Historia de la Constitución y de las Propuestas de Nuevas Constituciones

Coordinación:

Perfecto, quedan tres minutos y diez segundos.

Laibe:

Muchas gracias, Coordinadora. Me referiré a las indicaciones que tienen que ver con derechos fundamentales y con la Comisión de Justicia.

La indicación 41 es especialmente relevante para nosotros y nosotras, porque tiene que ver con una regla general respecto de los sistemas contenidos en el capítulo de derechos fundamentales, y lo que hemos hecho ha sido establecer un orden de prioridad del ingreso de los proyectos de ley referidos a estos sistemas.

En ese sentido, nos hacemos cargo, por un lado, de la necesidad de esta Convención Constitucional de avanzar rápidamente en la implementación de estos sistemas, pero también de una priorización conforme con los objetivos del gobierno y de la expectativa ciudadana; por lo tanto, tratar que lleguen efectivamente en los plazos que se espera.

En ese sentido, hemos señalado que los sistemas de seguridad social y los sistemas de cuidado tendrán que ser ingresados en el plazo de un año, el sistema nacional de salud en un plazo de 18 meses, y los demás sistemas, de educación y de educación pública, y el sistema integrado de suelos públicos, en 24 meses.

Nosotros creemos que esa es una priorización correcta, al poner la seguridad social, que, claramente, viene pendiente esa reforma desde hace mucho tiempo, y aquí se establece una prioridad, y el sistema de cuidados, porque creemos que también hay una base institucional relevante con la cual el gobierno puede partir; por lo tanto, poner ese sistema como prioridad.

Además, establecemos que en un plazo no superior a dos años el Poder Legislativo deberá concluir la tramitación de tales proyectos, en el entendido de que la ciudadanía espera que, de todos los proyectos de ley que va a tener que tramitar el Congreso, estos sean prioridad para empezar a dar las primeras luces de cuál es el efecto práctico, el efecto real que tiene esta nueva Constitución en la vida de las personas.

En segundo lugar, quiero hablar de la indicación 57, que también es muy relevante para las y los socialistas, que tiene que ver con la adecuación de la normativa laboral.

Las normas permanentes se hacen cargo de poner fin al plan laboral de la dictadura, que nos parece una de las transformaciones más relevantes que podemos ofrecerle a la ciudadanía.

En ese sentido, también hemos puesto plazos acotados para la presentación de dos proyectos de ley. Por un lado, 18 meses para la presentación del proyecto de ley relativo a la libertad sindical -recordemos que aquí se incluye la titularidad sindical, es decir, poner fin a los grupos negociadores-, la negociación colectiva y el derecho a huelga, temas muy muy esperados por las organizaciones sociales y las organizaciones de los trabajadores. Por lo tanto, hay un plazo expedito para la presentación de ese proyecto.

Y un plazo de 24 meses para otro que nos parece fundamental -el que regula el derecho al trabajo, los artículos 8 y 9 del capítulo sobre derechos fundamentales-, que va a requerir un poco más de tiempo, pero también se establece una prioridad de 24 meses, y este proyecto también deberá referirse a la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas, que también creemos que fue una buena innovación de esta Convención.

En lo relativo a las cuestiones de justicia, quiero hablar de la indicación 223. La comisión propuso el fin de las concesiones en establecimientos penitenciarios, y se han establecido algunas críticas al respecto. Lo que hacemos en esta indicación es dar certeza respecto de los contratos que están vigentes en ese sentido, para que puedan terminar y que, una vez terminados esos contratos, estos establecimientos puedan pasar al Estado.

Por último, la indicación 227 se hace cargo de la creación de los tribunales administrativos, que también son un largo anhelo respecto de cómo le damos acceso a la justicia a muchas personas en relación con la administración pública, y lo que hacemos es dar garantías de que todos los funcionarios de esos tribunales serán traspasados; y además señalar explícitamente cuáles serán los tribunales que se fusionan.

Nosotros creemos que esto da la certeza y la garantía que la ciudadanía y los trabajadores esperan. Eso.