivienda en orden a la realización de sus finalidades, sustituyendo la referencia a un aporte mínimo "en acciones" por otra a uno "de capital".

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó ambas letras.

La letra f) sustituye el artículo 30 de la ley, que establece las características de las acciones de las cooperativas, disponiendo que ellas serán nominativas e indivisibles, y su transferencia, que debe ser aprobada por el Consejo de Administración, no podrá hacerse a un precio superior al de su valor nominal, y prohíbe la existencia de acciones liberadas y privilegiadas a ningún título.

El señor Subsecretario de Hacienda explicó que la disposición que se propone tiene las siguientes diferencias con las normas actuales:

- Por razones de concordancia, se reemplaza la expresión "acciones" por "aportes de capital";

- En cuanto a la divisibilidad de los aportes, la norma vigente establece la indivisibilidad de las acciones, dado que son partes alícuotas del capital social. Sin embargo, al transformarse éstas en aportes de capital, los cuales podrán tener montos diversos, desaparece la razón de la indivisibilidad;

- Finalmente, en lo que respecta a la transferencia de las acciones o aportes de capital, señaló que en la actualidad, al producirse una transferencia o rescate de acciones, se paga el valor nominal, que se va modificando anualmente con las revalorizaciones que se incorporan necesariamente a él. Al desaparecer el valor nominal, el valor de rescate o transferencia va a ser el valor depositado más las revalorizaciones que le correspondan, descontándose las cuotas de las eventuales pérdidas que existan, lo que no se decía en la ley actual y que es de estricta lógica.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la letra f).

La letra g) sustituye los incisos segundo tercero del artículo 31 de la ley, que disponen que la revalorización del capital propio de las cooperativas se expresará en una variación del valor nominal de sus acciones, y que para los efectos de la determinación de dicho capital no se computarán reservas y excedentes.

El señor Subsecretario de Hacienda explicó que el precepto sustitutivo dispone que la revalorización se suma al capital aportado, y no al valor nominal que ahora desaparece. Además, que dicha operación se efectuará de acuerdo con las normas que dicte la División de Cooperativas, centralizándose en ella actuaciones que se dividían entre la Dirección de Industria y Comercio y el Servicio de Impuestos Internos, y que se fija una norma de permanencia en los aportes de los socios hasta el cierre del ejercicio anual para que tengan derecho a la revalorización.

Agregó que en relación con el cálculo del capital propio, hasta ahora no se computaban las reservas de las cooperativas, que la indicación incluye por pertenecer efectivamente a éstas, quedando excluidos solamente los excedentes, porque pertenecen al socio.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la letra g).

La letra h) modifica el artículo 33 de la ley, que como ya se expresara, establece que la Dirección de Industria y Comercio fijará los porcentajes que se permitirá aceptar a cada cooperativa en cuotas de ahorro en relación a los aportes de capital efectuados; dictará las normas generales y obligatorias para cada clase de cooperativas respecto al reajuste anual de estas cuotas, que se determinará por la fluctuación del índice de precios al por mayor que fije la Dirección de Estadística y Censos, optando por el que sea más bajo, y vigilará que su destino se ajuste a los acuerdos de la Junta General de Socios.

El señor Subsecretario de Hacienda explicó que la indicación armoniza el sistema de cuotas de ahorro de las cooperativas con los demás existentes en el país, al disponer el informe favorable previo de la Comisión Nacional del Ahorro a la dictación por la Dirección de Industria y Comercio de las normas de reajuste de tales instrumentos. Asimismo, se suprimen las reglas específicas respecto a fluctuación de índices que contempla la ley actual, quedando la determinación de su reajuste al arbitrio del citado organismo.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la letra h).

La letra i) sustituye el artículo 34 de la ley, que contiene dos ideas:

Dispone que el interés que ganen las acciones y cuotas de ahorro no podrá ser superior a un 7% anual, y

Establece que dicho interés se calculará sobre la base del valor nominal reajustado que tengan las acciones y cuotas en el ejercicio con cargo al cual se distribuye el interés.

La indicación reemplaza, en la primera idea, la mención a las acciones por otra a los aportes de capital, y suprime la segunda.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que en su opinión la limitación del interés en un 7% anual resultaba arbitraria, ya que dicha tasa depende en definitiva de las condiciones del mercado de capitales, por lo que estima sería conveniente suprimir dicho tope, y dejar su fijación de acuerdo con las normas generales en manos de la División de Cooperativas, con informe de la Comisión Nacional de Ahorro.

El Honorable Senador señor Silva propuso que la tasa de interés fuera fijada por la División de Cooperativas, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro.

El Honorable Senador señor Ballesteros opinó que era inadecuado fijar por ley un interés rígido.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Bossay y Silva, la oposición del Honorable Senador señor Palma, y la abstención del Honorable Senador señor GARCIA, aprobó la enmienda propuesta por el Honorable Senador señor Silva. El Honorable Senador señor Palma fundó su voto en que era necesario establecer un límite máximo de interés, atendidos los sectores que sirven las cooperativas y, en consecuencia, se manifestó partidario de mantener la indicación en esta parte.

Seguidamente, se consideró una indicación del Honorable Senador señor Pablo, que prescribe la renovación completa de los Directorios o Consejos de Administración de las sociedades cooperativas, y de las Confederaciones, Uniones, Federaciones y sociedades auxiliares de cooperativas.

El señor Subsecretario de Hacienda dijo que en el hecho todas las sociedades anónimas tienen sistemas de renovación completa de sus Directorios.

El Honorable Senador señor GARCIA expresó que dicha norma había sido de efectos beneficiosos en materia de representación de sectores para las cooperativas e instituciones anexas.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la indicación.

II.- Modificaciones al sistema particular de las cooperativas de ahorro y crédito.

Las letras j) y k) de la indicación 51 modifican el régimen general de las cooperativas de ahorro y crédito.

La primera de ellas sustituye el artículo 106 de la ley, que establece que se denominan cooperativas de ahorro y crédito las cooperativas de servicio que tengan por finalidad recibir ahorros y depósitos, realizando en beneficio de sus socios operaciones de préstamos. Asimismo, que un reglamento dictado por el Presidente de la República determinará la forma y requisitos con que puedan recibir depósitos de personas que no sean socios.

La indicación omite a la recepción de depósitos de la mención relativa a la finalidad de estas cooperativas, y contempla la posibilidad de que los préstamos que concedan sean reajustables o no.

Además, condiciona el reglamento que dicte el Presidente de la República al informe favorable previo de la Comisión Nacional del Ahorro, y extiende su ámbito no solamente a la determinación de la forma y requisitos con que puedan recibir los depósitos de personas que no sean socios, sino también a la regulación de la recepción y otorgamiento de dichos ahorros y préstamos.

El señor Subsecretario de Hacienda explicó que mediante esta letra se pretende regularizar el sistema de ahorro y crédito cooperativo, otorgándole condiciones de reajustabilidad favorables, que permitan su expansión y desarrollo.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la letra j).

La letra k) sustituye el artículo 110 de la ley, que estatuye que el interés máximo que las cooperativas de ahorro y crédito pueden exigir sobre los préstamos es del 1% mensual y el interés máximo que pueden pagar sobre los depósitos de ahorro es del 7% anual, y que tales intereses están exentos de los impuestos que les sean aplicables; además, que la Dirección de Industria y Comercio puede autorizar un aumento de estos porcentajes, y que en estas cooperativas la distribución de excedentes se calcula sobre las operaciones de crédito realizadas con los socios.

La indicación, por su parte, agrega los conceptos de reajustes y revalorizaciones al de interés máximo que las cooperativas de ahorro y crédito podrán exigir sobre sus préstamos o abonar sus aportes de capital y depósitos o cuotas de ahorro, y dispone que todos ellos serán fijados por la División de Cooperativas de la Dirección de Industria y Comercio, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro. Agrega, que tales intereses estarán exentos de los impuestos que les sean aplicables, con excepción del impuesto global complementario.

En consecuencia, suprime los límites de intereses actualmente en vigencia, y entrega su fijación a la Dirección de Cooperativas de la Dirección de Industrias y Comercio, en lugar de mantenerla en esta última, condicionándola sí al informe favorable previo de la Comisión Nacional del Ahorro.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la letra.

13.- Cheques y letras.

En seguida, se discutió la indicación Nº 32, del señor Ministro de Hacienda, que modifica la legislación vigente sobre cheques.

Primeramente, dispone que si se tachare cualquier mención impresa que contenga el cheque que no sean las cláusulas "a la orden" o "al portador", dicha tacha no producirá efecto alguno.

En consecuencia, si se borra la mención "Eº", la serie y número respectivo, él nombre del Banco, etcétera, de aprobarse la indicación, el cheque no se anulará.

El Honorable Senador señor García sostuvo que la indicación es sumamente útil, porque impide que se perjudique el portador legítimo de un cheque por defectos sin importancia en su giro.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la disposición en informe.

En segundo lugar, estatuye que si en el cheque no se indica el lugar del giro, se le presume extendido en la plaza en que funciona la oficina sobre la cual fue girado.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó el precepto.

Por último, faculta a los Bancos para autorizar a determinadas personas para estampar en sus cheques, por procedimientos mecánicos, la cantidad girada y la firma, siempre que a su juicio dichos procedimientos ofrezcan seguridad, y que se justifique su necesidad por el elevado número de cheques que deba firmar el librador.

El Honorable Senador señor García sostuvo que la norma propuesta constituye un gran adelanto en nuestra legislación, debido a que termina con la ficción a que deben recurrir instituciones y empresas de los sectores público y privado para girar cheques, cuando por sus actividades deben hacerlo en grandes cantidades: el nombramiento de un apoderado, que, no teniendo mayores responsabilidades dentro de la entidad respectiva, se dedica exclusivamente a firmar los referidos documentos.

Los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma sostuvieron que el texto debía contener los debidos resguardos para dar seriedad a los cheques que se giren según el mencionado procedimiento.

Para ello, propusieron que la calificación para autorizar el procedimiento mecánico correspondiera a la Superintendencia de Bancos.

El Honorable Senador señor Bossay, por su parte, sostuvo que la indicación, conjuntamente con la enmienda recién transcrita, moderniza nuestra legislación en la materia.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la regla en debate con la enmienda propuesta.

En seguida, tácitamente, aprobó la indicación Nº 52, del señor Ministro de Hacienda, para agregar una disposición al Código de Comercio que estatuya que los endosos de los documentos efectuados en favor de instituciones bancarias podrán hacerse estampando el nombre del cedente por procedimientos mecánicos, sin necesidad de firma.

Por último, se debatió la indicación Nº 44, del señor Ministro de Hacienda, para agregar un artículo nuevo que establezca que tendrán mérito ejecutivo las letras de cambio y los pagarés a la orden del Banco del Estado aceptados o suscritos por un analfabeto, cuya impresión digital haya sido autorizada por un Notario Público o por un Oficial de Registro Civil en las localidades donde aquél no exista.

La indicación enmienda la legislación vigente al permitir la aceptación de letras y la suscripción de pagarés a la orden del Banco del Estado por medio de la impresión digital del analfabeto en el documento respectivo, estableciendo como requisito de su validez la autorización de los referidos funcionarios. Al mismo tiempo, le da mérito ejecutivo a los mencionados documentos aceptados o suscritos en la forma indicada.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que la indicación tenía por objeto facilitar las operaciones del sector agrícola del Banco del Estado con los campesinos.

El Honorable señor Bossay propuso que la norma se extendiera a los referidos documentos que se acepten o suscriban a la orden de las instituciones bancarias en general y de las estatales de crédito, con el objeto de cumplir íntegramente con la finalidad expresada por el Gobierno.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la idea del Honorable Senador señor Bossay.

14.- Impuesto de Timbres a los contratos de compraventa a plazos con prenda de cosas muebles.

Luego, se estudió la indicación Nº 48, del Honorable Senador señor Bulnes, para agregar un artículo nuevo que modifica la forma en que se paga el impuesto con que la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado grava la extensión de los contratos de compraventa a plazo con prenda de cosas muebles.

Según la legislación vigente, dichos contratos deben extenderse en papel sellado de Eº 6,35. La indicación propone que también puedan ser extendidos en formularios en blanco que presenten los contribuyentes con un timbre fijo en cada hoja por la mencionada cantidad.

El señor Subsecretario de Hacienda explicó que la norma en debate es útil porque muchos comerciantes, en el momento en que se exigió que los referidos contratos se extendieran en papel sellado, tenían acumuladas grandes cantidades de formularios en blanco para dicho fin, que han quedado sin poder usarse por la referida exigencia.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación.

15.- Impuesto a la renta a, las utilidades que corresponden a los partícipes de fondos mutuos.

A continuación, se discutió la indicación Nº 50, del señor Ministro de Hacienda, que incluye entre los ingresos que no constituyen renta a las mencionadas utilidades que los partícipes inviertan en la adquisición de nuevas cuotas del mismo fondo, siempre que la inversión respectiva se mantengan ininterrumpidamente durante cinco años a contar de la fecha en que pueden retirarse las utilidades correspondientes.

Los rescates de cuotas del fondo que efectúen los partícipes se considerará que corresponden a las utilidades del año más antiguo que se hayan invertido en el mismo fondo para los efectos del impuesto a la renta.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la indicación tiene por objeto dar el mismo tratamiento tributario a las acciones liberadas que emiten las sociedades anónimas y a las utilidades que capitalizan los tenedores de cuotas de fondos mutuos en los mismos. Agregó que no existía razón de distinguir entre unos y otros debido a que los fondos mutuos invierten sus capitales principalmente en dichos valores.

Sostuvo, además, que los partícipes que retiren sus cuotas del fondo pierden el beneficio respecto de dichas cuotas, pero los saldos que dejan capitalizados en el fondo continúan gozando de él.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la indicación y acordó dejar constancia que la norma tiene el sentido indicado por el señor Subsecretario.

16.- Exención de los impuestos a los intereses a préstamos concedidos a los Cuerpos de Bomberos.

En seguida, se reabrió debate sobre la indicación Nº 29, para considerar una proposición del Honorable Senador señor Silva Ulloa que exime del impuesto a los intereses establecido por el artículo 235 de la ley 16.617, a los intereses de los préstamos concedidos o que conceda el Banco de Chile al Cuerpo de Bomberos de Santiago para la construcción de cuarteles.

El Honorable Senador autor de la indicación dijo que el Cuerpo de Bomberos de Santiago había obtenido un préstamo para los fines indicados, pero que no había podido hacer uso de él por carecer de recursos para pagar el referido impuesto.

Agregó que dada la naturaleza de los Cuerpos de Bomberos de Santiago y el objeto perseguido por el empréstito, le parecía justo que se le eximiera de la citada obligación.

Los demás señores Senadores miembros de vuestra Comisión estimaron que la exención debía establecerse en general para los Cuerpos de Bomberos, respecto de los empréstitos que obtengan del Banco del Estado para la construcción de cuarteles.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó su oposición a la ampliación del beneficio, porque no se conoce el alcance que pueda tener.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó esta indicación con la enmienda mencionada.

17.- Franquicias de internación para equipos de uso clínico para la medición de material radiactivo y de una ambulancia destinada al Rotary Club de Rancagua.

Primeramente se discutió la indicación Nº 54, del Honorable Senador señor Pablo, que modifica los artículos 25 y 26 de la ley Nº 11.791.

Los citados preceptos conceden franquicias de internación a equipos radiológicos de diagnóstico y tratamiento médico. Estatuyen, además, que estas liberaciones se concederán por Decreto del Ministerio de Hacienda y que sólo beneficiarán a las internaciones que efectúen el Servicio Nacional de Salud; los servicios asistenciales del sector público, y los profesionales dedicados exclusivamente a la radiología o la cancerología, que acrediten su calidad de tales por certificado del Colegio Médico 0 de la Sociedad Chilena de Cancerología, según el caso.

La indicación incluye en la franquicia a los equipos de uso clínico para la medición de material radiactivo, así como a sus accesorios y repuestos y a los isótopos radiactivos, y entre las personas autorizadas para realizar las internaciones, a los profesionales dedicados al uso clínico de radioisótopos, que acreditarán su calidad de tales con certificados del Colegio Médico.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la indicación.

A continuación, se estudió la indicación Nº 53, de los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan y Castro, que concede franquicias de internación a una ambulancia donada por los rotarios del Distrito 741 del Estado de Pensylvania, Estados Unidos de América, al Rotary Club de Rancagua, estableciendo las limitaciones a su enajenación que son habituales en esta clase de disposiciones.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que de la indicación debía suprimirse la exención de los derechos de almacenaje y de la tasa de despacho, porque lo que se pagaba por tales conceptos se hacía en retribución de un servicio prestado por el Estado.

El Honorable Senador señor Ballesteros sostuvo que respecto de los derechos de almacenaje debía extenderse sólo a aquéllos que estuvieren acumulados a la fecha de publicación del proyecto.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó, la indicación, con las modificaciones propuestas por el señor Subsecretario y enmendadas por el Honorable Senador señor Ballesteros.

18.- Régimen de previsión de empleados públicos para el personal de la Corporación de la Reforma Agraria y de la Empresa de Comercio Agrícola.

Luego, se discutió la indicación Nº 9, del señor Ministro de Hacienda, para suprimir el artículo 11, que establece que los empleados de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA) tendrán el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas; que les serán aplicables las disposiciones del Estatuto Administrativo sobre desahucio y jubilación, y que, para los efectos del beneficio llamado "jubilación perseguidora", se considerará que tienen 5ª Categoría los funcionarios que tengan remuneraciones iguales o superiores a la 5ª Categoría de la Administración Pública.

El señor Subsecretario de Hacienda sostuvo que el Gobierno es contrario a continuar estableciendo regímenes excepcionales para pequeños grupos en el sistema previsional. Agregó que, por el contrario, es partidario de establecer regímenes previsionales uniformes, para lo cual estaba estudiando un proyecto.

Agregó, además, que no podía concederse el derecho al desahucio de los empleados públicos a personas que no han hecho las imposiciones correspondientes y que es inadmisible la extensión de la "jubilación perseguidora", que en teoría es atacada por todos.

El Honorable Senador señor Ballesteros sostuvo que era lógico uniformar el sistema previsional de los empleados de la Corporación de la Reforma Agraria y de la Empresa de Comercio Agrícola, dado que en la actualidad algunos están sujetos a una Caja y otros a otra, pero que se oponía a que se establecieran normas excepcionales respecto de las Hamadas "jubilaciones perseguidoras". Hizo presente, además, que mientras no se dictara una ley general de previsión, era lógico que por lo menos se tendiera a uniformar los regímenes previsionales de empleados que prestan sus funciones en un mismo Servicio.

El Honorable Senador señor García manifestó que debía dejarse expresa constancia que los beneficios que se conceden significan la sustitución de los que dichos empleados tienen en la actualidad, incluso aquéllos que tienen un fundamento común, tales como indemnizaciones por años de servicios, etcétera.

Vuestra Comisión, tácitamente, rechazó la indicación, aprobando las proposiciones de los Honorables Senadores señores Ballesteros y García.

19.- Derecho al sueldo del grado superior de los empleados semifiscales.

A continuación, se discutió la indicación Nº 10, del señor Ministro de Hacienda, para suprimir el artículo 12.

La referida disposición interpreta la ley Nº 17.015, en el sentido de que sus normas no han derogado los sueldos del grado superior y los aumentos anuales y trienales establecidos por la ley Nº 7.295 de que estaban gozando determinados empleados semifiscales al 31 de diciembre del año recién pasado.

El señor Subsecretario de Hacienda dijo que el precepto era inconstitucional, por las siguientes razones:

1.- El artículo 1º de la ley Nº 17.015 sustituyó el derecho al sueldo del grado superior y los aumentos anuales y trienales establecidos por la ley Nº 7.295 de que gozaban los empleados semifiscales por una bonificación equivalente al 2% de las remuneraciones de dichos funcionarios por cada año de servicios.

En consecuencia, es absurdo pretender que se tiene derecho a tres beneficios por una misma causa: los mismos años de servicios.

2.- El inciso penúltimo del citado artículo dispuso que a contar del 1º de enero de 1969 quedará sin efecto el párrafo 4º del Título II del D.F.L. Nº 338 respecto de los servicios semifiscales; ni los personales de ellos tendrán derecho a los reajustes, establecidos por la ley Nº 7.295.

Es decir, expresamente se derogaron las referidas disposiciones legales respecto del personal semifiscal.

3.- El artículo 2º de dicha ley tuvo que estatuir, expresamente, que la aplicación del artículo 1º, que deroga el derecho al sueldo del grado superior, no podrá significar la pérdida del beneficio de "pensión perseguidora" para aquellos trabajadores que a la fecha de su vigencia estaban gozando del sueldo de la categoría o grado superior, y que por ello podrían acogerse al beneficio antes mencionado.

Por tanto, si la ley tuvo que mantener la vigencia expresa del referido beneficio para gozar de este derecho, es obvio que el legislador entendió derogarlo para todos los demás efectos.

4.- Refuerza la interpretación anterior, agregó, el artículo 4º transitorio, que dispuso que la aplicación de la citada ley no podrá significar en caso alguno disminución de remuneraciones.

Por las razones anteriores, el señor Subsecretario solicitó la declaración de inconstitucionalidad del precepto porque significa un aumento de sueldos sin iniciativa del Presidente de la República, y por tener un costo superior a los Eº 4.000.000, sin financiamiento.

Los Honorables Senadores señores Bossay y Silva sostuvieron que el artículo era constitucional, debido a que al legislador le correspondía interpretar la ley y, en consecuencia, si los órganos administrativos aplicaban mal una ley sobre remuneraciones del sector público, el Congreso Nacional tenía iniciativa para interpretarla en su recto sentido.

En el presente caso, dijeron, se trata de una disposición declarativa que soluciona un conflicto sobre interpretación de una ley. Precisamente por haberse producido tal conflicto la ley no puede considerarse clara. Refuerza el argumento anterior, el hecho de que la Contraloría tuvo que intervenir interpretando la ley 17.015, y dicho organismo sólo emite pronunciamiento en los casos en que existen dudas acerca del alcance de un texto legal.

Por lo demás, manifestaron los mencionados señores Senadores, el legislador no tuvo la intención de suprimir derechos adquiridos al dictar la citada ley, como tampoco, rebajar el monto real de las remuneraciones de dichos empleados, porque si bien han mantenido su monto numérico, han disminuido, en la práctica, al ser reajustadas sus remuneraciones en porcentajes inferiores a los establecidos para el sector público por la ley de reajustes del año en curso.

El Honorable Senador señor García sostuvo que el Congreso Nacional tenía iniciativa para darle su verdadero sentido y alcance a las leyes que dicte, aunque sean de remuneraciones, pero para que tenga tal facultad es necesario que la ley haya sido mal interpretada o que su texto sea poco claro.

Agregó que en el caso en estudio no se presentaban las condiciones recién indicadas, debido a que la misma ley derogó los beneficios que se pretenden1 recuperar por medio de esta presunta interpretación, manteniéndolos expresamente para un solo derecho específico. En consecuencia, los beneficios mencionados fueron derogados respecto de todas las demás materias.

Puesta en votación la indicación para declarar inconstitucional el artículo fue rechazada después de un doble empate. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros y GARCIA, por la negativa los Honorables Senadores señores Bossay y Silva, y se abstuvo el Honorable Senador señor Palma.

En seguida, vuestra Comisión, tácitamente, rechazó la indicación para suprimir el artículo.

Por último, se acordó dejar expresa constancia de que el gasto se financiará con cargo a los recursos propios de las instituciones en que se desempeñan los funcionarios respectivos.

20.- Escalafón de Auxiliares del Senado.

En seguida, se discutió una indicación de diversos señores Senadores para agregar una disposición que crea el Escalafón Técnico de Auxiliares del Senado.

La mencionada indicación fue aprobada por la Comisión de Policía

Interior y su presentación autorizada por todos los Comités Parlamentarios.

Entre el personal del Senado existe un grupo de funcionarios que carecen de escalafón, situación que la indicación resuelve.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la indicación.

21.- Pago de imposiciones de los empleados municipales.

A continuación se discutió la indicación Nº 11, del Honorable Senador señor Luengo, para agregar un inciso nuevo al artículo 13.

El citado precepto establece que los Tesoreros de las Municipalidades de Santiago y Valparaíso retendrán mensualmente las imposiciones que correspondan a los sueldos de los empleados municipales, las que, conjuntamente con los aportes municipales respectivos, deberán remitir a las Cajas de Previsión dentro de los 30 días siguientes a la fecha de pago de los sueldos.

La indicación adiciona la mencionada disposición en el sentido de que, respecto a la remisión de los aportes municipales a las Cajas de Previsión, no será necesario decreto previo del Alcalde.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la disposición.

22.- Comercialización de especies postales y de monedas de oro y plata.

La indicación Nº 12, del señor Ministro de Hacienda, propone modificar el artículo 16 del proyecto de nuestro primer informe en el sentido de suprimir la disposición que establece que el Servicio de Correos y Telégrafos deberá organizar directamente y sin intermediarios la comercialización de los sellos y especies postales. En consecuencia, según el precepto del Ejecutivo, dicho Servicio podrá organizar la comercialización de las especies filatélicas nacionales en la forma que estime más conveniente.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la norma que se propone suprimir esteriliza la aplicación de la atribución que el artículo 16 entrega al Servicio de Correos y Telégrafos.

Agregó que en el comercio mundial de sellos se utiliza tanto la venta directa como la efectuada por uno o varios intermediarios, según las circunstancias.

En consecuencia, la mantención del precepto puede impedir al Servicio negociar los sellos en la forma que más convenga al interés del país.

Por último, manifestó que el Departamento de la Dirección de Correos destinado a la promoción y comercialización de sellos y especies filatélicas, carecía en la actualidad de medios para cumplir, de manera exclusiva, la atribución que le confería el precepto.

El Honorable Senador señor Bossay sostuvo que el Servicio de Correos podía perfectamente organizar la comercialización de los sellos, y que permitir la intermediación en esta clase de negocios es peligroso y contrario al interés nacional e incluso puede afectar el prestigio del Gobierno.

El Honorable Senador señor García manifestó su oposición al precepto en general, debido a que considera que ningún país puede negociar con sus sellos o especies postales. Agregó que, dado que no puede rechazarse la disposición en su totalidad, era contrario a la indicación, porque ella permitía aún más abusos que la norma aprobada en el primer informe de vuestra Comisión.

El Honorable Senador señor Ballesteros sostuvo que la indicación del Ejecutivo era susceptible de ser adicionada, en el sentido de que la intermediación podría otorgarse sólo mediante propuesta pública. Con ello, expresó, se establecería un sistema que comprende tanto el interés comercial como el prestigio de la negociación respectiva.

Vuestra Comisión, después de doble empate, rechazó la indicación. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma y por la negativa los Honorables Senadores señores Bossay y Garcia.

A continuación, se debatió la indicación Nº 13, del señor Ministro de Hacienda, que propone la supresión del artículo 17, que estatuye que sólo el Banco Central podrá comercializar las monedas de oro y plata, sin intermediarios de ninguna especie, y que las utilidades que se produzcan ingresarán a fondos generales de la Nación.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que la mantención del referido artículo deja sin efecto el precepto que autoriza la acuñación de las mencionadas monedas, debido a que el Banco Central carece de los medios necesarios para colocar dichas monedas. Por tanto, el rechazo de la indicación impide al Estado obtener los recursos correspondientes.

El Honorable Senador señor García manifestó oponerse a que el país negocie con monedas que, dice, tienen curso legal en Chile, a pesar de que la circulación está prohibida en su territorio, y que su valor oficial no tiene ninguna relación con su precio efectivo.

El Honorable Senador señor Ballesteros, sostuvo que nadie puede suponer que esas monedas cumplen la finalidad indicada por el Honorable Senador señor García, ya que se trata de emisiones conmemorativas de valor numismático.

En seguida, propuso que, para el otorgamiento de concesiones de intermediación, se modificase la legislación vigente en el sentido de exigir propuesta pública.

Vuestra Comisión, después de un doble empate, rechazó la indicación. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma, y por la negativa los Honorables Senadores señores Bossay y Garcia.

23.- Aporte a la Sede de Temuco de la Universidad de Chile.

Luego, se discutió la indicación Nº 14, del señor Ministro de Hacienda, para suprimir el artículo 18, que concede a la Sede de Temuco de la Universidad de Chile, una asignación suplementaria de Eº 1.400.000, con cargo a la regalía que el Fisco recibe del Banco Central de Chile.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que el gasto no estaba financiado, porque la mencionada regalía es un ingreso presupuestario.

El Honorable Senador señor Bossay sostuvo que el Gobierno, en vez de proponer la supresión del artículo por la razón indicada, debía haber ofrecido una solución sustitutiva.

El Honorable Senador señor García dijo oponerse a otorgar nuevas subvenciones a las universidades mientras no cumplan con la obligación legal de efectuar balances.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, García y Palma y la oposición del Honorable Senador señor Bossay, aprobó la indicación.

24.- Fondos del cobre para la provincia de Colchagua.

En seguida, se discutió la indicación Nº 55, del Honorable Senador señor Castro, para agregar un artículo nuevo que establezca que, a contar del 1º de enero de 1970, se destinará a la provincia de Colchagua el 20% de los ingresos que le correspondan a las municipalidades y la provincia de O'Higgins, según lo dispuesto en los artículos 27 y 51 de la ley Nº 16.624.

Los mencionados recursos se distribuirán según las mismas normas contenidas en dichos preceptos, creándose al efecto el Consejo de Desarrollo de Colchagua.

El artículo en estudio, se fundamenta en que las provincias de O'Higgins y Colchagua forman una misma zona socioeconómica; en la falta de recursos que tiene esta última, y en que existe una norma similar respecto de las dos provincias del Norte Grande.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la indicación, rebajando los recursos destinados a la provincia de Colchagua a un 10% de los que corresponden a la de O'Higgins.

25.- Remuneración de los integrantes de la Junta Clasificadora de Patentes.

Seguidamente, se estudió la indicación Nº 56, de los Honorables Senadores señores Contreras y Valente, para agregar un artículo nuevo que sustituye las remuneraciones de los integrantes de las Juntas Clasificadoras de Patentes.

El nuevo precepto contiene dos enmiendas fundamentales a la legislación vigente: fija en porcentajes de sueldos vitales las remuneraciones de dichos integrantes y hace éstas imponibles.

Vuestra Comisión, por unanimidad, concordó con la sustitución del sistema de remuneraciones de los miembros de las Juntas Clasificadoras de Patentes, dado que, por la desvalorización monetaria, establecerlo en cantidades numéricas obliga a continuas modificaciones legales.

Sin embargo, consideró que dichos ingresos no tenían la naturaleza de remuneraciones, porque se perciben por asistencia a sesiones que se celebran con discontinuidad. Por ello, se estimó preferible que dichos ingresos fueran calificados como honorarios y, por tanto, no imponibles.

En consecuencia, resolvió recomendaros que aprobéis la indicación con las enmiendas relatadas.

26.- Asignación a empleados municipales administrativos.

A continuación, se estudió la indicación Nº 58, del Honorable Senador señor Rodríguez, para agregar un artículo nuevo, que establezca una asignación mensual equivalente al 25% de sus sueldos a los empleados administrativos de las municipalidades que operan con sistemas mecanizados de contabilidad; posean diplomas en faenas especializadas de pavimentación, o trabajen normalmente en estadística, imprenta, microfilms, reproducción de planos o fotografía.

El señor Subsecretario de Hacienda hizo presente que el beneficio carecía de financiamiento, por lo que agrava la crónica situación de déficit en los presupuestos municipales.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Garcia y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Bossay y Silva, rechazó la indicación.

27.- Beneficios previsionales para ex regidores y ex parlamentarios.

En seguida, se discutieron, en conjunto, las indicaciones números 59, 60 y 61, de los HH. Senadores señores Contreras y Valente, para agregar tres artículos nuevos que conceden beneficios a regidores, ex regidores y ex parlamentarios.

El primero de ellos, dispone que mientras la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas no cuente con el financiamiento adecuado para otorgar pensiones a los ex regidores, los otros institutos de previsión podrán recibir provisoriamente las imposiciones respectivas y otorgarles los beneficios que les correspondan.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, García y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Bossay y Silva, rechazó el artículo.

El segundo, otorga un nuevo plazo de sesenta días para que los ex regidores y ex parlamentarios puedan acogerse a los beneficios de jubilación o rejubiliación.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, García y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Bossay y Silva, rechazó el artículo.

El último de estos artículos estatuye que las Cajas de Previsión podrán otorgar préstamos a los regidores y ex regidores que adeuden imposiciones, a un plazo no superior a 36 meses, para que paguen éstas.

E] señor Subsecretario de Hacienda manifestó que existía el problema de que muchos ex regidores no han podido acogerse a las leyes previsionales que los benefician por carecer de los recursos necesarios para pagar de una sola vez las imposiciones que adeudan.

Agregó que el problema se ha producido por el alto monto que se le asigna a la renta sobre la cual se calculan sus pensiones: la del Secretario Municipal de Santiago.

Agregó que era partidario de modificar la ley de jubilación de los regidores y que aunque el Ejecutivo se oponía a mantener el sistema actual, si se aprobaba la idea contenida en el artículo en debate, más lógico sería establecer un sistema de compensaciones entre las imposiciones adeudadas y las pensiones acumuladas.

Vuestra Comisión, después de un doble empate, rechazó la indicación. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Bossay y Silva, por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma y se abstuvo el Honorable Senador señor García.

III.- Modificaciones que se proponen al proyecto de nuestro primer informe.

Por las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto de su primer informe, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

Sustituir la redacción de su inciso primero, por la siguiente:

"Artículo 1°.- El Banco del Estado de Chile podrá convenir la conversión de los saldos de los créditos otorgados desde la fecha de vigencia de la ley Nº16.253, o que otorgue en el futuro, en créditos reajustables de fomento, siempre que su objeto haya cumplido o cumpla con las finalidades establecidas en el citado cuerpo legal.".

Su inciso segundo, pasa a ser artículo 1° transitorio con la redacción que se indicará en su oportunidad.

Artículos 3º y 4º

El artículo 3º pasa a ser Nº 1 del mismo, sustituido por el siguiente:

"Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 1° de la ley Nº 16.407:

1.- Sustituir su inciso primero por el siguiente:

"Artículo 1º.- Las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, se reajustarán una vez al año en un porcentaje equivalente al 100% de la variación que tenga el índice de precios al consumidor del departamento de Santiago, que determina la Dirección General de Estadística y Censos, entre las fechas de su último reajuste anterior y el que corresponda efectuar.".".

En seguida, agregar a este artículo los siguientes números 2 y 3, nuevos:

"2.- Reemplazar su inciso segundo por el siguiente:

"El cálculo del reajuste y su capitalización en la cuenta respectiva se efectuará una vez al año en la forma, condiciones y plazos que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro.".".

"3.- En su inciso quinto, suprimir la frase: "y con él se abrirán los libros para el período siguiente".".

Luego, agregar como Nº 4 de este artículo, el artículo 4º del proyecto, sustituyendo su redacción por al siguiente:

"4.- Sustituir su inciso sexto por el siguiente:

"Las cantidades que gocen de reajuste según lo dispuesto en este artículo, devengarán el interés que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro. Sobre el saldo del depósito no reajustado se abonará el interés normal del depósito.".".

Artículo 5º

Pasa a ser Nº 1 del artículo 4º, sustituido por el siguiente:

"Artículo 4º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Reglamento Nº 405, sobre Cuentas de Ahorro a Plazo del Banco del Estado de Chile, publicado el 15 de febrero de 1966:

1.- Reemplazar el inciso primero de su artículo 1° por el siguiente:

"Artículo 1°.- Una vez al año tienen derecho a reajuste las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile bajo dicha denominación, que se hallen vigentes en el día anterior al que debe efectuar el cálculo del reajuste, siempre que no registren un número superior de giros o retiro de cantidades superiores a los que determine de un modo general el Directorio del Banco, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro, en el período comprendido entre las fechas del último reajuste anterior y del que corresponde efectuar. En todo caso, el número de giros que hará perder el reajuste deberá ser superior a dos en el lapso correspondiente.".".

Luego, agregar los siguientes números 2 y 3, nuevos, a este artículo.

"2.- Sustituir el inciso primero de su artículo 3º por el siguiente:

"Artículo 3°.- El porcentaje de reajuste será fijado una vez al año en las épocas que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile para cada grupo de cuentas.".

3.- Reemplazar su artículo 4º por el siguiente:

"Artículo 4º.- El Fisco traspasará al Banco del Estado de Chile los fondos acumulados en la referida cuenta, dentro del mes anterior al que corresponda efectuar el reajuste respectivo.".".

En seguida, agregar los siguientes artículos 5º, 6º (cuyo N° 1 reproduce el artículo 6º del proyecto de la H. Cámara de Diputados), 7º (que sustituye el artículo 7º del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados), 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, nuevos:

"Artículo 5º.- Reemplázase el artículo 46 del Reglamento Nº 6.331, publicado el 2 de mayo de 1961, por el siguiente:

"Artículo 46.- Los intereses de estas cuentas se liquidarán una vez al año en las fechas que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, capitalizándose en las fechas respectivas los intereses devengados.".

Artículo 6.- "Introdúcense las siguientes modificaciones al D.F.L. Nº 251, de 1960:

1.- Suprimir el inciso segundo de la letra k) de su artículo 14.

2.- Agregar las siguientes letras e inciso final a su artículo 42:

"d) Adquirir, importar y enajenar, por cuenta propia o ajena, bienes muebles de equipamiento del hogar, maquinarias, herramientas y demás elementos de trabajo para sus imponentes de ahorro.

e) Adquirir, importar y enajenar, por cuenta propia o ajena, maquinarias, herramientas y demás elementos de trabajo para cooperativas y oganizaciones comunitarias regidas por la ley Nº 16.880, o sus miembros, siempre que éstos y aquellas sean imponentes de ahorro.

La adquisición de los bienes señalados en las letras d) y e) deberá ser efectuada por medio de propuestas públicas, con o sin garantía, y su importación sólo podrá ser autorizada siempre y cuando estos bienes figuren en la lista de mercaderías de importación permitida del Banco Central de Chile.".

Artículo 7º.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 235 de la ley Nº 16.617:

"Los préstamos controlados e hipotecarios que el Banco del Estado de Chile otorgue a sus imponentes de ahorro estarán afectos al impuesto establecido en este artículo. Estos recursos serán depositados mensualmente en la cuenta especial establecida en el inciso segundo del artículo 2º de la ley Nº 16.407 y se destinarán a las finalidades establecidas en la referida disposición.".

Artículo 8º.- Declárase que el Banco del Estado de Chile se encuentra incluido entre las instituciones eximidas en las operaciones de importación que realice de elementos destinados para su uso exclusivo, del impuesto establecido en el Nº 14 del artículo 1º de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.

Artículo 9º.- Créase a Comisión Nacional del Ahorro, encargada de planificar, supervigilar, coordinar, regular y estimular el funcionamiento y organización de los sistemas de ahorro de las entidades o servicios públicos o privados que tengan relación con la captación y el desarrollo del ahorro nacional. Tendrán también esta Comisión por finalidad formular una política nacional del ahorro y coordinar las actividades relacionadas con el ahorro, especialmente en lo relativo a sus aspectos técnicos, financieros, educativos y de control.

Artículo 10.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, corresponderá a la Comisión:

a) Realizar estudios e investigaciones sobre el estado actual y sobre los planes de desarrollo y funcionamiento de los diversos tipos de instituciones que capten ahorros, a fin de permitir, sobre la base de ellos, la adopción de las medidas requeridas para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior;

b) Adoptar medidas para la debida regulación, coordinación y supervigilancia de las diversas formas de captación de los ahorros;

c) Planificar campañas de educación, difusión y promoción del ahorro en el público;

d) Aprobar los presupuestos globales de gastos e inversión que digan relación con el fomento del ahorro de las instituciones fiscales, semifiscales y de administración autónoma y de empresas del Estado y en las que éste tenga participación, que digan relación con estos planes;

e) Efectuar la coordinación de la acción de los diversos organismos, instituciones y empresas, tanto del sector público como del privado, que se acupan del fomento y desarrollo del ahorro y de sus mecanismos de captación;

f) Promover la uniformación y coordinación de las disposiciones legales y administrativas relacionadas con las diversas instituciones e instrumentos de ahorro, y

g) Fomentar la formación de centros de estudios.y adiestramiento de dirigentes y técnicos en la creación, organización y administración de mecanismos de ahorro y difundir los principios y las técnicas sobre esta misma materia.

Artículo 11.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, facúltase a las instituciones fiscales, semifiscales, autónomas del Estado, empresas del Estado, Banco Central de Chile y Banco del Estado de Chile, para destinar, previa aprobación de la Dirección de Prespuestos cuando fuere procedente, hasta un 15% de los recursos de que dispongan para gastos de publicidad, difusión o promoción, al financiamiento de la Comisión Nacional del Ahorro.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior no regirán las limitaciones o prohibiciones establecidas en las leyes orgánicas de las respectivas instituciones u organismos.

La Comisión indicada deberá rendir cuentas anualmente de la inversión de los fondos que recibe a la Superintendencia de Banco.

Artículo 12.- La Comisión Nacional del Ahorro estará integrada por las siguientes personas:

a) El Ministro de Hacienda, que la presidirá;

b) El Presidente del Banco Central de Chile;

c) El Presidente del Banco del Estado de Chile;

d) El Presidente de la Caja Central de Ahorro y Préstamos;

e) El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción;

f) El Superintendente de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio;

g) Un representante del sistema cooperativo, designado por la Comisión Nacional del Ahorro de entre los componentes de una terna que formará la Comisión Nacional Coordinadora de Cooperativas;

h) Un representante del sector empresarial privado, designado por la Confederación Nacional de la Producción y del Comercio;

i) Un representante del sistema de ahorro y préstamos para la vivienda, designado por la Federación Nacional de Asociaciones de Ahorro y Préstamos;

j) Un representante de los empleados, designado por la Confederación de Empleados Particulares de Chile, y

k) Un representante de los obreros, designado por los diez sindicatos industriales con mayor número de asociados, elegidos según las normas que establezca la Dirección General del Trabajo.

Los consejeros de las letras a) a f) podrán designar personas que los subroguen en sus funciones.

Los consejeros de las letras g) a k) durarán dos años en sus cargos.

Artículo 13.- En la forma que determine la Comisión, podrán constituirse Comités Provinciales o Regionales que efectúen la labor de ésta en sus respectivas zonas.

Artículo 14.- Una Secretaría Ejecutiva de hasta cinco miembros, cuyos integrantes serán designados por la Comisión, se encargará de ejecutar los acuerdos de ésta, será responsable de la marcha de los programas aprobados y servirá de nexo y coordinador entre los diferentes sectores, empresas, instituciones, organismos, autoridades, y la Comisión.

Artículo 15.- La Comisión sesionará mensualmente en forma ordinaria, cuando sea convocada por su Presidente o por la Secretaría Ejecutiva."."

Artículo 6º

Pasa a ser artículo 16.

Intercalar después del número "11.429" una coma (,) y suprimir la frase final que dice: "creada por Decreto Supremo Nº 2.590, publicado en el Diario Oficial Nº 26.651, de 25 de enero de 1967".

Artículo 7º

Pasa a ser artículo 17.

En el Nº 1, intercalar comas (,) después de "artículo 6°" y "las palabras "la forma"".

En el Nº 2, intercalar comas (,) después de "íntegramente y"" y ""anotada"".

En el Nº 3, intercalar una coma (,) después de "9º".

En el Nº 4, intercalar una coma (,) después de "10".

En el Nº 5, intercalar una coma (,) después de ""valor"".

En el Nº 7, intercalar comas (,) después de "20" e ""intereses"", y dos puntos (:) después de "siguientes".

En el Nº 9, intercalar comas (,) después de "23" e ""intereses"".

En el Nº 10, intercalar comas (,) después de "25" y ""bonos"".

En el Nº 13, intercalar coma (,) después de "bonos"".

En el Nº 14, intercalar comas (,) después de "41" y ""nominal"".

En el inciso primero del artículo que agrega el Nº 15, suprimir las palabras "creada por Decreto de Hacienda Nº 2.590, de 24 de diciembre de 1966" y agregar la siguiente frase final: "Este informe deberá ser evacuado dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha en que la Superintendencia lo solicite, y transcurrido éste se podrá prescindir del mismo a solicitud de la sociedad interesada.".

En la letra b) del inciso segundo del artículo que agrega el Nº 15, reemplazar la frase, "en todo caso deberán tener garantía debidamente calificada por", por la siguiente: "podrán ser con o sin garantía según lo determine y califique".

Artículo 8º

Pasa a ser artículo 18, sin otra modificación.

A continuación, agregar los siguientes artículos 19, 20 y 21 (que sustituye el artículo 11 del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados), nuevos:

"Artículo 19.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 1º de la ley Nº 16.272:

1.- Sustituir el inciso primero de su Nº 5 por el siguiente:

"5.- Cesión y, en general, enajenación a cualquier título de acciones y debentures de sociedades anónimas, de acciones de sociedades en comandita y de bonos hipotecarios, tasa de 0,25% sobre su valor, el cual no podrá ser inferior al señalado en el Nº 2 del artículo 4º.".

2.- Intercalar en su Nº 26, después de la palabra "acción", las siguientes: "y debentures".

Artículo 20.- Los intereses y primas que perciban los suscriptores y tenedores de bonos o debentures emitidos según las disposiciones de la ley Nº 4.657, están exentos del impuesto a los servicios establecido en el artículo 15 de la ley Nº 12.120.

Artículo 21.- Se autoriza al Presidente de la República para dictar disposiciones que permitan el establecimiento de organismos privados con personalidad jurídica que, bajo la denominación de "Financieras Automotrices", podrán recibir ahorros y otorgar préstamos reajustables para la adquisición de vehículos motorizados producidos o armados en el país. Estas entidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos.

Sólo a través de estos organismos podrá financiarse la adquisición a plazo de los vehículos motorizados nuevos producidos o armados en el país.

En uso de estas facultades, el. Presidente de la República deberá establecer normas relativas a la constitución, organización, funcionamiento, disolución y liquidación de los referidos organismos; capital con que deben constituirse y funcionar; garantías que deben rendir; procedimientos a que deben ceñirse, y multas que deban pagar. Deberá, además, dictar disposiciones tendientes a regular sus operaciones en general; reglar los depósitos que en ellos se efectúen y los créditos que otorguen, como sus plazos, tasas de interés y formas de reajuste; colocaciones e inversiones que puedan realizar, encajes que deban mantener, y las limitaciones y prohibiciones a que queden sujetos. Asimismo, deberá estudiar los preceptos necesarios para que las personas que realizan en la actualidad las operaciones a que se refiere este artículo se adapten a las normas que dicte o procedan a su disolución. Los dueños y administradores de estas entidades que no cumplan con los preceptos señalados en el párrafo anterior serán considerados autores del delito de estafa.

No se considerará renta el reajuste de los depósitos o instrumentos de ahorro que corresponda a las personas naturales que se acojan al sistema de ahorro indicado en el inciso primero.

Los depósitos de ahorro que no se empleen en la adquisición de un vehículo, podrán ser retirados total o parcialmente con sus intereses y reajustes.

Sólo tendrán derecho a adquirir vehículos por medio de los organismos que se establezcan en virtud de este artículo, las personas que acrediten que han satisfecho su necesidad de vivienda. El Presidente de la República reglamentará este requisito, previo informe de la Caja Central de Ahorro y Préstamos para la Vivienda y de la Superintendencia de Bancos.

Los textos que se dicten en uso de las facultades conferidas por este artículo, deberán publicarse en el plazo de seis meses, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, y podrán ser modificados por el Presidente de la República dentro de los seis meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.".

Artículos 9º y 10

Pasan a ser Nºs. 1 y 2 del artículo 22, respectivamente, sustituyendo su redacción por la siguiente:

"Artículo 22.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 11.704, sobre Rentas Municipales:

1.- En el inciso primero de su artículo 54 sustituir la expresión "Eº 500", por la siguiente frase: "seis sueldos vitales mensuales clase a) del departamento de Santiago".

2.- Agregar los siguientes incisos finales a su artículo 54:

"El recargo que establece este artículo se aplicará sobre el capital propio del contribuyente, definido en el artículo 35 de la ley Nº 15.564, sobre Impuesto a la Renta. Dicho capital deberá ser igualmente considerado para los efectos de la aplicación de las patentes mínimas que esta disposición establece.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, los contribuyentes afectos al pago de patentes, de las señaladas en el inciso primero de este artículo, deberán presentar una declaración anual en el mes de marzo de cada año, sobre el monto del capital con que operan ante la Municipalidad respectiva, acompañando copia del Balance y del cálculo del capital propio presentados ante Impuestos Internos.

El 50% de los fondos que obtengan las Municipalidades por concepto de recargo de capital, será destinado a incrementar el ítem de Obras de Adelanto de cada comuna.".

A continuación, agregar los siguientes Nºs. 3 y 4, nuevos, a este artículo:

"3.- Agregar el siguiente artículo 54 bis:

"Artículo 54 bis.- Para los efectos de lo establecido en el artículo anterior, en los casos en que el contribuyente no pudiere acreditar su capital propio en forma fehaciente por no llevar contabilidad, la estimación la hará la Municipalidad respectiva. Dichas resoluciones podrán ser reclamadas por el afectado ante el Director Regional de Impuestos Internos que corresponda, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de su notificación.

Para el establecimiento del capital propio en el caso a que se refiere el artículo anterior, los contribuyentes podrán deducir aquella parte de dicho capital que se encuentre invertida en otras empresas que también paguen patente municipal.".

4.- Sustituir su artículo 71 por el siguiente:

"Artículo 71.- Los integrantes de la Junta Clasificadora de Patentes en las comunas de más de 150.000 habitantes tendrán derecho a un honorario equivalente al 25% del sueldo vital del departamento respectivo, por cada sesión a que asistan; en las comunas de más de 50.000 habitantes y menos de 150.000, a un honorario equivalente al 15% del sueldo vital del departamento respectivo, por cada sesión a que asistan, y en las demás comunas, a un honorario equivalente al 5% del sueldo vital del departamento respectivo, por cada sesión a que asistan. No podrán recibirse estos honorarios por asistencia a más de ocho sesiones mensuales.".".

En seguida, agregar los siguientes artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, nuevos:

"Artículo 23.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto RRA. Nº 20, de 1963:

a) En los artículos 25, 26, 49, 56 y 59 reemplazar la palabra "acciones" por las siguientes: "aportes de capital".

b) En el artículo 33 reemplazar las palabras "las acciones pagadas" por las siguientes: "los aportes de capital efectuados".

c) En los artículos 35, 57, 80 y 4º transitorio reemplazar las palabras "las acciones" por las siguientes: "los aportes de capital".

d) En el artículo 62 reemplazar las palabras "adquirir acciones de" por las siguientes: "efectuar aportes de capital a".

e) En el artículo 98 reemplazar las palabras "en acciones" por las siguientes: "de capital".

f) Sustituir el artículo 30 por el siguiente:

"Artículo 30.- Los aportes de capital a las cooperativas serán nominativos y su transferencia o rescate, que debe ser aprobado por el Consejo de Administración, no podrá hacerse a un valor superior al monto depositado, más las revalorizaciones que le correspondan y deducida su cuota en las eventuales pérdidas. No podrán existir aportes liberados o privilegiados a ningún título.".

g) Sustituir los incisos segundo y tercero del artículo 31 por los siguientes:

"La revalorización se efectuará de acuerdo con las normas que al respecto dictará la División de Cooperativas y afectará a los aportes de los socios que se mantengan hasta el cierre del ejercicio anual.

Para los efectos de la determinación del capital propio se computarán las reservas y se excluirán los excedentes.".

h) En el artículo 33 intercalar entre las palabras "dictará" y "las", la frase "previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro", y suprimir las expresiones siguientes: "que se determinará por la fluctuación del índice de precios al consumidor o del índice de precios al por mayor, que calcule la Dirección de Estadística y Censos, optando por el que sea más bajo,".

i) Sustituir el artículo 34 por el siguiente:

"Artículo 34.- El interés anual de los aportes de capital y de las cuotas de ahorro será fijado por la División de Cooperativas de la Dirección de Industrias y Comercio, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro.".

j) Sustitúyese la frase inicial del artículo 43, que dice: "El Consejo de Administración será elegido por la Junta General de Socios.", por las siguientes: "El Consejo de Administración será elegido en su totalidad y en un solo acto por la Junta General de Socios. El período de su mandato no podrá ser superior a tres años.".

k) Sustituir el artículo 106 por el siguiente:

"Artículo 106.- Se denominarán cooperativas de ahorro y crédito las cooperativas de servicio que tengan por finalidad recibir ahorros y otorgar préstamos a sus socios, reajustables o no. Un Reglamento dictado por el Presidente de la República, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro, determinará la forma y requisitos para recibir y otorgar dichos ahorros y préstamos, y para recibir depósitos de personas que no sean socios.".

l) Sustituir el artículo 110 por el siguiente:

"Artículo 110.- Los reajustes, las revalorizaciones y el interés máximo que las cooperativas de ahorro y crédito podrán exigir sobre los préstamos y que podrán abonar sobre los aportes de capital y depósitos o cuotas de ahorro, serán fijados por la División de Cooperativas de la Dirección de Industrias y Comercio previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro. Tales intereses estarán exentos de los impuestos que les sean aplicables, con excepción del impuesto global complementario.

En las cooperativas de ahorro y crédito, la distribución de excedentes se calculará sobre las operaciones de crédito realizadas con los socios.".

ll) Agregar la siguiente frase final al inciso primero del artículo 118: "y a la designación de sus Directorios les será aplicable lo dispuesto en el artículo 43.".

m) Sustituir en el artículo 123 la frase que dice: "en la forma que se establezcan en los estatutos", por la siguiente: "en la misma forma y períodos establecida en el artículo 43".

Artículo 24.- Agréganse los siguientes incisos finales al artículo 13 de la ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques:

"Si se tachare cualquiera mención impresa que contenga el cheque, que no sean las cláusulas "a la orden" o "al portador", dicha tacha no producirá efecto alguno.

Si el cheque no indica lugar de giro, se le presume extendido en la plaza en que funciona la oficina sobre la cual fue girado.

Los bancos podrán autorizar a determinadas personas para estampar en sus cheques, mediante procedimientos mecánicos, la cantidad girada y la firma. Lo harán siempre que los procedimientos que se utilicen ofrezcan seguridad y que se justifique su necesidad por el elevado número de cheques que deba emitir el comitente, a juicio de la Superintendencia de Bancos. En tal caso bastará con que la cantidad se exprese en letras o en números.".

Artículo 25.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 655 del Código de Comercio:

"Los endosos de documentos efectuados en favor de instituciones bancarias podrán hacerse estampando el nombre del cedente por procedimientos mecánicos, sin necesidad de firma.".

"Artículo 26.- Las letras de cambio y los pagarés a la orden de instituciones bancarias y de entidades estatales de crédito, aceptadas o suscritos por un analfabeto, tendrán mérito ejecutivo por el solo hecho de haber sido autorizada la impresión digital del deudor por un Notario público o por un Oficial del Registro Civil en las localidades donde no exista Notario.".

Artículo 27.- Reemplázase en el inciso final del artículo 14 de la ley N° 16.272, las palabras "deberán extenderse en papel sellado de", por las siguientes: "deberán extenderse en papel sellado o en formularios en blanco que presenten los contribuyentes con un timbre fijo por hoja, de".

Artículo 28.- Agrégase al artículo 17 de la Ley sobre Impuesto a la Renta el siguiente número 28, asignándose el número 29 al actual número 28:

"28.- Las utilidades que corresponden a los partícipes de fondos mutuos y que ellos inviertan en la adquisición de nuevas cuotas del mismo fondo, siempre que dicha inversión se mantenga ininterrumpidamente por el plazo de 5 años contado desde la fecha en que los partícipes puedan disponer de sus utilidades. Los rescates de cuotas del fondo que efectúen los partícipes se considerará que corresponden a las utilidades del año más antiguo que se hayan invertido en el mismo fondo, para los fines de aplicar el impuesto a la renta, y así sucesivamente a los años posteriores, sin que el contribuyente pueda oponer prescripción alguna en contra del Fisco, excepto si la inversión se ha mantenido durante el referido plazo de 5 años.".

Artículo 29.- Exímese del impuesto establecido en el artículo 235 de la ley Nº 16.617 a los préstamos otorgados o que otorgue el Banco del Estado de Chile a los Cuerpos de Bomberos para la construcción de 3us cuarteles.

Artículo 30.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 11.791:

1.- En el artículo 25, sustituir el punto final (.) por un punto y coma (;) y agregar la siguiente frase: "equipo de uso clínico para la medición de material radioactivo, así como a sus accesorios y repuestos y a los isótopos radioactivos.".

2.- En el artículo 26, sustituir el punto final (.) por un punto y coma (;) y agregar la siguiente frase: "y a los profesionales dedicados al uso clínico de radioisótopos, según se certificará en cada caso por el Colegio Médico de Chile.".".

Artículo 11

Pasa a ser artículo 31.

Sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 31.- Los personales de la Corporación de la Reforma Agraria y de la Empresa de Comercio Agrícola tendrán el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y se les aplicarán los Párrafos 18, 19 y 20 del Título II del D.F.L. Nº 338, de 1960, sin perjuicio de las demás disposiciones de los estatutos del personal respectivo.

Sin embargo, no podrán imputar un mismo acto o hecho futuro para gozar de un beneficio igual o similar a los que se les conceden por esta ley, tal como, tiempo servido para gozar de indemnización por años de servicios distinta del desahucio de los empleados públicos, sin perjuicio de que operen las normas generales sobre continuidad de la previsión.".

Artículo 12

Pasa a ser artículo 32, sin otra modificación.

En seguida, agregar el siguiente artículo 33, nuevo: "Artículo 33.- Suprímense los seis cargos de "Auxiliares" fuera de Escalafón, creados por la letra b) del artículo 1º de la ley N° 13.609, y créase en la Planta del personal del Senado, el siguiente

Las personas que actualmente ocupan los cargos de "Auxiliares" que se suprimen, deberán ser encasilladas, por orden de antigüedad, en los cargos del Escalafón que se crea en el presente artículo.

Este encasillamiento no se considerará como ascenso para los efectos del beneficio establecido en el artículo 7º de la ley N° 12.405 y sus modificaciones posteriores, debiendo considerarse el tiempo que ya han servido para el cómputo respectivo en relación con el nuevo Escalafón Técnico de Auxiliares.

El mayor gasto que demande la aplicación del presente artículo en el presente año, se imputará al ítem 02/01/01.003 "Sobresueldos", de la ley Nº 17.072, de Presupuestos para 1969.".

Artículo 13

Pasa a ser artículo 34.

Agregar el siguiente inciso final:

"Para los efectos del pago de los aportes municipales a que se refiere el inciso anterior, regirá lo establecido en el inciso segundo del artículo 85 de la ley N° 11.860, sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades.".

Artículo 14

Pasa a ser artículo 6° transitorio, sin otra modificación.

Artículos 15, 16 y 17

Pasan a ser artículos 35, 36 y 37, sin otras modificaciones.

Artículo 18

Suprimirlo.

Artículo 19

Pasa a ser artículo 7º transitorio, sin otra modificación.

A continuación, agregar el siguiente artículo 38, nuevo:

"Artículo 38.- A contar del 1º de enero de 1970, destínase a la provincia de Colchagua el 10% de los ingresos que le correspondan a las Municipalidades y a la provincia de O'Higgins por aplicación de lo dispuesto en los artículos 27 y 51 de la ley Nº 16.624 y sus modificaciones posteriores.

Dichos fondos serán distribuidos según las mismas normas que dichos artículos establecen para la provincia y a las Municipalidades de O'Higgins.

Para estos efectos, créase el Consejo de Desarrollo de Colchagua, que tendrá una composición análoga y las mismas atribuciones que el Consejo de Desarrollo de O'Higgins.".

Luego, agregar el siguiente epígrafe: "Artículos transitorios".

Seguidamente, agregar el inciso segundo del artículo 1°, como artículo 1º transitorio, sustituyendo su redacción por la siguiente:

"Artículo 1º.- Respecto de los saldos de los créditos a que se refiere el artículo 1°, concedidos con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley y siempre que cumplan con los requisitos señalados en el citado precepto, la conversión será obligatoria para el Banco del Estado de Chile cuando lo soliciten los deudores interesados dentro del plazo de 180 días, contado desde la fecha de vigencia de esta ley.".

A continuación, agregar los siguientes artículos 2º, 3º y 4º transitorios, nuevos:

"Artículo 2º.- El Presidente de la República podrá modificar, por una sola vez, el reglamento para la aplicación de los reajustes de las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro y de la Superintendencia de Bancos, para coordinar sus disposiciones con las modificaciones que esta ley introduce al sistema de cuentas de ahorro a plazo abiertas en el mencionado banco.

Artículo 3º.- Declárase que las diferencias que se produzcan contra el Banco del Estado de Chile con motivo de los préstamos en "Unidades de Fomento" que otorgue a los agricultores de las provincias comprendidas entre Coquimbo y Arauco, con cargo al préstamo por US$ 9.575.000 que recibe según convenio suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con fecha 14 de mayo de 1969, y que provengan del mayor valor del tipo de cambio en relación con la variación del índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos, que determina el valor de las indicadas Unidades de Fomento, será de cargo del Fisco de Chile.

Asimismo, serán de cargo del Fisco de Chile las diferencias que se produzcan contra el Instituto de Financiamiento Cooperativo (IFICOOP Ltda.), con motivo de los préstamos reajustables que haya otorgado u otorgue a las entidades regidas por la Ley General de Cooperativas, con cargo al préstamo por US$ 3.650.000 que recibe según convenio número 513-L-026 suscrito con la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), con fecha 21 de octubre de 1966, y que provengan del mayor valor del tipo de cambio en relación a la variación del índice que determine el reajuste de los préstamos.

Dichas diferencias se liquidarán anualmente y se pagarán directamente por el Banco Central de Chile con cargo a la participación que le corresponde al Fisco en las utilidades de dicho banco. Para tal objeto, el Banco Central de Chile quedará facultado para aprobar las liquidaciones que el Banco del Estado de Chile y el Instituto de Financiamiento Cooperativo .IFICOOP Ltda, le presenten, sin necesidad de decreto supremo.

Artículo 4º.- El Banco del Estado de Chile devolverá a los agricultores afectados por la sequía, que hayan efectuado operaciones sujetas al acuerdo adoptado por el Directorio del Banco Central de Chile, en sesión Nº 2.175, con anterioridad al 23 de agosto de 1968, la diferencia entre el impuesto del artículo 235 de la ley Nº 16.617 que pagaron y la suma que habrían debido satisfacer si hubiera estado en vigencia el decreto Nº 1.483 del Ministerio de Hacienda que rebajó dicho impuesto para las referidas operaciones.

La citada institución queda facultada para rebajar las sumas que deba restituir por aplicación de este artículo de la cantidad que le corresponda enterar por concepto del impuesto en referencia, que se aplique a las operaciones que efectúe en el mes siguiente a la publicación de esta ley.".

Artículo transitorio

Pasa a ser artículo 5º transitorio, sin otra modificación.

En seguida, agregar como artículos 6º y 7° transitorios, los artículos 14 y 19, sin otra modificación.

Luego, agregar los siguientes artículos 8º y 9º transitorios, nuevos:

"Artículo 8°.- Autorízase la importación y libérase del pago de derechos de internación, de almacenaje acumulados a la fecha de publicación de esta ley, ad valorem y, en general, de todo derecho o contribución que se perciba por intermedio de las Aduanas y de la Empresa Portuaria de Chile, como asimismo de la obligación de hacer depósitos previos en el Banco Central de Chile, a una ambulancia marca Dodge, tipo unidad médica para atención médico rural, modelo W200 del año 1969, con tres puertas, color azul y blanco, chasis Nº 266003936, motor Nº D 225 R 2520108, de un peso aproximado de 7.220 libras (3.300 Kgs.), donada por los rotarios del Distrito 741 del Estado de Pennsylvania, Estados Unidos de América, al Rotary Club de Rancagua.

Sí dentro del plazo de cinco años, contado desde la vigencia de la presente ley, las especies que se internen en virtud de esta disposición fueren enajenadas a cualquier título o se les diere un destino distinto del específico, deberán integrarse en arcas fiscales los derechos e impuestos de los cuales este artículo libera, quedando solidariamente responsables de su integro, las personas o entidades que intervengan en los actos o contratos respectivos, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra e) del artículo 197 del D.F.L. Nº 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.

Artículo 9º.- Las sociedades anónimas que practiquen sus balances en fechas distintas del 30 de junio o 31 de diciembre, deberán reformar sus estatutos antes del 1° de enero de 1970, fijando como fecha de sus balances una de las dos fechas mencionadas sin que sea necesaria la autorización del Servicio de Impuestos Internos, y estableciendo como época de celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas el cuatrimestre siguiente a la fecha del balance anual.

La reforma de estatutos a que se refiere el inciso anterior deberá observarse desde el año calendario 1970, sin perjuicio de que las sociedades anónimas que practican sus balances al 31 de enero o 28 de febrero de 1969 lo hagan por última vez en dichas fechas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° transitorio de la ley N° 17.073.

Los administradores de las sociedades anónimas podrán solicitar la aprobación suprema de las reformas señaladas, sin que sea necesario la intervención de la Junta de Accionistas para dicha reforma.

Las escrituras públicas en que se haga la modificación de que habla el presente artículo estarán libre de impuesto, sin perjuicio de los impuestos que corresponda aplicar por otras estipulaciones que puedan contener dichas escrituras.".

IV.- Texto del proyecto.

Con las modificaciones anteriores, el texto del proyecto aprobado por vuestra Comisión de Hacienda en este trámite, es el siguiente:

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- El Banco del Estado de Chile podrá convenir la conversión de los saldos de los créditos otorgados desde la fecha de vigencia de la ley Nº 16.253, o que otorgue en el futuro, en créditos reajustables de fomento, siempre que su objeto haya cumplido o cumpla con las finalidades establecidas en el citado cuerpo legal.

Artículo 2º.- Agrégase a continuación del artículo 6º de la ley Nº 16.253, como artículo 6º bis, el siguiente:

"Artículo 6º bis.- En los juicios de cobro de las operaciones comprendidas en el artículo 6° de la presente ley, incluso en los juicios de quiebras, el pago se hará en moneda corriente, liquidándose el crédito por el valor que tengan las unidades de fomento a la fecha de dicho pago, de acuerdo con los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 40 del Ministerio de Hacienda, de fecha 2 de enero de 1967.

Si el juicio fuere ejecutivo, no será necesaria la avaluación previa del artículo 438 del Código de Procedimiento Civil.".

Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 1º de la ley Nº 16.407:

1.- Sustituir su inciso primero por el siguiente:

"Artículo 1°.- Las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, se reajustarán una vez al año en un porcentaje equivalente al 100% de la variación que tenga el índice de precios al consumidor del departamento de Santiago, que determina la Dirección General de Estadística y Censos, entre las fechas de su último reajuste anterior y el que corresponda efectuar.".

2.- Reemplazar su inciso segundo por el siguiente:

"El cálculo del reajuste y su capitalización en la cuenta respectiva se efectuará una vez al año en la forma, condiciones y plazos que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro.".

3.- En su inciso quinto, suprimir la frase: "y con él se abrirán los libros para el período siguiente".

4.- Sustituir su inciso sexto por el siguiente:

"Las cantidades que gocen de reajuste según lo dispuesto en este artículo, devengarán el interés que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile con aprobación de la Comisión Nacional de Ahorro. Sobre el saldo del depósito no reajustado se abonará el interés normal del depósito.".

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Reglamento Nº 405, sobre Cuentas de Ahorro a Plazo del Banco del Estado de Chile, publicado el 15 de febrero de 1966:

1.- Reemplazar el inciso primero de su artículo 1° por el siguiente:

"Artículo 1°.- Una vez al año tienen derecho a reajuste las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile bajo dicha denominación, que se hallen vigentes en el día anterior al que debe efectuarse el cálculo del reajuste, siempre que no registren un número superior de giros o retiro de cantidades superiores a los que determine de un modo general el Directorio del Banco, con aprobación de la Comisión. Nacional del Ahorro, en el período comprendido entre las fechas del último reajuste anterior y del que corresponde efectuar. En todo caso, el número de giros que Hará perder el reajuste deberá ser superior a dos en el lapso correspondiente.".

2.- Sustituir el inciso primero de su artículo 3º por el siguiente:

"Artículo 3º.- El porcentaje de reajuste será fijado una vez al año en las épocas que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile para cada grupo de cuentas.".

3.- Reemplazar su artículo 4º por el siguiente:

"Artículo 4º.- El Fisco traspasará al Banco del Estado de Chile los fondos acumulados en la referida cuenta, dentro del mes anterior al que corresponda efectuar el reajuste respectivo.".

Artículo 5º.- Reemplázase el artículo 46 del Reglamento Nº 6.331, publicado el 2 de mayo de 1961, por el siguiente:

"Artículo 46.- Los intereses de estas cuentas se liquidarán una vez al año en las fechas que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, capitalizándose en las fechas respectivas los intereses devengados.".

Artículo 6º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al D. F. L. Nº 251, de 1960:

1.- Suprimir el inciso segundo de la letra k) de su artículo 14.

2.- Agregar las siguientes letras e inciso final a su artículo 42:

"d) Adquirir, importar y enajenar, por cuenta propia o ajena, bienes muebles de equipamiento del hogar, maquinarias, herramientas y demás elementos de trabajo para sus imponentes de ahorro.

e) Adquirir, importar y enajenar, por cuenta propia o ajena, maquinarias, herramientas y demás elementos de trabajo para cooperativas y organizaciones comunitarias regidas por la ley Nº 16.880, o sus miembros, siempre que éstos y aquellas sean imponentes de ahorro.

La adquisición de los bienes señalados en las letras d) y e) deberá ser efectuada por medio de propuestas públicas, con o sin garantía, y su importación sólo podrá ser autorizada siempre y cuando estos bienes figuren en la lista de mercaderías de importación permitida del Banco Central de Chile.".

Artículo 7º.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 235 de la ley Nº 16.617:

"Los préstamos controlados e hipotecarios que el Banco del Estado de Chile otorgue a sus imponentes de ahorro estarán afectos al impuesto establecido en este artículo. Estos recursos serán depositados mensualmente en la cuenta especial establecida en el inciso segundo del artículo 2º de la ley Nº 16.407 y se destinarán a las finalidades establecidas en la referida disposición.".

Artículo 8º.- Declárase que el Banco del Estado de Chile se encuentra incluido entre las instituciones eximidas en las operaciones de importación que realice de elementos destinados para su uso exclusivo, del impuesto establecido en el Nº 14 del artículo 1º de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.

Artículo 9º.- Créase la Comisión Nacional del Ahorro, encargada de planificar, supervigilar, coordinar, regular y estimular el funcionamiento y organización de los sistemas de ahorro de las entidades o servicios públicos o privados que tengan relación con la captación y el desarrollo del ahorro nacional. Tendrá también esta Comisión por finalidad formular una política nacional del ahorro y coordinar las actividades relacionadas con el ahorro, especialmente en lo relativo a sus aspectos técnicos, financieros, educativos y de control.

Artículo 10.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, corresponderá a la Comisión:

a) Realizar estudios e investigaciones sobre el estado actual y sobre los planes de desarrollo y funcionamiento de los diversos tipos de instituciones que capten ahorros, a fin de permitir, sobre la base de ellos, la adopción de las medidas requeridas para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior;

b) Adoptar medidas para la debida regulación, coordinación y supervigilancia de las diversas formas de captación de los ahorros;

c) Planificar campañas de educación, difusión y promoción del ahorro en el público;

d) Aprobar los presupuestos globales de gastos e inversión que digan relación con el fomento del ahorro de las instituciones fiscales, semifiscales y de administración autónoma y de empresas del Estado y en las que éste tenga participación, que digan relación con estos planes;

e) Efectuar la coordinación de la acción de los diversos organismos, instituciones y empresas, tanto del sector público como del privado, que se ocupan del fomento y desarrollo del ahorro y de sus mecanismos de captación;

f) Promover la uniformidad y coordinación de las disposiciones legales y administrativas relacionadas con las diversas instituciones e instrumentos de ahorro, y

g) Fomentar la formación de centros de estudios y adiestramiento de dirigentes y técnicos en la creación, organización y administración de mecanismos de ahorro y difundir los principios y las técnicas sobre esta misma materia.

Artículo 11.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, facúltase a las instituciones fiscales, semifiscales, autónomas del Estado, empresas del Estado, Banco Central de Chile y Banco del Estado de Chile, para destinar, previa aprobación de la Dirección de Presupuestos cuando fuere procedente, hasta un 15% de los recursos de que dispongan para gastos de publicidad, difusión o promoción, al financiamiento de la Comisión Nacional del Ahorro.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior no regirán las limitaciones o prohibiciones establecidas en las leyes orgánicas de las respectivas instituciones u organismos.

La Comisión indicada deberá rendir cuentas anualmente de la inversión de los fondos que recibe a la Superintendencia de Bancos.

Artículo 12.- La Comisión Nacional del Ahorro estará integrada por las siguientes personas:

a) El Ministro de Hacienda, que la presidirá;

b) El Presidente del Banco Central de Chile;

c) El Presidente del Banco del Estado de Chile;

d) El Presidente de la Caja Central de Ahorros y Préstamos;

e) El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción;

f) El Superintendente de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio;

g) Un representante del sistema cooperativo, designado por la Comisión Nacional del Ahorro de entre los componentes de una terna que formará la Comisión Nacional Coordinadora de Cooperativas;

h) Un representante del sector empresarial privado, designado por la Confederación Nacional de la Producción y del Comercio;

i) Un representante del sistema de ahorro y préstamos para la vivienda, designado por la Federación Nacional de Asociaciones de Ahorro y Préstamos;

j) Un representante de los empleados, designado por la Confederación de Empleados Particulares de Chile, y

k) Un representante de los obreros, designados por los diez sindicatos industriales con mayor número de asociados, elegidos según las normas que establezca la Dirección General del Trabajo.

Los consejeros de las letras a) a f) podrán designar personas que los subroguen en sus funciones.

Los consejeros de las letras g) a k) durarán dos años en sus cargos.

Artículo 13.- En la forma que determine la Comisión, podrán constituirse Comités Provinciales o Regionales que efectúen la labor de ésta en sus respectivas zonas.

Artículo 14.- Una Secretaría Ejecutiva de hasta cinco miembros, cuyos integrantes serán designados por la Comisión, se encargará de ejecutar los acuerdos de ésta, será responsable de la marcha de los programas aprobados y servirá de nexo y coordinador entre los diferentes sectores, empresas, instituciones, organismos, autoridades, y la Comisión.

Artículo 15.- La Comisión sesionará mensualmente en forma ordinaria, cuando sea convocada por su Presidente o por la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 16.- Las condiciones, plazos y modalidades de las emisiones o debentures a que se refiere el artículo 10 de la ley Nº 16.813, y las que se fijen en el futuro para los sistemas de ahorro a que se refiere el artículo 39, letra j) del D.F.L. Nº 247, de 1960, el D.F.L. Nº 205, de 1960, y el Decreto Supremo de Hacienda Nº 11.429, del mismo año, el D.F.L. Nº 251, de 1960, y la ley Nº 16.407, la ley Nº 16.253 y el Decreto Supremo de Hacienda Nº 40, de enero de 1967, y el RRA. Nº 20, de 1963, deberán contar previamente con el informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro.

Artículo 17.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 4.657:

1.- Intercálase en el Nº 6 del artículo 6º, entre la palabra "interés", después de la coma (,) que la sigue, y las palabras "la forma", las siguientes: "la forma de reajuste del empréstito".

2.- Sustituir en el artículo 7º las palabras "la escritura de emisión será publicada íntegramente y", por las siguientes: "un extracto de la escritura de emisión aprobado por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio será publicado"; y reemplazar las palabras "inscrita" y "anotada", por las palabras "inscrito" y "aprobado".

3.- Intercalar en el Nº 7 del artículo 9º, entre la palabra "interés" después de la coma (,) que la sigue y las palabras "la forma", las siguientes: "la forma de reajuste del empréstito".

4.- Sustituir el inciso primero del artículo 10, por el siguiente:

"El valor nominal inicial de cada bono no podrá ser inferior a cien escudos ni superior a cinco mil escudos.".

5.- Sustituir en el párrafo 2º del inciso primero del artículo 12 la palabra "Segunda" por la siguiente: "Primera", y en el segundo inciso de este artículo agregar después de la palabra "valor", las palabras "o la forma de determinarlo".

6.- Sustituir el artículo 18 por el siguiente:

"Artículo 18.- Podrán emitirse bonos reajustables o a prima, fijando en este último caso para su suscripción una suma inferior a su valor nominal. Para la aplicación de las disposiciones legales que limitan el interés convencional se considerará en los bonos reajustables o a prima sólo la tasa de interés calculada sobre el valor nominal inicial del bono más el reajuste en su caso. El reajuste no se considerará interés ni renta para ningún efecto legal para quien se beneficie con él. De la misma manera, la diferencia que obtenga el tenedor de bonos entre el precio de suscripción o adquisición y el de rescate o transferencia tampoco se considerará como renta para ningún efecto legal, a menos que se trate de la diferencia correspondiente a la prima con que haya podido colocarse el bono.".

7.- Agregar en el artículo 20, después de la palabra "intereses", las siguientes: "y reajuste".

8.- Sustituir en el artículo 22 las palabras "no podrá hacer uso alguno del dinero pagado por los suscriptores de los bonos", por las siguientes: "sólo podrá destinar el dinero pagado por los suscriptores de bonos a inversiones o bienes de fácil liquidación".

9.- Agregar en el artículo 23, después de la palabra "intereses", lo siguiente: "y reajuste".

10.- Agregar en el artículo 25, después de la palabra "bonos", las siguientes: "o a quien éstos indiquen".

11.- Suprimir en el artículo 29 la frase "con autorización de la Junta de tenedores de bonos".

12.- Suprimir en el artículo 32 las palabras "por medio de sorteo de los títulos respectivos y sólo".

13.- Sustituir en el primer párrafo del inciso primero del artículo 33 las palabras "El sorteo de los bonos", por las siguientes: "En el caso que la amortización se efectúe por sorteo, éste".

14.- Agregar en los artículos 35 y 41, después de las palabras "nominal", lo siguiente: "más el reajuste en su caso".

15.- Agregar entre los párrafos sexto y séptimo un párrafo nuevo con el título "Autorizaciones especiales" y con el siguiente artículo nuevo:

"Artículo...- Para emitir bonos con reajuste será necesario que la sociedad emisora obtenga previamente una autorización especial para cada emisión de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro. Este informe deberá ser evacuado dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha en que la Superintendencia lo solicite, y transcurrido éste se podrá prescindir del mismo a solicitud de la sociedad interesada.

Las Sociedades Anónimas que deseen emitir bonos con reajuste deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar que el empréstito tiene por objeto obtener los capitales de explotación o de inversión necesarios para el desarrollo de sus actividades.

b) Que el monto del empréstito guarde relación con el volumen de los negocios de la sociedad solicitante y que se encuentra suficientemente garantizada con el capital propio de la sociedad y los ingresos provenientes de sus operaciones. Sin perjuicio de que deba acreditar esta circunstancia, estos empréstitos podrán ser con o sin garantía según lo determine y califique la Superintendencia al autorizar la emisión.

c) Que el bono mediante el cual se colocará el empréstito cumple los requisitos de forma y fondo que establezca la Superintendencia.

d) Ofrecer una fórmula de reajuste equitativa que tenga por objeto preservar el valor adquisitivo inicial del empréstito para quien lo cubra.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia, en la resolución que pronuncie aprobando la emisión del empréstito, podrá fijar las condiciones de la emisión y de la colocación respectiva con las más amplias facultades. Dicha resolución se protocolizará ante Notario Público, se inscribirá en el Registro de Comercio correspondiente, y se anotará al margen de la inscripción de la sociedad en el mismo Registro.".

16.- Sustituir el artículo 75 por el siguiente:

"Artículo 75.- Los representantes de los tenedores de bonos y las empresas que se encarguen de la colocación de los documentos mercantiles a que se refiere esta ley, responderán de la culpa y negligencia en el cumplimiento de ella y de la violación de cualquiera de sus obligaciones que su función les imponga.".

Artículo 18.- Agrégase al inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 16.394 el siguiente párrafo: "Estas mismas sociedades podrán también colocar en el público, en igual forma directa, bonos o debentures de su propia emisión, sujetándose a las disposiciones de la presente ley.".

Artículo 19.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 1º de la ley Nº 16.272:

1.- Sustituir el inciso primero de su Nº 5 por el siguiente:

"5.Cesión y, en general, enajenación a cualquier título de acciones y debentures de sociedades anónimas, de acciones de sociedades en comandita y de bonos hipotecarios, tasa de 0,25% sobre su valor, el cual no podrá ser inferior al señalado en el Nº 2 del artículo 4º.".

2.- Intercalar en su Nº 26, después de la palabra "acción", las siguientes: "y debentures".

Artículo 20.- Los intereses y primas que perciban los suscriptores y tenedores de bonos o debentures emitidos según las disposiciones de la ley Nº 4.657, están exentos del impuesto a los servicios establecidos en el artículo 15 de la ley Nº 12.120.

Artículo 21.- Se autoriza al Presidente de la República para dictar disposiciones que permitan el establecimiento de organismos privados con personalidad jurídica que, bajo la denominación de "Financieras Automotrices", podrán recibir ahorros y otorgar préstamos reajustables para la adquisición de vehículos motorizados producidos o armados en el país. Estas entidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendendencia de Bancos.

Sólo a través de estos organismos podrá financiarse la adquisición a plazo de los vehículos motorizados nuevos producidos o armados en el país.

En uso de estas facultades, el Presidente de la República deberá establecer normas relativas a la constitución, organización, funcionamiento, disolución y liquidación de los referidos organismos; capital con que deben constituirse y funcionar; garantías que deben rendir; procedimientos a que deben ceñirse, y multas que deban pagar. Deberá, además, dictar disposiciones tendientes a regular sus operaciones en general; reglar los depósitos que en ellos se efectúen y los créditos que otorguen, como sus plazos, tasas de interés y formas de reajustes; colocaciones que puedan realizar, encajes que deban mantener, y las limitaciones y prohibiciones a que queden sujetos. Asimismo, deberá estatuir los preceptos necesarios para que las personas que realizan en la actualidad las operaciones a que se refiere este artículo se adapten a las normas que dicte o procedan a su disolución. Los dueños y administradores de estas entidades que no cumplan con los preceptos señalados en el párrafo anterior serán considerados autores del delito de estafa.

No se considerará renta el reajuste de los depósitos o instrumentos de ahorro que corresponda a las personas naturales que se acojan al sistema de ahorro indicado en el inciso primero.

Los depósitos de ahorro que no se empleen en la adquisición de un vehículo, podrán ser retirados total o parcialmente con sus intereses y reajustes.

Sólo tendrán derecho a adquirir vehículos por medio de los organismos que se establezcan en virtud de este artículo, las personas que acrediten que han satisfecho su necesidad de vivienda. El Presidente de la República reglamentará este requisito, previo informe de la Caja Central de Ahorros, y Préstamos para la Vivienda y de la Superintendencia de Bancos.

Los textos que se dicten en uso de las facultades conferidas por este artículo, deberán publicarse en el plazo de seis meses, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, y podrán ser modificados por el Presidente de la República dentro de los seis meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 22.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 11.704, sobre Rentas Municipales:

1.- En el inciso primero de su artículo 54 sustituir la expresión "Eº 500", por la siguiente frase: "seis sueldos vitales mensuales clase a) del departamento de Santiago".

2.- Agregar los siguientes incisos finales a su artículo 54:

"El recargo que establece este artículo se aplicará sobre el capital propio del contribuyente, definido en el artículo 35 de la ley Nº 15.564, sobre Impuesto a la Renta. Dicho capital deberá ser igualmente considerado para los efectos de la publicación de las patentes mínimas que esta disposición establece.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, los contribuyentes afectos al pago de patentes, de las señaladas en el inciso primero de este artículo, deberán presentar una declaración anual en el mes de marzo de cada año, sobre el monto del capital con que operan ante la Municipalidad respectiva, acompañando copia del Balance y del cálculo del capital propio presentados ante Impuestos Internos.

El 50% de los fondos que obtengan las municipalidades por concepto de recargo de capital, será destinado a incrementar el ítem de Obras de Adelanto Local de cada comuna.".

3.- Agregar el siguiente artículo 54 bis:

"Artículo 54 bis.- Para los efectos de lo establecido en el artículo anterior, en los casos en que el contribuyente no pudiere acreditar su capital propio en forma fehaciente por no llevar contabilidad, la estimación la hará la Municipalidad respectiva. Dichas resoluciones podrán ser reclamadas por el afectado ante el Director Regional de Impuestos Internos que corresponda, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de su notificación.

Para el establecimiento del capital propio en el caso a que se refiere el artículo anterior, los contribuyentes podrán deducir aquella parte de dicho capital que se encuentre invertida en otras empresas que también paguen patente municipal.".

4.- Sustituir su artículo 71 por el siguiente:

"Artículo 71.- Los integrantes de la Junta Clasificadora de Patentes en las comunas de más de 150.000 habitantes tendrán derecho a un honorario equivalente al 25% del sueldo vital del departamento respectivo, por cada sesión a que asistan; en las comunas de más de 50.000 habitantes y menos de 150.000, a un honorario equivalente al 15% del sueldo vital del departamento respectivo, por cada sesión a que asistan, y en las demás comunas, a un honorario equivalente al 5% del sueldo vital del departamento respectivo, por cada sesión a que asistan. No podrán recibirse estos honorarios por asistencia a más de ocho sesiones mensuales.".

Artículo 23.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto RRA. Nº 20, de 1963:

a) En los artículos 25, 26, 49, 56 y 59, reemplazar la palabra "acciones" por las siguientes: "aportes de capital".

b) En el artículo 33 reemplazar las palabras "las acciones pagadas" por las siguientes: "los aportes de capital efectuados".

c) En los artículos 35, 57, 80 y 4º transitorio reemplazar las palabras "las acciones" por las siguientes: "los aportes de capital".

d) En el artículo 62 reemplazar las palabras "adquirir acciones de" por las siguientes: "efectuar aportes de capital a".

e) En el artículo 98 reemplazar las palabras "en acciones" por las siguientes: "de capital".

f) Sustituir el artículo 30 por el siguiente:

"Artículo 30.- Los aportes de capital a las cooperativas serán nominativos y su transferencia o rescate, que debe ser aprobado por el Consejo de Administración, no podrá hacerse a un valor superior al monto depositado, más las revalorizaciones que le correspondan y deducida su cuota en las eventuales pérdidas. No podrán existir aportes liberados privilegiados a ningún título.".

g) Sustituir los incisos segundo y tercero del artículo 31 por los siguientes:

"La revalorización se efectuará de acuerdo con las normas que al respecto dictará la División de Cooperativas y afectará a los aportes de los socios que se mantengan hasta el cierre del ejercicio anual.

Para los efectos de la determinación del capital propio se computarán las reservas y se excluirán los excedentes.".

h) En el artículo 33 intercalar entre las palabras "dictará" y "las", la frase "previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro", y suprimir las expresiones siguientes: "que se determinará por la fluctuación del índice de precios al consumidor o del índice de precios al por mayor, que calcule la Dirección de Estadística y Censos, optando por el que sea más bajo,".

i) Sustituir el artículo 34 por el siguiente:

"Artículo 34.- El interés anual de los aportes de capital y de las cuotas de ahorro será fijado por la División de Cooperativas de la Dirección de Industrias y Comercio, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro.".

j) Sustituyese la frase inicial del artículo 43, que dice: "El Consejo de Administración será elegido por la Junta General de Socios.", por las siguientes: "El Consejo de Administración será elegido en su totalidad y en un solo acto por la Junta General de Socios. El período de su mandato no podrá ser superior a tres años.".

k) Sustituir el artículo 106 por el siguiente:

"Artículo 106.- Se denominarán cooperativas de ahorro y crédito las cooperativas de servicio que tengan por finalidad recibir ahorros y otorgar préstamos a sus socios, reajustables o no. Un Reglamento dictado por el Presidente de la República, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro, determinará la forma y requisitos para recibir y otorgar dichos ahorros y préstamos, y para recibir depósitos de personas que no sean socios.".

l) Sustituir el artículo 110 por el siguiente:

"Artículo 110.- Los reajustes, las revalorizaciones y el interés máximo que las cooperativas de ahorro y crédito podrán exigir sobre los préstamos y que podrán abonar sobre los aportes de capital y depósitos o cuotas de ahorro, serán fijados por la División de Cooperativas de la Dirección de Industrias y Comercio previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro. Tales intereses estarán exentos de los impuestos que les sean aplicables, con excepción del impuesto global complementario.

En las cooperativas de ahorro y crédito la distribución de excedentes se calculará sobre las operaciones de crédito realizadas con los socios.".

ll) Agregar la siguiente frase final al inciso primero del artículo 118: "y a la designación de sus Directorios les será aplicable lo dispuesto en el artículo 43.".

m) Sustituir en el artículo 123 la frase que dice: "en la forma que se establezca en los estatutos", por la siguiente: "en la misma forma y períodos establecida en el artículo 43".

Artículo 24.- Agréganse los siguientes incisos finales al artículo 13 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques:

"Si se tachare cualquiera mención impresa que contenga el cheque, que no sean las cláusulas "a la orden" o "al portador", dicha tacha no producirá efecto alguno.

Si el cheque no indica lugar de giro, se le presume extendido en la plaza en que funciona la oficina sobre la cual fue girado.

Los bancos podrán autorizar a determinadas personas para estampar en sus cheques, mediante procedimientos mecánicos, la cantidad girada y la firma. Lo harán siempre que los procedimientos que se utilicen ofrezcan seguridad y que se justifique su necesidad por el elevado número de cheques que deba emitir el comitente, a juicio de la Superintendencia de Bancos. En tal caso bastará con que la cantidad se exprese en letras o en números.".

Artículo 25.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 655 de Código de Comercio:

"Los endosos de documentos efectuados en favor de instituciones bancarias podrán hacerse estampando el nombre del cedente por procedimiento mecánicos, sin necesidad de firma.".

Artículo 26.- Las letras de cambio y los pagarés a la orden de instituciones bancarias y de entidades estatales de crédito, aceptadas o suscritos por un analfabeto, tendrán mérito ejecutivo por el solo hecho de haber sido autorizada la impresión digital del deudor por un Notario público o por un Oficial del Registro Civil en las localidades donde no exista Notario.".

Artículo 27.- Reemplázase en el inciso final del artículo 14 de la ley Nº 16.272, las palabras "deberán extenderse en papel sellado de", por las siguientes: "deberán extenderse en papel sellado o en formularios en blanco que presenten los contribuyentes con un timbre fijo por hoja, de".

Artículo 28.- Agrégase al artículo 17 de la Ley sobre Impuesto a la Renta el siguiente número 28, asignándose el número 29 al actual número 28:

"28.- Las utilidades que corresponden a los partícipes de fondos mutuos y que ellos inviertan en la adquisición de nuevas cuotas del mismo fondo, siempre que dicha inversión se mantenga ininterrumpidamente por el plazo de 5 años contado desde la fecha en que los partícipes puedan disponer de sus utilidades. Los rescates de cuotas del fondo que efectúen los partícipes se considerará que corresponden a las utilidades del año más antiguo que se hayan invertido en el mismo fondo, para los fines de aplicar el impuesto a la renta, y así sucesivamente a los años posteriores, sin que el contribuyente pueda oponer prescripción alguna en contra del Fisco, excepto si la inversión se ha mantenido durante el referido plazo de 5 años.".

Artículo 29.- Exímese del impuesto establecido en el artículo 235 de la ley Nº 16.617 a los préstamos otorgados o que otorgue el Banco del Estado de Chile a los Cuerpos de Bomberos para la construcción de sus cuarteles.

Artículo 30.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 11.791:

1.- En el artículo 25, sustituir el punto final (.) por un punto y coma (;) y agregar la siguiente frase: "equipo de uso clínico para la medición de material radiactivo, así como a sus accesorios y repuestos y a los isótopos radiactivos.".

2.- En el artículo 26, sustituir el punto final (.) por un punto y coma (;) y agregar la siguiente frase: "y a los profesionales dedicados al uso clínico de radioisótopos, según se certificará en cada caso por el Colegio Médico de Chile.".

Artículo 31.- Los personales de la Corporación de la Reforma Agraria y de la Empresa de Comercio Agrícola tendrán el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y se les aplicarán los párrafos 18, 19 y 20 del Título II del D.F.L. Nº 338, de 1960, sin perjuicio de las demás disposiciones de los estatutos del personal respectivo.

Sin embargo, no podrán imputar un mismo acto o hecho futuro para gozar de un beneficio igual o similar a los que se les conceden por esta ley, tal como tiempo servido para gozar de indemnización por años de servicios distinta del desahucio de los empleados públicos, sin perjuicio de que operen las normas generales sobre continuidad de la previsión.

Artículo 32.- Declárase que el inciso cuarto del artículo 1° de la ley Nº 17.015, de 31 de octubre de 1968, se limitó a derogar el Párrafo 4 del Título II del D.F.L. Nº 338, de 1960 y el artículo 20 de la ley Nº 7.295, respecto de los servicios enumerados en el mismo precepto, y sólo a contar desde el 1° de enero de 1969. En consecuencia, los funcionarios que adquirieron antes de esta fecha alguno de los beneficios establecidos; en el referido párrafo o en el artículo citado, lo han conservado con posterioridad a ella.

Artículo 33.- Suprímense los seis cargos de "Auxiliares" fuera de Escalafón, creados por la letra b) del artículo 1° de la ley Nº 13.609, y créase en la Planta del personal del Senado, el siguiente

Las personas que actualmente ocupan los cargos de "Auxiliares" que se suprimen, deberán ser encasilladas, por orden de antigüedad, en los cargos del Escalafón que se crea en el presente artículo.

Este encasillamiento no se considerará como ascenso para los efectos del beneficio establecido en el artículo 7º de la ley Nº 12.405 y sus modificaciones posteriores, debiendo considerarse el tiempo que ya han servido para el cómputo respectivo en relación con el nuevo Escalafón Técnico de Auxiliares.

El mayor gasto que demande la aplicación del presente artículo en el presente año, se imputará al ítem 02/01/01.003 "Sobresueldos", de la ley Nº 17.072, de Presupuestos para 1969.

Artículo 34.- Los Tesoreros de las Municipalidades de Santiago y Valparaíso estarán obligados a retener mensualmente del sueldo de los empleados municipales las imposiciones que a éstos les corresponden en virtud de los Estatutos Orgánicos de sus respectivas Cajas de Previsión y los demás descuentos que ordenen estas instituciones.

Dichas retenciones y descuentos, como asimismo los aportes municipales a las expresadas Cajas de Previsión, deberá el Tesorero respectivo remitirlas a aquéllas dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiere efectuado el pago de los sueldos a los empleados.

Para los efectos del pago de los aportes municipales a que se refiere el inciso anterior, regirá lo establecido en el inciso segundo del artículo 85 de la ley Nº 11.860, sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades.

Artículo 35.- Establécese a contar desde la publicación de la presente ley, una sobretasa adicional de Eº 0,05 a todos los objetos de correspondencia que el Servicio de Correos y Telégrafos curse en el interior del país, cuyo producido se destinará a los pagos derivados de la adquisición, compra o expropiación de inmuebles; a la construcción, reparación y alhajamiento de edificios para esta repartición y a la adquisición de equipos de transporte, equipos normalizados de explotación, mobiliario funcional y material postal.

Esta sobretasa se reajustará en el primer trimestre de cada año, a partir de 1970, en un porcentaje igual al alza que experimente el índice de precios al consumidor determinado por la Dirección General de Estadística y Censos, correspondiente al año anterior. Si con motivo de la aplicación de esta norma resultaren cifras de aumento inferiores a cinco centésimos o a múltiplos de cinco centésimos, la tasa se alzará hasta alcanzar dicha cantidad o el múltiplo más cercano.

Estos fondos serán depositados en una cuenta especial y sobre ella podrá girar el Director Nacional de Correos y Telégrafos para cumplir con los objetivos del inciso primero.

Artículo 36.- Facúltase al Presidente de la República para dictar, dentro de un año, contado desde la publicación de la presente ley, un Reglamento para que el Servicio de Correos y Telégrafos organice directamente y sin intermediarios la comercialización de los sellos o estampillas postales y demás especies filatélicas nacionales y todos los aspectos relativos a su elaboración, distribución, circulación, conservación y venta en el mercado nacional e internacional.

Dicho Reglamento establecerá las condiciones, modalidades, características y limitaciones de la adquisición, distribución y venta de los sellos postales, e indicará las atribuciones que se entregarán a la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos para la administración, ejecución y control de estas actividades.

No regirá para la Dirección Nacional nombrada y para los fines previstos en esta disposición, la prohibición contenida en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Correos y Telégrafos, D.F.L. Nº 171, de 1960. Tampoco regirá dicha prohibición en los casos en que el Director Nacional estime conveniente exceptuar de conformidad al Reglamento.

Los fondos provenientes de esta comercialización de sellos y demás especies postales, ingresarán a una cuenta única especial que se abrirá en el Banco del Estado de Chile a nombre de la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos y sobre la cual sólo podrá girarse para atender los gastos y adquisiciones que demanda la promoción, funcionamiento, mantención y desarrollo de la comercialización filatélica y de los servicios postales.

La presente disposición y el Reglamento que en virtud de la misma se dicte no tendrá atingencia con la actividad filatélica que desarrollen los particulares entre sí.

Artículo 37.- Agregar el siguiente inciso al artículo 17 de la ley Nº 16.724:

"Sólo el Banco Central de Chile podrá comercializar las monedas acuñadas en virtud de esta disposición, sin intermediarios de ninguna especié y las utilidades derivadas de ella ingresarán a Fondos Generales de la Nación. Esta disposición regirá desde su publicación en el Diario Oficial.".

Artículo 38.- A contar del 1° de enero de 1970, destínase a la provincia de Colchagua el 10% de los ingresos que le correspondan a las Municipalidades y a la provincia de O'Higgins por aplicación de lo dispuesto en los artículos 27 y 51 de la ley Nº 16.624 y sus modificaciones posteriores.

Dichos fondos serán distribuidos según las mismas normas que dichos artículos establecen para la provincia y las Municipalidades de O'Higgins.

Para estos efectos, créase el Consejo de Desarrollo de Colchagua, que tendrá una composición análoga y las mismas atribuciones que el Consejo de Desarrollo de O'Higgins.

Artículos transitorios.

Artículo 1°.- Respecto de los saldos de los créditos a que se refiere el artículo 1º, concedidos con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley y siempre que cumplan con los requisitos señalados en el citado precepto, la conversión será obligatoria para el Banco del Estado de Chile cuando lo soliciten los deudores interesados dentro del plazo de 180 días, contado desde la fecha de vigencia de esta ley.

Artículo 2º.- El Presidente de la República podrá modificar, por una sola vez, el reglamento para la aplicación de los reajustes de las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro y de la Superintendencia de Bancos, para coordinar sus disposiciones con las modificaciones que esta ley introduce al sistema de cuentas de ahorro a plazo abiertas en el mencionado Banco.

Artículo 3º.- Declárase que las diferencias que se produzcan contra el Banco del Estado de Chile con motivo de los préstamos en "Unidades de Fomento" que otorgue a los agricultores de las provincias comprendidas entre Coquimbo y Arauco, con cargo al préstamo por US$ 9.575.000 que recibe según convenio suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con fecha 14 de mayo de 1969, y que provengan del mayor valor del tipo de cambio en relación con la variación del índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadística y Censos, que determina el valor de las indicadas Unidades de Fomento, será de cargo del Fisco de Chile.

Asimismo, serán de cargo del Fisco de Chile las diferencias que se produzcan contra el Instituto de Financiamiento Cooperativo (IFICOOP Ltda.) con motivo de los préstamos reajustables que haya otorgado u otorgue a las entidades regidas por la Ley General de Cooperativas, con cargo al préstamo por US$ 3.650.000 que recibe según convenio Nº 513 L 026 suscrito con la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) con fecha 21 de octubre de 1966, y que provengan del mayor valor del tipo de cambio en relación a la variación del índice que determine el reajuste de los préstamos.

Dichas diferencias se liquidarán anualmente y se pagarán directamente por el Banco Central de Chile con cargo a la participación que le corresponde al Fisco en las utilidades de dicho Banco. Para tal objeto, el Banco Central de Chile quedará facultado para aprobar las liquidaciones que el Banco del Estado de Chile y el Instituto de Financiamiento Cooperativo IFICOOP Ltda, le presenten, sin necesidad de Decreto Supremo.

Artículo 4º.- El Banco del Estado de Chile devolverá a los agricultores afectados por la sequía, que hayan efectuado operaciones sujetas al acuerdo adoptado por el Directorio del Banco Central de Chile, en sesión Nº 2.175, con anterioridad al 23 de agosto de 1968, la diferencia entre el impuesto del artículo 235 de la ley Nº 16.617 que pagaron y la suma que habrían debido satisfacer si hubiera estado en vigencia el Decreto Nº 1.483 del Ministerio de Hacienda que rebajó dicho impuesto para las referidas operaciones.

La citada institución queda facultada para rebajar las sumas que deba restituir por aplicación de este artículo de la cantidad que le corresponda enterar por concepto del impuesto en referencia, que se aplique a las operaciones que efectúe en el mes siguiente a la publicación de esta ley.

Artículo 5º.- Las modificaciones que la presente ley introduce al artículo 54 de la ley Nº 11.704, no afectarán, en ningún caso, la validez de los pagos que hubieren efectuado los contribuyentes en un sentido diverso, con anterioridad a su vigencia.

Artículo 6º.- Facúltase a la Empresa de Ferrocarriles del Estado para transferir al Fisco un terreno de 4.800 metros cuadrados ubicado en el recinto de la Estación Alameda, de 160 metros de frente a la Avenida Exposición medidos entre los 170 y los 330 metros desde el actual límite Norte de dicha Estación con la Avenida Bernardo O'Higgins, por 30 metros de fondo medidos desde la actual línea oficial de edificación fijada para la Avenida Exposición, que se destinará a la construcción de la Central Clasificadora y dependencias del Servicio de Correos y Telégrafos. A cambio de lo anterior y como única prestación equivalente, el Fisco se obliga a su vez a transferir en dicha construcción, a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, una superficie edificada en el extremo Norte del inmueble, de 3.300 metros cuadrados aproximadamente, para la instalación de oficinas y bodegas de dicha Empresa. Tal superficie edificada se entregará en tres niveles, contiguos e inmediatos de modo que formen una unidad independiente dentro de la construcción total, con accesos y servicios propios que se distribuirán entre el primer subterráneo y el primer y segundo pisos, conforme a las estipulaciones del Convenio que celebren sobre este particular la Empresa de Ferrocarriles del Estado y el Servicio de Correos y Telégrafos.

Estas transferencias estarán exentas de todo derecho, impuesto y gravámenes fiscales y municipales.

Artículo 7º.- Libérase a las Municipalidades a cuyo territorio jurisdiccional pertenezcan los predios de las Empresas de la Gran Minería del Cobre y cuyos avalúos fijados para la retasación de la ley Nº 15.021, fueron objeto de revisión y rectificación por el Servicio de Impuestos Internos, de la obligación de reintegrar al Fisco las sumas correspondientes a ingresos municipales, con motivo de las devoluciones a que dieron origen las rebajas de avalúos respectivos.

Artículo 8º.- Autorízase al importación y libérase del pago de derechos de internación, de almacenaje acumulados a la fecha de publicación de esta ley, ad valorem y, en general, de todo derecho o contribución que se perciba por intermedio de las Aduanas y de la Empresa Portuaria de Chile, como asimismo de la obligación de hacer depósitos previos en el Banco Central de Chile, a una ambulancia marca Dodge, tipo unidad médica para atención médico rural, modelo W200 del año 1969, con tres puertas, color azul y blanco, chassis Nº 266003926, motor Nº D 225 R 2520108, de un peso aproximado de 7.220 libras (3.300 Kg.), donada por los rotarios del Distrito 741 del Estado de Pennsylvania, Estados Unidos de América, al Rotary Club de Rancagua.

Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la vigencia de la presente ley, las especies que se internen en virtud de esta disposición fueren enajenadas a cualquier título o se les diere un destino distinto del específico, deberán integrarse en arcas fiscales los derechos e impuestos de los cuales este artículo libera, quedando solidariamente responsables de su integro, las personas o entidades que intervengan en los actos o contratos respectivos, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra e) del artículo 197 del D.F.L. Nº 313, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.

Artículo 9º.- Las sociedades anónimas que practiquen sus balances en fechas distintas del 30 de junio o 31 de diciembre, deberán reformar sus estatutos antes del 1° de enero de 1970, fijando como fecha de sus balances una de las dos fechas mencionadas sin que sea necesaria la autorización del Servicio de Impuestos Internos, y estableciendo como época de celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas el cuatrimestre siguiente a la fecha del balance anual.

La reforma de estatutos a que se refiere el inciso anterior deberá observarse desde el año calendario 1970, sin perjuicio de que las sociedades anónimas que practican sus balances al 31 de enero o 28 de febrero de 1969 lo hagan por última vez en dichas fechas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º transitorio de la ley Nº 17.073.

Los administradores de las sociedades anónimas podrán solicitar la aprobación suprema de las reformas señaladas, sin que sea necesaria la intervención de la Junta de Accionistas para dicha reforma.

Las escrituras públicas en que se haga la modificación de que habla el presente artículo estarán libres de impuesto, sin perjuicio de los impuestos que corresponda aplicar por otras estipulaciones que puedan contener dichas escrituras.".

Sala de la Comisión, a 28 de julio de 1969.

Acordado en sesiones de fechas 24 y 26 de junio, 1, 3, 8 10, 15 y 24 de julio de 1969, con asistencia de los Honorables Senadores señores Palma (Presidente), Ballesteros, Bossay, García y Silva Ulloa.

(Fdo.): Iván Auger Labarca, Secretario.

CONVERSION DE CREDITOS OTORGADOS POR EL BANCO DEL ESTADO.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Corresponde tratar el proyecto de ley que autoriza al Banco del Estado de Chile para convenir la conversión de créditos otorgados desde la vigencia de la ley 16.253, con segundo informe de la Comisión de Hacienda.

-Los antecedentes sobre este proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 20ª, en 3 de diciembre de 1968.

Informes de Comisión:

Hacienda, sesión 54ª, en 6 de mayo de 1969.

Hacienda (segunda), sesión 22ª, en 28 de julio de 1969.

Discusión:

Sesiones 55ª, en 7 de mayo de 1969; 56ª, en 13 de mayo de 1969; 57ª, en 14 de mayo de 1969 (se aprueba en general). .

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

La Comisión, bajo la firma de los Honorables señores Palma (presidente), Ballesteros, Bossay, García y Silva Ulloa, hace presente a la Sala que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los siguientes artículos del primer informe: 4°, que pasa a ser Nº 4 del artículo 3º, con enmiendas de mera redacción; 6º, que pasa a ser artículo 16, con enmiendas de concordancia, 89, que pasa a ser 18; 14, que pasa a ser 6º transitorio; 15, que pasa a ser 35; 19, que pasa a ser 7º transitorio, y artículo transitorio, que pasa a ser 5º transitorio.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

En conformidad al Reglamento, quedan aprobados.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

En seguida, la Comisión propone diversas enmiendas a su primer informe, que se consignan en el boletín Nº 24.073.

La primera modificación incide en el artículo 1º y consiste en sustituir la redacción de su inciso primero, por otra. Esta enmienda fue aprobada por unanimidad en la Comisión.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

Aprobado.

El señor VALENTE.-

¿Es la redacción del artículo 1° la que se sustituye?

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

No, señor Senador. La Comisión propone sustituir la redacción del inciso primero del artículo primero, modificación que fue aprobada por unanimidad.

El señor VALENTE.-

Estimamos que la enmienda propuesta aumenta los beneficios y franquicias que se otorgan en el artículo 1°. Incluso, la encuentro contraproducente si se considera lo establecido en la ley 16.253, que creó los bancos de fomento.

En efecto, la disposición aprobada en el segundo informe hace extensiva la conversión del saldo de los créditos a aquellos préstamos que se otorguen en el futuro; vale decir esta ley, en cierta medida, está sustituyendo a la de bancos de fomento. En este aspecto, nosotros preferiríamos quedarnos con el artículo 1º en la forma como fue aprobado en el primer informe, con el cual tampoco concordamos.

De manera que nuestra posición en este instante es de oposición a la enmienda de la Comisión y vamos a votar contra el informe.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Como la enmienda ya había sido aprobada, se podría reabrir el debate o declarar que se aceptó con el voto contrario de los Senadores comunistas.

El señor RODRIGUEZ.-

¡No se puede aprobar en forma tan rápida!

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Solicito el acuerdo unánime de la Sala para reabrir el debate sobre el inciso 1° del artículo 1°.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Por nuestra parte, no hay inconveniente.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Acordado.

El señor PALMA.-

Con relación a las observaciones del Honorable señor Valente, quiero hacer notar que lo aprobado en el segundo informe por la Comisión no es sino una enmienda de redacción, porque el alcance de las disposiciones es exactamente el mismo.

El artículo 1° del primer informe decía: "El Banco del Estado de Chile podrá convenir la conversión de los créditos otorgados desde la vigencia de la ley Nº 16.253; -es decir, a partir desde esa fecha hacia adelante- "en créditos reajustabas de fomento, siempre que el objeto de aquéllos haya cumplido con las finalidades contempladas en ella".

Con la nueva redacción, se dice: "El Banco del Estado de Chile podrá convenir la conversión de los saldos de los créditos otorgados desde la fecha de vigencia de la ley Nº 16.253, ...", porque no se quiere dar carácter retroactivo a la conversión de la parte de los créditos que ya ha sido cancelada.

El señor CHADWICK.-

Eso ya no existe; desapareció.

El señor VALENTE.-

De acuerdo con la hermenéutica legislativa y la interpretación de la disposición propuesta en el primer informe, se haría aplicable la conversión a los créditos otorgados antes de la vigencia de la ley Nº 16.253 hasta la promulgación de la ley en estudio. De manera que ese beneficio no regiría para el futuro. Evidentemente, si se ha agregado en el segundo informe la expresión: "o que se otorgue en el futuro", estamos lisa y llanamente reconociendo la inaplicabili-dad de las leyes de bancos de fomento y haciendo extensiva esta disposición a los futuros créditos que otorgue el Banco del Estado.

No hay duda alguna de que los beneficios que se conceden a los créditos para el fomento son enormemente más ventajosos que los que obtienen los ordinarios. En el propio informe se hace una comparación entre ambos tipos de créditos: los ordinarios no tienen reajustabilidad, y los de fomento, sí; los primeros tienen 22,9% de interés, contra 9% de los segundos; los ordinarios pagan impuestos e intereses y, en cambio, los de fomento no; los abonos, en el caso de los préstamos ordinarios, son trimestrales; en el de los créditos de fomento, semestrales. Los plazos a que se conceden estos créditos son, en el primer caso, de un año, y en el segundo, de tres a diez años.

En consecuencia, estimamos excesivas estas franquicias que se otorgan a los créditos ya otorgados en virtud de la ley N° 16.253 o los que se otorguen "en el futuro". Es ésta nuestra mayor objeción a la enmienda del segundo informe.

El señor GARCIA.-

La redacción primitiva planteaba la duda sobre qué iba a suceder cuando el Banco del Estado hubiera otorgado un crédito simple a una persona y, después de haberse constituido ésta en deudora de aquél, ejecutaba las obras o empezaba a realizarlas, haciéndose acreedora de obtener los beneficios de las disposiciones sobre bancos de fomento. Se discutió si se facultaba o no se facultaba al Banco para renegociar con el deudor y convertir el crédito simple en de fomento, siempre que cumpliera con los requisitos, porque muchas veces podría suceder que en las primeras tentativas de una persona por obtener un crédito de fomento no cumpliera con todas las exigencias, pero sí las pudiera llenar después. Se pensaba que en este último caso era lógico permitir la conversión del crédito y se dijera al deudor: "Su crédito ha cumplido con todos los requisitos y, por lo tanto, lo transformamos en uno mucho más ventajoso, a más largo plazo". Con la redacción propuesta en el segundo informe, ya no cabe la menor duda de que puede precederse así.

Por lo tanto, en cierto modo tiene razón el Honorable señor Valente al decir que es más amplio el nuevo inciso que el primitivo.

Votaremos favorablemente el segundo informe, por estimar lógico que el crédito pueda transformarse, como siempre se ha hecho, cuando cambian las circunstancias.

El señor VALENTE.-

La exposición que sobre este artículo se hace en el segundo informe de la Comisión nos dará la razón, pues dice que la enmienda propuesta "pretende solucionar dos tipos de situaciones: permitir la conversión de préstamos ordinarios en de fomento, por no haberse podido otorgar aquéllos con el régimen de éstos al no haberse dictado oportunamente el reglamento respectivo, período que cubre 2 años, y autorizar al Banco, de manera permanente, para efectuar la referida operación cuando la naturaleza de la inversión o el deseo de aumentarla justifiquen la transformación de los primeros en los segundos." O sea, prácticamente se advierte la inaplicabilidad de la ley Nº 16.253 para lo futuro. Este precepto implicaría sustituir toda la ley Nº 16.253, que legisla en forma específica sobre bancos y créditos de fomento.

El señor ALTAMIRANO.-

Para nosotros, la interpretación dada por el Honorable señor Valente se ajusta a la realidad.

Si nuestra memoria no nos engaña, presidíamos la Comisión de Hacienda cuando se discutió el primer informe, y cuando se presentó la proposición del Ejecutivo jamás se consideró la posibilidad de otorgar la facultad de convertir los créditos futuros. La idea primitiva permitía la conversión de los préstamos concedidos desde la fecha de publicación de la ley Nº 16.253 hasta la de aplicación del proyecto que estamos discutiendo, sólo en las condiciones que aquí se señalan, y en ningún caso los que se concedan en lo futuro. En aquella oportunidad ya manifestamos nuestra desaprobación a este artículo; con mayor razón la expresamos ahora que es mucho más amplio y que concede numerosos privilegios, con los cuales no concordamos.

Por lo expuesto, los Senadores socialistas ratificamos lo expresado por el Honorable señor Valente y votaremos en contra de este artículo.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

El señor Presidente pone en votación el inciso primero del artículo 1° propuesto por la Comisión en su segundo informe, en el entendido de que si se rechaza, queda aprobada la redacción contenida en el primer informe.

-Se aprueba, el inciso en la forma propuesta en el segundo informe (12 votos contra 9 y 2 pareos).

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

La Comisión hace presente que el artículo 3º pasa a ser número uno del mismo, sustituido por el siguiente:

"Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 1º de la ley Nº 16.407:

"1.- Sustituir su inciso primero por el siguiente:

"Artículo 1°.- Las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, se reajustarán una vez al año en un porcentaje equivalente al 100% de la variación que tenga el índice de precios al consumidor del departamento de Santiago, que determina la Dirección General de Estadística y Censos, entre las fechas de su último reajuste anterior y el que corresponda efectuar."."

Esta enmienda fue aprobada en la Comisión por tres votos a favor y uno en contrario.

El señor CHADWICK- ¿Quién votó en contrario?

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

En verdad, no lo sé, porque sólo conozco el resultado de la votación, que me fue informado por el señor Secretario de la Comisión.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor ALTAMIRANO.-

Señor Presidente, sólo deseo dejar constancia, muy brevemente, de que nosotros hemos estado insistiendo en forma permanente en que no pueden seguir proliferando los mecanismos de reajustabilidad de los créditos de las cuentas de ahorro del Banco del Estado, del Banco Central, de las cajas de ahorro y préstamos, etcétera, etcétera.

El Gobierno debe, de una vez por todas, presentar una sola política: son o no son reajustables todos los créditos, cuáles tienen prioridad, cuáles no, y no presentarnos en forma más o menos vaga, anárquica, sistemas de reajustabilidad para distintos tipos de créditos.

Por eso, una vez más, hacemos ver nuestro criterio en cuanto a que este procedimiento no es el más conveniente y que .está introduciendo un grave caos en el sistema crediticio chileno.

El señor BALLESTEROS.-

El razonamiento que acaba de formular el Honorable señor Altamirano no condice con el texto del artículo.

En verdad, hasta este instante el reajuste de los depósitos de ahorro, de de acuerdo con la legislación vigente, se hace conforme a un índice que fluctúa entre 75% y 100% del promedio de variaciones del índice del costo de la vida. ¿Cuál es el objeto del precepto en debate? Que no haya un índice variable entre 75% y 100%, sino que estos depósitos se reajusten obligadamente en 100%. En otras palabras, no se trata de beneficiar créditos, sino de favorecer a los depositantes de ahorro con un reajuste superior al que la legislación vigente les concede en la actualidad.

El señor ALTAMIRANO-

El Honorable señor Ballesteros ha interpretado mal mis observaciones.

! Si yo conozco perfectamente el procedimiento, que es como él ha indicado! Lo que nosotros estamos planteando es otra cosa: que hay diversos sistemas de reajustabilidad con porcentajes distintos, con intereses diferentes y en condiciones y modalidades extraordinariamente divergentes, y que no es posible que tal sistema continúe proliferando.

No me estoy refiriendo al artículo en concreto. Dije que aprovechaba esta oportunidad para exponer nuestro criterio general sobre los sistemas de créditos reajustables, que deben de ser no menos de diez.

El señor CHADWICK-

Deseo abundar en las consideraciones hechas por el Honorable señor Altamirano, porque hay un gran sector que por ley está obligado a ahorrar, y para ello no se consigna el menor reajuste. Me refiero a las cuentas particulares de los imponentes de instituciones de previsión, que no reciben ningún reajuste.

Si existiera una política justa, bien estudiada, uniforme, indudablemente habría que dar una solución también a aquellos imponentes de las cajas de previsión que están perdiendo, a causa de la desvalorización monetaria, gran parte de los recursos que se les obliga a imponer. Por eso, es lamentable que el Gobierno haya dado una solución, que nosotros compartimos, sólo a los ahorrantes del sistema del Banco del Estado de Chile y haya olvidado a los imponentes de las instituciones de previsión.

El señor BALLESTEROS.-

Entendí perfectamente el alcance de las palabras del Honorable señor Altamirano. Me alegro de haber oído las observaciones que formuló respecto de la materia, porque más adelante el proyecto, como sabe Su Señoría, crea la Comisión Nacional del Ahorro, organismo que tiene por objeto, precisamente, uniformar todos estos sistemas.

El señor CHADWICK.-

Pero no los de previsión.

El señor BALLESTEROS.-

Una de las cesas que llamó más la atención en el debate que hubo en la Comisión de Hacienda, fue, precisamente, comprobar los hechos señalados por Su Señoría, que son reales. Existen muchos sistemas y muchos índices para establecer la reajustabilidad de diversos tipos de créditos y otras materias. Por lo tanto, creo que las observaciones que acaba de formular el Honorable señor Altamirano -sin anticipar, por cierto, un juicio- demuestran que Su Señoría concuerda con el propósito fundamental que inspira a esta iniciativa, cual es crear organismos que tiendan en lo futuro a uniformar estos sistemas, a fin de que el país tenga una política coherente en materia de créditos y de intereses.

-Se aprueba la modificación propuesta por la Comisión en su segundo informe.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

En seguida, la Comisión propone agregar a este artículo los siguientes números 2 y 3, nuevos:

"2.- Reemplazar su inciso segundo por el siguiente:

"El cálculo del reajuste y su capitalización en la cuenta respectiva se efectuará una vez al año en la forma, condiciones y plazos que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro.""

"3.- En su inciso quinto, suprimir la frase: "y con él se abrirán los libros para el período siguiente.""

Estas dos modificaciones fueron aprobadas tácitamente en la Comisión.

-Se aprueban las modificaciones propuestas por la Comisión en su segundo informe, con los votos contrarios de los Senadores radicales.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

La Comisión propone agregar como número cuatro de este artículo, el artículo 4º del proyecto, sustituyendo su redacción por la siguiente:

"4.- Sustituir su inciso sexto por el siguiente:

"Las cantidades que gocen de reajuste según lo dispuesto en este artículo, devengarán el interés que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro. Sobre el saldo del depósito no reajustado se abonará el interés normal del depósito."

Esta enmienda fue aprobada tácitamente en la Comisión.

-Se aprueba la modificación del segundo informe.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

El artículo 5º pasa a ser Nº 1 del artículo 4º, sustituido por el siguiente:

"Artículo 4º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Reglamento Nº 405, sobre Cuentas de Ahorro a Plazo del Banco del Estado de Chile, publicado el 15 de febrero de 1966:

1.- Reemplazar el inciso 1° de su artículo 1º por el siguiente:

"Artículo 1º.- Una vez al año tienen derecho a reajuste las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile bajo dicha denominación, que se hallen vigentes en el día anterior al que debe efectuarse el cálculo del reajuste, siempre que no registren un número superior de giros o retiros de cantidades superiores a los que determine de un modo general el Directorio del Banco, con aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro, en el período comprendido entre las fechas del último reajuste anterior y del que corresponde efectuar. En todo caso, el número de giros que hará perder el reajuste deberá ser superior a dos en el lapso correspondiente."

Esta redacción fue aprobada en forma unánime por la Comisión.

-Se aprueba la enmienda propuesta en el segundo informe.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

La Comisión propone agregar los siguientes números 2 y 3, nuevos, a este artículo:

"2.- Sustituir el inciso 1º de su artículo 3º por el siguiente:

"Artículo 3º.- El porcentaje de reajuste será fijado una vez al año en las épocas que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile para cada grupo de cuentas."

3.- Reemplazar su artículo 4º por el siguiente:

"Artículo 4º.- El Fisco traspasará al Banco del Estado de Chile los fondos acumulados en la referida cuenta, dentro del mes anterior al que corresponda efectuar el reajuste respectivo."

La Comisión, por unanimidad, aprobó ambas enmiendas.

-Se aprueban.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

En seguida, la Comisión propone agregar los siguientes artículos 5º, 6º (cuyo Nº 1 reproduce el artículo 6º del proyecto de la Cámara), 1° (sustituye el artículo 7º del proyecto de la Cámara), 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, nuevos:

"Artículo 5º.- Reemplázase el artículo 46 del Reglamento Nº 6.331, publicado el 2 de mayo de 1961, por el siguiente:

"Artículo 46.- Los intereses de estas cuentas se liquidarán una vez al año en las fechas que determine el Directorio del Banco del Estado de Chile, capitalizándose en las fechas respectivas los intereses devengados.".

Este artículo fue aprobado por 3 votos a favor y 2 en contra.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si no se pide votación, se dará por aprobado el artículo.

El señor CHADWICK.-

Pido votación.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

En votación.

-Se aprueba el artículo con la abstención del Honorable señor Chadwick.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

A continuación, corresponde tratar el artículo 6º, que dice:

"Introdúcense las siguientes modificaciones al D. F. L. Nº 251, de 1960:

"1.- Suprimir el inciso 2º de la letra k) de su artículo 14.

"2.- Agregar las siguientes letras e inciso final a su artículo 42."

El Nº 1 fue aprobado por 3 votos contra 2, y el Nº 2, por 4 votos contra 1.

El señor CHADWICK.-

¿Quiénes votaron a favor y quiénes lo hicieron en contra?

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Votaron a favor, respecto del Nº 1, los Honorables señores García, Ballesteros y Palma, y en contra, los Honorables señores Silva Ulloa y Valente.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

En discusión la primera enmienda.

Ofrezco la palabra.

El señor IRURETA.-

¿Por qué no se lee el informe?

El señor LUENGO.-

Me parece conveniente que alguno de los miembros de la Comisión nos dé una explicación sobre la finalidad del artículo.

La disposición en estudio menciona el D. F. L. Nº 251, que trata sobre compañías de seguros y bolsas de comercio. Creo que la Comisión de Legislación se encuentra abocada al estudio de una iniciativa modificatoria, de las disposiciones referentes a las sociedades anónimas. Por eso, quisiera saber si esa materia está relacionada con la que ahora nos ocupa.

El señor GARCIA.-

Mediante el artículo en debate, estamos modificando el D. F. L. que fija normas respecto del Banco del Estado, y no el relativo a sociedades anónimas. Lo que sucede es que ambos llevan el mismo número: 251, pero uno es del año 1931, y el otro, de 1960. Eso es lo que induce a error.

El señor LUENGO.-

Entonces, no he dicho nada.

El señor GARCIA.-

Se trata de dos disposiciones muy controvertidas.

Si mal no recuerdo, la primera de ellas suprime la facultad del Banco del Estado para fijar los intereses a los créditos hipotecarios. No recuerdo con exactitud cuál es el problema, pero me parece que no revestía mayores dificultades. Las complicaciones se producen en el artículo siguiente, que dio motivo a prolongado debate.

Si el señor Secretario diera lectura al texto de la letra k), que se propone suprimir, será posible comprender mejor la materia.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

El inciso segundo de la letra k) del artículo 14 del D. F. L. Nº 251, que establece las funciones del Directorio del Banco del Estado, dice:

"La tasa de interés para los préstamos hipotecarios que se concedan de acuerdo con el artículo 42, .letra e), del presente decreto con fuerza de ley, no podrá ser superior al término medio del interés bancario fijado por la Superintendencia de Bancos para el semestre anterior."

Esa limitación se suprime.

El señor CHADWICK.-

¿Qué razones tuvo en vista la Comisión para suprimirlo?

El señor PALMA.-

En la Comisión, el Subsecretario de Hacienda manifestó que la indicación tenía por objeto equiparar la tasa de interés de los préstamos hipotecarios con la de las operaciones corrientes del Banco. Aquéllos se otorgan a 10 años plazo, no son reajustables y pagan un interés más bajo; en cambio, los créditos a corto plazo pagan intereses muy superiores. Con el objeto de que las personas beneficiadas con esos préstamos no reajustables y a largo plazo paguen por lo menos el mismo interés que quienes gozan de los créditos -corrientes otorgados por esa institución bancaria, se propone suprimir la letra k) del artículo 14.

El señor CHADWICK.-

La disposición que se trata de suprimir fue dictada para beneficiar a los pequeños deudores que destinan sus préstamos a la construcción de viviendas, siendo depositarios de cuentas de ahorro por plazos no inferiores a un año y no superiores a quince. El legislador del año 1960 estimó que esos depositantes deberían gozar de trato preferente: si fueron favorecidos con préstamos hipotecarios, no debieran estar obligados a pagar los intereses que normalmente se cobran a los clientes del Banco. El objeto era promover una campaña de fomento de los depósitos de ahorro.

Ahora se suprime la disposición, seguramente debido a una política contraria a la que inspiró el precepto de 1960. No se trata sólo de una cuestión de carácter técnico.

El señor PALMA.-

Su Señoría debe considerar que, en ja actualidad, todos los préstamos para construir o adquirir propiedades, por medio de la CORVI o cualesquiera de las instituciones existentes al respecto, son reajustables. Por consiguiente, el monto de la deuda tiene un valor definitivo muy distinto para las personas beneficiadas, del que tendría si no existiera la reajustabilidad. Entonces, resulta doblemente injusto que quienes reciben un préstamo lo paguen, al cabo de muchos años, con una moneda devaluada, aparte cancelar un interés excesivamente bajo en comparación con lo que pagan otras personas, de igual condición, que realizan operaciones similares en el Banco del Estado.

El señor CHADWICK.-

No participé en los debates de la Comisión de Hacienda cuando se trató este proyecto, pero la sola lectura de la letra c) del artículo 42 de la ley vigente, sobre el Banco del Estado, me indica que mediante ella se busca dar un financiamiento adicional a quienes construyan viviendas en plazos más breves, porque se trata de préstamos que tienen límite de tiempo: un año de plazo como mínimo y 15 como máximo. Además, se exige a los beneficiarios tener cuenta de ahorro. En consecuencia, la modificación propuesta suprime, prácticamente, el estímulo a las cuentas de ahorro del Banco del Estado, consistente en otorgar a sus titulares la posibilidad de un crédito adicional para construcción, que podría complementar al establecido por el D. F. L. 2, que dispone un sistema de préstamos ordinarios para tal efecto, reajustable, y que es de fecha anterior, pues fue promulgado en 1959, durante el primer año de la anterior Administración. En cambio, estas disposiciones lo fueron en 1960. De modo que en esa época no se consideraban antagónicos ambos sistemas. Por el contrario, se pensaba quizás con criterio más práctico, por cuanto se establecía la posibilidad de adicionar los créditos destinados a la construcción con recursos concedidos a los depositantes de cuentas de ahorro.

Por estas consideraciones, no me parece conveniente suprimir tales recursos en forma tan precipitada, y espero que algún miembro de la Comisión proporcione mayores explicaciones sobre el particular.

El señor BALLESTEROS.-

En verdad, la comparación que hace un instante hizo el Honorable señor Palma me evita mayores explicaciones respecto de las preguntas formuladas por el Honorable señor Chadwick.

El Honorable colega manifestó que el Banco del Estado pretende suprimir determinados privilegios que en la actualidad favorecen a los préstamos hipotecarios que dicha institución otorga a sus depositantes de cuentas de ahorro. En realidad, subsiste la no reajustabilidad, que constituye la franquicia fundamental de que gozan dichos préstamos. Mientras que para la generalidad de los créditos otorgados en el país se ha establecido con posterioridad la obligación de la reajustabilidad, las operaciones que nos preocupan siguen sin ser reajustadas. En consecuencia, lo meno que puede pedirse es que no paguen un interés inferior al que grava a la generalidad de los créditos concedidos por el Banco del Estado.

¿Cuál es el objeto de la indicación en debate? Se pretende mantener el privilegio de la no reajustabilidad y acomodarlos, en cuanto a intereses, a las normas generales del Banco. No se desea ni siquiera castigarlos, sino tan sólo consignar un interés superior, similar al aplicado normalmente en todas las demás operaciones de la institución.

El señor VALENTÉ.-

Si facultamos al Banco para fijar, de acuerdo con su directorio, el porcentaje de reajustes e intereses, ¿quién garantiza que éste no sea superior a la reajustabilidad?

El señor BALLESTEROS.-

Si el señor Senador me permite, concederé una interrupción al señor Ministro de Hacienda, pues él tiene más autoridad que yo para responder esa pregunta.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

La disposición en debate pretende aplicar a los préstamos hipotecarios, no reajustables, del Banco del Estado, que son a largo plazo, las mismas normas sobre intereses de la generalidad de los otros tipos de créditos. Este organismo no podrá fijar un interés superior al que autoriza el Banco Central, que es el interés medio bancario más 20% de recargo. Es decir, si a la fecha en que se discutía el proyecto el interés medio bancario era de 19,08%, el interés máximo que podría cobrarse en esta clase de créditos sería de 22,9%.

En síntesis, el Directorio del Banco del Estado no puede fijar un interés superior a la tasa que fija el Banco Central, más 20% de recargo, porcentaje que la ley consigna también para los créditos bancarios.

El señor CHADWICK.-

Más un recargo tributario de 50%.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Veinte por ciento, señor Senador. Lo otro corresponde a impuesto.

El señor BALLESTEROS.-

Deseo formular una última observación.

Aquí se ha dicho que con esta norma se desalienta a quienes efectúan depósitos de ahorro, o sea, precisamente a las personas a quienes esta ley en proyecto desea incentivar.

Considero de absoluta injusticia que, mientras los depósitos de ahorro del Banco del Estado se reajustan, no se haga lo propio con los créditos hipotecarios que otorga ese organismo. Sin embargo, en el Senado se produce escándalo cuando se trata de uniformar los intereses, no para llevarlos a cifras prohibitivas, sino al nivel normal del común de las operaciones bancarias.

En nuestra opinión, el precepto es totalmente justo.

El señor BOSSAY.-

Junto con el Honorable señor Silva Ulloa, votamos en contra de la disposición, como una manera de defender a los pequeños ahorrantes del Banco del Estado que habían solicitado créditos hipotecarios para construir sus viviendas.

Según las cifras que recibimos en su •oportunidad, el número de personas beneficiadas mediante estos préstamos hipotecarios es pequeño con relación a la cantidad total de préstamos otorgados. Pues bien, en virtud del precepto en debate, esos ahorrantes verán incrementado el costo de las respectivas operaciones.

Repito: en defensa de quienes obtuvieron ese tipo de préstamos, desaprobamos la norma, de acuerdo con las opiniones que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, vertió el Honorable señor Chadwick.

El señor GARCIA.-

Señor Presidente, la diferencia de intereses no va más allá de 4%. Si la inflación disminuye, desaparece el temor que asalta a los Honorables colegas, porque el promedio de intereses bajaría, al igual que el máximo que se puede cobrar. Por lo tanto, estos créditos seguirán la misma suerte de los demás.

Al igual que en la Comisión, insisto en que es una verdadera lotería conseguir un préstamo de esa naturaleza. Sólo goza de tal garantía un reducidísimo número de personas. Es evidente la conveniencia de pagar a diez años plazo sin reajuste. Piense el Honorable Senado que un crédito concedido hace diez años por diez millones de pesos, que significan cien millones de hoy, se paga únicamente con la décima parte de esta cifra.

Ante la imposibilidad de establecer un sistema que iguale esos créditos a los de carácter reajustable, se propone un reajuste de 4%.

En consecuencia, no se trata de suprimir esa clase de créditos, sino de hacer justicia. Insisto: ellos se mantienen, conforme al Estatuto Orgánico del Banco del Estado. .

El señor CHADWICK-

Me haré cargo de las palabras del Honorable señor Ballesteros.

He tenido cuidado de no dar carácter de escándalo a la solicitud de mayores informaciones sobre el particular.

El señor BALLESTEROS.-

Fue una licencia, señor Senador.

El señor CHADWICK.-

Una licencia que estamos corrigiendo.

Las explicaciones dadas hasta el momento revelan que se trata de eliminar una ventaja que hasta ahora se había concedido a los pequeños ahorrantes del Banco del Estado, quienes, por último, quedan sometidos al arbitrio de ese organismo.

Según entiendo, no existen normas que obliguen a otorgar créditos hipotecarios, que se conceden en casos muy calificados como recursos adicionales, pues muchas veces es imposible cumplir con todos los requisitos exigidos por el sistema general del ahorro y préstamo.

En el fondo, es deplorable que ni siquiera para ciertos casos especiales, que califica el Directorio del Banco, se garantice a los peticionarios que los intereses no serán recargados en el 20% que señaló el señor Ministro.

El señor PALMA.-

Sobre la base de las apreciaciones del Honorable señor Chadwick, estimo que la norma en debate consagra un principio de justicia respecto de un caso que Su Señoría califica de excepcional. En cierto modo, se trata de un favor, pues el Banco del Estado concede esos créditos no reajustarles en proporción muy reducida y para circunstancias especiales, tal como sostuvo el señor Senador.

Es lógico que, si esos préstamos tienen la extraordinaria ventaja de no ser reajustabas y la posibilidad de ser pagados hasta en diez años, exista una pequeña compensación: el pago del interés medio normal establecido para las operaciones reajustables que son a plazos iguales o menores. En definitiva, ello representa una compensación por un beneficio mucho mayor: la devolución del capital sin los reajustes correspondientes.

Esas fueron las razones que tuvo en vista la Comisión para aprobar el precepto.

El señor CHADWICK.-

Sólo quiero precisar que tales créditos no son necesariamente a largo plazo. Por el contrario, se trata de préstamos hipotecarios cuyo tiempo de reintegro se establece, en último término, de acuerdo con las peticiones presentadas.

El señor PALMA.-

Así es.

El señor CHADWICK.-

La ley dice que el plazo no podrá ser inferior a un año ni superior a quince, precisamente porque su objeto es resolver situaciones que no pueden calzar dentro del sistema de ahorro y préstamo, vale decir de casos muy especiales.

Considero que nos hemos detenido demasiado en este asunto y que ya cada cual tiene criterio formado sobre el problema.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si no se pide votación, quedará aprobada la primera modificación que introduce el artículo 6º al D.F.L. 251.

El señor JULIET.-

No, señor Presidente.

El señor VALENTE.-

Pido votación.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

En votación.

- (Durante la votación).

El señor ALTAMIRANO.-

Me abstendré de votar esta enmienda. Considero muy atendibles algunos argumentos dados a su favor. Sin embargo, me hace bastante fuerza el hecho de que se pueda perjudicar a modestos ahorrantes y a personas que han obtenido ese tipo de créditos.

Este debate confirma una vez más lo que hemos sostenido: no puede seguir la inmensa anarquía existente en materia de depósitos y créditos.

Por eso, en nombre del Comité Socialista, pido que la Superintendencia de Bancos informe al Senado acerca de los diferentes sistemas que hay sobre el particular. Insisto en que no debe de haber menos de veinte o treinta procedimientos, cada uno con modalidades distintas. También es preciso saber qué política aplicará el Gobierno al respecto.

-Se aprueba la enmienda del artículo 6º que suprime el inciso segundo de la letra k) del artículo 14 del D.F.L. 251 (14 votos contra 11, una abstención y 2 pareos).

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

En seguida, la Comisión, en el mismo artículo 6º, propone agregar las siguientes letras e inciso final al artículo 42 del D. F.L. 251:

"d) Adquirir, importar y enajenar, por cuenta propia o ajena, bienes muebles de equipamiento del hogar, maquinarias, herramientas y demás elementos de trabajo para sus imponentes de ahorro.

"e) Adquirir, importar y enajenar, por cuenta propia o ajena, maquinarias, herramientas y demás elementos de trabajo para cooperativas y organizaciones comunitarias regidas por la ley Nº 16.880, o sus miembros, siempre que éstos y aquéllas sean imponentes de ahorro.

"La adquisición de los bienes señalados en las letras d) y e) deberá ser efectuada por medio de propuestas públicas, con o sin garantía, y su importación sólo podrá ser autorizada siempre y cuando estos bienes figuren en la lista de mercaderías de importación permitida del Banco Central de Chile."

Las letras d) y e) fueron aprobadas por 3 votos contra 2, y la disposición del inciso final, por unanimidad.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor REYES.-

Pido dividir la votación. Por lo menos, que se voten en forma separada las letras d) ye).

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Primero procede debatirlas, señor Senador.

El señor VALENTE.-

Señor Presidente, estas disposiciones modificatorias del D.F.L. Nº 251, de 1960, pretenden autorizar al Banco del Estado para adquirir, importar y enajenar, por cuenta propia o ajena, bienes muebles de equipamiento del hogar, maquinarias, herramientas y demás elementos de trabajo destinados a imponentes de ahorro y cooperativas y organizaciones comunitarias -juntas de vecinos, centros de madres-, o a sus miembros, con la única condición de que sean imponentes de ahorro.

Desde el punto de vista de las facilidades referidas, las normas son atractivas. Sin embargo, nos merecen reparos el contenido y las consecuencias resultantes de su aplicación.

En primer lugar, la conformación excesivamente oficialista y politizada del Consejo del Banco del Estado no ofrece garantías de que ellas se apliquen con imparcialidad y resguardando en forma estricta el interés de los sectores a los cuales se desea beneficiar.

Sin lugar a dudas, la vigencia de preceptos tan amplios afectaría a otros trabajadores -pequeños y medianos comerciantes e industriales, artesanos, etcétera-, que tendrían en ese organismo bancario a un competidor.

Los Senadores hemos recibido, de todo el país, decenas de peticiones de organismos gremiales de comerciantes, y de organizaciones sindicales que piden que rechacemos estas disposiciones, no sólo por las graves implicaciones que traerán al movimiento comercial e industrial de Chile, ya restringido por la aplicación de la política económica del Gobierno, sino también a la estabilidad ocupacional de obreros y empleados de la industria y del comercio.

Por otra parte, nuestra mayor preocupación es el uso político que pueda darse a estos preceptos. No lo decimos por mera suposición, sino por la experiencia que hemos conocido en una negociación en que han intervenido el Banco del Estado y una firma extranjera. Todo el país conoce el destino dado a las máquinas de coser Sin-ger importadas por este Banco para la Promoción Popular, las que se distribuyen en épocas preelectorales y con inequívocos fines proselitistas y electoreros.

Pues bien, la negociación del Banco del Estado con la Singer Sewing Machine está rodeada de muchos aspectos inexplicables, dudosos y dañinos para el interés nacional, como pasamos a demostrarlo.

Sabemos que la industria nacional de máquinas de coser se ha colocado en un pie de competencia y ha superado en calidad y en eficiencia al producto Singer importado de Brasil y de otros países. Pero ha existido, y existe aún, un esfuerzo in-disimulado para favorecer a esta empresa, que pretende convertirse en un monopolio incontrarrestable en nuestro país.

La Singer, según se aseguró, se instalaba en Chile para ayudar, a nuestro país. En el Mensaje del 21 de mayo de 1966, el Presidente de la República se refirió al Plan Singer, que significaría establecer una gran industria de máquinas de coser. La Corporación de Fomento suscribió con esta empresa el convenio CORFO-SINGER; obtuvo cuantiosos créditos; se acogió a las franquicias del Estatuto del Inversionista; la Promoción Popular se convirtió en verdadera promotora de esta empresa extranjera y, mientras se instalaba ésta, se redactó en la CORFO el proyecto de acuerdo para financiar la importación de 120 mil máquinas de coser Singer en las condiciones señaladas en un convenio cuya copia fotostática está en mi poder y que solicito incorporar en mi intervención.

-El documento cuya inserción se acuerda más adelante es del tenor siguiente:

Proyecto de acuerdo para financiar la importación de 120.000 máquinas de coser "Singer".

El Supremo Gobierno solicitó la intervención de esta Corporación para colaborar en el plan destinado a establecer en Chile una fábrica de máquinas de coser.

Para tal efecto la Corporación de Fomento de la Producción estimó necesario interesar a los fabricantes extranjeros de instalar en el país, mediante aportes de capital, una industria de máquinas de coser, acogiéndose a las franquicias del Estatuto del Inversionista Extranjero.

Las proposiciones presentadas en su oportunidad por los interesados fueron estudiadas por la Corporación, estimándose más conveniente aquella presentada por la "The Singer Company".

El Vicepresidente Ejecutivo, en sesión del 3 de febrero pasado, puso en conocimiento del Consejo los puntos fundamentales de dicha proposición. Con posterioridad, la firma mencionada presentó la correspondiente solicitud de aporte de capital al Comité de Inversiones Extranjeras, el que, en su sesión Nº 76 del 6 de mayo pasado, le dio su aprobación por Resolución Nº 214.

De acuerdo al plan presentado por The Singer Company, la fabricación en Chile de las máquinas de coser se efectuaría por etapas sucesivas, de modo que los gabinetes y estantes se fabricarían en el país a partir del presente año, junto con los brazos y bases, y los motores eléctricos a partir de mayo de 1967; así paulatinamente se llegaría a fabricar gran parte de las piezas requeridas.

Las piezas de importación, necesarias de incorporar al producto chileno, serían de procedencia brasileña y su valor se compensaría por las exportaciones de motores eléctricos, principalmente a la Zona de Libre Comercio, o a otras Zonas.

Durante el período de montaje de la nueva industria y su puesta en marcha, Singer ha ofrecido un crédito a esta Corporación para abastecer las necesidades nacionales mediante la importación de 120.000 máquinas, las cuales se traerían según la siguiente pauta:

Por cuanto se desconoce el interés del público por los diversos modelos de máquinas que se importarían se estima que puede alterarse posteriormente la composición de las importaciones y el crédito podría alcanzar hasta US$ 3.500.000.

Las unidades de cabezales armados y desarmados, serían completadas en el país, mediante la incorporación de los brazos, bases, estantes, gabinetes, etc., fabricados por industriales locales ya seleccionados por Singer. Tanto la importación en sí, como el trabajo de armado y montaje de máquinas, se efectuaría por la Sucursal en Chile de; Singer Sewing Machine Com-pany". La comercialización la efectuaría la misma firma en las condiciones generales que se detallan:

1.- Se estima una venta media mensual de 3.000 unidades.

2.- Las ventas mensuales se componen estimativamente como sigue:

100 unidades al contado. 2.000 unidades a plazo.

900 unidades a distribuidores y cooperativas, con un descuento de 25% sobre el valor al contado.

3.- El precio base medio al contado sería de Eº 405.55, al cambio de US$ 3.31 (corresponde al tipo 15075 con gabinete 406 a pedal con 3 cajones).

Actualmente este modelo se vende en el mercado a Eº 512. Por lo tanto, el nuevo precio propuesto sería 21% menor que e] actual. Además, se pondría a la venta un modelo más popular (15075/172) sin cabezal reclinable, cuyo precio, al mismo cambio, es de Eº 354.82.

Los precios base contado de los modelos aludidos serían de Eº 304.15 y E? 266.11, respectivamente, para las ventas a Cooperativas.

4.- Los precios bases se mantendrían controlados y sólo podrían sufrir modificaciones, previo acuerdo con CORFO, según las variaciones del dólar que se haya usado en la importación de un índice de precios industriales a fijarse de común acuerdo entre CORFO y SINGER.

5.- El plazo de venta máximo al público para los modelos 15075/172 y 15075 406 sería de 18 meses. Los modelos restantes tendrían un plazo de venta máximo en 12 cuotas mensuales iguales, pagándose además una suma igual a la cuota mensual al momento de la venta.

6.- El interés en las ventas a plazo sería el 2% mensual sobre los saldos deudores, interés que es inferior al que aplica el comercio normalmente en este tipo de ventas.

7.- Singer Sewing Machine Company pagará a la Corporación de Fomento el valor C. & F. de las ventas mensuales mediante tres letras, cubriendo la primera el 15%, la segunda el 20% y la tercera el 65% del monto. Los vencimientos de estas letras serán, en el mismo orden enunciado a los 12, 18 y 24 meses, respectivamente, contados desde fines del mes en que se efectuarían las ventas. Para este efecto, el valor costo y flete se convertirá a escudos al cambio del dólar que se había requerido para la cobertura.

Se excluye de esta forma de pago las ventas del primer mes, estimadas en 3.000 unidades, cuyo valor C. & F. será pagado por Singer Sewing Machine Company a CORFO mediante dos letras, cubriendo la primera el 80% y la segunda el 20% de dicho monto, y siendo sus vencimientos a los 12 y 18 meses, respectivamente, contados desde fines de dicho primer mes de ventas.

Por otra parte, la Corporación de Fomento deberá pagar el crédito ofrecido para la importación de 120.000 unidades de máquinas de coser, para lo cual Singer Sewing Machine Company, de Estados Unidos de América le concedería un plazo de 5 años, con un interés anual de 6%. La primera cuota de amortización e intereses vencería a los 12 meses, contados a partir de las fechas de conocimiento de embarque de las diversas partidas de importación, y las 8 cuotas siguientes de amortización serían semestrales, sucesivas y equivalentes. Se ha convenido con la firma importadora, que para los dos primeros embarques, que ya se encuentran en el país (10.770 máquinas) desde febrero y abril del presente año, respectivamente, la fecha de iniciación de las obligaciones de CORFO se pospondrá a junio y agosto, sin devengar intereses adicionales.

La variación del tipo de cambio de todas estas importaciones será de cargo de la Corporación, quien, como una compensación a dicho riesgo, recibirá anticipadamente en escudos los valores de costo y flete (C. & F.) de las importaciones, de acuerdo a la modalidad expuesta en el Nº 7 precedente.

Los motivos que han estimulado el interés de CORFO en participar en el financiamiento de esta operación, son los siguientes:

1.- Se anticipa la puesta en marcha la fabricación de máquinas de coser en Chile, ya que industrias nacionales empezarán a entregar partes a partir de comienzos de 1966,

2.- Se comienza de inmediato la oferta al público de un elemento altamente requerido por las clases modestas a precios que son muy inferiores a los actuales del mercado y en condiciones de pago que los hacen accesibles a esas clases.

3.- El tipo de maquinaria que se importará será el mismo que posteriormente se fabricará en Chile, y esto permitirá, gradualmente un mayor conocimiento técnico del producto, lo que facilitará más adelante su fabricación.

La Comisión Permanente de Industrias, en sesión N? 18, Extraordinaria, celebrada con fecha 20 de agosto de 1965, presidida por el Consejero don Arturo Montes, con asistencia de los Consejeros señores José Luis Sáez, Sergio López y Mario Sarquis conoció estos antecedentes y acordó recomendar a la aprobación del Consejo el proyecto de acuerdo que más adelante se inserta.

En mérito de lo expuesto, la Gerencia General presenta al Consejo el siguiente

Proyecto de acuerdo

1.- Autorízase al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción para contratar un crédito con Singer Sewing Machine Company, de New York, de hasta US$ 3.500.000, más sus respectivos intereses, que se destinará a financiar la importación de hasta 120.000 máquinas de coser o partes de ellas.

2.- La amortización del crédito que se efectuará en un plazo de 5 años, contado a partir de las fechas de los conocimientos de embarque de las diversas partidas de importación, efectuándose cada primer pago un año después de esas fechas. Los servicios siguientes por conceptos de capital e intereses serán semestrales, a contar de dicho primer vencimiento. Los saldos deudores devengarán intereses a la tasa del 6% anual.

Para los dos primeros embarques de US$ 248.918.94 y US$ 346.735.65; el plazo de amortización de 5 años comenzará a computarse a partir de junio y agosto de 1965, respectivamente.

3.- Autorízase al Vicepresidente Ejecutivo para convenir con Singer Sewing Machine, de Santiago de Chile, la importación, armaduría, complementación y comercialización de las 120.000 unidades de máquinas de coser o partes de ellas, aludidas en el punto 1 de acuerdo a los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 de la parte expositiva del presente proyecto de acuerdo.

Carlos Croxato Silva, Gerente GeneralSantiago, 20 de agosto de 1965."

El señor VALENTE.-

Como si este apoyo fuera insuficiente, se patrocinó el artículo 244 de la ley Nº 16.464, cuyo objetivo era obstruir el desarrollo de la industria de máquinas de coser en nuestro país, llegando hasta su paralización, para beneficiar en forma exclusiva a la Singer.

A pesar de todo este esfuerzo a favor de una empresa extranjera, la industria nacional ha ofrecido al Banco del Estado las máquinas de coser fabricadas en Chile, de calidad superior y a menor precio que el producto importado ofrecido por Singer. El producto nacional está integrado por componentes extranjeros por valor de 15,40 dólares, cantidad que representa menos del 25% del valor total del producto. El resto está formado por partes y piezas nacionales, como acero de la CAP, madera, pintura, diluyentes, cola, cerraduras, bisagras y, sobre todo, por el trabajo de un importante contingente de obreros chilenos. La máquina Singer, en cambio, ha sido importada por la Singer de Chile a la Singer de Brasil, en 72 dólares cada unidad, en una operación de filial a filial, con costo desconocido y con precio de venta que puede significar -por esta vía- una evasión de dólares que bien valdría la pena investigar por la trascendencia que tal operación puede tener para el interés nacional.

En cuanto a la Singer Sewing Company que opera en Chile, es conveniente que el Senado y el país conozcan algunos antecedentes de la forma cómo actúa en nuestro país, fin de calibrar sus actuaciones. Las cifras contenidas en el balance general correspondiente al año 1968, publicado en el Diario Oficial del 11 de abril de 1969, nos proporcionan valiosos elementos de análisis. La Singer se estableció en Chile el año 1905. El capital asignado a Chile por la casa matriz alcanzó en 1968 a 1.608,50 escudos, esto es, después de 63 años de negociaciones, lo cual significa que en este lapso la Singer ha remesado todas las utilidades al exterior. El mismo balance revela que la Singer de Chile, para operar en nuestro país, mantiene sin remesar a la matriz en Nueva York, utilidades por 1.905.335 escudos y reservas que ascienden a 2.868.837 escudos.

Por otra parte, el balance en análisis contabiliza un Pasivo Exigible de 43.931.885 escudos, que corresponde a créditos obtenidos en el país, con excepción de un préstamo recibido de la Singer de Brasil ascendente a 14.807.000 escudos.

Respecto de las utilidades obtenidas por la Singer en 1968, llegaron a 5.020.526 escudos, es decir, fueron tres mil veces mayores que el capital de operación de la empresa. El estado de pérdidas y ganancias del balance que estamos analizando da a conocer estas reveladoras cifras: monto de las ventas brutas del año 1968, 51 millones y fracción; costo de las mercaderías vendidas, 26 millones de escudos y fracción; utilidad bruta de las ventas, casi 25 millones de escudos. O sea, la Singer obtiene ganancias brutas del ciento por ciento sobre sus costos de producción.

En palabras más sencillas, la Singer Sewing Machine desarrolla sus actividades en nuestro país utilizando el crédito y los recursos económicos con asombrosa liberalidad. Sólo la partida de Crédito? Bancarios asciende a Eº 4.930.800, que es superior a todas las colocaciones que el Banco del Estado mantiene en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, afectadas en estos momentos por una crisis crediticia superlativa.

Y en todos estos hechos, el Consejo del Banco del Estado tiene una gran responsabilidad; ha actuado con parcialidad a favor de una empresa extranjera que se ha prestado para el juego electoral y para el proselitismo político que han llevado a efecto la Singer, el Banco del Estado y la Promoción Popular. Se nos ha asegurado que cada máquina de coser importada por Singer para el Banco del Estado ha sido recargada en 10 dólares y que parte de este sobreprecio habría sido destinado a financiar la Promoción Popular, situación que, de ser efectiva, constituiría uno de los mayores escándalos financieros, si se considera que la importación proyectada alcanzaba o alcanzó a 120 mil unidades.

El señor PRADO.-

¿Quién dice eso?

El señor HAMILTON.-

¿Eso es cierto?

El señor VALENTE.-

Voy a leer un documento oficial, de un organismo del Estado controlado por el partido de Gobierno, que se opone a esa negociación.

Así ha actuado el Consejo o el Directorio del Banco del Estado, sin tener las amplias atribuciones que ahora se le pretenden otorgar con la modificación en estudio.

Hasta la Corporación de Fomento, por oficio del 14 de abril de 1969, rechazó las últimas negociaciones del Banco del Estado con la Singer.

Voy a leer el texto de este documento para que Sus Señorías lo conozcan.

El señor IRURETA.-

¿Dónde está el documento que se refiere a la Promoción Popular y a los diez dólares?

El señor VALENTE.-

Vamos a pedir una investigación sobre, ese asunto.

El señor IRURETA.-

Aquí deben hacerse cargos muy concretos.

El señor HAMILTON.-

De lo contrario es muy fácil hacer afirmaciones.

El señor VALENTE.-

"Señor Alvaro García, Presidente del Banco del Estado de Chile.-

"Presente.

"Muy señor nuestro:

"Nos referimos al llamado a Propuestas de ese Banco para adquirir máquinas de coser del tipo "costura recta a pedal", destinadas a los "Centros de Madres" CEMA. A esta propuesta han postulado firmas nacionales y extranjeras, ofreciendo máquinas armadas en el país con un porcentaje de integración y otras de procedencia de ALALC.

"De acuerdo con nuestras informaciones, el Banco del Estado habría resuelto en principio adquirir máquinas de coser procedentes de ALALC, lo que estimamos altamente inconveniente. Como es del conocimiento de ustedes, esta Corporación ha promovido el desarrollo de la industria de máquinas de coser, considerando que, además de la importancia que tiene como industria que ahorra divisas, crea fuentes de trabajo y técnica, y produce un efecto multiplicador en otros sectores por la subcontratación de partes y piezas, especialmente en el caso de los muebles y de las piezas de fierro fundido.

"Por estas razones, nos preocupan las adquisiciones que realiza el Banco del Estado para CEMA, por cuanto ellas representan casi el 50% del mercado total de máquinas de coser de costura recta, con un sistema de pago al contado altamente interesante para los proveedores", léase Singer.

"Dentro del esquema del desarrollo programado por esta Corporación para este sector industrial, es indispensable que las adquisiciones masivas de las máquinas de coser efectuadas por organismos estatales, vayan dirigidas con preferencia absoluta hacia aquellos proveedores que, además de ofrecer un producto armado en el país, lo integren con el más alto porcentaje posible de piezas y partes nacionales."

El señor IRURETA.-

¿Y dónde está el acuerdo referente a los diez dólares?

El señor HAMILTON.-

¿Cuál es la consecuencia?

El señor MONTES.-

En seguida la verá.

El señor VALENTE.-

"En consecuencia, les agradeceremos su estrecha colaboración en este aspecto, para obtener que los recursos que se destinen a este efecto se traduzcan en un aliciente significativo para los industriales nacionales del sector.

"Saluda atentamente a Ud.

"Sergio Molina, Vicepresidente Ejecutivo."

La señora CAMPUSANO.-

Ex Ministro del Gobierno.

El señor VALENTE.-

Y ya que se ha citado a la ALALC, es necesario también que en esta denuncia del "negocio Singer" los señores Senadores puedan apreciar lo que las negociaciones en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio han significado para nuestro país. Las máquinas de coser, entre otras mercancías importadas de Brasil a Chile, proceden de la ALALC, como lo señala el Vicepresidente de la CORFO, en la carta que recien conoció el Senado, y, en consecuencia, no pagan impuestos. Las máquinas de coser chilenas no pueden, en cambio, venderse en Brasil y Argentina porque, de hacerlo, pagarían elevadísimos impuestos de internación a favor de esos países. Así es, entonces, como la operación ALALC acusa un déficit en contra de nuestro país del orden de los 80 millones de dólares por año, en 1967 y 1968. Que conste que este déficit lo hemos pagado con moneda dura, con dólares que provienen fundamentalmente de las exportaciones de nuestras materias primas.

Junto con anunciar los votos comunistas contrarios a este artículo, solicitamos el acuerdo de la Corporación para que la Contrataría General de la República o la Superintendencia de Bancos o el organismo competente, investiguen las operaciones que ha realizado el Banco del Estado con la Singer Sewing Company, y ponga a disposición del Senado los resultados de esta investigación, incluyendo las actuaciones que la Promoción Popular ha tenido en esa negociación.

El señor IRURETA.-

Pido la palabra.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Ruego a los señores Senadores permitirme decir dos palabras.

Los Honorables señores Valente y Bossay y el señor Ministro me pidieron la palabra. En esa oportunidad, no di preferencia al señor Ministro porque el Honorable señor Valente me había solicitado la palabra con mucha anterioridad mediante una nota. Ruego al Honorable señor Bossay permitir que intervenga ahora el señor Ministro.

El señor BOSSAY.-

Cómo no.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

El Gobierno formuló indicación al artículo en debate. En realidad, el alcance que se le ha pretendido dar, en el sentido de querer otorgar al Banco del Estado un monopolio, todo un poder de comercialización, que pudiera dañar en forma muy especial al comercio detallista, no corresponde al propósito del Ejecutivo. Así lo explicó tanto el Fiscal del Banco del Estado como el Subsecretario de Hacienda en la Comisión. Expresaron que la norma propuesta tiene por objeto precisar actos o actuaciones que hasta la fecha el Banco del Estado ha realizado, como adquirir y vender a sus ahorrantes artículos para el hogar y herramientas de trabajo, sirviendo ese organismo de mandatario, a fin de obtener para esas personas mejores condiciones de precios.

Sin embargo, es lícito reconocer que la redacción del precepto podría dar lugar a una ampliación de la actividad del Banco del Estado más allá de los términos de la intención que se tuvo al redactar la indicación.

El Gobierno ha escuchado atentamente las observaciones hechas tanto en el Parlamento como por organizaciones de comerciantes, muy en especial las de la Cámara de Comercio Minorista; y el día lunes último -creo que fue en esa fecha- el Ministro de Economía y el Presidente del Banco del Estado, conjuntamente, se reunieron con tales organizaciones de comerciantes, con el fin de analizar el texto de la disposición. Después de dicha reunión, y de acuerdo con declaraciones que incluso fueron publicadas en la prensa, se llegó a un principio de acuerdo para precisar la redacción del artículo e impedir que subsista el temor que tenían los comerciantes, en particular los detallistas, de que el Banco del Estado pudiera abarcar actividades que le son propias. Me parece que, incluso, la Cámara de Comercio Minorista ha hecho llegar aquí, al Congreso Nacional, una posible redacción.

El acuerdo a que se llegó entre las organizaciones de comerciantes y los representantes del Gobierno, consistiría en agregar la siguiente letra d), como inciso final del artículo 42: "Adquirir, importar y enajenar maquinarias y demás elementos de trabajo para cooperativas y demás organizaciones comunitarias regidas por la ley Nº 16.880, o sus miembros, siempre que éstos o aquéllas sean imponentes de ahorro. Las maquinarias o elementos de trabajo deben ser de aquellos destinados a la elaboración de bienes muebles y su empleo deberá realizarse en la sede o domicilio del beneficiado".

En el ánimo de tratar de evitar que continúe la controversia que ha suscitado esta materia, yo quisiera solicitar al Senado que, por la vía de la indicación -aceptada por unanimidad, para cumplir con el Reglamento- se reemplazara el artículo en debate por el texto que acabo de leer. Creo que de esta manera se eliminarían muchas de las críticas que se han hecho sobre el particular...

El señor JEREZ.-

¿Me permite una interrupción, señor Ministro?

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

...y se mantendría el objetivo perseguido, que corresponde a una función que realiza hoy día el Banco del Estado y que seguirá realizando. Y para el caso de que tal indicación no contara con la unanimidad requerida, el Gobierno anuncia desde ahora su propósito de hacer por medio del veto esa sustitución, para aclarar en forma definitiva la ley en debate, pues reconoce que la disposición de que se trata, por su amplitud, podría dar lugar a erróneas interpretaciones.

El señor JEREZ.-

Señor Ministro, quiero hacerle una pregunta.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Si el señor Ministro le concede una interrupción, puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor JEREZ.-

Señor Ministro, no me preocupa ni me asusta la facultad que se está otorgando al Banco del Estado; por lo contrario, creo que, si es bien utilizada, ha de contribuir, entre otras cosas, como elemento regulador, a dar acceso a los créditos a gente cuya capacidad actual no le permite participar en la economía por medio de sus relaciones con el comercio particular.

Pero, naturalmente, de las observaciones aquí formuladas e incluso de la sola mención hecha por el señor Ministro de las conversaciones habidas con los dirigentes del comercio detallista, se desprende que la disposición viene redactada en términos débiles y alarmantes para algunos sectores. A mi juicio, lo planteado por el señor Ministro es un paso adelante, pero no constituye la solución del problema.

Por eso, quiero preguntarle al señor Zaldívar si el Gobierno estaría de acuerdo en agregar a la redacción que ha propuesto -de inmediato o por medio del veto- otro elemento de resguardo que, a mi juicio, es indispensable, pues no sólo está en peligro en cierta medida, como lo señalan los interesados, la situación del comerciante detallista, sino también la de los productores nacionales. De ahí mi consulta: si podría agregarse una disposición o frase según la cual el Banco del Estado no pudiera importar los elementos o bienes a que se refiere este artículo sino en el caso de que no existan en el país, y la fiscalización de tal resguardo quedara entregada a la Contraloría General de la República.

Sería esa la única manera de proteger, no sólo al comercio detallista, sino también a los fabricantes nacionales. Lo señalado por el Honorable colega señor Va-lente Rossi, a pesar de haber sido expuesto en términos muy particulares, en verdad llama a alarma y podría repetirse.

El señor BALLESTEROS.-

Señor Presidente, me ha concedido una interrupción el señor Ministro.

El señor JULIET.-

El señor Ministro no dirige el debate.

El señor BALLESTEROS.-

Pero concede interrupciones.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Quisiera contestar al Honorable señor Jerez.

El señor BOSSAY.-

Le concedo una interrupción al señor Ministro.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de la palabra el señor Ministro.

El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-

Creo que el peligro que señala el Honorable señor Jerez no existe, puesto que, según la legislación vigente, está prohibida la importación de aquellas mercaderías que se producen en el país. Pero puedo garantizarle al señor Senador que, en el caso de que tal prohibición no fuera suficiente, no habría inconveniente en tomar el resguardo que Su Señoría ha propuesto, pues el Gobierno no desea perjudicar de ningún modo al productor nacional.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Bossay.

El señor BOSSAY.-

Señor Presidente, las palabras del Honorable señor Valen-te, como las del señor Ministro de Hacienda, aclaran la situación en que nos encontramos en la Comisión de Hacienda.

En su oportunidad, el Senador que habla aceptó en principio algunas de las ideas propuestas, pero en varios momentos del debate expresó su temor o, si los Honorables colegas quieren, su falta de fe en los términos en que el Banco del Estado podría operar con estas facultades y en el resultado, en otros campos, del ejercicio de ellas.

En esas circunstancias, presenté algunas indicaciones para restringir la norma. Por ejemplo, para exigir propuestas públicas y para que no hubiera liberación total de derechos sino para elementos que el Banco del Estado destinara a su propio uso, como máquinas calculadoras, sumadoras y otros.

Expresé también, según consta en el informe, algunas dudas sobre la forma como se pretendía operar respecto de las organizaciones comunitarias, centros de madres, juntas de vecinos, etcétera. ,

Pero debo confesar que, en líneas generales, me resultaba atractiva la disposición, desde el punto de vista de ayudar a los imponentes de ahorro, pues creía que cuanto pudiera hacerse para fomentar el ahorro habría de tener buenas consecuencias.

Posteriormente, hemos recibido -observo que lo mismo les ha sucedido a otros señores Senadores y también al señor Ministro de Hacienda-, me atrevería a decir no decenas, sino centenas de cartas de sindicatos y de cámaras de comercio minorista de distintas partes del país, en que se manifiesta extraordinaria inquietud. En otras palabras: se nos ha colocado en la duda, se nos ha hecho partícipes de la preocupación de una enorme cantidad de chilenos que actúan en el campo de la pequeña industria y del pequeño comercio; que fabrican o venden muebles o artefactos tales como lavatorios, "califont", cocinas a gas, etcétera. Y se nos ha inducido a reflexionar sobre todo lo que ello significa en cuanto a medio de vida y a pago de tributos de todo orden: impuesto a la renta de primera categoría y sobre la compraventa en sus diversas etapas. Este último, muy importante en los ingresos fiscales, tendría una fuerte contracción, según se explicó en la Comisión.

Pero lo que más nos ha inquietado es precisamente lo que acaba de plantear el Honorable señor Valente, su denuncia de una actuación relativa a importación y venta de máquinas de coser. Y es también lo que ha motivado la orden clara de mi partido sobre la forma de votar este artículo.

Si llega a votarse la investigación solicitada por el señor Senador, nos pronunciaremos afirmativamente. Estimamos que deben esclarecerse todas esas compras, en cuanto al cesto de las máquinas, al precio que pagaron los adquirentes y en especial los organismos que las importaron, a las épocas en que lo hicieron; y que no sólo investigue la Superintendencia de Bancos sino también, en lo tocante a derechos de Aduana, la Contraloría General de la República, que sería mucho más independiente.

Pero no vaya a suceder con esta indicación lo que pasó con las que se formularon sobre las franquicias tributarias: largo debate, violenta discusión antes de las elecciones de marzo; pero no se despachó antes de las elecciones el proyecto y nadie se acordó de él nunca más.

Por eso, en la duda, nos parece mucho mejor no modificar la legislación actual en el asunto en debate, mientras no conozcamos el resultado de la investigación propuesta por nuestro Honorable colega. O sea, adoptaremos decisiones acerca de la forma como debe operar el Banco del Estado cuando hayamos sacado conclusiones de esa investigación.

No debe olvidarse que el Banco del Estado tiene en sus manos inmensos capitales y que cualquier propaganda de su parte -sobre bonos de ahorro u otros aspectos- puede afectar o deformar a la opinión pública en un momento dado.

No deseo entrar en mayores detalles, en vista de las palabras del señor Ministro de Hacienda, quien nos ha anunciado que por medio del veto propondrá un texto distinto al que está en discusión. Sólo anticipo que los Senadores radicales votaremos en contra de todas estas disposiciones, porque preferimos -repito- reservar nuestra decisión para el momento en que, efectuada la investigación solicitada, tengamos los antecedentes suficientes para actuar con justicia y claridad.

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente, para la historia de esta disposición, el Senado debe conocer lo ocurrido en la Comisión de Hacienda.

Presenté una indicación tendiente a suprimir este artículo y di, para fundarla, los mismos argumentos que aquí han expresado tanto los representantes del Partido Comunista como los del Partido Radical. Sin embargo, al votarse la disposición, se pronunciaron por mantenerla los Senadores del Partido Socialista, los del Partido Demócrata Cristiano y del Partido Radical.

El señor ALTAMIRANO.-

Señor Senador, le ruego especificar de qué Partido Socialista se trata. No formamos parte de la Comisión de Hacienda, de manera que mal podíamos participar de ese acuerdo.

El señor GARCIA.-

Especifico: me refiero al Honorable señor Silva Ulloa.

¿Cómo no va a ser curioso que, en un plazo no mayor de seis a ocho días, contemos ahora con un respaldo total para suprimir el artículo?

Quiero manifestar -el señor Secretario puede leer la parte pertinente del informe- que no se comprendió tocio el alcance que involucraba esta disposición, al entregar al Banco del Estado el comercio del menaje, rubro en el cual se comprenden desde las cortinas hasta los servicios, pasando por los refrigeradores y los aparatos de radio y televisión, y -¡óiganlo bien, Honorables Senadores!- todo esto por intermedio de una sola mano en Chile.

Cuando algún señor Senador dijo en la Comisión que el precepto beneficiaba sólo a los imponentes de ahorro, yo manifesté que, frente a la diferencia de impuesto que en esta forma tendría que pagar un refrigerador o un televisor, que me imagino puede llegar a los 800 escudos, todas las personas serían capaces de depositar 20 ó 30 escudos en una cuenta de ahorro para gozar de las exenciones de impuestos que tiene el Banco del Estado.

Sin embargo, yo sostuve que, a pesar de la formación de este inmenso monopolio, de este gran negocio respaldado por un banco que concede créditos, por una organización que no paga impuestos y que actúa frente a todo el comercio, que debe pagar patente, impuesto a la renta, impuesto CORVI, impuesto de compraventa e impuesto a los servicios, sostuve -repito- que al cabo de cierto tiempo, si es que sobrevivía algún comerciante, de todas maneras la forma como el Banco del Estado administraba sus negocios haría necesario que nuevamente el comercio tomara en sus manos estas actividades.

A la Comisión de Hacienda llegó un dirigente del comercio que hizo esta afirmación: "Yo tengo en mi bodega cocinas del Banco del Estado, compradas por éste, y fui a preguntar a esa institución que debía hacer con ellas. Se me respondió que no podían determinar a quién pertenecían las cocinas". De modo que en una bodega del Banco del Estado hay depositadas 50 cocinas, que no tienen dueño. Ese es el desorden que impera en el Banco. Por lo tanto, mucho menos tiene ahora autoridad...

La señora CAMPUSANO.-

¿En qué lugar están? Hay que decírselo a la población.

El señor GARCIA.-

Yo di el dato a otras personas, no a las que cree Su Señoría.

El señor BALLESTEROS.-

¡Así es que el señor Senador también tiene su centro de madres...!

El señor GARCIA.-

Sí, yo también tengo mi centro de madres.

La señora CAMPUSANO.-

¡Será un club de señoras, tal vez!

El señor GARCIA.-

En la Comisión, no se valoró el argumento mío de que se pretendía entregar al Banco del Estado, que se ha dedicado a comprar diarios para hacer propaganda al Gobierno, un instrumento con el cual se liquidaría al comercio chileno.

Por eso, no puedo menos que manifestar una gran satisfacción al comprobar que se ha hecho conciencia en el sentido de que esta medida no puede adoptarse. La estatización del comercio ha sido repudiada por el Partido Comunista -no sé si será influencia del señor Liberman o de otros-, lo que me alegra mucho, pues nos está acercando poco a poco...

Anuncio mi voto y los del Partido Nacional contrarios al artículo en debate.

El señor PALMA.-

Señor Presidente, cuando en la Comisión se analizó el precepto que ahora conoce la Sala, votaron a favor, como se ha dicho aquí, los representantes de los Partidos Socialista Popular, Radical y Demócrata Cristiano. Solamente el Honorable señor García, del Partido Nacional, votó en contra. Yo me lo explico, porque la verdad es que en la legislación que rige al Banco del Estado ya está consagrada la protección y facilidades que se dan al comercio representado por- el Honorable señor García y otras personas. Por consiguiente, es perfectamente lógico que ellos no estén interesados en dar protección a otras áreas de la población, aplicando los mismos criterios con que se facilitó la importación de maquinaria para la agricultura y la de otros equipos técnicos.

En realidad, todos los que votamos a favor del precepto sustentábamos un criterio distinto. Pensábamos que era conveniente dar también esta ventaja al resto de la población del país y, en especial, a quienes estaban haciendo el esfuerzo de ahorrar en el Banco y contribuir con ello al funcionamiento general de la economía.

Por eso, al principio nosotros aceptamos y mantuvimos la posición aquí señalada. Con posterioridad, celebramos reuniones y conversaciones con las organizaciones de comerciantes, especialmente las de los detallistas, quienes han temido que el uso de esta disposición, perfectamente razonable en cualquiera otra circunstancia -si triunfaba otro régimen político, por ejemplo-, pudiera servir para favorecer a determinados intereses políticos.

Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto por el señor Ministro de Hacienda hace un instante, nosotros votaremos por la exclusión de la letra d) y en contra de este precepto. La letra en referencia dice: "Adquirir, importar y enajenar, por cuenta propia o ajena, bienes muebles de equipamiento del hogar, maquinarias, herramientas y demás elementos de trabajo para sus imponentes de ahorro". Al votar en contra de esta disposición, queremos hacernos eco dé la inquietud manifestada por los comerciantes minoristas, quienes creen que por esta vía el Banco del Estado puede transformarse en una inmensa casa comercial que los elimine a todos ellos. Esta es una situación que resulta imposible de concebir por cualquiera, pero que, en todo caso, vale la pena aceptar en el curso de este análisis. Es decir, se trata de impedir que los comerciantes minoristas se sientan afectados, especialmente aquellos que ejercen su actividad en los pueblos pequeños, donde el Banco del Estado tiene agencias, y de darles la seguridad de que, detrás de este objetivo, no ha habido intención de perseguirlos o limitarlos, sino dar facilidades para que el ahorrante, eventualmente, pueda tener la posibilidad de exigir al comercio mayores franquicias que las que hoy día da, con motivo de la competencia del Banco.

Cuando los funcionarios del Banco del Estado informaron respecto de la disposición, declararon que ella era necesaria para ese organismo, porque permitía regularizar, entre otros aspectos, lo relacionado con las máquinas de coser, a lo cual se refirió en forma extensa el Honorable señor Valente. No sé si los datos dados por Su Señoría tienen por objeto atacar a la Singer y su negocio u otros negocios. Lo ignoro. No sé nada del negocio de las máquinas de coser. Lo único que sé de esta actividad comercial es algo muy concreto: por intermedio del Banco del Estado, algo más de 150 mil familias en Chile, en el curso de este año, con tinte político o sin él,...

El señor GARCIA.-

Con tinte.

La señora CAMPUSANO.-

Con tinte.

El señor PALMA.-

...han sido extraordinariamente beneficiadas a lo largo del país y han tenido la posibilidad de recibir una pequeña herramienta que las ayuda a incrementar los ingresos de sus respectivos hogares.

Desde luego, esta disposición no pretende en absoluto hacer extensivo el beneficio a todo tipo de maquinarias, como dijo el Honorable señor García en la Comisión. No se trata aquí de la venta de tongos, bufandas u otros objetos de ese tipo, sino de otorgar facilidades a los pequeños ahorrantes del país, que no son tan pocos. En el mismo informe se puede apreciar que éstos llegan ya al millón, o sea, existe un millón de personas que está haciendo un esfuerzo extraordinario para contribuir a la marcha general de la economía nacional.

No obstante, en vista de la inquietud manifestada por los comerciantes, y para no dar a este precepto el tinte político que aquí se ha querido darle, nosotros rechazaremos el artículo en la forma propuesta. Pero, como eventualmente no se podrá reemplazar con la indicación del señor Ministro de Hacienda, mantendremos nuestro criterio en el sentido de que el Banco del Estado pueda dar estas facilidades a las cooperativas, organizaciones comunitarias y miembros de ellas que sean ahorrantes de dicha institución bancaria.

Debemos tener presente que no en vano en los últimos años se ha creado en el país gran número de organizaciones comunitarias, respecto de las cuales nadie puede decir que estén sujetas a control político o sometidas a grupo alguno, pues sus directivas -por lo menos, las que yo conozco-, que desde un punto de vista ideológico son totalmente heterogéneas, están tratando de servir de manera eficaz a sus respectivas comunidades. Por eso, creo que se hace absolutamente necesario robustecer a las organizaciones comunitarias, a fin de inculcar en la gente un sentido de cooperación que les permita realizar trabajos como los que hemos podido apreciar, por ejemplo, en las exposiciones que se efectúan en las escuelas y que brindan a las familias la posibilidad de obtener una ayuda bastante sustancial para vivir.

Estoy cierto de que en lo futuro esto será así. Por esta razón, creemos que, para terminar con las inquietudes de los comerciantes y con el problema político planteado aquí, es conveniente rechazar la letra d), a pesar de haberla votado favorablemente en la Comisión. En todo caso, mantendremos el criterio de que es preciso ayudar, por la vía del Banco del Estado, a todas las organizaciones comunitarias, que están constituyendo una poderosa fuerza de renovación.

El señor LUENGO.-

¿Me permite, señor Senador?

El señor BALLESTEROS.-

Por eso, estimo que tampoco tiene asidero la afirmación de que. ...

El señor LUENGO.-

Pero el Banco Central puede ampliar esa lista.

El señor BALLESTEROS.-

Si Su Señoría me solicita una interrupción, se la podría conceder.

El señor LUENGO.-

Se la estoy pidiendo.

Sólo deseo destacar que el Banco Central puede agregar nuevas mercaderías a esa lista. Es en este sentido que el Honorable señor Jerez teme que se pueda vulnerar el principio establecido en defensa de la industria nacional.

El señor BALLESTEROS.-

Desde luego que se pueden agregar nuevas mercaderías a la lista de importaciones permitidas.

El señor LUENGO.-

Ahí está el problema.

El señor BALLESTEROS.-

Pero eso no significa que la importación se haga por un régimen especial. Por el contrario, estarían sometida al régimen general, no a un sistema excepcional, como Su Señoría señaló en su intervención.

El señor ALTAMIRANO.-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor BALLESTEROS.-

Perdone, señor Senador. No quisiera dirigir el debate. Aun cuando tengo la mejor voluntad, ya concedí una interrupción. Tal vez la Mesa podría ceder la palabra a Su Señoría.

El señor BALLESTEROS.-

Señor Presidente, seré muy breve, pues el Honorable señor Palma ha analizado el problema en forma bastante completa y extensa. Sin embargo, quiero señalar la inconsecuencia que se advierte en ciertas afirmaciones hechas por el Honorable señor García, quien en la Comisión -también lo ha hecho presente ahora- pretendió erigirse en campeón de la defensa de los intereses de los comerciantes.

El Honorable señor Palma destacó algo que, a mi juicio, merece ser conocido por el Senado y por quienes lean sus actas. La verdad es que en 1960, en la época del Gobierno del señor Alessandri, cuya defensa asume aquí el Honorable señor García, cuando se dictó el decreto con fuerza de ley Nº 251, actual ley Orgánica del Banco del Estado, esa legislación no provocó reacción alguna por parte de quienes se dicen campeones de la defensa del comercio. Se trataba de una disposición que ellos mismos introdujeron en el texto de un decreto con fuerza de ley, que por cierto no tuvo debate en el Congreso.

¿Qué dice el artículo 44 de ese decreto con fuerza de ley? Autoriza al Banco del Estado para "importar, adquirir y enajenar, por cuenta propia o ajena," -términos semejantes en todo a lo que establece la disposición que ahora nos ocupa- "para satisfacer las necesidades de abastecimiento de las actividades agropecuarias y para propender a su desarrollo, e instalar y explotar plantas purificadoras y secadoras de semillas y frutas".

El señor VALENTE.-

¡O sea, había coincidencia!

El señor BALLESTEROS.-

Es decir, cuando se trataba de favorecer los intereses de un grupo, de los agricultores del país, no era excesiva ni monstruosa la disposición, sino que era consecuente con una política; era un precepto útil y necesario para el desarrollo del país.

Por lo tanto, ¿qué autoridad puede tener hoy día ese mismo partido para afirmar, cuando se pretende beneficiar a las cooperativas y organismos comunitarios, que ahora la disposición es monstruosa, excesiva? ¿Qué autoridad hay para emitir una declaración condenando a todos aquellos que, con justicia, pretenden beneficiar a esas entidades? Deseo destacar esta inconsecuencia, porque son fáciles las palabras y las declaraciones, pero es necesario saber sostenerlas con antecedentes de actuaciones pasadas.

Además, deseo referirme, en forma muy breve, a una observación que hacía el Honorable señor Jerez, En efecto, Su Señoría manifestaba su temor de que, a través de disposiciones como las aquí propuestas, se pudiera vulnerar las normas que impiden la importación de determinadas mercaderías con el fin de proteger la industria nacional. Pero el Honorable señor Jerez, cuya ausencia del hemiciclo deploro, omitió leer la parte final del artículo aprobado por la Comisión de Hacienda, que dice a la letra: "La adquisición de los bienes señalados en las letras d) y e) deberá ser efectuada por medio de propuestas públicas, con o sin garantía, y su importación sólo podrá ser autorizada siempre y cuando estos bienes figuren en la lista de mercaderías de importación permitida del Banco Central de Chile".

O sea, no habrá excepciones, porque el Banco Central no podrá autorizar la importación de mercaderías prohibidas.

Recuerdo que el asunto fue motivo de largo debate en la Comisión, en la cual el Honorable señor Bossay formuló una indicación que los Senadores de estas bancas acogimos, por considerarla lógica y prudente.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Altamirano.

El señor ALTAMIRANO.-

No es efectivo lo que sostiene el Honorable señor Ballesteros. Basta la voluntad exclusiva y soberana del Gobierno para incluir en la lista de importaciones permitidas determinado tipo de mercaderías.

Por otra parte, el Banco del Estado puede importar al amparo de condiciones con las cuales no cuenta el importador normal y corriente. En consecuencia, la institución estaría en condiciones privilegiadas.

Advierto que nosotros no nos hacemos eco de las opiniones de los Honorables colegas que han defendido a los comerciantes e industriales. Defendemos el interés de Chile y de los trabajadores. Mi afirmación anterior tenía sólo por objeto hacer un alcance a las expresiones de Su Señoría, en el sentido de que las condiciones bajo las cuales puede importar el Banco del Estado son muy distintas de las que rigen para el resto de las personas que se dedican a este tipo de actividades.

El señor ALTAMIRANO.-

¿Dónde se establece eso?

El señor BALLESTEROS.-

Si se trata de elementos para alhajar el Banco, por ejemplo, hay libre internación; pero no en otros casos.

El señor ALTAMIRANO.-

¿En qué parte se consigna esa norma?

El señor BALLESTEROS-

En la ley Orgánica del Banco del Estado y en disposiciones de carácter general

El señor ALTAMIRANO.-

Mi impresión es que no es así. Quisiera conocer concretamente esas disposiciones.

El señor BALLESTEROS.-

Me daré el trabajo de averiguarlo, para convencer a Su Señoría, ya que el señor Senador no puede decir dónde no están. Pero en este momento no dispongo de los antecedentes del caso. Sin embargo, pido que se haga fe en lo que afirmo, que, por lo demás, fue aseverado sin contradicción en la Comisión de Hacienda.

Por último -no deseo cansar al Honorable Senado- me referiré a las observaciones del Honorable señor Valente en cuanto al problema de los intereses regionales.

Encuentro razonable el punto de vista de Su Señoría, porque defiende los intereses económicos de su zona. No digo que sea una posición respetable o no lo sea, pues no entro a calificarla. Sólo afirmo que sí lo es el hecho de defender los intereses regionales que representa.

La señora CAMPUSANO.-

Se trata de una norma que se aplicará en todo el país.

El señor VALENTE.-

Así es.

El señor BALLESTEROS.-

Pero el señor Senador debe entender que, por medio de la disposición que comento, se protegen los intereses de su zona, porque en la medida en que en el país se fabriquen elementos de calidad similar a los que se pretende importar, el Banco Central no puede autorizar su internación.

El señor VALENTE.-

No fue eso lo que dije en la Comisión el Vicepresidente de COREO.

El señor BALLESTEROS.-

Lo leí en el informe.

El señor BALLESTEROS.-

Deploro que el Honorable señor Altamirano, a quien reconocemos versación en materias económicas, no forme parte de la Comisión de Hacienda, pues ello le habría ahorrado intervenir.

Es cierta su afirmación en cuanto a que está en manos del Ejecutivo modificar o alterar la lista de mercaderías de importación permitida. Pero yo señalo una cosa distinta: respecto de esta internación, no se hacen excepciones al régimen general.

El señor ALTAMIRANO.-

Sí se hace, porque el Banco está autorizado.

El señor BALLESTEROS.-

Contestaré también a esa parte.

Me parece que Su Señoría incurre en una confusión. El Banco del Estado, cuando importa para sí -por ejemplo, si el día de mañana quisiera internar un computador electrónico para su propio uso-, goza de franquicias aduaneras, al igual que todos los organismos fiscales, como consta a Su Señoría, que fue Subsecretario de Hacienda. Pero no sucede lo mismo -y aquí, precisamente, va la respuesta a las palabras del Honorable señor Altamirano- cuando importa para terceros, como sería este caso.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

¿Me permiten, señores Senadores?

Ha terminado el Orden del Día. Se necesitaría el asentimiento unánime de la Sala para prorrogarlo. De lo contrario, el proyecto quedaría pendiente para la sesión de mañana.

¿Habría acuerdo en aquel sentido?

El señor LUENGO.-

No.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

En este caso, queda pendiente la iniciativa para la próxima sesión.

El señor HAMILTON.-

¿Quién se opone a continuar?

El señor GARCIA.-

¿Podría el señor Presidente, si es tan amable, recabar nuevamente el asentimiento de la Sala?

¿Quién se opone?

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

No puedo decir quién se ha negado al acuerdo. Basta que se comunique la oposición a la Mesa.

CONVERSION DE CREDITOS OTORGADOS POR EL BANCO DEL ESTADO.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Corresponde seguir discutiendo en particular el segundo informe del proyecto de la Cámara que autoriza al Banco del Estado de Chile para convenir la conversión de créditos otorgados desde la vigencia de la ley Nº 16.253.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 20ª, en 3: de diciembre de 1968.

Informes de Comisión:

Hacienda, sesión 54ª, en 6 de mayo de 1969.

Hacienda (segundo), sesión 22ª, en 29 de julio de 1969.

Discusión:

Sesiones 55ª, en 7 de mayo de 1969; 56ª, en 13 de mayo de 1969, y 57ª, en 14 de mayo de 1969 (Se aprueba en general).

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

La enmienda propuesta por la Comisión, en el segundo informe, al número 1 del artículo 6°, que introduce modificaciones al D.F.L. Nº 251, de 1960, fue aprobada por el Senado.

Quedó pendiente el debate del número 2, que agrega dos letras y un inciso final al artículo 42 del mencionado cuerpo legal.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

El señor GARCIA.-

En la sesión de ayer, el Honorable señor Ballesteros sostuvo que existía un precepto similar para las operaciones agrarias del Banco del Estado, introducido, según Su Señoría, por el Gobierno del señor Alessandri. Deseo hacer un alcance a esa afirmación: esa norma es copia de un artículo similar contenido en la ley que creó el Banco del Estado en el año 1953.

El señor BALLESTEROS.-

¿Me permite, Honorable colega?

El señor GARCIA.-

Seguramente, Su Señoría me dirá que cuando un precepto se refiere a otro y lo copia, lo hace suyo.

El señor BALLESTEROS.-

Así es.

El señor GARCIA.-

Pero no es menos cierto que para ese Gobierno era más fácil borrar el precepto establecido en 1926, en la ley de la Caja de Crédito Agrario. Está presente el Honorable señor Aguirre Doolan, quien puede confirmar que el Departamento Comercial de la Caja de Crédito Agrario también tenía esas mismas posibilidades. ¿No era posible entonces, en 1961, eliminar el precepto en referencia que, por lo demás, nunca se había prestado a abusos? Porque cuando las facultades que esa norma otorgaba las aplica un Gobierno en beneficio de todo el país, pueden ser buenas. Pero cuando se aplican con finalidades políticas, se convierten en perniciosas.

Como hemos visto que se ha hecho mal uso de estas facultades, nos opondremos al precepto en debate.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para empalmar esta sesión con la siguiente. Acordado.

El señor BALLESTEROS.-

Las observaciones del Honorable señor García no desvirtúan jurídicamente mis afirmaciones. Su Señoría sabe muy bien, porque hemos conversado sobre la materia, que cuando, en uso de facultades extraordinarias delegadas, se reproduce una disposición, ello significa que se está dictando por primera vez. O sea, si la intención del Gobierno de entonces era no dictar disposiciones que afectaran al comercio minorista agrario en ese campo de acción, no habría reproducido la norma. Pero en el momento en que la reprodujo, la hizo suya. Es decir, jurídicamente el precepto dictado y el copiado tienen el mismo valor.

Repito: el Honorable señor García no desvirtuó mis aseveraciones hechas en el debate de ayer.

El señor GARCIA.-

En el hecho, nunca se ha estimado así.

El señor IBAÑEZ.-

Puedo agregar algunas observaciones de interés al debate.

Cuando era presidente del Banco del Estado, se promulgó el actual decreto con fuerza de ley que ahora se trata de modificar. En su redacción participaron el Senador que habla y algunos funcionarios de la institución, y actuó como asesor un muy distinguido profesor que hoy ocupa un alto cargo en la actual Administración, el abogado señor Pulido. Pues bien, el propósito de quienes lo redactaron fue modificar lo menos posible la norma existente, a fin de evitar las suspicacias que siempre rodean a cualquiera enmienda que se pretenda hacer en estas materias.

Según mis recuerdos, no se vio inconveniente en aprobar este artículo mientras se mantuviera la política que me tocó establecer para poner término a graves abusos que se cometían y que, estoy cierto, volverían a cometerse si este precepto se aprobara. En mi opinión, se satisfacen los propósitos que aquí se han mencionado, de dar facilidades al Banco del Estado para adquirir, importar y enajenar por cuenta propia o ajena bienes muebles de equipamiento del hogar, maquinarias, herramientas, etcétera, a fin de atender necesidades de los habitantes del país, si dicha institución concede créditos para que los consumidores adquieran libremente esos productos donde lo estimen más conveniente para sus necesidades o intereses.

Quiero que el Honorable señor Ballesteros escuche lo que estoy explicando, porque hay una diferencia fundamental entre este tipo de operaciones y las que hizo la institución cuando se regía por el decreto con fuerza de ley que ha citado Su Señoría. En aquella oportunidad, no me opuse a que no fuera suprimida esa facultad, porque establecimos como política del Banco del Estado la de que se permitiese al cliente a quien se otorgaren dichos créditos, adquirir los productos que la institución le ofrecía, donde más conviniera -repito- a sus necesidades o intereses.

Esa es la diferencia sustancial entre el manejo del Banco del Estado en aquellos años y el de la época actual. Hoy día, son demasiados los ejemplos de favoritismo, de presión, de indebidos negocios en esa entidad, como para entregarle una facultad de esta naturaleza. En aquella época, el Banco tenía una sección comercial circunscrita a los elementos más importantes para la agricultura; y siempre estuvo abierto el crédito para que el agricultor que no estimara convenientes las semillas que la institución le ofrecía, o a quien le pareciera caro o inapropiado el tractor que pudiera venderle, estuviera en condiciones de adquirir las semillas o el tractor en donde más le conviniera.

Tengo la absoluta certeza de que, aprobado el precepto en debate, se cerrará todo crédito para adquisición de los elementos de que se trata, salvo si las compras se efectúan por medio del Banco.

Los que mueven iniciativas de esta índole -y aquí voy al fondo del proyecto- no son los compradores de esos bienes; no es el jefe de un hogar modestos que necesita ayuda para adquirir un refrigerador u otro elemento que hace falta en su casa. Los que impulsan tales preceptos son industriales en busca de indebidas protecciones del Banco del Estado; son personas que lucran por medio de influencias políticas.

Al Banco del Estado es preciso quitarle todas esas atribuciones, porque son ellas, precisamente, las que, cuando una administración no procede de manera absolutamente ecuánime y en resguardo de los intereses de los consumidores, permiten otorgar considerables posibilidades de realizar negocios, en muchas ocasiones indebidos, a determinadas industrias, negocios que en definitiva pagan los consumidores que se ven compelidos a comprar en el Banco mediante los créditos que esa institución les concede.

Así, pues, quiero dejar bien en claro que la medida propuesta podría ser menos grave de lo que aparece si el proyecto contuviera una disposición que obligara al Banco a conceder créditos, en igualdad de condiciones, para que el comprador adquiriera esos bienes en donde mejor le pareciera. Pero como no es así y como se está estableciendo un monopolio cerrado a favor del Banco, que ha de perjudicar en forma gravísima a los consumidores, nos oponemos a esa disposición.

El señor PALMA.-

Señor Presidente, me parece que las afirmaciones del Honorable señor Ibáñez son un poco aventuradas, pues la práctica le demostró que una disposición del todo similar, que favorecía las necesidades de abastecimiento de la actividad agropecuaria, fue utilizada por el Banco del Estado de manera discreta en el período en que el Honorable señor Pedro Ibáñez era presidente de dicha entidad ; y que durante el actual período se procede del mismo modo, porque no se conoce queja alguna de las entidades importadoras de equipos. Por lo menos, nadie ha podido traer al Senado o exponer ante la opinión pública informaciones, declaraciones o publicaciones que confirmen lo que acaba de decir, un poco inconsistentemente, el Honorable señor Ibáñez.

El señor IBAÑEZ.-

No se atreven a decirlo.

El señor PALMA.-

Por lo contrario, el ejercicio de esas facultades ha servido precisamente para que todo el resto de la actividad comercial del país esté sujeto a control en cuanto al mismo tipo de productos, y que puedan, por lo tanto, mantenerse en el mercado precios y condiciones razonables y adecuados.

No es otro el sentido de la disposición que hemos aprobado, porque casi reproduce textualmente las expresiones contenidas en la letra b) del artículo 44 de la ley que rige actualmente al Banco del Estado, con el agregado de que, además de favorecer a los sectores de producción ligados a la actividad agropecuaria, viene a prestar ayuda a numerosos otros sectores: en primer lugar, al del consumidor modesto; y, en segundo término, a la actividad industrial de pequeño monto.

Parece, pues, en absoluto injustificado que quien dice que funcionó bien determinada medida para un sector, afirme ahora que ha de funcionar mal para otro. En ello hay una contradicción que nadie puede entender.

A mi juicio, es conveniente y útil dictar una disposición de esta especie, porque, en definitiva, el Banco del Estado, en cuyo Consejo están representadas múltiples organizaciones, la manejará con criterio de equidad parecido al que ha demostrado tener, en general, en el ejercicio de facultades similares.

Con mucha frecuencia, se hacen aquí afirmaciones truculentas en orden a que hay negociados. Yo, hasta la fecha, no he oído nada concreto, nada serio, nada importante en tal sentido.

El señor ALTAMIRANO.-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor PALMA.-

Más adelante se la concederé, señor Senador.

Decía que, por lo tanto, esas disposiciones -tanto la de la letra d) como la de la letra e) del artículo 6º del proyecto- vienen a satisfacer necesidades de un sector que es tan importante, o más, que aquel que ha sido favorecido por las disposiciones en actual vigencia de la ley orgánica del Banco del Estado. Sin embargo, como lo expresamos en el día de ayer, ante la inquietud manifestada por el comercio minorista del país, que ve en este artículo, en especial en la letra d), una amenaza para sus intereses y para su legítima actividad, estamos dispuestos a que el texto de esa letra sea reemplazado por medio del veto. Por lo menos, yo me abstendré en su votación, aun cuando la estimo una disposición beneficiosa para la mayoría de los habitantes del país. Más de un millón de personas son hoy día depositantes en cuentas de ahorro, y a ellas se trata de favorecer; de tal manera que resulta un poco absurdo limitar las ventajas que de esa disposición se desprenden para tan elevada cantidad de jefes de familia como es la que constituyen los imponentes de ahorro del Banco del Estado.

Me parece inadecuado continuar esta discusión, porque ya se ha formado una opinión de mayoría, Pero sí quiero dejar constancia de que ninguna de las argumentaciones que hemos oído al Honorable señor Ibáñez tiene otra validez que la de una apreciación subjetiva, fundada no sé en qué razones, pero que hasta ahora no han sido expresadas de manera categórica y convincente.

El señor HAMILTON.-

Fundada en su experiencia como presidente del Banco.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Señores Senadores, me permito advertir a Sus Señorías que aún quedan dieciséis páginas de modificaciones por tratar.

El señor SULE.-

Demos por cerrado el debate.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Durante toda la sesión de ayer, sólo nos pronunciamos sobre las contenidas en dos páginas. Si continuamos con tan poca celeridad, no sé a qué hora de la madrugadavamos a terminar. Me permito hacer esta advertencia a los señores Senadores para que limiten sus intervenciones en lo posible.

El señor ALTAMIRANO.-

Pido la palabra.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

El Honorable señor Palma había concedido una interrupción a Su Señoría...

El señor ALTAMIRANO.-

El señor Senador ha terminado su intervención.

Pido la palabra.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Altamirano.

El señor ALTAMIRANO.-

Señor Presidente, los Senadores socialistas acogemos la insinuación de Su Señoría, en orden a no extendernos indebidamente sobre la opinión que nos merecen los distintos artículos.

Por eso, hacemos nuestra la opinión que ya vertió el Honorable señor Valente respecto de la disposición en debate. Nuestro partido la votará negativamente, porque no le merece ninguna confianza la administración del Banco del Estado.

Pedí una interrupción al Honorable señor Palma para expresarle que el Diputado socialista señor Erich Schnake dio una información perfectamente detallada, no desmentida, de la forma escandalosa como se han distribuido los créditos en ese Banco. Del mismo modo, es muy convincente la argumentación que escuchamos en el día de ayer al Honorable señor Valente, en cuanto a la manera como se efectuó la operación de compra y venta de máquinas Singer. Sobre esta materia habría mucho más que decir, pero nos parece innecesario abundar en ella.

Sólo deseo reiterar que el Partido Socialista votará en contra de este artículo.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Silva Ulloa.

El señor SILVA ULLOA.-

En la Comisión de Hacienda se estudiaron latamente las modificaciones introducidas al artículo 6° que trata en este momento la Sala.

Después de un análisis detallado de esta materia, es conveniente, a nuestro juicio, abordarla de acuerdo con nuestros principios. Nosotros estimamos que las instituciones tienen vigencia casi permanente. El Banco del Estado de Chile tuvo origen precisamente en el estudio llevado a cabo por mi partido en el año de su fundación. Para nosotros, pues, la institución es respetable.

He tenido conocimiento de la discusión que ha originado este problema. Hace pocos minutos, los Honorables señores García e Ibáñez, representantes del Partido Nacional, han hecho cuestión, no de que la facultad del Banco del Estado de adquirir, importar, enajenar por cuenta propia o ajena bienes muebles de equipamiento del hogar, no deba establecerse en la ley, sino de quienes hayan de administrarla o ejercerla. Por lo tanto, estimo que el debate debería haberse centralizado en una apreciación más directa de cuáles son las dificultades que impiden al Banco cumplir su cometido.

Pero nada se ha dicho hasta ahora, por lo menos en la sesión de la tarde, respecto de la otra finalidad que persigue la disposición, cual es estimular el ahorro en los sectores medios y evitar que dichos sectores, que aspiran a poseer un refrigerador, una máquina lavadora, una radioelectrola u otro bien mueble de valor más o menos alto, sean estafados por comerciantes inescrupulosos que han estado especulando y despojando a quienes anhelan tener aquellos bienes.

No comprendo la forma como se ha llevado a cabo el debate. Cada uno asume su propia responsabilidad. Nosotros lo hicimos cuando, junto con aprobar en general la idea de legislar en esta materia, fuimos partidarios de que todas estas adquisiciones se realizaran mediante propuesta pública, a fin de garantizar la participación en ésta a los industriales y a todo aquel que pueda entregar en las mejores condiciones el artículo que se desea.

Mantendré el criterio que sostuve en la Comisión de Hacienda, porque, por sobre cualquiera otra consideración, debemos ser consecuentes, en mi concepto, con los principios que sustentamos. Mientras tal consecuencia no se produzca en el plano económico y político, permanentemente se estarán suscitando estas discrepancias con los diferentes sectores de la ciudadanía por parte de quienes ejercen el Poder Público.

Tenemos reparos en cuanto al funcionamiento del Banco del Estado. Poseemos algunos antecedentes sobre el particular y los hemos entregado a conocimiento de la opinión pública, mediante las intervenciones de nuestros parlamentarios, en cada oportunidad que se ha presentado. Pero no queremos incurrir en ese viejo error consagrado hasta en un cuento que conocen todos los sectores de la ciudadanía: aquél de don Otto, quien, para evitar que su señora lo siguiera traicionando, vendió el sofá. Pues bien, ante el hecho de que una institución que debe manejar el crédito del país y que, por la forma como está dirigida, cae en múltiples errores, nos limitamos a reducir las funciones de dicho organismo. Como es natural, tal actitud no la podemos justificar.

Por eso, consciente de la forma como actué en la Comisión, mantendré mi criterio.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ballesteros.

Ruego a Su Señoría no conceder interrupciones.

El señor BALLESTEROS.-

Seré muy breve, señor Presidente, pues me parece que lo ya dicho sobre la materia es más que suficiente.

Ayer prometí al Senado y, particularmente, al Honorable señor Altamirano, dar una información completa respecto de la situación existente en torno de la facultad del Banco del Estado de importar maquinarias, ya sea por cuenta propia o ajena. Sobre el particular, me referiré a los tributos que afectan a las importaciones que realiza la institución. Al respecto, cabe destacar, primeramente, que los bienes que el Banco interne, ya sean para su propio uso o para su posterior comercialización, no están afectos a los depósitos de importación exigidos por el Banco Central.

En cuanto a los derechos aduaneros que gravan la mercadería, materia que estimo fundamental en este debate", puedo decir que los bienes que el Banco interna para su propio uso se encuentran liberados de tales gravámenes, en virtud del artículo 2? de la ley 16.768, de 21 de marzo de 1968; las maquinarias agrícolas que dicha entidad importe están exentas de los derechos aduaneros en virtud del decreto de Hacienda Nº 11.206, de 1950, y sus modificaciones posteriores; los abonos y fertilizantes también lo están en virtud del artículo único de la ley 10.323, de 1952, y las semillas y sacos de yute que se importan para almacenar abonos, se encuentran afectos a tales derechos.

En lo relativo a almacenaje, los bienes destinados al uso institucional exclusivamente -no aquellos que puedan servir para terceros- pagan a la Empresa Portuaria de Chile los derechos correspondientes; las maquinarias agrícolas se encuentran exentas en virtud del decreto de Hacienda Nº 11.206; los abonos y fertilizantes se encuentran exentos, en virtud del artículo único de la ley 10.323, y las semillas y sacos de yute pagan derechos a la Empresa Portuaria.

En cuanto a la tasa de despacho, los bienes importados para uso exclusivamente institucional se encuentran exentos de ella, de acuerdo con el artículo 2º de la ley 16.768, de 21 de marzo de 1988; la maquinaria agrícola también está exenta en virtud de los decretos de Hacienda Nºs. 11.206, de 1950, y 1.936, de 1966, y asimismo los abonos y fertilizantes, en virtud del decreto de Hacienda Nº 1.467, de 10de junio de 1966. Tampoco pagan esa tasa las semillas y sacos de yute, por cuanto ella sólo grava las mercaderías liberadas de derechos aduaneros.

Tenemos, en seguida, otros gravámenes o tributos que se perciben por las importaciones.

Todas las importaciones efectuadas por el Banco, con excepción de los abonos y fertilizantes, pagan a la Empresa Portuaria de Chile derechos de movilización, carga y descarga.

El ensacado de fertilizantes y abonos que se importan debe pagar, además, el impuesto a los servicios establecido en la ley 12.120, que es la ley general (Título II), por los servicios prestados por la Sociedad Química y Minera de Chile.

Por último, todas las importaciones, sin excepción, que el Banco efectúe están afectas a la imposición de 3% a favor de la Caja de la Marina Mercante, de acuerdo con el artículo 4º, letra j), de la ley 6.037, que es la ley orgánica de dicha Caja.

En consecuencia, la maquinaria y demás elementos de trabajo a que se refiere la disposición legal que se discute en el Senado sólo están exentos del depósito de importación y de la tasa de despacho, y pagan, por lo tanto, los demás tributos que he mencionado.

Sólo deseaba, porque me había comprometido a darla, ante el requerimiento del Honorable señor Altamirano, proporcionar al Senado esta información relacionada con los derechos que afectan a las mercaderías que interna el Banco del Estado.

El señor ALTAMIRANO.-

Entonces, yo estaría en la razón. Eso fue lo que afirmé.

El señor BALLESTEROS.-

Pero no en lo relativo a los derechos aduaneros.

El señor CARMONA.-

Señor Presidente, la posición de los Senadores democratacristianos fue precisada ayer, cuando intervino en el debate el señor Ministro de Hacienda y manifestó que el Ejecutivo, por no existir acuerdo unánime para modificar la redacción del precepto, especialmente lo relativo a la letra d) del artículo que se está considerando en esta oportunidad, presentaría, por medio del veto, una redacción que fuera adecuada a las finalidades perseguidas mediante esta norma.

Ello deja en claro que la posición que asumiremos, en el sentido de rechazar la mencionada letra d), no significa un rechazo de la disposición en sí, sino la posibilidad de que, por vía de la observación del Ejecutivo, se restrinja la amplitud que se quiere descubrir en la redacción del precepto que nos ocupa y se precisen sus verdaderos propósitos.

Se han formulado múltiples objeciones a esta disposición, pero ésta no tiene los alcances que se han querido ver, en el sentido de establecer un monopolio que prácticamente significaría liquidar en Chile las posibilidades del comercio, especialmente del detallista. Tales objeciones -repito- quedarán desvirtuadas mediante las observaciones que enviará el Ejecutivo. En todo caso, nos ha extrañado profundamente que en este debate se haya hecho abandono de principios, como decía el Honorable señor Silva Ulloa hace un instante, y que, en virtud de esa algarabía, de esa campaña que se ha realizado, se busquen algunos pretextos para votar en contra de una norma que será precisada posteriormente en sus verdaderos alcances. No creo del caso referirme a ella ahora, pues ya ha sido suficientemente analizada en esta Sala en un debate que dura varias horas.

La campaña de la Derecha y la complacencia manifestada, especialmente ayer y hoy por boca de sus personeros, los Honorables señores García e Ibáñez, quienes recibieron con gran alborozo las observaciones del Honorable señor Valente, de que la disposición en debate se usaría con criterio partidista o político, revelan, más que un ataque, más que la defensa del comercio establecido, el pretexto que se buscó para votar en contra del artículo. Tan así es que el Honorable señor García lanzó verdaderos vítores a Liberman y sostuvo que éste era el verdadero triunfador en este debate al lograr la conversión del Honorable señor Valente y del Partido Comunista.

El señor VALENTE.-

¡Qué buena argumentación!

El señor CARMONA.-

Por lo tanto, concordamos con lo dicho por el Honorable señor Silva Ulloa, en cuanto a que en esta materia debemos mantener ciertos principios. Indudablemente, no pretendíamos herir al comercio, y menos al detallista, pues éste cumple, a nuestro juicio, una función respetable y respetada en el país. Sólo pretendemos que el Banco del Estado, en virtud del precepto en debate, pueda extender su acción a algunas entidades organizadas de nuestra población que precisen de ciertos elementos cuya comercialización está distorsionada en estos instantes, especialmente en lo relativo a la venta a plazos, como artefactos para el hogar y otros. Tal medida, como se decía hace un instante, significa una especie de control de la situación.

Por la circunstancia anotada, con esta medida se pretende favorecer a los sectores populares, en especial a los organizados. No obstante, se rechaza la idea con el pretexto de que dichos organismos podrían ser favorecidos con créditos que se distribuirían con criterio partidista o político. Y se ha producido gran alboroto en torno de este asunto. A mi juicio, si se procede con tal criterio, esos sectores populares jamás podrán ser beneficiados, porque si mañana, por ejemplo, llegaran al Gobierno de la República las fuerzas que representa el Honorable señor Valente, éstas designarán las autoridades del Banco Central y deberán orientar los créditos, y entonces también podrán ser acusadas de hacer la distribución con criterio partidista.

El señor VALENTE.-

Sabemos lo que haremos. No necesitamos sus consejos.

El señor CARMONA.-

Es decir, el argumento se volvería en contra de ellos.

No interesa que varios miles de elementos populares puedan gozar de estos créditos; ni siquiera eso. Sólo se usa de un pretexto para coincidir con planteamientos y campañas -en esto estamos de acuerdo con lo dicho por el Honorable señor Silva Ulloa- que hieren principios que deberían haber sustentado en esta Sala algunas fuerzas políticas.

También se ha hablado aquí del escándalo que involucra la administración del Banco del Estado. Yo deseo levantar ese cargo, pues no se han dado razones concretas al respecto. Por el contrario, pienso que si se analiza la situación, el examen de lo referente al manejo del crédito debería ampliarse a todas las administraciones anteriores, y muy especialmente en lo relativo a los créditos mencionados por el Honorable señor Ibáñez. Porque resulta curioso que, cuando se trata de favorecer a las instituciones populares, se sostenga que ello no puede hacerse porque se abusa del criterio partidista y político; en cambio, cuando se trata de otorgar crédito a sectores tradicionales, en especial a los más pudientes, se habla de corrección, de que ése es el criterio que siempre se ha sustentado y de que no se ha usado criterio político. Inclusive, se pretende darnos lecciones en ese sentido.

El señor FUENTEALBA.-

¡Menos mal que el Honorable señor Carmona ha retirado el certificado de buena conducta que dio el Honorable señor Palma al Honorable señor Ibáñez.

El señor CARMONA.-

Me parece que estos preceptos deben ser precisados en su verdadero alcance. Con tal objeto, estamos tratando de establecer una disposición que sirva a los intereses populares. Ella es, precisamente, la que ahora nos preocupa y que por su amplitud, indudablemente, puede interpretarse en forma errónea. Pero ojalá que en el día de mañana, cuando llegue la observación del Ejecutivo precisando su alcance, no se empleen los mismos argumentos para rechazar un precepto de esta naturaleza. Deseaba, levantar este cargo, pues estimo absolutamente necesario dejar sentado que la administración del Banco del Estado ha sido de todo punto de vista correcta. Y lo digo porque no tengo antecedentes que en estos momentos permitan probar los hechos que se afirman. Inclusive no ha habido debate alguno en la opinión pública, desde hace mucho tiempo, que permita poner en duda mi afirmación.

En el plano personal, deseo dejar constancia de que no tengo operación ni crédito alguno pendientes con esa entidad. Hace mucho que dejé de operar con ella. Antes de haber llegado al Gobierno -en el que se me honró designándoseme Ministro- suprimí mis relaciones con el Banco del Estado, pues me pareció que ésta era la actitud personal que debía asumir,

El señor OCHAGAVIA.-

No todos han actuado así, señor Senador. No ha sido ésa la norma de los miembros de su partido.

El señor CARMONA.-

No pretendo que lo sea.

El señor OCHAGAVIA.-

Debiera serlo. Ojalá se hubiera impuesto.

El señor HAMILTON.-

Ustedes no la han practicado nunca. ¡Bonita lección!

El señor CARMONA.-

Se trata sólo de una posición personal que deseaba dejar establecida.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Ruego a los señores Senadores no interrumpir.

El señor CARMONA.-

Y lo hago no por considerarla mérito personal, sino para demostrar que tengo ascendiente moral para afirmar que la administración del Banco se ha llevado por canales corrientes, normales.

Si alguna tendencia ha habido en la concesión de créditos, ha sido precisamente la de favorecer a los sectores populares.

Gracias a la acción del propio Banco y del Gobierno, se han dictado algunas disposiciones al respecto, como la reajustabilidad de determinados ahorros, lo que beneficia a personas humildes. Hemos visto cómo se ha ido desarrollando toda una política en este sentido. Pero ahora se da un alcance que no lo tiene a otra disposición como es la que se debate, destinada a favorecer a esos mismos sectores.

Quisiera terminar mis palabras levantando otro cargo, formulado esta vez por el Honorable señor Valente.

Su Señoría ha usado un lenguaje que, en mi concepto, no se aviene con la seriedad de esta Corporación. En efecto, en la sesión de ayer, a raíz del precepto en debate, el señor Senador manifestó que "habría" una situación irregular en las operaciones del Banco del Estado respecto de las máquinas de coser. Se trata de un lenguaje impreciso que, a mi juicio, deberíamos suprimir de una vez por todas en el Senado. El Honorable señor Valente empleó expresiones como "se dice...", "se nos ha asegurado que en esta operación se habrían cometido incorrecciones".

No creo que sea un lenguaje a la altura de esta Corporación.

El señor Senador ha pedido, inclusive, una investigación sobre la denuncia. Debo manifestar a Su Señoría que no será posible acordarla, pues este Honorable Senado, por mucho interés que tenga en el asunto, carece de facultades fiscalizadoras.

El señor VALENTE.-

Que se nos den los antecedentes, por lo menos.

El señor CARMONA.-

No tenemos inconveniente en que se lleve a cabo la investigación, pero por los organismos a quienes constitucionalmente corresponda hacerlo, no por el Senado.

Que no se use este lenguaje, pues no hay hechos seguros, posibles de ser comprobados. Con ese mismo criterio, nosotros podríamos decir al Honorable colega, no que se "afirma", sino que se "sabe" que hay en Arica una armaduría de máquinas de coser; por lo tanto, podríamos ver en esto un conflicto de intereses que impide ser lo suficientemente justo para analizar el problema en el Senado.

El señor HAMILTON.-

Por ahí nos estamos acercando.

El señor CARMONA.-

Deseaba hacer presentes estos hechos, pues considero indispensable precisar nuestro pensamiento, no sólo en cuanto al fondo de la disposición en estudio, sino respecto de algunas expresiones vertidas en el curso del debate.

El señor IBAÑEZ.-

Deploro tener que volver a ocupar la atención del Honorable Senado sobre la materia, pero he sido aludido directamente.

Se han llevado las cosas a un terreno al que yo habría preferido no llevarlas, cual es el de precisar hechos.

Hay ciertos asuntos a los cuales, por su índole misma, es conveniente referirse sin entrar a detalles que pueden resultar muy desagradables a personas a quienes no tengo ningún interés personal en molestar.

Me concretaré sólo a un hecho público y notorio, que justifica mis afirmaciones y aún mucho más de lo que pudiera decir en materia de abusos en la concesión de créditos, de favoritismos para con el partido de Gobierno y de destinación indebida de los recursos de que proveen al Banco del Estado todas las personas modestas que ahorran en este país. Y hablo de destinación indebida, porque en lugar de ir a fomentar la producción, en vez de servir a la finalidad del Banco, los fondos de éste han ido a favorecer exclusivamente a intereses partidistas de las fuerzas de Gobierno y de algunos de sus personeros más importantes. Me refiero a un hecho de público conocimiento, como fueron los créditos absolutamente desmedidos e injustificados que concedió la institución a gran número de parlamentarios democratacristianos.

Se hicieron publicaciones, jamás desmentidas, en que se citaban nombres. Se señalaron los montos de los préstamos, muchos sin garantía y, lo que es más grave, sin ninguna justificación.

Frente al proceder del Directorio del Banco del Estado; frente al silencio que guardó ante las acusaciones; frente a la falta de respuesta por parte de las personas comprometidas, sería más prudente que los Senadores democratacristianos no insistieran en seguir ahondando en este tema. Por mi parte, yo podría hablar largamente sobre el punto y aportar otros antecedentes que tal vez llevarían el debate, como digo, a un terreno profundamente desagradable. Pero he preferido dejarlo en estas generalizaciones que todos comprenden, porque a buen entendedor pocas palabras....

El señor PRADO.-

Pido la palabra.

El señor BALLESTEROS.-

Pido la palabra.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Valente; y, a continuación, Sus Señorías.

El señor VALENTE.-

No tenía intención de referirme otra vez a este artículo, ni de hacer uso nuevamente de la palabra. Pero las observaciones del Honorable señor Carmona me obligan a distraer por algunos minutos la atención del Honorable Senado.

Al comenzar mi intervención de ayer respecto de esta disposición, dejé claramente establecido que no teníamos objeción alguna que formularle y que, desde el punto de vista doctrinario, inclusive, nos parecía atractiva. Estimamos que el Banco del Estado, como institución crediticia fiscal, tiene obligación de realizar operaciones como ésta y otras más, en beneficio de los sectores modestos, con facultades de las cuales ha carecido hasta el momento.

El señor FUENTEALBA.-

Ahora lo hace.

El señor VALENTE.-

Lo hace mal.

El señor FUENTEALBA.-

No, señor Senador.

El señor VALENTE.-

Hemos objetado el uso que esta atribución podría tener en manos del actual Directorio del Banco, que no nos merece absolutamente ninguna confianza, como tampoco nos la dio el del período anterior, por la aplicación de políticas crediticias y de facilidades a favor de sectores poderosos claramente delimitados y conocidos.

El señor IBAÑEZ.-

Excuse, señor Senador; no hubo nunca discriminaciones.

El señor VALENTE.-

Le concedo una interrupción, señor Senador.

El señor IBAÑEZ.-

Digo que no hubo nunca discriminaciones. Los créditos se concedieron de acuerdo con normas aplicables a todas las personas.

El señor VALENTE.-

A nosotros nos consta lo contrario, pues hemos tenido informaciones del Banco del Estado respecto del crédito agrícola, en las cuales se dan antecedentes totalmente opuestos a la afirmación de Su Señoría, es decir, que durante la Administración anterior -y también en la actual- se discriminó respecto de la concesión del crédito agrícola.

El señor IBAÑEZ.-

Está equivocado Su Señoría.

El señor OCHAGAVIA.-

Jamás hubo discriminación política.

El señor VALENTE.-

Por lo demás, no puede haber coincidencia entre el Partido Nacional y el Comunista en este aspecto, porque es muy clara nuestra posición política y doctrinaria.

Ni en ésta ni en ninguna otra ocasión hemos hecho la defensa de sectores monopolistas de la industria y del comercio. Sí hemos defendido al pequeño comerciante, industrial y artesano, cuya posición se ha traducido en los centenares de telegramas que en la sesión de ayer mencionó el Honorable señor Bossay. En ellos, esos sectores han hecho presente su inquietud y su oposición a esta forma de legislar.

Deploro que el Honorable señor Carmona haya encontrado duras mis palabras. En algunos aspectos, el señor Senador es partidario de la política de la mano dura, de modo que no sé por qué se extraña ahora y por qué nuestras expresiones, que Su Señoría estima duras, le merecen algunas objeciones.

Además, el señor Senador, velada o abiertamente, ha dado a entender que nosotros estaríamos defendiendo algunos intereses creados. No hay tal cosa. Tenemos una vida política clara, puesta a la luz del día, de manera que sus apreciaciones no nos alcanzan.

En todo caso, si de apreciaciones se trata, nosotros también podríamos recordar al Honorable señor Carmona la intervención que le cupo, por ejemplo, cuando por allá por 1954 ó 1955 se discutió en la Cámara el Referéndum Salitrero, que entregaba a una empresa extranjera, la Anglo-Lautaro, facultades y franquicias extraordinarias. En ese entonces, el señor Senador dispuso de cinco horas para hacer la defensa del proyecto. Nosotros podríamos haber dicho que ésa era la defensa de la Anglo-Lautaro contra el interés nacional. Pero no se nos ocurrió afirmar tal cosa. Por ello, negamos al Honorable colega el derecho de interpretar nuestras expresiones en la forma como lo hizo. Con igual criterio con que Su Señoría estima que nuestras palabras tienden a defender a alguna industria determinada de Arica, de Punta Arenas o de cualquiera parte del país, nosotros podríamos decir esta tarde que esas cinco horas de discurso del Honorable colega, hace unos 14 años, no fueron sino la defensa de la Anglo-Lautaro, que tan triste recuerdo ha dejado a la economía nacional mientras participó en la explotación salitrera.

En consecuencia, deseo refutar esos cargos y reafirmar que nuestra oposición a este artículo no traduce sino nuestras objeciones al mal uso que se le dará a sus disposiciones por un Directorio que, como lo han denunciado en estos instantes otros sectores del Senado y también de la Cámara, no cumple con sus obligaciones de distribuir bien el crédito, sino que hace uso proselitista de los recursos nacionales, lo cual, a nuestro juicio, es gravísimo.

No otro es el alcance de nuestras expresiones. En esta oportunidad, ratificamos nuestro deseo de votar en contra del precepto, por las razones señaladas.

El señor HAMILTON.-

Por razones "doctrinarias".

El señor BALLESTEROS.-

En verdad, el debate se ha prolongado más allá de lo prudente. Pero palabras sacan palabras y no puedo dejar de referirme a los cargos que formuló el Honorable señor Ibáñez, que fue presidente del Banco del Estado.

El Honorable señor Carmona está en la razón. Los cargos formulados hasta el momento no se apartan de las generalizaciones en que habitualmente se incurre en este Senado. Se habla de que parlamentarios democratacristianos "habrían" solicitado préstamos del Banco del Estado, y que dichos créditos "habrían" sido concedidos con infracción o excediendo las normas reglamentarias de la institución.

El señor IBAÑEZ.-

No "se habla", señor Senador: se divulgó el monto de los créditos y los nombres de esas personas.

El señor BALLESTEROS.-

Excúseme, Honorable colega; yo no interrumpí a Su Señoría. Después que complete mis observaciones, puedo concederle una interrupción.

En esa oportunidad, efectivamente, se publicó esa lista con el nombre de algunos parlamentarios; pero, para sorpresa de muchos, los nombres que allí figuraban no eran exclusivamente de la Democracia Cristiana. Y dejo constancia de que, en este sentido, no estoy con aquel adagio que dice; "Mal de muchos, consuelo de..."

El señor VALENTE.-

¡Consuelo de pocos!

El señor BALLESTEROS.-

No estoy con ese argumento. Más bien, estimamos que si se han concedido esos créditos a parlamentarios -que por lo demás no son sólo del partido de Gobierno-, ello no fue con infracción ni más allá de las normas habituales del Banco del Estado.

A mi juicio, aun cuando esté de más, es bueno dejar constancia de que no he tenido nunca cuenta en el Banco del Estado ni he obtenido ningún crédito de esa institución en mis doce años de parlamentario, ya que durante ese lapso fui Diputado. De mañera que, como aquí hay que hacer una pequeña confesión antes de hablar, formulo esta aclaración.

El señor IBAÑEZ.-

¡Esa es la buena norma!

El señor BALLESTEROS.-

Me parece impropio que un Senador haga afirmaciones de esa naturaleza. Lo correcto sería señalar que Fulano de Tal obtuvo determinado crédito, con infracción de tal precepto. Eso sería lo prudente en el Senado.

El señor IBAÑEZ.-

Si se me deja intervenir en media hora más, pediré la lista, pues no tengo ningún inconveniente en leerla.

El señor HAMILTON.-

¡Volvamos a la discusión del proyecto!

El señor BALLESTEROS.-

Considero absolutamente inapropiado seguir en esta generalización de cargos, como los expresados ayer por el Honorable señor Valente, cuando habló aquí de los diez dólares -suma que aún anda volando-, cantidad multiplicada por no sé cuánto y que significaría un guarismo estratosférico. Se ignora quiénes percibieron esa suma. Simplemente, creó suspenso en el Senado al decir que haría una denuncia terrible.

El señor VALENTE.-

Lo dijimos ayer.

El señor BALLESTEROS.-

El señor Senador no individualizó a ningún responsable, sino que sólo dijo que había diez dólares volando y pidió investigar la infracción que habría ocurrido. Porque el potencial es el modo verbal que más se conjuga cuando se trata de denuncias. Me parece que ésta no es una buena norma dentro de los debates de la Corporación. Conjúguese el presente o el pasado -sucedió, ocurrió- cuando se trate de acusaciones o denuncias, pero no al voleo, a la buena de Dios: "Habría sucedido que a los adquirentes de máquinas Singer se les habría recargado el precio en diez dólares".

El señor VALENTE.-

No, señor Senador.

El señor BALLESTEROS.-

Concuerdo con Su Señoría y estoy dispuesto a apoyarlo y secundarlo en cualquier denuncia concreta; pero no es una actitud que sólo viene a desprestigiar nuestro sistema democrático, sin allegar antecedentes que, a mi juicio, son indispensables para una denuncia seria y responsable.

Me parece prudente que en esta sesión o en la próxima los Honorables señores Ibáñez y Valente -por lo demás están en su derecho- formulen sus denuncias en forma concreta. Los Senadores de estas bancas los acompañaremos en la investigación que haya que hacer. No tenemos ningún ánimo de ocultar los manejos que pudieran haberse producido. Sin embargo, no se nos venga a decir que durante esta Administración -el Honorable señor Carmona sostuvo que es la que menos ha tenido en el debate público acusaciones de escándalos o negociados- han ocurrido esos manejos. En los cuatro o cinco años que hemos estado en el Gobierno, nunca los diarios han denunciado menos escándalos o menos negociados, a diferencia de lo que ocurría en el pasado. No lo consideramos un mérito, sino simplemente la comprobación de que durante esta Administración se han cautelado más los intereses nacionales, sin haber incurrido en situaciones por las cuales pueda acusársele.

Concedo una interrupción al Honorable señor Prado, quien desea intervenir también sobre el mismo tema.

El señor PRADO.-

Seré muy breve.

La forma como se ha llevado el debate -que por desgracia no es muy respetable ni muy bien fundado- no permite pasar por alto algunas consideraciones que, creo, pueden tener mayor valor, porque son objetivas.

En primer lugar, no cabe duda de que la intención que anima a la mayor parte de los Senadores que han intervenido en el debate es de ataque político, fundamentalmente, porque si uno examina un poco lo que han expuesto, se da cuenta de que han eludido, de manera muy cuidadosa, responsabilizarse directamente del fondo de lo que dicen cuando sostienen que hay dineros que han llegado a beneficiar a determinadas instituciones o personas. Sin embargo, no concretan nada. Si uno pretende interrumpirlos, como sucedió con el Honorable señor Valente, replican que desean terminar y, al final, no expresan lo que tenían que manifestar.

El señor IBAÑEZ.-

¿Me permite una interrupción?

El señor PRADO.-

No, señor Senador, porque estoy haciendo uso de una.

Uno escucha al Honorable señor Ibáñez -que actúa como perdonavidas y habla en general, y no en particular, para que no se entienda lo que quiere decir, con una fraseología inteligente- y lo único que expresa es que hubo una lista publicada por el DiputadoSchnake. La leí cuidadosamente y fui al Banco del Estado a preguntar qué había al respecto. Llegué a la conclusión de que en esa lista -como dijo el Honorable señor Ballesteros- se publicaban los nombres de parlamentarios democratacristianos que habían obtenido créditos de distinto monto, la mayor parte pequeños, de 20 mil ó 30 mil escudos; pero, además, había congresales de todos los partidos.

El señor VALENTE.-

De todos, no.

El señor ALTAMIRANO. -

No de todos.

El señor PRADO.-

En ello no había nada incorrecto. No se me habría ocurrido pensar así por el hecho de que un parlamentario ocurriera al Banco del Estado en vez de a uno privado -el Banco de Chile, el Sudamericano o el First National- a hacer operaciones de esta clase, máxime si tiene los medios económicos suficientes, como cualquier otro ciudadano.

El señor ALTAMIRANO. -

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor PRADO.-

Perdóneme que no se la conceda, aunque me referiré a una intervención suya.

El señor ALTAMIRANO.-

Su Señoría se ha quejado de que no le concedieron interrupciones pero ahora tampoco las quiere dar.

El señor PRADO.-

En segundo lugar, dentro de todo este escándalo, uno comprueba que numerosos créditos aparecen objetados -diez, quince, veinte-, sin considerarse que el Banco del Estado otorga miles de préstamos a personas que no se individualizan. A nadie le interesa decir a cuántos industriales se les han concedido créditos para que extiendan sus empresas conserveras. Muchas veces, se han acordado con el aval de la CORFO. Sin embargo, ¿quién los ha objetado? ¿Alguna vez ha dicho alguien que se está pretendiendo beneficiar a las empresas o a la sociedad tal o cual, donde tiene capitales determinada persona? ¿Por qué, en la estimación del señor Senador, algo que es honroso aparece como delictual e incorrecto, por el hecho de que un parlamentario vaya al Banco del Estado a pedir dinero? ¿Cuántas personas habrá en el país -no hablo sólo de los parlamentarios- que solicitan dinero al Banco, porque lo necesitan y no pueden arreglarse de otra manera? ¿Cuánta gente habrá? En eso debería pensarse. Aplaudo al parlamentario que por haber obtenido un crédito, debe ir al Banco, modestamente, a renovar su operación. Lo aplaudo porque, si vive apretado, es digno.

Cuando sucedió esto, el Honorable señor Altamirano -que era presidente de la Comisión de Hacienda- llamó al presidente del Banco del Estado, don Alvaro García. Asistí a la sesión, pues tenía interés. Y Su Señoría -que seguramente también estaba interesado, porque la denuncia era de un Diputado de su partido- lo sometió a un interrogatorio muy extenso, al que el señor García contestó en su totalidad. Preguntó: "¿Hay créditos sin garantía?". El señor García contestó: "Efectivamente. El Banco opera en virtud de tal o cual reglamentación y, a veces, otorga créditos con más o menos garantía". Ocurre que los créditos sin las garantías usuales son los que se otorgan principalmente a organizaciones que, por su carácter cooperativo o de tipo popular- ccmunitario, de pequeños empresarios o artesanos, no están en condiciones de rendir garantía con la rapidez y expedición que es dable exigir a una empresa que opera en la actividad comercial o industrial.

Recuerdo que, cuando el señor Alvaro García terminó su explicación -si no digo la verdad, puedo ser desmentido-, no quedaba ninguna pregunta por hacer. Y respecto de este "bolo" de una lista de 20 créditos,...

El señor ALTAMIRANO.-

No es así, señor Senador.

El señor PRADO.-

...no se le formuló en la Comisión, por parte suya, Honorable señor Altamirano -estuve presente hasta el final-, ningún cargo serio, ni se insistió en ello.

El Honorable señor Altamirano sabe que el señor Alvaro García no dijo que su Banco -tenía la convicción de ello- hubiera procedido incorrectamente.

En una próxima oportunidad, pediré las actas de la Comisión -ya que se ha hecho tanta escandalera en este aspecto- para probar que este debate no tiene más, en un 70, 80 ó 90%, que el interés de siempre: hablar sin fundamento, traer a colación cosas en vano, como la de referirse a la elección presidencial. Se ponen de acuerdo todas las bancas para sacar a relucir una serie de cosas y sin pruebas; en resumen, sin consistencia moral.

Por eso he intervenido. No quería hacerlo, porque el debate me parece demasiado largo.

Las disposiciones en análisis serán modificadas por la voluntad de las bancas democratacristianas, decisión tomada mucho antes de que el Partido Nacional asumiera esta actitud electorera, bastante barata, por lo demás.

Cuando oigo hablar aquí al Honorable señor Ibáñez y a otros Senadores,...

El señor OCHAGAVIA.-

¡Para qué cambian de criterio...!

El señor PRADO.-

...me acuerdo de la campaña electoral de O'Higgins y Col- chagua. Está presente un colega que en esa oportunidad no salió elegido, pero que ahora es Senador. En esa ocasión, donde debía estar la CORFIAT, pintaron letreros donde se decía que esa empresa era una estafa. Sin embargo, la iniciativa venía desde mucho antes: del Gobierno del señor Ibáñez. Pero sólo en esta Administración se instaló esa industria. Recuerdo que también trajeron a cuento allí lo que el Honorable señor Ibáñez llamó "el "affaire" del Túnel de Lo Prado". Hemos probado hasta la saciedad que Gobiernos anteriores no pusieron ningún peso en esa obra. Ni siquiera se habían hecho los estudios completos cuando' asumió la actual Administración. Sin embargo, ahora que se han invertido recursos y se han perforado más de 1.200 metros, y que se va a concluir el túnel antes del término del actual Gobierno, se han descubierto cosas tan graciosas como las demás: en Valparaíso se dice que esto se debe al Honorable señor Ibáñez, que estaba muy vigilante.

¡Hasta cuándo estamos con esta majadería! Cuando quieran probar algo que valga la pena, señores de la Derecha y de la Izquierda, pidan listas -nosotros se las daremos-de todos los créditos y, junto a los esmirriados pocos millones que significan los préstamos de esos parlamentarios y de las otras personas que ustedes han puesto en la picota pública, sumen los créditos concedidos a la agricultura y a la industria privada. ..

El señor VALENTE.-

¡Estamos de acuerdo!

El señor PRADO.-

...y a los otros clientes pequeños, muchos de los cuales no operaban antes con el Banco del Estado y ahora tienen miles de cuentas de ahorro, cuyos beneficios se están produciendo en cantidad superior, duplicable, como nunca antes, por cinco, seis o siete veces con respecto al monto de los créditos que con anterioridad otorgaba la institución bancaria estatal.

De manera que no se alegre tanto el Honorable señor Valente.

Doy excusas al Honorable Senado por haber reaccionado de esta manera, pero creo que estamos perdiendo el tiempo en este tipo de cosas.

Cuando quieran denunciar, denuncien cosas importantes y traigan fundamentos.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Montes.

El señor MONTES.-

No he intervenido en este debate por tratarse de materias económicas y técnicas; pero he decidido hacerlo con el objeto de formular dos reflexiones, sobre todo después de escuchar las palabras del Honorable señor Carmona.

El señor Senador ha expresado que él entiende que determinado tipo de lenguaje no debe ser usado en el Senado de la República; un lenguaje -dice- que no afirma hechos concretos, sino que trata de suponer.

Ocurre que el señor Senador, por ejemplo -debo decirlo de manera bastante directa, porque al fin y al cabo es nuestro lenguaje-, en forma muy poco inteligente, ha pretendido suponer una colusión, respecto de la materia que aquí se trata, entre la Derecha, representada por el Partido Nacional, y la posición que nosotros sustentamos. La verdad es que Su Señoría ha utilizado un lenguaje que es el típico y velado de la insidia -yo lo llamaría lenguaje deleznable, pequeño y cobarde-, para tratar de sugerir algo mucho más grave: alguna colusión del Senador comunista señor Valente con las armadurías de Arica. Esto lo ha insinuado en ese lenguaje típico de los "tartufos" y cobardes, que no son capaces de decirlas cosas de manera directa y franca, siguiendo, en último término, el ejemplo de los hombres y gente del pueblo.

¿Qué pretende insinuar? ¿Acaso señalar responsabilidades morales del Honorable señor Valente, rasgos de inmoralidad en la posición que él ha asumido y que, debo reiterar una vez más, no corresponde a la posición de un Senador en particular, sino a la de un partido, el Comunista?

Por eso, cuando además el Honorable señor Carmona pretende dar a entender, mediante algunas frases muy poco felices y, repito, muy poco inteligentes, la posibilidad de colusión respecto de esta esta materia con la Derecha, con los Senadores que están sentados frente a nosotros, debo decir que no podrán demostrar un solo hecho que corrobore las palabras que ha deslizado aquí el señor Senador democratacristiano. En cambio, sí podemos mostrar nosotros, a la luz de los hechos, colusiones absolutamente evidentes del partido que representa el Honorable señor Carmona con la Derecha política y económica de este país. En efecto, no sería Presidente de Chile el señor Frei si la Derecha no hubiera votado por él. ¿Qué más colusión quiere? Tampoco estaría sentado el Presidente del Senado en este instante en la Mesa si la Derecha no hubiera contribuido con sus votos para elegirlo en ese cargo. Y el Honorable señor Carmona tampoco estaría sentado en esas bancas si hubiera sido juzgado como correspondía cuando, siendo Ministro de Defensa Nacional, ordenó el asesinato de muchos obreros y mujeres en el mineral de El Salvador, en el norte de Chile, coludido precisamente -lo digo de una manera directa y muy clara, porque no quiero deslizar sospechas, sino hablar haciéndome responsable de mis palabras, como lo estoy haciendo- con la Derecha de este país, que aplaudió la actuación del Ministro de Defensa de entonces, como asimismo la compañía imperialista que maneja ese mineral.

Preguntamos entonces: ¿qué autoridad moral tiene en este caso el Honorable señor Carmona para lanzar estas insidias contra la moralidad de un Senador comunista?

He querido intervenir para señalar de manera clara y categórica el rechazo a esas insidias y para demostrar también que somos responsables de lo que decimos y que de manera muy clara y directa, utilizando ese lenguaje que nos ha enseñado a utilizar el pueblo, venimos a plantear este tipo de problemas en el Senado de la República.

El señor CARMONA.-

No voy a contestar con el mismo lenguaje usado por el Honorable señor Montes. No creo que valga la pena hacer perder el tiempo al Senado empleando expresiones como las que ha escuchado esta tarde. A mi juicio, no es conveniente hacerlo.

Es curioso que sea el Honorable señor Montes quien deba contestar por el Honorable señor Valente.

Yo no he atacado al Honorable señor Valente. Sólo dije algo muy claro. Tampoco he hablado de colusión. Veo que la imaginación del Honorable señor Montes -tal vez por ser más inteligente que yo, según sus propias palabras, vuela más rápido- lo lleva a ver una colusión, en una simple votación en el Senado, entre el Partido Comunista y el Partido Nacional. Allá Su Señoría con su imaginación y su inteligencia. Yo soy de más cortos alcances. Dije lisa y llanamente que en mi opinión no se estaba cumpliendo con principios -lo que ya había notado, no un Senador de estas bancas, sino el Honorable señor Silva Ulloa- en la votación anunciada por los Senadores comunistas sobre esta materia.

Por otra parte, aquí también se ha exagerado diciendo que quise imputar al Honorable señor Valente un actuación lindante en lo inmoral al suponerle una colusión o una defensa de intereses particulares. Quise manifestar algo, porque me pareció irresponsable que no se trajeran datos o no se hablara, sobre la base de hechos, con un lenguaje valiente. No deseo emplear la expresión "cobarde", porque soy positivo y concreto. Mi propósito fue decir que las acusaciones que quiso hacer el Honorable señor Valente debieron formularse con un lenguaje valiente.

El señor VALENTE.-

¡Más claro no pude decirlo!

El señor CARMONA.-

Porque todo lo que dijo Su Señoría no lo afirmó,...

El señor VALENTE.-

¿Por qué no lee el documento?

El señor CARMONA.-

... sino que expresó: "Se nos ha asegurado"...¿Quién?

El señor VALENTE.-

El Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción.

El señor CARMONA.-

No es cierto.

El señor VALENTE.-

Sí, señor Senador. Vea el documento.

El señor CARMONA.-

Eso es otra cosa. Se trata de un informe técnico.

Aquí se quiso decir algo distinto. Por eso, protesté de que no se usara un lenguaje valiente, no se tuviera la entereza de afrontar una situación de esa especie. De ahí mi protesta.

Agregué que, para terminar de una vez por todas con estas cosas en el Senado, para que las afirmaciones se emitan con lenguaje valiente, concreto y decidido, debía decírsenos: "Ha ocurrido tal cosa y aquí están los antecedentes". Pero no se nos ha asegurado nada. Manifesté que por mi parte podría decir, según es sabido, que hay una armaduría de máquinas de coser en Arica. Ni siquiera sostuve nada. Quise ver hasta donde podía llegar este lenguaje, y veo que el Honorable señor Montes ha saltado, ha recogido el guante y se ha sentido tocado. Yo no pensaba hacerlo.

No creo que sea del caso ocupar más el tiempo del Senado en este orden de cosas.

Además, el Honorable señor Montes se ha referido a otros aspectos y me ha negado autoridad moral por hechos que nada tienen que ver con el asunto en debate. Yo también niego autoridad moral al señor Senador y al Partido Comunista para hacer estos planteamientos, porque se han paseado a lo largo de Chile cohonestando algo que ha sido considerado como una vergüenza: la invasión de Checoslovaquia y la notificación que se ha hecho ahora al Estado rumano en el sentido de que debe andarse con cuidado. Sin embargo, se nos viene a hablar de que nosotros estamos al servicio de las fuerzas imperialistas.

El señor MONTES.-

Olvidó a Cuba.

El señor CARMONA.-

¿Con qué autoridad se nos viene a echar en cara que estamos al servicio de compañías o de fuerzas imperialistas? ¿Qué mayor imperialismo puede haber que la invasión de un Estado por otro?

El señor VALENTE.-

No entiende el problema, señor Senador.

El señor CARMONA.-

Cuesta mucho entenderlo, Honorable señor Montes.

Se nos viene a hablar de que ellos son los defensores de la soberanía nacional; de una nueva doctrina de la soberanía limitada cuando se está en campo socialista.

Pero a mí no me da frío ni calor lo expresado por el Honorable señor Montes. No me produce ninguna reacción. No recojo sus expresiones ni quiero contestarlas. No deseo usar su mismo lenguaje, porque creo tener autoridad para estar aquí. Por mi parte, estimo sinceramente que Su Señoría no la tiene para plantear las cosas que ha dicho.

El señor HAMILTON.-

No voy a hacer uso de la palabra, porque tal vez diga cosas muy destempladas en el ambiente que prevalece esta tarde en el Senado.

Quisiera que volviéramos a la discusión del proyecto en debate y que se citara a una sesión especial en la cual pudiéramos analizar muchas de estas acusaciones, particularmente las de orden personal y las relativas al uso del crédito del Banco del Estado y de otras instituciones estatales, con hechos y antecedentes concretos; no, como se dice, al voleo. Entonces podríamos analizar no sólo la situación actual, sino también la de regímenes anteriores y, en especial, hacer algunas comparaciones que, a lo mejor, nos resultan reveladoras. Ahora no tengo ningún antecedente sobre el particular.

El Honorable señor Ibáñez fue presidente del Banco del Estado y ahora está formulando críticas a la gestión del actual Gobierno en dicho organismo. A mi juicio, sería muy conveniente traer aquí los antecedentes y juzgar cómo se distribuyó entonces el crédito y cómo se distribuye hoy día. Seguramente estableceremos que ahora hay muchos vacíos, errores y limitaciones; pero me atrevo a asegurar que encontraremos menos cosas positivas, exitosas, justas o equitativas en la distribución del crédito cuando Su Señoría era presidente del Banco.

El señor IBAÑEZ.-

Acepto el desafío en cuanto a la justicia y a la equidad.

El señor HAMILTON.-

Pero considero que estas materias no deben desviar nuestra atención de un proyecto concreto, con urgencia, al cual estamos abocados, porque si continuamos por este camino de acusaciones y contraacusaciones, vencerá el plazo de la urgencia y no podremos despacharlo.

El señor IBAÑEZ.-

Señor Presidente, he sido aludido y reclamo mi derecho a usar de la palabra.

El señor ALTAMIRANO.-

Pido la palabra.

El señor NOEMI ( Vicepresidente).-

Voy a conceder la palabra en el siguiente orden: primero, el Honorable señor Bossay, por estar inscrito; después, el Honorable señor Ibáñez, y, en seguida, el Honorable señor Altamirano.

El señor BOSSAY.-

La situación a que ha llegado el Senado en este debate se debe exclusivamente al hecho de haberse pretendido aprovechar algunas posiciones que desde el punto de vista doctrinario son absolutamente distintas en los diversos partidos políticos, en beneficio partidario o personal de algunas entidades.

Si ayer no se hubiera actuado como se procedió, el debate habría tenido una característica del todo diferente.

Nosotros entendemos perfectamente el planteamiento del Honorable señor Valente, quien expresó con toda claridad algo que hemos escuchado muchas veces en la vida del Senado. ¡Si esto de que un partido político vote según tenga confianza o no la tenga, no constituye ninguna novedad! Si Sus Señorías me lo pidieran, yo podría citar votaciones de algunos Senadores presentes. Recuerdo votaciones de los señores Echavarri, Frei, Tomic y Pablo, quienes en muchas oportunidades, no sólo respecto de facultades extraordinarias, expresaron que, aunque ciertos proyectos les producían íntima satisfacción doctrinaria, el organismo o el Gobierno, en su caso, no les daban confianza suficiente para votarlos favorablemente. Nosotros entendimos con toda claridad el planteamiento del Honorable señor Valente.

El señor LORCA.-

No lo escuchó Su Señoría.

El señor BOSSAY.-

Sí, señor Senador.

El señor LORCA.-

Si lo hubiera escuchado, sabría que dijo no tener confianza porque había coimas de diez dólares.

El señor VALENTE.-

No dije eso.

El señor LORCA.-

Aquí lo dice, señor Senador. Habla de diez dólares por máquina.