La regulación de las servidumbres comprende una serie de elementos, vinculados a su definición, clasificación, constitución, derechos y obligaciones que surgen entre el dueño del predio dominante y del predio sirviente, y forma de extinguirlas. Este informe se realiza con el objeto de revisar y analizar normativa específica de derecho comparado, respecto de servidumbres relacionadas con los servicios sanitarios rurales. Para ello, se ha escogido los países de Argentina, Ecuador y Perú en la regi... ón de América Latina, y de España y Francia en la zona Europea, por la relación que detentan sus Códigos Civiles con el de nuestro, así como el desarrollo de su normativa vinculada en materia de servicios sanitarios. Cabe tener presente, que este informe se relaciona con el documento de la Biblioteca del Congreso Nacional titulado “Régimen nacional de las servidumbres sanitarias – Tratamiento legal y eventual problemática asociada”, el que desarrolla en uno de sus acápites la regulación de las servidumbres de Chile en el Código Civil. Ver más

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Derecho

15/04/2025

Receta médica electrónica: Análisis de Boletín 17355-11 y regulación en Argentina, España y Reino Unido.

El proyecto de ley que busca establecer la prescripción médica por medio de receta electrónica y sancionar su falsificación tiene como objetivo modernizar la prescripción médica y reemplazar progresivamente las recetas en papel. Además, propone sanciones más estrictas para la falsificación de recetas, tanto físicas como digitales, para garantizar el cumplimiento normativo. De la revisión de las legislaciones de Argentina, España y Reino Unido se puede concluir lo siguiente: Solo en Argentina la... receta médica electrónica se erige como la modalidad exclusiva de emisión de estas, con excepciones limitadas a áreas sin internet (Decreto 98/23 y la ley 27.553 de Recetas Médicas Electrónicas). El Ministerio de Salud supervisará el sistema, que incluye el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias. La ley garantiza la protección de datos y exige que las farmacias conserven las recetas electrónicas por tres años. A diferencia de España y Reino Unido estos países permiten la coexistencia de las recetas médicas electrónica con las gráficas. En particular en España, la receta médica está regulada por una legislación específica que complementa las normativas generales sobre la materia. Este servicio digital permite a los médicos emitir y transmitir prescripciones electrónicas, que pueden ser dispensadas en cualquier farmacia del país, incluidos centros de salud y estructuras de atención primaria. La receta electrónica incluye características como plazos de validez, la posibilidad de exigir visado y la interoperabilidad entre diferentes Administraciones sanitarias. El Ministerio de Sanidad coordina y garantiza los derechos del paciente, promoviendo además la incorporación de herramientas digitales accesibles para personas con discapacidad. En el Reino Unido, la regulación de las recetas médicas está determinada por varias leyes. El sistema de salud establece directrices sobre los medicamentos prescritos y regula la prescripción electrónica, garantizando la protección de los datos del paciente y la confidencialidad en todo el proceso. Las legislaciones de los tres países revisados enfatizan en la interoperabilidad entre las distintas entidades del sistema de salud, permitiendo que las recetas electrónicas sean válidas en diferentes regiones o sistemas. Ver más

El proyecto de ley que busca establecer la prescripción médica por medio de receta electrónica y sancionar su falsificación tiene como objetivo modernizar la prescripción médica y reemplazar progresivamente las recetas en papel. Además, propone sanciones más estrictas para la falsificación de recetas, tanto físicas como digitales, para garantizar el cumplimiento normativo. De la revisión de las legislaciones de Argentina, España y Reino Unido se puede concluir lo siguiente: Solo en Argentina la receta médica electrónica se erige como la modalidad exclusiva de emisión de estas, con excepciones limitadas a áreas sin internet (Decreto 98/23 y la ley 27.553 de Recetas Médicas Electrónicas). El Ministerio de Salud supervisará el sistema, que incluye el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias. La ley garantiza la protección de datos y exige que las farmacias conserven las recetas electrónicas por tres años. A diferencia de España y Reino Unido estos países permiten la coexistencia de las recetas médicas electrónica con las gráficas. En particular en España, la receta médica está regulada por una legislación específica que complementa las normativas generales sobre la materia. Este servicio digital permite a los médicos emitir y transmitir prescripciones electrónicas, que pueden ser dispensadas en cualquier farmacia del país, incluidos centros de salud y estructuras de atención primaria. La receta electrónica incluye características como plazos de validez, la posibilidad de exigir visado y la interoperabilidad entre diferentes Administraciones sanitarias. El Ministerio de Sanidad coordina y garantiza los derechos del paciente, promoviendo además la incorporación de herramientas digitales accesibles para personas con discapacidad. En el Reino Unido, la regulación de las recetas médicas está determinada por varias leyes. El sistema de salud establece directrices sobre los medicamentos prescritos y regula la prescripción electrónica, garantizando la protección de los datos del paciente y la confidencialidad en todo el proceso. Las legislaciones de los tres países revisados enfatizan en la interoperabilidad entre las distintas entidades del sistema de salud, permitiendo que las recetas electrónicas sean válidas en diferentes regiones o sistemas.

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Derecho

Salud

15/04/2025

Justicia penal juvenil y medidas de reinserción social: Derecho internacional, Chile, Noruega y España.

El marco internacional de derechos humanos aplicable a la justicia penal adolescente, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas, exige a los Estados parte garantizar un trato digno a los adolescentes en conflicto con la ley y promover su reintegración social. La CDN subraya la necesidad de que los Estados parte cuenten con sistemas especiales de justicia penal juvenil, establezcan una edad mínima de responsabilidad penal, aseguren garantías procesales, y di... spongan la privación de libertad como medida de último recurso y por el período más breve posible. En su Observación General N.º 24 (2019), el Comité de Derechos del Niño profundiza en estas obligaciones, promoviendo la imposición de sanciones proporcionales a la edad, madurez y circunstancias del adolescente, así como el uso de mecanismos de justicia restaurativa que involucren a víctimas, ofensores y comunidad. En Chile, la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, establece un sistema penal especial para adolescentes entre 14 y 18 años, orientado a que las sanciones y medidas que hagan efectiva su responsabilidad penal facilite una intervención socioeducativa para su integración social. La Ley N° 21.527, con vigencia diferida, creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, encargado de ejecutar sanciones y programas, aplicando un modelo de intervención especializado e intersectorial. Introdujo la mediación penal juvenil, como un proceso restaurativo entre víctima e imputado, así como, el acompañamiento post egreso, para apoyar a los jóvenes que lo soliciten en su reinserción social De los casos analizados se concluye que: Noruega regula el sistema de responsabilidad penal juvenil en diversas leyes con un fuerte enfoque preventivo y restaurativo, compuesto por el Código Penal, la Ley del Consejo de Mediación y la Ley de Ejecución de Sentencias. En el caso de España, la materia se regula mediante la Ley Orgánica 5/2000, que establece un régimen jurídico especial para adolescentes infractores. -Respecto a los modelos de intervención analizados se propicia un enfoque intersectorial con mecanismos orientados a la reinserción social del adolescente, aunque con distintas formas de implementación: en Noruega, mediante una articulación comunitaria altamente desarrollada y en España, a través de la descentralización a nivel regional. Ver más

El marco internacional de derechos humanos aplicable a la justicia penal adolescente, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas, exige a los Estados parte garantizar un trato digno a los adolescentes en conflicto con la ley y promover su reintegración social. La CDN subraya la necesidad de que los Estados parte cuenten con sistemas especiales de justicia penal juvenil, establezcan una edad mínima de responsabilidad penal, aseguren garantías procesales, y dispongan la privación de libertad como medida de último recurso y por el período más breve posible. En su Observación General N.º 24 (2019), el Comité de Derechos del Niño profundiza en estas obligaciones, promoviendo la imposición de sanciones proporcionales a la edad, madurez y circunstancias del adolescente, así como el uso de mecanismos de justicia restaurativa que involucren a víctimas, ofensores y comunidad. En Chile, la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, establece un sistema penal especial para adolescentes entre 14 y 18 años, orientado a que las sanciones y medidas que hagan efectiva su responsabilidad penal facilite una intervención socioeducativa para su integración social. La Ley N° 21.527, con vigencia diferida, creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, encargado de ejecutar sanciones y programas, aplicando un modelo de intervención especializado e intersectorial. Introdujo la mediación penal juvenil, como un proceso restaurativo entre víctima e imputado, así como, el acompañamiento post egreso, para apoyar a los jóvenes que lo soliciten en su reinserción social De los casos analizados se concluye que: Noruega regula el sistema de responsabilidad penal juvenil en diversas leyes con un fuerte enfoque preventivo y restaurativo, compuesto por el Código Penal, la Ley del Consejo de Mediación y la Ley de Ejecución de Sentencias. En el caso de España, la materia se regula mediante la Ley Orgánica 5/2000, que establece un régimen jurídico especial para adolescentes infractores. -Respecto a los modelos de intervención analizados se propicia un enfoque intersectorial con mecanismos orientados a la reinserción social del adolescente, aunque con distintas formas de implementación: en Noruega, mediante una articulación comunitaria altamente desarrollada y en España, a través de la descentralización a nivel regional.

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Derecho

14/04/2025

Responsabilidad del personal del Estado: Una mirada a la Ley N°18.834, Ley N°21.430 y estándares internacionales en la protección de la infancia.

Mortera De Iruarrizaga, María Soledad

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, el personal del Estado puede desarrollar 3 tipos de responsabilidad independientes entre sí: civil, penal y administrativa. La responsabilidad civil y penal son de carácter general, mientras que la de índole administrativa se encuentra restringida a los funcionarios públicos. La Ley N°18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo, constituye la norma fundamental que regula los derechos y deberes del personal de la Administración, salvo que exista un est... atuto especial para dichos efectos. En este cuerpo normativo, se regula la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos. Por su parte, la Ley de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, cuyo objeto es entregar un marco de derechos y garantías a los niños, niñas y adolescentes, no establece un sistema de responsabilidad especial para los funcionarios públicos que se encuentren a cargo de instituciones de protección de niños, niñas y adolescentes, salvo: En materia de apropiación indebida de los beneficios sociales de los NNA, generándose responsabilidad penal; sobre la infracción de deber de reserva y confidencialidad que deriva en responsabilidad administrativa; y en la regulación a la protección en contra de la violencia, el Estado debe sancionar civil, penal y/o administrativamente contra quien resulta responsable. De esta manera, se concluye que, ante el incumplimiento de los deberes estatutarios de dichos funcionarios, la responsabilidad que los afecta debe ser resuelta por los mecanismos establecidos en el estatuto administrativo. Finalmente, y en relación con los estándares internacionales en materia de conducta de personal del Estado, tanto la UNICEF como la CIDH, han destacado la necesidad de contar con un personal especializado en materia de derechos humanos de NNA, a fin de respetar, garantizar y proteger sus derechos, y buscar un fortalecimiento a los Sistemas Nacionales de Protección de los Estados. Ver más

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, el personal del Estado puede desarrollar 3 tipos de responsabilidad independientes entre sí: civil, penal y administrativa. La responsabilidad civil y penal son de carácter general, mientras que la de índole administrativa se encuentra restringida a los funcionarios públicos. La Ley N°18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo, constituye la norma fundamental que regula los derechos y deberes del personal de la Administración, salvo que exista un estatuto especial para dichos efectos. En este cuerpo normativo, se regula la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos. Por su parte, la Ley de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, cuyo objeto es entregar un marco de derechos y garantías a los niños, niñas y adolescentes, no establece un sistema de responsabilidad especial para los funcionarios públicos que se encuentren a cargo de instituciones de protección de niños, niñas y adolescentes, salvo: En materia de apropiación indebida de los beneficios sociales de los NNA, generándose responsabilidad penal; sobre la infracción de deber de reserva y confidencialidad que deriva en responsabilidad administrativa; y en la regulación a la protección en contra de la violencia, el Estado debe sancionar civil, penal y/o administrativamente contra quien resulta responsable. De esta manera, se concluye que, ante el incumplimiento de los deberes estatutarios de dichos funcionarios, la responsabilidad que los afecta debe ser resuelta por los mecanismos establecidos en el estatuto administrativo. Finalmente, y en relación con los estándares internacionales en materia de conducta de personal del Estado, tanto la UNICEF como la CIDH, han destacado la necesidad de contar con un personal especializado en materia de derechos humanos de NNA, a fin de respetar, garantizar y proteger sus derechos, y buscar un fortalecimiento a los Sistemas Nacionales de Protección de los Estados.

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Derecho

11/04/2025

Iniciativas que incentivan la Natalidad.

Orrego Olmedo, Karem Andrea

Minuta sobre los proyectos de ley ingresados a tramitación ante el Congreso Nacional que tengan por objeto incentivar la natalidad. De la revisión de los antecedentes, se observa que no existen iniciativas legislativas que aborden de manera directa el tema de la natalidad, estableciendo incentivos a su incremento. Pese a lo anterior, si existe un importante número de propuestas legislativas orientadas consagrar condiciones que faciliten el ejercicio de la maternidad o paternidad, lo que a su vez... puede ser un factor que contribuya al aumento de la natalidad. Ver más

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Derecho

09/04/2025

Impuesto Territorial: Historia, aspectos generales, forma de cálculo y exenciones.

Cavada Herrera, Juan Pablo

El Impuesto a los Bienes Raíces se determina sobre el avalúo de las propiedades. Su recaudación se destina a las municipalidades del país, siendo una de sus principales fuentes de ingreso. Su distribución es: 40%: Ingreso propio de cada Municipio. Excepciones: Municipalidades de Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura: 35%. 60%: Destinado al Fondo Común Municipal, salvo las Municipalidades de Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura: 65%. La tasa del impuesto varía según se trate de bie... nes raíces agrícolas o no agrícolas, habitacionales con o sin urbanización, sitios no edificados, propiedades abandonadas, etc. (en ciertos casos se aplican sobretasas): Bienes raíces agrícolas: 1% anual. Bienes raíces no agrícolas: 1,4% anual. Bienes raíces no agrícolas destinados a la habitación: 1,2% anual, en la parte de la base imponible de hasta $37.526.739, inclusive, del 01.01.2003. 1,4% anual en el exceso. Sobre las exenciones, en la historia de las leyes respectivas se aducen como razones para otorgarlas, justificaciones sociales o económicas; actividades económicas que producen rentas y están vinculadas a la educación, deporte y otras actividades; la realización de acciones de beneficencia, de culto religioso y de promoción de intereses comunitarios; favorecer a instituciones sin fines de lucro y que persigan objetivos de bien público que al Estado le interesa conservar y propiciar; y la de permitir y proteger el acceso de la propiedad a la mayor parte de la población. El primer antecedente legislativo del Impuesto Territorial en Chile se remonta a la Ley de Catastro de 1831, que estableció la contribución catastral, estructurada como un impuesto a la renta de los predios rústicos, en reemplazo de las alcabalas que regían en Chile desde 1639, y en forma paralela al diezmo, que operaba como un Impuesto Territorial para financiar las iglesias. A su vez, el impuesto de la Ley de Catastro habría sido introducido exclusivamente para pagar parte de los intereses y el capital del primer préstamo tomado por Chile en Londres, impago desde mediados de los años 1820 Ver más

El Impuesto a los Bienes Raíces se determina sobre el avalúo de las propiedades. Su recaudación se destina a las municipalidades del país, siendo una de sus principales fuentes de ingreso. Su distribución es: 40%: Ingreso propio de cada Municipio. Excepciones: Municipalidades de Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura: 35%. 60%: Destinado al Fondo Común Municipal, salvo las Municipalidades de Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura: 65%. La tasa del impuesto varía según se trate de bienes raíces agrícolas o no agrícolas, habitacionales con o sin urbanización, sitios no edificados, propiedades abandonadas, etc. (en ciertos casos se aplican sobretasas): Bienes raíces agrícolas: 1% anual. Bienes raíces no agrícolas: 1,4% anual. Bienes raíces no agrícolas destinados a la habitación: 1,2% anual, en la parte de la base imponible de hasta $37.526.739, inclusive, del 01.01.2003. 1,4% anual en el exceso. Sobre las exenciones, en la historia de las leyes respectivas se aducen como razones para otorgarlas, justificaciones sociales o económicas; actividades económicas que producen rentas y están vinculadas a la educación, deporte y otras actividades; la realización de acciones de beneficencia, de culto religioso y de promoción de intereses comunitarios; favorecer a instituciones sin fines de lucro y que persigan objetivos de bien público que al Estado le interesa conservar y propiciar; y la de permitir y proteger el acceso de la propiedad a la mayor parte de la población. El primer antecedente legislativo del Impuesto Territorial en Chile se remonta a la Ley de Catastro de 1831, que estableció la contribución catastral, estructurada como un impuesto a la renta de los predios rústicos, en reemplazo de las alcabalas que regían en Chile desde 1639, y en forma paralela al diezmo, que operaba como un Impuesto Territorial para financiar las iglesias. A su vez, el impuesto de la Ley de Catastro habría sido introducido exclusivamente para pagar parte de los intereses y el capital del primer préstamo tomado por Chile en Londres, impago desde mediados de los años 1820

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Derecho

08/04/2025

Secreto profesional médico. Sanciones por infracción y excepciones en la legislación extranjera.

Cavada Herrera, Juan Pablo

Informe sobre los aspectos generales del secreto profesional que tiene el médico, como derecho u obligación, en las legislaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, y sus excepciones causadas por la eventual obligación de denunciar. Se han elegido dichos países por encontrarse en ellos información clara sobre la materia, y también se agregan algunos aspectos históricos y de legislación internacional. De las revisiones de las legislaciones de Argentina, Brasil, Chile,... Colombia, México, Perú y Uruguay, se concluye que todas ellas contemplan el secreto médico. Sin embargo, este no es un derecho absoluto, pudiendo terminar por autorización del paciente o por disposición de la ley. Ver más

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Derecho

08/04/2025

Remisión y recepción de informes y antecedentes relativos al cumplimiento de tratados internacionales: Boletín N°. 16.017-17.

Rojas Castillo, Jaime Luis

El Estado al ratificar tratados internacionales se obliga a respetar y garantizar los derechos y libertades reconocidas en el mismo. Asimismo, se obliga a adoptar medidas legislativas o de otro carácter para dar efectividad a estos derechos en el ámbito interno del Estado. Sin embargo, el cumplimiento de estas obligaciones genera ciertos problemas por razones de diseño e implementación que serían propios de la política contingente y del sistema político. El proyecto de ley que modifica la Ley Or... gánica Constitucional del Congreso Nacional para establecer la remisión de los informes y antecedentes relativos al cumplimento de los tratados ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, busca (Boletín N° 16.017-17): Mejorar la relación y cooperación entre el Poder Legislativo y Ejecutivo en el diseño y ejecución de la legislación que permita cumplir con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, y fortalecer el control ciudadano del funcionamiento del Estado y la gestión pública, estableciendo: La obligación de los ministerios de Relaciones Exteriores, y de Justicia y Derechos Humanos, previa coordinación entre ambos, de informar a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, en una sesión anual sobre: Los informes y antecedentes relativos a los resultados de los ciclos de presentación de informes periódicos ante los órganos de tratados. Los Acuerdos de Solución Amistosa (ASA) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que contemplen la posibilidad de adoptar medidas legislativas. Esta obligación corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores. Resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Informar los resultados del Examen Periódico Universal (EPU) efectuado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al Estado de Chile. Este debe ser presentado ante la Cámara de Diputados en sesión especial de sala destinada para tal efecto. Ver más

El Estado al ratificar tratados internacionales se obliga a respetar y garantizar los derechos y libertades reconocidas en el mismo. Asimismo, se obliga a adoptar medidas legislativas o de otro carácter para dar efectividad a estos derechos en el ámbito interno del Estado. Sin embargo, el cumplimiento de estas obligaciones genera ciertos problemas por razones de diseño e implementación que serían propios de la política contingente y del sistema político. El proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para establecer la remisión de los informes y antecedentes relativos al cumplimento de los tratados ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, busca (Boletín N° 16.017-17): Mejorar la relación y cooperación entre el Poder Legislativo y Ejecutivo en el diseño y ejecución de la legislación que permita cumplir con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, y fortalecer el control ciudadano del funcionamiento del Estado y la gestión pública, estableciendo: La obligación de los ministerios de Relaciones Exteriores, y de Justicia y Derechos Humanos, previa coordinación entre ambos, de informar a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, en una sesión anual sobre: Los informes y antecedentes relativos a los resultados de los ciclos de presentación de informes periódicos ante los órganos de tratados. Los Acuerdos de Solución Amistosa (ASA) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que contemplen la posibilidad de adoptar medidas legislativas. Esta obligación corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores. Resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Informar los resultados del Examen Periódico Universal (EPU) efectuado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al Estado de Chile. Este debe ser presentado ante la Cámara de Diputados en sesión especial de sala destinada para tal efecto.

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Derecho

01/04/2025

Delitos contra los derechos de los trabajadores: Legislación nacional y extranjera.

En Chile, la fiscalización de las normas laborales, incluidas las de seguridad y salud laboral, recae en la Dirección del Trabajo y en otras entidades según la actividad laboral. No existe en el país un catálogo específico de delitos contra los derechos de los trabajadores, salvo la aplicación de figuras penales ya existentes, como el cuasidelito de homicidio o lesiones en el ámbito de la seguridad y salud laboral. Actualmente, hay proyectos de ley en tramitación que buscan establecer sanciones ... más estrictas, incluyendo la responsabilidad penal del empleador y de las personas jurídicas en casos de accidentes laborales. En la legislación extranjera encontramos ejemplos en que se tipifican como delito las vulneraciones a los derechos laborales por parte de los empleadores. En Canadá, el Código Penal contempla el deber legal de quienes supervisan o dirigen el trabajo de otros de garantizar la seguridad de los trabajadores y tomar medidas razonables para prevenir daños corporales. En el Reino Unido, las sanciones por delitos que atentan contra la salud y seguridad de los trabajadores están tipificadas en el Health and Safety (Offences) Act con penas de prisión y/o multas, dependiendo del procedimiento utilizado. Asimismo, en Perú, el Código Penal contempla como delito la infracción por parte del empleador de las normas de seguridad laboral que pongan en riesgo la vida, salud o integridad física de los trabajadores, con una pena más severa en caso de muerte o lesión grave. Por su parte, el Código Penal Español contempla delitos relacionados con la vulneración de derechos laborales entre los que se incluyen tanto los delitos contra la libertad sindical y el derecho a huelga como los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo. En Uruguay, si bien el Código Penal no tipifica delitos laborales específicos cometidos por empleadores, la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial sanciona con penas de prisión a quienes incumplan normas de seguridad y pongan en riesgo grave la vida, salud o integridad de los trabajadores. Ver más

En Chile, la fiscalización de las normas laborales, incluidas las de seguridad y salud laboral, recae en la Dirección del Trabajo y en otras entidades según la actividad laboral. No existe en el país un catálogo específico de delitos contra los derechos de los trabajadores, salvo la aplicación de figuras penales ya existentes, como el cuasidelito de homicidio o lesiones en el ámbito de la seguridad y salud laboral. Actualmente, hay proyectos de ley en tramitación que buscan establecer sanciones más estrictas, incluyendo la responsabilidad penal del empleador y de las personas jurídicas en casos de accidentes laborales. En la legislación extranjera encontramos ejemplos en que se tipifican como delito las vulneraciones a los derechos laborales por parte de los empleadores. En Canadá, el Código Penal contempla el deber legal de quienes supervisan o dirigen el trabajo de otros de garantizar la seguridad de los trabajadores y tomar medidas razonables para prevenir daños corporales. En el Reino Unido, las sanciones por delitos que atentan contra la salud y seguridad de los trabajadores están tipificadas en el Health and Safety (Offences) Act con penas de prisión y/o multas, dependiendo del procedimiento utilizado. Asimismo, en Perú, el Código Penal contempla como delito la infracción por parte del empleador de las normas de seguridad laboral que pongan en riesgo la vida, salud o integridad física de los trabajadores, con una pena más severa en caso de muerte o lesión grave. Por su parte, el Código Penal Español contempla delitos relacionados con la vulneración de derechos laborales entre los que se incluyen tanto los delitos contra la libertad sindical y el derecho a huelga como los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo. En Uruguay, si bien el Código Penal no tipifica delitos laborales específicos cometidos por empleadores, la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial sanciona con penas de prisión a quienes incumplan normas de seguridad y pongan en riesgo grave la vida, salud o integridad de los trabajadores.

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24/03/2025

Patentes Municipales: Regulación, determinación y destinación.

Cavada Herrera, Juan Pablo

El valor de las Patentes Comerciales se determina en base al "Capital Propio Tributario" (CPT) de la empresa, que corresponde a la diferencia entre los activos y los pasivos exigibles. Ese valor es determinado al 31 de diciembre y debe ser declarado por la empresa ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). La Ley de Rentas Municipales (art.24) permite descontar del CPT todo lo invertido en otros negocios o compañías que deban, a su vez, pagar patentes. Dicha resta es informada por la empresa ... sólo a la Municipalidad donde tiene su casa matriz, la que debe fiscalizar la entrega de los documentos respectivos. Lo señalado podría originar que un contribuyente, por ejemplo, un quiosco, deba pagar una patente comercial de $100.000, mientras que un contribuyente con patrimonio mucho mayor, en la misma ubicación, como, por ejemplo, un centro comercial, deba pagar una Patente Comercial con un valor muy parecido o incluso inferior. Ver más

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