Historia de la Constitución y de las Propuestas de Nuevas Constituciones

COMISIÓN DE NORMAS TRANSITORIAS

Acta 5ª sesión

Martes 17 de mayo de 2022, Biblioteca Regional de Antofagasta, de 09:50 a 17:57 horas

Suma: 1) Deliberación de las propuestas de normas transitorias de las Comisiones Temáticas N°1, 2, 3 y 4; 2) Exposición de la Asociación de Gobernadoras y Gobernadores Regionales de Chile; 3) Exposición de asociaciones nacionales de municipios.

Chahin: Muchas gracias, coordinadores.

Efectivamente, me pidieron que colaborara con esta exposición. Yo estaba preparado solamente para hacerlo en las unidades temáticas de Poder Ejecutivo y Legislativo, pero intentaré dar cuenta de cada uno de los artículos transitorios que se aprobaron en general en la comisión, y si cualquiera de los miembros de esa comisión -aquí hay varios integrantes- quiere complementar algún aspecto, que se sienta en total libertad para hacerlo.

Lo primero que discutimos fue la unidad temática de democracia y Estado plurinacional. Ahí lo que hicimos fue aprobar un artículo transitorio que establece que la regla de paridad de género será aplicable a los órganos colegiados de elección popular a partir del proceso electoral nacional, regional y local que se lleve a cabo inmediatamente después de la entrada en vigencia de la nueva Constitución.

El Poder Legislativo tiene un plazo para dictar las normas, el que, obviamente, tiene que ser anterior a la convocatoria de ese proceso electoral.

Luego, para los órganos colegiados que no se renuevan mediante procesos electorales, por ejemplo, aquí hay órganos de la Administración del Estado respecto de las empresas públicas y semipúblicas y lo que se establece es un principio de progresividad, es decir, que esta regla de paridad se va a ir implementando progresivamente en el tiempo, estableciendo un plazo máximo de cinco años para su total implementación.

Y también se señala que los nuevos órganos colegiados y los órganos autónomos que se crean en la nueva Constitución deben cumplir con esta regla desde su instalación, y se le da un mandato a la contraloría para poder velar por el cumplimiento.

Luego, hay una norma transitoria que plantea que los funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben realizar capacitaciones de género y de violencia de género y que las autoridades de esos órganos son los responsables de garantizar su implementación, y que las capacitaciones a las máximas autoridades de estos poderes van a estar a cargo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

A continuación, tenemos una norma transitoria, aprobada en general, que señala que el Estado deberá adoptar con la mayor premura y no hay un plazo, sino que hay un principio, las medidas positivas, preventivas y restaurativas para rectificar y reparar las discriminaciones de género resultantes de legislaciones y políticas públicas, previa a la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional.

Luego, hay una norma transitoria que señala que para las normas que se dicten para adecuar la Administración del Estado y el ejercicio de la función pública de esta Constitución se incorporarán normas que implementen lo relativo a la efectiva participación de los pueblos indígenas y también del principio del diálogo intercultural en ejercicio de las funciones públicas. Por lo tanto, esos principios deben tenerse presente a la hora de dictar las normas adecuatorias al nuevo texto constitucional.

Pasamos a la unidad temática del Poder Legislativo.

Aquí lo que se plantea es que los capítulos, artículos y referencia al Poder Legislativo entrarán en plena vigencia a contar del 11 de marzo del año 2026, con excepción de las reglas de constitución para el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de regiones que van a entrar en vigencia desde la convocatoria de esos procesos electorales. Pero lo que dice relación con el funcionamiento, su integración y sus facultades partirá desde el 11 de marzo de año 2026, y que en el tiempo intermedio entre la entrada en vigencia de la nueva Constitución y el 11 de marzo de 2026, continuarán rigiendo las disposiciones relativas al gobierno, al Poder Legislativo y también al capítulo de reforma de la Constitución, de la Constitución actual, y se establece eso sí que para poder aprobar las reformas al texto constitucional se debe contar con el voto favorable de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

Recordemos que continuaría, entonces, la estructura del Congreso con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores hasta el 11 de marzo de 2026.

Unidad temática del Poder Ejecutivo es exactamente el mismo principio, que dice relación con los capítulos, artículos y referencias al Presidente de la República entrarán en vigencia el 11 de marzo del año 2026, con excepción de la regla de la Constitución para elegir al Presidente de la República, que entrarán en vigor desde el momento de la convocatoria al nuevo proceso electoral para elegir al Presidente o Presidenta de la República y que, tal como ocurre con el Poder Legislativo, como el Poder Ejecutivo también es colegislador, los capítulos referidos al Gobierno, al Congreso y a la reforma a la Constitución continuarán vigentes en el tiempo intermedio, con la salvedad de que aquellos quorum para la reforma de la Constitución sería aprobada conforme a los cuatro séptimos de los senadores y diputados en ejercicio.

Y se aprobó una norma transitoria, que señala que la regla del artículo 45, sobre la reelección del cargo de Presidente o Presidenta de la República, que autoriza la reelección inmediata del Presidente o Presidenta de la República, solo entrará en vigor a partir de la elección siguiente, es decir, que no le será aplicable al Presidente actual, no pudiendo este entonces ser reelegido en forma inmediata.

La unidad temática de sistema electoral y organizaciones políticas, se plantea que dentro del plazo de dos años desde la aprobación de la Constitución la ley tiene que establecer las reformas necesarias para poder regular la elección de los escaños reservados en los distintos órganos de elección popular; además, la misma ley tendrá que establecer las normas que rigen a los escaños en órganos colegiados que no sean de elección popular a nivel nacional, regional y local.

Y también, se establece que, en los casos de los municipios, gobiernos locales y de las regiones autónomas, los escaños serán elegidos en la elección siguiente a la entrada en vigencia de la Constitución y, en el caso del Congreso, los diputados y diputadas y de la Cámara de las regiones, la elección de los escaños reservados será conjuntamente con aquellas para constituir estos nuevos dos órganos que forman parte del Poder Legislativo.

Hay una norma transitoria que establece un plazo para la dictación de la ley, que tiene que regular la Constitución y procedimientos del registro electoral indígena, se establece un plazo de un año, y luego otro año para que el Servicio Electoral pueda conformar este registro electoral indígena de acuerdo con las normas establecidas en esa ley. Es decir, un año para dictar la ley que regula el registro electoral indígena y, luego, un año para que el Servicio Electoral conforme ese padrón.

Finalmente, en la unidad temática buen gobierno, probidad y transparencia, lo que se propone es un plazo de dos años para dictar las leyes sobre acceso a la información, que regula esta materia en la nueva Constitución, con las nuevas exigencias y con los nuevos sujetos obligados de acuerdo con el nuevo texto constitucional.

Eso es todo, Coordinadora y Coordinador.

Coordinación: Muchas gracias, convencional.

Hube: Gracias, Coordinador.

Estaba pidiendo la palabra hace un rato.

Lo que pasa es que entre que me conecté un poco más tarde y no escuchaba muy bien al principio, simplemente quiero saber de dónde sacamos esto de que los miembros de las comisiones pueden delegar la exposición de lo que ha ocurrido en las distintas comisiones. Esto lo digo porque, al menos, podrían haber sido los secretarios de las respectivas comisiones que puedan dar fe de una manera más imparcial respecto de lo ocurrido en las distintas comisiones y respecto de los distintos informes.

¿Esto fue algo por acuerdo de los Coordinadores? ¿De dónde salió? ¿Dónde está esa acta? ¿Dónde está ese acuerdo?

Segundo, también me gustaría saber, Coordinadores, cuál fue el criterio, pues entiendo que esta semana vamos a escuchar a expositores, para escucharlos. Yo no sé todavía quiénes son, más allá de los términos generales, para ver quiénes iban presencial, quiénes iban por Zoom o quiénes pueden enviar sus insumos por escrito.

Yo he planteado esto desde la primera reunión informal que tuvimos, tanto en las reuniones formales como informales, que me parece que la transparencia en cuanto a esto y que el criterio no sea discrecional es algo muy importante y, en verdad, hasta el momento, se ha ignorado ese punto y no he tenido mayor información. Gracias.

Coordinación: Gracias, convencional Hube.

Sobre el primer punto, indicamos al inicio de la reunión que ninguno de los dos Coordinadores de la Comisión 1 está en esta comisión y, por lo tanto, ellos le encargaron al convencional Chahin que hiciera la exposición, y él mismo ha señalado que si hay algo que los demás convencionales presentes aquí que pertenezcan a la Comisión de Sistema Político quieran agregar algunas cosas o hacer precisiones, lo pueden hacer.

Así es que después, cuando tengamos la palabra, vamos a dejar abierto un momento para ello.

Respecto de lo demás, se determinaron las instituciones que se mencionaron para recibir directamente sus apreciaciones y sus informes que, por supuesto, ya tienen por escrito.

Eso por el momento.

Convencional Barraza.

Barraza: Muy breve Coordinador, Coordinadora.

Si no hay norma que habilite a la delegación de los Coordinadores de la Comisión de Sistema Político para la exposición de otro constituyente, lo que hubiese correspondido es que ustedes hubiesen sometido esto a deliberación de este espacio. Ya está hecha la exposición y no estoy cuestionando el contenido, lo que estoy cuestionando es que tiene que haber conducción por parte de la coordinación, y si no tienen definiciones a priori, tienen que someterlas a la deliberación de este espacio, que es esta comisión para que en el futuro no incurramos en errores de este tipo.

Coordinación: Convencional Achurra y convencional Hube.

Perdón, la convencional Hoppe, vía Zoom, había pedido la palabra, y después el convencional Achurra.

Hoppe: Gracias, la convencional Hube también está pidiendo palabra en el Zoom; quizás, no se ve muy bien.

Solo precisar al punto Nº 1 de la convencional Hube que a mí me parece que todos tenemos la posibilidad acá de acceder a las normas transitorias que tiene cada comisión. Lo único que estamos exponiendo acá son las normas transitorias de nuestras correspondientes comisiones. Por lo tanto, me parece que para eso no es necesario que efectivamente sean las coordinaciones ni que nadie de fe de aquello, por cuanto cada una de nosotras puede ir contrastando si lo que efectivamente expuso el convencional Chahin, por ejemplo, son las normas transitorias que están en el documento de normas transitorias de la Comisión 1.

Por lo tanto, a mí me gustaría que pudiésemos avanzar y no creo que sea necesario ahondar en este punto, por cuanto sabemos que aquí no van a estar las comisiones de todas las comisiones temáticas, y no sé cuál es el problema de que exponga cualquier miembro de la comisión; además, es una de las normas que nos dimos en el protocolo. Así es que solamente para precisar aquello.

Gracias.

Convencional Achurra.

Achurra: Muchas gracias, coordinador.

En primer lugar, creo que la Secretaría ha dejado lo suficientemente claro que parte del acuerdo que nosotros suscribimos mediante votación permitía la delegación en otra persona por parte de la Coordinación. Entonces yo diría que ese punto está zanjado.

Y en relación con lo mismo, a propósito de que la convencional Constanza Hube está pidiendo nuevamente la palabra, yo quisiera saber cuál va a ser el criterio por parte de la Coordinación para efectos de las diferentes intervenciones, porque si esto va a ser un diálogo permanente de gente cuestionando los procedimientos da la idea –puede ser un prejuicio o un juicio venturoso de que hay un ánimo de entorpecer el desarrollo de la sesión de manera correcta que de realmente estar aportando elementos para que esta ocurra.

Entonces, yo pediría que la Coordinación asuma un criterio para que no tengamos personas hablando y cuestionando de manera permanente, porque o si no se nos va a ir el tiempo en eso y no en lo sustantivo.

Muchas gracias.

Coordinación: Gracias, convencional.

Convencional Hube, vía Zoom.

Hube: Gracias.

Coordinador, antes de que el convencional Achurra me censure o impida que yo siga hablando, tengo un par de cosas para aclarar.

El punto no se trata del contenido ni de si el convencional Chahin hizo o no la exposición. Mi punto precisamente iba dirigido a lo que señala el convencional Barraza, en el sentido de que nosotros tenemos que cumplir con los procedimientos, los cuales condicionan los resultados y también las formas son muy importantes, especialmente en un proceso que, me imagino, todos estamos de acuerdo que debiera ser un proceso serio. Insisto, en ese contexto, me pregunto por qué el convencional Chahin fue el que expuso por Sistema Político.

Ahora, si lo eligieron los Coordinadores, sería bueno que dejemos claro quién va a exponer, cómo se hizo la delegación, dónde quedó constancia de eso, ¿en un correo? Eso se va a aplicar para las demás comisiones, por lo que creo que sería bueno trasparentar los procedimientos y los cumplimientos de los protocolos.

Yo le agradezco al Secretario que haya indicado la norma, pero todavía no me ha contestado la pregunta. ¿Dónde consta eso? ¿Quiénes van a ser los representantes en las distintas comisiones? ¿Cómo se hizo esa delegación?

A mí, por lo menos, me interesa que se cumpla con los procedimientos y las reglas. No sé si todos los convencionales pueden decir lo mismo.

Con respecto a los invitados, pregunto, con respeto, Coordinador, lo mismo, porque usted, dice: “Bueno, es que los que se inscribieron...” ¿Dónde se inscribieron? ¿Cuándo se abrió el plazo para que precisamente instituciones se pudieran... ¡Quizás, yo no lo sé! Por eso le digo, quizás, algo se me pasó, no vi el correo, pero ¿cuándo se abrió el plazo para poder inscribirse y exponer presencial, o bien, para exponer vía Zoom? ¿Cuál fue el criterio? ¿Se hizo un sorteo o se inscribió menos gente?

Me interesa a mí, por lo menos, saber cómo se hizo esa selección, porque este es un punto que yo planteé desde el principio -esto no se trata de un tema de obstrucción- que me parecía importante que no fuera discrecional; incluso, dije que consideraba que precisamente para evitar obstruir y que perdiéramos tiempo, ojalá, todos pudieran hacer sus presentaciones por escrito y no elegir a algunos por sobre otros como pasó en las comisiones temáticas.

Y lo tercero, decir al convencional Achurra y a los demás convencionales que aquí no hay un ánimo de querer obstruir, pero el diálogo y estas discusiones respecto de los procedimientos forman parte de la democracia. Entonces, si el convencional Achurra y la convencional Hoppe solamente quieren escuchar cuando les parece bien lo que yo estoy diciendo o los otros convencionales están diciendo, me parece que eso es una manera totalitaria y no democrática de poder llevar a cabo esto, porque el punto sustantivo también tiene que ver con que los procedimientos se cumplan.

Gracias, señores Coordinadores.

Coordinación: Gracias, convencional.

Convencional Chahin.

Chahin: Simplemente señalar que hay un principio básico, que es el de la buena fe.

A mí me llamó la Coordinadora Rosa Catrileo para pedirme que pudiera exponer respecto de las unidades temáticas de Poder Ejecutivo y Legislativo, porque básicamente soy el autor de las propuestas de normas transitorias que se aprobaron en general, y en su oportunidad me señaló también que se le iba a solicitar a la convencional Tania Madriaga que expusiera respecto de las demás unidades temáticas. Tanto así que cuando llego acá tratamos de establecer esa coordinación, pero la propia Coordinadora me dice que no fue posible, que algún problema hubo que no se comunicó con Tania, y me pidió Tania que yo hiciera la exposición de todas las unidades temáticas como una forma, en definitiva, de colaborar con aquello. Esa fue la información que yo tuve.

Si me lo pide la Coordinadora, si además están informados los dos Coordinadores de esta comisión que esa fue la decisión que tuvieron los Coordinadores en el ánimo de colaborar, indudablemente me hice cargo no solo de la exposición de las unidades temáticas que se me había pedido originalmente, sino que de todas las unidades temáticas y, por lo mismo, señalé que si alguien quería complementar o rectificar la exposición, de buena fe lo podía hacer.

Lo que yo creo es que aquí tenemos poco tiempo y una enorme carga de trabajo. Si ustedes han visto los documentos que nos han llegado, el desafío es gigantesco, y aquí hay dos posibilidades: o nos entrampamos en eso, y una delegación que es verbal, en ninguna parte dice que tiene que haber un documento o una escritura pública para poder establecer un mandato y que de buena fe lo que hemos hecho es cumplir con los acuerdos que ha dado la propia comisión, o nos entrampamos en esto y perdemos el poco tiempo que tenemos para poder sacar adelante esta tarea que es enorme.

Gracias.

La convencional Jeniffer Mella dará informe sobre la Comisión 3, la Comisión de Forma de Estado.

Adelante, convencional.

Mella: Buen día a todos y a todas.

Agradezco la oportunidad de que efectivamente se expongan juntas y luego se haga una deliberación sobre dos comisiones que están íntimamente relacionadas, en especial, en esta etapa de disposiciones transitorias.

En nombre de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, en primer lugar, quiero señalar que se establecieron en esta comisión siete unidades temáticas, de las cuales cinco tuvieron normas transitorias sobre ellas -además, ingresamos una norma tratada anteriormente-, de las cuales solo pasó hasta esta etapa una de ellas.

De nuestros 96 artículos aprobados en tres informes, hicimos primero nuestra orientación para distinguir unidades, a través de lo que fue dictado a través del oficio 730 de la Mesa Directiva; atendiendo a normas que pueden regir desde la promulgación y que no necesitan transitoriedad, distinguiendo también normas que introducen cambios a la institucionalidad existente, a leyes vigentes, sin un mandato explícito para ello, y luego de normas formuladas como mandato legal al legislador o a otros poderes del Estado.

Por ello la primera unidad, que trata de la creación de entidades territoriales, aprobamos ocho normas transitorias que son las que todos y todas tienen a disposición, que se ocupan de límites de tiempo. Entendemos que todas las comisiones hicimos una priorización, que más allá del tiempo que pueda estar establecido, de meses, de uno, dos o tres años, significa la priorización que cada comisión le dio a los mandatos de normas transitorias.

En la primera norma enunciamos las materias sobre las que el órgano legislativo debe adecuar la normativa para el Estado regional, como el procedimiento y los contenidos mínimos de los estatutos regionales y comunales, respectivamente. También el procedimiento de transferencia de competencias entre el Estado y lo que se da en la región autónoma, y entre la región autónoma y la comuna.

En las terceras y cuartas normas, tienen por objeto establecer que tanto la región como la comuna autónoma serán las continuadoras y sucesoras legales de los gobiernos regionales respectivos y comunales, pasando sus funcionarios a desempeñarse en aquellas sin solución de continuidad, que también lo abordó la Comisión 1 en cuanto a los funcionarios y funcionarias.

En cuanto a las disposiciones 5 a la 8 de la primera unidad de creación de entidades territoriales, tratan específicamente sobre autonomías territoriales indígenas, el estatuto para Rapa Nui y para Juan Fernández, y también sobre el plebiscito que se propone sobre dos nuevas regiones, de Chiloé y Aconcagua. Se establecen plazos que invito a tomarlos solamente como priorizaciones y orientaciones en tal sentido, para el envío de proyectos de ley en el caso de las autonomías territoriales indígenas, para procesos de participación y consulta en el caso de Rapa Nui, y para el plebiscito, en el caso de la creación de dos nuevas regiones autónomas.

En cuanto a la segunda unidad temática sobre elección, reemplazo y continuidad de autoridades, se presentó solo una disposición transitoria que tiene por objeto respetar el mandato de autoridades subnacionales electas, estableciendo que inician en funciones para el próximo periodo; lo que también tiene íntima relación con lo que señalaba el convencional Chahin respecto de la unidad temática del Poder Legislativo, en la disposición transitoria de la Comisión 1. Creemos que esta norma se puede unificar al resto de las autoridades nacionales, por lo tanto.

En cuanto a la tercera unidad, y la forma de implementación de este Estado regional, se proponen cuatro disposiciones transitorias que dicen relación con los plazos de tramitación en el Congreso: para la ley marco que regula el sistema de atribución y transferencias de competencias a las entidades territoriales y su financiamiento, la ley que apruebe los estatutos, el convocar a un Consejo de Gobernadores que es una facultad entendemos del Ejecutivo que se puede implementar de manera muy rápida, y por eso tiene un plazo de meses si ustedes revisan el texto; y la forma en la que serán dictados los estatutos comunales por el nuevo concejo municipal respectivo, también estableciendo un plazo que nuevamente señalo, se invita a tomarlo solamente como una priorización.

Sobre la cuarta y quinta unidades temáticas, competencias y funciones de nivel regional y nivel comunal, respectivamente, no se presentaron normas, subsumiendo las disposiciones transitorias en las unidades anteriores de forma de implementación y creación de entidades territoriales.

En cuanto a la sexta unidad temática, que es la implementación de la administración financiera, se presentaron cuatro normas transitorias que dicen relación también con plazos para adecuaciones de la legislación tributaria, que haya sido aprobada con anterioridad a la entrada en vigor de esta Constitución que estamos proponiendo, y que deben fundar el sistema tributario, según lo señala también la disposición transitoria.

La continuidad en la vigencia de las disposiciones legales que hayan establecido tributos de afectación, mientras no sean derogadas por normas vigentes; estableciendo nuevamente un plazo para que el Poder Legislativo apruebe la ley que determine tributos de afectación territorial, y para que se aprueben las modificaciones al Código Tributario que permitan materializar el principio constitucional de transparencia tributaria, que está aprobado en una norma permanente del artículo 25 del tercer informe de Forma de Estado.

La aprobación progresiva, además, de las normas legales que regulen los distintos aspectos de la autonomía financiera y la descentralización fiscal de las entidades territoriales.

Se está poniendo el énfasis en que el organismo encargado de recopilar y sistematizar la información necesaria, para proponer las formas de distribución de los ingresos fiscales, deba constituirse también en un plazo que por su priorización es tan solo de meses para la entrada en vigencia de esta Constitución. Ello, principalmente porque el poder contar desde el Poder Legislativo con un órgano permanente que le otorgue datos confiables, va a permitir la implementación financiera de manera certera.

Respecto de la séptima unidad, sobre la implementación de administración del Estado, hay dos disposiciones que también conversan mucho con la unidad de buen gobierno de la Comisión N°1, donde se establece que los servicios y los órganos de la administración del Estado cuya denominación, organización, funciones o atribuciones sean modificadas por esta Constitución, o los de aquellos que sean suprimidos, modificados o transformados, continuarán los funcionarios desempeñando las labores sin solución de continuidad en los nuevos servicios, norma que excluye expresamente a las autoridades elegidas por votación popular.

Finalmente, señalar que estas disposiciones conversan muchísimo con las de la Comisión 1, que para nosotras es muy importante dejar en claro que los plazos que se han establecido son principalmente orientaciones para la priorización; y que efectivamente agradecemos mucho a la comisión que presentó sobre un total de 96 artículos, solo 20 normas transitorias.

Muchas gracias.

Coordinación: Gracias, convencional Mella.

Cantuarias: Gracias, Coordinador.

Disculpe que no prenda ahora la cámara, pero se escucha más o menos, no sé si soy yo o ustedes.

Sí. Yo quisiera, por favor, a la Coordinación y a la Secretaría, si pudieran responder las preguntas de la convencional Hube de hace un rato, y el comentario del convencional Barraza también, con el que estoy completamente de acuerdo.

Necesitamos que esto se haga en forma transparente. Hemos preguntado varias veces cómo se elige, si la Coordinación estuvo de acuerdo con que la delegación de la Comisión sobre Sistema Político estuviese en el convencional Fuad Chahin, a quien felicito por su exposición, me pareció bastante razonable, pero este no es el tema, porque no necesitamos escrituras públicas, dado que todos actuamos de buena fe.

Imagino, Coordinador Castillo, sobre todo viniendo de usted, que esto se hará en forma transparente y seria.

Me hubiera encantado tener la información respecto de quiénes serán los expositores, cuando no son las Coordinaciones de las distintas comisiones, como en el caso del convencional Chahin.

La idea es que nos pudieran responder esta pregunta, que nos pudieran mandar la información con anterioridad a la citación y responder quiénes serán los representantes de las instituciones que vamos a oír o cuáles son los nombres de los expertos y cuál ha sido el criterio de selección que se ha llevado a cabo. Creo que esto es parte del proceso, este que ustedes llaman único, democrático e histórico, por lo que lo mínimo es que haya seriedad y transparencia en la información.

Por último, decirle al convencional Ignacio Achurra -no hemos compartido en ninguna comisión que me sorprendió mucho su comentario de que empezáramos el diálogo. A mí me encantaría que el diálogo no solo se empezara, sino que se profundizara entre los convencionales, porque es el único modo de ponernos de acuerdo y de hacer, al menos en esta comisión, normas que representen a más de unos poquitos chilenos.

Muchas gracias, señor Coordinador.

Schonhaut: Quiero iniciar el debate de fondo con una pregunta.

A propósito de las exposiciones, quiero preguntar a la Comisión 3, específicamente a la convencional Mella, si nos puede contar un poco cuáles fueron los criterios para establecer los plazos. Hay varios plazos que se mandatan a la legislación en dos años, pero creo que sería interesante saber cuál fue el debate que hubo detrás.

El tema de los plazos es importante, dado que entiendo que varias comisiones vienen con plazos en sus normas. Entonces, si es posible entrar en ese debate, quisiera que partamos con eso.

Gracias.

Coordinación: Muy bien.

Convencional Jeniffer Mella, tiene la palabra.

Mella: Lo dije en algún momento, creo que esa es la invitación.

Respecto de que llegan normas sobre comisiones temáticas que hoy ya no existen, los invito a que dejemos de pensar en comisiones temáticas, que empecemos a mirar el consolidado que se entregó ayer y a tratar de ordenarlo de acuerdo con una priorización marco de norma constitucional, en las que, evidentemente, deben estar los principios, los derechos, los deberes, el capítulo completo de Forma de Estado, que es una innovación con entidades subnacionales con autonomía; el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos autónomos y el capítulo de reforma constitucional.

Ese ejercicio fue hizo la Comisión de Forma de Estado.

Solo los plazos invitan a una priorización, tomando en cuenta cuáles son las cosas que se pueden implementar fácilmente y que no requieren normas transitorias, pero hay cosas que se pueden implementar fácilmente y a las que sí les dimos una transitoria, pero esta instancia y esta comisión, a través de los quorum ya preestablecidos, serán las que determinen su aprobación.

Ustedes podrán ver que una de las normas más pronta es aquella que señala que en tres meses el Presidente deberá convocar al primer consejo de gobernaciones. Este será un órgano de coordinación ejecutiva y está establecido como una priorización, por su fácil ejecución.

Luego, tenemos plazos de seis meses para algunas cosas puntuales, como iniciar un proceso de consulta respecto de un estatuto sobre Juan Fernández o el plazo de un año para implementar el plebiscito sobre la viabilidad de las regiones de Chiloé y Aconcagua, plazo que también se establece para que el Poder Ejecutivo, por ejemplo, envíe el proyecto de ley sobre el Estado regional.

Entonces, invito a que no se piense en tiempo como un mandato fijo, no fue hecho así. Espero que esta comisión también lo evalúe así en su mérito, porque evidentemente nos encantaría tener en el medio de este salón una calendarización que divida los poderes, las instituciones y que se hiciera en muchos meses, para que pudiéramos ir viendo qué es lo que se puede implementar desde el Ejecutivo, qué es lo que se puede implementar desde el Legislativo y qué es lo que requiere alguna tramitación. Esta es solo una priorización, pero es una orientación de priorización.

La mayor invitación es que hoy, en el contexto de una estructura de norma constitucional, podamos establecer las priorizaciones. Quiero insistir en que la Comisión 1 y la Comisión 3 conversan muchísimo respecto del período de los mandatos, las próximas elecciones y, especialmente, del capítulo de buen gobierno, que se conjuga con modernización del Estado.

Gracias.

Coordinación: Gracias, convencional Mella.

Tiene la palabra la convencional Elisa Giustinianovich.

Giustinianovich: Les quiero comentar que hay una alternativa de desconectar los parlantes y hablar a viva voz. Me refiero a desconectar los parlantes, pero hablar en el micrófono para efectos de la transmisión en vivo, porque la idea es que en el salón nos podamos escucharnos mejor y sin rebote.

Eso implicaría que hablemos más fuerte frente al micrófono, pero sin los parlantes, para que no rebote. Esta es una alternativa mientras se soluciona el tema técnico, porque para la tarde contaremos con refuerzos de parlantes que permitan mejorar la acústica, pero, por lo pronto, esta sería la única alternativa con la que contamos para la jornada de la mañana. Entonces, si les parece bien, podríamos probar sin los parlantes.

Le voy a dar la señal a los técnicos para que probemos sin los parlantes. No olviden hablar frente a los micrófonos, para efectos de que se pueda escuchar en la señal en vivo.

Coordinación: Se ofrece la palabra.

Convencional Adriana Ampuero, tiene la palabra.

Ampuero: Gracias.

Creo que hay que tener en cuenta que cuando cada una de las comisiones trabajamos las normas transitorias, lo hicimos un poco a ciegas, sin saber qué estaba haciendo la comisión de al lado o qué plazos se estaban fijando. Por lo mismo, buena parte de las comisiones puso plazos tentativos, no necesariamente cerrados.

La Comisión de Forma de estado se tenía que fijar plazos, pero, para ello, hay que tener ciertos criterios en cuenta, como los que tienen relación con la transición y las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes de gobiernos regionales y locales. En este contexto, necesitamos que cuando asuman las nuevas autoridades, estas tengan…

Quiero pedir a los convencionales que hagan un poco de silencio.

Coordinación: No sé si allá escuchan, pero acá no se escucha su intervención. Vamos a suspender la sesión por cinco minutos.

Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

Coordinación: Continúa la sesión.

Tiene la palabra la convencional Adriana Ampuero.

Ampuero: Gracias, Coordinador.

En respuesta a la pregunta de Constanza Schonhaut, quien preguntó por qué fijamos las transiciones de dos o tres años, hay que recordar que cuando las comisiones empezamos a trabajar las normas transitorias estábamos un poco a ciegas, no sabíamos en qué plazos estaban fijando las transitorias las otras comisiones, por lo que era difícil tener una carta Gantt respecto de cómo se estaban fijando los plazos en las distintas comisiones.

En ese contexto, nosotros empleamos un criterio básico, que tiene que ver con las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes. Las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes nos fijan algunos plazos que son importantes.

Nosotros pensamos en la posibilidad de que en las próximas elecciones regionales ya tengamos asambleístas regionales o algunas competencias regionales, pero, para que eso pase, en el intertanto tenemos que dictar las normativas de descentralización financiera o pensar en los procedimientos de elaboración de los estatutos regionales y locales. ¿Para qué? Para que estas nuevas autoridades puedan ingresar y hacer la labor para la cual están llamados.

Evidentemente, tenemos algunas normas transitorias que requieren estar listas antes de esos cuatro años, pero hay otras que podrían alargarse más. Los plazos que propone la Comisión de Forma de Estado no son cerrados, sino tentativos, pero tenemos absoluta disposición a dialogarlos en este espacio, sin perjuicio de que es importante que ustedes sepan que nuestro criterio base tiene que ver con las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes, que es un buen puntapié inicial para empezar el tránsito hacia el Estado regional.

Coordinación: Adriana, estamos en una etapa de deliberación, pero también podemos hacer preguntas a los expositores.

Si hay algo que aclarar, como aquello que tiene relación con los criterios, no es necesario ir directamente a una norma, pero sí a los eventos que vengan por delante y que marquen alguna transitoriedad. Así que queda abierta la palabra a sentirnos más libres en este sentido.

Tiene la palabra el convencional Fuad Chahin.

Chahin: Gracias, Coordinador.

Anoche estuve mirando algo del documento que nos envió la Segpres, en el cual se plantea una alternativa, que es que la realización de cambios institucionales relevantes ya se ha desarrollado con éxito en nuestro país a través de una implementación gradual desde el punto de vista territorial.

En otras palabras, que se parta la implementación de algunas reformas en algunos territorios, como ocurrió con la reforma procesal penal, que tuvo una gradualidad y un calendario que permitió que en algunos territorios se fuera implementando y que en otros se hiciera con posterioridad. Lo mismo, aunque con menos éxito, ha estado ocurriendo con la nueva educación pública, con los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Por lo mismo, quiero preguntar si eso se discutió en la Comisión de Forma de Estado, porque hubo un cambio muy importante, dado que estaban las regiones autónomas, las comunas autónomas. Específicamente, más allá de establecer un plazo para que esté en la ley y funcione en todo el país, quiero saber si se discutió la posibilidad de implementarlo en algunas regiones primero y en otras después, buscar tipos de regiones para poder ir detectando algunas modificaciones que pudiera ir haciendo la ley, de manera de tener una implementación más gradual y con la posibilidad de poder corregir cualquier necesidad de cambio que se vaya detectando en el tiempo.

No sé si eso lo discutieron en la comisión, pero es una de las alternativas que propone el informe que ha enviado la Secretaría General de la Presidencia, el cual me parece que es un muy bueno, porque nos plantea un conjunto de elementos y criterios que debiéramos tener en consideración para el trabajo de esta comisión.

Muchas gracias.

Coordinación: Tiene la palabra el convencional Roberto Vega.

Vega: Muchas gracias, Coordinador Castillo.

Agradezco a los técnicos por haber solucionado rápidamente el problema que teníamos con la acústica.

Quiero hacer una pregunta al expositor de la Comisión sobre Sistema Político. La propuesta dice que el 11 de marzo de 2026 entrarían a regir las nuevas autoridades. El tema es que se van a traslapar o superponer ciertas situaciones, como lo que pasa con los representantes regionales y los asambleístas regionales, que son actualmente los CORE.

Es conocida la situación actual de los CORE, cual es que cada vez que son electos y cuya elección corresponda con alcaldes y concejales, presentan algún tipo de recurso. Por lo mismo, nuevamente hemos corrido la ley; de hecho, ya es la cuarta vez, si no me falla la memoria.

Entonces, frente a eso nosotros tendríamos el punto de partida, que, de aprobarse la nueva Constitución, sería en septiembre de 2022. Siguiendo esa línea, en agosto de 2024 correspondería la elección de alcaldes, concejales y representantes regionales, en caso de que no hubiese ningún tipo de variación, además de los asambleístas, y en noviembre de 2025 correspondería las elecciones de Presidente de la República y de representantes de la Cámara de Diputados.

Si hacemos este ejercicio y trasladamos a marzo de 2026 todas las elecciones y que todos sean electos en 2025, vamos a dejar a los representantes regionales -actuales senadores- y a los CORE o asambleístas regionales con un periodo restringido.

¿Cómo nos aseguramos realmente de que eso se cumpla y sea un periodo de tres años, y no pase nuevamente que, en virtud de algún recurso, digan que su periodo es de cuatro años?

Esa es mi preocupación. Por lo mismo, quiero manifestar que creo que ambos casos – asambleístas regionales y representantes regionales- deberían corresponder a la elección que está fijada para los alcaldes y concejales, tal como establece el texto aprobado por 103 votos.

Coordinación: Gracias, convencional Vega.

Tiene la palabra el convencional Marcos Barraza.

Barraza: Muchas gracias, Coordinadores.

Quiero partir haciendo una afirmación antes de coincidir con las propuestas que ha hecho la Comisión de forma de Estado.

En el entendido de que el proyecto de Nueva Constitución se apruebe, hay que establecer un criterio que de alguna manera viabilice las disposiciones transitorias. En mi opinión, ese criterio, desde una perspectiva de valoración ciudadana, tiene que asegurar por un lado, dinamismo y progresividad en la implementación de las disposiciones transitorias, a saber, la nueva institucionalidad y, particularmente, las leyes sociales que derivan de esto, y, por otro lado, un fuerte componente de estabilidad, que permita certidumbre y seguridad sobre los procesos políticos, especialmente en el campo de las nuevas instituciones que van a debutar en este nueva sistema político.

Por lo mismo, creo que hay que respetar el calendario electoral prefijado y que antecede a esta definición de Nueva Constitución, pero acoplándolo a las nuevas instituciones.

En consecuencia, me parece que lo razonable es que la institucionalidad regional pueda inaugurarse con mayor prontitud que la institucionalidad de carácter nacional. ¿Qué significa esto? En 2024, en el marco de las elecciones de alcaldes, alcaldesas, concejalías, se elijan las nuevas asambleas regionales, de manera que se posibilite el asentamiento de la institucionalidad en el conjunto del país.

Probablemente, la idea que plantea el convencional Fuad Chahin, respecto de poner el debut de instituciones en algunas regiones, es compatible con el debate de justicia, pero no lo veo compatible con la institucionalidad política.

En segundo lugar, en materia de Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de las Regiones, nosotros nos inclinamos porque las elecciones sean en 2025 y se asuma en 2026, con el objeto de asentar la institucionalidad en el campo regional y luego a nivel nacional.

En tercer lugar, hay que debatir la aplicación de los quorum legislativos que está generando esta nueva Constitución para el actual Congreso. Allí hay un debate que dar, porque si operamos con los quorum legislativos que existen en el Congreso vigente, probablemente las expectativas sociales más importantes, que son aquellas derivadas de leyes sociales, se van a obstruir.

Luego, hay que establecer un conjunto de prioridades, a objeto de que aquello sea un mandato expreso a través de disposiciones transitorias; por ejemplo, el listado de prioridades que propone la Comisión de Forma de Estado, y determinar aquellas que quedan más bien a la voluntad, al juicio y al criterio de la autoridad política de turno.

Por cierto, también hay que debatir si hay alguna institucionalidad ad hoc que permita en la modalidad de comisión, dar el acompañamiento necesario a este proceso en evaluación, en monitoreo, pero especialmente en accountability de información que se va a requerir y en trazabilidad.

Coordinación: Gracias, convencional.

Tiene la palabra la convencional Elisa Giustinianovich.

Giustinianovich: Para continuar en la misma línea y coincidiendo con lo planteado por el convencional Marcos Barraza, quisiera dejar la pregunta abierta a las y los integrantes de la Comisión sobre Sistema Político.

Ya ha habido intervenciones en torno a las fechas electorales, para poder ir acoplándolo a esta adaptación, a las nuevas normas propuestas respecto del sistema político, pero quisiera que se profundice respecto de las atribuciones, las funciones, los mecanismos de tramitación de leyes, los quorum, si lo están pensando en los distintos colectivos como una aplicación in actum o si lo están pensando más bien como la renovación del nuevo ciclo político para poder ir traspasando estas nuevas funciones o formas de tramitación.

Si pudieran señalar cuál es su posición al respecto, cuando les toque hacer uso de la palabra, lo agradecería.

Gracias.

Coordinación: Tiene la palabra el convencional Maximiliano Hurtado.

Hurtado: Gracias Coordinador.

Lo primero que quiero decir es que, como colectivo, nosotros hemos conversado -espero interpretar a mis compañeros- respecto de un criterio general sobre cómo implementar los cambios que estamos proponiendo desde estas dos comisiones. Creemos que el criterio general debe ser el respeto de los mandatos que actualmente están en ejercicio, a propósito de que gozan de la legitimidad del voto popular, como todos los que estamos acá.

En segundo término, hemos conversado y avanzado sobre las condiciones bajo las cuales se eligieron las actuales autoridades. Creemos que esto tiene que ser un criterio a discutir y que la determinación debe ser adoptada, ojalá, por todos.

Entendemos que, por cierto, va a haber inconvenientes con aquellas autoridades que tengan mayor duración que otras, por lo que hay una discusión que dar; sin embargo, entendemos que al sufrir modificaciones sustanciales todos los órganos -me refiero a ambas cámaras del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y a las Asambleas Regionales-, el criterio debería ser el mismo para los cuatro. Eso como una primera aproximación.

En segundo término, quiero recoger un poco lo que planteaba el convencional Barraza y lo que preguntaba la Coordinadora, respecto que la discusión debiera darse en estos dos sentidos. Por una parte, las facultades, en particular Marcos lo que hizo fue restringirlo a los quorum, pero creo que aquí hay una decisión política y una conversación y una discusión que dar.

Me pregunto también, por ejemplo, respecto de las facultades de la Asamblea Regional. No sé si será posible implementar alguna de las facultades que se han propuesto desde esta Convención a los que son actualmente los consejeros regionales.

Respecto de las elecciones, efectivamente acá se han hecho modificaciones; de hecho, recién lo advertía el convencional Vega. Las asambleas regionales se elegirán ahora, como debiese ser, en las elecciones territoriales. Hoy en día lo hacen en las elecciones de carácter político, junto con el Presidente y al Poder Legislativo.

Ahí vamos a tener la disyuntiva de si acoplarlas de inmediato, lo que significaría elecciones en 2024 y acortar un año del período que actualmente tienen los consejeros regionales o, que a mí me parecería más lógico, elegir excepcionalmente por tres años a los próximos asambleístas regionales. Esto me parece más lógico esto, que recortar a quien tenía la expectativa de estar cuatro años. La idea es elegir a una persona que sepa que va a llegar excepcionalmente tres años a esa elección, de manera de poder acoplarlas de inmediato en 2028.

En último término, respecto del Poder Legislativo, deberíamos pensar en un diseño de elecciones excepcionales en 2025, para que entre en vigencia en 2026. En principio, había pensado que fuera respecto de diputadas, diputados, representantes regionales y Presidente de la República, para que luego esa elección de representantes regionales se alineara en 2028 y que, excepcionalmente, en 2025 se eligieran por un período menor de tres años.

Finalmente, respecto de los quorum, que es lo que decía Marcos Barraza, diría que es una discusión política que hay que pensar de buena forma. Me parece que viabiliza o facilita la aprobación de normas, la aprobación de leyes, pero hay criterios políticos que tenemos que ver y sopesar correctamente.

Creo que esa es una discusión abierta que tenemos que dar en esta comisión. Muchas gracias.

Coordinación: Gracias, Maximiliano.

Tiene la palabra la convencional Tania Madriaga.

Madriaga: Buenos días a todos y todas.

Tenemos que intentar ponernos de acuerdo en si vamos a entender esto como un proceso, cuáles serían los ritmos de este proceso, el calendario de este proceso, cómo estamos viendo los cambios institucionales en el tiempo y cómo hacemos efectivos los derechos sociales, políticos, económicos y culturales en un sentido de urgencia.

Lo que no tenemos claro, a propósito de las normas que llegan de las comisiones, es si tenemos todo a la vista, porque sabemos que el proceso de construcción de normas transitorias en las comisiones fue un poco apurado y que no son acuerdos de las comisiones los que tenemos a la vista ahora, sino solo propuestas o planteamientos parciales.

Desde mi punto de vista, el sentido de urgencia no puede quedar de lado en esta última etapa de la discusión, sobre todo porque los cambios que discutimos en el proyecto de borrador son aquellos que el país ha estado esperando todo este tiempo y que quiere que se implementen lo más rápido posible.

Es importante que quede claro cuál es el criterio de urgencia que están poniendo los distintos colectivos a lo que tenemos que discutir. Esto tiene que ser lo más acelerado posible, entendiendo que es un proceso y que tiene un cronograma.

Por lo tanto, nos tiene que quedar clara una visión sobre cómo se viabiliza esta implementación en un plazo general, pero que dé cuenta de los distintos pasos que hay que ir dando.

Respecto de lo que se discutió en la Comisión 1, hay un apartado o unidad que se llama “Democracia y Estado Plurinacional”. Tenemos que ser muy claros y claras en que lo que estamos haciendo es implementar el conjunto de la nueva Constitución, no aquellos aspectos políticamente más sensibles para la clase política.

En el apartado de democracia y Estado plurinacional, se establecen, por ejemplo, los mecanismos de participación, lo cual es muy relevante para la comunidad.

Es distinto si, por un calendario electoral, empezamos a retrasarlo todo a si dejamos habilitada la participación de los territorios, las comunidades, los pueblos en un plazo inmediato para que se puedan poner en práctica aspectos de esta nueva Constitución.

En particular, respecto del calendario electoral, que pareciera ser un punto fundamental que deberemos acordar, la opinión que planteamos en la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, y que no fue aprobada en las normas transitorias, es que en las próximas elecciones territoriales se deberían elegir todos los órganos nuevos territoriales.

Por lo tanto, el calendario electoral se respeta, pero también se respeta lo que se ha definido en la nueva Constitución que debe echarse a andar con ese calendario electoral, porque, de lo contrario, lo que vamos a estar discutiendo es cómo hacemos para que lo que actualmente está vigente no sufra o no generemos un problema mayor al tratar de desmontarlo, a pesa de que la preocupación de la instancia constituyente debe ser cómo implementa lo que ha definido que debe regir de aquí en adelante.

Por lo tanto, la propuesta que teníamos era que en la elección de este paquete de elecciones territoriales se pusieran inmediatamente en marcha todas aquellas instancias que el artículo, que define ese calendario en la nueva Constitución y que ha sido aprobado por el Pleno, establece. Ello implica que se elija también la Cámara de las Regiones, en ese momento.

Gracias.

Coordinación: Gracias, convencional Tania Madriaga.

Tiene la palabra el convencional Cristián Monckeberg.

Monckeberg: Gracias, coordinadores. Aprovecho de saludar a todas y todos.

Quiero hacer un par de reflexiones -seré súper breve- en torno a la implementación tanto de sistema político como de forma de Estado.

El proceso de transformación, como dijo el convencional Marco Arellano, es bien profundo, sobre todo en forma de Estado. Por lo tanto, pretender su implementación de manera abrupta puede ser una verdadera pesadilla para el gobierno -este y los que vienen- y la institucionalidad.

Creo que estamos plagados de buenas experiencias y de malas experiencias de implementaciones exprés. Sin ir más lejos, en la Región Metropolitana, acordémonos que un día nos acostamos con micros amarillas y al día siguiente nos levantamos con micros multicolores, y todavía todos los habitantes del país estamos pagando las consecuencias presupuestarias y, también, respecto de su calidad de vida, están pagando los habitantes de la Región Metropolitana.

Tenemos ejemplos de implementaciones bastante más exitosas, como la Reforma Procesal Penal que se llevó adelante y que, efectivamente, más allá de los resultados de la persecución penal -cada uno sacará sus conclusiones-, desde el punto institucional funcionó.

Entonces, debemos sacar lecciones de lo que ha ido viviendo nuestra institucionalidad.

Está claro que las implementaciones son relevantes, son clave. Por eso, llamo, también, a que la ansiedad propia del proceso constituyente nos lleve a levantar normas que vayan en ese sentido.

No digo que la implementación deba ser eterna. Nadie está pensando que sean a 10, 20 o 30 años plazo, como se ha señalado, pero sí hay que dar espacio al Parlamento para que dicte sus leyes y al gobierno para que pueda implementar y enviar esos proyectos de ley al Congreso.

Imagínense lo que le ocurrirá a un gobierno que viene recién llegando, como el actual o como cualquiera -estamos viviendo el actual-; el trámite legislativo es lento, hay que instalarse, hay que calentar motores, preocuparse de los equipos y llevar adelante los proyectos de ley. Demora un proceso más o menos de tiempo, de meses, poder levantar esas propuestas legales, porque todo esto va a tener una implementación legal en el Congreso.

Entonces, no resultará, como algunos señalan, dar un año al Congreso para que dicte una ley y se generará desilusión. ¿O acaso vamos a sancionar a los parlamentarios con cesación en el cargo, si no sacan la ley? Difícil, van a salir cualquier ley, entonces.

Por lo tanto, podríamos explorar plazos para que los proyectos sean enviados al Congreso, en fin, y tendrá que ser la política, también, la que vaya resolviendo estos temas de aquí en adelante, si nosotros no podemos resolverlo todo. La Convención Constitucional no está llamada a resolverlo todo, pero sí a fijar un marco -ya está fijado- para llevar adelante su implementación.

Por eso, la implementación debe ser razonada para que no se transforme en una pesadilla para el gobierno, porque tampoco a este gobierno, que tiene una agenda transformadora, que es su programa de gobierno y un largo etcétera, podemos agotarlo, subsumirlo y dejarlo solo reflexionando y empujando el proyecto constitucional, distraído en esas materias, soslayando toda su agenda transformadora, su proyecto y el programa de gobierno que lo eligió hace un tiempo.

Entonces, ojo con eso. Lo dejo planteado.

Por último, también dejo planteado un tema que no se ha hablado. Nosotros, como convencionales, teníamos una inhabilidad para ser candidatos y esa inhabilidad, por diferentes razones, se corrió, porque este proceso constituyente terminaba, se suponía, antes de las elecciones que acaban de pasar, vale decir, las parlamentarias recién pasadas. Por eso se levantó esa inhabilidad de un año, para que los que estábamos aquí no nos tentáramos a ser candidatos al Congreso que se acaba de elegir.

Como este calendario se corrió, pongo sobre la mesa si vamos a discutir una inhabilidad para que los que estamos aquí seamos candidatos en la elección de ahora, porque puede haber un incentivo gigante para ser candidato. Acelerar el proceso electoral de los están aquí es muy legítimo, por cierto, pero no sé si será correcto para la buena toma de decisiones de este proceso constituyente, porque lo que inspiró al legislador, cuando se dictó esta norma, era precisamente que no nos viéramos entusiasmados -legítimamente, porque qué mejor que salga gente que vaya al Congreso a trabajar y a participar, sobre todo después del proceso de aprendizaje de acá- a acelerar los procesos y a dictar normas para ser candidatos de inmediato.

Estamos ad portas de procesos electorales, en dos años más. Entonces, puede haber una tentación rápida y que entusiasme para acelerar procesos, a fin de que los que estamos aquí seamos candidatos.

Dejo planteado ese punto para que discutamos si vamos a plantear una inhabilidad, al menos por una sola vez, a quienes estamos aquí para ser candidatos en los procesos electorales que se vienen. Creo que sería prudente.

Gracias.

Coordinación: Gracias, convencional Cristián Monckeberg.

Tiene la palabra la convencional Patricia Politzer.

Politzer: Muchas gracias, Coordinador Eduardo Castillo.

Voy a partir por el final. No era algo que quisiera decir, pero voy a partir por lo que acaba de señalar el convencional Monckeberg respecto de la tentación de los convencionales a ser candidatos. Sin duda, es una tentación completamente legítima, pero, dado que no tengo ninguna de esas tentaciones, no veo ningún espíritu que esté queriendo adelantar en demasía las elecciones.

Las primeras elecciones que veo viables son las municipales, en dos años más, tiempo que me parece razonable. No creo que debiera haber una restricción si alguien quiere ser alcalde o tener un cargo local, pero en realidad lo que quería señalar era más bien un tema metodológico.

Creo que esta transición tiene que cumplir con dos objetivos; por un lado, progresión para que el Estado y todo el sistema pueda ir adaptándose a una nueva Constitución, lo cual implica más o menos velocidad, dependiendo del ámbito del que estemos hablando y, por otro, una cierta premura, porque la verdad es que la ciudadanía está esperando que algo cambie, porque creo que no podemos olvidarnos nunca de que este proceso surge a partir de una profunda crisis política y social, a la cual hoy estamos agregando una crisis económica, y está aquí presente. Este es el camino que el país eligió para intentar superar esa crisis y, a mi juicio, esa crisis comienza a superarse en la medida en que se empiece a poner en práctica la nueva Constitución.

Por lo tanto, hay que combinar, de la manera más adecuada posible, la tranquilidad para ir adaptando las distintas instituciones y, al mismo tiempo, que la ciudadanía vea que algo está cambiando.

En ese sentido, a mi juicio, hay tres grandes áreas que debemos discutir. Quizás, podríamos partir sucesivamente una con otra y, más allá de que cada uno dé su propia visión, ver las distintas posiciones, en estos tres temas.

Una de las áreas es la de las autoridades democráticamente elegidas -el Presidente de la República, el Congreso de Diputadas y Diputados, la Cámara de las Regiones, así, hacia abajo- , viendo cómo vamos adaptando ese cronograma.

En segundo lugar, las atribuciones de las distintas instituciones y cómo las nuevas atribuciones pueden ir poniéndose en práctica, partiendo, por ejemplo, por los quorum legislativos, los que algunos piensan que debieran cambiarse de inmediato, incluso antes de que cambie la conformación de la actual Cámara de Diputados y del Senado.

El tercer punto es la actualización legislativa, tanto la adaptación de las leyes que hoy existen como aquellas que deban crearse para nuevos órganos autónomos o toda la legislación que corresponde al ámbito de la justicia, en fin.

En definitiva, creo que esas son las tres grandes áreas: autoridades, atribuciones de las distintas instituciones y actualización legislativa.

Quizás, podríamos ir una por una, viendo cómo podemos ir acercando posiciones en cada una de ellas.

Gracias.

Coordinación: Gracias, Patricia.

Tiene la palabra la convencional Jeniffer Mella.

Mella: Muchas gracias.

Quiero retomar la consulta que formuló Fuad Chahin sobre la gradualidad por entidades territoriales, a partir de experiencias piloto.

Si bien esta propuesta de cambios estructurales se conversó en la comisión, especialmente a partir de las audiencias públicas efectuadas de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente, nosotras evaluamos sus virtudes, en términos de que la implementación piloto efectivamente permita ir detectando los vacíos, las complementaciones necesarias, a partir de las mismas omisiones que se puedan haber producido en el proceso constituyente.

Sin embargo, también observamos que, evidentemente, hay una distribución inequitativa, en términos de las regiones. Hay regiones muy grandes que son capaces, sin duda, de llevar a cabo estas modificaciones. Pensemos en la Región de Valparaíso, que tiene 28 comunas y ocho provincias, versus, por ejemplo, la región en la que estamos, que tiene tan solo tres provincias y nueve comunas, o la Región de Atacama, que también tres provincias.

Entonces, creo que, sin duda, esa experiencia o alternativa debe ponerse encima de la Mesa, en términos de la gradualidad de la implementación tipo piloto.

No obstante, también existe otra gradualidad, que es la gradualidad de implementar si se da el puntapié inicial en todas, que todas tengan la posibilidad de desarrollar sus estatutos, que se evalúo en la comisión de forma de Estado, y que las competencias sean graduales, que se vaya ganando la atribución y competencia a medida que cada región pueda establecer y enviar al Congreso sus propios estatutos, para que los ratifique. Así quedó en el procedimiento; se hacen desde la base. Primero, va haber una ley marco, que haga el primer estatuto, como un mínimo para las comunas, pero también el Congreso Nacional deberá ratificarlo.

Por tanto, creemos que ambas opciones son igualmente válidas y deben ser evaluadas en su mérito.

No llegó una propuesta, porque no generó el consenso, pues, evidentemente, generaba mayor consenso la gradualidad competencial.

Respecto del tránsito a la descentralización, que mencionó Cristián, nos parece que nadie hoy querría volver a las micros amarillas y las consecuencias del financiamiento del Transantiago para la Región Metropolitana también las pagan las regiones.

Por lo tanto, pensamos, quizás a diferencia de lo que señaló Patricia, que en lo que compete a las autoridades no debiese ser de arriba hacia abajo, sino partir desde abajo hacia arriba y es nuestra primera gran elección.

Creo que compartimos que está la calendarización electoral, luego las atribuciones, que van a ser la puesta en marcha que debe ir acompañada de la conversación sobre los quorum –es evidente que ya se ha planteado aquí- y, después, la actualización legislativa, que debe contar con una priorización.

Creo que esas son las tres grandes materias que puede abarcar el trabajo de esta comisión y pueden, de alguna manera, ordenarlo.

Señalar solo que la afectación de mandato no se produce por lo que determine esta Convención Constitucional. Las autoridades hoy vigentes a nivel subnacional tienen un mandato más corto, porque, a raíz de la pandemia, se eligieron y entraron en vigencia con posterioridad a lo que se debía.

Por lo tanto, hay eventos, situaciones y, en este caso, hay una programación que también puede afectar la duración de ese mandato. No es solo a raíz o por algo arbitrario que se pueda determinar.

Creo que hoy se ha avanzado muchísimo, como para poner la urgencia que señaló Tania, y hacer la implementación de forma rápida.

Recordar que estamos en una biblioteca. Al principio, sin imprenta, nadie tenía un libro, luego, con la imprenta de Gutenberg, tuvimos muchos libros y hoy tenemos cientos y millones.

Por lo tanto, no vamos avanzar en un solo tema a la vez. Acá hay que establecer una coordinación y un engranaje que permitan hacer esto viable, con la urgencia necesaria con la que también se llevó a cabo el proceso, pero también invito a que las alternativas sean puestas en la mesa, lo visualicemos en términos de calendarios electorales, visualicemos también las actualizaciones legislativas con prioridades y conversemos políticamente sobre el tema que se planteó de los quorum.

Gracias.

Tiene la palabra Nicolás Núñez.

Núñez: Señor Coordinador, de hecho, a eso mismo va mi primer punto.

Solicito a la Mesa que se establezca de consenso, como ha ocurrido en otras comisiones, el uso limitado de la palabra, porque nunca ha funcionado la convocación a autolimitarse en el uso de la palabra y, por tanto, sugiero que se otorguen de dos a tres minutos para intervenir.

En segundo lugar, quiero hablar respecto del sentido de urgencia que se le da a esta transición de forma paulatina que, hasta el momento, hemos analizado solo desde el punto de vista administrativo o político, si se quiere.

Sin embargo, hay ciertas materias que no responden a las lógicas de carácter administrativo o político. Específicamente, me refiero a la crisis ambiental.

En materia medioambiental, hay ciertos temas que debemos relevar, sacar y dar prioridad en esta implementación. En particular, en materia de crisis hídrica, tenemos, por ejemplo, instituciones regionales que van a tener la posibilidad de implementar políticas públicas para la protección del medioambiente y, de verdad, solucionar la crisis hídrica que sufre el país.

Debemos relevar y dar un criterio de prioridad o de prelación a esas materias, incluso por encima de otras, porque tienen que ver con la sobrevivencia humana y de las especies que habitan la tierra.

Gracias.

Coordinación: Gracias, Nicolás, por la cooperación.

Tiene la palabra Loreto Vallejos.

Vallejos: Gracias, Eduardo.

No he hecho uso de la palabra. Espero poder ser clara respecto de lo quiero decir.

He escuchado atentamente -me perdí una parte porque me tomé un café- y la mayoría de las intervenciones apelaron a la gradualidad, a tomarse las cosas con calma. El documento que nos llegó del gobierno es un claro ejemplo de ello; está absolutamente con el freno hacia atrás. También lo vimos en las comisiones, con nuestros compañeros que pertenecen a los partidos del gobierno. Hay un discurso común. Uno ha escuchado a los compañeros del Frente Amplio y si se revisa el texto del gobierno, va en el mismo sentido y se entiende. Están ahí y atentos a muchas más cosas que nosotras.

Creo que es muy importante entender que debe haber un mix entre la implementación gradual y con tiempo, de todos aquellos académicos y quienes están asesorando al gobierno, y las señales de gobernanza, responsabilidad fiscal y todo lo que aparece en el texto y en el documento que nos presentaron desde el gobierno.

Sin embargo, también hay que entender que todos los órganos del Estado que están viviendo este proceso constituyente deben hacerse responsables de la implementación de esta nueva Constitución, porque el proceso constituyente, estimados colegas, lo está viviendo Chile completo. Todo Chile está viviendo un proceso constituyente. Nosotras estamos discutiendo y generando la instancia que entrega el borrador, pero es el país completo, con todas sus instituciones, el que se debe acomodar a este proceso constituyente.

En la medida en que tengamos esa claridad, desde el Estado, desde las autoridades y se pongan a disposición del proceso constituyente, podemos avanzar de manera respetuosa, gradual, pero avanzar, porque estamos hablando desde las políticas públicas responsables, graduales, con respeto a las autoridades, respeto a los funcionarios, respeto a las leyes.

Pero, ¿qué pasa con la gente que está esperando ciertas transformaciones? ¿Cuándo la gente va a sentir que esta Constitución efectivamente produce cosas distintas? Tenemos que pensar también en las señales que damos a las personas.

¿Vamos a tomar algunos temas relevantes? Por ejemplo, como dijo Nicolás, el tema de la protección de la naturaleza. ¿Será ese tema? ¿El agua será un tema prioritario que vamos a defender y vamos a decir con fuerza que es nuestra defensa máxima o un piso mínimo, como les gusta decir a otros? ¿Serán algunos derechos sociales? Porque, estimados colegas, nos van a empujar -la prensa, la gente, los territorios- a que tomemos una posición. ¿En cuánto tiempo empieza a funcionar la salud? ¿En cuánto tiempo más vamos a ver un cambio en la educación? ¿En cuánto tiempo más vamos a tener un sistema de seguridad social? Eso es lo que la gente también requiere de nosotras.

No estoy diciendo que eso tiene que ser ya, pues entiendo que debe ser gradual, responsable, con paso firme, pero en un tiempo medianamente breve. No podemos esperar diez años, como señalaron algunos artículos de la prensa. Según algún titular, esto demoraría décadas.

El modelo neoliberal se demoró ocho años en despedir a cuanta gente quiso, en cambiar las AFP cuantas veces quiso. La gente no tuvo ni siquiera la posibilidad de escoger. Estábamos en una dictadura. La gente más mayor, que vivió ese proceso, lo puede explicar mucho mejor que nosotras.

La manera en que hagamos este proceso debe ser consensuada, democrática, pero debe avanzar.

Por lo menos nuestro colectivo va defender el medioambiente y, también, los derechos sociales. Debemos dar señales concretas al país de que esos son los temas que vamos a relevar.

También espero –hablo a todos los colegas convencionales constituyentes que están en esta mesa- que podamos, desde nuestros colectivos, transparentar a la gente cuáles son nuestras definiciones. Compañeros del Colectivo Independientes por una nueva Constitución, de Chile Digno, del Frente Amplio, de la derecha, de la coordinación, de los escaños reservados y del Colectivo Socialista, ¿cuáles son esas definiciones?, para poder hablar genuinamente, en equilibrio, de aquellas cosas que interesan a las personas y que necesitamos consensuar de manera respetuosa, moderada, pero necesitamos consensuar.

Esperaría por lo menos aquello respecto de la forma de Estado -lo que dijo Jeniffer Mella me pareció muy relevante y tomé muchos apuntes-, porque creo que es una de las mayores transformaciones que va a tener el país y el Estado, de manera gradual, a lo mejor, para no caer en lo que sucedió con el Transantiago, como mencionó recién Cristian.

Por lo tanto, eso lo que me gustaría escuchar en en las próximas intervenciones de nuestros compañeros.

Muchas gracias.

Coordinación: Muchas gracias.

Para cerrar esta parte, tiene la palabra Geoconda Navarrete.

Navarrete: Gracias, coordinador.

Muy buenas tardes.

Luego de escuchar a los colegas y las presentaciones de las dos comisiones que vemos hoy, junto con la importancia que tienen los procesos y la oportunidad de elegir eventuales autoridades, tanto personales como de cuerpos colegiados, para el próximo período, que son las que van a conducir la implementación de este proceso, creo también, siendo de región, que debemos olvidar un acento importante, que quizás se relaciona con lo que dijo la colega, que tiene que ver con cómo respetamos lo que hoy tienen las regiones respecto de los compromisos adquiridos en términos de inversión pública, que es un tema que compartimos y que conversamos muchas veces en la Comisión de Forma de Estado, Autonomía, Ordenamiento, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal.

Todas las regiones tienen importantes compromisos entre gobierno regional y carteras sectoriales de inversiones que están en curso o comprometidas con la ciudadanía, las que representan adelantos, desde la construcción de una escuela, un puente, un hospital, una posta, etcétera, que, además, inciden en la economía local y que, probablemente, van a tener una forma distinta de financiarse.

Por lo tanto, también es importante, junto con lo que deje de las autoridades, los cuerpos colegiados, ver cómo vamos integrando el tipo de cambios que se van a implementar para que no vayan a significar un retroceso o una lentificación, porque, además, hay compromisos adquiridos; nos van a pillar compromisos, obras en desarrollo.

Hay regiones, como la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en las que una obra no se desarrolla en un año, sino en cinco o más años de ejecución.

Por lo tanto, hacia adelante y que eso no vaya a significar merma en los ingresos.

Creo que es un tema importante a considerar, porque, además, este traspaso de cierta parte de servicios públicos a las regiones autónomas significa varios cambios, y no solo administrativos.

Si queremos dar respuesta a las personas de aquello que efectivamente para ellos es más prioritario, lo que la gente necesita es una buena implementación –y eso es lo que nos demandaban- de políticas públicas que dependen del buen funcionamiento del aparataje público.

Por lo tanto, creo que no podemos perdernos en ese sentido y, por ello, debemos ver cómo este cambio y este traspaso de competencia, que va a incluir los servicios públicos a las regiones, se hace de manera que no entorpezca el buen funcionamiento y la llegada efectiva de las políticas públicas a la ciudadanía.

Gracias.

Tiene la palabra Lorena Céspedes.

Céspedes: Gracias, Eduardo.

Quiero compartir una presentación, así que me voy a conectar a Zoom.

Es bastante breve la exposición que voy a realizar con Loreto.

Al principio del trabajo de la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, coordinamos Loreto Vallejos y yo, y luego Beatriz Sánchez y Ericka Portilla.

En esa comisión se presentaron 25 normas transitorias que versaban sobre principios de probidad y transparencia, mecanismos de democracia participativa, nacionalidad y derechos fundamentales. De esas 25 normas transitorias, se aprobaron solo seis, y esas seis son las que vamos a presentar brevemente.

Las primeras normas dicen relación con los mecanismos de democracia directa, y la primera se refiere a la iniciativa popular de ley, respecto de la cual se dice que dentro del plazo de un año el Poder Ejecutivo deberá presentar un proyecto de ley que regule la iniciativa popular de ley, debiendo determinar la urgencia legislativa aplicable y la forma en que el órgano legislativo rendirá cuenta a la ciudadanía sobre las iniciativas populares en tramitación. El Congreso tendrá un año para completar la tramitación de ese proyecto.

De hecho, dentro de lo que nos presentó Segpres, que es lo que está resaltado en morado, uno de los puntos fue el de los mecanismos de democracia directa, respecto de lo cual era atingente la creación de normas transitorias.

Sobre ese mismo tema se aprobó una segunda norma, que es un artículo transitorio que dice que en mientras se dicta la ley general de participación ciudadana y se cree el Consejo de la Ciudadanía, será una unidad especializada del Servicio Electoral la encargada de cumplir las funciones establecidas en ese capítulo.

Esta es una norma que se presentó al inicio, cuando aún no teníamos todas las normas finales aprobadas, así que está un poco descontextualizada, pero la idea general apunta a lo que se espera.

Ahora continuará Loreto Vallejos.

Vallejos: Nosotros también recibimos normas sobre derechos fundamentales, respecto de las cuales se hicieron varias propuestas, pero la única que prosperó fue la de personas con discapacidad, y es para generar, en el plazo de un año, una ley que permita la creación de un sistema nacional que cubra y proteja la garantías de las personas con discapacidad.

Las otras son sobre interculturalidad. AL respecto, una norma transitoria que también se conversó cuando recién empezamos nuestra comisión. Me acuerdo que estábamos hablando respecto de qué pasaba con los niños que fueron separados de sus familias de origen y fueron dados en adopción por familias en el extranjero. Es un dolor muy importante para un grupo que está también dentro la Convención, que trae esa defensa desde los escaños reservados, y esta norma transitoria busca esa solución.

Nos parece que es una señal importante sopesar la posibilidad de que exista y persista esta norma transitoria. Es también una señal de encuentro entre ese pasado que a tanto nos duele todavía.

Finalmente, está la mirada de la nacionalidad plural que existe en esta Constitución, que vamos a entregar, en donde el Estado, en conjunto con los pueblos de Chile, definirán medidas jurídicas para poder reparar la negación de los pueblos originarios en su reconocimiento legal, en sus carnet de identidad, en los documentos oficiales.

El tema de la nacionalidad también fue una materia respecto de la cual se nos sugirió que existiera una norma, en donde la adquisición de la nacionalidad mediante solicitud está relacionada con las personas que nacieron en Chile y son hijos o hijas de extranjeros transeúntes y que existen, lamentablemente, hoy día, incluso siendo adultos algunos, y que no han podido obtener la nacionalidad por ser hijos de personas que transitaban por Chile. Sabemos que esas personas que transitaban por Chile se quedan finalmente y son niños apátridas. Gracias a la norma que se aprobó en nuestra comisión eso se elimina, pero hay algo que hacer todavía en cuanto a estas normas transitorias.

Nuestra comisión, como decía Lorena, presentó pocas y se aprobaron pocas, muy pocas. Son solo seis, y nuestra intención es defender al menos las que están relacionadas con nacionalidad, las relacionadas con las personas que tienen esta dificultad para encontrar a sus hijos e hijas en el extranjero que fueron dados en adopción y el tema de las personas con discapacidad a lo mejor lo podemos conversar con las que vengan en derechos fundamentales. Es posible que se puedan unir ahí. ¿Es posible? Esa conversación la tuvimos también en nuestra comisión.

Nuestra comisión es de las que ha requerido menos disposiciones transitorias, porque son principios, y los principios se instalan de pleno derecho en este nuevo Estado. Así que no sé si Lorena quiere cerrar también.

Céspedes: Quería comentar solamente que, desde nuestra perspectiva inicial, los mecanismos de democracia directa son algo nuevo, no están en nuestra Constitución actual, por lo cual requieren un proceso de implementación, que es también un proceso de creación, no es cambiar, sino que es crear. Consideramos que es una solicitud muy grande de la ciudadanía.

Este proceso, a pesar de que será gradual, puede ir implementándose desde un comienzo. Hay plazos que se pueden ir cumpliendo un poco más rápido, ya vimos que nuestra misma Convención estableció algunos mecanismos de participación que se pudieron implementar dentro de este año de trabajo. Entonces, esperamos que se pueda ir implementando en forma gradual, como una demanda muy solicitada de la población.

El otro punto que es muy importante de resolver es el de la cantidad de niños apátridas, y hay que resolverlo con prontitud.

Gracias.

Coordinación: Muchas gracias, Lorena y Loreto.

Vamos a pasar al tiro a la Comisión 4, con el convencional Valenzuela, después abriremos la palabra para las dos comisiones.

Convencional Valenzuela, por favor.

Valenzuela: Muchas gracias, señor Coordinador.

Como en todas las comisiones, la verdad es que hubo poco tiempo para efectos de poder preparar las normas transitorias. Además, advierto que tienen complejidades las disposiciones que fueron aprobadas, algo que respecto de lo cual, desde luego, la comisión es consciente.

Nosotros definimos 32 unidades temáticas a partir del catálogo de derechos fundamentales que fueron aprobadas. A partir de esas 32 unidades temáticas, se presentaron 69 iniciativas transitorias, y de esas 69, se aprobaron 42, que cubren prácticamente la totalidad de las unidades temáticas, con excepción de la unidad referida al sistema de seguridad social.

Ninguna de las disposiciones alcanzó la mayoría al interior de la comisión y, por lo tanto la comisión no formuló propuesta relativa a esa materia.

Si uno tuviese que esquematizar las normas transitorias que fueron aprobadas por la Comisión sobre Derechos Fundamentales, podría decir que se organizan en tres grandes grupos: uno que tiene que ver con una norma de carácter general, luego uno que tiene que ver con la implementación de diversos sistemas que están asociados a los derechos sociales y, finalmente, uno sobre normas especiales relativas a algunos preceptos en particular.

En cuanto al primer grupo, que es el de normas generales, estas tienen por objeto mantener vigentes las normativas que eventualmente, luego de publicada la nueva Constitución, puedan resultar inconstitucionales, con el objeto de evitar su derogación tácita. Es decir, que una vez entrada en vigencia la nueva Constitución, pueda, por ejemplo, seguir operando el sistema educacional o el sistema de salud, lo cual parece lógico.

Desde esa perspectiva, lo que hace esta norma general entonces -son dos normas generales- es que se habilita al legislador y a los órganos de la administración del Estado -es decir que tiene sentido amplio, porque entendemos que la regulación de estos elementos no solo se compone de leyes, sino que también de una serie de elementos propios de la potestad reglamentaria y del ejercicio administrativo que hacen los órganos de la administración del Estado- para efectos de que vayan adecuando esa normativa al criterio de constitucionalidad, conforme lo disponga la nueva Constitución.

En cuanto a normas generales, tenemos dos normas que se hacen cargos de estos elementos, de los elementos generales. Una señala que todas las disposiciones que resulten incompatibles con el nuevo texto constitucional seguirán vigentes mientras no sean drogadas, modificadas o sustituidas, y con el mandato directo al legislador y a los órganos de la administración del Estado para efectos de que dicten la normativa que las adecuen al nuevo contenido constitucional.

El segundo tipo de norma general está dado por la normativa que señala que se deben dictar las normas complementarias para efectos de ajustar los sistemas y la normativa relativa a los derechos fundamentales al nuevo texto constitucional y con el mandato -aquí es donde está la diferencia- de que, para efectos de que la legislación previa no sea incompatible, se mantendrá su aplicación solo en aquellos elementos que sean necesarios para que no generen efectos regresivos en materia de derechos fundamentales.

En cuanto a las normas sobre los distintos sistemas que se regularon en la Comisión sobre Derechos Fundamentales, tenemos, en primer término, la normativa relativa al Sistema de Salud, al Sistema Educacional, al Sistema de Cuidados y al Sistema de Seguridad Social, que, como ya señale, fue una materia que no alcanzó la mayoría en la comisión.

Las reglas generales que se establecen respecto de estas disposiciones es que los sistemas deben estar implementados en un plazo de dos años, que el inicio de la tramitación de esos sistemas le corresponde al Presidente de la República, a través de la presentación del proyecto de ley respectivo, en un plazo de dos años, salvo el Sistema Nacional de Cuidados, cuyo plazo se establece en un año.

Finalmente, respecto de las normas relativas a preceptos particulares, es decir, no a la implementación de sistemas ni a reglas generales, sino a preceptos particulares, que están dados básicamente por disposiciones específicas que se contienen en cada uno de los derechos fundamentales, ahí se establecen distintas reglas graduales de implementación, que, básicamente, son una orden, un mandato el Presidente de la República para efectos de que presente los proyectos de ley en los plazos respectivos.

En este caso tenemos desde plazos de dos años como los establecidos para la implementación de los sistemas generales, hasta plazos de un año, como el que se propone para la presentación de proyectos de ley específicos relativos a algunas materias, entre los cuales tenemos la presentación del proyecto de ley relativo al trabajo decente, adecuar la normativa en materia de trabajo decente, adecuar el órgano fiscalizador en materia laboral, como la Dirección del Trabajo. Al respecto, se señala que eso debe hacerse en el plazo de un año.

Se establece, además, un plazo de dos años para efectos de la implementación del Sistema Nacional de Educación y del Sistema Nacional de Educación Pública.

En el caso de los derechos colectivos de los pueblos originarios en materia de propiedad, se establece un plazo de seis meses para la creación de la comisión territorial y otros de seis meses para efectos del trabajo que debe realizar esa comisión.

En síntesis, lo que quisiera señalar, es que es posible abstraer, del conjunto de normas que fueron aprobadas, que se observan tres grandes grupos de normas: primero un grupo general, que es el de normas generales que habilita a la normativa que se mantenga vigente para efectos de poder dar continuidad a los servicios sociales, en algunos casos con una norma más limitada que para otros; en segundo término una implementación general de los sistemas relacionados con los derechos sociales, en un plazo de dos años, y, finalmente, normas específicas respecto de preceptos específicos cuyas variaciones están entre los seis meses, como puede ser la creación de la comisión sobre tierras indígenas, hasta el plazo de un año para la implementación de materias tales como el Sistema Nacional de Educación Pública.

Eso es lo que podría decir en términos generales, coordinador, respecto de las materias que fueron aprobadas por la comisión.

Coordinación: Muchas gracias, convencional Valenzuela.

Como hay agrupaciones de temas, es importante empezar a hacer esa sistematización.

Se ofrece la palabra sobre las exposiciones de la Comisión sobre Principios Constitucionales y de la Comisión sobre Derechos Fundamentales.

Se ofrece la palabra.

Tiene la palabra el convencional Ignacio Achurra.

Achurra: Muchas gracias, Coordinador.

Seré muy breve.

Agradezco las presentaciones. Fueron muy claros los tres niveles que presenta la iniciativa en materia de derechos fundamentales. Creo que, efectivamente, es clave establecer una norma general que permita dar continuidad a los servicios actuales, mientras entran en vigencia los nuevos servicios y se habiliten los nuevos derechos y su respectiva institucionalidad.

A propósito de una intervención que hizo Loreto Vallejos, yo entendía que en principio nos estábamos refiriendo a las comisiones 1 y 3, pero ella nos adelantó un tema respecto de cuáles serán las cuestiones que la ciudadanía empezará a experimentar como cambios positivos que impacten en su calidad de vida, que es el fin último de todo este proceso que estamos llevando adelante.

Yo creo que en materia de derechos sociales hay algunas cuestiones que son clave, por ejemplo, en el ámbito del sistema de cuidados, respecto de lo cual se puede pensar en algún tipo de mecanismo que permita que se empiecen a habilitar ciertos derechos de la manera lo más pronta posible.

Efectivamente, en materia orgánica, y perdón que me refiera a los puntos anteriores, pero no hice uso de la palabra antes, hay ciertos plazos que están dados, entre otros, por ciertos criterios generales que uno podría o no asumir como, en caminos amplios, el respeto a los mandatos populares vigentes, y eso establece inevitablemente ciertos tiempos. En el caso de una parte del Senado va a requerir una adecuación.

Pero creo que, sin duda, aquí, en materia de derechos fundamentales es donde nosotros podríamos pensar en esos elementos que permitan tener este equilibrio entre gradualidad y progresividad, que no es gratuito, es porque queremos que esto se implemente bien y funcione. No es que queramos ni hacerle la pega más fácil o más difícil al gobierno o sobrecargar más o menos al Parlamento. Tiene que ver con la capacidad legislativa; tiene que ver con la capacidad del gobierno de implementar de manera eficiente y dar cuenta de un proceso que funciona y no de un proceso fallido.

Entonces, insisto, creo que aquí tenemos una oportunidad para dar esas señales claras de que entra en vigencia un nuevo orden y nuevos derechos, nuevas garantías que van en la dirección de mejorar la vida de las personas. Y creo que en el sistema de cuidado ahí hay una clave.

Gracias.

Coordinación: Tiene la palabra la convencional Loreto Vallejos.

Vallejos: Muchas gracias.

Sí, creo que la gradualidad es muy importante, y hay que hacerlo bien.

Comparto absolutamente las recomendaciones que se nos hacen desde el informe que llega. No quiero que quede como que una está en contra de eso, sino que tenemos que decidir qué vamos a querer, cómo mover un poco más rápido, qué cosas.

Justamente, en el informe que presenta el señor César Valenzuela, una, al leer las disposiciones transitorias, se pregunta, hay varias que se repiten, el tenor es claramente, hay varios derechos que sí reciben y otros que no.

Entonces, la pregunta que, a ver si el señor César Valenzuela nos puede ayudar, cómo lo ve él, si es necesario, creen ustedes, habrán podido conversar en la comisión, dentro del millón de cosas que tuvieron que hacer, y aprovecho de darle las gracias a la Comisión sobre Derechos Fundamentales por el tremendo trabajo que hicieron para sacar adelante todas las normas; pero, además, de traer normas transitorias. Es verdad que se parecen algunas, pero hay un esfuerzo que se agradece mucho.

Quería preguntarle a don César Valenzuela, como coordinador, cuántos cree usted que debiesen pasar de todos estos derechos. En cuáles cree usted que debiésemos detenernos un poco más.

Lo decía usted recién: una general para varios derechos. Cuál fue la conversación que se dio en la comisión. Para quienes no tuvimos la oportunidad de estar ahí, no sé si nos puedas comentar cómo lo vieron ustedes en la comisión, sobre cuáles debiesen pasar efectivamente al borrador como normas transitorias.

Laibe: Gracias, coordinador.

Comparto muchas de las cosas que se han señalado acá.

Comparto con la señora Loreto Vallejos la necesidad de identificar materias que nosotros vamos a ofrecerle a la ciudadanía como de urgente implementación.

Eso es una discusión que claramente tenemos que tener.

Ahí yo haría una distinción –ya la adelantaba Ignacio- respecto de la implementación de la orgánica, porque requiere una gradualidad mayor, como es el caso de la Cámara de las Regiones, las formas de Estado y las asambleas regionales, en relación con los derechos fundamentales, específicamente de los derechos sociales, y con las materias medioambientales.

En derechos sociales también hay un amplio rango para hacer distinciones respecto de cuales son aquellos derechos que pueden implementarse de forma más rápida, porque el alcance o la transformación es más acotada.

No sé, de alguna forma Ignacio adelantaba que el sistema de cuidado es un cambio grande; pero tiene elementos que ya están disponibles en la política pública. Uno podría pensar en una implementación de subsidios, de un crecimiento del “Chile Crece Contigo”. Y esa es la primera piedra de esa implementación del sistema de cuidado, a diferencia de un rediseño del sistema de seguridad social o de salud, que efectivamente van a requerir la integración de los prestadores privados, en el caso de salud; una reforma sobre la seguridad social y la capitalización individual versus el sistema de reparto o elementos de solidaridad, que ya son preguntas mayores.

Entonces, también debiésemos ir pensando en derechos sociales, cómo esquematizamos, en función de las necesidades de la ciudadanía y también de la capacidad de concreción de estos, en la realidad.

Otra cosa que aquí se mencionó, que me parece relevante es que en esta Convención hemos tenido una discusión sobre mecanismos de democracia directa o mecanismos que le permitan a la ciudadanía participar de mejor forma en el proceso político. Tenemos una serie de mecanismos consagrados en la nueva Constitución.

Va a ser muy relevante e importante que este proceso de implementación también tenga esos mecanismos, de alguna forma, como garantía, como acompañamientos de la implementación.

Pero veo que ahí tenemos un problema institucional.

Lo que vamos a ver mañana, por ejemplo, es el Servicio Electoral y la implementación de esa norma que tiene como nueva función el Servicio Electoral: el hacerse cargo de los mecanismos de democracia directa.

Entonces, también tenemos que pensar en la institucionalidad que va a hacerse cargo de ella. Implementación de estos mecanismos para que en la metodología de nuestras conversaciones no separemos tanto los temas, porque las instituciones son claves en la implementación de los derechos sociales.

Y, para terminar, también hacer una distinción. Veo acá algunas normas que no necesariamente tienen una norma permanente, que también vamos a tener que ver cómo las discutimos y cómo muy valorables.

Me refiero, por ejemplo, a que hay una norma respecto de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Me parece que es un tema atendible, pero no tiene una norma permanente.

Entonces, hay que ver cómo nos hacemos cargo en este informe.

Pero seguramente van a haber más para tratar en el proceso de indicaciones, de vincularlas y que no queden en el aire ese tipo de normas.

Gracias.

Tiene la palabra el señor Marcos Barraza.

Barraza: Gracias, coordinador, coordinadora.

Concluyo de la exposición del constituyente César Valenzuela que se estableció una priorización en relación con temporalidades diferenciadas, dependiendo de sistemas, leyes y comisiones, lo cual me parece pertinente.

Antes de pronunciarme sobre prioridades políticas, quisiera compartir mi criterio respecto de la importancia de conocer la disponibilidad de recursos con los cuales cuenta el Estado.

Para nosotros es clave o, más que clave, relevante tener claridad sobre la temporalidad graduada de la implementación de cada ley, de cada comisión, a propósito de los impactos que tenga, o de cada sistema. Sin embargo, no somos nosotros los llamados a determinar la temporalidad de la implementación, por ejemplo, de las coberturas sociales, sino que estamos más bien llamados a establecer ciertos mandatos, en mi opinión, respecto de períodos legislativos para que el legislador, en conjunto con el Ejecutivo, con posterioridad de eso, establezca cuál es la gradualidad de implementación, que es distinto de lo que se ha dicho en los medios de comunicación.

Es evidente que si hay una nueva ley de salud pública, la implementación de las coberturas, la implementación de la infraestructura en las respectivas regiones, comunas, territorios va a ser una materia legislativa en términos de la gradualidad.

Lo que a nosotros nos convoca es definir cuál es el período de legislación.

Hago esa distinción, porque no vamos a tener elementos de análisis como para nosotros establecer un mandato expreso respecto de temporalidad en la cobertura de una ley.

Dicho eso, le doy mucha importancia, especialmente a la comisión, que establezca el procedimiento y los estándares para la restitución de tierras a los pueblos originarios.

Lo que está cursando en el presente y en el pasado, es un conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile, por la inacción y por la negación del Estado de Chile. Si no avanzamos en el proceso de restitución de tierras, el conflicto no tendrá posibilidades de resolución. En consecuencia, tener un mandato expreso para la constitución de esta comisión, es una medida contribuyente a ir despejando un conflicto que requiere de soluciones concretas.

En segundo lugar, estoy de acuerdo con establecer un mandato para la implementación de sistemas, por ejemplo, el de cuidado y creo que será objeto de deliberación cuál será la temporalidad adecuada.

En consecuencia, pongo especial atención en el mandato para las futuras leyes sociales, derivadas de este proceso constituyente. Creo que debiésemos expresar, en disposiciones transitorias, prioridades en cuatro dimensiones, que me parece que son de urgencia social: pensiones, salud, vivienda y leyes laborales. En ese contexto, tiene que haber, a mi juicio, un mandato claro para la presentación de proyectos de ley, considerando que no todo puede ser resuelto en la primera etapa. Establezco esta prioridad, porque los gobiernos tienen capacidades limitadas, todos los gobiernos. Me estoy refiriendo al ámbito de Derechos Fundamentales, cuando discutamos Medio Ambiente, me referiré a Medio Ambiente. No es que esté subvalorando otras comisiones, a propósito de lo que se ha intercambiado, pero, en este caso, es sobre Derechos Fundamentales.

Entonces, hay que darle un plazo al Ejecutivo para la presentación de proyectos y hay que darle un plazo al Legislativo para la legislación de estos proyectos, porque no puede eternizarse. Ciertamente, también, hay que considerar qué pasa si el Legislativo no legisla en los plazos adecuados, entonces, las atribuciones del Ejecutivo vía decreto, son una materia que hay que considerar.

Lo anterior, lo conecto especialmente con la aplicación de los cuerpos legislativos de la nueva Constitución en el actual Congreso. Si operamos para leyes ordinarias, con los quorum vigentes, van a descansar en el sueño de los justos los proyectos de ley. Entonces, la clave es proveer gradualmente de la institucionalidad legislativa a este Congreso vigente.

Bravo: Gracias, señor Barraza.

Tiene la palabra el convencional Javier Fuchslocher.

Fuchslocher: Coordinador, no voy a agregar más de lo que Marcos ha explicado bien, respecto de cómo se debe dar gradualidad a las normas transitorias. Sin embargo, creo que es importante hacer un punto en general, para que no tengamos alguna tentación de considerar que hay transitorias que son más importantes que otras. Las transitorias tienen que ser parte de un todo coherente y también tienen que dialogar bien entre sí, no solo con el articulado del cual emanan.

En ese sentido, creemos que, tal como señaló Marcos, tener transitorias especiales para cada tema nos podría llevar a tener un catálogo extenso de normas transitorias. En consecuencia, creo que lo que tenemos que tener son mandatos específicos al Legislativo y al Ejecutivo, definiendo plazos que nos permitan una transición coherente y escalonada, y que permitan, también, la implementación correcta de la nueva Constitución. En ese sentido, creo que César lo explicará con mucho más detalle.

En consecuencia, cuando desde la Comisión sobre Derechos Fundamentales se establecieron esos mandatos generales, que permitieran el cambio en la legislación vigente en la política pública vigente, lo que se buscaba era justamente que los tiempos en que se debatiera, en la temporalidad digamos, dos, cuatro, ocho o diez años, fuera un tiempo que permitiera la aplicación correcta y no que restringieran la aplicación. Tener tiempos más cortos no implica que la implementación vaya a ser más eficiente, sino que hay que considerar si es que estos van a conllevar un mayor gasto fiscal, si van a requerir de actualización de ley o si tendrá que recurrirse a la potestad reglamentaria del Presidente para poder avanzar.

Creo que esos son temas importantes de definir y, justamente, hacerlo con los insumos que vengan desde aquellas instituciones que van a implementar estas normas, tal como decía Tomás, por ejemplo, el Servicio Electoral (Servel), que será el que deberá implementar los mecanismos de democracia directa u otros que se pudieran ver involucrados y, tal como señaló Marcos, cómo ellos van a tener la capacidad de implementar esto con los recursos que tienen y con los quorum que requieran en el Legislativo para poder tener esas actualizaciones de ayer.

Gracias, Coordinador.

Coordinación: Gracias, Javier.

Tiene la palabra la convencional Carolina Vilches.

Vilches: Gracias, Coordinador.

Me llama la atención lo importante que es plantear una propuesta de norma transitoria respecto de garantizar el derecho humano al agua que, bien sabemos, constituye una necesidad importante para el ejercicio de los derechos humanos.

En ese sentido, mi preocupación es cómo evitamos mantener un sistema de abastecimiento de emergencia por una década más, cuando sabemos que hay un claro sentido de urgencia. Entonces, en ese sentido, pensar en lo que ha declarado el gobierno. Por ejemplo, respecto del Código de Aguas, me pregunto cómo se integran los principios de solidaridad y de democracia participativa que hemos planteado en los consejos de cuenca, cuando estamos hablando de una crisis humanitaria en que no podemos esperar que se constituya la Agencia Nacional del Agua, por ejemplo, para garantizar un derecho humano que es tan importante como el derecho humano de acceso al agua y que nos permite ir a trabajar, asistir a la escuela y otras cosas.

Entonces, en ese sentido estoy muy de acuerdo con que hay mandatos que son urgentes al legislador, establecer los tiempos y las temáticas prioritarias, pero también podríamos pensar en aquellos mandatos que pudieran asumir y que ya están ejerciendo los gobiernos regionales y locales, y que llevan mucho tiempo invirtiendo recursos en atender estas materias, por ejemplo, en clave de emergencia.

Podría dar un giro, pasar de la emergencia a una seguridad de tener el derecho humano al agua y que creo que, por lo menos en nuestro caso, es lo que nos trajo acá y que sabemos que es fundamental para que podamos garantizar los otros derechos que también son fundamentales.

Coordinación: Tiene la palabra el convencional Jaime Bassa.

Bassa: Muchas gracias, Coordinador.

Me parece muy interesante la propuesta de César, porque creo que apunta correctamente al objeto de esta comisión.

El objeto de esta comisión no es -creo yo- darle mandatos al legislador. Eso ya lo hace la nueva Constitución. Los mandatos a la ley están en el texto permanente que nosotras y nosotros ya aprobamos.

Lo que busca el articulado transitorio es aprobar reglas que modifiquen la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional y que sean distintas a la regla general, porque ya está la regla general de entrada en vigencia de la Constitución.

El inciso 10 del artículo 142 de la Constitución vigente establece que dicho texto, el de la nueva Constitución, será publicado en el Diario Oficial dentro de los 10 días siguientes a su promulgación y entrará en vigencia en dicha fecha. Es decir, todos los mandatos que la Constitución contempla para el legislador, entrarán en vigencia el día en que la nueva Constitución se promulgue y se publique en el Diario Oficial. Por lo tanto, la tarea que tenemos - por eso es tan interesante la propuesta que hace César de distinguir la tarea que tenemos acá es identificar reglas que permitan establecer criterios de entrada en vigencia distintos a la regla general.

Por ejemplo, ¿cómo se va a remplazar una orgánica por otra? ¿Cómo y cuándo la Cámara de las Regiones reemplaza al Senado? ¿Cómo y cuándo las asambleas regionales reemplazan a los consejos regionales? ¿Cómo y cuándo los nuevos gobernadores asumen las competencias de la nueva Constitución? ¿Cómo y cuándo la Corte Constitucional reemplaza al Tribunal Constitucional?

Ese es el ejercicio que tenemos que hacer, de modo tal que, cuando entre en vigencia la nueva Constitución, que va a ser el día en que se publique su texto en el Diario Oficial, no se produzcan desfases entre la nueva Constitución y el derecho vigente, y sobre todo, a propósito de la no regresividad, planteada por César, no se produzcan lagunas. Efectivamente, como dijo Javier, tenemos que evitar, a toda costa, la tentación de tener un artículo transitorio por cada artículo permanente. Tenemos que avanzar, más bien, hacia lo propuesto por César, en cuanto a tener sistemas, de tener un modelo, y que un artículo genérico, sistémico, se aplique a tantas instituciones como aquellas que caigan dentro de las hipótesis que contemple el artículo general.

Eso es lo que nos va a permitir regular la entrada en vigencia de la nueva Constitución, que es la tarea del articulado transitorio y no fijar en la pauta a la agenda legislativa que va a desarrollar la nueva Constitución, porque los mandatos a la ley ya están en el articulado permanente.

Entonces, tenemos que identificar cómo se genera ese tránsito, para evitar lagunas, para evitar contradicciones entre la nueva Constitución y el derecho vigente y, sobre todo, ver qué mandatos, de los que hoy tiene la Constitución a la ley, generan contradicciones con la ley vigente o generan lagunas demasiado insalvables con la ley vigente.

Efectivamente, en materia de aguas hay una, y probablemente haya otra en materia de restitución de tierras. Es posible que esas sean las materias en las cuales necesitemos artículos transitorios, pero liberemos la acción política de acá en adelante, no caigamos en la tentación de fijar la agenda de acción política una vez que la nueva Constitución esté promulgada. La tarea de los artículos transitorios es regular la entrada en vigencia excepcional de las normas que ya están aprobadas en el texto.

Muchas gracias.

Coordinación: Tiene la palabra el convencional Adolfo Millabur.

Millabur: Muchas gracias, Coordinador.

Naturalmente, estamos ante una especie de aproximación del pensamiento de cada uno de los colectivos respecto de lo que nos toca trabajar, que son las normas transitorias.

Como se escuchó el tema del sistema político, tendremos que dejar certeza respecto del sistema electoral y responder hasta cuándo van a estar las autoridades hoy electas.

Creo que esta comisión va a dar esa claridad una vez que terminemos el trabajo. El trabajo necesita esa claridad que, por cierto, es nuestra tarea. Sin embargo, estamos en una materia en que, como bien planteó el coordinador de la Comisión sobre Derechos Fundamentales, nos vamos a tener que poner en la situación del sentido de urgencia, porque todos quienes queremos a nuestro país -no pongo en duda que todos lo queremos- buscamos estabilidad de todo tipo, económica y social.

Tenemos que darle sentido de urgencia para que haya estabilidad social en las normas transitorias, porque para el estallido social del 18 de octubre aquel, el sector político no había dimensionado la urgencia de los cambios que se necesitan.

En ese aspecto, creo que en cuanto a los derechos sociales, tenemos que poner normas que, leyendo aquellas que ya existen, les den un mandato a las comisiones, pero nosotros tenemos que darles el aterrizaje. De las cuarenta normas que tiene la Comisión sobre Derechos Fundamentales, lo más probable es que tengamos que priorizar las más importantes.

Como convencional de los escaños reservados mapuches, tendrán presente la situación que se vive en el Wallmapu; el sentido de urgencia que tiene el país respecto de una norma transitoria que le dé plazos al Legislador y al Ejecutivo para resolver la convivencia en nuestro territorio. Lo que no podemos hacer es acostumbrarnos a resolver el sentido de urgencia con estado de excepción. Eso puede que aplaque, como una especie de analgésico, la urgencia que necesita nuestro territorio de resolver, en esta comisión, un horizonte de paz duradera en nuestro territorio.

Ya tenemos normas generales y, como bien dijo el convencional Bassa, la propia Constitución, una vez que se apruebe, va a funcionar ipso facto en todas las normativas generales, pero sí hay una cuestión que nosotros consideremos de urgencia coloca en materia de derechos sociales, que es lo que generó la revuelta o el levantamiento popular.

En el caso particular del Wallmapu, creemos que esta comisión tiene que proponerle al Pleno y al país una manera gradual de avanzar, con sentido de responsabilidad y de estabilidad, sobre todo en una disposición transitoria, para que no nos acostumbremos al estado de excepción en nuestros territorios.

Muchas gracias.

Coordinación: Tiene la palabra el convencional Fuad Chahin.

Chahin: Muchas gracias.

Comparto que un elemento que necesita ser tratado con sentido de urgencia es la implementación de los derechos sociales garantizados. Solo lo comparto, pero creo que no hay que confundir urgencia con voluntarismo.

Lo digo porque, para que realmente podamos establecer esa garantía, no solo se requieren cambios legislativos que están muchos de ellos mandatados en los artículos permanentes, sino que también implica tener los recursos necesarios para poder responder aquello. De lo contrario, lo que podemos hacer es acumular frustración. Eso requiere ciertos procesos, requiere preparar esos sistemas. Imagino lo que ocurre con la norma en materia de salud. El sistema público tiene que estar preparado para poder resistir y responder adecuadamente, en forma oportuna y de calidad, a esa mayor demanda, porque personas que hoy se atienden en el sistema privado van a pasar al sistema único, y no me refiero solo a los prestadores, sino que me refiero al seguro o al fondo, etcétera.

Entonces, creo que eso requiere que vayamos preparando presupuestariamente al Estado para poder responder aquello. Ese es un dato que no tenemos, no sabemos cuánto cuesta cada una de las garantías que estamos estableciendo en la Constitución. No sabemos cuánto tiempo vamos a necesitar para disponer efectivamente de esos recursos. En ese contexto, creo que tenemos que escuchar a las instancias técnicas. Viene un proceso que, si ustedes ven el informe del gobierno, requiere estudios, análisis, diagnóstico, participación ciudadana, participación de los funcionarios, proceso legislativo y proceso postlegislativo, en que se tienen que dictar reglamentos de ejecución de ley. Por lo tanto, creo que no podemos actuar con voluntarismo, eso aparece ahí, porque tenemos que hacer las cosas bien y, en consecuencia, que esos derechos sociales se puedan ejercer efectiva y adecuadamente, y no que solo queden reconocidos a nivel del texto constitucional.

En ese contexto, creo que es muy importante el acompañamiento del poder constituido, por así decirlo, que tiene información que nosotros no tenemos, no solo desde el punto de vista de los procesos, sino, también, desde el punto de vista de los costos asociados a aquello y poder tener una transición ordenada; con sentido de urgencia, pero también con realismo.

Coordinación: Tiene la palabra el convencional Julio Álvarez.

Álvarez: Me referiré a dos cuestiones que fueron planteadas, una por el convencional Barraza y otra por el convencional Millabur.

Con respecto a lo dicho por el convencional Barraza sobre la eventual aplicación de decretos para la aplicación de las normas transitorias de la propia Constitución, entiendo que cuando se habla de esos decretos se hace referencia a decretos en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente, convencional Barraza, ¿o usted entiende que se trataría de decretos con fuerza de ley? En ese caso, habría una diferencia. Pido esa precisión, para poder trabajar sobre lo mismo.

En relación con lo dicho por Adolfo, entendí una cuestión distinta respecto de lo planteado por el convencional Bassa. Lo que estamos diciendo es que, si no tenemos normas transitorias, la Constitución rige in actum. Es decir, en el fondo, las normas transitorias pasan a ser un límite de la Constitución. Esa consecuencia es muy importante, porque al ser un límite las normas transitorias, implica que todo aquello que no forma parte de esas normas transitorias, es decir, donde no se establece límite, todo el resto que no forma parte de la norma transitoria rige igual in actum.

Eso tiene importancia con respecto a la forma en que debemos ver, como Comisión de Normas Transitorias, algunos aspectos, como en algún momento dijo el convencional César Valenzuela. Es decir, lo que se denomina la derogación tácita de algunas normas.

Ese es un tema que también debiéramos ver ahora.

Gracias.

Coordinación: Para hacer fructífero esto, plantearé que el convencional Marcos Barraza estaba preguntando si era decreto de fuerza de ley, decreto autónomo, obviamente, no de ejecución de ley. Adelante.

Barraza: Mi propuesta no contempla decretos vía reglamentaria, sino, más bien, la posibilidad de decretos con fuerza de ley, si es que no se cumple el plazo legislativo.

Coordinación: De acuerdo.

Gracias.

Quedó claro.

Tiene la palabra la convencional Loreto Vallejos.

Vallejos: Quisiera decir solamente que un aspecto es decir “urgencia” para poner énfasis, no es voluntarismo. Eso es algo que hay que dejar claro, porque entendemos que hay que mirar cuánto va a costar. No estamos pasando por encima de eso, pero sí hay que definir políticamente qué elementos van a ser más relevantes que otros. Eso no es voluntarismo, sino que es una definición política, y eso hay que decirlo con claridad. Con respeto y con claridad.

Que algunos sectores quieran defender con mayor urgencia ciertos temas no tiene que ver con que se haga “a tontas y a locas” o sin tomar en consideración el financiamiento. No hay que caer, por favor, en pensar en esa palabra, voluntarismo, que es interpretada como algo más bien emocional, que no tiene base jurídica. Entrar en esos términos creo que es más peligroso.

Llamaría a que se elevara el diálogo en otro sentido.

Coordinación: Tiene la palabra el convencional César Valenzuela.

Valenzuela: Muchas gracias, Coordinador.

Lo que expuse fue con base en la normativa aprobada por la comisión, sin perjuicio de que hay muchos elementos que compartimos como colectivo, hay otros respecto de los cuales tenemos más distancia.

Entiendo que tendremos un momento luego en la deliberación, pero al menos lo que hemos conversado desde el Colectivo Socialista es que hay que invertir la forma en la cual estamos discutiendo la normativa transitoria, pasar desde las unidades temáticas y pensar esto, más bien, como un sistema.

Sin perjuicio de ello, y a propósito de lo que señalaron varios convencionales, entre ellos el convencional Barraza, la comisión fue sabia en entender que no le corresponde a la Convención Constitucional fijar los ritmos de implementación de las políticas del gobierno ni del Poder Legislativo.

Por eso, cuando se plantean los plazos, en particular respecto de los sistemas, son plazos respecto de la presentación de proyectos para regular sistemas que ya deberían entrar en rigor con la publicación de la nueva Constitución. No se establecen -esto fue intencionado- plazos para efectos de la tramitación de esos proyectos. Es decir, presenta el Presidente o la Presidenta, y luego el Congreso deberá tener un plazo que vamos a tener que discutir en esta comisión, para efectos de reglamentar. Tampoco hay elementos sancionadores respecto de si no suceden las acciones que estamos mandatando.

Digo lo anterior porque, justamente, lo que estamos pensando es que esto tiene que entenderse más bien como un sistema general y, a partir de esos sistemas, teniendo los elementos técnicos, en particular la capacidad presupuestaria, financiera que tenga el país, darle las urgencias que se tengan que dar.

Solamente me quiero quedar con eso. Entiendo que, luego, en la tarde, deberíamos tener la discusión política respecto de estos elementos, ¿verdad?

Coordinación: No estoy tan seguro.

Valenzuela: Digo no temática. Eso es lo que quiero transmitir.

Coordinación: Con la intervención del convencional Valenzuela cerramos la reunión de esta mañana y la suspendemos hasta las 15:00 horas.

Gracias a todas y a todos, especialmente al equipo técnico, que supo superar los problemas que tuvimos. Nada es imposible.

Gracias.

Tiene la palabra la convencional Jennifer Mella.

Mella: Muchas gracias a los gobernadores. Es un placer volver a verlos y, también, ver cómo han seguido de cerca el proceso constituyente. Se agradece toda la interacción que, tuvieron siempre tan disponible, junto con la ciudadanía que representan, durante la elaboración de las normas temáticas.

Tenía una duda con respecto al acople de elecciones. Para ustedes eso implicaría acortar el período actual de los consejeros regionales (Cores), que se eligieron en mandato con las autoridades nacionales, para acoplarlo al período de elección regional.

Lo otro es que ustedes hablan del Consejo de Gobernaciones. Nosotros pusimos un plazo que, obviamente, era de máxima prioridad, entendiendo que no era algo difícil de ejecutar, pues no requiere de una ley ni de una norma, sino que puede convocarlo el Presidente luego de tres meses de implementar la Constitución. ¿Pudieron ver esa norma transitoria?

También, nosotros, en la Unidad de Implementación Financiera, pusimos que una de las cosas más importantes durante el año 2023, en cuanto a que se pueda fijar el organismo que pudiera otorgar datos confiables para la implementación de la distribución fiscal para la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2024. ¿Cómo ven esa periodicidad en cuanto a la descentralización financiera y al acople de las autoridades que mencionan?

En último término, también, hablamos sobre el delegado presidencial. Ustedes lo veían como una figura de un seremi de seguridad. ¿Siguen teniendo esa opinión? Porque, si bien no nos hacemos cargo en la norma constitucional, efectivamente, esa era, en ese minuto, la opinión de la asociación.

Estas eran mis consultas para los gobernadores.

Gracias.

Coordinación: Gracias, convencional Mella.

Tiene la palabra la convencional Geoconda Navarrete.

Navarrete: Muchas gracias, Coordinador.

Buenas tardes, gobernador.

Mis consultas son respecto de la presentación que usted hizo y a un poco de conocimiento que tengo sobre los gobiernos regionales.

¿Cómo visualiza usted que operará el control financiero? Lo pregunto, pues habló mucho de los problemas, de cómo se entrampan por los trámites administrativos que existen y han existido desde siempre. Ese ir y venir de decretos, convenios y autorizaciones que, finalmente, aparte de los ministerios, requieren a la Dipres y, después, a la Contraloría. Eso lo hace engorroso. Me gustaría saber cómo lo visualiza usted de manera más operativa, en una región autónoma.

En segundo lugar, ¿cómo haría más operativa usted a la Dipres o qué lugar le da a la Dipres en ese sentido? Sobre todo, considerando que si hay algo por lo que tenemos que velar, es por el control financiero y la buena ejecución de los recursos públicos que, finalmente, son de todos los chilenos.

Otro tema que, también, me gustaría saber, es cómo visualiza la implementación o ampliación de las plantas de los gobiernos regionales, considerando que, efectivamente, habría, en la eventualidad de que esto se apruebe, un traspaso de competencias que hoy no la abordan los gobiernos regionales y que para ello requerirían recursos humanos.

Muchas gracias.

Coordinación: Gracias convencional.

Tiene la palabra el convencional Adolfo Millabur.

Millabur: Gracias, Coordinador.

Por su intermedio, saludo al gobernador y agradezco sus palabras de ayer. Creo que fue muy ilustrativo al hacer uso de la palabra y creo que me interpretó plenamente como lo describió. Como dueño de casa, muchas gracias por recibirnos. También agradezco la presencia de los gobernadores que están en conexión.

Un par de preguntas con respecto a las transitorias. Me imagino que han leído todo el compilado de transitorias, que son muchas, que cada una de las comisiones temáticas evacuaron y respecto de las que nosotros tenemos que decidir en cuanto a cuáles son las que, efectivamente, entregaremos al Pleno. En esa línea, me gustaría saber cómo ven el tránsito del consejo regional a lo que va a ser la asamblea regional.

¿Cuáles serían los tiempos que ustedes encontrarían razonables? ¿De qué manera ven la forma de transferencia de competencias que van a recibir las regiones desde el poder central y su gradualidad? En ese contexto, hay varias transitorias y la idea es no hacer un capítulo similar al de la Constitución, sino algo que sea lo más ejecutivo posible, para que, efectivamente, le sea útil a las regiones.

Esas son mis dos preguntas.

Coordinación: Muy bien, muchas gracias, Adolfo.

Tiene la palabra la convencional Adriana Ampuero.

Ampuero: Muchas gracias por la exposición.

Concuerdo en buena parte con lo que ustedes mencionan. Les agradezco, también, el apoyo y el respaldo que nos han dado.

Una consulta, respecto de la transferencia de competencias entre el Estado y la región autónoma, la región autónoma y la comuna, etcétera ¿Cómo se lo imaginan? ¿Se lo imaginan como transferencias por regiones piloto, como se mencionó en la mañana o como una transferencia escalonada de competencias iguales para todos?

Personalmente, me da un poco de temor que se genere en las regiones piloto, porque fomenta, también la migración entre la región que va más avanzada y la que va menos avanzada; la que ya está cobrando tributos y la que no; la que tiene más autonomía financiera y la que no, etcétera.

Entonces, me preocupa la transferencia de competencias, me preocupa que sea a través de regiones piloto. Sin embargo, les consulto a ustedes si esa es una preocupación para los gobernadores o si, quizá, preferirían un sistema de atribuciones escalonadas de competencias, que sean iguales para todos y que les permitan ir implementando el Estado regional de manera equitativa.

Respecto de los delegados presidenciales, solo comentarles que, efectivamente, la Comisión de Forma de Estado nos los consagró, esperando que pudiéramos eliminarlo. Eso es así, también. Fue una promesa de campaña del actual Presidente, por lo que, no veo problema en abrir el debate sobre eso, así que les agradezco mucho traerlo a colación.

Coordinación: Tiene la palabra el convencional Fuad Chahin.

Chahin: Muchas gracias.

Simplemente, saludo a los gobernadores regionales. Les agradezco, especialmente a Ricardo, el extraordinario acto de ayer, su mensaje y, también, la recepción que nos ha dado esta región.

Mi pregunta va en la misma línea que la de Adriana. Es decir, si esa gradualidad se da o por implementar las regiones autónomas con todas sus competencias y que exista una gradualidad del punto de vista territorial, es decir, partir con determinado número de regiones que sean distintas e ir evaluando cómo se implementa, qué cosas hay que corregir y, luego, seguir con el resto, como se hizo la Reforma Procesal Penal, o que vayan todas las regiones a la par y que la gradualidad sea del punto de vista de las competencias que se levantan, transfiriendo a las regiones autónomas. O sea, si es por competencia o es por territorio. Por supuesto, quiero conocer su opinión al respecto.

No voy a hablar más, porque creo que lo planteó muy bien Adriana.

Gracias.

Coordinación: Tiene la palabra el convencional Roberto Vega.

Vega: Gracias, Coordinadores.

Hago extensivo los saludos al gobernador. Agradezco su hospitalidad. También saludo a los gobernadores que están por medio telemático.

Tengo dos preguntas.

La primera, porque creo que no escuché si quieren ampliar o no las atribuciones del Consejo de Gobernaciones, que plantea el actual texto constitucional, porque lo que tenemos es el texto planteado. No podemos extenderlo más allá de lo que ya fue aprobado por el Pleno y tampoco la Comisión de Normas Transitorias tiene facultades para revivir ni, tampoco, tratar nuevos capítulos.

La segunda, también en el mismo sentido, agradeceré precisar si prefieren que la elección de entes, como son los representantes regionales y los asambleístas regionales, se mantengan en la fecha que estaba originalmente programada, que correspondería al 2024, si no me falla la memoria.

El convencional Julio Álvarez tiene la palabra.

Álvarez: Muchas gracias.

Agradecer, en primer lugar, la exposición de los alcaldes, alcaldesas y concejales que han venido para acá.

Muy agradecido.

Mi duda radica fundamentalmente en que ustedes tocaron y, enhorabuena, aspectos que son más bien permanentes de la Constitución y que ya fueron regulados.

Esta Comisión de Normas Transitorias tiene por objeto es la aplicación de esas normas permanentes, de tal manera de poder hacer la transición entre la antigua Constitución con la nueva.

Bueno, desde el punto de vista de los municipios, uno de los elementos que nosotros tenemos que resolver en esta Comisión de Normas Transitorias, puesto que hay una iniciativa en ese sentido es el tema de la elaboración del estatuto comunal, seguramente lo deben haber leído, que será una norma que va a regular el funcionamiento de todos los municipios de Chile, elaborado por el concejo municipal, pero no se fijó un plazo para su implementación. Entonces, me gustaría saber cuál sería el plazo más adecuado que a ustedes les parecería para implementar desde ya el estatuto comunal.

La propuesta que conocemos acá, a nivel normas transitorias, es de dos años y eso es lo que nosotros, entre otros puntos, sobre los municipios tenemos que resolver. Entonces, ¿qué les parece el plazo de dos años? ¿Les parece mucho, poco o insuficiente?

Muchas gracias.

Coordinación: Tiene la palabra la convencional Adriana Ampuero.

Ampuero: Muchas gracias por la exposición, muy interesante también.

Desde la Comisión de Forma de Estado presentamos una transitoria que estipula un plazo de un año desde la entrada en vigencia del texto constitucional para la creación de una nueva ley de gobiernos locales que implicaría la derogación de la actual Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y esta transitoria, a su vez, consagra también la participación vinculante en la nueva ley de alcaldes, alcaldesas, concejos municipales, Cosoc, trabajadores municipales, organizaciones, etcétera. Por lo tanto, en ese contexto, quería preguntar si a ustedes les parece bien el plazo de un año. ¿Es prudente? o, quizás, ustedes consideran que para consagrar una participación efectiva de todos estos actores sería más prudente tramitarlo en un plazo distinto. Me gustaría preguntar qué opinan respecto de esto.

Mena: Gracias, Coordinador.

Dos cosas. Uno, sería importante que recordara o entregaran la información completa de cuáles son las instituciones que ya vendrían a exponer, porque usted dice que va a agregar por sobre otras que estuviesen ya comprometidas.

Y, lo segundo, que es un tema que se habló al principio, es importante señalar cuáles son, obviamente, los mecanismos o los espacios que se dieron para que estas instituciones pudiesen solicitar exponer en la comisión, ya que el Secretario mencionó al comienzo en la mañana, de que se inscribieron; entonces, cual fue ese espacio que se dio y de qué manera se comunicó a las distintas organizaciones o instituciones que se ven afectadas, obviamente, por esta propuesta de texto.

Coordinación: Gracias, Felipe.

Convencional Loreto, adelante.

Vallejos: Gracias, estimado Coordinador.

Sí, un poco para hacer un recuento, porque podríamos a lo mejor al término ahora, que nos pudieran como recordar cuáles son las organizaciones, las autoridades que se vienen; y también en qué momento van a presentar las otras comisiones. También hacer como ese recordatorio.

Y, también agradecer, de verdad, de todo corazón a los Secretarios, que de manera muy rápida hicieron el sistematizado a petición de un colega en la mañana, y ya está disponible en nuestros correos. De verdad se los agradezco y si no lo han revisado para que los puedan ir a buscar.

Muchas gracias porque sé lo que implica ese trabajo, y de verdad muchas gracias a los Secretarios y Secretarias, que en tan corto tiempo tienen ese sistematizado para que podamos revisar.

Muchas gracias.

Navarrete: Muchas gracias, Coordinadores.

Solamente junto con agradecer al Secretario esta aclaración y actualización de las citaciones que nos habían enviado, me permito solicitarle que la pueda enviar por correo también, porque la verdad es que fue súper rápido como para uno poder ir anotando, así que le solicito Secretario si estas modificaciones o aclaraciones que hizo, nos las pudiera enviar por correo, por favor, a todos los integrantes de la comisión.

Muchas gracias.

Coordinación: Gracias, convencional.

Convencional César Valenzuela.

Valenzuela: Muchas gracias, Coordinador.

Bueno, agradecer nuevamente a la Secretaría. Efectivamente tuvimos un documento rápido que era muy necesario, así que agradecer el esfuerzo.

Ya lo manifestamos así en la reunión del viernes pasado, si no me equivoco. Entendemos la relevancia que tiene escuchar a quienes hemos invitado a estas sesiones, porque son fundamentales. Sin perjuicio de eso, insistiré en que la Coordinación procure buscar algún momento en que los integrantes de esta comisión podamos discutir respecto de cómo estamos pensando el sistema o temáticamente, cómo estamos pensando la elaboración de normas transitorias, cosa que tengamos algún espacio de discusión política, previo al ingreso de las indicaciones.

Solo solicitar eso, Coordinador.

Coordinación: Tiene la palabra el convencional Roberto Vega.

Vega: Muchas gracias, Coordinador, Coordinadora. Agradecer al señor Secretario por la exposición.

Sumándome a las peticiones que han hecho Geoconda y César, me queda una duda: ¿la que utilizó el criterio para invitar a las entidades fue la Mesa de la Convención o fue la Coordinación de la directiva?

Lo segundo, es cómo lo podemos hacer, porque en algún minuto discutiremos sobre medio ambiente, y no veo que esté invitado ningún gremio productivo, que son a quienes sí les afectará. Tanto es así que en el mismo instructivo que llegó ayer de la Segpres, el ministro dice que se afectarán las inversiones, la recaudación fiscal y el empleo. Entonces, no me imagino cómo discutiremos sobre normas transitorias sin escuchar a quienes se les afectará respecto de las mismas.

Gracias.

Coordinación: Tiene la palabra el convencional Fuad Chahin.

Chahin: Yo creo que también es importante hacer los planteamientos de manera oportuna. Nosotros tuvimos una sesión la semana pasada, el viernes, si mal no recuerdo, después del Pleno, justamente para poder discutir el calendario. Dentro de este se hizo un debate respecto de las invitaciones, y los distintos convencionales pudimos sugerir algunos nombres o instituciones que debían participar. En función de eso, yo por lo menos, veo que está muy bien recogido lo que fue ese debate, que fue el viernes de la semana pasada.

Por lo tanto, creo que hay momentos para poder plantear eso. Se hizo una sesión de la comisión al efecto, si no se hizo esa propuesta cuando estábamos discutiendo el calendario de sesiones y las instituciones que era importante escuchar, bueno, creo que a lo mejor tiene razón el convencional Vega, que debían haber estado, pero precluyó eso, porque lo debería haber propuesto el viernes. Estoy seguro de que la Coordinación lo hubiese recogido y estarían invitados.

Comparto el criterio, que deberíamos haber escuchado el tema de fondo, pero hay un tema de oportunidad. Esto lo discutimos, lo debatimos el viernes en esa sesión, y nadie lo planteó. Por lo tanto, hoy como que responsabilizar o plantear que habría una especie de descriterio de la Coordinación al excluirlos, creo que no corresponde, porque nadie lo sugirió en la oportunidad en que se dio ese debate.

Gracias.

Coordinación: Tiene la palabra la convencional Adriana Ampuero.

Ampuero: Solo comentar igual, porque esto se está transmitiendo en vivo.

Efectivamente hubo una oportunidad para plantear esto, pero de todas maneras comentarle a la gente también, para la transmisión, que los convencionales recibimos solicitudes de ley de lobby. Imagino que a buena parte de ustedes, tal como me pasa a mí, nos han llegado varias solicitudes de ley de lobby para abordar el tema de las normas transitorias, donde si ustedes, convencionales, tienen acceso a ese tipo de reuniones, puedan compartir también la información con nosotros y todos podamos compartir la información que recibimos a través de esas reuniones, para que podamos insumarnos mutuamente.

La idea es que podamos colaborar, creo que encantados recibiríamos a los sectores productivos. Ojalá tuviéramos todo el tiempo del mundo para escucharlos, pero bueno, nosotros no elegimos redactar una Constitución en un año, fue un plazo que venía impuesto.

Estamos en un plazo bien complejo, no creo que haya mala voluntad para escuchar a los sectores productivos, creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es ayudarnos mutuamente. Si ustedes tienen información al respecto, a mí en lo personal me encantaría leerla y que la pudieran compartir y que seamos compañeros en este momento para acceder a la mayor cantidad de información posible.

Gracias.

Coordinación: Gracias, Adriana.

Por Zoom, tiene la palabra la convencional Rocío Cantuarias.

Cantuarias: Gracias, señor Coordinador.

Plantearé dos cosas. La primera es que en la sesión del viernes, después del Pleno, nosotros planteamos la inquietud respecto de cuáles eran los criterios de selección de los invitados. Esto de que precluyó el derecho, como dice el convencional Chahin, la verdad es que lo planteamos, pero no tuvimos respuesta y hoy nos encontramos con estos invitados acá.

Sobre la ley del lobby, no sé si los invitados a la Comisión de Normas Transitorias serán cada una de las personas que nos piden audiencia por lobby. No creo que sea un mecanismo muy eficiente, aunque agradezco la propuesta de la convencional Ampuero.

Respecto de lo que dice el convencional Valenzuela, estoy completamente de acuerdo con él. También lo planteamos el viernes pasado, que necesitábamos un poco más de tiempo para debatir y para dialogar al interior de la comisión, y no solo oír estas audiencias para las cuales todavía no sabemos cómo se seleccionan los invitados.

Así es que les agradecería aclararlo.

Muchas gracias, Coordinador.

Coordinación: Gracias, convencional Cantuarias.

Convencional Loreto Vallejos, tiene la palabra.

Vallejos: Solo quiero recordar que lo han dicho varias veces en la Coordinación y el Secretario. O sea, se ha explicado porqué se invitaron o se recibieron estas presentaciones. Lo han dicho varias veces. No sé si estamos en la misma sesión o alguien está mirando otra, pero lo han dicho varias veces. Las razones están: son los poderes políticos, las autoridades que se verán afectados por estas normas. No sé qué más explicaciones debe haber desde la Coordinación de esta comisión.

De verdad espero que se hable desde la buena fe. Los compañeros ya lo han dicho varias veces: por favor, avancemos.

Coordinación: Gracias, convencional.

Tiene la palabra el convencional Roberto Vega.

Vega: Muchas gracias, Coordinador.

Agradeciendo tanta aclaración que ha llegado en este último momento, también le dirigiré las mismas consultas al ministro Giorgio Jackson, porque, al parecer, el gobierno sí recogió los intereses de los gremios productivos. Les recomiendo a todos leer las conclusiones a las que llega, desde la página 40 a la 45, del reglamento emanado del gobierno del Presidente Boric.

Gracias.