Historia de la Constitución y de las Propuestas de Nuevas Constituciones

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

COMISIÓN DE FORMA DE ESTADO, ORDENAMIENTO, AUTONOMÍA, DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD, JUSTICIA TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL

ACTA DE LA SESIÓN 48, CELEBRADA EN MIÉRCOLES 09 DE MARZO DE 2022, DE 09:30 A 13:24 HORAS.

SUMA: Se dio continuidad a la deliberación de iniciativas convencionales constituyentes correspondientes al tercer bloque de normas de la Comisión de Forma de Estado.

Expuso su contenido frente a la comisión su autor, Nivaldo Piñaleo, junto a Pedro Núñez. El Sr. Piñaleo ofreció la introducción de la iniciativa evidenciando la participación de las comunidades que dio origen a la propuesta. Por su parte, el Sr. Núñez abogó por el empoderamiento de las autonomías territoriales indígenas en un plano de igualdad con los otros territorios no indígenas; así también, afirmó que la consagración del Estado plurinacional y otorga protección a los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, el objetivo de la norma es el reconocimiento a la propiedad ancestral indígena, lo que conlleva el derecho al territorio, tierras, aguas y recursos naturales. Bajo su entendimiento, los derechos territoriales de los pueblos originarios son ejercidos por parte de un sujeto colectivo, ya sea de una nación en su conjunto o en sus diversas unidades económicas o sociales propias, comprendiendo la gestión, utilización, goce, disposición y contribución a la conservación de sus territorios, tierras y de los recursos naturales que éstos albergan. Todo lo anterior en razón del despojo territorial, que ha significado la pérdida del 95%, aproximadamente, del territorio histórico.

Se abrió una ronda de preguntas y observaciones por parte de las y los Convencionales Constituyentes.

El convencional Sr. Castillo interrogó sobre los cambios en la vida de los habitantes de la comunidad al reconocerse su territorio como una autonomía territorial indígena.

La convencional Sra. Navarrete solicitó explicar cómo visualizan el reconocimiento y organización interna como territorio autónomo.

El convencional Sr. Jürgensen instó a ahondar sobre los procedimientos de determinación de los territorios geográficos, la restitución de tierras sujetas a propiedad privada y la autonomía financiera.

La coordinadora Sra. Mella aclaró que la propuesta sujeta a conocimiento y deliberación de esta comisión es el art. 13 de la iniciativa, el que señala: “Artículo xx: Para la protección de los territorios indígenas y en cumplimiento del derecho a la libre determinación, se crearán los territorios autónomos indígenas con personalidad jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio y cuentan con las potestades y competencias administrativas, reglamentarias, ejecutivas y fiscalizadoras necesarias para autogobernarse, en el ámbito de sus competencias, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución y la ley.”

El convencional Sr. Arancibia afirmó que el territorio de Alto Bío Bío tiene una densidad poblacional altamente indígena. Sin embargo, a su parecer, cada pueblo originario tiene características particulares, el pueblo Mapuche funciona a través de comunidades, en ese sentido, cuestionó las relaciones entre las distintas autoridades mapuches con la autoridad del gobierno central.

El convencional Sr. Jürgensen afirmó que los pueblos indígenas tienen derechos y existe una deuda que se debe reparar, pero esto no se puede realizar desconociendo el desarrollo humano y social durante la historia contemporánea. Señaló que ante soluciones difíciles se requiere gradualidad y reconocer la historia y capacidad de Chile para poder resolver algunos de los temas que plantean los pueblos indígenas por encontrarse en una posición atrasada en relación con el desarrollo del país.

La convencional Sra. Reyes señaló que el reconocimiento de los pueblos originarios ha ido avanzando, en ese sentido, manifestó su confianza que la propuesta se analizará y promoverá su conocimiento por el Pleno de la Convención.

El convencional Sr. Millabur aclaró que la base del pueblo mapuche es la comunidad y cada una de ellas integran al pueblo mapuche conforme a su organización que reconoce distintas identidades territoriales. Con respecto a la tierra, reconoció que existe un derecho occidental consumado pero también existe un derecho ancestral, distinguió entre lo legal y el carácter legítimo de los títulos de dominio.

El convencional Sr. Andrade destacó la frase del Alcalde Sr. Piñaleo: “somos una comunidad indígena pero nos regimos por leyes nacionales”. Agradeció la experiencia que vivieron en Alto Bío Bío en el marco del despliegue territorial de la comisión.

Expuso frente a la comisión la convencional Sra. Reyes quien dió lectura de la minuta de su propuesta, señalando que el Estado debe reconocer a las personas de los sectores rurales y de difícil acceso como grupos históricamente excluidos y que han sido privados de sus derechos. El estado debe avanzar hacia un estado social y sostenible considerando el bienestar de las personas, su desarrollo social, cultural, económico , productivo, medioambiental, según las particularidades territoriales. Ofreció antecedentes respecto a la ruralidad, señalando que en nuestro país la ruralidad está compuesta por el 25% del total de la población nacional y habita en 83% de este territorio, con 263 comunas rurales según el censo del 2017. Así también señaló que la economía rural aporta un 22, 1% del PIB, donde la agricultura familiar campesina e indígena produce casi la mitad de los alimentos consumidos en Chile con 279.000 exportaciones agrícolas donde el 90% corresponde a este tipo de agricultura familiar campesina e indígena. Realizó un diagnóstico de los problemas asociados a la vida rural, por ejemplo, la falta de suministro de energía eléctrica y agua potable, salud con un promedio de 1,3 camas por cada cien mil habitantes y 30 médicos por la misma cantidad de habitantes. Todo ello para afirmar que el Estado no ha ofrecido respuesta a las problemáticas actuales de la ruralidad, señalando como ejemplo, el Ministerio de agricultura, el cual no ha tenido cambios estructurales en más de 50 años, dedicándose a la transferencia de capital a la agricultura agro exportadora. Señaló otros factores agravantes, tales como, el cambio climático, la extracción y uso irracional de los recursos naturales, la contaminación, el monocultivo y la no regulación de los sistemas productivos. En ese sentido, el Estado debe abordar las particularidades de los territorios rurales y promover políticas de género que reviertan las desigualdades. La propuesta normativa tiene ocho ítems, a saber: reconocimiento de la ruralidad; Territorio y equidad territorial; equilibrio ecológico del territorio rural; rol de la ruralidad en la alimentación; gobernanza local del agua; reconocimiento de la equidad de género en la ruralidad; asociatividad y el trabajo el territorio rural; y por último, la ruralidad y su aporte en la educación, cultura y saberes campesinos.

La convencional Sra. Mella complementó la presentación de la iniciativa señalando que fue construida desde la experiencia de las y los convencionales desde sus territorios. Se refirió al reconocimiento de la ruralidad, la cual, bajo su entendimiento, requiere una protección específica debiendo ser deber del Estado. En ese contexto, afirmó que la propuesta tiene una mirada hacia el futuro desde la ruralidad como un rescate a la misma, principalmente en las normas referentes a la paridad, perspectiva de género y lenguaje neutro de la propuesta. Hizo referencia a la primera parte de la propuesta normativa, señalando el reconocimiento de la ruralidad como una expresión territorial y personal de vida que requiere una regulación especial por ser también una importante cosmovisión para nuestro país, siendo un deber del Estado el garantizar un desarrollo armónico de los habitantes que integran la ruralidad, consecuentemente, resaltó la importancia de hacer referencia no solo el reconocimiento sino también al ordenamiento territorial, es decir, al territorio y la equidad territorial con la que se aborda el espacio territorial donde se ejerce la vida y renovación de bienes comunes de la tierra, reconociendo la biodiversidad y los ecosistemas que poseen una función social, cultural y ecológica, debiendo ser el Estado el garante de asegurar su protección conservación y fomentar la restauración que se ha ido perdiendo. Señaló también el deber del Estado de garantizar un trato equitativo en cada territorio, tanto en la en la toma decisiones como en el presupuesto y la ejecución del mismo.

Por último, el convencional Sr. Andrade hizo referencia al rol de la ruralidad, afirmando que la propuesta normativa busca garantizar la alimentación como un derecho fundamental inalienable ligado a la soberanía alimentaria, su producción y procesamiento de alimentos, debiendo el Estado proteger la salud humana y de los ecosistemas a través de alimentación sana y acceso a misma. Respecto a la gobernanza del agua, manifestó que la propuesta señala que el estado debe garantizar el acceso al agua y su uso, priorizando el consumo humano y ecosistémico, como también uso sanitario y producción de alimentos. En lo que respecta al reconocimiento de la equidad de género, enfatizó en la importancia de que el Estado garantice el desarrollo de la mujer campesina con especial referencia al ámbito de cuidados y reconocimiento del trabajo doméstico, así también una vida libre de violencia, promoviendo la equidad en los trabajos rurales y su remuneración.

El convencional Sr. Jürgensen afirmó que existen muchas iniciativas relativas a la ruralidad, agradeció que así fuera dada la importancia de la temática. Solicitó explicar la equidad entre los territorios rurales y urbanos. Por otro lado cuestionó la existencia de una nueva institucionalidad que regulara los territorios rurales.

La convencional Sra. Rivera, en el marco de la desprivatización del agua, cuestionó sobre el procedimiento, tecnología y recursos económicos del Estado para asumir el servicio de agua potable manteniendo los estándares actuales.

La convencional Sra. Navarrete instó a definir la soberanía alimentaria teniendo en consideración las diferencias geográficas y climáticas de las distintas regiones. Además, en lo relativo a la dotación de energía eléctrica, solicitó su opinión al respecto.

La convencional Sra. Mella, en respuesta al convencional Jürgensen, afirmó que se reconoce que la ruralidad y su regulación se contempla a través de las instituciones reguladas por la Constitución, no se crea una nueva. En el mismo sentido, aclaró que cualquier entidad territorial, ya sea nivel local o regional, puede hacerse cargo con especial atención de lo que es la ruralidad, particularmente al considerar la disminución desproporcionada y despoblamiento de los campos a lo largo del país, que hace temer que esta forma de vida pudiera quedar reducida al desarrollo de agroindustria. Con respecto a la equidad entre territorios rurales y urbanos, afirmó que la Constitución debe establecer solo principios y normas generales, debiendo ser las leyes y políticas públicas las encargadas de desarrollar los mecanismos que atiendan a esa equidad territorial entre ambos territorios. En lo referido a la gobernanza local del agua, recordó que el Estado y los gobiernos locales se han hecho cargo de cubrir la demanda de agua potable en espacios rurales, a través de camiones aljibes; por tanto, el concepto de desprivatización viene a asegurar el consumo humano y ecosistémico.

La convencional Sra. Navarrete reforzó lo sostenido por la convencional Sra. Mella. Por su parte, el convencional Sr. Andrade, señaló la necesidad de reconocer la labor de las APR en la distribución del agua potable en las comunidades rurales.

El convencional Sr. Millabur afirmó que las problemáticas de la ruralidad no se relacionan exclusivamente con la ausencia de servicios básicos sino el cuestionamiento al modelo económico, lo que incluye la migración campo-ciudad; monopolios de los territorios y la soberanía y seguridad alimentaria.

La convencional Sra. Rivera considerando la experiencia de la comuna de Maipú donde la peor sanitaria a nivel nacional es administrada por municipio de esa comuna. Afirmó que el Estado no va a contar con la tecnología ni capacidad para dar ofrecer los servicios públicos básicos; a su parecer, lo que se debe consagrar es la exigencia a los privados a proveer de éstos.

El convencional Sr. Jürgensen dio a conocer su intención de aprobar en general las propuestas que digan relación con la ruralidad, a fin de visibilizar las problemáticas de la misma. Resaltó el concepto de seguridad alimentaria por sobre la soberanía alimentaria, entendido por tal aquella orientada a generar las mejores condiciones, conforme a las capacidades chilenas, para producir de la mejor forma, la mayor cantidad de alimentos y de la mejor calidad, aplicando tecnologías y ciencias, junto con aprovechar la demanda mundial por los alimentos. En ese sentido, Chile se puede proyectar como una potencia alimentaria.

El convencional Sr. Uribe interpeló a la convencional Sra. Rivera en lo referido a sus afirmaciones, puesto que, a su parecer, existen experiencias negativas en la provisión de servicios sanitarios tanto de administración pública como privada. En lo que respecta a ruralidad aclaró que la iniciativa se gestó con apoyo de las comunidades rurales, en el mismo sentido, distinguió entre la perspectiva de la ruralidad y la agroindustria. Relató la experiencia de la región de Ñuble y el desplazamiento de los arrieros por proyectos estatales, de ahí la importancia de reconocer los derechos campesinos en la ruralidad.

La convencional Sra. Navarrete señaló la importancia de socializar modelos de territorios con buenos resultados, para esos efectos, señaló la experiencia de su región.

El convencional Sr. Castillo valoró la propuesta, sin embargo, cuestionó los mecanismos para hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el mundo rural. En ese sentido, evidenció la ausencia de la regulación del uso del suelo agrícola.

El convencional Sr. Mena afirmó que la propuesta es una provocación de distintas temáticas, por lo que agradeció la amplia discusión al respecto. En lo referido al agua, señaló que Costa Rica y Chile son los únicos países en que el agua potable se puede tomar de la llave. Bajo su entendimiento ha visto una evolución respecto a los APR y la inversión pública, tanto a nivel nacional, sectorial y regional, sin embargo, afirmó que el procedimiento de conformación de APR es lento, por lo cual, si se siguiendo esta lógica y proyectando la cantidad de APR que se pudieran construir en el tiempo, el Estado llegaría tarde con la solución. Por ello, propuso una política regional del agua, es decir, un instrumento que permita dar indicaciones en torno a esta temática. Afirmando, a modo de conclusión, que los APR no son la única solución, debiendo concentrarse en políticas públicas específicas.

La convencional Sra. Reyes invitó a trabajar en conjunto en el reconocimiento constitucional de la ruralidad, como puntapié para ampliar su protección.

El convencional Sr. Chinga reconoció la importancia de las tradiciones y saberes rurales. Ofreció como ejemplo el monocultivo en las cuencas. En lo que respecta al agua, recordó que los habitantes de la región de Copiapó compran el agua para consumo humano.

La convencional Sra. Giustinianovic se refirió a la soberanía alimentaria. En la región de Magallanes tienen una dependencia alimentaria del 70%, no existen políticas públicas al respecto. En lo referido a la seguridad alimentaria, afirmó que la ciencia ha comprobado que la soberanía alimentaria y agroecología resulta más productiva que la agroindustria. Abogó por un balance entre la soberanía alimentaria y la exportación.

La convencional Sra. Rivera respondió al convencional Sr. Uribe, señalando que se ha hecho referencia a todas las experiencias y ejemplos con total responsabilidad. Profundizó su planteamiento cuestionando respecto a la facultad de fiscalización del Estado ante el incumplimiento de los estándares de aprovisionamiento de agua potable.

El convencional Sr. Mena expuso sobre la iniciativa, el cual tiene como principal objetivo generar las condiciones necesarias para potenciar el desarrollo de los sectores rurales, dotando a la ruralidad de una definición constitucional que asegure, en primer lugar, su reconocimiento en la Carta Fundamental; así como también establecer ciertos criterios mínimos para promover y ejecutar la incorporación efectiva de estos sectores y sus habitantes, los cuales se han visto históricamente rezagados y desprovistos de las condiciones e infraestructuras necesarias para vivir dignamente, pues, la distribución territorial y geográfica de nuestro país ha dado origen a zonas de segunda categoría, donde ciertos sectores quedan relegados a la toma de decisiones. Afirmó que no existe una definición de ruralidad establecida ni aceptada por las distintas naciones, de esta forma los distintos países dotan a la ruralidad de una definición basada en diferentes factores, convirtiendo el concepto un amplio y heterogéneo que debe ser estudiado a profundidad para establecer una definición constitucional que sea suficiente y completa. Enfatizó en que los factores para definir la ruralidad resultan insuficientes pues no logran describir los diferentes tipos de ruralidad existentes en Chile, en razón de la diversidad geográfica, heterogeneidad de las actividades productivas y condiciones climáticas, impiden encasillar a los sectores rurales en una definición única, dejándolos desprovistos de la atención Estatal que requieren y el acceso a servicios considerados básicos para la subsistencia digna de las comunidades, en efecto, el exacerbado centralismo ha sido incapaz de incorporar las zonas rurales en las políticas públicas, generando una inequidad sistemática en la provisión de servicios públicos, tales como el agua potable, electricidad, transporte, conectividad. Concluyó que resulta necesario reconocer constitucionalmente los sectores rurales, estableciendo las bases mínimas para potenciar su desarrollo, superar la marginación sistemática de los mismos y asegurar un tratamiento equitativo entre las distintas zonas del país, a fin de dejar utilizar los factores geográficos y demográficos como excusas para mantener situaciones de desigualdad, y garantizar a todos los habitantes del país los estándares mínimos de calidad de vida. En ese sentido, señaló que la propuesta consagra una definición constitucional de ruralidad y criterios mínimos que permitan promover la incorporación efectiva de estos territorios en la toma de decisiones, finalmente introduce una cláusula genérica donde se prohibe cualquier tipo de discriminación arbitraria por parte de las autoridades en atención a factores geográficos o demográficos.

La convencional Sra. Pustilnick interrogó respecto a lo contemplado en el inciso primero del artículo primero de la propuesta, en específico, si la entidad mínima de ruralidad es una comuna o puede ser una delimitación inferior. Respecto al mismo inciso de la propuesta, el convencional Sr. Castillo aclaró que existen comunas consideradas urbanas que tiene una amplia extensión rural, así también predios mapuches, en ese sentido, cuestionó su consideración dentro de la clasificación propuesta. En el mismo sentido, el convencional Sr. Martínez consultó sobre la forma en que el concepto de ruralidad contemplado en la propuesta se podría desarrollar con la nueva institucionalidad aprobada.

El convencional Sr. Álvarez reconoció la relevancia de la propuesta. Planteó dos inquietudes, la primera respecto al concepto de zona rural y su relación con la estructura que esta comisión ha determinado, pudiendo causar problemas al interior de cada comuna. La segunda interrogante se relaciona con la distinción entre las facultades del legislador para determinar una zona rural y el desarrollo integral de las zonas rurales considerado como principio y no como un mandato al legislador.

La convencional Sra. Giustinianovich solicitó profundizar y explicar los criterios escogidos para definir la zona rural.

El expositor Sr. Mena agradeció las preguntas y comentarios pues permiten complementar la propuesta. Respondiendo a la convencional Sra. Giustinianovich, aclaró que no existe una definición clara de ruralidad a nivel mundial, existen diferentes parámetros para determinarlo, en ese sentido, plantearon en el artículo primero la calificación una comuna, específicamente, como rural a fin de que las políticas públicas sean diferenciadas y específicas en torno a su ruralidad, complementando la densidad demográfica con el espacio urbano en la determinación de una zona rural.

La convencional Sra. Mella aclaró que esta discusión no pretende desarrollar una rivalidad entre lo rural y lo urbano. En ese sentido, señaló que criterios de diferenciación y pertinencia mencionados en el artículo segundo pueden ser transformados en acciones afirmativas a través de mandatos legales. Por último, enfatizó en la existencia de comunas y sectores rurales de la Región Metropolitana.

El convencional Sr. Castillo propuso una modificación del orden del articulado, yendo de lo más general a lo más específico. Observó con inquietud la posibilidad que la propuesta determine una clasificación de las comunas, recordó el Decreto Ley N° 1289 que también realizó una clasificación y no prosperó. Por último, señaló que la definición de lo rural como lo no urbano no da cuenta de las características de la ruralidad.

La convencional Sra. Reyes agradeció la propuesta normativa. Se mostró dispuesta a trabajar conjuntamente en el concepto, promovió su integración con otras iniciativas.

El convencional Sr. Martínez agradeció esta deliberación democrática de esta comisión. Valoró la propuesta al visibilizar y clasificar las comunas a fin de orientar las políticas públicas a una realidad en concreto.

La convencional Sra. Álvez se refirió a la profundidad de la propuesta y su relación con la consagración de derechos básicos de los compatriotas que habitan territorios rurales.

El convencional Sr. Arancibia enfatizó en la importancia de las propuestas, a ese respecto agregó dos ideas. En primer lugar, la precarización y marginación de las personas que han migrado del campo a la ciudad; por otro lado, la vida rural tiene características que merecen un reconocimiento positivo de esas condiciones de vida rural. Por último, señaló que el campo se ve afectado por las nuevas tecnologías, lo que promueve la migración ante la ausencia de trabajo.

La convencional Sra. Navarrete agradeció las propuestas, las cuales buscan visibilizar un sector que no ha estado permanentemente en la discusión pública. Desde su perspectiva, la definición más general de la ruralidad busca garantizar su adaptación a los tiempos sin restarle importancia.

El convencional Sr. Álvarez precisó aspectos de la complementariedad de ambas propuestas, en primer lugar, la precariedad de los trabajadores del mundo rural que desempeñan funciones rurales, recolectores y pescadores; en segundo lugar, en lo que respecta a la subdivisión de los predios rurales, se produce un afán inmobiliario especulador que altera la vida campesina.

La convencional Sra. Aguilera solicitó ampliar los conceptos a fin de que sean aplicables a todo el territorio de Chile, particularmente la clasificación de rural y urbano en Rapa Nui se relaciona con otros elementos, tales como, turístico, cambio climático, etc. Propuso centrar la clasificación conforme al uso del suelo.

La convencional Sra. Álvez que no se haya hablado de la ruralidad en la Constitución evidencia la cosmovisión de reconocer lo urbano como un objetivo a conseguir. Afirmó que los criterios de la densidad poblacional es insuficiente, propuso repensar los criterios de calificación y crear órganos con competencias para resolver las controversias entre lo rural y lo urbano, así también los problemas de parcelación.

El convencional Sr. Mena agradeció los comentarios. Señaló que, desde el punto de vista de la administración de salud municipal y la implementación de políticas públicas, la clasificación de las comunas entre urbanas y rurales cobra importancia.

El convencional Sr. Jürgensen presentó la iniciativa, señalando que pretende declarar a Chile como un país rural y agrícola, siendo obligación del Estado fomentar y velar por la tradición y cultura del mundo rural, fomentar el desarrollo equitativo de sus habitantes en todo el territorio nacional, y promover la agricultura y el desarrollo de las actividades productivas locales, así como propender al desarrollo social, cultural, económico y productivo en las distintas iniciativas legales y reglamentarias. En Chile el 70% de las comunas son rurales, de ahí surge la importancia de consagrar la ruralidad en la Constitución. Señaló que desde una perspectiva productiva, el sector rural es importante, generando empleos, en ese sentido, Chile se podría consagrar como una potencia agroalimentaria. Políticas públicas que incentiven la aplicación de tecnologías, ciencias y nuevos procedimientos en la agricultura. Además, afirmó que la Constitución debe considerar la ruralidad como un modo de vida con características que deben ser evaluadas en su mérito, a fin de dar reconocimiento de la ruralidad en la elaboración, implementación y ejecución de políticas públicas en beneficio de todos y cada uno de los habitantes de Chile. Por último, afirmó que la propuesta de normativa busca reconocer además la historia, afirmando que desde el campo nació nuestra cultura, folclore y tradiciones, por lo que es posible continuar avanzando en ese mismo camino y valorando la historia de la ruralidad y del campo chileno.

La convencional Sra. Álvez interrogó respecto a la posibilidad de considerar las diversidades territoriales, pues, a su parecer, la presentación evidenció una vocación de homogeneización.

El convencional Sr. Mena solicitó profundizar la importancia de lo agrícola y seguridad alimentaria.

El convencional Sr. Jürgensen, respondiendo a la convencional Álvez, afirmó que la pretensión del campo es declarar que Chile es un país rural y agrícola, pero que puede tener efectos positivos tanto interior como exteriormente. Asoció esta respuesta con el concepto de seguridad alimentaria, entendido como el potencial que tiene Chile, este desarrollo está asociado al mejor uso y tecnificación del agua, de tal forma de proteger al ecosistema y los ríos; también está asociado a desarrollar agricultura, fundamentalmente en la agricultura familiar campesina y en las comunidades indígenas que tienen la opción de llegar a mercados externos con productos ancestrales usando sus propias semillas.

El convencional Sr. Castillo afirmó que las actividades descritas en la propuesta constituyen elementos fundamentales del país, pero no clasificaría a Chile como un país rural y agrícola, pues su desarrollo económico también está vinculado con la minería y la pesca.